1.REDES Peer to Peer (P2P).

Las redes Peer to Peer (P2P)¹ son la base tecnológica de las economías colaborativas, ya que representan el modo de comunicación entre los usuarios. De forma tal que todos los nodos son clientes y servidores, y son funcionalmente iguales.²

Es decir, el esquema vertical (productor-consumidor) se cambia por un esquema lateral, en donde el consumidor se vuelve productor (prosumidor) logrando comunicarse con otros de su mismo nivel. Contrario al paradigma usual en el que el cliente se comunica con el servidor o proveedor de un servicio y éste a su vez le responde.

Las redes P2P pueden clasificarse en dos tipos,³ esto es: a) puras: todos los participantes son iguales y cada persona juega el rol de cliente y servidor,⁴ o b)híbridas: puede haber un servidor centralizado que ayuda a coordinar los intercambios entre las personas.

Sin embargo, esta estructura de comunicación tecnológica igual-a-igual, no debe confundirse por su naturaleza informática como colaborativa en términos económicos, mucho menos jurídicos, ni sociales. Ya que la determinación de “colaborativa” la dictan en términos sustanciales (no retóricos) los valores y principios de la empresa que maneja la Red P2P y oferta el servicio o uso de bienes. En tanto que son los fines, objetivos, intereses económicos y sociales que persigue ese agente económico, los que permiten comprender la corriente ideológica elegida, y con ello determinar el contrapeso que ha de realizar el Estado de derecho social.

2.Clasificación de las economías colaborativas de acuerdo con la finalidad de la actividad

Para comprender la esencia de la economía colaborativa debe acudirse a las raíces lingüísticas, económicas, sociales e ideológicas de esta acepción; las cuales pareciesen hablar de lo mismo, pero en el análisis de su espíritu se encuentran divergencias significativas.

Para tal efecto es prudente comenzar por atender el concepto “economía colaborativa” desde la semántica. El concepto “economía”, del latín medieval economia, goza de varias acepciones según el Diccionario de la Real Academia, se tomará la de carácter general: “administración eficaz y razonable de los bienes.”⁵

El concepto “colaborar”, del latín collaborāre, en su carácter general lo define como “trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra”.⁶ Mientras que el concepto “cooperar”, del latín tardío cooperāri, es definido como “obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común”.⁷

Ambos términos se refieren al trabajo y acción para lograr una obra o fin común; entonces, se puede decir que a grosso modo, que la economía colaborativa en términos lingüísticos se refiere a la administración eficaz y razonable de los bienes que se ponen a trabajar conjuntamente entre personas para la realización de una obra cuya consecución tiene un fin común.

Aquellos que activan esta economía deben definir los valores ideológicos que habrán de seguir para la consecución de sus actividades, por lo tanto, se encontrarán en presencia dos corrientes ideológicas a elegir:

A.El capitalismo salvaje y las REDES Peer to Peer (P2P): “Economías corporativas online P2P”

La estructura de intercomunicación tecnológica P2P ha sido aprovechada por unos cuantos bajo la corriente ideológica de capitalismo salvaje para crear modelos de negocios con estructuras que lejos de democratizar la participación en los mismos, crear empleos o incentivar la economía, lucran con los activos fijos subutilizados de particulares, quienes arriesgan su capital, tiempo, habilidades y propiedades en proveer servicios de los cuales reciben un beneficio desproporcionalmente bajo al riesgo que realizan.

Tom Slee en su libro Lo que es tuyo es mío, Jhon Duda⁸ en la conferencia “Cooperativismo de plataforma”⁹ y Trebor Scholz en “Cooperativismo de plataforma”, coinciden con estos puntos de vista.

Así, empresas como Uber, Airbnb y Amazon, bajo la conceptualización capitalista de colaboración se autodenominan “economías colaborativas” so pretexto de una necesidad social frente a la taza desempleo más alta en la historia de la humanidad. Este tipo de “economías colaborativas” que de colaborativas sólo usan el nombre, utilizan la figura de “socio”¹⁰ o “contratista independiente”¹¹ para eludir la figura del “empleo” y no otorgar las prestaciones mínimas de trabajo digno estipuladas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

No obstante, los promotores de estas economías colaborativas, como Hon Matthew Hancock (Ministro de Negocios de Inglaterra¹²) y Debbie Wosskow (sector privado) ostentan argumentos de defensa basados en incentivar la economía en tiempos de desempleo, sostienen que todas las personas pueden rentar, alquilar u ofrecer servicios con sus bienes, propiedades o activos fijos y generar ganancias a partir de activos que permanecían infrautilizados.¹³

En esta corriente de ideas también se encuentran varios académicos.¹⁴ Lo que no dice Wosskow y muchos autores, es que mientras la empresa dueña de la plataforma P2P se enriquece a un nivel descomunal, el particular obtiene una ganancia pequeña y un alto costo de depreciación y desgaste de su propiedad.

Los defensores de estas economías, políticamente se jactan de generar empleos o modalidades flexibles de trabajo, lo cual es una clara falacia, ya que en sus contratos las cláusulas son contundentes respecto a resaltar que los firmantes no son empleados y maliciosamente los denominan contratistas independientes.

La confusión conceptual es tan grave que inclusive el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen elaborado en 2015 subraya que las economías colaborativas “generan ingresos más allá de las relaciones de empleo lineales tradicionales y hace posible que las personas trabajen con arreglo a modalidades flexibles”.¹⁵

Es decir, lo presenta como una oportunidad positiva en el sentido que las personas deben estar agradecidas por tener un empleo flexible, o por cuenta propia. Sin embargo, desarrollar una actividad flexible ¿significa no tener derecho a prestaciones sociales?

Para desmitificar ese supuesto, la sentencia de un juez de California reconoce que Barbara Ann, chofer de Uber, era empleada y no contratista independiente.¹⁶ Misma que ha servido de antecedente para que choferes de Uber de California interpusieran una demanda colectiva contra la empresa. El juicio aún se desarrolla y Uber ha apelado.¹⁷

Transpolando el supuesto a la legislación laboral mexicana, debe seguirse la línea de pensamiento en la que no es necesario que se establezca un contrato de trabajo para que exista la relación laboral, basta comprobar una relación de subordinación y forma de pago para comprobar dicha relación. De forma tal que, el caso de Uber tendría la misma consecuencia bajo ese supuesto lógico jurídico.

Estas empresas en realidad son estructuras clásicas de administración piramidal y corporativa que evaden obligaciones y responsabilidades legales en diversas materias: laboral, protección al consumidor, resolución de conflictos, protección de datos personales, fiscal, etcétera, por mencionar algunas.

Scholz las califica como “economías colaborativas corporativas”,¹⁸ aunque resulta más preciso llamarlas por la sustancia de su actividad y no por la falacia con la que se designa su actividad, v.g., economías corporativas online P2P.

A consecuencia de sus actividades, estas empresas corporativas online P2P pueden llegar a cotizar en la bolsa y obtener riqueza por especulación financiera, tal como ya lo hace Amazon o Airbnb (proyección) con pleno derecho. Lo incongruente e inmoral radica en que se autocalifiquen como “economías colaborativas” y no sean socialmente responsables con quienes trabajan y ponen en riesgo sus propios recursos, para el goce y disfrute de esa riqueza.

Scholz Trebor ha realizado entrevistas en Estados Unidos a “socios” de Uber, y repetidamente reportan que no es un buen negocio, ya que el desgaste y depreciación de la propiedad es muy alto, así como el tiempo de cuidar el negocio; según su dicho, para que sea un “buen negocio” se requieren por lo menos cuatro autos.¹⁹ Dichos reportes coinciden con entrevistas aisladas que he realizado con el motivo del presente trabajo en México. Lo cual indica que el modelo de negocio es igual de desproporcional y salvaje independientemente de la zona geográfica en que opere.

Así, el capitalismo salvaje se ha ayudado de las tecnologías de la información para crear modelos económicos que generan nichos de mercado de contacto masivo, logrando beneficios lucrativos excesivos a costa de activos fijos de individuos que deben asumir el desgaste, es decir, un capitalismo salvaje automatizado. En suma, las empresas corporativas online P2P son en realidad modelos tradicionales de empresas, no un modelo colaborativo de ayuda mutua, y requieren comprenderse así para la regulación de los mismos con la finalidad de desarrollar una fiscalización justa y promover la responsabilidad social con sus socios particulares.

B.“Economías colaborativas orientadas al bien común” vistas desde la economía social

En sentido estricto, la economía colaborativa no es nueva, sus antecedentes se pueden rastrear hasta el trueque. El concepto “sociedades cooperativas” del siglo XIX se puede considerar un antecedente de las economías colaborativas en la era tecnológica del siglo XXI, ya que ambas se basan en la idea de la colaboración.

La correlación y comparación entre sociedades cooperativas y economías colaborativas resulta pertinente dado que ambas se determinan por anteponer el bien común al capital, principio subyacente de la economía social.

Las cooperativas en un contexto económico se han utilizado como un recurso social en respuesta a una problemática que afecta a una comunidad específica en un sector determinado, y algunas veces como parte del Estado de derecho social.

Ejemplo de ello se denota en los registros históricos con la cooperativa de Rochdale²⁰ En estas, los trabajadores se unen para competir en la industria bajo un esquema de administración igualitaria, justa y equitativa de repartición de utilidades y dividendos.²¹

Por su parte, las economías colaborativas orientadas al bien común surgen también a partir de una necesidad social que afecta a una comunidad, siendo los desarrolladores tecnológicos los que captan esa necesidad y le dotan impacto masivo a través de la programación de redes y la Internet (soporte tecnológico con Redes P2P). Es decir, ayudan a conectar a la comunidad para que ella misma satisfaga una necesidad determinada. De tal forma, por esta actividad el desarrollador tecnológico puede tener un pago justo, lucro justo o no tener fines de lucro. Algunos ejemplos son:

Otro ejemplo que actualmente es novedoso se da con la adquisición de impresoras 3D individuales, ya que bajo la ideología del Código abierto, al comprar la impresora 3D libre y adquirir un diseño de tenis de código abierto, el usuario no tendría más la necesidad de comprar tenis de marca, porque podría imprimir esos tenis e incluso cambiarle el color. La práctica anterior rompería el sistema económico de consumo en bienes tangibles como lo conocemos.

Ahora bien, anteponer el trabajo o bien común por encima del capital es el común denominador de la economía colaborativa y las sociedades cooperativas, aunque puede ser que la administración interna sea diferente. Pero se denota indiscutiblemente que la cooperación es “hija de la necesidad”²⁸ tanto en el siglo XIX como en el XXI. Por lo que, ambas, el cooperativismo y las economías colaborativas deben concebirse como parte de la economía social. ²⁹

En sus inicios, la economía social se comprendía en dos formas distintas: la primera, consistía en la filantrópica basada en el tutelaje del patrón sobre sus trabajadores, y la segunda, estaba vinculada al mutualismo y el cooperativismo. ³⁰ En la actualidad, la segunda visión parece ser la adaptable a las economías colaborativas.

Por lo anterior, la base conceptual y regulatoria de las economías colaborativas debe establecerse a partir de la economía social y el marco de principios y valores que ya proporcionan las economías cooperativas, sostenidos en tres grandes rubros: “trabajo antes que capital, incentivar al bien común y administración justa”.³¹

Ahondando en ello, de acuerdo con las conclusiones del Congreso del Centenario de la ACI de Manchester de 1995, se distinguieron tres valores esenciales: “igualdad y equidad, autoayuda voluntaria y mutua, progreso económico y social”.³² Mientras que las normas morales básicas que forman parte de la cultura cooperativa y espíritu colaborativo son: “la honradez, la preocupación, el pluralismo (enfoque democrático) y la capacidad de construir”.³³ De forma tal, que estos valores y normas morales han visto su reflejo en los Principios de las cooperativas, mismas que se pueden adaptar a las economías colaborativas, es decir: 1) asociación voluntaria y abierta, 2) administración democrática por los asociados, 3) justa distribución económica de los socios, 4) autonomía e independencia, 5) educación, formación e in- formación, 6) cooperación entre cooperativas, 7) interés por la comunidad.³⁴ por otro lado, la definición de economía social del CESE ayuda a identificar las dos vertientes en que se divide:

La subdivisión anterior sirve de base para la regulación de las economías colaborativas orientadas al bien común, ya que coinciden en aquella clasificación de mercado y de no mercado. Es decir, primero las que buscan la generación de un lucro para la plataforma a través del cobro equitativo de gestión, y además promueven la colaboración entre los usuarios de la plataforma; v.g., Blablacar, Mytwinpace, tutanda. Y segundo, con la finalidad de no pretender lucro y sólo servir de intermediario como el software libre y el código abierto, v.g. Wikipedia.

Por otro lado, se puede apreciar el éxito de sociedades cooperativas en el mundo gracias a las acciones privadas, de política pública y regulaciones, dado que algunos países aportan datos estadísticos del impacto en sus economías dejando ver que ayudan a la generación de empleos. ³⁷ De esta manera, las economías colaborativas pueden ir en la misma dirección.

Las experiencias internacionales positivas y la existencia de una política pública de economía social son el caldo de cultivo perfecto para lo que Scholz y otros autores postulan como la evolución de las cooperativas tradicionales en “plataformas cooperativas” o cooperativas 2.0,³⁸ las cuales representan una oportunidad de desarrollo para la economía y beneficio social directo.

La política pública que impulsó el esquema cooperativo en México a pesar de haber tenido auge en el S.XIX y contar con resultados exitosos³⁹ se desdibujó con el paso del tiempo. Es hasta el incipiente Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018⁴⁰ y la Ley de Economía Social que el tema figura de nuevo en la agenda pública; para este estudio toma relevancia puesto sirve de marco público para insertar una regulación dirigida a las economías colaborativas.

El retraso del tema de la economía social en la agenda pública del país ha implicado que a la fecha no se cuenten con datos estadísticos sólidos del impacto de las cooperativas en la economía mexicana. Apenas el INEGI ha iniciado un programa que ayude a conocer datos precisos de su impacto. ⁴¹

Sin embargo, a consideración del autor, el gobierno mexicano está carente de una política pública de economía social a largo plazo, que prevea las economías colaborativas como parte de ese impulso para el desarrollo; fomentando mayor financiamiento y régimen legal especial, además de un claro método de identificación.

En suma, los conceptos que provee la economía social sirven como punto de partida para regular las economías colaborativas en México. Y de esa forma evaluar su actividad e impacto en la sociedad, ello para determinar si son en realidad economías colaborativas orientadas al bien común, o si pertenecen a las economías corporativas online P2P.

Consecuentemente, si se determina congruente la operación de una economía colaborativa orientada al bien común con los principios y valores de la economía social, dicha empresa debe ser acreedora a incentivos fiscales para desempeñar su actividad, ya que ayudan a resolver problemas sociales.

Por otro lado, si se determina que por su actividad la empresa en realidad obedece a un esquema corporativo online P2P del capitalismo salvaje, su trato debe orientarse al de una empresa tradicional que responda socialmente a su enriquecimiento desmedido a partir de los riesgos financieros, materiales y humanos de otros.

1.Método de análisis para identificar la orientación de Plataforma P2P

Para establecer un marco regulatorio que contenga los conceptos anteriores, se propone en los siguientes párrafos una metodología de análisis entorno a la naturaleza de las actividades de las plataformas como intermediarios. El método de clasificación se ha diseñado con variables que ayuden a identificar la conducta de la empresa de acuerdo con sus valores, principios y desarrollo de actividades con los colaboradores, así como la relación que mantiene con la sociedad.

De esa forma, se logrará dilucidar qué tipo de empresa es, en el marco de la “economía colaborativa” en un amplio sentido, y por tanto, determinar a qué regulación debe ser sujeta.⁴² Ya que si es una empresa que se conduce con responsabilidad social se puede incentivar fiscalmente, a diferencia de una empresa que se enriquece a costa de la sociedad, entonces debe responsabilizarse con ella y fiscalizarse.

Para concluir un entendimiento razonado, lúcido y veraz sobre la naturaleza de una economía colaborativa de acuerdo con las contradicciones de la finalidad que persiguen y sus actividades; he diseñado cuestionamientos (véase cuadro 2) de acuerdo con los indicadores (véase cuadro 1) que permitirán arrogar una clasificación.

Así, las respuestas a las preguntas descritas en el cuadro 2 dotarán de información suficiente para clasificar la actividad de la plataforma. En este sentido, se encontrará, por ejemplo, que:

Así pues, el resultado del diagnóstico permitirá un nivel de clasificación que arroje la regulación legal apropiada y justa para la actividad de la plataforma. Aunado al método anterior, la matriz de la economía del bien común, de Felber, ofrece una opción matemática para identificar la justicia social y la distribución de los beneficios en la empresa dentro de modelos de negocio del capitalismo salvaje. ⁴³ Mediante ésta se evalúa a las empresas de acuerdo con su forma de gestión en seis categorías: a) proveedores, b) financiadores, c)empleados, d) clientes, e) ámbito social, y f) negativos.

Cada uno de estos seis elementos se califica con un máximo de puntaje determinando por la matriz. De esa manera, el puntaje total arrogará un número final que se medirá dentro de una categorización de nivel.

Por razones de extensión del presente artículo resulta imposible explicar más. Empero, la relación de ambos métodos contribuyen a la rutas de algoritmos mediante los cuales se puede elaborar una plataforma automatizada que por producto final arroje una certificación o sello de confianza para las plataformas de economías colaborativas orientadas al bien común, de forma tal que operen con el visto bueno del Estado, generando confianza en los usuarios.

2.Ejemplos casuísticos

A continuación se ejemplificarán algunos casos bajo el análisis del método expuesto (véase cuadro 2), se aclara que un examen exhaustivo y detallado requería mayor extensión. Por lo cual se exponen las generalidades principales.

A.Caso Uber

Los valores y principios de Uber responden a una empresa corporativa online P2P, ya que antepone la generación de capital a la generación de trabajo, niega en sus contratos de Adhesión⁴⁴ la existencia de la figura jurídica del empleo, misma que cambia por “chofer”; ejerce un control total sobre precios y crea un nicho de mercado de transporte privado, así mismo niega caer en el nicho del servicio de taxis.

La recepción en México ha sido acogida por la necesidad de un mejor servicio de taxis; sin embargo, recibió presión social del gremio taxista bajo el argumento de la competencia desleal y la regulación excesiva del servicio de taxis.

Uber es una sociedad de responsabilidad limitada cuya fuente de riqueza se obtiene de la intermediación tecnológica que ofrece en territorio nacional, es decir, por el 25% que cobra a sus contratistas. Y es la actividad por la que debería fiscalizarse. Uber está dado de alta en Hacienda y paga un impuesto gubernamental de 1.5% aprobado en 2016 por la Ciudad de México. Pero esto no resuelve otros problemas: el del consumidor final y la resolución de conflictos, la protección de datos, la falta de responsabilidad social con los contratistas y choferes, ni que la empresa obtiene fuente de riqueza en territorio nacional.

B.Airbnb

Airbnb, es una sociedad constituida en Estados Unidos, India y China, “ofrece una plataforma por Internet que conecta a anfitriones que tienen alojamientos disponibles para anunciar y reservar con huéspedes que buscan reservar dichos alojamientos”,⁴⁵ no así el servicio de alojamiento. Sin embargo, sí crea un nicho de mercado de rentas y alquileres de habitaciones, casas y departamentos por métodos de pago electrónicos.

No ejerce un control total del precio, empero al tenor de la dinámica de la oferta y la demanda, los costos actuales (2016-2017) de un hospedaje Airbnb son similares a la de hospedajes clasificados con estrellas, y estos alojamientos realizados por anfitriones corren el peligro de no contar con los mínimos de limpieza y seguridad de un hotel, aunque la elección de dicha opción tiene que ver más con la prioridad subjetiva de aquel que requiere el servicio.

“El gremio hotelero en México se considera afectado por este tipo de concentración monopólica de la oferta del servicio según lo comenta en entrevista el Director del Registro Nacional de Turismo”.⁴⁶ Es decir, no afecta que una persona decida rentar una habitación de forma aislada, pero la existencia de una plataforma que concentre esas y otras ofertas, representa un tipo de competencia.

El modelo de software de Airbnb si bien se dedica a interconectar personas, lo cierto es que la actividad secundaria de las grandes ganancias obtenidas es por los contratos de hospedaje mercantil que establece de facto y que sin su existencia no serían posibles, por lo cual, debería responder social y económicamente a los que ponen sus recursos materiales, financieros y humanos en riesgo.

Si bien, aquel que renta habitación, casa o departamento (anfitrión), no puede encuadrarse para el cumplimiento normas oficiales mexicanas que regulan la hotelería, sí es verdad que aquél que se dedica a la actividad frecuente de la renta o alquiler, debe pagar una contribución al Estado, lo cual no hacen los anfitriones. Éstos actúan bajo la figura jurídica del contrato de hospedaje en materia mercantil y ya que el contrato reúne todos los requisitos de validez y forma, por ello debería expedir factura, pero se acogen del modelo de negocio para no hacerlo.

Mientras que la fuente de riqueza de Airbnb, empresa extranjera, proviene de la intermediación tecnológica obtenida en territorio nacional de la cuota del anfitrión; y por tanto, la empresa debería pagar un impuesto sobre esa ganancia adquirida en el país. Al no estar regulada esa actividad en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Airbnb no encuadra en el tipo del artículo 158 y 159 que grava los ingresos obtenidos de residentes extranjeros por la actividad de hospedaje.

Entonces, aquél que hospeda obtiene riqueza por hospedaje y la plataforma la genera por la intermediación tecnológica; pero el que adquiere el servicio carece de protección de consumo, solución de conflictos y devolución efectiva.

El contrato de Airbnb excluye la cláusula de solución de conflictos y obliga a renunciar a la class action o demanda colectiva. Por lo cual, al consumidor final, es decir, el huésped, se le niega su derecho de protección al consumo, que en realidad es irrenunciable.

La problemática radica en que si un huésped tuviera algún problema con el anfitrión y acudiera a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, ésta se declararía incompetente para actuar, ya que el contrato de Airbnb dicta que su servicio es de software. Entonces el huésped o consumidor tendría que llamar a la persona que le proveyó el servicio, pero si reside en el extranjero, el problema es de competencia y jurisdicción sobre la celebración del contrato. Por otro lado, el anfitrión también está desprotegido contra abusos de usuarios; v.g., en caso de que el huésped no quiera abandonar el lugar, cause desperfectos, delitos, etc.; siendo así, la plataforma no se hace responsable. En suma, Airbnb, no es una economía colaborativa orientada al bien común.

C.Blablacar

Blablacar es una sociedad anónima constituida en Francia denominada COMUTO S.A., la cual facilita a través de medios tecnológicos la oferta de asientos desocupados para viajes largos o cortos en el auto de los usuarios que se inscriben y publican sus viajes.

El contrato de su uso estipula que la plataforma no se encarga de los pagos y que el precio del transporte no debe reflejar lucro alguno, el precio debe ser estrictamente sólo para la división de los gastos del viaje, como la gasolina y el desgaste del auto.

Si bien, se desarrolló un mercado no generador de monopolio, ni persigue fines de lucro desmedido, en su contrato cobra gastos de gestión, los cuales le permiten generar riqueza a COMUTO, por lo cual debería declarar sus ingresos y pagar ISR. Además, el contrato no asegura la protección de datos personales, ni ofrece sistema de solución de conflictos o protección al consumo. Si bien, la plataforma tiene por objeto ayudar a solucionar conflictos de movilidad a precio justo y equitativo entre los partícipes, debería también elevar el nivel de seguridad de datos y ofrecer un sistema de solución de conflictos eficaz, además de declarar los ingresos generados en territorio nacional y pagar ISR. Y dado que su actividad es social podría incentivarse fiscalmente.

1.Marco regulatorio para las economías colaborativas

Los conceptos que provee la economía social sirven de punto de partida para regular las economías colaborativas en México. Y dado que un marco regulatorio responde a la visión de un Estado nación, el Estado mexicano se encuentra en la diatriba de: incentivar el capitalismo salvaje o decantarse por ser promotor de la economía social en este tema.

La base de la elección deberá responder a la sustancia de la norma constitucional desde un punto de vista de la ciencia jurídica. Aunque desde el punto de vista de la ciencia política será el resultado de las pugnas internas de los intereses de los actores económicos y políticos de un Estado Nación.

Una regulación bajo la visión del Estado de derecho social que sirva de contrapeso al modelo económico neoliberal debe partir de un concepto de “economía colaborativa” en sentido amplio, estableciendo los principios y valores que ofrece la economía social y la estructura de las cooperativas.

De forma tal que se permita identificar una economía colaborativa orientada al bien común y promover el desarrollo de plataformas cooperativas 2.0, distinguiéndolas de las aquí denominadas economías corporativas online P2P.

El objetivo principal para regular las economías colaborativas debe ser:

Para realizar lo anterior, el Estado mexicano cuenta con fundamentos constitucionales y leyes federales que tienden a un Estado de derecho social e impulso de la economía social. Estos fueron manifiestos recientemente en la Ley de Economía Social y Solidaridad reglamentaria del artículo 25 párrafo octavo constitucional que establece los mecanismos para facilitar “la organización y la expansión de la actividad económica del sector social”.⁴⁷

El artículo 25 de la Constitución mexicana determina la rectoría del Estado en la economía, el párrafo primero textualmente señala lo siguiente:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable... que fortalezca la Soberanía de la Nación... mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...⁴⁸

Además el párrafo tercero del mismo artículo promueve la “responsabilidad social” de sector privado y público; el párrafo sexto establece que “impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”.⁴⁹

En esta tesitura, el Estado está obligado a regular las economías colaborativas como parte de la economía social, por tanto, puede adherir el multicitado concepto en el párrafo octavo constitucional, y crear un capítulo expreso dentro de la Ley de Economía Social y Solidaria antes referida. ⁵⁰

Así mismo, el Estado mexicano deberá fomentar un política pública de economía social a largo plazo, que fortalezca el Estado de derecho social y sirva de contrapeso al sistema económico capitalista imperante; de forma tal que motive a las organizaciones sociales a navegar en esquemas financieros y legales más amigables. Tal como se sustentará en los siguientes párrafos.

2.Política pública de economía social de largo plazo

El actual Programa de Fomento a la Economía Social 2015 -2018, si bien representa un avance loable, este autor considera que aún es un esfuerzo lacso y pobre por cuanto constituye una política pública de largo plazo que defina un Estado de derecho fortalecido en el tema. Además, el Estado está obligado a mostrar informes claros y públicos de los avances de dicho Programa, lo cual no hace.

Sin embargo, es de resaltar que dentro de las líneas estratégicas se encuentran trabajos a desarrollar sumamente interesantes que pueden fortalecerse a corto, mediano y largo plazo. En tal virtud, en este trabajo se proponen estrategias específicas (sin descalificar las ya planteadas en dicho programa), mismas que a continuación se describen.

3.Propuestas legales específicas

A.Reforma a la Constitución

Incluir el concepto “economías colaborativas” en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución. El beneficio de estipular de forma concreta el concepto en el texto constitucional, no deja lugar a duda de la rectoría del Estado sobre el tema, aunque el mismo párrafo octavo cuando dice “cualquier forma de economía social”⁵¹ da cabida a la regulación reglamentaria.

B.Reforma a la Ley de Economía Social y Solidaria

Incluir un capítulo general denominado “Economías colaborativas” en la Ley Reglamentaria, ello con la finalidad de dotar de los elementos que permitan identificar y regular las economías colaborativas orientadas al bien común de aquellas que no lo son, así como expresar los conceptos que ayudarán a determinar el proceder de esas empresas. El contenido de las directrices debe versar en los tópicos señalados en el método de este artículo (véase cuadro 3).

C.Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)

A partir de la conceptualización de la economía colaborativa debe realizarse una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que grave la riqueza obtenida por residentes extranjeros debido a las actividades de intermediación tecnológica con fines de lucro, el cual puede ser parte del Título V del Régimen de residentes extranjeros con ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicado en Territorio Nacional o elaborar un título especial de economías colaborativas.

A su vez, en el título VII de Incentivos fiscales, se debe motivar las actividades de las economías colaborativas sin fines de lucro como libres de gravamen, y establecer deducciones a las economías colaborativas con fines de lucro que promueven precios justos, colaboración y ayuden a resolver problemas sociales como el medio ambiente.

D.Intervención del Estado y autorregulación

Las propuestas legales se pueden abordar desde dos enfoques ideológicos. Primero desde la perspectiva de la intervención del Estado como una obligación del Estado de derecho social. Y segundo, desde la autorregulación.

Para tal efecto, se establecen dos propuestas respectivamente: a) la generación de un sello de confianza que cumpla con los requisitos de la economía social, ello a través de un ente público u organismo privado facultado por el Estado, y/o b) la resolución electrónica de disputas de forma privada, promoción y desarrollo de contratos inteligentes (blockchain) y un sistema de devolución efectiva (changer back).

a.Sello de confianza

La elaboración de un sello de confianza a través de un sistema automatizado con base en el método de análisis expuesto en el apartado anterior (véase cuadro 2), permitirá la implementación de una política pública y un marco regulatorio que dote de certeza jurídica e incentivos fiscales a las empresas que se constituyan de acuerdo a su actividad como economías colaborativas. Este sello de confianza diseñado desde la visión de la economía social lograría certificar a las economías colaborativas y por exclusión no certificar a las empresas corporativas online P2P. La consecuencia es que los particulares que pretendan integrarse como socios a una plataforma podrán ver el nivel de puntaje de la empresa respecto de la economía social; lo cual tendrá una afectación directa sobre la reputación de la empresa.

Esto guiará al posible socio a evaluar el costo-beneficio real de formar parte de ese modelo de negocio, ya sea corporativo o colaborativo, basándose en la repartición de la riqueza a costa del riesgo de sus activos. La consecuencia será crear coacción social para las empresas corporativas, motivándolas a la responsabilidad social.

b.Resolución electrónica de disputas

Como formas de autorregulación se puede incentivar a las empresas a acudir o desarrollar sistemas de resolución de conflictos fiables y justos que actúen sin contravenir la protección al consumidor.

Además de promover el desarrollo de contratos inteligentes, en los que se establezcan variables que permitan a las partes obtener sus ganancias hasta que el pacto se haya cumplido de acuerdo con las variables determinadas en el contrato. De forma tal que, mientras no se cumplan las variables del contrato, las ganancias de ambos se conservarán retenidas. Aunque es justo mencionar que esta salida resulta un tanto utópica ya que infiere cambiar el sistema de compra-venta.

Por lo que promover un sistema de devolución efectivo es una salida pragmática viable en el sistema actual, en la cual se requiere la intervención bancaria y la regulación de estas acciones para garantizar la solución de conflictos.

c.La interpretación de ley respecto de los contratos en México

Las economías colaborativas establecen sus relaciones y actividades a través de contratos de adhesión, debido a que el acto jurídico se replicará miles o millones de veces, así el usuario no tiene margen de negociación. A partir de análisis de las cláusulas de los contratos en oposición a los hechos se puede desmitificar el contrato, ya que éste representa simplemente el dicho de la empresa. Y son los hechos los que dan el derecho aplicable y no el dicho, ya que un contrato no es ley.

En este sentido, aunque un contrato de intermediación insista en sus cláusulas en la inexistencia de relación laboral, mientras exista el elemento de subordinación y control de pago, cualquier juez mexicano dictará la existencia de la relación laboral. Por tanto, existe de forma directa e indirecta un lucro a partir del trabajo de otros, lo que supone la expresión pura del capitalismo. La ley debe establecer el fundamento para diferenciar una economía colaborativa orientada al bien común (economía social) de una que no lo es, para dotar a los Tribunales Mercantiles y Laborales de un cuerpo legal que fortalezcan su interpretación en caso de un conflicto.

d.Fortalecimiento del Observador (osse.org.mx)

La línea estratégica del Programa que fomenta la Economía Social de la cual se desprende el Observador (osse.org.mx), puede llegar a constituirse en un instrumento de reputación y certificación para las economía sociales, incluyendo las economías colaborativas P2P orientadas al bien común.

e.Aportaciones desde la experiencia de derecho comparado en la Unión Europea

La propuesta de regulación de la Unión Europea respecto de economías colaborativas, provee de recursos a reflexionar para incorporarlas en una regulación en México.

Además, en un estudio, la Unión Europea reporta que la llamada economía colaborativa (no con la división que se presenta en este artículo) generó ingresos por 3,600 millones de euros en 2015 y que éstas se desarrollaron en cinco sectores clave, a saber: alojamiento (alquiler a corto plazo); transporte de personas; servicios para la vivienda; servicios profesionales y técnicos, y financiación colaborativa. ⁵²

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen 2015, señala la complejidad del concepto economía colaborativa y la dicotomía con la que han surgido entre las corrientes de pensamiento. ⁵³ Las contribuciones más importantes del CESE se reflejan en el numeral 19, al recomendar regular estos modelos de negocio⁵⁴ sobre temáticas centrales que impactan el desarrollo de su actividad. Las cuales se presentan en forma de cuadro a continuación. ⁵⁵

Aunadas a estas recomendaciones, es necesario agregar una más: la resolución de conflictos. La ausencia de éste tópico se puede deber a la reciente Directiva de la UE sobre Resolución Electrónica de Conflictos.

Sin embargo, para México debe incluirse, ya que los contratos de algunas empresas corporativas P2P, como Airbnb, obligan a la renuncia del derecho de demandas colectivas, así como excluyen la cláusula de solución de conflictos; y dado que de acuerdo con su modelo de negocios no existe un consumidor, ya que es un modelo voluntario entre pares que deciden realizar un acuerdo; las agencias de protección al consumidor no tienen competencia para conocer de los asuntos.

1.México: caldo de cultivo para el capitalismo salvaje

México vive el peor momento de crisis económica y política en su historia, ello aunado a la crisis medioambiental mundial que impacta de forma directa la economía en el alza de precios, la devaluación del peso,⁵⁶ el desempleo y la baja del poder adquisitivo, aunado al contexto internacional de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump que impactan en pérdidas de empleos en el país; todo esto consecuentemente ha generado un clima de descontento social nacional.

Los datos del INEGI 2016 registran que la tasa de desocupación es de 3.5%, lo que implica que 4 de cada 100 mexicanos no tienen una ocupación; además indican una tasa de subempleo de 7.1%, lo que significa que 7 de cada 100 mexicanos tienen una subocupación. Estos datos sugieren que en México va muy bien el tema del empleo, pero esto no es así; lo que sucede es que las personas desempleadas obtienen refugio en la informalidad. Esto se confirma con la tasa de informalidad laboral de 52.4%, lo cual indica que 6 de cada 10 empleos pertenecen a la economía informal. ⁵⁷

En este contexto, la no regulación de empresas corporativas P2P, el desinterés o la falta de comprensión del impacto social por parte del Estado en términos de los derechos sociales, aunado al clima político y la necesidad existente, insinúa que México es caldo de cultivo fértil para la explosión de empresas corporativas P2P.

Ante este posible, inminente y palpable escenario es urgente la necesidad un Estado de derecho social que motive economías colaborativas orientadas al fin común a través de beneficios fiscales. El gobierno mexicano está obligado a incentivar fiscalmente a pequeños y medianos productores nacionales, así como a empresas cooperativas nacionales que fortalezcan la economía y empleos tan necesarios, además de motivar el comercio transfronterizo a partir de los demás tratados de libre comercio firmados por el país.

2.Economías colaborativas: opción pragmática a conflictos sociales

El costo marginal cero y el código abierto son elementos contundentes en la práctica para las verdaderas economías colaborativas, puesto que los individuos colaboran para obtener beneficios. La gran contribución de estas formas económicas radica en que solucionen conflictos sociales y medioambientales, etcétera. Y en este sentido, el Estado debería motivarlas ya que por sí solo no puede manejar la diversidad de crisis sociales, económicas y sociales que confluyen.

Por ejemplo, pensemos en el alza de la gasolina en México. El 1o. de enero de 2017, los mexicanos despertaron con la noticia del alza de precio en la gasolina de casi 20% y el descontento social en las calles y en las redes sociales fue evidente. ⁵⁸ Ésta es una variable económica que afecta de manera directa los hogares de los mexicanos, puesto que sube el costo de transportación y los insumos comerciables que se transportan; entonces la familia debería reducir sus costos de transportación ¿Se puede esbozar una posible solución? Pensemos en una plataforma de transporte colaborativa cuya única función sea ayudar a economizar el gasto en transportación, por ejemplo: en personas que van a los mismos lugares (trabajo/escuela) con horarios determinados y viven cercanamente. Si además, la plataforma y sus usuarios son gratificados fiscalmente se solucionaría un problema de economía familiar, movilidad y medio ambiente de la ciudad.

Por ejemplo, en un pequeño piloto en una escuela primaria, organizado con los padres de familia. La plataforma tendría que ayudar a automatizar la calendarización de los viajes, identificar a las personas, proteger los datos personales y garantizar la seguridad de la información. Los padres de familia deberían comprometerse a realizar los viajes alternadamente y a informar de la llegada segura de los menores, así como a tener seguro de sus unidades de transporte y responder en casos de emergencia.

El monto del precio del viaje debe ser acordado por los participantes, éstos podrían trabajar en grupos integrados fijos que acuerden que no habrá precio, porque habrá rotación circular de los padres, es decir, una vez cada uno, hasta completar el círculo.

O bien, pueden acordar un precio justo por viaje pensando en el desgaste del activo fijo y la gasolina. Así que el programa debería ayudar a calcular las variables en la relación del precio de la gasolina, distancia, tránsito y des- gaste del auto. Este mismo caso se podría replicar a través de plataformas de comunicación sincrónica y asincrónica en lugares de trabajo, oficinas y universidades.

En suma, estaríamos en presencia de una verdadera economía social y solidaria que ayudaría a crear una conciencia de colaboración en los niños y adultos del futuro, quienes forjarán una sociedad de trabajo compartido y solidaridad más allá del sentido de propiedad. Lo cual ayudará a salir de un sistema salvaje de capitalismo que ha dañado a la sociedad y al medio ambiente provocando que vivamos los efectos del cambio climático y los destellos de la futura extinción de la humanidad.