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Revista latinoamericana de derecho social

versión On-line ISSN 2448-7899versión impresa ISSN 1870-4670

Rev. latinoam. derecho soc  no.15 Ciudad de México jul./dic. 2012

 

Reseñas bibliográficas

Sistemas estatales de pensiones

Ma. Carmen Macías Vázquez* 

David Cienfuegos Salgado** 

*Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, México (maricarmenmacias@yahoo.com).

**Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, México (davidcienfuegos_unam@yahoo.com.mx).

Sistemas estatales de pensiones. México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LIX Legislatura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, 2006. 332p.


La obra que se reseña es la memoria del Foro Sistemas de Seguridad Social en los Estados: Problemática de los Regímenes de Pensiones, realizado bajo el auspicio de la Comisión de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados en la ciudad de Zacatecas, los días 28 y 29 de julio de 2005.

Los sistemas de pensiones son uno de los elementos característicos del derecho social contemporáneo. Sin embargo, su estado actual en nuestro país queda plasmado claramente en la intervención del gobernador de Nuevo León, quien señala (p. 31) que existe

...un problema que tiene que ser atendido con carácter prioritario y urgente. El problema es que la deformación del sistema de pensiones pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema de seguridad social, pone en riesgo a las instituciones del sector salud y a la cobertura y calidad de los servicios, pone en riesgo a las finanzas nacionales al quebrar financieramente al Estado, si no se resuelve este problema en el corto tiempo, y además, afecta severamente al federalismo mexicano, a las finanzas y a la capacidad de respuesta para tener desarrollo social con justicia en las entidades federativas.

La obra se compone de 37 aportaciones y 4 anexos, todos de gran valía, entre los que destacan estudios técnico-metodológicos, como el relativo a la “Aplicación de nuevas metodologías y estructuras que permitan rescatar la solvencia financiera de los sistemas de pensiones”, presentado por Alejandro Hazas Sánchez y Juan Antonio Andrade Monreal, actuarios especializados en seguridad social, conjuntamente con el Seminario de Investigación en Pensiones y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quienes han “desarrollado un programa de investigación que analiza las posibilidades prácticas de los nuevos desarrollos y metodologías... para el rescate de los sistemas de pensiones y de salud de las instituciones de seguridad social” (p. 73).

Igualmente contribuyen al conocimiento de la problemática, en el aspecto general, las participaciones acerca de los “Sistemas de pensiones en las entidades federativas”, de Francisco Miguel Aguirre Farías, así como, en lo particular, las referentes a las entidades cuyos institutos no han sido reformados, y la experiencia de aquellas en que se ha logrado su reforma.

También debemos mencionar que entre los diversos anexos que se integran a la memoria aparece el “Acuerdo Morelia” (pp. 313-317), que constituye la Carta de Principios y Compromisos de la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social. De este documento conviene rescatar los principios que rigen el actuar de tales instituciones y que pueden orientarse desde el estudio de la problemática de la seguridad social en México y en las entidades federativas. Los principios que se mencionan son los siguientes, con la descripción que aparece en el documento en cita:

  1. Biunivocidad. Que no exista protección sin necesidad, ni necesidad sin protección, es decir, que exista una correspondencia exacta entre las necesidades de protección y las prestaciones.

  2. Eficacia. Es la óptima administración de los recursos disponibles para asegurar que los beneficios que las leyes establecen sean prestados en forma oportuna, adecuada, suficiente y permanente.

  3. Igualdad. En el trato a los derechohabientes, dando uniformidad a las condiciones de acceso y beneficios de los sistemas, terminando cualquier discriminación de género o de cualquier especie, y en el trato a las instituciones, accediendo a formas de financiamiento y apoyos, como a las que acceden instituciones similares.

  4. Integralidad. Es garantizar la cobertura de todas las necesidades de previsión amparadas dentro de los sistemas estatales de seguridad social.

  5. Participación. Es fortalecer el federalismo con la acción decidida y comprometida de los gobiernos estatales (poderes Ejecutivo y Legislativo) y demás actores sociales, como sindicatos, derechohabientes e instituciones de seguridad social, que forman parte de los sistemas estatales y su resultado, basados en la habilidad de saber ver y aprender de los que están haciendo bien las cosas, de estar permanentemente dispuestos a la búsqueda de nuevas ideas, de nuevos conocimientos y de nuevos enfoques que refresquen nuestra percepción de los problemas y de las soluciones a los mismos, y compartir nuestras experiencias, procurando el acceso a las mejores tecnologías y conocimientos de los expertos en busca de la mejora continua.

  6. Solidaridad. Es interesarse, adherirse y apoyar las necesidades sociales, sobre todo de las clases más desprotegidas, identificando y comprendiendo la problemática de los beneficiarios de los sistemas de seguridad social con base en la participación de todos los actores que inciden en los sistemas: trabajadores, sindicatos, instituciones de seguridad social y gobiernos, a fin de brindar una protección con solidaridad social integral e intergeneracional.

  7. Subsidiariedad. Es brindar protección adicional temporal a quien lo necesite, promoviendo su autosuficiencia, y previendo la reserva financiera para otorgarla. Los grupos privilegiados deben apoyar a los menos favorecidos, para que hagan cada vez mejor lo que hacen, y a su vez estos últimos deben aceptar y aprovechar debidamente las ayudas y admitir su suplencia temporal cuando no puedan hacer lo que es requerido por el bien común.

  8. Sustentabilidad. El funcionamiento de los sistemas en equilibrio financiero y actuarialmente sostenible en el corto, mediano y largo plazos, con un enfoque eminentemente social, con viabilidad política y económica para su persistencia, con independencia de teorías y modelos transitorios.

  9. Unidad. Es buscar la fortaleza de nuestras instituciones a través de un solo enfoque en pensamiento y acción, para realizar una gestión de la seguridad social que nazca de un consenso y encuentre voluntad política para actuar en la articulación de normas, instituciones, procedimientos y prestaciones, a fin de alcanzar los objetivos sociales.

  10. Universalidad. Es dar garantía de protección para todas las personas amparadas por las leyes estatales, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida, buscando la formulación de lineamientos jurídicos fundamentales que permitan una migración hacia un sistema nacional de pensiones, considerando las realidades específicas y soberanía de cada estado.

Hasta aquí los principios señalados. Puede advertirse que en ellos se encuentran expresamente señalados conceptos como federalismo, soberanía y otros vinculados con la problemática de las pensiones a nivel local.

La lectura de esta obra resulta imprescindible para entender los problemas que tienen los sistemas de pensiones en nuestro país y para tratar de esbozar, a partir del diagnóstico ofrecido, una solución que atienda a los diversos aspectos que se consideran indispensables en la conformación de un adecuado sistema de pensiones, a saber: portabilidad (posibilidad de que las pensiones puedan seguir al individuo), autosustentabilidad y equidad (p. 33).

Este tipo de ejercicios académico-institucionales resulta necesario para destacar modelos y necesidades de las instituciones de seguridad social en México y en muchos otros lugares. Finalmente, es tradicional que las soluciones que sean dadas y que tengan mayor éxito serán rápidamente seguidas por los sistemas jurídicos de la región.

Existe la esperanza de romper el molde tradicional que ha caracterizado las reformas pensionarias: “las reformas tienden a pensarse y a reflexionarse cuando ya la caja de la tesorería de los sistemas se encuentra en déficit... las circunstancias específicas en cada estado o municipio son las que detonan las reformas, y no una visión general compartida, y finalmente son esas situaciones las que condicionan el tipo de respuesta”. La lectura de esta obra colectiva será de bastante ayuda para avanzar en esa visión general compartida.

No quisiéramos dejar de comentar que esta obra, por cierto de circulación limitada, resulta muy oportuna en estos momentos en que el orden económico internacional pasa por una de sus peores crisis. El sistema capitalista y los excesos de autorregulación financiera basados en las leyes del mercado ponen de nueva cuenta en tela de juicio su viabilidad, y los países que dirigen la economía, lejos de poner en orden a las instituciones financieras de todos los niveles, aprovechan la situación para posicionarse como los líderes económicos, pero como alguien tendrá que responder por el desastre económico, la receta neoliberal se vuelve a aplicar: subiendo los impuestos a la población, con afectación, desde luego, a la clase trabajadora, el principal cautivo. Y si miramos con más detalle, el problema es sumamente grave porque el desempleo acota en su máxima expresión las recaudaciones fiscales.

Ahora bien, en tratándose de los trabajadores activos, nos encontramos con que los salarios no son remuneradores y cada vez es más frecuente que sacrifiquen aumentos a costa de seguir laborando. Por si esto no fuera ya suficiente, al trabajador se le ha enrolado en los vaivenes de las reformas a los sistemas de la seguridad social, la cual es ya común que responda ineficientemente a lo expresado como un derecho en la Constitución. Dentro de los últimos datos sobre la seguridad social, concretamente el sistema de pensiones, a propósito de la obra que se reseña, se ha señalado que por lo que respecta a México, el sistema de seguridad social está en crisis y con ello las pensiones. Menudo problema se tiene enfrente cuando se decía que las reformas a las leyes, tanto del Seguro Social como de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, serían la solución a la crítica situación financiera por la que pasaban en 1997 y 2007, respectivamente. Empero, el problema trasciende al ámbito internacional por la misma crisis económica que arriba comentamos; ante esto, nuevamente los números rojos en que se mantiene los institutos de seguridad social hacen que organismos económicos internacionales planteen soluciones en tres vertientes: 1) aumentar la edad de trabajar; 2) aumentar las aportaciones de los trabajadores, y 3) disminuir las prestaciones.

Nos queda claro que el tiempo y los trabajadores dirán la última palabra ante las decisiones que se tomen.

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