I. Introducción

En 2017 se realizó la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS),¹ donde se muestra la discriminación y desigualdad que enfrenta la población indígena en México. Entre los principales resultados se encuentra que cuatro de cada 10 personas opinan que los grupos indígenas son considerados poco trabajadores. Con respecto a las personas de la comunidad LGBT+ se han realizado varios “estudios y análisis económicos previos que han comprobado la existencia de segregación y discriminación laboral por sexo (hombre-mujer); sin embargo, estos trabajos no enfocan su análisis en el caso específico de la población LGBT+ o diversidad de género”.²

En relación con la discriminación de personas LGBT+, la primera encuesta de 2014 sobre homofobia laboral en México mostró cifras alarmantes donde “el 35% de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero han sido víctimas de algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo”.³ Otra encuesta señaló que por la orientación sexual o la identidad de género, al 14% de los participantes les negaron un empleo, 10% fueron despedidos, 35% fueron discriminados por su superior o sus compañeros de trabajo y al 20% les preguntaron sobre su orientación sexual o identidad de género para obtener un empleo.⁴

Ahora bien, el concepto de indígena, según Stavenhagen, se refiere a “los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado o colonizado”.⁵ Asimismo, cuando nos referimos a las personas LGBTTTIQA (en adelante LGBT+) son las identidades no heterosexuales y disidentes del régimen de género binario, es decir, lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queer y asexuales.

Se debe agregar que, en la mayoría de los pueblos originarios, como es el caso de Cuetzalan del Progreso, Puebla, algunas personas mestizas⁶ discriminan a las personas indígenas por su lengua, color de piel, vestimenta, condición económica o social, lo cual confirma que la discriminación consta de varias dimensiones, porque los grupos que son discriminados por su origen étnico, pueden ser objeto de otros actos de discriminación dado que no tienen acceso pleno a los servicios de educación, salud, ni a ciertos espacios laborales, entre otros. Por otra parte, las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual son un grupo social expuesto a diversas violencias por transgredir el orden sexual hegemónico, orden que legitima discursos y prácticas regidos por la heterosexualidad como norma, la llamada heteronormatividad.⁷ Generalmente, la sociedad discrimina a las personas LGBT+ por las imposiciones del sistema heteronormativo.

Entonces, las personas indígenas LGBT+ enfrentan una doble discriminación por su doble identidad, tanto en el ámbito privado como en el público. En este caso, sólo se hace referencia a la discriminación en el ámbito laboral, la cual genera desigualdad de oportunidades y, por lo tanto, violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto que se han elaborado estudios sobre discriminación, pocos se han enfocado en lo que ocurre en el ámbito laboral de personas indígenas LGBT+. Por ello, este artículo es original y relevante para el estudio del derecho social y los derechos humanos desde un enfoque intercultural. De manera que el objetivo del presente artículo es comprender la discriminación y la desigualdad de oportunidades hacia las personas indígenas LGBT+ en el ámbito laboral en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, para identificar posibles violaciones a los derechos humanos.

II. Doble discriminación: indígena LGBT+

En algunos pueblos indígenas, hablar sobre sexualidad y construcciones de género es un tabú, son temas que no se mencionan en la familia, ni fuera de ella. Suele ser complejo, pues si bien parten desde su cosmovisión, también intervienen prácticas y actividades bajo la lógica de la heterosexualidad como única forma de relación sexoafectiva aceptada. “La visión que se ha forjado en determinados contextos culturales sobre el deber ser en relación con el cuerpo de una persona influye en la sociedad al promover discursos que establecen principios normativos que marcan lo «normal» o «anormal» dentro de cada grupo social”.⁸

Según Rivera, “la práctica de la homosexualidad generalmente es considerada como una distorsión de lo que debe ser natural, pues una familia es la que está constituida por un hombre y una mujer”.⁹ Cuando una persona se identifica como indígena LGBT+, la construcción de la identidad “se ve permeada por elementos que dificultan el desarrollo integral de manera libre y armónica”,¹⁰ lo que podría traducirse en acciones de maltrato, discriminación o violencia “para corregirlos” o “volverlos machitos” en el caso de los varones, e incluso se les expulsa de la comunidad, pues ante los señalamientos sociales, la familia es cómplice de la deshonra por la inadecuada educación del hijo o la hija.¹¹

A quienes viven libremente ambas identidades se les discrimina en varios espacios, como el familiar, escolar y laboral.

Los procesos de discriminación contra la población LGBT+ ocasionan que las relaciones sociales de dicha comunidad se establezcan dentro de parámetros de desigualdad, incluso en los mercados laborales, afectando la calidad de vida de los mismos, lo cual desemboca en el no reconocimiento como sujetos laborales.¹²

De acuerdo con Balbuena,¹³ en Latinoamérica y particularmente en México se considera “a los homosexuales como sujetos no bien recibidos en los ámbitos públicos”. Las políticas homofóbicas continúan manifestándose en nuestro país no sólo a través de las prácticas y los ritos, sino también en esas luchas por la supuesta defensa de un modelo de familia heteroparental. No obstante, dentro de los espacios laborales las personas homosexuales se enfrentan a prácticas discriminatorias y son señaladas como maricas, putos, desviados, jotos, machorras, marimachas, tortilleras, entre otras. Al respecto Balbuena considera que “estos prejuicios constituyen parte de una narrativa histórico-cultural que asigna posiciones de descrédito a los homosexuales, deshumanizándolos o subrayando una condición de pecadores y de perversos que no tiene más sustento que los repetitivos argumentos que esgrime la religión”.¹⁴

Derivado de ello, en las diferentes culturas que se rigen por sus normas internas, adoptan una específica en relación con la sexualidad y la identidad de género, donde lo aceptable es ser hombre o mujer, pero quienes salen de esta “normalidad” suelen vivir exclusión y violencia, tanto en su familia como en el espacio público, con la única finalidad de que la heterosexualidad conserve su posición en la jerarquía social.

Bajo esta lógica, la homosexualidad es vista como una violación al sistema impuesto por la norma sexista y evaluada como incompleta, perversa, patológica, criminal e inmoral. Esto provoca “odio, desprecio y rechazo pues, bajo los planteamientos esencialistas, contraviene aquello que se considera como natural, es decir, la existencia de hombres masculinos y mujeres femeninas destinados a establecer parejas heterosexuales con intenciones de reproducción”.¹⁵ En la historia de México, afirma Monsiváis,¹⁶ a los homosexuales se les ha quemado vivos, han sido objeto de linchamientos morales sistemáticos, expulsados de sus familias y de sus empleos, encarcelados, desterrados de sus lugares de origen, exhibidos sin compasión alguna, excomulgados, asesinados con saña por el solo “delito” de su orientación sexual.

Asimismo, para las personas indígenas homosexuales la lucha constante a la que se enfrentan día con día se convierte en una doble desventaja, por ser indígena y por ser LGBT+. Como bien lo señalan Rodríguez y De Keijser,¹⁷ “en México, comunidades rurales, indígenas y grupos marginados, sobre todo, basan su pensamiento y concepción en una arraigada lucha de lo moderno y lo tradicional, en las cuales el hombre y la mujer tienen definidos sus papeles y sus roles”, que al no cumplirlos se transgreden las normas establecidas. No obstante, cada comunidad indígena construye de manera diferente su cosmovisión ante la diversidad de género, porque atraviesa a individuos, aspectos culturales, materiales y geográficos, así como normas internas que guían a la implementación de determinados roles que se asumen a partir de las creencias aceptadas entre ser hombre o mujer.

Como bien menciona Castañeda, “los homosexuales gozan hoy de una aceptación frágil y superficial, sólo aparente, los grandes problemas de fondo, la discriminación real y la homofobia real, permanecen intactos”. Pese a que en la actualidad existen convenios, políticas y legislación contra la discriminación, “los cambios al respecto no han sido los esperados, pues se trata de percepciones con un arraigo social importante que van más allá del establecimiento de normatividades”.¹⁸

III. Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas indígenas LGBT+

Existen normas jurídicas que regulan el derecho a la igualdad y no discriminación, tanto a nivel internacional, nacional y estatal, que representan la dignidad integral del ser humano y que se requieren para la inclusión de personas indígenas LGBT+ y otros grupos vulnerables. Este derecho es inherente a todo ser humano, sin importar el origen étnico, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la condición social o económica, la lengua, las preferencias sexuales, la identidad, entre otras condiciones.

México tiene una “composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”,¹⁹ pero esta riqueza cultural no tiene una protección jurídica real, toda vez que históricamente y hasta la actualidad se discrimina y se trata de manera desigual a la población indígena. Según Foucault “una actividad legislativa permanente y ruidosa no debe engañarnos: son las formas que tornan aceptable un poder esencialmente normalizador”.²⁰

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el país “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”.²¹ Opuesto a lo que señala el artículo 4o. constitucional, al garantizar exclusivamente la igualdad ante la ley para mujeres y hombres, como si se buscara mantener el orden heterosexual y dejar fuera a quienes no se identifican dentro de esta norma. En cambio, el artículo 2o. garantiza la igualdad de oportunidades y promueve la eliminación de prácticas discriminatorias hacia la población indígena.²²

Ahora bien, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la igualdad real de oportunidades como “el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos”,²³ y a la discriminación como

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la lengua, las preferencias sexuales, la identidad, o cualquier otro motivo.²⁴

Entonces, se podría decir que tanto la discriminación como la desigualdad implican distinciones y diferencias entre personas y grupos sociales, por cuestiones sociales y de acceso a ciertos estilos de vida, o por fenómenos sociales que establecen jerarquías sociales. Para ello se crean las acciones afirmativas que son “medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades”,²⁵ para “favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas… en espacios… laborales”,²⁶ a personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Nuevamente la legislación nacional no incluye a las personas LGBT+, quienes también son vulnerables. Por otra parte, el Código Penal Federal²⁷ tipifica a la discriminación como un delito contra la dignidad de las personas, en caso de que se nieguen o restrinjan, entre otros, derechos laborales en razón de género.

Cabe mencionar que la reforma constitucional de 2011 fue un avance en la legislación mexicana, al señalar las obligaciones del Estado para una adecuada tutela y garantía de los derechos humanos; de igual manera, para investigar, prevenir violaciones y sancionar con el fin de que no exista impunidad en la aplicación de los mismos. Por ello, la no discriminación es un derecho fundamental regulado en la Constitución y la discriminación es un delito que debe ser denunciado, con la finalidad de hacerla visible y de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos humanos de las víctimas en espacios laborales.

IV. Derechos laborales de las personas indígenas LGBT+

En 1961 México ratifica el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo u ocupación, definiéndola como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.²⁸ Asimismo, aclara que empleo y ocupación son términos que “incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo”.²⁹ En 1965 se aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que en materia laboral señala que los Estados parte se comprometen a garantizar el goce del “derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria”.³⁰

Con respecto al Convenio 169³¹ sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, señala que “los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en los relativo a: a) acceso al empleo […] remuneración igual por trabajo de igual valor”. En este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas³² considera que “las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo y salario”.

A nivel nacional, la Ley Federal del Trabajo³³ señala que el trabajo digno o decente es el que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, preferencias sexuales, entre otras. Asimismo, consideran que el “trabajo es un derecho y un deber social” y, por lo tanto, se deben respetar las libertades y dignidad de quienes lo prestan, eliminar condiciones que impliquen discriminación y reconocer las diferencias entre hombres y mujeres para obtener la igualdad ante la ley. De nuevo el sistema jurídico nacional impone la heteronormatividad.

En el estado de Puebla, el marco jurídico³⁴ establece la igualdad y no discriminación por etnia, género y preferencias sexuales, y coloca a los derechos humanos en un primer plano; también se han realizado acciones en favor de la igualdad y no discriminación, como las reformas al Código Civil relativas a los derechos de la comunidad LGBT+, el matrimonio igualitario y la llamada Ley Agnes, que reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida de las personas. En derechos indígenas, la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla es un referente para combatir la discriminación de la población indígena. No obstante, en términos laborales no han implementado acciones a favor de los pueblos originarios y de las personas LGBT+, aunque la Ley Federal del Trabajo mencione que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y violencia.³⁵

En el ámbito laboral, la desigualdad impide que las personas tengan las mismas oportunidades e impide el ejercicio pleno de los derechos de las personas indígenas LGBT+, en comparación con las personas “de razón” y heterosexuales.

Cuando en el trabajo descubrieron su orientación sexual, se establecieron una serie de dispositivos de discriminación que llevaron a muchos de ellos a retirarse o a renunciar. Las burlas frecuentes entre compañeros, los chistes intencionados, los señalamientos constantes y, en ocasiones, las acciones de presión de los jefes, como eso de obligarlos a trabajar horas adicionales, otorgar responsabilidades no contempladas en la contratación, acoso sexual (sobre todo a las mujeres), entre otras, son actitudes y prácticas vividas en el campo laboral por las personas sexo/género diversas.³⁶

Finalmente, Prieto y Pérez indican que “el concepto de desigualdad… alude a la distancia que separa a unos y otros en los diversos aspectos que caracterizan al mercado de trabajo”.³⁷ Cuando se refieren a la distancia se alude a la distinción de catalogar a una persona por su condición física, religiosa, sexual y de género, entre otras. Pero la desigualdad laboral no sólo implica catalogar la condición de una persona, sino también otros factores del mercado laboral, como el salario y el desarrollo profesional, porque en algunas ocasiones desacreditan las habilidades y aptitudes que tienen las personas indígenas LGBT+.

Si bien, a pesar de lo establecido en la legislación internacional, nacional y estatal, las cuales tienen un sentir humanista de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, falta mucho por hacer respecto al reconocimiento de los derechos de las personas indígenas LBGT+, así como de la investigación y sanción de las violaciones de aquéllos.

V. Metodología

La investigación fue de corte cualitativo, mediante entrevistas semiestructuradas con la finalidad de comprender la discriminación y la desigualdad de oportunidades hacia las personas indígenas LGBT+ en el ámbito laboral, para identificar posibles violaciones a los derechos humanos. Se empleó el enfoque sociojurídico para estudiar la realidad social y a su vez al derecho que intenta transformarla. Mediante el método etnográfico se estudió el comportamiento y las prácticas culturales, y a través del método hermenéutico se comprendieron los significados y se interpretó la realidad. Se utilizó la técnica bola de nieve, porque quienes participaron referían a otras personas que podían participar en la investigación.

Las entrevistas se realizaron en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla. Cuetzalan deriva de quetzalli, que significa junto a las aves preciosas llamadas quetzal.³⁸ El pueblo se fundó en el año 200 a. C., por los totonacos, quienes fueron sometidos por los mexicas. Durante la conquista, el poblado fue dominado en 1552. Por su importancia social y económica lo denominaron San Francisco Quetzalan. Su población se compone principalmente de nahuas o masehuales. Se cataloga como pueblo mágico, por los atractivos naturales que lo rodean, su singular arquitectura, el tianguis dominical y las manifestaciones culturales, una de ellas, es la danza de “Los voladores” asociada a la fertilidad, Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2009.³⁹

Se constituyó como municipio en 1895 y según el último censo de población cuenta con 49,864 habitantes, de los cuales 51.6% son mujeres y 49.4% hombres.⁴⁰ El 92.5% se autoadscriben como indígenas, entre los cuales el 60.3% se ocupa en trabajos asalariados en comparación con 39.2% que se emplea en trabajos no asalariados.⁴¹

Se realizaron seis entrevistas a hombres y mujeres que se identificaron como indígenas, pero también como gais o lesbianas, con un rango de edad de 27 a 31 años. Los nombres de los colaboradores se modificaron para proteger la identidad.

VI. Resultados

Autodefinirse en muchas ocasiones suele ser difícil, pero ayuda a saber quiénes somos en realidad o qué podemos mejorar de nosotros mismos. Para los nahuas o masehuales de Cuetzalan autodefinirse desde su propia cosmovisión es meramente expresarse desde el yolot, es decir, desde su corazón. Las seis personas entrevistadas se identifican como indígenas, principalmente, por ser hablantes del náhuatl, que las enorgullece, caracteriza y vincula con su cultura. También se identifican como gays o lesbianas, pero reconocen que el proceso de aceptación no fue fácil. Primero, por la negación y el miedo, posteriormente, por las consecuencias sociales de mostrarse tal cual son. Con valor se enfrentaron a su familia, pero en el camino fueron objeto de burlas y rechazo, en muchas ocasiones en la escuela, en la calle y/o en el trabajo.

VII. Conclusiones

Este artículo da cuenta de la discriminación y desigualdad laboral que enfrentan las personas indígenas LGBT+ en Cuetzalan, pero se puede inferir que ocurre en otros contextos similares. Asimismo, las investigaciones sociojurídicas en el ámbito laboral de las personas que se identifican como indígenas y LGBT+, son escasas y, por ello, este estudio se considera original y relevante en el ámbito del derecho social y de los derechos humanos. Cabe hacer mención que este trato diferenciado y desigual hacia esta población se podría estudiar desde otros ámbitos, como el educativo, político, del acceso a la justicia, entre otros.

Definitivamente, la doble identidad provoca una doble condena, es decir, se enfrentan a discriminaciones múltiples; en este caso, la discriminación provoca que se amplíe la brecha de la desigualdad en el ámbito laboral. El señalamiento de la doble discriminación por ser indígena y LGBT+ no pretende victimizar a las personas que así se identifican, sino todo lo contrario, se busca enfatizar que en su reconocimiento se encuentra orgullo y elementos que guían su vida. No obstante, es necesario señalar la desigualdad de oportunidades que están enfrentando las personas indígenas LGBT+, que las coloca en desventaja.

En relación con el objetivo de este artículo, se muestra que a las personas indígenas en Cuetzalan se les discrimina por su forma de hablar, de vestir y su color piel, pero también porque tienen menos acceso a la educación escolarizada, a recursos para conocer y defender sus derechos, y a otros servicios básicos; por ser LGBT+ se les discrimina por su orientación sexual y su expresión de género. Ahora bien, al combinarse estas discriminaciones, el mercado laboral expulsa a las personas o las coloca ante una serie de desigualdades, como un menor salario por igual trabajo, jornada laboral mayor a ocho horas diarias, obstáculos para crecer en el empleo y horas extras no pagadas. Por lo tanto, se identifica una clara violación al derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral.

Durante las entrevistas se observó el temor a las represalias y a perder el empleo en caso de presentar una queja o denuncia, así como la falta de conocimiento sobre sus derechos. Entonces, la mayoría de los casos de discriminación no se denuncian ni se persiguen como delito, y difícilmente se presentan quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya sea por miedo o por desconocimiento.

La identificación de la violación al derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral forma parte de los principales hallazgos de la investigación, no obstante, lo que ocurre en este contexto social se vive de modo similar en otros. Las voces de las personas entrevistadas dan cuenta de que tanto en sus comunidades de origen como en la cabecera municipal persiste una heteronormatividad en las formas de concebir la sociedad, misma que se manifiesta en expresiones normalizadas de homofobia hacia la población LGBT+, las cuales en ocasiones derivan en otras formas de violencias.

Por otro lado, la homofobia no es la única forma de rechazo que vive este sector de la población, se suman las manifestaciones del racismo por ser indígenas, las exclusiones y desigualdades que se derivan de las condiciones de su formación escolar o académica, así como aquellas que se relacionan con su condición social. Las experiencias narradas por las personas entrevistadas muestran que los hombres LGBT+ tienen mayor visibilidad que las mujeres, sin embargo, aunque en ambos casos enfrentan las expresiones del machismo, ellos forman parte también de los mecanismos en los cuales las masculinidades hegemónicas los hacen parte de éstas, de modo casi siempre violento. Por todo ello es necesario señalar la vulnerabilidad cotidiana que caracteriza a la población indígena LGBT+, aun cuando en mayor o menor medida disponen de estrategias de respuesta a las violencias interseccionales a las que se enfrentan.