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Revista latinoamericana de derecho social

versión On-line ISSN 2448-7899versión impresa ISSN 1870-4670

Rev. latinoam. derecho soc  no.27 Ciudad de México jul./dic. 2018

https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2018.27.12537 

Reseñas

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano de derechos humanos

Christian Benítez Núñez* 

*Doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos- PNPC Conacyt. Director ejecutivo del Centro Interamericano de Investigación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico A.C.

Ferrer Mac -Gregor, Eduardo. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano de derechos humanos. México: CNDH, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017.


El doctor Ferrer Mac-Gregor quien actualmente preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aporta una obra que resulta imprescindible en el contexto jurídico contemporáneo, ya que partiendo de su enorme experiencia tanto teórica como práctica aborda uno de los temas más importantes hoy en día y que corresponde a la garantía jurisdiccional directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante DESCA); evidenciando una serie de obstáculos que históricamente han impedido su plena efectividad, invitando al lector a desarrollar una visión e interpretación progresiva que corresponda con los tiempos actuales.

Esta obra consta de cuatro capítulos, en cuyo primer apartado “I. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los sistemas universal, europeo y africano de derechos humanos”, el autor analiza los diversos sistemas de protección, destacando que en muy pocos casos sus organismos y tribunales han garantizado la protección de los DESCA de manera directa. En ese sentido, al hacer referencia al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se advierte que el contenido de este último se consideró por las naciones como un conjunto de aspiraciones de una política social, sin que implicaran un carácter vinculante.

Sin embargo, a partir de la creación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha desarrollado el contenido de derechos relativos a la vivienda, alimentación, educación, salud, trabajo, además de las obligaciones que corresponden a cada uno de los Estados, dentro de las que se incluye la protección los derechos por parte de los jueces y tribunales nacionales.

Posteriormente, al analizar al sistema europeo de derechos humanos, el autor precisa que el Comité Europeo de Derechos Sociales se ha enfocado a desarrollar por vía jurisprudencial la protección de los derechos de la infancia, personas con discapacidad, personas extranjeras y las personas de la etnia gitana, así como derechos laborales; mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha limitado a la práctica jurisprudencial por vía indirecta a través de derechos civiles y políticos, toda vez que carece de una norma que reconozca autonomía a los derechos sociales, impidiendo con ello llevar a cabo su justiciabilidad directa. En cuanto al sistema africano, la Comisión Africana a diferencia de los órganos anteriormente estudiados, ha declarado violaciones autónomas a derechos sociales consagrados en la Carta Africana, siendo actualmente el sistema con un estándar mayor de protección de los DESCA.

En el segundo capítulo “II. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, el autor advierte que el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador, reconoce un catálogo más detallado de derechos sociales; sin embargo, el artículo 19.6 condiciona la justiciabilidad directa de manera exclusiva a los derechos relacionados con la asociación sindical y el derecho a la educación.

Aunado a ello, identifica que la jurisprudencia interamericana ha optado por desarrollar el contenido de los derechos sociales a través de los derechos civiles y políticos contemplados en la Convención Americana, impidiendo con ello el análisis a profundidad sobre el alcance de las obligaciones de respeto y garantía frente a los derechos sociales.

Continuando con el capítulo “III. Obstáculos y vías interpretativas para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Ferrer Mac-Gregor propone una necesaria revaluación interpretativa evolutiva y dinámica del artículo 26 de la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana, ya que la obligación principal que se desprende de este artículo corresponde al desarrollo progresivo de los DESCA, implicando con ello un deber de no regresividad.

No obstante que existen dificultades interpretativas por el modo en que la Convención Americana ha reconocido los DESCA, advierte que tal condición no constituye un impedimento para que la labor hermenéutica e interpretativa sea realizada.

En el último capítulo “IV. Nuevas aproximaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano”, el autor destaca que en 2015 se adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que resulta de vital importancia ya que reconoce diversos derechos de naturaleza social, tales como la seguridad social, trabajo, salud, educación, cultura, recreación, esparcimiento, deporte, vivienda y medio ambiente sano; sin embargo, este instrumento aún no ha sido ratificado por la mayoría de los Estados parte que integran la región interamericana.

Por otra parte, advierte que un gran número de las violaciones a derechos humanos tienen su origen y consecuencia en la pobreza, la inequidad y la exclusión social, siendo América Latina la región con el más alto grado de desigualdad en el mundo, considera que el sistema interamericano tiene una gran deuda con la justiciabilidad de los DESCA.

Finalmente, Ferrer Mac-Gregor concluye que luego de casi treinta años de adopción del Protocolo de San Salvador, resulta mínima su efectividad, requiriendo una interpretación más específica en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de cierto tipo de medidas de política pública, dirigida a establecer el mayor efecto útil posible a las normas interamericanas en su conjunto. Insiste en que la justiciabilidad directa implica transformar la metodología a partir de la cual se valora el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de todos los derechos humanos.

Sin lugar a dudas, el libro La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano de derechos humanos, representa una obra imprescindible para todos los interesados en profundizar en el estudio de los DESCA, ya que el autor realiza un impecable estudio comparado en los diversos sistemas de protección de derechos humanos, evidenciando algunas debilidades en común y proponiendo de manera clara una reinterpretación de los instrumentos internacionales para lograr la justiciabilidad de los DESCA en América Latina.

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