Introducción

En las últimas décadas los servicios financieros presentan un carácter dinámico y en permanente transformación, resultado de los cambios del entorno y de las crecientes y cambiantes necesidades de su población objetivo. El caso de los servicios microfinancieros no es la excepción ya que desde los años setenta han proliferado en numerosos países, además de que han ampliado sus servicios mediante la incorporación de nuevas metodologías, o bien, a través de la adopción de modernas técnicas financieras (^{Ledgerwood, 2000}; ^{Robinson, 2004}). En México, a diferencia de otros países de América Latina, como Bolivia, Perú y Ecuador, presentan una escasa cobertura (^{Alpízar, y González-Vega, 2006}), lo que resulta difícil de explicar dado el tamaño de su población, de la economía en su conjunto, así como del gran número de micro y pequeñas empresas.

La gama de instituciones microfinancieras (IMF de aquí en adelante) que operan en México es diversa. El tipo de instituciones varía en cuanto a su figura jurídica, su tamaño y sus objetivos. "Para ofrecer servicios de microfinanzas no se requiere una figura jurídica específica, salvo en los casos en que se quiera captar ahorro, para la cual se requiere ser una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): un banco, Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (Socap) o Sociedad Financiera Comunitaria (Sofinco). Las instituciones que no captan ahorros del público pueden ser Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), sociedades anónimas, e incluso, pueden ser asociaciones civiles." (^{Cotler y López, 2013}). Además de las ya señaladas, en el medio rural destaca la participación de las Uniones de Crédito, las cuales también forman parte de las Organizaciones Auxiliares de Crédito de los intermediarios financieros no bancarios. Este análisis, cuando se habla de las instituciones microfinancieras, se refiere a todas las modalidades mencionadas.

De acuerdo con lo señalado por la Directora del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) Dra. María del Carmen ^{Díaz (2009}), la distribución municipal de los servicios microfinancieros tiene una relación de 69 % en zonas urbanas y sólo 31 % en zonas rurales, situación derivada de diversos elementos, como la dispersión geográfica de la clientela, la estacionalidad y el riesgo de las actividades primarias y la ausencia de garantías, aunado a una reducida infraestructura y deficiente capacidad técnica y de formación del personal involucrado. No obstante, los datos señalados muestran que, a pesar de los desafíos, algunas instituciones se arriesgan y operan en el ámbito rural.

Lamentablemente, las dificultades para operar en el medio rural pueden verse reflejadas, entre otros, en la carencia de los instrumentos idóneos para la operación financiera. Es el caso de la evaluación del riesgo de no pago; el Banco de México señala que es "...producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; a mayor incertidumbre, mayor riesgo" (^{Banco de México}, glosario de términos).

En la actualidad, un amplio número de IMF que operan con productores de pequeña escala tienden a enfocarse en la actividad productiva o empresas en cuestión; sin embargo, es necesario considerar que el desarrollo económico ha impuesto nuevas formas de organización a las sociedades rurales, por lo que asociar lo rural con actividades de tipo agropecuario como única forma de vida no es ya un modelo vigente (^{IICA, 2000}; ^{Giarracca, 2001}; ^{Garza, 2010}).

A diferencia del pasado, lo rural trasciende lo agropecuario y mantiene fuertes lazos de intercambio con lo urbano. "Es un hecho contundente que el espacio rural en los países americanos ha venido evolucionando, enfrentándonos hoy a un nuevo escenario rural basado en un carácter territorial que permite visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano expresado, entre otros aspectos, en el desarrollo progresivo de actividades agrícolas no tradicionales y actividades no agrícolas en el medio rural. Profundas innovaciones han ocurrido en este campo, observándose nuevas orientaciones productivas, como el cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanías, turismo rural, forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de especies menores, empresas de servicios rurales, y una mayor integración de la cadena agroproductiva y comercial con expresiones organizativas en el campo, la ciudad y en el extranjero" (^{IICA, 2000}:7).

La sociedad rural actual presenta una mayor interrelación con la sociedad urbana, lo que posibilita la diversificación de sus ingresos y, por lo tanto, permite observar el riesgo de una manera diferente ya que los interesados en el crédito cuentan con mayores ingresos, fruto de la variedad de sus actividades (^{Nagarajan y Meyer, 2005}).

Por otra parte, al momento de otorgar los créditos las IMF visualizan, por lo regular, solo al cliente, sin considerar que el pago de los créditos ocurre generalmente en el marco del llamado Grupo Doméstico (G.D.), entendido como aquella organización social que se estructura con base en diversas relaciones sociales entre individuos unidos o no, por lazos de parentesco que comparten una residencia en común en la cual, de acuerdo con la edad y el sexo, se generan estrategias de organización del trabajo, producción y consumo. Los G.D. para su supervivencia desarrollan una serie de actividades enfocadas a la obtención de recursos financieros que se combinan y amplían con el fin de incrementar el ingreso familiar, mejorando la calidad de vida del grupo, a la par que generan condiciones para ser sujetos de crédito (^{De Oliveira, Pepin y Salles, 1989}).

Los G.D. recurren cada vez más a diversas fuentes o actividades fuera del ámbito agropecuario para obtener ingresos y cubrir sus necesidades. La diversidad de estrategias varía de uno a otro, influyendo la cantidad de medios de producción, el tamaño del predio, sector social y características de los miembros (como edad y sexo). El acceso a un terreno ya no garantiza la supervivencia, por lo que tanto aquellos que lo tienen como los que no, recurren cada vez más a actividades asalariadas tanto formales como informales, de aquí que las comerciales y la producción de bienes y/o servicios, manufactura de artesanías, así como la migración al extranjero o a otras regiones del país, sean parte de la búsqueda de la supervivencia, que pueden fungir como alternativa para adquirir la totalidad del ingreso, o bien, una parte complementaria.

El comportamiento de los G.D. para la obtención de ingresos debiera ser un elemento a considerar por las IMF localizadas en el medio rural, ya que todos sus integrantes (sean niños, adolescentes, adultos mayores, hombres o mujeres) participan con alguna actividad tanto doméstica como económica, lo que amplía sus fuentes de ingreso. Por otra parte, las IMF debieran considerar el hecho de que la relación que los G.D. tienen con otros es de igual importancia (cultural y socialmente) que la que tienen con instituciones ya sea sociales, gubernamentales o particulares. Esto es fundamental para la operación financiera, ya que les ofrece nuevos elementos de juicio para valorar el riesgo con mayor certeza y pueden influir en la ampliación de la oferta de sus servicios hacia los productores rurales y grupos domésticos.

Lo anteriormente expresado condujo a realizar la investigación que aquí se presenta y cuyos objetivos fueron los siguientes. El objetivo general consiste en identificar la incidencia de la diversidad de actividades económicas y de la organización del grupo doméstico en el riesgo de no pago de los créditos otorgados por las instituciones microfinancieras. En tanto, los específicos son: i) identificar las actividades económicas prioritarias para pagar los créditos solicitados; ii) establecer los criterios de pago del G.D. y iii) determinar si existe una relación directa entre el pago de los créditos y el hecho de que haya una participación femenina importante en la toma de decisiones del G.D.

En concordancia con lo anterior, el planteamiento de la investigación consideró dos hipótesis. La primera afirma que el número de actividades económicas desarrolladas por los G.D. influye positiva y significativamente en el cumplimiento de pago de los créditos. La segunda sostiene que existen componentes de la organización relacionados con la toma de decisiones y la participación femenina, que inciden significativamente en el comportamiento de pago de los créditos.

Las microfinanzas y su papel en el desarrollo rural

Existen diversas definiciones o conceptos sobre microfinanzas en las que, independientemente del autor o institución, subyace la idea de proporcionar servicios financieros a personas en condiciones de pobreza. Para ^{Ledgerwood (2000}:1) "la expresión se refiere a la prestación de servicios a clientes de bajos ingresos, incluyendo a los autoempleados. Por lo general los servicios incluyen ahorro y crédito; sin embargo, algunas organizaciones de microfinanzas también proveen de servicios de seguro y pago."

Por su parte, ^{Robinson (2004}:9) sostiene que "las microfinanzas se refieren a los servicios financieros en pequeña escala, principalmente crédito y ahorro, proporcionados a aquellos que se dedican a la agricultura, a la pesca o a la ganadería, que manejan pequeñas empresas o microempresas en las que se producen, reciclan, reparan o venden bienes; personas que proporcionan servicios, que trabajan por un sueldo o a comisión; que obtienen sus ingresos rentando pequeñas parcelas de tierra, vehículos, animales de labranza o maquinaria y herramientas a otros individuos o grupos a nivel local, ya sean locales o urbanos, en los países en vías de desarrollo."

A partir de lo anterior, en el presente estudio las microfinanzas se entenderán como el conjunto de servicios financieros (microcrédito, ahorro, seguros y remesas) en pequeña escala, dirigidos esencialmente a personas de bajos ingresos, incapaces de acceder a servicios otorgados por la banca convencional. Por ende, las IMF son las instituciones que proporcionan estos servicios.

Una parte importante de las microfinanzas la constituye el crédito, instrumento financiero de gran utilidad en las comunidades rurales, ya que facilita la disponibilidad del dinero necesario para desarrollar diversas actividades. El capital es importante para que la fuerza laboral sea más productiva, así como para financiar proyectos que mejoren la calidad de vida (^{Keckeisen, 2001}). Por su parte, ^{Robinson (2004}) afirma que los servicios de crédito permiten el uso anticipado de ingresos para gasto corriente o para el consumo.

El crédito dirigido a agricultores y todo tipo de pequeños productores ha sido una estrategia empleada para el desarrollo rural desde el inicio de los años cincuenta (^{Johnson y Rogaly, 1997}). En la actualidad el microcrédito es considerado una estrategia para el desarrollo y la erradicación de la pobreza, debido a que propicia que haya un mayor número de personas realizando actividades productivas con impacto en el Producto Interno Bruto (^{Pomar, Rendón y Solís, 2011}).

El microcrédito puede ser un importante instrumento de desarrollo, ya que contribuye a reducir la exclusión social al permitir que en regiones marginales se emprendan actividades económicas y de autoempleo, favorece la creación de empleos en las pequeñas empresas locales, y propicia la integración y el mejoramiento del complejo productivo. Además, por el hecho de que el crédito permite diferir el consumo en el tiempo, facilita a los productores o usuarios sobrellevar periodos de crisis y proteger sus bienes.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (^{FAO, 2000}), el microcrédito tiene una serie de efectos sobre los individuos, tanto económicos como sociales, ya que abre la posibilidad de incrementar la producción y diversificar las fuentes de ingreso con el consiguiente aumento del empleo y nivel de consumo y, si se otorgan tasas de descuento menores, la vulnerabilidad puede disminuir.

El microcrédito por sí solo no tiene la capacidad para generar cambios en relación con la pobreza, ni debe ser visto como una panacea para los problemas de desarrollo, como se llegó a considerar en los años noventa; si bien es cierto que puede hacer contribuciones importantes, debe ser complementado con otras acciones. ^{Bercovich (2004}:13) menciona que "el microcrédito no puede crear oportunidades productivas o comerciales donde no las hay, convertir en empresarios a personas que no han adquirido las competencias ni tienen los incentivos para ello, o contribuir a la innovación y a la difusión de tecnología en ausencia de sistemas de innovación que funcionen". La disposición de servicios financieros ayuda a mejorar la administración de los hogares y empresas. Sin embargo, la oferta crediticia actual no satisface la demanda rural, lo cual se debe en gran parte a los criterios de riesgo que, de acuerdo con nuestra investigación, hoy podrían adecuarse a las nuevas condiciones de los G.D.

El riesgo financiero

El riesgo financiero o crediticio es un elemento con el cual los intermediarios financieros deben lidiar, como parte de su operación cotidiana. Este concepto hace referencia a la incertidumbre en que se incurre a partir de una inversión, cuya finalidad es la de obtener un rendimiento y que tiene la posibilidad de que no sea lograda (^{Mascareñas, 2008}). Al respecto, el Banco de México dice que el riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento que derive en pérdidas para los implicados en los mercados financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras. "El riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; a mayor incertidumbre, mayor riesgo" (^{Banco de México}, 2005:3).

Las zonas rurales presentan un reducido número de IMF debido a la percepción de que la prestación de servicios financieros en esas zonas conlleva altos riesgos y costos. Se estima que menos de 5 % de los hogares rurales latinoamericanos tiene acceso a financiamiento formal (^{Wenner et al., 2008}), ya que se sigue asociando lo rural a las actividades agrícolas y a los riesgos inherentes de estas actividades, como son las fluctuaciones climáticas y de precios, así como las restricciones comerciales, esto aun cuando la importancia económica de la agricultura está disminuyendo y las actividades no agropecuarias adquieren mayor relevancia.

Como cualquier otro, el riesgo financiero o crediticio no se puede evitar; sin embargo, es importante que las IMF realicen evaluaciones para minimizarlo en virtud de que puede generarles serias dificultades en su operación. Operar en zonas rurales es una propuesta desafiante debido a la dispersión geográfica de los clientes, los altos costos de transacción, la escasa infraestructura y los bajos niveles de educación e ingresos. Una mejora en las técnicas de gestión de riesgos permitiría que las instituciones financieras pudieran acercarse a un mercado en crecimiento y podrían lograr mayor penetración en los mercados rurales (^{Wenner et al., 2008}).

Para el otorgamiento de créditos, existen dos maneras de evaluar la capacidad crediticia. El primero se refiere a la capacidad de pago y el segundo al uso de activos como respaldo principal de un préstamo. El primer enfoque se centra en la investigación de la integridad, carácter moral, habilidad gerencial y capacidad de pago de un prestatario potencial, ya sea mediante profesionales capacitados o modelos estadísticos, y el segundo se concentra en la calidad y cantidad de los activos que pueden ser presentados como garantía, así como que sean de fácil realización en caso de incumplimiento (^{Wenner et al., 2008}). ^{Meza (2009}) los clasifica como factores cualitativos (voluntad de pago) y cuantitativos (capacidad de pago).

Desde nuestro punto de vista sería importante considerar dos factores cualitativos. Primero, el comportamiento de los G.D. en el sentido del compromiso que asumen (como grupo) al solicitar un crédito. La reproducción del G.D. implica aspectos que van más allá de la simple consideración de un solo individuo ya que en lo cultural, afectivo e ideológico prevalece la existencia del grupo (^{De Oliveira, Pepin y Salles, 1989}). Segundo, la intensidad del compromiso del G.D. en función a la presencia de mujeres en el mismo. La importancia de los compromisos de grupo está más que demostrada con la existencia de intermediarios financieros (formales y no formales) que se apoyan en los avales solidarios que sustituyen las garantías en activos; a ello habría que agregar el hecho de que las mujeres suelen ser mejores pagadoras (^{Díaz, 2003}; ^{Zuñiga, 2004}).

El planteamiento metodológico y resultados

Para la realización del presente estudio buscamos una organización que tuviera cobertura en regiones rurales y que contara con las características de la nueva ruralidad; es decir, que la población sostuviera un fuerte vínculo con zonas urbanas y sus actividades estuvieran ligadas a diversas actividades (agropecuarias, de servicios o comercio). En este sentido, era primordial efectuar el estudio donde la diversidad de actividades fuera un común denominador en el quehacer de los grupos domésticos de la región.

En virtud de lo anterior se seleccionó a la Sociedad Cooperativa Campesinos de Zacapoaxtla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada conformada por 1103 socios, agrupados en 34 cajas locales (una por cada localidad donde se cuenta con socios), ubicadas en cuatro municipios del estado de Puebla, México: Zacapoaxtla, Cuyoaco, Zaragoza y Xochitlán de Vicente Suárez.

La Sociedad Cooperativa Campesinos de Zacapoaxtla surgió en 1999 al amparo del Programa de Cajas Solidarias. El capital social de la organización lo constituyeron las recuperaciones de los créditos proporcionados a partir de los recursos federales asignados por el Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas Sociales (FONAES) durante el periodo 19992004. Originalmente la sociedad cooperativa estuvo conformada únicamente por productores (campesinos) del municipio de Zacapoaxtla, integrados en 19 cajas locales, pero con el tiempo se fueron sumando otras localidades hasta alcanzar la cobertura que se menciona con anterioridad.

La organización se conformó bajo la denominación "Campesinos de Zacapoaxtla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada" pero, considerando el apoyo inicial proporcionado por el FONAES, sus socios la identifican comúnmente como Caja Solidaria de Zacapoaxtla. Se estableció de manera formal el día 24 de noviembre de 2002, pero quedó constituida legalmente mediante Escritura Pública número 15 859, con fecha 22 de Octubre de 2003.

El acceso a los servicios que ofrece la Sociedad Cooperativa Campesinos de Zacapoaxtla es posible únicamente para los socios de la organización. El público en general no puede disponer de ellos, a menos de que se integren de manera formal mediante la aportación de 5000 pesos.

Los socios pueden acceder al crédito automático o al solidario. El crédito automático es aquel que se otorga de manera inmediata. Basta la presentación de la solicitud correspondiente, con la firma de autorización de al menos dos integrantes del Comité de su Caja Local de Crédito. Esta fase del procedimiento es la más importante porque dicha instancia opera como un filtro, ya que se vuelve corresponsable en la recuperación de los créditos que autoriza. El monto máximo de financiamiento es igual o menor a 90 % de su aportación inicial, la cual funciona como garantía. En lo que corresponde al crédito solidario existen dos modalidades: solidario con avales y solidario con garantía, cuya diferencia está implícita en el nombre. En el primer caso los préstamos no rebasan los 20 mil pesos, mientras que en el segundo suelen ser superiores a ese monto.

Dada la amplitud del número de socios de la Sociedad Cooperativa y la necesidad de realizar una encuesta se optó por establecer una muestra estadística que fuera representativa. Para ello, la ecuación empleada para el cálculo de la muestra fue:

Una vez definido el tamaño de la muestra (Cuadro 1) se utilizó el programa Microsoft Excel para la obtención aleatoria de los nombres de los socios; posteriormente, para la aplicación de encuestas se hizo otra selección aleatoria, considerando aquellos socios con crédito de la Sociedad. La totalidad de integrantes de la cooperativa es de 1103; sin embargo, solo 700¹ cuentan con crédito, ya sea vigente o con cartera vencida. Debido a que el criterio más relevante de la investigación es la diversificación de las actividades, la selección se hizo a partir del total de socios con alguna experiencia de crédito.

Para analizar la asociación entre las variables, se planteó la conveniencia de estudiar su distribución conjunta o tabla de contingencia. Las variables de estudio fueron las relativas a las actividades económicas y a la organización del grupo doméstico, contrastadas con la variable incidencia de pago (paga-no paga) de la o el socio (ver anexo).

Con objeto de identificar la relación de dependencia entre las variables se empleó el contraste, basado en el estadístico χ2 (Chi-cuadrada o Ji-cuadrada) cuyo cálculo, con un nivel de confianza estadístico de 95 %, permitió afirmar si los niveles de una variable cualitativa influían en los de otra variable nominal (^{Vicéns 2005}; ^{Martínez 2005}).

Resultados de la investigación

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se sostiene que el número de actividades desarrolladas influye en la conducta de pago de los socios. Se confirmó que, a mayor número de actividades generadoras de ingreso, la probabilidad de pago se incrementa y con esto el riesgo disminuye, validando nuestra primera hipótesis.

Asimismo, es factible afirmar que, en cuanto a la toma de decisiones, la organización interna del G.D. define el cumplimiento de los créditos contraídos y que, en un alto porcentaje, la participación femenina es sinónimo de cumplimiento. Se encontró que el riesgo es menor cuando la mujer es la titular, a diferencia de cuando el G.D. es encabezado por un hombre. Si bien en nuestro estudio la aportación femenina al ingreso familiar es menor, recuérdese que la mayoría de ellas se dedica al hogar; al momento de decidir el destino del gasto es quien toma las decisiones, o bien, su influencia es decisiva, con lo que se confirma la segunda hipótesis.

Por tanto, desde nuestro punto de vista es necesario replantear la manera en la cual se valora el riesgo crediticio en el medio rural. Los cambios estructurales que han modificado la dinámica en el contexto rural han definido esquemas distintos. Los grupos familiares en la actualidad generan ingresos mayores, fruto de su cercanía a las zonas urbanas y a la necesidad de generar ingresos por otras vías, lo cual de por sí establece menores condiciones de riesgo, aunado a su funcionamiento interno, en el cual la presencia femenina pareciera suponer una importante garantía, dando lugar a que se introduzcan nuevos elementos al ofrecer el servicio del microcrédito.

Tomar en cuenta los elementos aportados puede marcar un rumbo de crecimiento y de penetración a un gran mercado potencial. En tanto, propiciarían el acercamiento a los grupos familiares de recursos financieros para desarrollar actividades productivas o bienes que les permitan mejorar su calidad de vida.

No nos cabe la menor duda de que existen otros aspectos fuera del alcance del presente estudio que deberán también ser analizados; sin embargo, nuestro trabajo sustenta, al menos en parte, la posibilidad de crear finanzas rurales sostenibles, lo cual es una de las mayores preocupaciones en las IMF, generando la oportunidad de que dichas instituciones desempeñen un papel dinámico en el desarrollo rural.