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Introducción
La sociedad chilena se caracteriza por ser una sociedad amedrentada, ya que sus miedos no van en consonancia con las condiciones de vida que experimenta. Aunque Chile tiene una tasa de homicidios de 4.6 por cada 100 000 habitantes (Appleby et al., 2023), muy por debajo de países como Colombia (26.1) y México (25.2), ostenta la mayor preocupación por el crimen y la violencia (68 %) entre 29 países en el mundo, incluidos Colombia y México (Ipsos, 2023, mayo). Este temor a la vida social y pública tiene larga data en este país sudamericano. En los años noventa, el delincuente era el chivo expiatorio «que concentra otros temores relacionados con la precarización de la vida cotidiana», mayormente entre los estratos más pobres (Dammert, 2004: 88), y ahora ha pasado a serlo el migrante, especialmente en condición irregular y asociado a un origen caribeño.
El 82 % de la población de Chile considera excesiva la cantidad de inmigrantes (PUC, 2022), ya que han aumentado vertiginosamente durante las últimas tres décadas, al pasar de 1.3 % en 2002, a 4.4 % en 2017 y alrededor de 7.5 % en 2021 del total de la población nacional (INE y SERMIG, 2022). No obstante, la tasa está por debajo respecto a otros países receptores de migrantes como Costa Rica (10 %), Belice o Estados Unidos (15 %); en cuanto a cantidad de personas de Venezuela -el principal país expulsor de emigrantes en la región-, Chile ha recibido un aproximado de 450 000, muy por debajo de Colombia (dos millones y medio) y Perú (un millón y medio) (Bermúdez, 2022).
Esto nos lleva a preguntarnos por la construcción de la figura del chivo expiatorio en Chile, pues sobre la base de una serie de problemas y desigualdades acumulados históricamente se ha construido una agenda pública en la que se apunta a personas migrantes y nacionales en los bordes de lo socialmente aceptado. El miedo es tanto histórico como coyuntural, producto en gran medida de una política neoliberal del «sálvese quien pueda»: quien tenga los recursos para pagar por salud, jubilación, educación y seguridad va a sobrevivir. La capacidad de consumo y la expansión del mercado con los que se mide el éxito han mermado en los últimos años, y ello puso en jaque el sistema crediticio, de pensiones y sanitario de orden privado, de allí que la mayoría de la población apoyó las razones del estallido social ocurrido en octubre de 2019.1 Surgió una sociedad profundamente dividida en términos de clase, «los que son como uno» y los flaites, los pinochetistas y los antidictadura (Araujo y Martuccelli, 2012); si a lo anterior se añaden la «excepcionalidad chilena» y la blanquitud como ejes de legitimidad de la chilenidad, esto nos indica una serie de elementos para entender por qué el discurso xenofóbico y de «mano dura» entusiasma a gran parte de la población chilena, pero también implica un peligro para las personas nacionales más vulnerables.2
A ello debemos añadir el papel de los mass media, que son propiedad de un puñado de consorcios afines a la derecha política, lo que conduce a una alta autocensura de información para un país democrático. Las restricciones a periodistas «superan con creces los niveles globales» (Sapiezynska, 2013: 36) debido a la dependencia comercial de los medios y a las órdenes de los dueños. En estos se ha instalado la narrativa de la conducta de la persona migrante como delincuente y narcotraficante, lo que se ha magnificado por la ineficiencia del Estado y por la sensación de impunidad ante el crecimiento de la criminalidad (Dammert y Erlandsen, 2020). En un clima de zozobra social y económica postestallido social y postpandemia, los medios siembran las condiciones para un populismo punitivo. La construcción social, racista y discriminatoria de la persona migrante como criminal y peligro para el Estado, la economía y las costumbres chilenas, se ha construido constantemente, sin cotejo de datos y anulando la voz migrante (Stefoni y Brito, 2019), como una forma de impulsar un Estado penal y de presionar a los gobiernos en distintas materias que trascienden la agenda migratoria. La construcción mediática de que constituyen un «peligro» se alimenta de una agenda política que manipula la emoción del miedo en la sociedad, porque a pesar de la falta de credibilidad de los medios (Buitrago, 2023), pocas personas tienen la facultad, el tiempo y las habilidades de distinguir entre sesgos informativos, falsas noticias y simplificaciones.
En este ambiente, no es de extrañar que crezcan la intolerancia y la mala percepción hacia los migrantes, particularmente de «origen caribeño» -procedentes de Venezuela, Colombia y Haití-, a quienes se asocia con la criminalidad. La encuesta CADEM (2023) muestra que un 77 % de la población considera que la migración es mala para el país, el 86 % cree que debe haber más restricciones a la inmigración y el 87 % está de acuerdo con criminalizar la migración irregular y que se detenga a quien se encuentre en esta situación. Al respecto, se presenta la paradoja de que solo el 7 % ha tenido malas experiencias con personas extranjeras (PUC, 2022), pero se explica cuando observamos que el porcentaje de migrantes que tienen amistades y personas chilenas de confianza es bajo entre haitianos y bolivianos (22 % y 27 %, respectivamente), mientras el porcentaje más alto se observa entre colombianos con un 47 %. Hay mayor confianza y cercanía entre migrantes de la misma nacionalidad y de una nacionalidad distinta a la propia que con personas de Chile (Servicio Nacional de Migraciones, 2022), distancia fomentada por la diferenciación entre «migrante» y «extranjero» utilizada para distinguir social y simbólicamente a quienes no son bienvenidos.
Ante esta situación, la desconfianza, el miedo y el enojo son elementos que priman en la población chilena en torno a la población migrante, más allá de buenas experiencias con algunas personas cercanas, lo que consideran excepcional. La derecha más dura o radical (Bustamante, 2023) no ha dudado en capitalizar este descontento contra los migrantes a través de los medios de comunicación y de campañas políticas, y dado el envalentonamiento de este sector político después de ganar el rechazo al primer plebiscito para una nueva Constitución, no necesitan tener el poder ejecutivo para que el gobierno actual se pliegue a las demandas de criminalización de las personas migrantes.
En estas condiciones es pertinente preguntarse por una serie de elementos que aparecen entre la contradicción y la paradoja: ¿el Estado y la sociedad chilena se dirigen hacia reforzar un Estado social de derecho o a construir un Estado penal? ¿De qué manera migrantes y chilenos en situación de vulnerabilidad se (des)encuentran y son utilizados como chivos expiatorios de las debilidades de la democracia, la sociedad y la economía? Consideramos que las medidas tomadas por el actual gobierno presidido por Gabriel Boric (2022-2023) reflejan una tensión entre las prácticas que apuntan a «atajar» el miedo y las dirigidas a apuntalar tímidamente el discurso de la integración de la población inmigrante en la sociedad chilena, a tal punto que la situación se encuentra al límite de la capitulación hacia un Estado penal, que podría incluir a nacionales en situación vulnerable.
En este marco, nuestro objetivo es analizar y desentrañar el núcleo de la política migratoria en el periodo 2018-2023, examinar las medidas estatales solicitadas e implementadas por distintos actores políticos, a la vez que analizar las variables socioculturales que tienden a estigmatizar y «orillar» a migrantes y a chilenos en los márgenes de lo social y legal, para contribuir a la generación de conocimiento y a la discusión pública.
En el plano metodológico, se utilizó como técnica principal el análisis documental. Realizamos un abordaje casuístico a partir de revisión legislativa, el análisis de políticas y el estudio de las medidas institucionales ante la migración de personas de Latinoamérica y el Caribe. Dicho análisis se basó en la identificación de garantías constitucionales y legales para la defensa de los derechos de las personas extranjeras, la evolución reciente de las diversas gestiones estatales y de cooperación internacional, así como la identificación de tendencias y consecuencias respecto de las medidas implementadas. Además de la técnica documental, cabe indicar que durante los dos últimos años (2022-2023) realizamos trabajo etnográfico en distintas comunas de Santiago de Chile (especialmente en Quilicura, Santiago Centro, Estación Central y Pedro Aguirre Cerda) y con organizaciones religiosas y de migrantes, lo que nos permitió tener una visión de campo sobre el clima político, económico y sociocultural que acá interpretamos.
Marco de referencia: gestión migratoria y emergencia de un Estado penal en Chile
El Estado chileno se encuentra en una tensión entre la aceptación del derecho humano a migrar, la presión sociopolítica a limitar el ingreso de migrantes, el cuidado de la soberanía fronteriza ante la movilidad humana, la conflictividad social chileno-extranjera por recursos limitados, así como el aumento de la inseguridad pública y el crimen, esto último asociado crecientemente con migrantes, particularmente de Venezuela, Colombia y Haití. Estos elementos se han convertido en el centro de los debates sobre políticas públicas e inclusión social en Chile a partir de la redacción de una nueva ley migratoria (vigente desde febrero de 2022), del inacabado proceso constituyente y de la reciente política migratoria.
Más de dos años después de promulgada la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, y a un año y ocho meses de su puesta en vigor, se dio a conocer la Política Nacional de Migración y Extranjería «que propenderá a la integración e inclusión de los extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la interculturalidad» (SERMIG, 2023). Tal demora es un síntoma del poco interés del Estado por instrumentar una ley que, supuestamente, no está basada en la seguridad nacional, y de forma paradójica limita la regularización hasta el punto de hacerla casi imposible en el país, obstaculiza la entrada legal y fomenta el tráfico de personas (Oyarzún, Aranda y Gissi, 2021). La producción de irregularidad migratoria motivada por las restricciones impuestas a migrantes de República Dominicana, Haití y Venezuela, que detonaron el aumento de ingresos irregulares desde 2019, así como por la pandemia (Liberona et al. 2022), no se han modificado sustancialmente con la nueva ley, pues hubo alrededor de 225 000 personas en situación irregular en 2022 (SJM, 2023).3
El antecedente a dicha ley es la política migratoria implementada desde 2018, securitista y restrictiva, que generó cuestionamientos éticos al accionar político-institucional del gobierno encabezado por Sebastián Piñera (2018-2022). Este gobierno, entre otras medidas, se negó a reconocer la categoría de refugiado a la población venezolana. Al respecto, la Ley 20.430 sobre protección de refugiados, publicada en 2010, obliga a la autoridad migratoria a formalizar las solicitudes que le sean planteadas por cualquier «persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular» (art. 26), es decir, consagra el derecho universal a buscar asilo, en coherencia con el derecho internacional de los refugiados (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969:art. 22.7). Al respecto, el subsecretario del Interior debe resolver las solicitudes de refugio, por escrito y de manera fundada (Gissi y Greene, 2023). Sin embargo, entre 2010 y 2021 se presentaron 21 841 solicitudes de refugio, de las que solo se aceptaron 701 (El Mostrador, 2022, 29 de noviembre). En 2022 las cosas no cambiaron mucho, pues de casi 27 000 solicitudes solo se reconocieron 756; en términos porcentuales, se aprobó una tasa mucho más alta para población de Siria (68 %) y de Ucrania (45 %) que de Latinoamérica (por ejemplo de Colombia, 5 %; de Venezuela, 0.3 %, o de Haití, 0 %) (SJM, 2023), lo que da cuenta de una jerarquía discrecional en torno a la consideración de refugiados.
El gobierno nacional encabezado por el presidente Boric ha decidido regular el ingreso de personas extranjeras a través de la implementación de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), publicada el 6 de julio de 2023, con la finalidad de garantizar un mayor orden y seguridad pública. El objetivo de la PNME es promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país mediante mecanismos como castigar la irregularidad migratoria, resguardar las fronteras, facilitar las expulsiones, favorecer criterios económicos para aceptar migrantes y fomentar la integración de las personas migrantes. Considera una serie de proyectos de ley para reformar la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales con el fin de poder cumplir sus objetivos. Esta política busca una mayor eficacia en la aplicación de sanciones, entre ellas la expulsión del país, y hace énfasis en migrantes con antecedentes penales y que se considere que no pueden integrarse al país.
Toda persona extranjera involucrada en hechos ilícitos, tales como redes de tráfico o trata de personas, recibirá la sanción. La misma suerte correrán quienes hayan cometido más de tres faltas en un periodo de dos años. Como medidas inmediatas de seguridad nacional, se señaló un empadronamiento biométrico, por el cual se tomarán fotografías frontales del rostro, huellas dactilares e información básica de identidad de personas migrantes mayores de 18 años que ingresaron a Chile hasta el 30 de mayo de 2023 sin registro, y se constituirá un comité interinstitucional para la materialización de expulsiones que estará a cargo de concretar las expulsiones administrativas y judiciales que hayan sido decretadas desde el año 2013 y se encuentren pendientes de ejecución. Se trata de una política basada en un modelo más bien securitista, de control y castigo, próximo a un Estado penal.
Un Estado penal implica: una maquinaria que crea y usa legislación restrictiva, la gestión del orden público basado en la fuerza y vigilancia, y el uso de mecanismos de represión -acompañados de propaganda vía televisión y redes virtuales- para proteger a los nacionales de «enemigos internos», trasladando la lógica de guerra -antagonística más que agonística, esto es, entre enemigos más que entre adversarios- a la política interior, más allá de los límites impuestos por un «Estado legal» o «constitucional» (Wacquant, 2004; Todorov, 2012; Mouffe, 2021). Un Estado penal es el que: «traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario […]» (Wacquant, 2004: 102). Esto es contrario a lo deseable de un gobierno en democracia, que es la promoción de un «modelo de desarrollo, impulsado por la información, la humanidad, la solidaridad y las políticas públicas basadas en evidencia» (PNUD, 2023, 8 de junio). Los «excesos» de la primera propuesta constituyente y de quienes siguen creyendo en el modelo político subyacente, así como el aumento del ingreso de «extraños» por pasos no habilitados, serían subsanados mediante mayor control y represión, según un modelo neoliberal cada vez más policíaco. Chile se encuentra ante un péndulo, en una posición oscilante que ha complicado las principales iniciativas gubernamentales (reformas tributaria y previsional) y ha llevado a gobernar de modo reactivo, tratando de compensar y tranquilizar a unos y otros.
Análisis: vulnerabilidad social, convivencia intercultural e inseguridad pública
Problemas sociales, delincuencia e inmigración en Chile (2018-2023)
El discurso en la política y en los medios chilenos que ha predominado en los últimos años asocia problemas sociales, crimen e inmigración (2018-2023), y se encuentra enmarcado en la modalidad de regulación y control poblacional, ante lo cual las organizaciones migrantes utilizan el lenguaje de los derechos como punto de diálogo con el Estado (Domenech y Boito, 2019). Así, la discusión pública se torna estadocéntrica y, por tanto, se pone en cuestión si la migración es un derecho por encima de la soberanía estatal del resguardo de fronteras. Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores, afirmó lo siguiente en lo tocante a la negativa de Chile a suscribir el Pacto Mundial para la Migración en 2018: «los migrantes tienen derechos, pero cada país tiene el derecho y es soberano también de fijar sus propias reglas de migración» (Minrel, 2018, 10 de diciembre). Boric planteó la firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU en su programa de gobierno, y fue instado por el Senado a hacerlo en 2022; sin embargo, hasta el momento no ha sido firmado.
Esto pone en permanente tensión y a la deriva a los migrantes en situación irregular, con derechos subordinados a su categoría de individuos-ciudadanos de un Estado, antes que como personas. De acuerdo con el principio de la migración segura, ordenada, regular y responsable, se plantean dos dimensiones en la nueva Ley Migratoria 21.325 (art. 7). Primero, el Estado facilitará que la población migrante pueda acceder a permisos de residencia o permanencia, y segundo, se luchará contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Sin embargo, en la práctica es más difícil regularizar la situación de los migrantes irregulares con la ley actual que con el decreto anterior, pues está basada en el trámite del visado desde el país de origen, previo un contrato notariado y que demuestre que no «será una carga» para el país. Este filtro excluye a todas aquellas personas que no tengan una red sólida de contactos laborales previamente establecida que les permita inmigrar a Chile, incluso profesionales, lo que fomenta el cruce irregular y las mafias, pues las migraciones no se detienen con decretos, y atenta contra la seguridad humana de migrantes y nacionales (Gan, 2022).
Por su parte, las organizaciones de migrantes han mostrado capacidad de agencia, al menos desde 2014, en favor de una regularización migratoria y de la creación de una nueva política y ley migratorias, y han demandado la erradicación de la apatridia. Inicialmente tenían altas expectativas con el gobierno de Boric, pero estas decayeron dadas las respuestas confusas, las inacciones, los silencios y una estricta política punitivista, lo que puede resumirse en algunas frases del presidente: «se regularizan o se van» (13/10/2022); «Chile no está en condiciones de seguir recibiendo olas migratorias sin control» (24/01/2023); «Si yo anunciara un perdonazo sería un error estratégico por nuestra parte» (14/03/2023); «Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regular, ordenada y segura» (15/03/2023) (BBC, 2023, 17 de marzo).
Para procurar cumplir su programa, el gobierno actual ha cedido a la presión xenófoba tanto de derecha como de sectores de la misma izquierda, pues el país se encuentra, al menos desde 2019, en una situación laberíntica entre un Estado neoliberal, uno social -fallido en el plebiscito sobre el primer proceso constituyente- y un Estado penal, crecientemente promovido por los sectores conservadores durante los últimos cinco años. Estos «agonismos» (disputas, conflictos) entre distintos grupos sociales y partidos políticos ocurren en el marco de una triple crisis, político-sanitaria-económica, que ha mermado la calidad de vida de gran parte de la población nacional, la cual tiende a percibir a los migrantes como competidores por recursos, y a considerar a quienes ingresaron de modo irregular como potenciales delincuentes.
En este sentido, cinco acontecimientos han destacado en las instituciones nacionales en 2023: 1) las peticiones de prisión preventiva hechas por los persecutores para migrantes detenidos sin documentos de identificación en el contexto de un delito flagrante, lo que se ha denominado «Criterio Valencia», establecido por el fiscal Ángel Valencia y que fue ampliado a personas chilenas sin documentos; 2) la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería (boletín 15261) en la que tipificó el delito de ingreso clandestino al territorio nacional por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio y estipuló la pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 días a 541) o multa de 11 a 20 UTM4 (Cámara de Diputados y Diputadas, 2023, 11 de abril); ambos hechos, en medio de 3) la tramitación fast track de 31 proyectos de «seguridad ciudadana» en el Congreso; 4) el plan «Calles sin violencia», una serie de medidas a ejecutarse en 46 comunas a nivel nacional, y 5) el registro biométrico (huellas dactilares y reconocimiento facial) para migrantes irregulares que se hayan autodenunciado en la Policía de Investigaciones de Chile antes del 31 de mayo con la finalidad de saber quiénes son para control policíaco y poblacional.
¿Las actuales circunstancias de aumento de la inseguridad (especialmente en el norte del país) son suficientes para dar pasos hacia un Estado policial? Al respecto, la exministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó:
[…] tener una mirada pacífica […] hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad […] la criminalidad en Chile es una urgencia, pero no nos podemos transformar en un Estado policíaco […] Tenemos que ser un Estado donde haya seguridad, donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no que los ciudadanos no tengan libertades […] en la época contemporánea los Estados de Derecho siempre están desafiados, puestos en jaque por diversas circunstancias, no solamente por la delincuencia, sino también por la pobreza, por la situación de los niños que a veces no tienen un buen destino, por situaciones pandémicas, pero, a nuestro juicio, esta capacidad existe y se está desarrollando (Cooperativa, 2023).
Nos encontramos postpandemia ante demandas sociales desde abajo y resistencias a la redistribución y el reconocimiento desde arriba, así como ante el aumento de la xenofobia y la aporofobia (Cortina, 2017), en un escenario que recuerda otras realidades latinoamericanas y del Caribe; por ejemplo, distintos medios de comunicación y políticos en países como Perú y México han difundido el discurso de que los migrantes venezolanos se caracterizan por problemas morales y comportamientos violentos, por lo que promueven una visión estereotipada, negativa, del conjunto de los expulsados (Sassen, 2015) de ese país. Si bien se detecta un aumento paulatino de delincuentes de origen extranjero y de la magnitud de la violencia, particularmente entre personas de Venezuela y de Colombia, también es verdad que suelen ser víctimas, y que en el resto del país -además de la zona norte- no hay evidencia de una mayor tendencia a la delincuencia que entre la población chilena (Mennickent y Martínez, 2023).
Con base en esta información, deformándola, exagerándola y haciéndola monotemática, «los bulos más repetidos coinciden con los encuadres más recurrentes que aparecen en los medios de comunicación sobre inmigración» (Magallón-Rosa, 2021: 77), tanto en Chile como en otros países (como España). De allí se detona la explotación de la agenda política que utiliza a los migrantes como «chivos expiatorios». El éxodo venezolano, de siete millones de personas en el mundo, siendo Chile el cuarto receptor en América Latina (después de Colombia, Perú y Ecuador), ha sido atribuido por políticos de izquierda al discurso realizado en 2019 por el expresidente Piñera en Cúcuta, Colombia: quienes invitaban ayer a los expulsados -muchos ofreciendo empleos precarios a los migrantes-, hoy piden que se les criminalice. La derecha acusa a la izquierda y a defensores de derechos humanos de buenistas e irresponsables. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en reunión con Gustavo Petro, su par colombiano, elogió el trato dado a los más de dos millones de venezolanos avecindados en Colombia, a quienes se les otorgó estatus legal y un derecho de permanencia por 10 años. No obstante, múltiples actores políticos están empeñados en adjudicar un estigma a la inmigración «caribeña» porque es redituable electoralmente y, sin embargo, ello trae consecuencias también para las personas chilenas que habitan en los márgenes urbanos, como bien se ha advertido en torno a la creación de chivos expiatorios:
Los perseguidores ingenuos no saben lo que hacen. Tienen demasiada buena conciencia para engañar a sabiendas a sus lectores y presentan las cosas tal como realmente las ven. No se imaginan que al redactar sus relatos ofrecen armas contra sí mismos a la posteridad (Girard, 1986: 17).
Periferia urbana, inseguridad y convivencia: ¿hacia un Estado penal?
En Latinoamérica la movilidad humana ocurre en un contexto marcado por lazos históricos, políticos, económicos y culturales entre los países, así como por grandes disparidades socioeconómicas, inestabilidad política, inseguridad y violencia en algunos Estados, y por crecientes riesgos naturales agravados por la evolución del cambio climático. Debido a los cierres de fronteras en contexto pandémico, los requisitos de visado y la falta de documentación, las exigencias de salud pública y la falta de vías regulares para algunas nacionalidades, muchas personas migrantes atraviesan las fronteras de manera irregular (OIM, 2022). Este aumento de personas que ingresan por pasos no habilitados generó conflictos entre migrantes y chilenos durante los tres primeros meses de 2022 en la zona norte del país, una continuación de los ocurridos en septiembre de 2021. Durante enero de 2022, un promedio de 550 personas migrantes ingresó diariamente de modo no oficial por la localidad de Colchane, en la frontera con Bolivia, cantidad que excedía la capacidad de alojamiento del dispositivo transitorio, de 185 personas (R4V Chile, 2022a). Esta última «ola» migratoria venezolana, a la par de la haitiana, se ve desde la óptica de la pobreza económica y sus secuelas socioculturales: vulnerable y precaria, características que detonan la xenofobia y la aporofobia (Cortina, 2017; Stefoni et al., 2023).
Esta mirada social y política, junto con una serie de vericuetos legales difíciles de sortear debido a la imposibilidad de regularizar la situación migratoria irregular de venezolanos y haitianos (otros en menor medida), generó que quedaran varadas cientos de personas en la frontera con Perú durante mayo de 2023. La utilización política de la xenofobia transnacional del lado peruano no se hizo esperar en medio de la crisis de legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. En ese sentido, resulta necesario que trabajen en conjunto actores nacionales e internacionales para encontrar estrategias de inclusión económica y coexistencia pacífica con la comunidad que recibe. Al respecto, el 24 de febrero de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2022 (RMRP) capítulo Chile, en estrecha coordinación con las Naciones Unidas y la Plataforma Nacional R4V (R4V Chile, 2022c). El lanzamiento significó un hito en Chile, ya que por primera vez su gobierno y múltiples organismos de cooperación internacional mostraron el compromiso de realizar labores humanitarias con personas refugiadas y migrantes (R4V Chile, 2022b). No obstante, a pesar de una serie de reuniones como el Proceso de Quito, la Conferencia Sudamericana sobre las Migraciones y otras que derivan en diversos acuerdos enfocados en trámites, regulación y legalidad, esas acciones se consideraron «hipocresía en el consenso intergubernamental, ya que algunos gobiernos aprueban medidas que luego no cumplen o adoptan normativas que luego no aceptan a nivel multilateral» (Languasco, 2020: 266).
Como vemos, la inestabilidad política y económica mundial, y en el interior de América Latina, genera crecientes movimientos hacia Estados que brinden mayor seguridad y nuevas oportunidades a las personas desplazadas, quienes han tenido que abandonar su país debido a persecución, violencia generalizada, penuria económica, violación masiva de derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones semejantes. Al cierre fronterizo y administrativo de regularización en varios países de la región para aceptar refugiados e inmigrantes, le sigue la delincuencia, organizada o no, que encuentra y utiliza la autonomía de los movimientos migratorios para saltar la cerca con una serie de estrategias violentas. A pesar de ello, el índice de criminalidad entre migrantes en Chile es bajo, excepto en los rubros de tráfico de drogas y violencia en el Norte Grande (Blanco, Cox y Vega, 2020). Uno de los factores que parece potenciar la delincuencia entre migrantes es la lógica de asentamiento residencial en cercanía social y geográfica con otros criminales de origen chileno, así como la movilidad y el aislamiento social, que impiden un control conductual de familiares y amigos del lugar de origen (Blanco, Cox y Vega, 2020).
Ahora bien, asociar criminalidad con migración de ingreso irregular (y solicitantes de asilo) tiende a dar réditos electorales a nivel global, pues es la respuesta fácil a los «enemigos» externos e internos. Es el peso del «ogro filantrópico» (Paz, 1979) estatal, o más bien del nuevo «ogro filantrópico» -neoliberal o de una «izquierda» poco democrática- del siglo XXI, securitista y burocrático, que actúa muy lejano de las bases sociales, oprimiendo a quien se supone debe proteger, a «los indeseables no ciudadanos […] que se contraponen al ciudadano ideal» (Khosravi, 2021). Las políticas de «mano dura» o «tolerancia cero» están legitimadas por las tradiciones autoritarias en América Latina y confluyen con la exportación de la «seguridad nacional» desde el Estados Unidos post-11 de septiembre (Nateras y Valencia, 2020). Militarizar las fronteras y criminalizar la migración son medidas paliativas de corto plazo que, sin embargo, pueden recrudecer la violencia durante las próximas décadas, por lo que aumentaría la criminalidad local e importada.
La violencia presente no surgió en Chile de un día para otro; los delincuentes chilenos en la era de la globalización, sujetos de abandono y estigmatización a lo largo de sus vidas, han creado la subcultura del flaite, importando y exportando técnicas crueles. A este grupo se han sumado ciertas organizaciones con migrantes habituados a crímenes de alto impacto, lo que ha influido en su aumento. Varios especialistas en materia judicial señalan la mayor magnitud de la violencia ejercida por los nuevos criminales de origen extranjero, no del número de delitos en sí mismo. Al respecto, se ha destacado que, por ejemplo, la intervención sociopolicial no ha logrado resultados positivos durante 15 años para reducir la violencia entre población chilena en una localidad al sur de Santiago, con gobiernos de izquierda y derecha, debido a:
[…] un tipo de economía territorial dominada por el narcotráfico; un patrón cultural de identificación positiva con el mundo de lo «criminal»; un sistema de desconfianzas interno y hacia el exterior; una «precaria» cultura ciudadana y participativa; y una persistente y naturalizada presencia de un estigma que afecta a su territorio y su comunidad (Ganter, 2016: 288).
Dichas lógicas socioculturales son transfronterizas y parecieran más arraigadas en Colombia o Venezuela, pero no son exclusivas de esos países, pues la narcocultura chilena «criolla» se ha alimentado por al menos tres décadas y cuenta con suficiente arraigo y legitimidad en ciertos sectores de la población (Ganter, 2016). La ostentación no es privativa de los grupos de narcotraficantes, sino un símbolo del éxito en la era neoliberal, y toma matices de grandeza en medio de sitios de precariedad y marginalidad por la capacidad ilimitada de consumo. Estas condiciones estructurales de la sociedad chilena se presentan a la par de una creciente irregularidad de la inmigración, una causal que aumenta la extorsión, la violencia y el involucramiento potencial de la criminalidad (Valenzuela, 2019). De este modo, encontramos la confluencia de dos sectores estigmatizados, precarizados y en los límites de la legalidad, la marginalidad y la criminalidad, sobre las que se naturaliza la violencia: las poblaciones marginales chilenas y los inmigrantes «caribeños».
En lo local, desde cada vez más sectores de la sociedad chilena se pide controlar las fronteras y securitizar las migraciones. Resulta interesante este punto, considerando que el Estado no deja de ser el causante de la creciente irregularidad migratoria, no por falta de resguardo de las fronteras durante los últimos dos años, sino por la creación de una ley migratoria securitario-utilitarista (Oyarzún, Aranda y Gissi, 2021) que casi imposibilita la regularización y por la decisión de no firmar (en 2018) el Pacto Mundial de la ONU para una Migración Segura, Ordenada y Regular. A esto se suma que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) no ofrece garantías de tiempo en sus respuestas, y solo en julio de 2023 dio a conocer la nueva política migratoria -mayormente restrictiva y punitiva (Esponda, 2023)-. Sobre esto, dos abogados especialistas en asuntos migratorios han advertido:
[…] es urgente y de vital importancia la adopción de una política migratoria que potencie las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo de Chile, al tiempo que apunte a su adecuada integración, y a atender a las legítimas preocupaciones de los nacionales por la llegada de personas extranjeras, en el marco del respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales (Aguirre y Greene, 2023).
El contacto cotidiano entre la población nacional vulnerable y los migrantes de origen más precario, especialmente en condición irregular, crea una serie de tensiones por los escasos recursos en comunas que previamente ya tenían carencias en servicios y programas gubernamentales. Las personas migrantes se encuentran en el umbral entre integrarse y no participar como miembros plenos del sistema social, conformando una población que ya «no tiene nada que perder». Czarnowski describe dicha población «excedente», parias modernos, así:
La «sociedad organizada» los trata como «gorrones e intrusos», en el mejor de los casos les acusa de tener pretensiones injustificadas o de indolencia, a menudo de toda suerte de maldades, como intrigar, estafar, vivir una vida al borde de la criminalidad, mas, en cualquiera de los casos, de parasitar en el cuerpo social (Czarnowski, en Bauman, 2005: 59).
Este malestar por los «marginales» se exacerba contra los inmigrantes de menor poder adquisitivo, como se constata en encuestas como la del Centro de Estudios Públicos (2022), que señalaba que el 61 % de la población consultada estaba a favor de prohibir toda inmigración, sentimiento que intenta ser capitalizado por algunos sectores políticos y consorcios mediáticos; sacan así provecho de los crecientes temores y la xenofobia de la ciudadanía, lo que da lugar y posibilita un Estado penal. Este último ha sido abrazado en América Latina, entre otros, por Calderón en México (Mongan, 2017) y Uribe en Colombia (Mira, 2013), lo que ha implicado un incremento de la violencia, la criminalidad y el punitivismo contra organizaciones sociales, así como de la corrupción en agentes del Estado, a quienes se les ofrecen incentivos para formar redes paralelas de comunicación y eficiencia delincuencial. En una lógica del populismo punitivista: «Los gobiernos estatales se enfocan en una política de seguridad porque consideran más rentable o efectivo aniquilar al enemigo que reincorporarlo al consenso social […]» (Mira, 2013: 36).
¿Es la «guerra» contra las personas que entran por pasos no habilitados asociada a la criminalidad la única opción para garantizar la seguridad pública que requiere la ciudadanía? ¿Es esta guerra contra los marginales de afuera también un combate contra los marginales de adentro? Autores tan diversos como Enrique Dussel, David Harvey o Byung-Chul Han han coincidido en señalar que los Estados, al servicio del mercado, utilizan diversos dispositivos de control directa e indirectamente violentos, por tanto, el Estado penal y las leyes punitivas contra la migración irregular no solo son medios para los «enemigos externos» y la superexplotación (Orrego, 2022: 175), sino para controlar a los «enemigos internos», sean políticos, sociales o poblaciones liminales.
Los espacios que habitan estos «enemigos» se definen como fronterizos, ilegales y marginales, en los que la autoidentificación de las clases medias versus sus vecinos de sectores populares llevan el estigma al grado de conflicto permanente, y esto convoca a las autoridades a defender sus territorios y a atacar poblaciones vecinas. Se trata de grupos heterogéneos estigmatizados que convergen en que suponen un peligro real, potencial o esperado (Sabatini, 2022) y son utilizados para justificar medidas punitivas que aseguren con claridad dónde están los «buenos» y los «malos». Las opciones de los habitantes en los bordes, migrantes y chilenos -además de quienes se encuentran en la frontera con la ilegalidad-, son la informalidad, la ilegalidad y, en el caso de los haitianos, las condiciones de semiesclavitud (Bravo, 2021; Valdés, 2021). El clasismo asigna a los habitantes de «las poblaciones» la categoría de flaites, quienes, aunque no necesariamente son delincuentes, aparente o realmente están a un paso de serlo: se trata de un tipo de segregación microxenofóbica, pues son elementos «extraños». En este ambiente pululan las Iglesias cristianas y algunos clubes de distinto tipo que buscan crear círculos de confianza y cercanía, pero no alcanzan para dar una batalla ciudadana y presentar un frente legítimo en la discusión pública (Sabatini, 2022).
Cuando la sociedad de consumo hace atractivo el tener mercancías y se evalúa a las personas más como consumidoras que como ciudadanas, esto desespera a un sector de una generación que ha sido desposeída de todo futuro, por lo que crea fórmulas culturales y económicas que van más allá de la legalidad, tanto entre población chilena como entre migrantes. Estas contraculturas (visibles a través de rituales como los narcofunerales) crecen y se desarrollan con amplitud y crean alternativas que van de lo ilegal a lo criminal, las cuales prefiguran a los «nuevos ricos», quienes, con tenacidad y valentía, pueden obtener poder, riqueza y cuerpos deseables sin importar el costo individual y social (González-Ortega, 2015). De allí la fama del narcotrap, los narcocorridos y otras expresiones culturales que apuntan a un camino de ascenso inmediato en bienes y «respeto», algo que les han negado las vías legales y formales. La población en los bordes, especialmente la más joven, se debate entre conformarse o no con vitrinear la ostentación que se presenta todos los días y a todas horas en la publicidad y los malls, u obtener lo que desean ya, y este accionar no tiene una nacionalidad específica. Este lado B, contracultural, existe porque hay un lado A; es la contraparte del otro: si el sistema no protege ni da oportunidades desde arriba, desde el Estado, se crearán reacciones desde abajo que perjudicarán la seguridad pública de toda la población, ya que la organización política y comunitaria ha disminuido bajo la influencia cultural del mercado (Araujo y Martuccelli, 2012). Visto así, el flaite es la subversión del «buen pobre», el que ostenta y desafía, tanto como el inmigrante que demanda y exige; ambos no se conforman con un lugar subordinado, ambos conviven y demarcan territorios, mientras se exacerban las políticas paternalistas y de castigo con miras a su corrección (Jordana, 2022).
Consideraciones finales
Resulta difícil apreciar diferencias políticas entre los gobiernos de Piñera y Boric en torno a la migración más allá de la mayor eficacia administrativa de la actual gestión (SJM, 2023). Si bien el segundo apela a la transversalidad de los derechos humanos, ha dado primacía a los criterios de seguridad nacional y soberanía de las fronteras, lo que en términos prácticos implica la profundización de las políticas del gobierno anterior. A la militarización de la frontera norte en 2022-2023, le ha seguido la demolición de los narcomausoleos; a la detención en la vía pública de migrantes basados en factores raciales y de clase, ha continuado la discriminación de chilenos para solicitar sus documentos; al incremento de la violencia ejercida por criminales del extranjero, le ha sucedido la realizada por delincuentes de Chile. Las políticas punitivas del Estado chileno no afectan únicamente a población extranjera, como el hecho de irregularizar a las personas migrantes, sino también profundizan la estigmatización de los chilenos que habitan en los bordes, lo que ocasiona como potencial consecuencia el castigo de los pobres por ser pobres. Ciertamente el gobierno de Boric no cuenta con el apoyo del Congreso ni de los medios de comunicación, ello aunado a la sensación de derrota posterior al rechazo del plebiscito de 2022 por una nueva Constitución Política, lo hace más influenciable a las presiones de los distintos sectores.
No hay respuestas fáciles, pero la receta no es nueva: gestión de las desigualdades y diferencias, ampliación de derechos, incorporación social y ciudadanía real, efectiva; es decir, estrategias políticas proactivas más que reactivas o defensivas. Una mayor seguridad social (empleo digno, salud, educación), sin discriminaciones de género, color de piel, etnia y clase, producirá a mediano plazo la anhelada seguridad pública. Esto es, más Estado de bienestar y menos populismos de izquierda o derecha. Las políticas restrictivas contra la migración por ingresos no permitidos podrían parecer muy útiles a corto plazo, sin embargo, son más bien un obstáculo para quienes migran de modo forzado para sobrevivir, y generan oportunidades de ganancia para coyotes, traficantes y reclutadores de las empresas del hampa, quienes ven en estas políticas una luz para desarrollar sus acciones con mayor facilidad. Como sostiene el enfoque de la gobernanza de las migraciones, se requiere no solo un registro y empadronamiento biométrico de las personas que ingresan, sino un compromiso con la seguridad humana, de protección para todas las personas que habitan en el territorio nacional, chilenos y migrantes residentes, de cara a lograr un equilibrio entre la soberanía nacional y el derecho a la libre circulación, a partir de una necesaria coordinación regional en América Latina.
Por tanto, la respuesta restrictiva no sofoca la criminalidad ligada al tráfico de personas y drogas, más bien la fomenta. El punitivismo parece detonar los males que supone que ataca, incluida población chilena. El largo camino a la disminución de la desigualdad en Chile debe tomar en cuenta a los estigmatizados: chilenos y migrantes que viven en los bordes.
