El desarrollo local en la perspectiva de género

 

Local development from the gender perspective

 

Alejandra Massolo

 

Investigadora y Consultora en temas de equidad de género y gobiernos locales, asociada al Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP, A.C.). (massolo@prodigy.net.mx)

 

Resumen

El desarrollo local es un concepto y proceso complejo, controvertido y multidimensional. En este artículo se discute la vinculación entre el desarrollo local y la perspectiva de género, aportando elementos analíticos de la relación compleja y polémica entre las mujeres y el desarrollo a través de distintos enfoques y cuestiones de género. Se argumenta que la dimensión de género es constitutiva del desarrollo local, porque éste no es neutro de género: contiene las relaciones sociales y desigualdades entre hombres y mujeres, sus diferentes condiciones y posiciones, sus necesidades y expectativas, las jerarquías de poder y de toma de decisiones entre hombres y mujeres; relaciones y jerarquías culturalmente determinadas.

Palabras clave: Desarrollo local, empoderamiento, género.

 

Abstract

Local development is a complex, controverted and multidimensional process and concept. In this paper the link between local development and gender perspective is discussed, contributing analytical elements to the complex and polemical relations between women and development through different approaches and gender issues. It is argued that the gender dimension is a constituent of local development because this is not gender-neutral; it contains the social relations and inequalities between men and women, their conditions and positions, their needs and expectations, power hierarchies and decision-making between men and women; culturally determined relations and hierarchies.

Key words: Local development, empowerment, gender.

 

Introducción

Los enfoques sobre mujeres y desarrollo han tenido un largo y polémico recorrido, así como aquellos sobre desarrollo local. En las décadas de 1950 y I960 la tendencia predominante fue la del crecimiento económico (desarrollismo) como medida y fuente del desarrollo, suponiendo la filtración de beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, se advirtió que mientras los hombres se integraban en las corrientes principales del desarrollo, las mujeres permanecían excluidas según una división en la cual los hombres aparecían como sector moderno y las mujeres como sector tradicional. En consecuencia, se pensó en la integración de la mujer al desarrollo que dio lugar al enfoque conocido como MED (Mujer en el Desarrollo), con importante influencia en políticas, programas y proyectos realizados entre los años setenta y ochenta. Comenzaron a surgir los primeros proyectos que integraban a las mujeres al ámbito productivo, no sólo como se había hecho hasta ese momento a proyectos de bienestar, en los que las mujeres eran consideradas únicamente en su papel reproductivo y responsables del bienestar familiar (Tamayo, 2003).

El enfoque asistencial o de bienestar de los años sesenta, identificaba a la mujer con su rol materno convirtiéndola en la principal beneficiaria de programas asistenciales, considerado fundamental para la mujer, y para el desarrollo económico de cada país. Estas políticas, en lo ideológico y en su implementación, conciben a la mujer como ente pasivo y receptor de beneficios gratuitos o subsidiados. Este enfoque tuvo una amplia acogida, ya que es políticamente más cómodo, porque no cuestiona la visión tradicional del papel de la mujer; y porque es más fácil ejecutar proyectos de asistencia social que incrementar la productividad y los ingresos de mujeres y hombres pobres. En términos de desarrollo, la ayuda para el bienestar de la familia se dirige a las mujeres identificadas con los grupos socialmente vulnerables.

El primer enfoque MED destacó la importancia del papel productivo de las mujeres, y abrió la perspectiva a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, enfatizando la independencia económica de las mujeres como sinónimo de igualdad. El segundo enfoque MED fue el antipobreza, que vincula la desigualdad económica entre hombres y mujeres a la pobreza y no a la subordinación. Destaca el rol productivo de la mujer bajo el supuesto de que dispone de más tiempo libre. Con éste se diseñaron proyectos productivos focalizados en las mujeres para que pudieran generar ingresos relacionados con las actividades domésticas, y que rara vez se integraban a las estrategias generales de desarrollo (Zebadúa y Pérez, 2002). El enfoque antipobreza se instaló durante la década perdida de los ochenta, cuando las crisis económicas, las políticas de ajuste estructural y los recortes al gasto social afectaron gravemente las condiciones de vida de la población de bajos recursos. Las mujeres fueron obligadas a desempeñar el papel de administradoras cotidianas de los efectos de la crisis, y los ajustes y los programas antipobreza supusieron que los efectos de los ajustes se podían amortiguar con la elasticidad del trabajo y el tiempo de las mujeres.

Vinculado al segundo MED, el tercer enfoque fue el de la eficiencia, derivado de las políticas económicas de ajuste y de la crisis de financiamiento público. El énfasis se trasladó de la mujer al desarrollo, reconociendo que ellas son esenciales para el esfuerzo del desarrollo en su conjunto. Sin embargo, en la práctica este enfoque significó el desplazamiento de costos de la economía remunerada a la sin paga, particularmente mediante el uso del tiempo sin salario de las mujeres, privilegiando su rol reproductivo y de gestora comunitaria. El enfoque de eficiencia, que detecta muy bien la tenaz dedicación y responsabilidad de las mujeres en el logro de fines de bienestar para el hogar y la comunidad incorpora sus necesidades más sentidas en cuanto a los intereses prácticos de género; pero carece de una visión de equidad entre géneros y se dirige a la mujer per se sin considerar la situación femenina como producto de relaciones sociales entre ellos (Martínez, 2000).

Los proyectos dirigidos a mujeres no se realizaron reconociéndolas como agentes del desarrollo, o por su derecho a acceder a esas oportunidades, sino por una evaluación de eficiencia y de costo-beneficio sobre sus capacidades. Se reforzaron los roles tradicionales y se agregaron cargas adicionales de trabajo, sin tomar en cuenta las relaciones de poder entre géneros ni el análisis de la condición y posición de la mujer en los contextos donde se realizaban los proyectos.

A mediados de la década de los ochenta, el enfoque de Género y Desarrollo (GED) se fue elaborando y difundiendo con el propósito de hacer visibles y analizar las relaciones entre hombres y mujeres; cómo éstas condicionan el impacto de las políticas y la participación de ambos géneros en el desarrollo. Al introducir el concepto de género, este enfoque señala la construcción cultural e histórica de los roles femenino y masculino, las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y su impacto en el desarrollo, las relaciones de poder y la organización social de la desigualdad.

El enfoque GED incorporó el término empoderamiento de las mujeres, a fin de propiciar los cambios y condiciones para que descubran e incrementen sus capacidades de autoestima y valoración, de influencia, eficacia política y liderazgo en la vida pública, reconociendo los triples roles que desempeñan (reproductivos, productivos, y de gestión comunitaria). El énfasis y el desafío están en la formulación, concertación y aplicación de políticas públicas que favorezcan los intereses estratégicos de éste, y respondan a los intereses prácticos de género. El enfoque GED enfatiza las relaciones sociales entre hombres y mujeres, tratando que la posición subordinada de éstas se modifique, y cuestiona los paradigmas que han servido como base en los debates sobre el desarrollo, en los que no se ha reflejado la experiencia ni los puntos de vista femeninos (Tamayo, 2003).

En el Cuadro 1 se sintetizan las diferencias entre ambos enfoques. La distinción entre posición y condición de las mujeres es particularmente importante en el enfoque GED, ya que numerosos proyectos e intervenciones en materia de desarrollo local se han dirigido únicamente a modificar las condiciones de las mujeres, pero no a cambiar las relaciones de subordinación con respecto a los hombres. Si no se modifica la posición, es probable que las estructuras de subordinación continúen inalteradas, y ellas sigan expuestas a desventajas, daños y riesgos (Tamayo, 2003).

La condición de las mujeres se refiere a su situación material de vida: pobreza urbana y rural, privación de servicios y bienes básicos, falta de acceso a la educación, al empleo y la capacitación, excesiva carga de trabajo y poca disponibilidad de tiempo. La posición se refiere a la ubicación y reconocimiento social que se les asigna con relación a los hombres en la sociedad: inclusión o exclusión de los espacios de toma de decisiones y participación política; igualdad o desigualdad de salarios por el mismo trabajo; impedimentos para acceder a la educación y la capacitación; su subordinación, que determina las posibilidades de acceso y control de los recursos, servicios y oportunidades. La posición tiene que ver con: su valoración social y autoestima, su autonomía y su empoderamiento, toma de decisiones, participación social y política.

La distinción analítica entre necesidades prácticas y estratégicas de género -que están interrelacionadas-también es importante en el enfoque GED para el desarrollo local. Ambas tienen que abordarse conjuntamente, evitando el supuesto de que las carencias materiales son las únicas necesidades sentidas de las mujeres, dejando al margen y latentes las de realización personal, libertad, igualdad, autoestima, acceso a derechos y oportunidades.

Necesidades prácticas de género son las que se derivan de los roles de las mujeres socialmente aceptados en la esfera doméstica: madre, esposa, ama de casa. Responden a las necesidades inmediatas vinculadas a las carencias o insuficiencias de servicios y bienes materiales básicos que sufren las familias y las comunidades, y motivan la participación femenina en la esfera pública. Se expresan a partir de la condición que vive la mujer en el terreno doméstico y se dirigen a mantener la supervivencia humana. Estos intereses prácticos no cuestionan la subordinación ni la desigualdad de género, pero de ellos pueden surgir nuevos intereses relacionados con las necesidades estratégicas de género.

Necesidades estratégicas de género son las que surgen del reconocimiento y toma de conciencia de la posición de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad. Se dirigen a la transformación de las relaciones sociales de género y a la adquisición de libertad, igualdad real, autoestima y empoderamiento, según el contexto sociopolítico y cultural de donde emergen y se expresan. Se traducen en intereses que incluyen los derechos legales, el problema de la violencia contra las mujeres, el control del propio cuerpo y los derechos reproductivos, la capacitación y formación en temáticas de género, la demanda de políticas públicas de equidad de género, y la defensa de los derechos humanos de la mujer. Se orientan a mejorar o elevar su posición en la sociedad: el ejercicio de sus derechos, su participación pública en la toma de decisiones, su autonomía personal, el acceso a la educación, capacitación, empleo, cultura, recreación y deportes.

La posición y los intereses estratégicos de las mujeres representan los mayores desafíos al desarrollo local, que supone la articulación entre actores con capacidad de iniciativa, la construcción de un sujeto colectivo del desarrollo local, la participación ciudadana, la concertación y la elevación de la calidad de vida.

 

Desarrollo local y perspectiva de género

El tema del desarrollo local no es nuevo, se ha planteado y discutido en América Latina desde la década de los setenta, pero ha adquirido popularidad y actualidad renovadas según distintos puntos de vista y razones. ''La discusión en América Latina con respecto a estos temas ha sido intensa. Críticos y apologistas han abundado en la discusión. Desde nuestro punto de vista es necesario cuidarse tanto de las euforias localistas utópicas como de los mecanicismos inspirados en determinismos estructurales'' (Gallicchio, 2002). El desarrollo local es un concepto y proceso complejo multidimensional, que supone:

• Visión estratégica de un territorio,

• Actores fuertemente articulados y con capacidad de iniciativa,

• Identidad cultural como palanca del desarrollo,

• Un enfoque multidimensional que incluye la dimensión de género,

• Un proceso orientado hacia la cooperación y negociación entre actores,

• Un proceso que requiere actores y agentes de desarrollo.

El desarrollo local es una estrategia sociopolítica de cambio (Gallicchio, 2005), en la que el concepto y la perspectiva de género tienen potencial de cambio, ya que aluden a determinantes sociales, culturales y políticas que son transformables. El desarrollo local, que implica la recuperación y revalorización de las particularidades, potencialidades e identidades territoriales, se convierte en un instrumento eficaz de gestión de las diferencias entre mujeres y hombres, entre las mismas mujeres, entre los hombres, las comunidades, los territorios, las potencialidades y las identidades. Y se caracteriza por la preeminencia de las decisiones de las y los actores locales.

El desarrollo local se define como un proceso orientado; es decir, es el resultado de una acción de los actores o agentes que inciden (con sus decisiones) en el desarrollo de un territorio determinado. Estas decisiones no solamente se toman a escala local, sino que algunas se toman en otra escala (por ejemplo, a nivel nacional o internacional) e inciden en el desarrollo de un territorio. La preeminencia de las decisiones de los actores locales, por sobre otras decisiones que no responden a los intereses locales, es lo que define un proceso de desarrollo local (Barreiro, 2000).

El actor local no es solamente un individuo, sino un grupo, organización o institución cuyas acciones se realizan dentro de los espacios de la sociedad local, y que en los campos político, económico, social y cultural es capaz de aportar propuestas que tiendan a capitalizar mejor las potencialidades locales, cuyas decisiones tienen preeminencia sobre otras que intervienen en los proyectos y procesos de desarrollo local. Son actores locales que desempeñan un papel protagónico en espacios locales revalorizados y redimensionados a escala global. Dentro de la interrelación local-global, el desarrollo local es una nueva forma de mirar y actuar desde el territorio en el contexto de la globalización.

La identidad es una componente indispensable del desarrollo local, porque es un proceso cultural que implica las pertenencias y formas de socialización de mujeres y hombres dentro de un territorio. Sin embargo, no toda identidad local consolidada es una palanca de desarrollo, ya que ciertas identidades pueden operar como freno u obstáculo: por ejemplo, una identidad localista defensiva y cerrada a los cambios. Asimismo, hay que reconocer las identidades que se resisten a ciertos cambios y actúan en consecuencia, aunque contradictoriamente con otras identidades propias favorables al cambio: el ejemplo típico es la identidad masculina machista resistente a los cambios y los derechos de las mujeres; otro es la identidad femenina que se resiste a asumir y defender públicamente los derechos de las mujeres y la equidad de género, cuando se accede a posiciones locales de poder político o económico.

La cooperación es otra componente indispensable del desarrollo local, para realizar los proyectos y alcanzar objetivos. Las modalidades y lógicas de la cooperación son muy variadas: en primer lugar porque se dan relaciones asimétricas entre los actores, no son relaciones entre iguales puesto que existen diferencias de género, poder, prestigio, recursos y liderazgo; en segundo lugar, por la misma heterogeneidad de los espacios y las experiencias locales. Un ejemplo típico de las diferencias de género es la participación de las mujeres en las tareas de preparación y servicio de alimentos y café, limpieza y gestiones comunitarias para los eventos del desarrollo local, mientras los hombres toman las decisiones y controlan los recursos.

La dimensión de género es constitutiva del desarrollo local, aunque prácticamente se ha omitido en los distintos enfoques y debates sobre el desarrollo local en América Latina. Es constitutiva porque el desarrollo local no es neutro al género: contiene las relaciones sociales y desigualdades entre hombres y mujeres, sus condiciones y posiciones, sus necesidades y expectativas, las jerarquías de poder y de toma de decisiones entre hombres y mujeres; relaciones y jerarquías culturalmente determinadas. El género marca el desarrollo local: impregna y afecta las visiones, experiencias, proyectos y objetivos que proponen y promueven la apuesta por el desarrollo local. Por tanto, el género es transversal a las demás dimensiones, enfrentando el reto de la articulación con las otras (económica, territorial, ambiental, cultural, tecnológica).

El concepto de género fue pensado y discutido para poner de manifiesto la relación social desigual entre los géneros femenino y masculino, entendidos como sujetos sociales y no como seres biológicos. Designa las relaciones sociales entre los sexos y se refiere a todo lo que en cualquier sociedad se aprende sobre qué es ser hombre o mujer, y cómo deben comportarse de acuerdo con la identidad y los roles que les toca desempeñar. Las diferencias han sido modeladas por factores ideológicos, políticos, históricos, económicos, culturales y religiosos, pero son transformables, reconociendo las influencias y variaciones según la clase social, la pertenencia racial, étnica y religiosa.

Las características del sistema de actores locales reflejan las diferencias entre géneros y los mecanismos que regulan la actuación de hombres y mujeres. Hay un sistema de actores del desarrollo local estratificado según jerarquías y privilegios de género: por ejemplo, los hombres controlan los cargos de dirección, la toma de decisiones y los mejores recursos; las mujeres ocupan cargos de apoyo administrativo o comunitario, y reciben menores beneficios. A las mujeres se les cede el asiento en las reuniones, a los hombres se les da la palabra del poder. El sistema de actores es relativamente equilibrado entre géneros, y las diferencias no se traducen en desigualdades y discriminaciones notorias; y está integrado mayoritariamente por mujeres, puesto que los crecientes flujos migratorios de hombres al extranjero, principalmente a los EE.UU., dejan a los municipios -sobre todo rurales- habitados sólo por mujeres, niños, niñas y gente de la tercera edad.

La equidad de género debe ser una de las bases del desarrollo local, porque significa equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y obligaciones; también supone el disfrute equitativo de los bienes sociales por hombres y mujeres, las oportunidades de los recursos y las recompensas. Por ello, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres responde al imperativo de corregir y revertir las desigualdades y desventajas existentes.

La perspectiva de género aporta al desarrollo local una manera diferente de mirar y pensar la vida social, las necesidades y demandas, los objetivos y beneficios del desarrollo. Es una perspectiva guiada por el principio de equidad y no discriminación o subordinación de las mujeres. Reconoce las necesidades y demandas de la población, teniendo en cuenta las de las mujeres y los hombres, sin disolverlas en una neutralidad abstracta de comunidad, pueblo, gente. Busca el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, para superar los obstáculos que impiden la equidad entre géneros. Es una herramienta metodológica indispensable para detectar y analizar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres que tienen las políticas, acciones y proyectos gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, y organismos multilaterales de financiamiento. Se utiliza durante todo el ciclo de los proyectos gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo local: diseño, formulación, planificación, programación, implementación y evaluación, considerando los diferentes roles, necesidades, intereses y responsabilidades de mujeres y hombres.

El empoderamiento de las mujeres en los procesos de desarrollo local con equidad de género no tiene nada que ver con el poder como instrumento de dominación, como lo ha señalado (Martínez, 2000), puesto que:

• Obliga a hacer o dejar de hacer.

• Limita, por normas y valores que obligan.

• Prohíbe o impone ser, hacer, pensar, decir, actuar y decidir.

• Puede incluir el ejercicio de la violencia (física, verbal, psicológica, institucional, o a través de la discriminación).

• Impide el acceso a los derechos humanos.

Por el contrario, significa poder para incluir a las personas y grupos en los procesos de toma de decisiones, es el ejercicio del poder para estimular actividades, capacidades y liderazgos. El empoderamiento en los procesos de desarrollo local con equidad de género tiene tres niveles:

• El personal, en el cual el empoderamiento entraña cambios en la autopercepción, la confianza individual y la propia capacidad, liberando la opresión internalizada.

• El de relaciones cercanas (hogar, comunidad, localidad) en las cuales significa adquirir habilidades para negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y la toma de decisiones.

• El colectivo, en el cual las personas y grupos trabajan juntos y desarrollan habilidades con el propósito de trascender, de influir con amplitud y actuar colectivamente.

El machismo, el fatalismo, la desvalorización, la violencia contra mujeres y niñas, la feminización de la pobreza, los problemas de salud, la falta de control de la fecundidad, la carencia de tiempo disponible, las obligaciones domésticas, el control masculino sobre los ingresos, la opresión profundamente internalizada, así como las rivalidades competitivas entre mujeres, son factores que inhiben y obstaculizan el empoderamiento. La perspectiva de género en el desarrollo local destaca dichos factores inhibidores y obstaculizadores, que deben ser reconocidos y atendidos con la misma importancia de otros problemas que enfrentan los procesos de desarrollo local.

Se ha observado que en el desarrollo local y regional las mujeres tienen menor acceso y utilizan menos los recursos de desarrollo, los servicios y la información. Desempeñan un papel mucho menos influyente en la toma de decisiones y la planificación que los hombres (EMAKUNDE, 1997). Por ello se insiste en una política apropiada de igualdad entre géneros que incluya los compromisos:

• Consulta igualitaria con hombres y mujeres sobre su situación y necesidades, intereses y motivaciones. Los procesos de consulta con ambos pueden ser diferentes, pero la intención es obtener una comprensión similar de sus situaciones, necesidades, intereses y motivaciones.

• Garantizar una participación activa e igualitaria de hombres y mujeres en la planificación y puesta en práctica de las intervenciones de desarrollo, teniendo en consideración las diferentes capacidades e intereses de ambos.

• Garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones sobre las intervenciones y políticas de desarrollo, por medio de la provisión de procesos y estructuras de toma de decisiones que satisfagan las diferentes necesidades de ambos géneros.

• Proporcionar medidas y servicios de apoyo (financieros, de infraestructura, comerciales, de formación), que sean igualmente accesibles para mujeres y hombres y que respondan a sus diferentes necesidades.

• Satisfacer las necesidades e intereses de mujeres y hombres por medio del diseño y distribución de intervenciones de desarrollo que tengan en cuenta sus diferentes necesidades.

Las posibilidades de éxito del desarrollo local se asocian al capital social, término divulgado por agencias multilaterales de financiamiento y organismos de las Naciones Unidas. Es un término discutible que tiene diversas connotaciones, pero que se refiere a las normas, redes y organizaciones que promueven confianza y cooperación entre la gente, a través de los cuales se toman decisiones colectivas y se formulan proyectos. El capital social está constituido por asociaciones horizontales y redes sociales de compromiso cívico, y normas colectivas que tienen efectos en la productividad de la comunidad. Facilita la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo de quienes forman parte de la asociación o red, y se caracteriza por la habilidad de las personas para trabajar juntas por un objetivo común en grupos y organizaciones.

En realidad, el capital social se refiere a algo que existe en América Latina desde hace tiempo con otros nombres y orígenes, y que ha permitido no sólo mantener la supervivencia colectiva, sino también la emergencia y protagonismo de nuevos actores y movimientos sociales, como las organizaciones y redes de mujeres. La habilidad de trabajar conjuntamente para lograr beneficios comunes, la confianza y cooperación entre la gente, la productividad de las comunidades para mejorar las condiciones de vida en situaciones de pobreza, las redes de ayuda mutua, no son descubrimientos del capital social; son comportamientos y valores arraigados que han conformado y reconstituido el tejido social, a pesar de los efectos adversos de las políticas macroeconómicas neoliberales, de las instituciones de gobierno ineficientes, autoritarias y corruptas, y de los sistemas políticos desvinculados de las necesidades e intereses de la ciudadanía.

Molyneux (2003), desde una perspectiva crítica de género, ha señalado aspectos cuestionables del enfoque de capital social, empezando por una falta de consideración de los asuntos de género y el desplazamiento de éstos en la agenda de las políticas de desarrollo. La crítica al enfoque del capital social destaca los siguientes efectos perversos en relación con las mujeres:

• Se supone que las mujeres están naturalmente predispuestas a servir a las familias y comunidades, de lo que se deduce que es natural la disposición de las mujeres a mantener el capital social, sin cuestionar los términos en los que se incorporan ni las relaciones de poder que se establecen.

• Los proyectos de ayuda mutua y trabajo voluntario descansan en el trabajo gratuito o mal remunerados de las mujeres como una extensión de sus responsabilidades con la familia y la comunidad.

• Como recurso colectivo para aliviar la pobreza, el capital social substituye los recursos y políticas públicas, lo que tiene implicaciones de género. Las estrategias de supervivencia que movilizan las mujeres y sus trabajos no remunerados -dentro de la vida asociativa del capital social- terminan siendo una red de salvamento bajo las políticas macroeconómicas irresponsables y los malos gobiernos.

• No se reconocen las diferencias entre las redes de hombres y mujeres, ni las relaciones de poder en la sociedad, que se reflejan en las redes sociales. Las mujeres raramente pertenecen a redes que aportan ventajas económicas (negocios, favores políticos, conexiones con los poderes económicos). Las redes de mujeres generalmente controlan pocos recursos y dependen más de intercambios y tiempos no mercantiles, que se acomodan a la división sexual del trabajo. Dentro del capital social se pueden reforzar las inequidades de género, favoreciendo a redes y organizaciones de hombres.

• El sesgo conservador del enfoque del capital social, que no enfatiza ni prioriza la equidad, genera proyectos que acentúan las desigualdades sociales y de género; idealiza a las comunidades que adquieren autoridad moral, sin reconocer las estructuras de poder y los conflictos existentes. El sesgo conservador entra en contradicción con las luchas de las organizaciones de mujeres por la ciudadanía, los derechos y el empoderamiento, al enfatizar el lugar de la familia patriarcal en el capital social.

 

Los trabajos, los tiempos y los proyectos de las mujeres

En general los proyectos y procesos de desarrollo económico local (DEL) remiten a las potencialidades endógenas de los territorios, la construcción de entornos territoriales innovadores, el fortalecimiento de la base productiva y el incremento de la producción, la competitividad de las empresas, la generación de empleos e ingresos, los elementos subjetivos e intangibles, las tradiciones de empresas familiares, y el bienestar económico y social de la población. El funcionamiento de las economías locales se explica por la relación que se establece en los diferentes territorios entre empresas, cultura, instituciones y sociedad local. Las estructuras familiares, la cultura y los valores locales influyen en los procesos de desarrollo local y son una condición necesaria. Históricamente la familia ha contribuido de forma singular al surgimiento y crecimiento de las empresas, al funcionamiento de la sociedad y la economía local, al canalizar recursos humanos, empresariales y financieros a los proyectos productivos (Aghón et al., 2001; Alburquerque, 2004).

En América Latina las iniciativas de DEL han surgido como reacción a situaciones de crisis económica en los territorios y la falta de políticas apropiadas y oportunas del Estado central para resolverlas. Cada integrante de las familias participa de distinta manera en las iniciativas y el funcionamiento de las economías locales. Sin embargo, las mujeres no aparecen como actoras y agentes de desarrollo, o por su derecho a acceder a las oportunidades de DEL, sino como una especie de evaluación de eficiencia y de costo-beneficio sobre las capacidades de las mujeres. El enfoque instrumental de eficiencia sigue vigente en los programas gubernamentales, de las empresas privadas y las agencias bi o multilaterales de financiamiento.

Cabe entonces preguntarse ¿en qué calidad se incorporan las mujeres a los proyectos y procesos de DEL? Se presentan enseguida siete posibilidades:

• Como mano de obra barata y flexible.

• Por ser un sector vulnerable.

• Por garantizar eficiencia y rendimiento.

• Por ser un sostén de la producción tradicional.

• Como mano de obra de reserva cuando los hombres emigran.

• Como actoras y agentes del desarrollo local.

• Como líderes con capacidad de iniciativa y tomadoras de decisiones.

En las Iniciativas de Desarrollo Local (IDL), los factores intangibles son decisivos y se refieren a:

• Existencia de liderazgo local con capacidad de convocar y movilizar a las y los actores en torno a las IDL, y la elaboración de una imagen activa y dinámica del propio territorio.

• Diagnóstico minucioso de las fortalezas y debilidades, así como de las oportunidades y amenazas del territorio en cuestión, que permitan la definición de orientaciones estratégicas claras, junto con el diseño de objetivos y políticas.

• Una estrategia de desarrollo elaborada sobre la base de la cooperación de los actores locales, públicos y privados, en un proceso capaz de generar confianza mutua y consensos básicos en relación al desarrollo económico local y el empleo.

• Alta sensibilidad sobre la importancia de los factores culturales y la necesidad de alentar las aptitudes creativas e innovadoras en la cultura local.

• Una concepción amplia del desarrollo que contemple de forma integral los aspectos sociales y ambientales como parte del mismo proceso de desarrollo de la economía local. (Alburquerque, 2005).

De los factores intangibles, uno de los ejes centrales de la equidad en el debate sobre el desarrollo es la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para participar del bienestar y el progreso. El DEL con equidad de género supone modificar la relación desigual entre los ámbitos privado del trabajo doméstico y el público/productivo, y la relación subordinada donde el primero subsidia al segundo. El enfoque GED enfatiza este aspecto originado en la división sexual del trabajo y las relaciones de poder entre los géneros, que asignan a las mujeres el lugar inferior en el ámbito privado y a los hombres el superior en el público. La CEPAL (2003) señala que ''La desigualdad de género surge de las construcciones socioculturales e históricas que transforman las diferencias sexuales en discriminaciones; éstas se expresan en la división sexual del trabajo y en un acceso diferencial y jerarquizado a recursos materiales y simbólicos, así como al poder en sus distintas expresiones''.

Las mujeres se encargan de la economía del cuidado, que depende del trabajo doméstico no remunerado, imprescindible para la supervivencia de los hogares. Se ha calculado que 45% de las cónyuges en América Latina tenían como principal actividad los quehaceres del hogar (CEPAL, 2003). A pesar de los cambios en las estructuras familiares, los cambios demográficos y la evolución de las trayectorias laborales de hombres y mujeres, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y quehaceres domésticos es mínima. Los hombres tienen mayores posibilidades de contar con el trabajo no remunerado de una mujer adulta, que se encargue de las tareas domésticas cotidianas y el cuidado de la prole.

Se incluye en el DEL el concepto de carga global de trabajo -que integra trabajo remunerado y no- y su medición proporciona un instrumento de búsqueda de información y conocimientos para diseñar y apoyar la implementación de políticas y acciones que tengan por objetivo promover la justicia de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Aguirre, et al. , 2005; Araya, 2003). Ningún proyecto de desarrollo local puede ignorar las modalidades de trabajo no remunerado de las mujeres, que son:

• El de subsistencia: debido al aumento de la pobreza, sobre todo en las zonas urbanas, lo realizan las mujeres, dentro y fuera del hogar, como forma de paliar las carencias y mantener cierto nivel de bienestar de sus familias, se les denomina estrategias de supervivencia, en las que las mujeres han puesto toda su inventiva y esfuerzo, sin mayor reconocimiento ni valoración social ni económica.

• El doméstico: en los países latinoamericanos se hace una primera distinción dentro de éste: el no remunerado cumplido por las/los integrantes del hogar; y el remunerado, que ocupa una parte importante del empleo femenino. Sus tareas pueden variar según la sociedad de que se trate, de factores culturales y la situación socioeconómica de quienes lo realizan. Incluye las típicas tareas de hacer las compras de bienes y servicios para el hogar, cocinar, limpiar la casa, lavar, planchar la ropa, cuidar el huerto familiar y animales de corral, acarrear agua, acarrear leña en las zonas rurales; así como administrar los recursos y la distribución de tareas. Incluye gestiones fuera del hogar, como pagar cuentas, realizar trámites, desplazamientos y tiempos para llevar a las/los niños a la escuela, al doctor, al hospital, a los lugares de recreación y deporte. Asimismo, hay que considerar la carga mental que conlleva la gestión y armonización de estas actividades.

• Los cuidados familiares: son las tareas y relaciones que consisten en cuidar las necesidades fisiológicas, sociales, afectivas y médicas de niños y niñas, de personas enfermas o dependientes. Aun siendo un trabajo material implica aspectos afectivos y emocionales. Esta actividad puede ser realizada por la familia o delegarse a otras personas. Es importante considerar el trabajo doméstico y la ayuda a otros, familiares o no, que residen fuera de la unidad de convivencia, pero que integran redes de intercambio y solidaridad dentro de la familia, y entre ésta y gente del barrio o la comunidad.

• El voluntario o al servicio de la comunidad: recibe distintas denominaciones, como trabajo altruista, voluntario o gratuito. Supone aportaciones de tiempo que comprenden -como el doméstico- una amplia gama de actividades del llamado tercer sector o sector filantrópico. El trabajo voluntario es el que se presta a los no familiares, a través de una organización laica o religiosa. En los sectores más pobres de una población, frente a las necesidades apremiantes de subsistencia y la carencia de bienes y servicios básicos, es una estrategia de supervivencia y de trabajo de ayuda mutua, donde las mujeres tienen una presencia mayoritaria: organizaciones y redes para brindar alimentos, como los comedores populares, las compras en común, la asociación vecinal para introducir servicios como el agua potable.

La distribución desigual del tiempo y del acceso, uso y control de los recursos productivos (trabajo, tierra, capital, información, crédito, nuevas tecnologías, recursos naturales, vivienda), contribuyen a las limitaciones que tienen las mujeres para generar ingresos -en especial para iniciar emprendimientos productivos- y obtener beneficios acordes con los aportes que realizan. La falta de autonomía económica, expresada en la dificultad o imposibilidad de generar ingresos propios, las coloca en una situación más vulnerable e incrementa la probabilidad de que amplios grupos de mujeres caigan en la pobreza, si se modifican sus circunstancias familiares y conyugales (abandono, muerte, desempleo, migración, alcoholismo). La pobreza relativa de las mujeres está configurada principalmente por tres factores: 1) tienen menos posibilidades de transformar el trabajo en ingresos; 2) cuando reciben ingresos, tienen más limitaciones para transformarlos en capacidad de toma de decisiones; 3) cuando toman decisiones, éstas no son para aumentar su propio bienestar sino para mejorar el de otras personas (CEPAL, 2003; Arraigada, 2005).

Una orientación metodológica de la perspectiva de género la proporcionan las preguntas guía (Cuadro 2). Ellas toman en cuenta aspectos que inciden en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo local, que pueden asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las iniciativas de proyectos económicos de las mujeres se insertan en contextos de pobreza con el imperativo de obtener ingresos para satisfacer necesidades básicas de la familia y la comunidad. Las iniciativas se concentran en las microempresas y el sector informal de baja productividad. Según datos de la CEPAL, en 2001, 62.3% de la gente ocupada en sectores de baja productividad en América Latina eran mujeres, y 37.5% hombres.

Diversos estudios sobre los microemprendimientos de las mujeres comprobaron que muchos fracasaron por sus magros resultados en términos de generación de ingresos y su incapacidad para liderar cambios significativos en la posición social de las mujeres. Los ingresos fueron insuficientes para desafiar las relaciones de poder o la división social del trabajo en el hogar y en el mercado, perpetuando así la concentración de las mujeres en un estrecho rango de actividades feminizadas y mal pagadas que no favorecen el empoderamiento (Espino, 2005). En términos de políticas contra la pobreza, el éxito de los programas para microempresarias está constreñido por las carencias en cuanto a condiciones de bienestar referidas al cuidado y atención de los niños, al trabajo doméstico, o a la calidad de la vivienda, entre otros aspectos.

El apoyo a los microemprendimientos desde una perspectiva de género se justifica por la enorme presencia de las mujeres en el sector de las empresas, como el comercio minorista, servicios personales, manufacturas de alimentos y artesanías, y crianza animales. Las actividades de promoción de micro y pequeños emprendimientos suponen diagnóstico, capacitación, financiamiento e inserción en nuevos mercados, o mercados locales reactivados, así como acciones afirmativas que faciliten la dedicación a los emprendimientos, de manera que puedan contribuir a la realización personal, la autonomía económica, la autoestima y el empoderamiento de las mujeres, articuladas como protagonistas estratégicas del desarrollo económico local.

A pesar de los obstáculos estructurales, y de las restricciones sociales y culturales que enfrentan los proyectos productivos de las mujeres, destaca la importancia que tienen para amortiguar algunos efectos de la pobreza rural y urbana, y para la apertura de espacios de participación y gestión antes cerrados, ya sea por falta de oportunidades o por mandatos culturales prohibitivos. Los espacios locales no son lugares necesariamente hospitalarios y favorables a la equidad de género, a los derechos de las mujeres ni a la igualdad de oportunidades; la cercanía y familiaridad de lo local no garantiza nada para que las mujeres puedan convertirse en sujetas del desarrollo, ciudadanas en ejercicio real de sus derechos, ni en emprendedoras apoyadas y reconocidas.

Los emprendimientos productivos de las mujeres, con todas sus limitaciones y debilidades, tienen una fortaleza fundamental para el desarrollo económico local: son empresas del territorio, que se deben y vinculan a sus habitantes; a diferencia de las empresas desvinculadas de los proyectos y aspiraciones de desarrollo de la población local.

 

Conclusiones

En los países latinoamericanos el desarrollo local representa un logro excepcional y un enorme desafío, generalmente en contextos desfavorables y adversos. Sin embargo, es en los espacios locales donde se realiza la vida cotidiana de la gente, se activa la participación social y ciudadana, donde los papeles y trabajos de las mujeres resultan cruciales para la sobrevivencia y el mejoramiento de las condiciones de vida, y donde el cambio de las relaciones jerárquicas de poder entre los géneros potenciaría directamente las fuerzas sociales del desarrollo local integral. La dimensión de género es constitutiva del desarrollo local en cualquiera de sus procesos y peculiaridades; implica reconocer y entender que la división sexual del trabajo -que recarga sobre las mujeres los quehaceres domésticos y el cuidado de hijos/as-, y las relaciones jerárquicas de poder entre los géneros, asignan a las mujeres un lugar inferior en el ámbito privado y a los hombres un lugar superior en el público.

No se tiene que plantear un dilema excluyente y traumático entre los intereses prácticos y estratégicos de género. Ambos forman parte de la integralidad de las mujeres y del enfoque integral del desarrollo local. Dependerá de cómo se defina y formule el proyecto, de que los intereses prácticos y estratégicos se articulen y realicen, de acuerdo a estrategias y acciones adecuadas a los diversos contextos y procesos.

Las mujeres empoderadas, a través de las experiencias del desarrollo local, no tienen resueltos sus problemas de género que las afectan seriamente, incluso hasta optar por la regresión a situaciones anteriores de subordinación y exclusión. La nueva identidad y posición que logran como actoras y protagonistas del desarrollo local -si no se construyen en un ambiente sociocultural favorable a los cambios en las estructuras y relaciones de poder entre los géneros- representan transgresiones y riesgos que pagan altos costos, como la violencia de género y la descalificación de la sociedad.

La participación es un componente fundamental para la creación de una ciudadanía activa, informada e influyente; es indispensable para sostener procesos de desarrollo local que exigen compromisos y acuerdos sólidos. La pregunta clave es: ¿qué condiciones y decisiones se necesitan para facilitar, fomentar y apoyar la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres? Si la convocatoria a la participación de las mujeres no es demagógica e instrumental, se deben tomar en cuenta las funciones y responsabilidades de reproducción a cargo de las mujeres: gestación, parto, cuidado de menores, cuidado de la salud familiar; la reproducción económica y material que comprende el trabajo doméstico propiamente dicho, incluidos la alimentación, el mantenimiento y cuidado de la casa; la reproducción del modelo cultural y de las relaciones sociales existentes, a través de la socialización. Estas labores de reproducción constituyen limitaciones y dificultades para acceder al trabajo remunerado, así como a la participación social y política de las mujeres en los procesos de desarrollo local.

 

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