En los últimos años los efectos del cambio climático han afectado de manera directa e indirecta al ejercicio y disfrute de los derechos humanos en todo el mundo. No obstante, recién en el Acuerdo de París de 2015 se expuso por primera vez la necesidad de que todas las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tomaran una posición activa en el respeto y promoción de los derechos humanos que vienen siendo afectados.

Se trata, efectivamente, de un problema que, si bien concierne a toda la humanidad, tiene un impacto diferenciado sobre distintos grupos sociales y territorios. Con esta particularidad en mente, esta publicación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú aborda la necesidad de repensar el vínculo existente entre el cambio climático y los derechos humanos, así como también de examinar las distintas respuestas que diversos actores estatales y no estatales vienen dando ante dicha amenaza.

La publicación está dividida en tres partes: la primera plantea el enfoque de derechos humanos en la lucha contra el cambio climático y su relación con las empresas, las políticas públicas y los movimientos sociales en el contexto global. La segunda parte examina los tipos de afectaciones provocadas por el fenómeno ambiental y las consecuencias negativas sobre los distintos derechos y, de manera específica, sobre los derechos a la vivienda adecuada, al agua, a la alimentación y a la salud. Finalmente, la tercera parte se centra en la vulneración diferenciada del fenómeno climático, sobre todo en el caso de los migrantes ambientales, los pueblos indígenas y las mujeres. Así, se trata de evidenciar las condiciones asimétricas que causan el cambio climático para, una vez propuestas, identificar las obligaciones jurídicas estatales, así como también las del sector privado, y, en particular, del sector empresarial.

Como se mencionó, el impacto del cambio climático afecta de diferente manera los derechos de las personas de acuerdo con sus diversas condiciones de vulnerabilidad. El Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha señalado que el nivel de vulnerabilidad es producto de “procesos interrelacionados” (p. 17). Por esa razón, el primer capítulo propone, a manera de introducción, realizar un acercamiento al vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático sobre la base de las normativas de estos derechos. En esta dirección, Elizabeth Salmón plantea que ambos elementos se encuentran en una relación bidireccional, ya que el medio ambiente es el entorno de la vida humana. Sin embargo, lejos de haber llegado a un consenso en torno al cuidado y conservación de aquel, durante las últimas décadas ha primado la aproximación instrumental a nuestro entorno. Es decir, los gobiernos sólo han tenido en mente el desarrollo económico y han dejado de lado las medidas de protección ambiental necesarias para frenar el calentamiento global.

Continuando con la última idea planteada, el segundo capítulo, a cargo de Cristina Blanco, hace énfasis en la triangulación entre las empresas, los derechos humanos y el cambio climático. En efecto, aunque la actividad empresarial haya sido decisiva en la generación de los problemas climáticos, las iniciativas para conservar el medio ambiente son en su mayoría estadocéntricas. No obstante, los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, aprobados en el 2011, representan un avance en la normativa que protege los derechos humanos y regula la acción de las empresas. Por ello, la autora examina el rol activo/pasivo que ha tenido el sector privado en el fenómeno ambiental y enfatiza la importancia de la investigación de herramientas que propicien el compromiso de las empresas.

Teniendo en consideración los múltiples actores que participan directa e indirectamente en el cambio climático, resulta fundamental indagar sobre las políticas climáticas y los aspectos conceptuales de éstas. Como apunta Iván Lanegra, existe un conjunto de obligaciones de los gobiernos derivados de la estrecha relación entre el cambio climático y los derechos humanos (p. 82), los cuales fueron señalados tanto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como por el Acuerdo de París. De esta manera, a partir del análisis del caso peruano, el tercer capítulo abarca las distintas estrategias institucionales que se llevaron a cabo en el Perú desde la creación de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático en 1993 y los desafíos para las futuras políticas climáticas. Éstos, a vista del autor, recaen sobre todos los autores involucrados y, por ende, reafirman la obligación de generar conciencia sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos.

En esa línea, el rol de los movimientos sociales es insustituible. Estos movimientos generan toma de conciencia sobre el problema, pero también gestan espacios políticos para el avance de la agenda de derechos humanos y la crisis ambiental. En relación con esto, en el cuarto capítulo, Deborah Delgado realiza un estudio de los movimientos sociales que vienen actuando alrededor de estos temas e identifica sus rasgos comunes. No obstante, “a diferencia de otros casos, en los que, a partir del derecho, es clara la identificación de un actor responsable, en el caso del cambio climático… hay una resistencia en la definición de la responsabilidad” (p. 120). Por ello la autora propone una tipología de actores que permita encaminar las investigaciones en torno a los movimientos ambientales y de conservación, así como también el activismo de los jóvenes y adolescentes.

Hasta ahora se han señalado las aristas desde donde se puede analizar la relación entre los derechos humanos y el cambio climático. En adelante, la segunda parte del libro se concentra en examinar y clasificar los impactos que ocasionan los cambios climáticos en los derechos humanos. A partir de casos peruanos, Hugo Cahueñas examina la correlación entre pobreza y riesgos de desastres. Este capítulo permite ver que, en efecto, el no contar con una vivienda de buena calidad, con una infraestructura adecuada, aumenta la posibilidad de sufrir pérdidas de bienes esenciales, destrucción de su entorno e, incluso, peligro de muerte ante los desastres. Consecuentemente, la actual crisis ambiental está vinculada con los problemas de acceso a una vivienda digna, y corresponde al Estado la labor de prevenir y tomar acción en dichos escenarios.

En el proceso de identificar los derechos que se vienen transgrediendo a raíz del cambio climático, no pasa desapercibida la afectación del derecho al agua, reconocido en el 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En el sexto capítulo, Juan Francisco Acevedo pone sobre la mesa la importancia del derecho al agua en el contexto de la crisis hídrica global, la cual afecta a toda la humanidad y, en especial, a aquellas poblaciones que ya se encontraban en estado de vulnerabilidad. Adicionalmente, el autor plantea que “cuando se establece que el agua es un bien cultural se alude tanto a las prácticas culturales como a los significados culturales en los que aquellas se inscriben” (p. 153). Por ende, nos encontramos también ante una demanda de reconocimiento de los derechos culturales, sobre todo en los contextos indígenas, los cuales son explorados por Acevedo a partir del caso de la Región Andina Central.

Siguiendo este recorrido, el séptimo capítulo, a cargo de María José Veramendi, se detiene alrededor del derecho humano a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria. La autora examina algunos de los impactos que ha tenido el cambio climático sobre éstos, como el aumento de las sequías, la consiguiente reducción de fuentes de agua y la acidificación de los océanos. Después, la autora realiza un repaso de las principales acciones tomadas por el Estado, haciendo énfasis en la promulgación de la Ley que promueve la Reducción y Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA), Ley 30988 (2019).

Por último, el impacto ambiental en el derecho a la salud, intrínsecamente ligado al derecho a la vida, es abordado en el octavo capítulo por Pedro Francke. En éste se identifican cuatro categorías de impactos: las enfermedades infecciosas, las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales, los “nuevos retos ambientales” como la contaminación del aire o el estrés por las olas de calor, y los desafíos a la nutrición, como la seguridad alimentaria. Una vez planteadas las múltiples consecuencias ocasionadas por el cambio climático, el autor hace un análisis de las políticas públicas de salud en el Perú de hoy, haciendo hincapié en los problemas que se encuentran en la atención de la salud y la dificultad de contar con un sistema de salud fragmentado. Concluye que “a escasos meses del bicentenario de la Independencia y la República, el Perú no ha logrado que el derecho a la salud sea gozado ampliamente por su población” (p. 211).

La tercera parte del libro se ocupa de las vulneraciones diferencias del cambio climático y, específicamente, analiza la situación de tres poblaciones en particular: las poblaciones migrantes, los pueblos indígenas y las mujeres. En el primer eje, a cargo de Cécile Blouin, se responde a los movimientos de adaptación al cambio climático desde un enfoque jurídico y se problematizan las respuestas estatales que han tenido lugar en América Latina. Asimismo, se propone una mirada regional que permita el reconocimiento de la migración ambiental y sus posibles consecuencias. Respecto del segundo eje, Óscar Espinosa pone sobre la mesa el complejo impacto que ha tenido la crisis ambiental en las poblaciones indígenas. Siendo escasa su contribución al desarrollo del cambio climático, estas sociedades se encuentran fuertemente afectadas dado su estrecho vínculo con el medio ambiente. Además, el autor recalca la labor fundamental que cumplen las comunidades indígenas y sus conocimientos tradicionales para hacer frente al cambio a través de procesos de mitigación y resiliencia. Para cerrar, en el eje final, a cargo de Marcela Huaita, se problematiza en torno al impacto diferenciado del cambio climático entre hombres y mujeres. A partir del caso cajamarquino, Huaita señala la alta vulnerabilidad de las mujeres ante los fenómenos ambientales debido a su papel en la sociedad, pero también la capacidad de agencia que las ha llevado a visibilizar las luchas socioambientales.

Así, como se señaló al inicio, el libro hace evidente, a través de sus 12 capítulos, la necesidad de repensar el cambio climático desde una perspectiva que contemple no sólo los marcos especializados en derechos humanos y cambio climático, sino también los ejes transversales de diferentes disciplinas. Es de esperarse que, tal como se propone en esta publicación, la identificación de los derechos que están siendo afectados y el análisis de los diferentes mecanismos que se han puesto en práctica en nuestra región fortalezcan la conciencia pública y generen iniciativas más enérgicas y propuestas más pertinentes a la magnitud y al carácter del problema que afronta el planeta.