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Agricultura, sociedad y desarrollo

versión impresa ISSN 1870-5472

agric. soc. desarro vol.14 no.3 Texcoco jul./sep. 2017

 

Artículos

Sin agua no vivo: género y derecho humano al agua en el municipio de La Antigua, Veracruz

Verónica Vázquez-García1  * 

D. María Sosa-Capistrán1 

1 Desarrollo Rural. Colegio de Postgraduados. Carretera Federal México-Texcoco Km. 36.5, Montecillo, Texcoco. 56230. Estado de México. (vvazquez@colpos.mx, dulcesosac@gmail.com)

Resumen:

El presente artículo se plantea la siguiente interrogante: ¿es la descentralización el marco de gobernanza más adecuado para garantizar el derecho humano al agua de las mujeres? El trabajo se realizó a lo largo de 2015 en La Antigua, Veracruz, municipio cuya red de agua potable es administrada desde 2008 por un organismo paramunicipal. Los datos fueron recabados a partir de un diseño metodológico mixto que incluyó una encuesta, entrevistas y talleres. El lugar de residencia la ubicación de la vivienda, el estatus socioeconómico y el estado civil son factores que obstaculizan el disfrute del derecho humano al agua por parte de las mujeres. Todas comparten su exclusión del proceso de toma de decisiones y la necesidad de comprar agua de garrafón para consumo humano. Se concluye que la fragilidad financiera y la falta de participación ciudadana hacen de la descentralización un marco inadecuado para garantizar el derecho humano al agua.

Palabras clave: acceso al agua; asequibilidad del agua; calidad del agua; distribución del agua; gobernanza

Introducción

Desde el acuerdo presidencial de 1980 y la reforma al artículo 115 constitucional en 1983, los municipios de México asumieron la responsabilidad de proporcionar servicios de abastecimiento de agua potable a su población. Con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y la ampliación de reformas al artículo 115 realizadas en 1999, los municipios recibieron el control total de dichos servicios (Galindo y Palerm, 2009). Estos cambios constituyen importantes pasos hacia la descentralización en la gestión del agua, que desde la época post-revolucionaria había estado en manos del gobierno federal. La política de descentralización forma parte de un paquete de medidas de ajuste estructural propuesto por organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) para desregular y liberar sectores tradicionalmente dirigidos por el Estado, bajo el argumento de que con ello se podía aumentar la eficiencia y universalidad del suministro de agua (Dávila-Poblete, 2006). Esta política ha sido aplicada no solo en México, sino también en el resto de América Latina bajo principios similares (Jouravlev, 2001; Embid y Martín, 2015).

A más de 30 años de su implementación persisten problemas no resueltos, producto de esta política de descentralización. Uno de los más mencionados es la falta de autosuficiencia financiera de los organismos operadores, a pesar de que su búsqueda ha sido un elemento central de la reforma (Cleaver y Elson, 1995; Barkin, 2003; Galindo y Palerm, 2007, 2009; Domínguez-Alonso, 2011). La participación ciudadana también ha sido muy limitada, a pesar de ser nodal en la propuesta, ya que se entiende como obediencia a decisiones ya tomadas (Castro, 2005). Otros problemas detectados en la literatura son los siguientes: deterioro de la infraestructura y pérdidas de agua (Barkin, 2003; Domínguez-Alonso, 2011); bajos niveles de recaudación (Soares, 2007); debilidad institucional y politización del servicio (Torregrosa, Saavedra y Kloster, 2005; Soares, 2007); escasos avances en la equidad de acceso al líquido y en el sistema tarifario (Domínguez, 2010); dificultades para proveer saneamiento y agua apta para consumo humano (Domínguez, 2010; Pacheco-Vega, 2015a); procesos de privatización del servicio que no son debidamente justificados ni implementados (Pacheco-Vega, 2014; Pacheco-Vega, 2015b). En pocas palabras, la política de descentralización no ha generado organismos autónomos, autosuficientes y eficientes que garanticen el suministro de agua potable y saneamiento.

A este escenario se suma el reciente reconocimiento del derecho humano al agua, definido por la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como aquel que permite “disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (citado en Domínguez et al. 2013:20). En 2010, a través de la Resolución 64/292, la ONU reconoció explícitamente tal derecho, exhortando a estados nación a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos y todas. México estuvo entre los 145 países que ratificaron el PIDESC, de manera que en 2012 el artículo 4 de la constitución fue reformado para tal fin (Domínguez et al., 2013). Este reconocimiento implica un reto para los gobiernos municipales, ya que la visión mercantil de la descentralización no necesariamente es compatible con la noción de derechos humanos (Castro, 2005).

El objetivo del presente artículo es analizar el impacto de estos cambios legislativos en el manejo del agua por parte de las mujeres de La Antigua, Veracruz, municipio cuyo sistema de agua potable es administrada por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CMAPS), organismo paramunicipal y descentralizado de la administración municipal desde 2008 (Gaceta Legislativa, 2008). El artículo se plantea la siguiente interrogante: ¿es la descentralización el marco de gobernanza más adecuado para garantizar el derecho humano al agua de las mujeres? El énfasis en ellas se debe a que la mayoría de los estudios sobre descentralización y derecho humano al agua no hacen un análisis de género, a pesar de que las mujeres son las principales usuarias del servicio de agua para uso doméstico. Este vacío se constata no solo en México, sino en otras partes de Latinoamérica (Rico, 2006; Franco, 2013; González, 2014). Hay avances en declaraciones y discursos que no se han traducido en una efectiva implementación y evaluación de política hídrica con enfoque de género (Schenerock, Kauffer y Ruiz, 2011; Soares, 2012).

Propuesta conceptual: gobernanza y derecho humano al agua con enfoque de género

La gobernanza se refiere a la elección de los fines y valores que orientan a la sociedad y los procesos mediante los cuales se gestionan asuntos colectivos; por ejemplo, reglas de conducta y principios para asignación de recursos. Murillo (2012) distingue dos tradiciones en la definición de gobernanza. Por un lado, los organismos internacionales (por ejemplo el Banco Mundial) se centran en el desempeño de las instituciones estatales y enfatizan elementos tales como rendición de cuentas, estabilidad política, eficacia del gobierno, calidad normativa e imperio de la ley. Por el otro, la Unión Europea se centra en la relación entre gobierno y sociedad a través de la participación, con valores tales como la apertura y la responsabilidad social. El presente artículo se adhiere a esta segunda tradición porque permite recuperar experiencias de organización y participación social en Latinoamérica, dirigidas a ganar espacios y alentar la construcción de ciudadanía (López y Chávez, 2012).

El marco mexicano para la gobernanza del agua no considera las diferencias de género que conducen a un disfrute diferenciado del recurso. Ni en la Ley de Aguas Nacionales ni en su reglamento existe algún artículo que considere a las mujeres como usuarias o que indique el papel que deben jugar en la toma de decisiones (Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008; González, 2014). El Programa Nacional Hídrico (2007-2012) utiliza el término “grupo vulnerable” para referirse a mujeres, jóvenes, tercera edad, indígenas y personas con discapacidad, que juntos constituyen la mayoría de la población, por lo que dicho vocablo se convierte inoperante e incapaz de evitar la discriminación de género en el acceso y el disfrute del agua (Rico, 2006; Vázquez, 2011).

La gobernanza del agua sensible al género parte de reconocer que mujeres y hombres de distinta condición social, etnia y edad tienen acceso diferenciado a los recursos hídricos y los usan y manejan de manera diversa (Soares, 2012). Algunas de las consecuencias de la escasez, mala calidad y altas tarifas del agua para las mujeres son las siguientes: sobrecargas de trabajo; gastos excesivos en relación con otros servicios; reducción de actividades para el desarrollo personal; deterioro de la calidad de vida (Red de Género y Medio Ambiente, 2006; Franco, 2013). El cambio climático ha agravado la situación debido al incremento en la frecuencia e intensidad de tormentas, huracanes, alteraciones en la temporada de lluvias y enfermedades asociadas al agua almacenada (Schenerock et al., 2011). La falta de agua de calidad conlleva la violación de otros derechos; por ejemplo, a la salud y a la participación ciudadana, por lo que el derecho humano al agua debe ser central en la agenda de equidad de género a nivel mundial (Aureli y Brelet, 2004).

Rodríguez, Salazar y Salazar (2013) contribuyen a la conceptualización del derecho humano al agua con enfoque de género. Los atributos de este derecho son los siguientes: disponibilidad, calidad, accesibilidad física y asequibilidad. El primero se refiere al abastecimiento de agua, que debe ser continuo y suficiente. En segundo lugar, el agua debe ser salubre, es decir, no ha de contener microorganismos, sustancias químicas o radioactivas, además de tener un color, olor y sabor aceptables. Tercero, las instalaciones y servicios han de estar disponibles para toda la población. Por último, la tarifa debe estar al alcance de todas las personas, en particular de aquellas en situación de desventaja económica. Cuando uno o más de estos atributos fallan, las mujeres deben compensar los déficits en el servicio mediante el incremento de sus horas de trabajo. Este “subsidio de género” constituye un aporte sustancial a la economía; sin él, el costo de bienes y servicios sería mayor, y tendría que ser asumido por el Estado o el mercado. Las mujeres ponen horas adicionales de trabajo en detrimento de su salud y calidad de vida, al tiempo que el Estado falla en su labor de velar por su bienestar y el cabal cumplimiento de sus derechos.

Zona de trabajo y estrategia metodológica

El municipio de La Antigua tiene una superficie de 131 km2 que se extienden sobre la zona costera central del estado de Veracruz. El trabajo se realizó en tres localidades que forman parte de este municipio: José Cardel (cabecera municipal, urbana), La Antigua1 y Loma Iguana (dos localidades rurales) (Figura 1). La idea fue contrastar un centro de población urbano (José Cardel) con dos rurales de distintos grados de marginación (La Antigua y Loma Iguana), es decir, conocer las diferencias al interior de un municipio que globalmente es catalogado como de grado de marginación bajo, pero que al interior presenta diferencias no solo en este rubro sino también en las oportunidades de educación y empleo. En realidad, sólo la cabecera municipal tiene un grado de marginación bajo (Cuadro 1).

Fuente: elaboración propia con software Arcgis® versión 9.3

Figura 1 Municipio de La Antigua y tres localidades estudiadas. 

Cuadro 1 Población, escolaridad y empleo de hombres y mujeres. 

Localidad de estudio Número de habitantes Promedio de años cursados Población económicamente activa Índice de marginación
H M H M H M
José Cardel 9123 9969 8.64 8.05 5063 2730 Bajo
La Antigua 482 506 7.62 7.48 300 119 Medio
Loma Iguana 172 192 6.73 6.46 93 24 Alto

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010) y CONAPO (2010).

La recolección de datos se realizó a lo largo de 2015 a partir de un diseño metodológico mixto que permitió articular distintos acercamientos. Las técnicas fueron tres: encuesta, entrevistas y talleres. La entrevista es el método más barato y versátil de todos y se utilizó en las tres localidades. La combinación de métodos permitió que cerca de 90 personas se involucraran en distintas etapas del proceso de investigación (Cuadro 2).

Cuadro 2 Número de participantes en el estudio por sexo. 

Actividad Localidad Hombres Mujeres
Entrevistas J. Cardel, Loma Iguana,
La Antigua
12 19
Encuesta (una) J. Cardel 0 40
Talleres (dos) J. Cardel, La Antigua 5 14
Total 17 73

Fuente: elaboración propia con datos de trabajo de campo.

En mayo de 2016 se aplicaron cuestionarios a 40 jefas de familia de tres colonias de José Cardel: Vicente López, Chapul y Centro2. Se realizó una selección aleatoria simple para proporciones con un margen de 10 % y nivel de confianza de 80 %, definidos así por el grado de homogeneidad que implica una muestra de hogares con jefatura femenina y niveles bajos de marginación. La selección dio como resultado un total de 203 hogares. A través del Programa SINCE del INEGI se buscó a las manzanas de las tres colonias donde era más factible localizar hogares con jefatura femenina. Con la ayuda de Google Maps se corroboró esta información. Se definió una muestra de un máximo de 40 cuestionarios y un mínimo de 30, distribuidas por colonias: Chapul (10 cuestionarios), Fraccionamiento Vicente López (20 cuestionarios) y Centro (10 cuestionarios). La información se capturó en una base datos creada con el programa Excel®.

Los talleres y las entrevistas fueron diseñados para profundizar sobre el funcionamiento del organismo operador del municipio. Se realizaron con usuarias del servicio de agua, habitantes de las tres localidades y personas de ambos sexos ubicadas en puestos clave y con poder de decisión en el organismo operador y el gobierno municipal. El personal del CMAPS incluyó a Hugo Castro Rosado, director en febrero de 2015; Miguel Ángel Solano Ortiz, director en agosto y octubre del mismo año; Orlando Zapata Ruiz, responsable de la calidad del agua; Fernando Escobar, obras; Erika Fernández Pérez, cultura del agua; Martín Vázquez Murcia, contabilidad. El personal entrevistado del gobierno municipal fue el siguiente: Mario Palmeros Alarcón, síndico municipal; María Esther Fernández Chiquito, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; María Clementina Pérez, secretaria de la presidencia municipal; Gloria Escoto Labourdet, agente municipal de la localidad rural de La Antigua; Mercedes Guzmán Ceballos, agente municipal de Loma Iguana. La mayoría de estas personas accedieron a ser grabadas y solo una pidió anonimato en este documento, solicitud que fue respetada mediante el uso de pseudónimo; un par dieron solo su nombre de pila y así han sido citadas.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua

El proceso de descentralización en Veracruz inició en la década de los ochenta con la instauración de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA). La Ley Número 72 para Manejo y Saneamiento del Agua en el Estado de Veracruz facilitó la creación de organismos operadores estatales, regionales y municipales (León y Aguero, 2010), que son la punta de lanza de la descentralización pues constituyen el principal instrumento para la autonomía e independencia financiera (Galindo y Palerm, 2007). En 2001 el poder legislativo de Veracruz decretó tres leyes3 que facilitaron la transferencia de la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a los municipios.

La transferencia en el municipio de La Antigua tuvo lugar en 2002. Para ejecutarla se formó una comisión integrada por representantes del gobierno del estado, el ayuntamiento y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (Gaceta Oficial, 2002). En 2008 se autorizó la creación del organismo paramunicipal para la gestión del agua denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua, Veracruz (Gaceta Legislativa, 2008).

Los organismos paramunicipales son administrados por un director y un órgano de gobierno constituido por el presidente municipal, el regidor a cargo del ramo, el contralor y tres representantes de la ciudadanía. Los miembros del órgano de gobierno son designados por el ayuntamiento, mientras que el director es designado por el presidente municipal, con autorización del ayuntamiento o el órgano de gobierno (Gaceta Oficial, 2016b). En 2005, poco menos de la mitad (43 %) de los municipios de Veracruz habían cedido la administración de sus aguas a un organismo estatal (Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, CAEV) y solo los más grandes tenían un organismo municipal (31 %) o paramunicipal (14 %) (Domínguez, 2010).

La Ley de Aguas del Estado de Veracruz (Gaceta Oficial, 2016a) otorga amplias funciones a los organismos paramunicipales: organizar la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; establecer cuotas y tarifas, efectuar su cobro y gestionar financiamiento para la más completa prestación de servicios; otorgar o revocar permisos de descargas de aguas residuales; pagar contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos federales en materia de agua; ordenar y ejecutar la suspensión de servicios; promover la participación de los sectores social y privado en su prestación; apoyar la autoconstrucción de pequeñas obras de infraestructura hidráulica en comunidades rurales o colonias populares; aplicar sanciones por infracciones; utilizar los ingresos recaudados en la ampliación de la infraestructura hidráulica.

El diagnóstico realizado por Domínguez (2010) sobre la gobernanza del agua en Veracruz identifica las siguientes limitaciones en los organismos operadores: bajas tarifas; falta de planeación; antigüedad de redes y tuberías; incapacidad institucional para renovarlas. En efecto, la red del municipio de La Antigua tiene unos 40 años de edad y es herencia de gestiones previas a la paramunicipalización. Hay 11 pozos en total; cuatro en la cabecera y el resto en localidades rurales. Los pozos de la cabecera son los más eficientes: producen entre 18 y 60 litros por segundo, en comparación con cinco y 13 litros por segundo en el medio rural. En la localidad rural de La Antigua hay dos pozos y en Loma Iguana, uno. Los de La Antigua producen cinco y seis litros por segundo, respectivamente, y el de Loma Iguana, cuatro y medio. Tienen los rendimientos más bajos de todo el municipio, constatando que el rezago histórico de zonas rurales veracruzanas descrito por León y Agüero (2010) no ha sido superado.

En José Cardel el sistema funciona 24 horas del día y cuando un pozo se detiene los otros siguen operando. Por el contrario, los de las dos localidades rurales estudiadas ofrecen un servicio intermitente y son operados desde la cabecera, de manera que las fallas deben ser reportadas por el o la agente municipal y tardan en ser atendidas. El modelo de gobernanza del municipio carece de comités de agua conformados por usuario/as; no existen arreglos sociales basados en la reciprocidad, característicos de comunidades campesinas e indígenas (Galindo y Palerm, 2007). En lo que resta del artículo se analizan los alcances de la paramunicipalización como marco de gobernanza para garantizar el derecho humano al agua, analizando cada uno de sus cuatro atributos (disponibilidad, calidad, acceso y asequibilidad) ya expuestos arriba.

Toda la parte de arriba es la que sufre: disponibilidad del agua

La mayoría (80 %) de las jefas de familia encuestadas en José Cardel dijeron tener suficiente agua para sus necesidades cotidianas. Una cantidad relativamente superior (85 %) mencionó que el agua llega a sus casas todos los días y otra todavía mayor (90 %) dijo que no hay un horario específico en el que esta llegue, es decir, está disponible todo el tiempo. Aquellas con problemas de disponibilidad los atribuyeron a la ubicación de sus viviendas: “estamos en un nivel alto… agarran [agua en] otras casas y… baja la presión. En las mañanas y en las noches es donde hay más presión”. Sin embargo, el agua no se acaba, sino que más bien llega poca (Angelina Méndez, agosto 2015).

Tres cuartas partes (72.5 %) de las encuestadas no han sufrido cortes en el suministro de agua. Cuando los hay, son “a ratitos nada más” porque van a componer unas tres veces al año”. El problema es que “nunca nos avisan que van a cortar el agua” y la suspensión puede durar dos o tres días (Angelina Méndez, agosto 2015). El personal de la CMAPS argumenta que generalmente se debe a fallas eléctricas sobre las cuales no tienen control. Cuando se trata de un equipo de la red de agua potable “pues obviamente no se puede prever o pronosticar… pasa y hay que atenderla” (Fernando Escobar, agosto 2015).

En el poblado rural de La Antigua la historia es distinta, ya que la falta de agua en las partes altas es generalizada. Los y las participantes del taller calcularon que aproximadamente 25 % de las usuarias no tienen suficiente agua para sus necesidades cotidianas y en tiempos de estiaje la situación es todavía más difícil. Desde José Cardel se decide cuándo apagar la bomba sin consensuar con la población. Las usuarias de la parte alta están dispuestas a abastecerse a la hora que sea: “por lo menos un par de horas en la noche deje que nos llegue el agua, cuando acá cierren las llaves y se duerman nosotros nos quedamos despiertos… déjennos la bomba prendida más tiempo… a las cuatro de la mañana y a esa hora nos levantamos” (Taller, participante anónima, octubre 2015).

En Loma Iguana la bomba también se enciende en ciertos horarios y no alcanza a cubrir las necesidades de todo el poblado: “ahora lo ponen creo tres [veces al día], pero nomás… cae y… todos a agarrar agua” (Marcelino Contreras, octubre 2015). El mecanismo que regula de manera automática la cantidad de agua que se bombea al depósito tenía un mes descompuesto, motivo por el cual desde la cabecera se habían programado los horarios de distribución de agua. Igual que en el poblado rural de La Antigua, las viviendas más lejanas y altas se quedan sin ella: “uno aquí está esperando que venga el agua, y sí viene un ratitito, un chorrito y ya” (Anacleta Molina Ortiz, octubre 2015). Los horarios de distribución no han sido consensuados con las usuarias y ellas son las principales afectadas. A las siete de la mañana “no hay ni gota de agua”, justo “cuando es más el quehacer de la agarradera de agua, que porque hay que lavar, hay que guisar y bañar a los chiquillos para irse a la escuela, todo eso” (Mercedes Guzmán Ceballos, octubre 2015). Soares (2012) define esta falta de información y consenso como un estilo de gobernanza poco democrático y ciego a las necesidades de las mujeres.

En las dos localidades rurales se presentan cortes por motivos de reparación. En el poblado rural de La Antigua se han llevado la bomba todo el fin de semana, mientras que en Loma Iguana incluso hubo que remplazarla junto con parte de la tubería, situación que complicó el abasto de agua por cerca de dos meses. Cuando escasea por diferentes motivos los ganaderos de la región la “regalan” a cambio del “refresco” para los choferes de las pipas (y del voto por el PRI).

En resumen, aunque el servicio de José Cardel es más continuo, las usuarias de las tres localidades carecen de información sobre cuándo llega el agua o cuándo la cortan, y hay diferencias en función de dónde se encuentra su vivienda. Las mujeres de las dos localidades rurales del municipio (La Antigua y Loma Iguana) sufren las carencias de un servicio por horarios no consensuados, al tiempo que las cubren esperando que el agua llegue (por la red o en pipa) a la hora que sea. El servicio intermitente no consensuado resulta inconveniente y estresante, con lo cual se constata la paradoja identificada por Salazar y Paz (2010) en otros contextos: las mujeres son las principales usuarias del agua y también son ellas las que, con escaso poder de decisión, intentan resolver los problemas de mala distribución. En las tres localidades, pero sobre todo en las dos rurales (La Antigua y Loma Iguana), se presenta un subsidio de género que subsana las fallas del servicio proporcionado por el municipio (Rodríguez et al., 2013).

Nunca he tomado agua de la llave: calidad

El 75 % de las mujeres encuestadas en José Cardel consideran que la calidad del agua que llega a sus viviendas es buena o muy buena y otro 20 % consideran que es regular. En 82.5 % de las familias las enfermedades (estomacales, cutáneas) que pudieran estar relacionadas con el agua no son frecuentes. María del Carmen Luna Troncoso, enfermera con 28 años de experiencia laboral en José Cardel, confirmó esta información. De todos los ítems analizados (olor, color, sabor), el mejor calificado fue el color, seguido por el olor y al final el sabor, que solo la mitad (47.5 %) de las usuarias considera bueno debido al contenido de cloro. El tratamiento del agua con cloro representa uno de los mayores retos para el cumplimiento del Estado en la provisión del agua (Domínguez, 2010). Los riesgos tendrían que ser comunicados a la población pues, de acuerdo con la Secretaría de Salud (citada en Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008), se han encontrado rezagos en la calidad del agua y la evaluación de los riesgos que esto representa para la salud.

En el poblado rural de La Antigua la opinión sobre la calidad del agua es muy negativa e involucra el color y la textura, además del sabor. Los y las asistentes al taller mencionaron que el agua tiene un color amarillento que ensucia la ropa al lavarla; una mujer describió como Chocomilk al agua que sale de la llave. Se mencionaron problemas de la piel y la recomendación de la dentista de la clínica de lavarse los dientes con agua de garrafón, debido a la presencia de ampollas en las encías de un menor de edad. Incluso para bañarse “el agua está muy fea, o sea, no se puede, se baña uno y hasta se siente picazón” (María del Carmen Delgado García, agosto 2015). Orlando Zapata atribuyó esta situación a la cantidad de fierro en el agua. Dada la cercanía de la localidad con la costa deben usar aguas muy someras para que no sean salinas, y mientras más cloro se agrega al agua, más se oxida y enturbia. Esto tiene solución, pero “no podemos invertir en el sistema” por falta de presupuesto. Además, los tanques de almacenamiento no tienen suficiente mantenimiento. El agua de pipa que se envía cuando falla la red también llega sucia: “me siento humillada que me lleven eso; de verdad, siento que están atentando contra la dignidad de uno como persona, como ser humano… ¿Ellos le darían a sus hijos esa agua?... Los quiero tener en frente y decirles: “oye, ¿lavarías tu camisa… con esta agua?” (Taller, participante anónima, octubre 2015).

En Loma Iguana el problema de la calidad del agua no es tan severo, pero también existe desconfianza con el agua de la red, principalmente por la falta de mantenimiento del tanque de almacenamiento y del sistema de distribución (tubos, mangueras) donde han encontrado tierra y animales vivos (ranas) y muertos (iguanas). También se mencionó reiteradamente el sabor a cloro que disgusta a las usuarias.

En resumen, hay diferencias importantes entre las tres localidades, siendo el poblado rural de La Antigua el que reporta más problemas en cuanto a textura, color y sabor, mientras que en José Cardel y Loma Iguana el principal inconveniente es el sabor a cloro. La mala calidad del agua causa enfermedades cutáneas que impactan negativamente en la vida de las mujeres, ya que en ellas recae el cuidado de personas enfermas (Red de Género y Medio Ambiente, 2006; Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008; Schenerock et al., 2011). Se puede hablar de la imposibilidad de cumplir con los roles tradicionales de género (lavar la ropa, cocinar, bañar a niños y niñas), problema cuya solución se descarta por falta de presupuesto. Se asume que las mujeres tendrán que dar solución al problema desde sus hogares, es decir, se presenta el subsidio de género mediante el cual el trabajo no pagado de las mujeres cubre las deficiencias en el servicio (Rodríguez et al., 2013). La escasa calidad del agua que una usuaria interpreta como un atentado a su dignidad expresa claramente la visión del agua como un derecho humano (Aureli y Brelet, 2004), así como un excelente ejemplo de la carencia de mecanismos institucionales para evitar la discriminación de género en la política hídrica (Rico, 2006; Franco, 2013).

Casi la mayoría tenemos tambo: acceso al agua

El 85 % de las encuestadas en José Cardel tienen tomas de agua de la red pública dentro de sus viviendas y 12.5 % tiene toma de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro del terreno donde viven. La mayoría (85 %) tiene alguna forma de almacenamiento de agua. Las predominantes son, en este orden: tinaco, tambo, tanque de concreto, cisterna y cubetas. Además, 82.5 % tiene regadera y 60 %, lavadora de ropa.

En la localidad rural de La Antigua fue posible detectar la importancia del almacenamiento para enfrentar la escasez y el servicio intermitente. Dos mujeres dijeron tener repositorios de 700 litros de capacidad y no padecer de escasez de agua; ambas viven en el centro, no en la parte alta del poblado. En el taller se rescató el testimonio de una mujer que sufrió un accidente al trasladar cubetas de agua y de otra que espera con “ansia parada ahí en la calle” el agua de pipa que el municipio manda cuando hay fallas en la red.

En Loma Iguana el tema del almacenamiento es igual de importante. “Casi la mayoría tenemos tambo de agua, lo llenamos y de ahí vamos agarrando” (Mercedes Guzmán Ceballos, octubre 2015). Irma Lozano se compró “un tanque de 200 litros para tener agua”, mientras que Reina (apellido desconocido) tiene agua incluso cuando deja de llegar por ocho días o más, gracias al depósito que le hizo su hijo, de profesión albañil. Las que no tienen buenos depósitos tienen que acarrear, en general de la casa de algún pariente: “hay una señora que… con un cubo iba a… agarrar agua aquí con su hijo” (Irma Lozano, octubre 2015). Otras buscan agua en pozos en mal estado: “luego no tenemos agua y andamos todos como desesperados buscando agua en los pozos que ya están bien cochinos” (Anacleta Molina Ortiz, octubre 2015).

El Cuadro 3 presenta datos sobre morosidad y suspensión del servicio en las tres localidades estudiadas4. De acuerdo con el personal del CMAPS, antes de cortar el servicio se busca que los usuarios/as morosos cubran su deuda bajo un esquema de pago a plazos. Las invitaciones empiezan a hacerse cuando hay un adeudo de más de tres meses. Asimismo, en la Feria del Agua realizada en diciembre de cada año se convoca a usuario/as morosos a ponerse al corriente con descuentos y promociones. Los cortes son evitados porque afectan negativamente al partido en el poder: “debido a cuestiones políticas es que no podemos tomar ciertas acciones que podrían ser quizá un poquito fuertes… ¿Qué pasa? Votamos por fulanito… dijo que nos iba a ayudar y ahora nos están cortando el agua” (Fernando Escobar, agosto 2015). Las personas pudientes tienen mayor poder de negociación para que les reinstalen la toma de agua: “sale por ahí alguien con poder, alguien que tiene influencias… el fulano habla con el alcalde, con el director, [y] póngale otra vez la toma” (Orlando Zapata Ruiz, agosto 2015). Estos testimonios constatan la debilidad institucional y politización del servicio identificadas en otros estudios (Torregrosa et al., 2005; Soares, 2007).

Cuadro 3 Morosidad, adeudos y suspensión del servicio. 

Localidad Total de
usuarios
Con adeudo sujeto a
corte (5 meses o más)
Con el servicio
suspendido
J. Cardel 10 215 3234 (31.6%) 10%
La Antigua 264 84 (31.8%) 4-5%
Loma Iguana 103 47 (45.6%) 4-5%
Total 10 582 3365 No aplica

Fuente: elaboración propia con base a datos de facturación y suspensión de servicio del CMAPS.

En Loma Iguana se detectó la existencia de dos jefas de hogar cuyo servicio estaba suspendido5. Ana Luisa Rigada Carvajal debía $13 000.00 (tarifa más recargos correspondientes a 10 años, aproximadamente) y Guadalupe Gómez Managua, $10 000.00 (ocho años). Rigada entró en un esquema de pagos, pero no lo completó y perdió el dinero que abonó: “iba dando 500 pesos y 500 pesos y 500 pesos, pero ya luego ya no pude… me atasqué… he de haber dado como dos mil pesos de convenio”. Gómez estaba contemplando hacer arreglos similares al momento de la entrevista. Ella tuvo que abandonar su casa para atender a su marido preso en una cárcel de Tuxpan; trabajó en una fonda frente al reclusorio durante seis meses y cuando volvió ya le habían cortado el agua.

Las dificultades que ambas enfrentan para realizar las actividades más básicas son enormes. Rigada antes obtenía agua de una vecina, pero “se peleó” con ella. Ahora compra agua de garrafón para cocinar y beber ($50.00 semanales); para bañarse acude con su cuñada; le paga a otra para que lave su ropa ($50.00 semanales). Su hijo le paga “una pipa… pero cada 15 días nada más” para llenar dos tambos de 200 litros cada uno. Gómez no gasta tanto en agua, sino que más bien recibe ayuda, aunque a veces condicionada. Su vecino le ofreció agua a cambio de favores sexuales; ella le dijo “que no y me la quitó”. Se baña en casa de su hijo; para cocinar, “donde quiera me dan una cubeta, allá, acá”; su hija le trae en motocicleta un garrafón o ella compra dos garrafones semanales porque “no puedo más». Rigada vive sola, pero Gómez tiene a su cargo a cinco nietos/as, dos con discapacidad: “una compañera me dice, te doy, agarra, mi hermana… ¿por qué no te traen agua? Tanto que nomás te la pasas ahí bañando a los chamacos” (Guadalupe Gómez, octubre 2015).

En resumen, diversos factores incrementan la falta de acceso al agua. El primero es el lugar de residencia, siendo la cabecera municipal más beneficiada que las zonas rurales, problema que refleja la situación del país6. El segundo tiene que ver con la posibilidad económica de adquirir o construir los depósitos que marcan la diferencia entre tener y no tener agua, así como otras instalaciones que facilitan el desempeño de los roles tradicionales de género: regadera y lavadora de ropa. Los cortes de agua por falta de pago en Loma Iguana afectan principalmente y de manera muy desigual a jefas de familia, contribuyendo al deterioro de su calidad de vida, debido a que se tienen que trasladar de su domicilio para hacer lo más básico; por ejemplo, bañarse. Una política hídrica con equidad de género tendría que considerar estos factores de diferenciación para garantizar el derecho humano al agua (Soares, 2012). En enero de 2016 se hizo una modificación al artículo 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz para dar a los organismos operadores la posibilidad de otorgar subsidios por el servicio de agua a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, personas jubiladas, pensionadas y adultos mayores (Gaceta Oficial, 2016a). Una vez más, las características específicas de mujeres como Rigada y Gómez desaparecen bajo estos términos, ninguno de los cuales hace referencias específicas a la desigualdad de género.

El agua no la hacen ellos, el agua es un recurso natural: asequibilidad

La mayoría de las jefas de familia de José Cardel (90 %) tienen medidor en sus hogares y pagan de acuerdo con el consumo. Los medidores son una cuestión de “eficiencia operativa”: “lo ideal es que el agua que extraigas es la que estás vendiendo” (Orlando Zapata Ruiz, agosto 2015). En zonas rurales como La Antigua y Loma Iguana, el CMAPS cobra una cuota fija ($75.00), salvo cuando se trata de reemplazar o instalar tomas nuevas que por reglamento ya vienen con medidor. La idea es que tarde o temprano todo el padrón de usuario/as tenga medidores, ya que “las cuotas fijas… es ahorcarse solo” porque no permiten contabilizar la relación entre extracción, pérdidas y consumo (Orlando Zapata Ruiz, agosto 2015). El riesgo de esta política es que se prioricen las necesidades de los usuarios mejor capacitados para pagar y se rechace como inmanejable el concepto de un “piso de dignidad” que garantiza el acceso a una cantidad mínima del producto sin costo (Barkin, 2003).

Más de la mitad (65 %) de las encuestadas en José Cardel consideran justo el precio que pagan; al resto les parece caro. La tarifa aproximada con medidor es de $100.00 mensuales, aunque escuchamos cifras menores ($50.00, $75.00) y mayores ($200.00, $300.00), dependiendo del consumo y la ubicación de la vivienda. A estas cantidades hay que añadir que en 87.5 % de las viviendas encuestadas se compra agua de garrafón, entre dos y tres a la semana por el sabor a cloro, generalmente a purificadoras locales que venden a cinco o diez pesos el garrafón versus 25 o 30 de las comerciales. El gasto promedio semanal en agua de garrafón es de $53.43, que visto mensualmente supera lo que se paga por el servicio al CMAPS. La cantidad es muy cercana a la reportada por Pacheco-Vega (2015) a nivel nacional ($254.52) para 2012.

Entre las usuarias de las dos localidades rurales (La Antigua y Loma Iguana) hay más resignación que acuerdo sobre la tarifa: “ya nos acostumbramos” (Berta; apellido desconocido, octubre 2015). Algunas recuerdan haber pagado cantidades más bajas en tiempos pasados (la tarifa anterior era de $45.00) e indicaron que los incrementos no son justificados; miembros del personal del CMAPS y varias usuarias los atribuyeron simplemente a la alta morosidad. El cumplimiento con el pago de la tarifa es la única forma de participación ciudadana en el municipio, además de los tres representantes en el órgano de gobierno de los cuales ni una sola persona entrevistada o encuestada tenía conocimiento. Las usuarias simplemente “se acostumbran” a los incrementos, situación que muestra cómo la participación se reduce a la obediencia ante decisiones ya tomadas (Castro, 2005). A esto hay que añadir el gasto que hacen las usuarias de ambas localidades en agua de garrafón, problema reconocido incluso por el personal del organismo operador. La calidad del agua de la red es “aceptable” y el sabor “se puede esquivar muy fácilmente con un filtro de carbón activado en las casas”. Sin embargo, “es mucho de costumbre esto de comprar garrafón… se perdió el tomar agua de la llave”. Además, en “el sistema operador no hacemos nada por quitar esta imagen” y hasta “nosotros mismos en la comisión compramos garrafón” (Orlando Zapata Ruiz, octubre 2015).

En resumen, las tarifas por el servicio del agua se incrementan con la compra de garrafón, lo cual sin duda contribuye a la mercantilización del líquido. El municipio de La Antigua contribuye al incremento en el consumo de agua embotellada en México, debido a la incapacidad de los municipios de proveer agua apta para consumo humano (Pacheco-Vega, 2015a) 7. Dado que 70 % de los y las pobres del mundo son de sexo femenino (Aureli y Brelet, 2004) y que las mujeres tienen menos acceso al dinero en efectivo y liquidez que los hombres (Cleaver y Elson, 1995), es imperativo enfatizar el tema de la asequibilidad como uno de los atributos del derecho humano al agua y repensar de qué manera puede hacerse efectivo para usuarias de bajos ingresos. Los incrementos en las tarifas del agua deben venir aparejados con una mejora en el servicio, además de una redistribución de los ingresos.

Conclusiones

Este artículo se planteó la siguiente interrogante: ¿es la descentralización el marco de gobernanza más adecuado para garantizar el derecho humano al agua de las mujeres, concebidas como las principales usuarias del servicio de uso doméstico? La propuesta conceptual fue el de la gobernanza con perspectiva de género, que sugiere que las cuestiones relacionadas con el diseño, ubicación y manejo de fuentes de agua deben tomar en cuenta las necesidades de mujeres y hombres de distintas edades y condición social, así como su participación en la toma de decisiones. Los datos recogidos en tres localidades del municipio de La Antigua (una urbana, dos rurales) permitieron identificar algunos factores que obstaculizan el pleno disfrute del derecho humano al agua por parte de las mujeres. Esta última sección reflexiona sobre los principales hallazgos del trabajo y su importancia para el diseño y ejecución de la política hídrica.

El primer hallazgo contempla los factores de diferenciación entre las usuarias del servicio. El factor más importante fue el lugar de residencia, situación que sugiere que el rezago de zonas rurales en relación con las urbanas no ha sido resuelto con la política de descentralización. El servicio de José Cardel es continuo, mientras que el de las dos localidades rurales (La Antigua y Loma Iguana) es intermitente. La mala calidad del agua (olor, textura y sabor) afecta sobre todo a las usuarias de la localidad rural de La Antigua, lugar donde el cumplimiento con los roles tradicionales de género es particularmente difícil, situación que se interpreta como un atentado a la dignidad. Otros factores de diferenciación fueron el estatus socioeconómico y el estado civil, siendo las jefas de hogar con cortes en el servicio las más afectadas, ya que dependen de otras personas para labores básicas (preparar alimentos) y deben trasladarse de su vivienda hasta para bañarse. Estos factores arrojan luz sobre los aspectos que habría que mejorar en el diseño e implementación de una política hídrica con enfoque de género.

El segundo hallazgo incluye los aspectos que las usuarias de las tres localidades tienen en común. Las mujeres no forman parte del proceso de toma de decisiones en ninguna de ellas. Los horarios de distribución en las dos localidades rurales (La Antigua y Loma Iguana) no han sido consensuados con ellas y en ninguna localidad se informa previamente de los cortes en el suministro. En las tres localidades se presenta un subsidio de género porque las mujeres son las principales usuarias del agua; si esta falta, ya sea mucho o poco, ellas deben atender el problema. En las tres se reportan problemas de calidad del agua para consumo humano que conducen a la compra de garrafón, cuyo costo mensual supera la cuota pagada a la CMAPS. Aun así, siguen siendo las mujeres rurales las que subsidian de mayor manera los problemas en el servicio y las que requieren de más consideraciones en relación con la asequibilidad como uno de los atributos del derecho humano al agua. El Estado debe ser garante de este derecho y tomar medidas para incrementar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, corregir las fallas en el servicio y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Estas diferencias y coincidencias permiten concluir que la descentralización no es un marco adecuado para garantizar el derecho humano al agua de las mujeres. Hay necesidades de inversión que no pueden ser realizadas debido a la debilidad financiera de la CMAPS. Todos los pozos son previos a la paramunicipalización y requieren de mantenimiento y reparaciones. No hay ningún mecanismo de participación ciudadana que pudiera suplir la carencia de presupuesto. La descompostura del mecanismo que regula la cantidad de agua almacenada en Loma Iguana es el mejor ejemplo de todo el recurso humano no utilizado en este modelo de gobernanza, ya que excluye por completo a las usuarias, principales interesadas en corregir la falla.

Los datos conducen a cuestionar a la descentralización como modelo eficaz de gobernanza sensible al género. Las diferencias entre mujeres y hombres, y entre las mujeres mismas, son ignoradas en el diseño de política; los conocimientos y aportes que las mujeres podrían hacer al sistema de manejo no son tomados en cuenta, ya que las usuarias son excluidas de la toma de decisiones. Es necesario que se diseñen directivas con oportunidades reales para que las mujeres puedan afectar los procesos de toma de decisiones, no solo como un asunto de reivindicación de equidad de género, sino también de mejora en el servicio. El compromiso adquirido por el gobierno de México para garantizar el derecho humano al agua hace urgente estas modificaciones.

Literatura Citada

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1Este poblado rural lleva el mismo nombre del municipio. Para evitar la confusión, cada vez que es mencionado se aclara si se trata de uno u otro.

2En la primera visita al municipio consultamos con distintas personas sobre los mejores lugares para aplicar la encuesta. El síndico usó el criterio de lejanía de los pozos y recomendó las siguientes colonias: Chapul, Riviera del Río y Vicente López. El personal del organismo operador estuvo de acuerdo pero sugirió añadir al centro de la ciudad por la antigüedad de la red. Al final nos quedamos con la colonia Chapul, Vicente López y el centro.

3Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave; Ley Número 24 Para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios.

4Los datos de morosidad son exactos, ya que corresponden al sistema de facturación del CMAPS al mes de septiembre de 2015. Los de suspensión de servicio son un cálculo del personal del departamento de contabilidad.

5Se detectaron solo cuatro casos de suspensión del servicio en toda la comunidad de Loma Iguana: estas dos jefas de familia, una vivienda abandonada y un muchacho con discapacidad cuyo padre acababa de morir. Durante una de nuestras estancias en la sala de espera del CMAPS conocimos a una mujer de José Cardel en situaciones similares. Por razones de espacio, el análisis a fondo de estos cinco casos es materia de otro trabajo.

6Las zonas rurales tienen una cobertura de 75.7 % de agua potable, mientras que en las ciudades el porcentaje es 20 puntos más alto (95.6 %) (SEMARNAT citada en Vázquez et al., 2014:296).

7Dependiendo de la fuente, México ocupa entre el primer y el tercer lugar en el consumo de agua embotellada a nivel mundial (Pacheco-Vega, 2015a).

Recibido: Mayo de 2016; Aprobado: Noviembre de 2016

* Autor responsable: Verónica Vázquez-García. vvazquez@colpos.mx

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