Introducción

En el proceso electoral 2017-2018, después de dos intentos consecutivos sin lograrlo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena,¹ el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), consiguió llegar a la Presidencia de la República al obtener más de 30 millones de votos (53 % del total), en una jornada electoral que registró una participación ciudadana de 63.4 %, resultado con el que estableció un hito en la historia política de México (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, 2018}). Esta victoria terminó de redondearse con la obtención de la mayoría de las diputaciones, senadurías y gobernaturas que estuvieron en juego.

Este triunfo electoral en México, encabezado por un actor político afectado previamente por prácticas electorales fraudulentas y un partido heredero de las luchas sociales democráticas, se debe en buena medida al «voto de castigo» que la ciudadanía ejerció contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). El giro en la política electoral estuvo acompañado de cierto optimismo en amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos sectores organizados que formaban parte de movimientos sociales. Sin embargo, como ha ocurrido con otros gobiernos progresistas en la región, las expectativas pronto cambiaron y surgieron tensiones entre los movimientos sociales y el gobierno federal.

En otras latitudes, hacia finales del año 2019 se reportaron en China casos de neumonía atípica derivados de un nuevo coronavirus que rápidamente se propagó por el mundo. La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, presumiblemente de origen zoonótico, llegó a casi todos los rincones del planeta, hasta tal punto que puso en jaque los sistemas de salud y exacerbó muchos de los problemas sociales preexistentes. En México, como en muchos países de América Latina, se observó la agudización de la desigualdad social, la violencia familiar, los problemas psicosociales, la precariedad laboral y la xenofobia.²

Por la relevancia de los procesos mencionados y su convergencia, en este trabajo me concentro en analizar la política desplegada por los actores sociales en el país, específicamente en Chiapas donde, debido al dinamismo de las organizaciones y los movimientos sociales en la entidad, la literatura que se focaliza en estos temas es vasta, y en ella predominan los estudios en los que se analizan procesos organizativos específicos. En este trabajo, en cambio, se recurre al análisis de eventos para explorar la dinámica y los patrones de la protesta social registrada en la entidad entre 2018 y 2021 a partir de la información del portal de noticias Chiapas Paralelo, poniendo especial énfasis en los procesos de movilización y desmovilización social.

El trabajo está organizado en cinco partes. A continuación, se presenta una acotación teórico-metodológica; en un segundo momento se bosquejan una serie de elementos económicos y sociopolíticos de Chiapas que permiten entender por qué esta entidad ha sido terreno fértil para los movimientos sociales; en la tercera parte se apuntan distintos procesos que operan como efectos desmovilizadores; en cuarto lugar se realiza una aproximación a la dinámica y los patrones de protesta que se registraron entre 2018 y 2021; enseguida, como quinto momento, se realiza un análisis dividido en tres (sub)cortes y, finalmente, se presentan algunas conclusiones.

Acotación teórico-metodológica

No existe un consenso sobre la definición de protesta. Para fines de este trabajo, parto de una definición básica según la cual las protestas se entienden como acciones colectivas, que en su literalidad son «desarrolladas de manera concertada por varios individuos que comparten una misma orientación» (^{Cadena-Roa, 2016}: 3). Estas implican «una ocupación momentánea, por varias personas, de un lugar público o privado que, directa o indirectamente, conlleva la expresión de opiniones públicas» (^{Fillieule y Tartakowsky, 2015}: 24), y tienen como motivación central la demanda de soluciones a diferentes autoridades, instituciones del Estado y elites, pero no se reducen a tales.

Las acciones colectivas de los movimientos sociales suelen ser disruptivas, rutinarias o violentas, y el repertorio de estas varía en cada contexto y régimen político (^{Tilly, 2016}; ^{Tarrow, 2018}). En su estudio no hay consensos sobre la inclusión de unas u otras (^{Olzak, 1998}), siendo un hecho que cada definición presenta implicaciones y oportunidades analíticas. Dado que los movimientos sociales contemporáneos suelen adoptar estrategias de acción mixtas que combinan tanto una variedad de acciones «tradicionales» o «alternativas», «convencionales» o «no convencionales» (^{Gadea, 2015}; ^{Norris, 2003}), en este trabajo se optó por una definición abierta en la que se incluyen protestas rutinizadas, disruptivas, violentas e, incluso, institucionalizadas.

Otra distinción importante es la que surge del vínculo entre las acciones colectivas y los movimientos sociales. Sobre esta se puede observar un mayor consenso al establecer que los movimientos se componen de acciones que no necesariamente pueden ser consideradas como un movimiento. Las acciones, por su carácter episódico, pueden ser expresiones de un movimiento social más amplio y sostenido en el tiempo o bien pueden ser el comienzo de una nueva forma de organización o movimiento social, pero para ello deberán desarrollarse distintos procesos en términos de recursos organizativos, redes de apoyo e identidades colectivas, en un marco de relativas oportunidades que lo posibiliten (^{Tarrow, 2018}).

Bajo estas premisas, se optó por el análisis de eventos de protesta, metodología que tuvo un primer auge en la década de los sesenta del siglo XX para identificar el impacto de las dificultades económicas en el malestar colectivo, la variación de la violencia política en los disturbios raciales, la influencia del tiempo y la dinámica organizacional, utilizando registros policiales, archivos, periódicos, documentos históricos y otro tipo de registros. En la actualidad esta metodología se usa ampliamente debido a las posibilidades analíticas que ofrece: la contrastación entre teoría y datos empíricos, el estudio de los ciclos y olas de protestas, la proyección cartográfica de las protestas en distintas escalas y los cambios en las formas de acción colectiva (^{Earl et al., 2004}; ^{Olzak, 1989}).³

El análisis que se muestra en este artículo está basado en las notas informativas publicadas en Chiapas Paralelo,⁴ un medio de comunicación digital caracterizado por ofrecer una amplia cobertura a las acciones colectivas y los actores sociales en Chiapas, México. Como unidades de análisis se han considerado 380 notas informativas sobre acciones colectivas publicadas entre 2018 y 2021. Para la sistematización resultó clave el establecimiento previo de variables, siendo de particular relevancia las siguientes: los actores específicos, el tipo de actores y de acciones, las acciones concretas, las demandas, el tipo de organizaciones, las acciones particulares y la respuesta de las instituciones.

Como toda fuente de información, el análisis de noticias de prensa presenta oportunidades y puntos críticos. Entre sus ventajas, permite tener una mirada global sobre diferentes formas de acción colectiva y facilita la comprensión de tipo comparativo y longitudinal. Por otra parte, es importante no obviar que la información de los diarios no está exenta de sesgos toda vez que el enfoque editorial de cada periódico tiene un impacto de origen en el análisis que se presenta (^{Oliver, Cadena-Roa y Strawn, 2003}). No obstante, es posible sostener que no deja de ser una fuente de información útil para aproximarse analíticamente, con base en información empírica, a la dinámica de movilización y desmovilización sociopolítica.

Chiapas: una arena propicia para la movilización social

Mucha tinta se ha invertido para analizar los movimientos sociales en las últimas décadas, lo que se ha hecho desde perspectivas diversas, poniendo el foco de análisis en los factores estructurales y coyunturales, organizacionales o culturales, que los posibilitan, promueven o restringen. En este trabajo me concentro en el análisis de los eventos de protesta, expresión irreductible del quehacer de los movimientos sociales. Para ello, sin profundizar en el examen de los movimientos sociales en Chiapas, conviene retomar algunos factores que han propiciado la constitución de esta entidad como arena propicia para los movimientos sociales de izquierda entre las últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI.

Si para el análisis se parte de una perspectiva estructural, el estado de Chiapas parece estar condenado a recibir la peor parte en las relaciones con el centro del país, lo que ha motivado su escaso crecimiento durante las últimas décadas, la ausencia de una adecuada distribución de recursos y, a diferencia de otros estados, la falta de procesos de industrialización. De este modo el concepto centro-periferia, de abolengo cepalino, que explica la desigualdad de las relaciones económicas internacionales y la heterogeneidad de las estructuras productivas, se puede utilizar para pensar la situación de subdesarrollo de la economía chiapaneca. Para ^{Guillén (2007)}, tal desigualdad es parte constitutiva de las crisis latinoamericanas provocadas por el modelo de acumulación vigente y por la posición de los países latinoamericanos en la distribución internacional del trabajo.

En las últimas décadas del siglo XX la entidad chiapaneca vio ratificado su papel de proveedora de alimentos y materias primas en la división social y territorial del trabajo en el contexto nacional. La condición periférica de la economía de este estado se caracteriza por la desarticulación entre el sector secundario (definido por un incipiente desarrollo tecnológico y la proliferación de micro y pequeñas industrias) y el sector primario (^{Villafuerte, 2003}, ²⁰⁰⁶). Destaca también en Chiapas la ausencia de efectos integradores entre los diferentes sectores, las desigualdades sectoriales en la productividad y la dependencia del exterior (^{Guillén, 2007}), principalmente del Estado mexicano, que fue el que inyectó capital en ramas como la agricultura y la explotación de hidrocarburos.

En consecuencia, se observa que el crecimiento desigual de los estados de la República mexicana responde de forma diferenciada a los desafíos y las oportunidades que plantea la reinserción del país en la economía mundial y en el mercado de América del Norte (^{Guillén, 2007}). En Chiapas, el modelo neoliberal, lejos de ayudar a superar las restricciones internas y a corregir los desequilibrios anteriores, profundizó las descompensaciones productivas y la dependencia al tener que importar para satisfacer necesidades, lo que propició una mayor desconexión del sector exportador del resto del sistema productivo (^{López y Núñez, 2015}; ^{Villafuerte, 2003}, ²⁰⁰⁶: 19-27).

Las expresiones más visibles de estos desequilibrios son: un escaso desarrollo laboral, altas tasas de desempleo, el crecimiento de la economía informal y la agudización de los flujos de migración. Estos procesos han llevado a analistas como ^{López y Núñez (2015}) a señalar cierta «democratización de la pobreza». Para 2020 se estimó que 75.5 % de la población de Chiapas se encontraba en condición de pobreza y 29 % en pobreza extrema, es decir, 4.6 y 1.6 millones de habitantes, respectivamente (^{CONEVAL, 2023}).

En cuanto a la política institucional, México fue escenario de importantes transformaciones en las últimas cuatro décadas del siglo XX, que devinieron en una apertura política del régimen y la institucionalización democrática. En Chiapas, tensiones internas y presiones externas al régimen influyeron para que se transitara de un sistema de partido hegemónico hacia un sistema político plural y multipartidista a finales del siglo XX, a través de reformas constitucionales en la entidad siguiendo el patrón de las reformas federales. No obstante, en los hechos el PRI mantuvo por más tiempo el control de las reformas políticas apoyado en una estructura corporativa, clientelar y en prácticas electorales fuera de la norma. La alternancia política se consiguió finalmente en el año 2000 a través de estrategias aliancistas y coaliciones de partidos políticos, las cuales se replicarían en los procesos electorales subsecuentes (^{García, 2003}; ^{García, Solís y Pérez, 2014}; ^{Solís, 2016}).

Otro aspecto, fuertemente vinculado a los procesos de liberalización política, es el desarrollo simultaneo de intermediaciones políticas que dieron cauce a las exigencias de participación política de fuerzas sociales hasta entonces excluidas. En Chiapas, durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, bajo idearios y actuaciones políticas diversos, emergieron actores disidentes entre los que destacaron la Iglesia católica, organizaciones de corte campesino, militantes sobrevivientes de Tlatelolco, activistas defensores de derechos humanos, diferentes experiencias del movimiento campesino, el movimiento magisterial y el movimiento feminista (^{García, 2003}, ²⁰⁰⁵ y ²⁰⁰⁸; ^{González, 2004}).

En la década de los noventa, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ulterior movimiento social zapatista marcaron un momento de inflexión en la historia contemporánea de Chiapas, México y el mundo. Las explicaciones sobre las causas, las repercusiones y los procesos en que se ha decantado el movimiento son extensas y diversas. Para fines de este trabajo basta referir su composición heterogénea como síntesis de distintos procesos asociativos. Leyva y Sonnleitner definieron el «neozapatismo» como «un proceso multifacético, dinámico y complejo, producto de la convergencia de movimientos populares, políticos y ciudadanos, con un eje sociopolítico y militar» (^{Leyva y Sonnleitner, 2000}: 169). El neozapatismo, según estos autores, estaría compuesto por una vertiente agrarista, una democrática-electoral, una indianista-autonomista y una internacionalista-antineoliberal (2000: 175).

A comienzos del siglo XXI es posible identificar, al menos, dos procesos importantes que trastocaron el campo asociativo. Por un lado, se experimentó una crisis en el seno de las organizaciones campesinas y rurales de Chiapas, tanto en aquellas ancladas al corporativismo estatista, como también en las que, aunque autónomas, dependían de la derrama de recursos del gobierno (^{García, 2003}, ²⁰⁰⁵); por otro lado, las agendas de las organizaciones sociales fueron modificándose, en buena medida influenciadas por los lineamientos de las agencias de financiamiento internacional (^{Benessaieh, 2004}). Como resultado de estos y otros cambios los ámbitos de acción de las organizaciones sociales se han venido diversificando para colocar en el centro de sus agendas reivindicaciones de género, autonomía, agroecología, derechos humanos, ciudadanía, gobiernos comunitarios, mercados alternativos, autogestión y proyectos productivos.

Actualmente es posible observar una serie de continuidades y rupturas. Entre las continuidades destacan las condiciones de pobreza y desigualdad en una buena parte de la población en Chiapas, así como ciertas dinámicas entre los actores de la política institucional basadas en el clientelismo, el oportunismo y la subversión de las normas. A esto se han sumado la diversificación de voces disidentes en el espectro político chiapaneco, la continuidad de movimientos sociales de larga data y la emergencia de nuevos actores sociales. Todo ello en un contexto de creciente conflictividad y disputas territoriales con la presencia de actores que operan entre la legalidad y la ilegalidad haciendo uso de violencia.

Desmovilización social en Chiapas

A contrapelo de los factores y procesos que incentivan la acción colectiva, es clave reconocer que el papel de las organizaciones y los movimientos sociales está condicionado por un conjunto de procesos que pueden desincentivar su participación y provocar desmovilización social. Entre los más recurrentes y los más analizados se encuentran los procesos represivos, entendidos como una «política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad» (^{Cortez, 2008}: 75)⁵ o como «una forma de control político cuyo propósito es prevenir o disminuir los desafíos directos y no institucionales al poder social, cultural o político (es decir, a la protesta, el activismo y los movimientos sociales)» (^{Earl, 2011}: 262). Esta política represiva se puede ejecutar de formas muy variadas; puede ser abierta o encubiertamente violenta, realizada por distintos actores (fuerzas armadas o cuerpos policíacos, por ejemplo) en diferentes niveles (nacional, estatal o municipal) y sus características pueden variar dependiendo del régimen (democrático, semidemocrático o autoritario).

Más allá de las diferencias conceptuales y empíricas, los casos paradigmáticos de este ejercicio de poder represivo en México son numerosos. Entre estos destacan: la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en la Ciudad de México, en 1968; la «guerra sucia» contra los movimientos sociales y armados durante la segunda mitad del siglo XX en Guerrero; más recientemente, la «noche de Iguala», también en Guerrero, que tuvo como resultado el asesinato de seis estudiantes y civiles y la «desaparición forzada» de 43 estudiantes, y la persistencia de los procesos de contrainsurgencia en Chiapas, que combinan una diversidad de estrategias como la militarización, la paramilitarización, el aislamiento de los movimientos y la implementación de políticas sociales «contra la pobreza» (^{CDHFBC, 2009}; ^{Morquecho, 5 de agosto de 2011}).

Actualmente, según datos del informe Chiapas, un desastre, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (^{CDHFBC, 2023}), los procesos de militarización del país y la extensión de sus facultades en ámbitos civiles han dado como resultado que el ejército mexicano se haya convertido en un suprapoder que controla distintas esferas de la vida sin rendir cuentas, con manejo libre de presupuesto y mantenimiento del fuero militar y político. En paralelo a este creciente poder otorgado a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional se encuentra la agudización de las medidas restrictivas de movilidad humana impulsadas por Estados Unidos y acatadas por el gobierno mexicano, lo que ha derivado en la continuidad de la represión ejercida tanto hacia grupos que plantean proyectos alternativos y autonómicos, como hacia migrantes que pasan por el territorio mexicano con el propósito de llegar al país del norte.

Como puede inferirse, además de los métodos represivos, existen otros mecanismos y procesos que influyen en la desmovilización social. Entre los principales Tarrow señala los siguientes: la facilitación de las autoridades cuando satisfacen algunas demandas de los manifestantes; el agotamiento o cansancio que supone para los activistas estar en las calles; la radicalización de los movimientos, que implica un giro en las formas de acción de las organizaciones, y la institucionalización o incorporación total o parcial de algunas de estas a la política oficial (^{Tarrow, 2018}: 327).

^{Demirel-Pegg (2017)} propone pensar la desmovilización social en un sentido amplio, como un proceso dinámico e interactivo (entre manifestantes, gobiernos y transeúntes) que muchas veces antecede al fracaso de la movilización social, aunque no siempre es así. Algunas de sus características son: su temporalidad variable, pues en ocasiones la desmovilización se da de manera rápida o bien se extiende por grandes periodos; la disminución del número de sus participantes, organizaciones, frecuencia de actividades y sitios de actividades; y la habitual combinación de factores y estrategias que la componen, de manera simultánea o secuencial.

La desmovilización podría analizarse desde tres diferentes dimensiones: la propiciada por las instituciones estatales, la que se refiere a causas organizativas y la que tiene que ver con aspectos individuales de la militancia. En la dimensión «estatal» podrían incluirse la represión, las concesiones del gobierno (políticas sociales), la contramovilización de grupos opositores y los cambios en los liderazgos; en los aspectos organizativos destacan los factores de unión y capacidad de organización, así como la previsión y reacción ante los procesos represivos, mientras que en los aspectos individuales se encuentran la pérdida de confianza de los participantes, su agotamiento, la falta de compromiso y la insatisfacción con los resultados. Aunado a estas dimensiones se sitúa el papel que pueden desempeñar los «eventos espontáneos», inesperados o críticos que presionan a los liderazgos para cambiar de estrategias (^{Demirel-Pegg, 2017}).

Desde esta perspectiva, y reconociendo que en Chiapas se han analizado principalmente los factores relacionados con las instituciones estatales, cobra relevancia explorar el papel desmovilizador de dos acontecimientos que, en su calidad de espontáneos, inesperados y críticos, influyeron como estrategias de desmovilización social en el estado. Me refiero a la victoria electoral de Morena, partido liderado por López Obrador, y al periodo de contingencia sanitaria que provocó la pandemia de covid-19.

Sobre el primer aspecto, Modonesi señala que el vínculo que el gobierno de la 4T proyectó con las organizaciones independientes desde su Proyecto de Nación fue acotado y cambiante. Una de las claves para comprender este hecho es que en Morena no se establecieron alianzas con movimientos y organizaciones sindicales independientes, sino que estas las heredó del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y que en el contexto electoral buscó, o encontró, vínculos puntuales con algunos dirigentes o figuras del campo de las organizaciones. Esto provocaría entre las organizaciones un conjunto de ambivalencias y tensiones internas, unas considerando las oportunidades abiertas por la alternancia y otras buscando el deslinde necesario para preservar su autonomía (^{Modonesi, 20 de junio de 2018}).

^{Uc (2021)}, por otra parte, advierte tres frentes de tensión entre el gobierno de la 4T y los movimientos. El primero lo representa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desde donde se disputa la legitimidad para establecer la «agenda indígena en México» en detrimento de agendas antagónicas como la del Congreso Nacional Indígena (CNI); el segundo frente es la reactivación de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA) que en 1994 encauzó la creación de la Comisión Nacional de Intermediación entre el EZLN y el gobierno federal con el objetivo de finiquitar la legitimidad del conflicto armado y su proyección territorial, y el tercero refiere a la inédita apropiación y disputa simbólica del imaginario de Emiliano Zapata, icono histórico de la movilización popular.

A lo anterior se suma la propensión de López Obrador, durante los primeros años de su gobierno, de calificar a todos sus opositores o disidentes como conservadores mientras él y sus seguidores se autodefinen como liberales y transformadores (^{Martín, 31 de octubre de 2021}). Ejemplo de esto es el encasillamiento de organizaciones que son parte de movimientos encaminados a la defensa del territorio ante el extractivismo y los megaproyectos, el feminismo, la ecología, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales, ante lo cual han reaccionado actores sociales como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y organizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Un segundo fenómeno que hipotéticamente operó como factor de desmovilización es la crisis sanitaria que generó el covid-19. Ante el evidente crecimiento en el número de contagios, una de las estrategias implementadas por el gobierno mexicano fue el «distanciamiento social», entendido básicamente como un método de distanciamiento físico entre las personas con el objetivo de contener la propagación de la enfermedad, «aplanar» la curva epidémica y evitar, así, la saturación del sistema hospitalario. La Jornada Nacional de Sana Distancia de la Secretaría de Salud fue el programa nacional desde el que se desplegó tal estrategia oficialmente del 23 de marzo al 20 de mayo de 2020.

En México las protestas acusaron el impacto del distanciamiento social, aunque pronto diferentes actores sociales, como organizaciones del movimiento feminista y del sector salud, retomaron las calles como espacio de protesta.⁶ Es importante mencionar que, aunque en el caso de México el confinamiento no fue obligatorio, sino sugerido bajo la consigna «quédate en casa», en algunos estados y localidades se registraron prácticas autoritarias que buscaban regular el uso de los espacios públicos y privados. De esta manera, la pandemia se constituyó en un acontecimiento que devino, relativamente, en un factor de desmovilización social que se sumó a otros preexistentes.

Protestas en Chiapas (2018-2021)

Tomando en cuenta los procesos convergentes mencionados, corresponde explorar la dinámica y los patrones elementales de las protestas y la desmovilización en Chiapas. Entre el 12 de enero de 2018 y el 12 de diciembre de 2021 se registraron 380 eventos de protesta en la entidad. Fue 2019 el año en que se realizó el mayor número de estos, con un total de 206 casos, que equivale a poco más de la mitad (54 %), de tal modo que en ese año se duplicó el número de protestas del anterior y se quintuplicó el de años subsecuentes (véase Cuadro 1).

En cuanto a la ubicación, se observa una fuerte concentración de protestas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, con 128 y 66 eventos respectivamente. Esto no sorprende, pues la primera alberga los poderes estatales y la segunda es una cabecera municipal emblemática y estratégica para las actividades de organizaciones y movimientos sociales. El resto de los municipios donde se registraron como máximo 12 eventos de movilización se concentran en las regiones socioeconómicas XII Selva Lacandona, XIII Maya y XIV Tulijá Tzeltal Chol (véase Mapa 1).

Fuente: elaboración propia de acuerdo con la Base de Datos sobre Protestas en Chiapas 2018-2021 procesada a partir del trabajo de investigación. Diseño de Emilio Pérez Pérez.

Mapa 1 Protestas en Chiapas 2018-2021 

Para un mejor análisis se han agrupado las protestas en función de sus demandas en distintos campos. De acuerdo con esta categorización, los movimientos sociales que más acciones de protesta registraron en este periodo se refieren a los siguientes campos: paz, justicia y derechos humanos;⁷ ambientalismo, ecología y defensa de la vida y el territorio;⁸ autonomía y gobiernos comunitarios;⁹ feminismo;¹⁰ magisteriales,¹¹ y normalistas-estudiantiles.¹² Asimismo, en el periodo analizado destaca la emergente movilización del sector salud¹³ y de personas en condición de desplazamiento forzado¹⁴ (véase Cuadro 2).

En cuanto al tipo de acciones de protesta, en general encontramos un repertorio que combina principalmente acciones rutinizadas y disruptivas. El mayor número de casos correspondió a los siguientes tipos: denuncias y pronunciamientos a través de medios escritos u orales, con 166 eventos (44 %); marchas, con 69 eventos (18 %), y un conjunto de manifestaciones y actos de ocupación de espacios públicos, con 46 eventos (12 %).

En cuanto a las respuestas que las autoridades brindaron a las protestas prevalece la falta de resolución, como es común, de tal modo que solo 23 protestas (6 %) obtuvieron respuestas o resoluciones, generalmente parciales, entre las que se encuentran: acuerdos, apoyos, detención de presuntos autores materiales de asesinatos, conformación de mesas de diálogo y acuerdos, mesas de nuevas negociaciones y aplicación de justicia. La omisión de las autoridades constituye una de las principales fuentes de agravio entre los manifestantes.

La respuesta represiva de las autoridades estuvo presente en una de cada 10 protestas (12 % del total). Sin embargo, es importante mencionar que en casi todas las protestas se denunciaron expresiones de violencia, entre las que destacan amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, actos de tortura, despojos de tierras y feminicidios, dirigidas principalmente contra mujeres, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Esto explica, al menos en parte, la centralidad de las demandas de justicia, paz y derechos humanos y el protagonismo de los centros de derechos humanos que se revelan en este estudio.

Despliegues y repliegues de las protestas

Después de realizar la lectura general y anual de las protestas en Chiapas entre 2018 y 2021 se identificaron despliegues y repliegues de las acciones que desbordan los cortes anuales, por lo que analíticamente resultó más adecuado describirlos a través de una línea temporal que muestre la distribución mensual de las acciones, los incrementos y los descensos en las protestas (véase Gráfica 1). De esta manera, destaca el pico de protestas desplegado entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, momento analítico que he denominado segundo corte.

Fuente: elaboración propia de acuerdo con la Base de Datos sobre Protestas en Chiapas 2018-2021 procesada a partir del trabajo de investigación.

Gráfica 1 Las protestas en Chiapas 2018-2021 

Asimismo, analicé el periodo que le antecede, que llamaré primer corte, y el subsecuente, tercer corte (véase Cuadro 3). Estos acercamientos ayudan para identificar los patrones de la protesta social y algunos de los acontecimientos que pudieron haber sido significativos.

El primer corte, comprendido entre enero y julio de 2018, se enmarca en el desarrollo del proceso electoral 2017-2018. Tras la victoria de Morena en el campo electoral, se suscitó un periodo en el que más de una persona nos interrogamos sobre si realmente estábamos frente a una «vuelta de tuerca» en la política electoral mexicana, considerando que se trataba de un proceso electoral singular, entre otros factores por la legitimidad proveniente de 30 millones de votos, por ser el más costoso en México y por no representar una ruptura sistémica (tal como lo demostraban la continuidad reflejada en una amplia lista de irregularidades, como uso de información y spots difamatorios, utilización facciosa de instituciones gubernamentales, violencia política en un amplio espectro, acarreo, compra y coacción de votos y condicionamiento de programas sociales).

Para situar con mayor precisión la fase del proceso electoral a la que me refiero en este primer corte cabe mencionar que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) estableció el 23 de enero de 2018 como fecha límite para que los partidos políticos registraran el convenio de coalición para la gubernatura. Sin embargo, no todos los candidatos estaban definidos y el IEPC terminó extendiendo el plazo, lo que fue motivo de cuestionamientos. A partir de esa fecha comenzaron a ser cada vez más explícitos algunos actos de «precampaña», a pesar de que el periodo oficial de las campañas daría inicio el 29 de abril y culminaría el 20 de junio (^{Gómez-Abarca y Méndez-Gómez, 2021}).

En ese contexto se desenvolvieron una serie de protestas de baja intensidad, de las que se registraron 30 eventos. Los campos de movilización social más activos fueron los enmarcados en las demandas de paz, justicia y derechos humanos, con 11 registros; los de corte ambientalista, ecologista y en defensa de la vida y el territorio, con nueve registros, y las protestas de personas desplazadas de sus comunidades, con cuatro eventos, que representan 35 ٪, 25 % y 13 %, respectivamente, del total del periodo.

En cuanto al tipo de protesta, se registraron 14 denuncias, comunicados y pronunciamientos por distintos medios y nueve marchas, que representan 47 % y 30 % de las acciones colectivas, respectivamente. La respuesta estatal para resolver las demandas fue mínima en el primer semestre de 2018. Únicamente un evento obtuvo resolución, mientras que en dos eventos de protesta (7 %) se presentaron acciones represivas estatales.

El segundo corte, el más largo de los tres, comprende el periodo de agosto de 2018 a diciembre de 2019, y en él destacan dos acontecimientos en el campo de la política institucional. El 1 de julio se realizó la jornada electoral en la que López Obrador resultó elegido para ocupar la Presidencia de la República, además de que Morena se situó como la primera fuerza política del país. En Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas llegó a la gubernatura de la entidad. Durante la jornada electoral hubo expresiones de violencia en distintos municipios: heridos durante el robo de casillas y material electoral, quema de urnas, enfrentamientos con saldo de muertos y heridos, incendios de algunas oficinas del IEPC y destrucción de inmuebles institucionales (^{Gómez-Abarca y Méndez-Gómez, 2021}). Tres meses después, el 1 de octubre de 2018, Rutilio Escandón tomó posesión en el cargo de gobernador del estado de Chiapas.

Tras el triunfo de Morena se observó una reactivación de las protestas. Mientras en el periodo anterior la media fue de cuatro protestas por mes, en este segundo fue de 16. Resultó visible, por un lado, la continuidad del protagonismo que tuvieron las organizaciones en torno a las demandas de paz, justicia y derechos humanos, ahora con 91 registros, y las de corte ambientalista, ecologista y en defensa de la vida y el territorio, con 30 registros, que representan 34 ٪ y 11 %, respectivamente. Por otro lado, llama la atención la centralidad que tuvieron los movimientos autonómicos y de los gobiernos comunitarios, con 28 protestas, 10 % de este corte temporal.

Con muchos menos eventos de protesta, pero con una presencia significativa (más de 10 protestas), se registró también la participación de organizaciones de tipo multisectorial, feministas, magisteriales, normalistas-estudiantiles, de personas migrantes o en condición de desplazamiento forzado y del gremio del sector salud. Además, se registró un incremento de la participación en protestas de otros actores que, sin formar parte de manera evidente ni estar adheridos a algún movimiento, participaron en el repertorio de protestas registrado.

Con respecto al tipo de protestas, destacaron 143 denuncias públicas, comunicados y pronunciamientos (54 %), seguidas de 29 marchas (11 %), 19 manifestaciones y ocupaciones de espacios públicos (7 %), 12 plantones (4 %), 10 bloqueos (4 %) y 10 acciones performativas (4 %). Si bien estas últimas pueden categorizarse como ocupaciones del espacio público, se caracterizan por cierta innovación en el repertorio de protestas local, por lo que merecen destacarse y estudiarse en profundidad en otros trabajos. En lo que se refiere a las respuestas estatales para dar resolución a las demandas de las protestas, existe una correspondencia con respecto al corte anterior, pues solo 18 eventos (7%) obtuvieron una resolución. Asimismo, se presenta una continuidad en el registro de acciones represivas en 35 eventos, que representan 13 % del total del corte.

El tercer corte comprende el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2021; corresponde a prácticamente dos años completos y coincide con los primeros meses del confinamiento derivado de la pandemia. En este corte se observa el decremento en el número de eventos de protesta. Si bien entre junio y julio de 2020, momento en que terminó el confinamiento y comenzó la «nueva normalidad», repuntó el número de protestas, en lo que restó de ese año y en todo 2021 no se recuperó el ritmo alcanzado en 2019. En este corte se registraron 84 casos, con algunos picos entre marzo y julio de 2020 y entre abril y septiembre de 2021, pero sin que estos superaran las 10 protestas por mes. En promedio en este corte se registraron cerca de tres eventos mensuales, debajo de los cuatro del primer corte y de los 16 del segundo.

En el tercer corte de nueva cuenta se observó el protagonismo de las organizaciones que protestaban en favor de la paz, la justicia y los derechos humanos, con 20 protestas, que representan 24 % del total de este periodo. Asimismo, se registraron 16 con reivindicaciones feministas (19 %) y 10 de empleados del sector salud (12 %). Con una presencia menor, se registraron nueve protestas de normalistas-estudiantes (11 %), nueve eventos de personas migrantes (9 %), seis de tipo ambientalista, ecologista y en defensa de la vida y el territorio (7 %) y cuatro de movimientos autonómicos y gobiernos comunitarios (5 %).

En relación con el tipo de acción colectiva emprendido en este corte, destacan de nueva cuenta 31 marchas y 30 denuncias, comunicados y pronunciamientos, que representan 37 % y 36 %, respectivamente. En cuanto a la resolución de las demandas de las personas que protestaron, se observa una continuidad en cuanto a la ausencia de respuestas estatales, pues tan solo en cuatro eventos (5 %) se obtuvo una resolución, mientras que en 10 (12 %) se presentaron acciones represivas contra los manifestantes.

Consideraciones finales

En el análisis expuesto destaca el incremento sostenido de protestas entre julio de 2018 y diciembre de 2019, lo que hemos enmarcado como segundo corte. Le antecede a este periodo una relativa calma en la dinámica de protestas en la entidad, presentado como primer corte, y le sucede su declive en 2020, en el tercer corte. Las principales denuncias, en términos generales, fueron de tipo laboral, para exigir paz, justicia y respeto a los derechos humanos, en contra de la violencia machista, en defensa de los territorios ante proyectos extractivos, para reivindicar autonomía y por el ejercicio de los derechos de los pueblos a organizarse y autogobernarse. Las acciones, en términos generales, se caracterizaron por ser de carácter disruptivo y rutinario, aunque en menor medida se observaron acciones performativas y violentas.

La pluralidad de actores, demandas y acciones registradas, principalmente entre 2018 y 2019, puede leerse como una continuidad en la diversificación de actores y agendas de movilización emergentes que observamos desde la segunda mitad del siglo XX, lo que abre una agenda de investigación de largo alcance que debería considerar los mecanismos y procesos que posibilitan o inhiben la movilización social en la entidad. Resulta sugerente que este segundo corte pueda definirse como un ciclo de protestas (caracterizado como una fase de alto conflicto, de difusión rápida de la protesta de sectores más movilizados hacia otros menos movilizados, de innovación de marcos y formas de acción colectiva y de flujo intensivo de comunicación entre los actores involucrados),¹⁵ pero afirmar o descartar esta hipótesis va más allá de los objetivos y las posibilidades de este trabajo, por lo que se contempla la necesidad de realizar trabajos a profundidad en el futuro.

No obstante, la información presentada permite relativizar los efectos de desmovilización que provocaron la gestión inmediata de los gobiernos estatal y federal de la 4T y la pandemia de covid-19. El gobierno federal de la 4T no tuvo un efecto directo en la desmovilización social en Chiapas. Se observó entre 2018 y 2019, por el contrario, un incremento de las movilizaciones, algunas encabezadas por organizaciones y movimientos de larga data y otras por actores emergentes. Asimismo, después de tres meses de confinamiento en 2020 se observó la confluencia de actores previamente organizados, así como la emergencia de nuevos actores sociopolíticos.

Se advirtió una fase de desmovilización en 2020 con la disminución de eventos de protesta, la cual no puede entenderse sin las dimensiones de control político de la movilización social que asumieron las instituciones estatales; fue la dimensión represiva la que más se monitoreó desde la academia y la más atendida por otros actores sociales dedicados a la defensa de los derechos humanos. Esta información permite caracterizar el periodo analizado como un contexto en el que prevaleció la descalificación de los movimientos sociales por parte del ejecutivo federal y se observó continuidad en los procesos de militarización en el país, así como un reposicionamiento territorial estatal en el sur de México. Al mismo tiempo, se revela la necesidad de profundizar en los aspectos organizativos e individuales de desmovilización, en cómo las instituciones gestionaron algunas demandas, en la radicalización de los actores y en la institucionalización de los movimientos, apostando por perspectivas más integrales.

En definitiva, los resultados de este trabajo, aunque exploratorios y descriptivos, abonan a, por lo menos, tres discusiones que se están generando en distintos campos y subcampos de las ciencias sociales, en general, y en los estudios sobre los movimientos sociales en particular. La primera es el reconocimiento de una lectura articulada entre el sistema político institucional y los movimientos sociales y, de manera más particular, entre los procesos electorales y los movimientos sociales, sus relaciones y combinaciones cambiantes y la forma en que estos se influyen y transforman recíprocamente; la segunda tiene que ver con la indagación sobre los procesos y los factores de desmovilización social que operan en la actualidad y, finalmente, la tercera abona al conocimiento de los efectos sociopolíticos que ocasionó la pandemia de covid-19, los cuales apenas se están conociendo.