1ª Etapa (1920-1936) Colonización exterior

La datación cronológica de esta etapa viene definida por las primeras intervenciones en 1921 dedicadas a la transformación de la marisma arrocera (^{González Arteaga, 1992}) por las compañías extranjeras, así como los primeros ensayos agronómicos que hicieron aparecer al arroz en estas superficies, terminando en el año de inicio de la Guerra Civil española (1936), fecha en la que se produce el primer impulso a la presencia definitiva del arroz como cultivo mayoritario en la marisma del Guadalquivir.

Esta es la época de las grandes compañías extranjeras (Rio Tinto Company Limited, Compañía Islas del Guadalquivir S. A., Sherry Shippers Association, etcétera) que invirtieron en España. Las condiciones favorecedoras en el ámbito de la legislación vigente en cuanto a inversión externa propiciaron el establecimiento de una gran cantidad de compañías que consolidaron su actividad empresarial en todo el territorio nacional, centrando sus intereses en la explotación de materias primas poco utilizadas hasta el momento. La “compañía de los ingleses”, como se conocía popularmente, se estableció en la marisma e inició una serie de inversiones para la puesta en cultivo de esos terrenos (^{González Arteaga, 1992}). En ese periodo se puso en marcha una colonización del capital inversionista o especulativo, dependiendo del caso, con objetivos imperialistas, muy en boga en esos años, que perseguía la finalidad de aprovechamiento esquilmante de los recursos existentes.

La estructura social resultante de este proceso se caracteriza por una fuerte dicotomía entre las dos clases antagónicas existentes: propietarios y no propietarios.

El modelo de estratificación de clase dicotómico utilizado en esta etapa vendrá definido por la teoría paretiana de las clases sociales, en la cual la intencionalidad de vislumbrar las clases (élites/masas) presentes era el objetivo básico. Para la fundamentación teórica de ^{Pareto (1988)} y su explicación de la circulación de las élites se debe entender que la diferenciación entre élite y masa es importantísima. Empero, la explicación de la estructuración y diferenciación dentro de las élites centra mucho más la temática a considerar. Aunque en nuestro caso pudiera parecer que la dimensión política articula en torno a sí la construcción del modelo, en la mayoría de los estudios empíricos se comienzan a tener en cuenta otros hechos relevantes.

Como es fácil comprobar, esta tipología teórica se encuentra materializada en la estructura social del arrozal en esta primera etapa considerada. Hemos optado por denominarlos propietarios aunque, eso sí, dentro de esta clase, élite en la terminología paretiana, se podrá observar la existencia de estas dos diferenciaciones de las que habla Pareto. Por ello, utilizaré la nomenclatura de propietarios especuladores y propietarios rentistas para denominar a ambos tipos pertenecientes a la élite en los años que abarca esta etapa (1920-1936). Es más, la variable propiedad vendrá trufada con un elemento político muy notable, debido a la relación fortísima entre la pertenencia a la clase propietaria y su status político como individuos incluidos en la aristocracia.

En la clase propietaria se sitúa una diferenciación muy profunda, dependiendo de la procedencia de los mismos. Existían propietarios de origen europeo que eran, en el caso de la compañía, accionistas que adquirían sus participaciones de la compañía en las distintas bolsas donde cotizaba. La materialización de estos propietarios en la estructura de clases de ese momento se podía situar en los técnicos pertenecientes a la compañía que residían en los terrenos de la marisma. Podemos apuntar la evidencia de la presencia de Bellavista, un club construido a mediados de la década de los veinte del siglo pasado para los ingleses y demás profesionales extranjeros de la Compañía de los ingleses que estaba situado en una zona conocida como Colinas.

Pese a su carácter profesional y asalariado, este colectivo respondía en la visión de clase a los intereses de los propietarios accionistas de la compañía. Por otro lado, se visualiza a los propietarios nacionales de los terrenos marismeños, cuya orientación se decantaba más hacia posturas muy coincidentes con la figura de propietarios rentistas. En la mayoría de las ocasiones, este agregado social no residía en la zona, puesto que su estatus les impedía habitar en el campo. Su origen noble orientaba sus hábitos hacia la residencia urbana, solo acudiendo a la marisma a pasar periodos de vacaciones o visitas esporádicas a lo largo del año. Además, tenían la propiedad de las tierras que -con posterioridad- se dedicaron al arrozal, gracias a sucesiones asociadas a las herencias familiares, sobre todo protagonizadas por familias de origen noble.

En la base de la estructura social se encuentran los no propietarios. Siguiendo a Pareto serían nombrados como masa. Su extraordinaria heterogeneidad de inicio se veía subsumida cuando se apelaba a su estatus en la estructura de la propiedad de la tierra, ya que todos compartían el hecho de no ser titulares de la tierra y estar condicionados por el despliegue de su fuerza de trabajo, como medio de producción y obtención de riqueza propia y exclusiva. Por aquel entonces podían ser asemejados a una tipología que respondiera a los clásicos cánones de los jornaleros locales, con las peculiaridades del contexto al que se alude. Es decir, un territorio caracterizado por la explotación extensiva derivada de su uso ganadero, que no implicaba una utilización intensiva de mano de obra.

Los primeros componentes de esta estructura social rural se ven claramente reflejados en la estructura social de los municipios arroceros (^{Muñoz Sánchez, 2010}), dando lugar a ejemplos vivos de estructuras sociales rurales clásicas. En ellas, la estructura de la propiedad del arrozal condiciona el estatus de los individuos, situándolos en los lugares sociales de privilegio cuando poseen medios de producción asociados al factor de producción tierra (arrozales). La tenencia de la propiedad de este factor hace que se pertenezca a la clase propietaria, es decir, a la élite social o, por el contrario, determina la inclusión en la masa de no propietarios. De este modo, está claro que el antagonismo y la polarización social producida por este contexto vinieron condicionados por el acceso o no a la propiedad de la tierra y, por tanto, diferencian enormemente a los individuos dentro de esta estructura social.

El escenario dibujado vislumbra una polarización y un antagonismo social muy fuertes que se materializan en dos posturas claramente irreconciliables (^{González Arteaga, 1992}) referidas a la fuerte concentración de la propiedad en pocas manos -en torno a 5 %- y la situación de escasez y precariedad en sus niveles de vida, que sufría el resto de la población de clase no propietaria. Por una parte, la clase propietaria que concentra la propiedad íntegra de la tierra arrocera y que posee todos los privilegios derivadas de su posición social y además genera una ideología conservadora de la situación existente. Por otra, la clase no propietaria, con unos claros deseos de cambio en la estructura de la propiedad de la tierra, debido a que el panorama no era nada halagüeño para ella y albergaba una esperanza de cambio social que les beneficiase, permitiéndole acceder a la propiedad de la tierra donde trabajaban.

2ª Etapa (1937-1960) Etapa dictatorial

Viene marcada por un profundo cambio político y social, y no solo porque en ella discurramos desde la 2ª República hasta el inicio del conflicto civil más importante de la historia española, sino porque -en lo que aquí nos atañe- se abandona el modelo de aprovechamiento y de gestión de un espacio como el arrozal sevillano. En el intervalo temporal concebido en esta etapa se considera al cultivo del arroz como valorable por sí mismo y no como un ejemplo de experimentación agraria en los terrenos de marisma transformados en superficie agrícola. La guerra civil, como suceso precipitador, y los primeros momentos de posguerra, con las estrecheces productivas -provocadas por la destrucción de superficie útil para la agricultura y la escasez de producción agrícola en el periodo posbélico- del agro español, constituyen el punto de partida de esta etapa hasta llegar a 1960, donde termina este periodo, al considerar que el paradigma modernizador impregna todas las iniciativas desarrolladas en el arrozal.

La segunda etapa de la estructura social arrocera, denominada en nuestra aportación etapa dictatorial, vino marcada por una fuerte tendencia a la colonización estatal de estos espacios sociales. La necesidad imperiosa de alimentos para el ejército franquista motivó la rápida y eficaz puesta en cultivo del arrozal en la marisma sevillana. Este uso contingente puede ser señalado como el espaldarazo definitivo al cultivo del arroz, como ocurrió con el sistema fordista en la producción bélica en el caso estadounidense, que con posterioridad se recondujo hacia la industria para el consumo. Los intereses estatales en la zona fueron muy fuertes y posibilitaron una especial atención y esfuerzos en la consolidación de esta zona arrocera como la mayor de todo el país. La intervención estatal fue muy amplia si la comparamos con la nula actuación pública en esta zona en la etapa anterior, pero sobre todo se puede materializar en las prácticas del Instituto Nacional de Colonización y en el Instituto Nacional de la Vivienda (^{Reguera Rodríguez, 1986}), además de las actuaciones infraestructurales realizadas, pasando desde los nuevos muros de contención hasta la construcción del Canal de los Presos. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la actividad desarrollada por compañías que contaron con el beneplácito del régimen franquista, como fue Industrias Agrícolas, Beca y Compañía, que respondieron a los intereses de los sectores sociales más próximos al régimen y con propiedades en la zona, señalando en este caso como ejemplos de colaboración a Queipo de Llano y al marqués de Carranza.

Todo este conjunto de actuaciones de intervención estatal o paraestatal propició un efecto muy querido -realizando un juego de palabras con el concepto de Robert K. Merton de consecuencias no queridas de la acción- de atracción de población foránea hacia la zona arrocera, con la intención de aprovechar la mano de obra que albergaba, y así gestionar los recursos que se generarían en el futuro. El conjunto de valencianos que arribaron a la marisma sevillana y el trato preferencial que recibieron por parte de la compañía Beca permitieron un desarrollo muy acelerado de los recursos arroceros (^{Muñoz Sánchez, 2009b}). El fenómeno de colonización que marca esta etapa en sus comienzos fue apoyado sin restricciones por el Estado, iniciando no solo un programa de intervención infraestructural como el aludido, sino complementándolo con una política migratoria y de consolidación de población en la zona, que permitiese abastecer de mano de obra el cultivo que se estaba gestando (^{Curzio, 1992}). El sistema poblacional generado tuvo unas características propias y casi sigue estando vigente en la época contemporánea. El modelo de asentamiento promulgado por el régimen franquista estaba basado en los poblados de colonización, concebidos como núcleos urbanos al servicio de la producción agraria. El establecimiento residencial de la población en aquella zona era el objetivo velado de la colonización de la marisma. El recurso del colonato fue utilizado para lograr el asentamiento de un fijo poblacional que pudiese ser incluido en las tareas agrícolas asociadas al arrozal y que potenciase con sus conocimientos el desarrollo del cultivo en esta zona de nueva implantación.

La consecuencia de esta coyuntura fue la consolidación, en una primera fase de esta etapa, de una estructura social caracterizada por una formación tripartita donde se distinguieron propietarios, colonos y jornaleros. Las claves de esta tipología de estructura social se basaron en el acceso a la propiedad de la tierra, la vinculación con el Estado y el origen étnico de algunos individuos -aludiendo especialmente a la población migrante que arribó a la zona desde el levante español. Con esto no se argumenta que no tengan presencia otras clases sociales, sino que en estos momentos la estructuración social está basada en estos principios rectores (^{Muñoz Sánchez, 2007}).

La élite político-económica local zanjaba sus luchas internas estableciendo el nivel de contacto y presión que podía lograr con las instancias de poderes superiores en el escalafón del Estado franquista. Ejemplo vivo de ello fue el pulso político provocado por Beca contra el alcalde de Puebla del Río con su fallido intento de segregación de Villafranco en 1956. En este caso, el alcalde consiguió parar el proceso utilizando procedimientos legales y utilizando sus influencias políticas tanto en Madrid como en Sevilla (^{González Arteaga, 1992}). Rafael Beca y sus socios pretendían consolidar su proyecto empresarial, logrando a su vez la supremacía política sobre el territorio sobre el que realizaban su actividad, para conseguir así una libertad de maniobra que hasta ese momento se les vetaba por parte de las autoridades políticas de Puebla con su alcalde a la cabeza. Del mismo modo, la irrupción de los valencianos en este contexto también va a venir marcada por la especial relación que tenían con el máximo responsable del arrozal sevillano, Rafael Beca. Para este último, el trato de favor para con los valencianos estaba justificado porque era por medio de estos como se podía lograr el éxito futuro del arrozal, puesto que tenían experiencia sobre el cultivo que aquí podían desarrollar con mayores ventajas que en su tierra natal. Es por ello que los benefició mediante el acceso a posiciones de colonos, explotando tierras propiedad de la compañía, que ulteriormente se les daba acceso a la propiedad, de modo que las posiciones de colonato estuvieron marcadas por relaciones estrictamente políticas, beneficiosas para los valencianos que, como se explicó (^{Muñoz Sánchez, 2009b}), se categorizaban como arroceros por defecto, por el mero hecho de provenir de la migración levantina y sin evaluar su conocimiento previo del cultivo.

Como se ha dicho, en un contexto económico como éste, marcado por la autarquía y el periodo de postguerra civil, la escasez de alimentos era frecuente; por ello, el Estado prestó especial atención al control sobre los pocos recursos alimenticios existentes. El trigo y el arroz constituían grandes fuentes de alimentación, de modo que los controles establecidos sobre la producción de ambos cereales fueron muy fuertes. El racionamiento y la distribución controlada de los mismos eran la tónica de este momento histórico. Sin embargo, la entrada en juego del fenómeno del estraperlo conformó un mercado negro paralelo que contenía a éstos y a otros productos de alimentación y de cualquier otra índole. Naredo se preocupó de esta temática en uno de sus más conocidos artículos (^{Naredo, 1981}).

A su vez se articuló un nuevo sistema de dependencia en la estructura social de los municipios arroceros. Este procedimiento fue beneficiado por la escasez de sistemas de distribución de alimentos que existían en la zona arrocera y que motivaba que los que poseían un establecimiento que comerciase con alimentos tuviesen el control sobre uno de los bienes más escasos.

En estos momentos la pequeña burguesía estuvo formada por una fracción de clase comercial y otra asociada a los pequeños propietarios que iban consolidando su posición después de acceder a la propiedad de las tierras, que explotaban como colonos y que eran titularidad de la Compañía Beca. Por su parte, la élite estaba formada por los grandes propietarios terratenientes y por las personas que albergaban el poder político, económico y eclesiástico.

Por aquel entonces comenzó a producirse una expansión de las actividades que el Estado gestionaba y, por tanto, se inició un aumento en el número de individuos que estaban ocupados en el aparato político-burocrático que, como se verá con posterioridad, formarán parte de las clases sociales no vinculadas al sector agrario. Este elemento sí tuvo especial relevancia en los núcleos de población que se catalogaban como municipios y estaban dotados de ayuntamientos; sin embargo, en el caso de Villafranco la incidencia fue menor, ya que solo era considerado como una Entidad Local Menor de Puebla del Río y, por tanto, la administración y gestión de sus servicios estaban alejados de allí.

3ª Etapa. (1960-1986) Etapa modernizadora

Estuvo marcada por el contexto de modernización de la agricultura española y, por añadidura, del arrozal andaluz. El esfuerzo público realizado para mejorar la productividad de los distintos cultivos, así como la eficiencia energética y mecanizadora, fueron hitos que condicionaron el discurrir de estas horquillas temporales. La actuación de organismos como el Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, además de las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Colonización, fueron muestras palpables de este conjunto de transformaciones orientadas al logro del objetivo modernizador.

El colofón a esta etapa se sitúa en la entrada de España en la llamada entonces Comunidad Económica Europea (1986), que contribuyó a un cambio sustancial en la gestión y orientación de la agricultura española, dado que las directrices europeas en materia agrícola y medioambiental marcarán un rumbo distinto. Algunos autores (^{Gómez y González Rodríguez, 1997}) han catalogado a la Política Agraria Común como la primera política supranacional europea, puesto que fue una de las más tempranas prioridades en materia de gestión y administración conjunta de fondos europeos.

Para ir aterrizando en el contexto arrocero, sobre todo centrándonos en las políticas públicas llevadas a cabo en él, se trae a colación la fuerte inversión pública destinada a la mejora y el acondicionamiento de los canales de irrigación del arrozal, así como de las bombas elevadoras usadas para la captación de agua del cauce del Guadalquivir, llevadas a cabo con recursos provenientes en su mayor parte de fondos públicos. El Servicio de Extensión Agraria actuó con intensidad en estos aspectos. Al mismo tiempo, las buenas relaciones del colectivo arrocero con el gobierno franquista hicieron que se destinasen muchos recursos a la mejora de los niveles de mecanización en el cultivo. Las ayudas a la sustitución de la tracción animal por la mecánica, nominalizadas en la adquisición de tractores y cosechadoras, ejemplariza bien esta situación. El arrozal sevillano se vio poblado en un breve espacio de tiempo por una maquinaria que -hasta ese momento- solo fue traída por las compañías colonizadoras de la primera etapa.

Se ha prestado atención al ámbito de la mecanización y tecnificación apoyado por la actuación estatal; sin embargo, existe otro ámbito, el poblacional, en el cual se trabajó incluso con mayor intensidad. Los proyectos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Colonización (INC, en adelante) en el contexto arrocero sevillano constituyen uno de los mejores ejemplos de la pauta colonizadora desarrollada en los nuevos espacios agrícolas puestos en regadío. La Zona Regable del Bajo Guadalquivir, entorno al que se encuentra enclavada parte del arrozal, fue uno de los proyectos agrícolas sobre los que el INC tenía que actuar. Como ya se vio, la fijación de población en el arrozal era el objetivo velado de la colonización de la marisma, de modo que el recurso del colonato fue utilizado para lograr el asentamiento de un fijo poblacional.

La etapa aquí explicitada vino marcada por la profundización de las siguientes tendencias; por una parte se observó un creciente aumento de la productividad de la agricultura, además de que se acentuó el proceso de tecnificación y mecanización en todos los cultivos (^{González Delgado, 1998}). El fuerte impulso de los organismos gubernamentales competentes en esta materia del Ministerio de Agricultura fue crucial.

Es a partir de 1960 cuando comenzaron a vislumbrarse cambios en la estructura social española, que pueden ser considerados como capitales para el futuro próximo. De este modo, los cambios en la fisonomía de la estructura social española también contribuyeron a la transformación de la estructura social de los municipios arroceros. Por situar un hito histórico, la mecanización llevada a cabo en el cultivo a partir de los años setenta vino a poner en situación sobre el comienzo de los cambios (^{Muñoz Sánchez y Pérez Flores, 2010}). El campo español, y por añadidura el arrozal sevillano, experimenta un marcado proceso de migración poblacional con destino a las ciudades, con el consiguiente ascenso de los salarios por pérdida de oferta. Esto motivó que la adaptación a este contexto dificultoso fuera un reto que se superó gracias al proceso de mecanización de las tareas del cultivo arrocero y de todos los cultivos agrarios, casi al completo.

A la par de generar una reducción en la mano de obra demandada, el proceso de mecanización produjo la creación de nuevos sectores económicos con enormes potencialidades de creación de empleo, como fueron las maquilas, las empresas de reparación de maquinaria, el sector fitosanitario, la aviación agraria, y así un largo etcétera (^{González Delgado, 1998}). Con esto estaba planteado un nuevo contexto económico que traería como consecuencia un nuevo contexto social. Los individuos ocupados en este nuevo sector terciario son los que compongan estas nuevas clases medias, asociadas al surgimiento del desarrollismo económico español. La sinergia producida por la actividad económica generada por Sevilla sería un acicate para la proliferación de empresas que realizan sus tareas en la ciudad hispalense y que tienen su sede en los municipios arroceros.

Todo ello, unido a la creación de la agroindustria y posteriormente el complejo agroindustrial, contribuyó al florecimiento de sectores dentro de la estructura social, distintos de los existentes hasta ese momento. El proceso de mesocratización social subrayado por ^{Tezanos (1996)} va a llevar a la irrupción de clases medias nuevas que se distinguen de la vieja pequeña burguesía en sus distintas fracciones.

El crecimiento del sector servicios en la economía española, andaluza y de los municipios arroceros, ha contribuido al crecimiento paralelo de las llamadas clases medias de cuello blanco y de servicio. Estos agregados sociales son producto de la creación de nuevas ocupaciones relacionadas con la administración y la prestación de servicios a otras empresas, actividades nada desarrolladas hasta mediados de la década de los ochenta. El surgimiento de la agroindustria arrocera de transformación y su papel económico de creación de riqueza, gracias a la necesidad que tuvo de prestación de servicios por parte de otras empresas, condicionaron un nuevo contexto en el cual la actividad empresarial sustituyó en parte a la producción agraria. No es que la agricultura arrocera pierda su importancia, sino que más bien se ve desplazada a un papel secundario en este nuevo guión.

Las ocupaciones producidas por el sector terciario no están asociadas en muchos casos a la producción directa; es más, en algunos casos pueden ser catalogadas de no productivas al no llevar a cabo ningún proceso de producción en la realización de las mismas, como es el caso de las tareas administrativas. De este modo, la distinción entre trabajo productivo y no productivo elaborada por los teóricos neomarxistas de la estratificación social va a darnos una perspectiva nueva en este contexto social caracterizado por el incremento de estas ocupaciones. Según las tendencias que se manejan, la clase obrera pasó de ser la más numerosa en la etapa anterior a ser relegada a un segundo lugar en términos cuantitativos y cualitativos por las nuevas clases medias (^{Tezanos, 1996}). Son estas clases las que en el futuro tendrán en sus manos la llave de la gobernabilidad y la fuerza social para situar en el poder a unos partidos u otros, de modo que se encuentra un contexto muy distinto al existente en el periodo dictatorial.

No obstante, la desagrarización de la economía española y la transformación en la estructura económica inició la senda de nacimiento y posterior consolidación de las llamadas clases medias; todo ello, unido a la creación de la agroindustria y la mesocratización social, cuyo factor clave es la emergencia de clases medias nuevas que se distinguen de la vieja pequeña burguesía, llevó a considerar a estas nuevas clases medias como factores importantes de cambio social.

El aumento del sector terciario, así como de la externalización de servicios de la agricultura, fomentó que las clases sociales asociadas a la salarización cobraran una importancia de fuerte calado en la estructura social de esa segunda etapa. Asimismo, la desruralización de la población y el proceso de democratización de las instituciones, amplificado por la función amortiguadora que cumplen las clases medias, lleva a considerar la institucionalización del conflicto social y su reglamentación como una tendencia que todavía tiene vigencia en el momento actual.

Los conflictos sociales, muy polarizados hasta este momento, se ven mitigados por la función amortiguadora que cumplen las emergentes clases medias en esta estructura social. La posición central de las clases medias tamiza el conflicto social entre propietarios y jornaleros que caracterizaba la primera etapa de la estructura social de los municipios arroceros, transformándolo en un contexto en el cual la democratización permite que se generen nuevas potencialidades de resolución de los conflictos auspiciadas por la institucionalización de los mismos en el ámbito democrático reinante. Como ya apuntara ^{Dahrendorf (1974)}, los conflictos pierden violencia cuando están institucionalizados y pueden discurrir por cauces predeterminados que facilitan la solución de los mismos. En cuanto existe un contexto político democratizado, las clases medias emergentes cuyo número se ha acrecentado enormemente -por las circunstancias arriba mencionadas-, aprovechan para posicionarse en los lugares de privilegio dentro de los partidos políticos que defienden sus intereses. A partir de este momento entran en juego las denominadas mesocracias locales que auspician su autoridad y representatividad en el sector arrocero, cuyos dirigentes provienen de los pequeños y medianos propietarios, es decir, de la clase media de la estructura social que funcionaba en esta etapa. Los gerentes de las cooperativas, los técnicos de las mismas, además de todo un elenco de profesionales que se encuentran desarrollando su actividad en posiciones de privilegio del sector arrocero, son los exponentes más claros de estas clases medias profesionales que en muchos casos se alejan de posiciones de propiedad directa.

4ª etapa (1986- ?). De la sociedad globalizada al futuro incierto

En este cuarto apartado se procede a realizar una reflexión teórica sobre el futuro de las clases sociales en la estructura social de los municipios arroceros, haciendo especial mención de las nuevas aportaciones teóricas que intentan describir las situaciones novedosas hacia las cuales se dirigen las clases sociales en la futura coyuntura. En este punto vamos a seguir la tesis de la mesocratización de la estructura de clases, además de la transformación de la estructura económica y ocupacional, de modo que se parte de estas circunstancias en la explicación de esta etapa. También hemos de recordar que el fenómeno de la cualificación de la mano de obra va a condicionar esta etapa porque mediante él se disminuye el colectivo de trabajadores sin cualificar y paralelamente los trabajadores cualificados van accediendo a mejores condiciones de trabajo y seguridad. No obstante, todo no será tan positivo como hemos venido aludiendo anteriormente porque en este momento nuevos fenómenos que darán una fisonomía distinta a la estructura social, como la vulnerabilidad social, la inmigración y la crisis económica y del empleo, entran a formar parte de este contexto de partida.

Los principales ejes que van a dirigir nuestra atención en el ámbito de la estructura ocupacional serán, por un lado, la disminución de la ocupación agraria y, por otro, el aumento de la ocupación en otros sectores económicos, especialmente en el sector servicios. Esta tendencia ha sido conocida como terciarización de la economía y en los municipios arroceros esta transformación se consolidó fuertemente. La irrupción de nuevos puestos de trabajo, desvinculados de la actividad agraria, y más centrados en otros sectores productivos, contribuye a que una parte importante de los ocupados en el sector agrario dirijan sus expectativas laborales hacia otros escenarios.

Desde una óptica muy próxima a la concepción contemporánea del cambio y la estructura social, Castells realiza un esfuerzo faraónico en su obra (^{Castells, 1998}) para describir cuáles son las claves de análisis del momento actual. En la actualidad esta estructura social prima más los criterios de centralidad y de conexión que los de posición en la jerarquía social de carácter vertical. La posibilidad de tener acceso a los flujos de información y la posesión o carencia de información en una sociedad con saturación de la misma van a ser elementos importantísimos a la hora de determinar la clase social. La nueva organización del trabajo derivada de los cambios producidos por la revolución de las tecnologías de la información y el conocimiento hacen que la cualificación cobre una importancia sustancial. Las posiciones sociales que resultan de la aplicación de una nueva forma de organización del trabajo en la empresa-red vienen a responder a la existencia de tres tipologías de posiciones referidas al contexto reticular que caracteriza a la empresa-red. Siguiendo a Castells, “[…] los trabajadores en red, que establecen conexiones por su iniciativa […] y navegan por las rutas de la empresa red; los trabajadores de la red, que están en línea, pero que no deciden cuándo, cómo, por qué o con quién; y los trabajadores desconectados, atados a sus propias tareas específicas, definidas por instrucciones no interactivas y de un único sentido” (^{Castells, 1998:273}). Aterrizando en la cuestión central de este artículo se sostiene que el proceso de diversificación económica acaecido en los municipios arroceros y la profunda transformación de la propia estructura agraria han hecho que puedan diferenciarse las posiciones sociales argumentadas por Castells de forma relativamente nítida. Por un lado, y cuando nos referimos a los trabajadores en red, encontramos todo aquel colectivo de personas que, independientemente de su sector de ocupación, poseen conexiones con los nuevos fenómenos de innovación y desarrollo ofrecidos en este contexto. Los profesionales que dentro de la nueva estructura social conocen de primera mano los procesos de cambio que están por venir o los que ya están germinando poseen los rudimentos para poder adaptarse mejor a los cambios futuros. Ejemplo de ellos son: los trabajadores de sectores tecnológicos o de gestión de información pertenecientes a empresas de gestión o de administración que realizan servicios para el sector arrocero (administradores de páginas webs, agentes comerciales de la industria cangrejera o arrocera, investigadores dedicados a la innovación en el sector arrocero, etcétera). En el caso de los trabajadores de la red en el ámbito de los municipios arroceros estamos haciendo alusión a todo aquel colectivo de trabajadores que están insertos en el sistema agroindustrial del arrozal, dejando a un lado sus funciones con base en su autoridad en el puesto de trabajo. De este modo estaríamos refiriéndonos a ingenieros técnicos agrícolas que colaboran con la aplicación de los principios del Sistema de Producción Integrada o los trabajadores de la industria transformadora arrocera, los trabajadores de las cooperativas arroceras o a pilotos de avión de las empresas de aviación agrícola. Por último, y en relación con los trabajadores desconectados, señalaríamos a los trabajadores que realizan su trabajo en las propias superficies arroceras (tractoristas, conductores de cosechadoras, jornaleros) y todos aquellos que desarrollan su trabajo para las comunidades de regantes del arrozal, cuyo trabajo consiste en el mantenimiento de las infraestructuras para el riego de la superficie arrocera.

En la cuarta etapa la clave de análisis que resulta de la propiedad de la tierra pasa a un segundo plano, dado que la transformación de la estructura económica y ocupacional dota de mayor importancia y dinamismo al sector terciario. Los propietarios agrícolas ceden el testigo de ser referente social en creación de riqueza y puestos de trabajo -obtenido en la tercera etapa- a los empresarios no agrícolas que comienzan a despuntar en los lugares de privilegio social de esta etapa globalizadora. Al mismo tiempo, la ampliación del proceso de desagrarización y asalarización que afecta a la población activa hace que entren a formar parte de la estructura otros elementos que solo habían empezado a germinar en la tercera etapa. La diferenciación entre las clases medias, entendiendo a estas como agrícolas o no agrícolas, tendrá una trascendencia muy importante en la formación de esta estratificación social de los municipios arroceros. La mesocratización de la estructura social se hará un hecho palpable y tendrá como consecuencia que la influencia de estas clases sociales sea fortísima, incluso hasta llegar a desbancar a partidos políticos hegemónicos del poder a nivel local, como ocurrió con el logro de la alcaldía por parte de un partido independiente en el municipio de Puebla del Río en la legislatura de 1999 a 2003. También la “racionalización” de las políticas públicas agrarias amplificadas en su actuación tendrá una consideración especial dado que ejerció una intervención mayor mediante la potente legislación agraria y la dependencia económica de las ayudas que produce en los arroceros. En esa misma línea se generan relaciones de dependencia en favor de los fondos públicos obtenidos por los arroceros. Se detectan unas fuertes conexiones con la industria transformadora y esos recursos públicos materializados en las ayudas a la transformación y las líneas de potenciación de la agroindustria, por poner algunos ejemplos. La estructura social que se conforma está caracterizada por la fragmentación social, la salarización de la población activa y la concentración cada vez mayor de la propiedad que, aunque muchos se empeñen en negarlo, es un efecto favorecido por la Política Agraria Común vigente en el momento actual.

Los nuevos paradigmas que guían el devenir de la Política Agraria Común van a transformar la propia fisonomía de la estructura social, es decir, en este punto se presentan propuestas para una diversificación en los usos del suelo, así como en las actividades desarrolladas en él. La emergencia de actividades hasta el momento desconocidas en los municipios arroceros, como el turismo activo, el turismo ornitológico o la ubicación de huertos solares de energía fotovoltaica en superficies anteriormente dedicadas a la producción arrocera, hacen irrumpir en la estructura social, nuevos agregados sociales más definidos por su carácter no rural o neorural. Al mismo tiempo, la asunción de las competencias en materia agrícola y medioambiental por parte de la Junta de Andalucía, así como el desarrollo competencial auspiciado por el nuevo Estatuto de Andalucía, en el cual se asumen las competencias en materia hídrica, consolidan un nuevo escenario en el que los nuevos agentes del medio rural (turistas, administraciones locales y autonómicas, asociaciones de representación de intereses o nuevos pobladores rurales) sean posiciones de gran trascendencia en lo que, en un futuro no muy lejano, sea el medio rural arrocero.