Uno de los temas de mayor trascendencia en la actualidad en torno al derecho internacional de los derechos humanos tiene que ver con la forma en que ese derecho es asimilado a nivel nacional. Así, la relación entre el derecho nacional e internacional es un tema que no sólo es preocupación desde el punto de vista del internacionalista, sino también desde la perspectiva constitucional.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido durante un poco más de una década un canon o doctrina de cómo los derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados deben ser incorporados en el derecho interno, esto incluyendo la jurisprudencia del propio tribunal; a esto le ha denominado "control de convencionalidad".

Siguiendo a la Corte Interamericana, el control de convencionalidad puede ser definido como "una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de [el] Tribunal".¹ Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que dicho control debe ser difuso y ejercido por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y con distinta intensidad, ex officio, y privilegiado el efecto útil de los tratados. Paralelamente, la Corte ha llegado a destacar la inexistencia de un modelo único para ejercer este tipo de control.

En México, el tema resulta en su discusión particularmente atractivo, por muy diversas razones. La primera de ellas es el mandato constitucional derivado de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, en donde se abre la puerta a que las normas de derechos humanos se interpreten de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, aplicándose de ser necesario el principio pro persona. La segunda razón va en torno a la inesperada y sorprendente acogida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a este mandato constitucional a través de la doctrina del control de convencional de la Corte Interamericana en el ya célebre expediente Varios 912/2010 y en la Contradicción de tesis 293/2011. La tercera razón tiene que ver con el importante papel que los jueces mexicanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido en la creación y eventual expansión del concepto, en particular destacan las figuras de Sergio García Ramírez, y en la actualidad, el presidente del Tribunal, Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

La concepción de la doctrina de control de convencionalidad en su amplitud, tensiones y contradicciones ha dado lugar una gran cantidad de posturas a favor y en contra. Igualmente, en su aplicación práctica en países como México ha sido objeto de amplios análisis académicos y novedosas sentencias en el ámbito jurisdiccional. No obstante lo anterior, la discusión está lejos aun de encontrarse cerrada. En particular, los orígenes, significado y aplicación del control de convencionalidad siguen siendo temas en los cuales existe un amplio campo de debate en muchos sentidos inexplorado.

En la obra La doctrina del control de convencionalidad. Entre la uniformidad y el pluralismo legal en el sistema interamericano de derechos humanos, el autor, Pablo González Domínguez, hace un extenso recorrido en los orígenes, desarrollo y problemáticas en torno al control de convencionalidad. El libro, publicado por el momento solamente en inglés, es producto de la investigación que el autor realizó en la elaboración de su tesis doctoral en la Universidad de Notre Dame. Dicha visión es a su vez complementada con el trabajo que el propio autor desempeña como abogado de la Secretaría Ejecutiva del tribunal interamericano en San José de Costa Rica. La combinación de ambas circunstancias hace que el texto que se comenta no sólo posea una profunda madurez en el aspecto teórico y metodológico, sino que también sea capaz de aportar una visión práctica y realista de la problemática que aborda.

El debate en torno a los grandes temas a tratar inicia desde el mismo prólogo de la obra, en donde Paolo Carozza, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca la existencia de dos polos: uno, en donde se encuentran los más fervientes impulsores del control de convencionalidad, y otro, en donde se encuentran sus detractores, que lo (des)califican como un "arrogante y descarado poder tomado por la Corte Interamericana con el afán de «constitucionalizar» el Sistema Interamericano". Carozza, ante este panorama destaca la necesidad de llegar a un punto en donde la relación entre lo nacional y lo internacional pueda existir, lo que requiere una amplia comprensión de distintas perspectivas, para así proyectar al control de convencionalidad.

Pablo González Domínguez divide su obra en cuatro grandes capítulos. En el primero, explora el desarrollo jurisprudencial de la doctrina del control de convencionalidad. En el segundo, emprende el análisis legal de la doctrina. En el tercero y cuarto destaca, respectivamente, el tema de la validez de la doctrina y la necesidad de una eventual reconstrucción.

González Domínguez, a la par de otros autores, coincide en encontrar los orígenes del control de convencionalidad en las obligaciones generales de la Convención Americana. En su caso, para el autor resulta especialmente importante el rol del artículo 2o. de la Convención -en lo referente al deber de adoptar disposiciones de derecho interno- en donde el control de convencionalidad podría considerarse como una medida necesaria para garantizar la vigencia de la Convención Americana.

En la obra se describe con gran precisión y exhaustividad el nacimiento del control de convencionalidad en los confines de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los debates que surgen desde la doctrina clásica del derecho internacional. Aquí cabe destacar la sección dedicada a la discusión de los principios internacionales fundamentales en el desarrollo de la doctrina. Igualmente, la obra lleva al lector por una amplia explicación de los elementos de la doctrina de control de convencionalidad y las diferentes obligaciones derivadas del mismo. Al respecto, el autor distingue la existencia de obligaciones "fundamentales" y "periféricas".

El autor aborda los diversos tipos de tensiones existentes en el corazón mismo del control de convencionalidad. Así, por ejemplo, existe una ten sión entre la soberanía estatal y el control de convencionalidad, la uniformidad y la pluralidad, las posturas monistas y dualistas respecto al derecho internacional en sede nacional, el principio de complementariedad y subsi-dariedad, la gran apertura del derecho internacional y los intentos de jerarquizarlo, el control de convencionalidad como una regla o como principio, entre otros temas. El autor propone que se realice una "deconstrucción" del control de convencionalidad, pero no en el ánimo de destruirlo, sino en última instancia de explicar, fortalecer y justificar su existencia.

La obra de Pablo González Domínguez demuestra que el escribir, reflexionar y criticar el control de convencionalidad no sólo requiere del conocimiento de la totalidad de la jurisprudencia del sistema interamericano, sino también de una profunda comprensión de las motivaciones que han permitido que esta idea haya irrumpido en el ámbito internacional; esto, a través de una valoración equilibrada entre sus ventajas y desventajas. Por ello, la propuesta resulta, en lo notorio de su necesidad, novedosa. La obra surge en un entorno en donde el debate se ha decantado en posturas que en ocasiones parecen irreconciliables. Si algo pudiera criticarse a la obra es el hecho en que por el momento se encuentre sólo disponible en el idioma inglés, así como el que no haya atendido con mayor profundidad y amplitud el caso mexicano. Dichas "taras", dependiendo de cómo se les vea, también pudieran ser consideradas virtudes.

La lectura de la obra es indispensable para todo aquel interesado en la comprensión y estudio del control de convencionalidad, dado que el autor aborda con gran precisión las características principales de la doctrina y emprende un debate serio, informado y apasionado, pero respetuoso, del tema. La obra es útil para aquellas personas que busque conceptos e ideas fundamentales, así como para aquellas que deseen ponerse al día en el nivel más alto de debate. La obra de González Domínguez es necesaria, en última instancia, para reactivar un debate académico y judicial, que a veces parece estancarse en puntos comunes, esto, ante la necesidad de encontrar soluciones prácticas a la tan exigida y necesaria incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno.