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Introducción
El presente artículo tiene como objetivo analizar un conflicto, en principio de origen agrario, que con el paso del tiempo se fue complejizando con disputas económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas. El conflicto se sitúa en el ejido Tila, del municipio del mismo nombre, ubicado en la región del valle del Tulijá, un espacio estratégico por su localización y dotación de recursos productivos, con un historial de violencias dominado por una estructura de fuerte raigambre caciquil.
El conflicto se originó a partir de la disputa de 130 hectáreas ocupadas por el edificio del ayuntamiento municipal, bajo el supuesto de que eran parte del fundo legal. Sin embargo, detrás de la irrupción de este conflicto existe una larga historia. Comenzó con la decisión del Cuerpo Consultivo Agrario, en el año 1966, de incluir estas tierras en el plano del ejido como fundo legal. En 1977 las autoridades ejidales interpusieron un amparo en contra de las autoridades agrarias; mientras transcurría el trámite, en 1980 el Congreso de Chiapas emitió el decreto expropiatorio 72, mediante el cual se intentaban sustraer las tierras referidas para instaurar el fundo legal. En 1982 las autoridades ejidales interpusieron un nuevo amparo con el propósito de protegerse de la expropiación, y fue hasta 1994 cuando se emitió una sentencia a favor del ejido; en ese año ocurrió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln).
El problema no concluyó con la sentencia de 1994; en 2008 un juez falló a favor del ejido y en 2010 decidió enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) argumentando la complejidad del asunto. Ese año es clave para la historia del ejido debido a los siguientes acontecimientos: 1) hasta ese momento el caso lo llevaba el abogado Gerónimo Demeza Hernández (Gómez, 2015), quien empezó a gestionar una indemnización por las 130 hectáreas «expropiadas», que en principio aceptó la asamblea de ejidatarios, pero al percatarse de que el monto1 era superior a lo que decía el abogado, decidieron destituirlo; 2) intervino el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (cdhfdc) para llevar el caso del ejido; en ese momento la asamblea se decidió por la restitución de las tierras —incidente de inejecución de la sentencia—, y con ello se rechazó el pago que ofrecía el gobierno; 3) la asamblea exigió la salida del ayuntamiento de las tierras ejidales ocupadas.
Las elecciones de julio de 2015 marcaron un punto de quiebre en el conflicto. El proceso electoral fue cuestionado y marcado por la violencia, y el candidato del pri, el más cercano opositor al pvem, fue baleado junto con su equipo de trabajo al regresar de un acto proselitista (Mariscal, 7 de julio de 2015). Frente a la violencia y la falta de respuesta favorable, los ejidatarios empezaron a organizar marchas de protesta que culminaron con la toma simbólica del edificio municipal el 16 de septiembre (Centro Prodh, 17 de septiembre de 2015; Pozol Colectivo, 17 de septiembre de 2015).
El punto más álgido del conflicto ocurrió el 16 de diciembre de 2015, cuando el grupo de ejidatarios, junto con el apoyo de organizaciones sociales y habitantes de Tila, realizó una marcha en las principales calles del pueblo. La manifestación estuvo marcada por el acecho de la policía municipal, y al final del recorrido se produjo un enfrentamiento en el que resultaron varios heridos. El enfrentamiento terminó con la quema de la biblioteca, la comandancia de la policía y varias oficinas que conformaban el inmueble de la presidencia municipal. Tras el desalojo de la autoridad municipal de las tierras del ejido, las oficinas se trasladaron al ejido San José Limar, que colinda con el municipio de Salto de Agua.
La lógica expositiva de este artículo se divide en tres partes y unas reflexiones finales. La primera es un breve apunte teórico-metodológico que sirve de fundamento al análisis; la segunda sección sitúa la unidad de análisis y enfatiza la importancia geopolítica del ejido, y en el tercer apartado se analizan las relaciones de poder que se han tejido en el territorio. En la última parte se plantean algunas reflexiones finales.
Breves notas conceptuales para el análisis del conflicto
Los conflictos son situaciones intrínsecas en el devenir de las sociedades, y la magnitud y la duración de estos son lo que los hacen relevantes para las ciencias sociales. El conflicto puede ser leído como positivo en tanto que incentiva el cambio social. En este sentido Lewis A. Coser refiere que:
los conflictos entre grupos de una sociedad, así como dentro de ellos, pueden impedir que los ajustes y las relaciones habituales sufran el empobrecimiento progresivo de su creatividad. El choque de valores e intereses, la tensión entre lo que es y lo que algunos grupos piensan que debe ser, el conflicto entre intereses creados y nuevo grupos y estratos exigen participar en el poder, la riqueza y el status, todo esto ha generado vitalidad […] (Coser, 1967:26).
El caso analizado es una disputa por el territorio, recurso material y simbólico en el que los grupos pretenden imponer sus condiciones y apropiarse de bienes, así como ejercer control sobre él. Lo interesante es que el conflicto derivó en la propuesta de un proyecto de autonomía. El contexto de este planteamiento es que Tila ha sido un escenario de movilización y formación de grupos de izquierda, entre los que destacan Abu-Xu y el ezln; también han emergido organizaciones de corte paramilitar, en particular Paz y Justicia a mediados de los años noventa del siglo xx con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (pri) (cdhfbc, 1996 y 2007). Esto llevó a que el territorio, más allá de la disputa de las 130 hectáreas, se convirtiera en un elemento central en la construcción de proyectos y procesos que se han venido desencadenando en el desarrollo del conflicto.
En este contexto es importante recuperar el concepto de territorio. Benedetti (2009) ofrece una perspectiva que incluye cuatro elementos: un agente, una acción, una porción de la superficie terrestre y la temporalidad. El primero hace referencia a que cualquier ente puede construir un territorio, ya sea el Estado, individuos, grupos sociales, organizaciones sociales o empresas, con el fin de manipular o ejercer cualquier acción sobre determinadas personas, recursos o relaciones. El segundo componente es la acción y representa la estrategia mediante la cual los agentes localizan, demarcan, se apropian y controlan algo que existe en una determinada área. El tercero alude a la porción de la superficie terrestre, la base material que es posible localizarse en un mapa, describirse, observarse y transformarse en funcional. El último es la temporalidad, desde la cual se puede decir que el territorio es una entidad geohistórica construida en tiempo y espacio a partir de las prácticas materiales y culturales de la sociedad en un tiempo determinado.
Así, la configuración territorial es «resultado de una producción histórica» (Santos, 2000:53) donde los elementos de la materialidad expresada en instalaciones, plazas, calles, depósitos y establecimientos comerciales figuran como constitutivos de un poder ejercido por comerciantes, empresarios, transportistas y ganaderos a través del ayuntamiento.
El territorio es una construcción para ejercer control y poder a partir de relaciones sociales, un proceso que implica ámbitos de cultura y política. El control del territorio es clave para el ejercicio del poder y la toma de decisiones, sobre todo cuando se disputan proyectos como el del ezln. La lucha por el territorio, en el caso de estudio, trasciende las fronteras del ejido, aunque es la base para el impulso de un proyecto autonómico de interés geoestratégico para los actores.
Mançano (2017:25) considera que su importancia radica en la «comprensión de las disputas territoriales y del proceso de despojo, que es un proceso de desterritorialización». Tal como ha ocurrido en el caso de estudio, el «proceso de disputa territorial es generador de conflictividades» (Mançano, 2017). Hoy el concepto de territorio está presente en muchos análisis para entender no solo los procesos de internacionalización del capital, de realización del capital, sino también la construcción de autonomía; en breve, «el territorio es producción del espacio a partir de relaciones de poder» (González, 2016:49).
Así, espacio y actores forman una unidad compleja que se mueve en función de intereses. Los actores tienen la posibilidad de emprender cambios que se expresan en procesos de territorialización o desterritorialización. En esta línea de razonamiento se redescubre la potencialidad del actor en los movimientos sociales, como menciona Touraine (1987), quien se refiere al «regreso del actor». Asimismo, Norman Long concede al actor un papel central en la conducción del desarrollo y plantea la «perspectiva del desarrollo orientada al actor» (actor-oriented perspective on development):
Los actores sociales son todas aquellas entidades sociales que puede decirse que tienen agencia en tanto que poseen la capacidad de conocer, justipreciar situaciones problemáticas y organizar respuestas «apropiadas». Los actores aparecen en una variedad de formas: personas individuales, grupos formales o redes interpersonales, organizaciones, agrupaciones colectivas, y lo que en ocasiones se identifica como «macro» actores (por ejemplo, un gobierno nacional, una iglesia u organización internacional particular) (Long, 2007:442).
En la relación conflictiva analizada se identifican tres actores centrales: el primero son los indígenas ch’oles, cuyo protagonismo creció en el contexto de la lucha zapatista por la autonomía; el segundo es la autoridad municipal, representada por el Partido Verde Ecologista de México (pvem) y antes por el Partido Revolucionario Institucional (pri), partidos que están confrontados de manera directa por las 130 hectáreas; y el tercer actor es la Iglesia católica, que en alianza con los integrantes del ejido contribuyó a que el poder municipal fuera expulsado de las tierras en disputa. También existen una serie de actores secundarios que forman parte de la red de aliados de los primeros y no están involucrados de manera directa en la disputa agraria, pero que inciden en el rumbo del conflicto puesto que también están en juego sus intereses.
Otro concepto relevante para el análisis de la situación que nos ocupa es el de capital social propuesto por Pierre Bourdieu, que se define como «el conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se pierden» (Hernández, 2018:80). El capital se puede encontrar en forma de trabajo vivo o cosificado, a partir de la mayor acumulación por parte de los actores que logran dominar ciertos campos e imponen las condiciones de juego.
El capital es inherente a las estructuras objetivas y subjetivas, funciona como un principio fundamental en el interior del mundo social y es lo que da sentido a las relaciones de intercambio. El capital permite participar en el círculo de poder, y quien posee mayores cantidades es el que comúnmente impone las condiciones del juego dentro de un campo. Existen tres clases fundamentales de capital: económico, social y cultural (Bourdieu, 2001). De los actores centrales y secundarios cuya actuación se analiza, se podrán constatar cuales son los tipos de capital con que cuentan y la forma en que los ponen en práctica para imponer su dominio sobre el adversario.
Importancia estratégica del ejido Tila
El municipio de Tila se localiza en la zona norte del estado de Chiapas, dentro de la región político-administrativa xiv Tulijá: Tseltal-Chol. Colinda al norte con el estado de Tabasco y el municipio de Salto de Agua, al sur con los municipios de Yajalón, Simojovel y Sabanilla, al este con Tumbalá y Yajalón, y al oeste con el municipio de Sabanilla y el estado de Tabasco. Cuenta con una extensión de 800.67 kilómetros cuadrados, representa el 1.07 % de la superficie del estado (ceieg, 2021). Se ubica en una región estratégica constituida por las tierras del valle del Tulijá, con una significativa cantidad de ríos y cuerpos de agua con alto valor escénico como las cascadas de Agua Azul. Su clima es tropical, en medio de bosques y selvas, con pequeños espacios intermontañosos. Se conecta vía terrestre con el estado de Tabasco a través de una ruta principal que enlaza cinco cabeceras municipales, entre ellas Salto de Agua (ver Mapa 1).
De acuerdo con la información censal del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (inegi, 1990), en 1990 el municipio de Tila contaba con 48 558 habitantes; tres décadas después, el censo de 2020 contabilizó 83 505 personas (inegi, 2020), lo que arroja una densidad de 105 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre 2000 y 2020 la población aumentó en 43.6 por ciento, lo que significa un incremento promedio anual de 2.2 por ciento y, por consiguiente, se traduce en una mayor demanda de servicios básicos de salud, educación, vivienda, drenaje y luz eléctrica que ha impactado en la relación sociedad-gobierno. La población se distribuye en 158 localidades, de las cuales Petalcingo, Tila, Nueva Esperanza y San José Limar concentran la mayor parte y fungen como pequeños «polos de desarrollo» en el interior del municipio.
Por su parte, el ejido Tila tiene su origen en la resolución presidencial fechada el 30 de julio de 1934, donde se le atribuye una extensión de 5 405 hectáreas distribuidas entre 836 beneficiarios (Registro Agrario Nacional, 2016). Está conformado por una constelación de localidades; la principal es el pueblo de Tila, que está dividido en nueve barrios: San Felipe, Concepción, San Juan Primera, San Juan Segunda, Santa Lucía, San Sebastián, Santa Martha, Salinas de Gortari y Chijtieja; seguido de nueve anexos: Cantioc, Misija, Rio Grande, Unión Juárez, Nicolás Bravo, Chulum Chico, Kajtieja, Sañoja Primera Sección y Chucpatiol. Además se formaron nuevas localidades que ya aparecen en la base de datos del inegi, como son: Cerro San Antonio, Cerro Santa Cruz, Sañoja Segunda Sección, 1ro. de mayo, 3 de mayo, Suctioja y Nueva Generación 2000.
La población total de las comunidades que conforman el ejido Tila fue de 8 842 habitantes en 1990, lo que representó 17.5 por ciento de la población del municipio; en 2020 prácticamente se duplicó al sumar 16 300 personas, que representaban el 19.5 por ciento de la población municipal. Tila se encuentra entre los municipios indígenas con mayor población en condiciones de pobreza y pobreza extrema que, como se puede observar en el cuadro 1, en el año 2020 fue superior al 98 por ciento en el primer indicador y al 56 por ciento en el segundo (ver Tabla 1).
Tabla 1 Tila. Pobreza y pobreza extrema, porcentaje de la población y número de habitantes
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobreza | |||||
| 98.8 % | 97.5 % | 98.1 % | 55 307 | 76 480 | 74 015 |
| Pobreza extrema | |||||
| 76.6 % | 67.3 % | 56.0 % | 43 755 | 52 809 | 42 287 |
Fuente: elaboración propia con base en la coneval, 2021.
El territorio del ejido Tila ha sido clave para las tres instituciones de poder: el ejido, el municipio y la Iglesia católica, que han venido posicionándose a lo largo del tiempo. Se ubica geográficamente en el corazón del municipio, punto nodal que permite la conexión de todas las comunidades para llevar a cabo actividades administrativas y comerciales; conecta los diferentes puntos de la región ch’ol con el vecino estado de Tabasco; es una zona de paso muy dinámica para el comercio y las actividades del crimen organizado y de grupos de poder que controlan el territorio,2 lo mismo que para el gobierno, que ha jugado un papel central en el mapa geopolítico de la región. También, en los ámbitos administrativos permite la recaudación de impuestos y la operación de programas asistencialistas; además, es el espacio donde los diferentes presidentes municipales y actores han construido su capital político, social y económico.
El carácter estratégico del territorio en disputa hace que la lucha por su control adquiera altos niveles de violencia: es asiento del núcleo de población más importante del municipio, un pueblo ancestral de matriz indígena que lucha y resiste para que sus tierras no sean puestas en el mercado; es fuente de recursos económicos —por ejemplo, en las principales fiestas del pueblo se cobra derecho de piso a los comerciantes—, y proporciona servicios y beneficios, como son el suministro de agua y la extracción de leña en las montañas.
En este contexto emerge una lucha por el control del territorio que implica el ejercicio del poder, la regulación y el usufructo de los recursos naturales, materiales y económicos, así como la libre determinación y el autogobierno. Estas experiencias se vuelven espacios de esperanza (Harvey, 2003) que contrastan con la voracidad de los sistemas de gobierno electos «democráticamente», pero su camino está lleno de complicaciones y resistencias suscitadas por parte de grupos que ven sus intereses afectados.
En el territorio se ubican dos símbolos de relevancia para el pueblo de Tila: el santuario del Señor de Tila y el cerro San Antonio, lugar mítico donde los ancestros han relatado a través de las generaciones la aparición del misterioso Señor de Tila; en el mismo lugar se encuentra una cueva, en cuyo interior se observa un rostro que se asemeja al que está en el templo. Estos dos lugares son símbolos de la religiosidad y el sincretismo, donde convergen la matriz cultural ancestral ch’ol y la cristiandad; además, ambos forjan una identidad religiosa muy peculiar porque fungen como un punto de encuentro y de reproducción social de la vida comunitaria de los indígenas ch’oles.
El Señor de Tila, patrono del pueblo, ha sido visitado por gran cantidad de personajes, entre los que se pueden mencionar Chico Che, autor de las canciones «Al señor de Tila» y «Regreso a Tila»; Joan Sebastian, que movido por sus creencias religiosas y la enfermedad que padecía lo visitó en dos ocasiones, y José Manuel Figueroa, que acudió para venerar la imagen.
El santuario del Señor de Tila se ha convertido en un centro emblemático de turismo religioso, que deja una derrama económica muy importante para la parroquia y el pueblo en general, principalmente durante sus festividades más importantes. La fama del Señor de Tila ha traspasado fronteras y es reconocida por indígenas y no indígenas de las diferentes geografías de México y de países de Centroamérica, lo que le ha valido a este lugar ser reconocido como la «tierra de los milagros».
Relaciones de poder de los actores en el territorio
En la década de los noventa, el municipio de Tila fue escenario de conflictos y epicentro de coordinación de los principales actores políticos, el pri y el Partido de la Revolución Democrática (prd), así como de organizaciones sociales como Abu Xú y Paz y Justicia. Esta última actuaba como grupo paramilitar y su centro de operación política y económica se encontraba en la cabecera municipal, aunque Agudo (2007) considera que el ejido El Limar fue su «cuartel general». Varios de estos grupos emergieron después del levantamiento del ezln. Las organizaciones y grupos surgidos en esos años siguen siendo actores de primera importancia y forman parte de las estructuras de poder que controlan el municipio en la actualidad.
La autoridad municipal y sus alianzas
El poder municipal es un actor central que es alimentado por una red de aliados, con diferentes niveles y escalas de incidencia. En este apartado abordaremos el abanico de aliados con que cuenta la autoridad municipal para la construcción, distribución y consolidación de una geografía del poder, así como el papel que desempeñan los actores secundarios en la correlación de fuerzas. Aquí es importante recuperar la idea de la geometría del poder (power geometry), que alude al carácter social del espacio, por tanto, abierto a la política y al poder en sus múltiples formas (Massey, 2017).
El primer actor aliado que incide directamente en las relaciones del municipio es el grupo de firmas constructoras, que cuentan con un fuerte capital económico. Estas empresas funcionan como financiadoras de candidatos políticos en temporadas electorales y también cuando existe algún tipo de conflicto. Las constructoras presionan con el propósito de obtener concesiones para la ejecución de obras, con las que generan empleo para los grupos, organizaciones o personas afines a sus intereses políticos; los que difieren o están en grupos contrarios no son favorecidos con estos apoyos.
El capital económico se articula entre el ayuntamiento, las constructoras y la familia en el poder municipal, lo cual conduce al control de la economía y la política del municipio, que termina enriqueciendo a un pequeño grupo, una oligarquía local que reproduce el poder instituido. El recurso se transfiere de la administración municipal a la constructora, la que a su vez transfiere beneficios personales y familiares.
Otro actor ligado al poder del municipio es el sector transporte, en particular el grupo conocido como Unificación, vinculado al Partido Verde. Los transportistas dominan las principales rutas foráneas y locales, con lo que ejercen un papel de primer orden en el control y la dinámica de la economía, así como en la política del municipio. En los años noventa, el sector transporte no era un actor importante, pero con la pavimentación de las vialidades se empezaron a conformar sociedades y las familias con mayores recursos acapararon las principales rutas. Transportistas y constructores conforman una alianza que refuerza al grupo en el poder.
Al participar en el círculo de poder municipal, los transportistas obtienen múltiples beneficios, tales como el pago de la renta del estacionamiento, equipamiento en sistemas de radiocomunicación, libre tránsito en las principales rutas de trabajo y convenios con las autoridades gubernamentales para que las unidades no sufran problemas de ningún tipo; por ejemplo, los volqueteros realizan el traslado y acarreo de materiales en todas las obras que ejecutan las empresas constructoras. El compromiso de este gremio con las autoridades municipales implica el traslado de personas en las jornadas electorales para que acudan a emitir su voto, así como gestionar los recursos económicos para la compra de votos a favor del Partido Verde; en el ámbito político, cuando ocurren confrontaciones los volqueteros colaboran con el acarreo de material para bloquear las principales vías de comunicación del municipio.
Se observa una relación orgánica entre el poder municipal y los transportistas, ambos actores obtienen beneficios económicos y políticos. La representación corporativa de los transportistas está formada por la Confederación de Trabajadores de México (ctm) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (crom). Estos grupos, que participan en el círculo de poder, se reservan el derecho de contratar trabajadores para la construcción de obras concesionadas, de manera que si no están adheridos a estas organizaciones o no son simpatizantes del Partido Verde, no pueden trabajar con las constructoras y solo les queda ocuparse de manera independiente en obras particulares. Las personas que tienen cargos en la estructura del ayuntamiento municipal son representantes de organizaciones y cuentan con unidades de transporte de pasajeros y carga; por ejemplo, en la administración 2015-2018 el secretario municipal era el principal dirigente de la organización de transportistas.
Un tercer actor está integrado por los partidos políticos, que cumplen un papel significativo en la disputa del electorado y en el reparto de votos; además, pueden reconocer el triunfo de otro partido o declinar a favor del más fuerte, lo que puede significar la victoria y legitimar la continuidad del grupo en el poder. Una estrategia que se implementó en las elecciones de 2021 fue la postulación de candidatos en los diferentes partidos políticos de personas allegadas a la familia que tiene el poder en el municipio, es decir, se colocaron candidatos «a modo» y sin suficiente fuerza política para disputarle el electorado al candidato que propuso el pvem.
Aunque los militantes de los partidos políticos pertenecen a grupos diferentes, existen alianzas. Pertenecer a algún partido político y no obtener los votos necesarios para encabezar la alcaldía abre la posibilidad de ocupar espacios de menor jerarquía en el ayuntamiento y de constituir un contrapeso, ya sea a favor del pri, del pvem o de morena; por ejemplo, en las elecciones federales de 2012 se estableció una alianza entre el pri y el pvem, y lo mismo ocurrió en el ámbito estatal. En el caso del municipio, dos familias son las que se disputan el poder. En las elecciones de 2018 se impuso el pvem frente al pri, este último las impugnó, pero al no tener elementos para ser favorecido, negoció espacios como regidurías y obras en el ayuntamiento.
La capacidad económica, política y organizativa del pvem en el municipio se refrendó en las elecciones del 6 de junio de 2021, cuando el candidato de este partido ganó al imponerse a su más cercano competidor de morena. Según las cifras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (iepc), el pvem logró el triunfo contundente con 20 755 votos, mientras que morena obtuvo 7 987; el tercer lugar le correspondió a la coalición de los partidos pan, pri y prd, con 2 228 (iepc, 2021). Aunque el pri y el pvem se enfrentaron en las campañas y en los procesos electoral y postelectoral, al final ambos lograron pactar y distribuirse los beneficios; el partido en el poder impuso las condiciones y ocupa la cartera que maneja mayores recursos como la Dirección de Obras Públicas. En suma, los actores políticos se ubican en un campo en el que se establecen ciertas competencias, pero comparten los mismos intereses, no trabajan por un cambio social y se limitan a reproducir un sistema de poder instituido.
Un cuarto aliado de las autoridades municipales y del pvem es el sector ganadero, que se puede dividir en dos bloques: el primero lo representa la Asociación Ganadera Local (agl) fundada por el pri en 1990, y el segundo está conformado por dos organizaciones que tuvieron origen en las escisiones sufridas por la antigua organización Paz y Justicia: la Organización de Productores Agrícolas Campesinas (opac) y la Unión de Comunidades Indígenas Agropecuarias Forestales (uciaf).
La agl agrupa a miembros de cinco municipios: Yajalón, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua y Tila. En este último cuenta con 72 agremiados, y sus integrantes son pequeños propietarios. Su peso económico y político radica en que la asociación es un filtro para movilizar y comercializar el ganado hacia otros municipios o entidades federativas como Tabasco.
Después de la desintegración formal de Paz y Justicia y de la ruptura con el pri, la uciaf y opac se volcaron hacia el pvem debido a que en este partido encontraron cobijo y protección para sus intereses; en la actualidad son parte esencial de la estructura que apoya los trabajos del municipio. Los ganaderos que podemos llamar «independientes» se ven obligados a comercializar su ganado a través de esta asociación ganadera o de las organizaciones indicadas.
Un quinto aliado del ayuntamiento lo conforman la uciaf y la opac que, además de tener un peso importante en la actividad agropecuaria, aglutinan a un amplio sector de campesinos. Estas organizaciones han sido las principales beneficiarias de los programas que otorgan los gobiernos municipal, estatal y federal. Desde la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en 2018, los Servidores de la Nación se han hecho cargo de censar y empadronar a los beneficiarios de varios programas de carácter federal. Sin embargo, en el caso de la autoridad municipal esta ha utilizado los fondos con que cuenta para otorgar a sus bases apoyos como: materiales para la construcción de viviendas (arena, grava, varilla, alambrón, cemento, láminas, block), molinos manuales para moler maíz nixtamal, y herramientas de trabajo como machetes, limas, botas de hule y bombas aspersoras. Estas organizaciones son las principales encargadas de filtrar los apoyos a las familias, quienes como condición deben afiliarse a estos grupos. De esta manera, se reciclan las viejas prácticas clientelares del pri para mantener el voto cautivo.
Otro aliado del poder municipal es la parroquia de Petalcingo. Desde la llegada del sacerdote José Herrera Alcalá, este se dedicó a trabajos de organización en la localidad, lo que le ha permitido una relación con la familia encabezada por el pri, además de que tiene conocimiento de las organizaciones de la región y es un aliado directo de la elite estatal. El protagonismo que ha adquirido esta parroquia se ha hecho evidente con el paso del tiempo; una de las formas de mostrar las relaciones que tiene con los grupos de poder es que el sacerdote fue padrino de Manuel Velasco Coello, exgobernador del estado y actual senador de la República.
La estructura del gobierno del estado funciona como otro aliado del poder local; aunque las autoridades no hayan surgido del mismo partido forman parte del sistema del poder instituido. En el conflicto entre el ejido y el ayuntamiento, el gobierno del estado ha sido un aliado a favor de las autoridades del municipio para la expropiación de las 130 hectáreas a través de la Secretaría General de Gobierno —su instancia operativa—, que a su vez cuenta con la Subsecretaría de Operación Regional Tseltal-Ch’ol con sede en la ciudad de Yajalón, la cual se ocupa del monitoreo y seguimiento de todos los procesos sociales y políticos que acontecen en la región.
Entre el ejido y la Secretaría de Gobierno no existe una buena relación; el interés de la instancia gubernamental es rendir cuentas al gobierno antes que servir para la mediación de los conflictos que se susciten. Los encargados de esta dependencia en la región provienen de organizaciones afines al gobierno; por ejemplo, Óscar Sánchez Alpuche, exsubsecretario de gobierno, proviene de las filas de la organización Paz y Justicia. Se ha dicho en los medios que esta persona está vinculada a organizaciones de narcotráfico y a la distribución de «plazas del narcotráfico» en la región ch’ol (Caballero, 23 de junio de 2020).
La Procuraduría Agraria (pa) y el Registro Agrario Nacional (ran) son actores que también han tenido un papel relevante en el conflicto. La desconfianza de los ejidatarios ante estas instituciones se generó principalmente con la promoción de la entrada del procede3 para que los ejidatarios aceptaran la parcelación de sus tierras, acción que no tuvo éxito.
La inconformidad de los ejidatarios frente a estas instituciones ocurre porque privilegian la asesoría y la entrega de información al grupo contrario. Un ejemplo fue la conformación de la mesa directiva de la autoridad ejidal en el periodo 2018-2021, que aconteció sin el conocimiento ni consentimiento de la asamblea general, liderada por el grupo «autónomo» y a favor del grupo autodenominado «pobladores».4 Este hecho provocó fracturas en el interior del grupo de ejidatarios por la disyuntiva entre elegir formar parte de la resistencia adherente al zapatismo u optar por aquella que tiene validez y reconocimiento legal, construida de forma ilegítima, pero con visto bueno de las autoridades gubernamentales.
Un conjunto de instituciones y programas forman parte de la constelación de elementos que se alinean a favor de la posición gubernamental entre los que destacan: la ex Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), que tenía a su cargo programas como prospera y 68 y Más, y Procampo-Proagro Productivo de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), como los más incidentes dentro del municipio.5
Estas dependencias y programas incidieron en los resultados de las elecciones por el uso electoral de los programas para condicionar el voto a los beneficiarios, lo que reforzó la estructura de poder local. Las personas que recibían estos beneficios, durante los periodos electorales eran inducidas por los responsables de los programas para votar por tal partido o candidato; el más condicionado fue prospera, un programa crucial para las familias pobres que fue aprovechado por los líderes políticos. En las elecciones de 2015, el pri y el pvem se disputaron el control de la delegación de sedesol en Chiapas. Es importante indicar que los ejidatarios que están a favor de la construcción de la autonomía no rechazan los programas sociales; en términos prácticos y discursivos encontramos un marcado argumento sobre la autonomía y el autogobierno, pero no se observa un rechazo a los programas asistenciales por parte de la población.
La presencia del gobierno de la 4T en el municipio no es tan evidente, sin embargo, llama la atención la actuación de los funcionarios federales llamados Servidores de la Nación. Estos delegados coordinan e instrumentan la logística para la entrega de los diferentes apoyos como la pensión de adultos mayores y las Becas Benito Juárez, entre otros. En los tres años que lleva la administración obradorista, los Servidores de la Nación han logrado ingresar en las comunidades, lo que ha permitido reorientar los votos en las elecciones intermedias, en las que participaron los candidatos de morena. De esta manera, se observa una pérdida de hegemonía del pvem. Las elecciones recientes fueron más reñidas, además de que la pérdida de apoyos gubernamentales para realizar actos de campaña hace que tengan que seguir recurriendo a sus aliados históricos, aquellos cuya lealtad es probada desde y por la cuestión económica.
Un sector importante que se ha visto afectado por el traslado físico del poder municipal ha sido el comercio local, que está formado por un conjunto de pequeños comerciantes que favorecían y dinamizaban la economía del lugar. Sus ingresos dependían de la concurrencia de la gente a la iglesia o para realizar trámites en el municipio y en las diferentes instituciones que ahí se encontraban como el Registro Civil, Bansefi —ahora Banco del Bienestar—, Hacienda del Estado y Telecom. Tras la salida de estas instituciones del espacio disputado, la actividad comercial ha venido decayendo paulatinamente.
Restaurantes, tiendas de abarrotes como MacMa y Monterrey, zapaterías, farmacias, puestos de comida, cantinas y los sistema de transporte local y foráneo, cuyos consumidores y usuarios potenciales provenían de las comunidades, se vieron afectos por la salida del ayuntamiento, ya que cuando las personas llegaban al pueblo a realizar trámites administrativos aprovechaban la ocasión para efectuar sus compras. En la actualidad son pocos los comercios que siguen teniendo un buen nivel de ingreso desde la salida de estas dependencias gubernamentales.
Por otra parte, el «turismo religioso» era uno de los elementos que activaban el comercio, pero con la pandemia de la covid-19 se vino abajo. Las principales fiestas en honor al Señor de Tila se suspendieron desde el año 2020, lo que ha hecho más visible la caída del comercio local y ha obligado a las personas a migrar en busca de empleo hacia el estado de Tabasco, zonas de turismo como Cancún y Mérida o áreas agroindustriales en el occidente y norte del país. Los establecimientos más afectados por la ausencia de los feligreses son hoteles, posadas, restaurantes, puestos de comida, comercios de abarrotes, milagreros, veleros y vendedores ambulantes durante las fiestas. El sector transporte también se ha visto impactado en su economía porque se redujo el número de pasajeros, principalmente los foráneos que venían de otros estados, ya que eran los que más contrataban viajes especiales para regresar a sus lugares de origen.
El pri y el pvem son los dos partidos que cuentan con mayor estructura, sin embargo, el último es el que ha logrado una representación sólida en el interior de las comunidades. La estructura política que encabeza el Partido Verde oscila aproximadamente entre los 480 y 488 representantes seccionales en todo el municipio (delegados comunitarios, operadores verdes, operadores políticos, operadores comunitarios o representantes seccionales), y son los responsables de garantizar y contabilizar el número de votos en cada sección para el día de las elecciones. La disputa por el control político del municipio tiene como móvil disponer de los recursos que llegan de la federación y del estado y los propios, además del dominio del territorio, por eso no es casual que en muchos municipios indígenas se observe una conflictividad creciente.
Los líderes de cada comunidad, que se encargan de organizar a las personas para la gestión de apoyos y programas gubernamentales, están distribuidos con base en la cantidad de población de cada localidad —en los recorridos por algunos puntos del municipio se pudo constatar la presencia de representantes hasta en las comunidades más pequeñas y de difícil acceso, en el caso de las poblaciones grandes cuentan hasta con cinco o seis líderes—, y en general no tienen ningún problema para movilizar a su estructura operativa en los escenarios políticos, tal como lo han venido demostrando en cada periodo electoral.
Para sostener la estructura política y social se requiere de recursos financieros, cuya principal fuente es el municipio. Los operadores reciben un ingreso económico permanente y cuando se acerca el periodo electoral reciben un aumento debido a que tienen más actividad; su trabajo es clave para tener activas a todas sus bases electorales y garantizar el voto necesario. Forman parte de la columna vertebral que interactúa en el territorio, y son actores que luchan por un objetivo común: mantener y controlar el poder dentro del municipio.
Estas estructuras juegan un papel clave en la geometría del poder local en todas las localidades. En estas, algunas personas ocupan cargos en el partido o son funcionarios del ayuntamiento, al mismo tiempo que fungen como autoridades agrarias, agentes municipales, representantes de algún cargo comunitario, o mujeres responsables de manejar programas de gobierno y escolares. Son células que articulan el trabajo comunitario para controlar el territorio en función de los intereses de la familia que está en el poder municipal.
Las estructuras de poder también incluyen grupos de choque que se forman en el interior de las comunidades y tienen la función de desarticular las organizaciones contestatarias y evitar que grupos o partidos contrarios puedan organizarse y luchar para tomar el poder. Estos grupos son financiados por la presidencia municipal y tienen mayor visibilidad en los periodos electorales, como sucedió en las elecciones de junio de 2021.
Finalmente, están los grupos armados, cuya presencia es más notable durante los periodos electorales o en momentos en que se dan estallidos de violencia, como ha venido ocurriendo de manera sistemática en el ejido Tila. Su participación se da en situaciones y lugares muy puntuales; son los que se encargan de atemorizar y violentar a los grupos disidentes del poder municipal.
Durante las jornadas electorales, estos grupos realizan recorridos en los diferentes puntos del municipio en camionetas tipo Ford Lobo, con vidrios polarizados, con el propósito de infundir temor a la población y de generar poca participación de las personas que apoyan a candidatos o partidos diferentes. La participación de los líderes y exlíderes de Paz y Justicia dentro de la estructura del pvem ha hecho que se les denomine «paramilitares». Sin embargo, aunque tienen origen en el paramilitarismo de los años noventa, sus estrategias no son meramente de corte paramilitar. Estos grupos han presentado transformaciones, con alianzas y renovación de liderazgos, y sus actividades se han diversificado: narcotráfico, tráfico de personas y otras actividades ilícitas.
La estructura descrita permite mantener y reproducir el poder en el territorio, en el que confluyen intereses políticos, económicos y sociales. En la alianza de los actores referidos se visualiza una relación entre los que detentan el poder político y económico y aquellos que colaboran para que se siga reproduciendo el poder en el espacio. El conjunto de aliados forma parte de un esquema de poder difícil de romper porque cuentan con una red política y económica bien articulada y consolidada, donde cada elemento juega un papel importante en la distribución y control del poder, y sus alcances van más allá de las comunidades, el municipio o la región.
Frente a esta estructura de poder construido durante muchas décadas, los ejidatarios utilizan el «error jurídico» sobre la ausencia del fundo legal para emprender una lucha que no ha sido posible ganar en los procesos electorales. De esta manera, el microespacio del ejido se convierte en un territorio disputado para la producción de un proyecto de autonomía, como respuesta al desencanto con el poder instituido e instituyente. El proyecto marca una discontinuidad en las relaciones de poder, aunque el camino de su construcción no es para nada fácil.
La autoridad ejidal y sus aliados
Frente al poder municipal instituido, se fue constituyendo un poder contestatario —es decir, la autoridad ejidal y sus aliados— formado principalmente por los ejidatarios básicos y sus descendientes, así como por avecindados que han visto la lucha por la autonomía como justa y necesaria. En la relación conflictiva, el ejido cuenta con una red de aliados distribuidos dentro y fuera del territorio.
La fuerza más importante la componen las comunidades que simpatizan con el movimiento autonómico, principalmente aquellas que conforman los anexos del ejido. Estas tienen mayor visibilidad en eventos de carácter político, por ejemplo, cuando cada año se conmemora el inicio de la autonomía del ejido. Estas comunidades se encuentran organizadas con una base ideológica de lucha en contra del gobierno y del sistema instituido, pero no están dotadas de razón social. Las organizaciones comunitarias suman una fuerza importante que le da acompañamiento y respaldo al movimiento.
Otra fuerza aliada de la lucha autonómica es la organización Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (pudee), que reivindica una tarifa más baja en el cobro de la electricidad. El alcance de esta organización es regional, y comprende los municipios de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Sabanilla, Simojovel y Tila; este último es la sede regional. Esta organización aglutina aproximadamente 50 comunidades de la región, por lo que han logrado consolidar una fuerza política significativa. pudee es uno de los aliados más importantes de la lucha por la autonomía, y la organización se coordina y participa en la plataforma política del Congreso Nacional Indígena (cni), lo que permite fortalecer y articular el trabajo organizativo en las diferentes comunidades de la región.
Las personas que conforman esta organización provienen de los anexos del ejido Tila y de comunidades vecinas, lo que ha permitido mostrar una mayor presencia sociopolítica durante las movilizaciones que han realizado. Las luchas por el territorio y la autonomía, por tarifas preferenciales del costo de energía, por el restablecimiento del servicio eléctrico y por el rechazo de los proyectos extractivos en la región son algunas de las demandas que ha venido asumiendo el movimiento.
El otro aliado importante en la historia de la lucha de las comunidades es la Misión de Bachajón, encabezada por religiosos jesuitas que iniciaron trabajos en la región durante los años cincuenta del siglo xx. Desde sus orígenes, la misión realizó un proceso de reconocimiento de las necesidades de la población indígena y su participación se fue enfocando en trabajos prioritarios; por ejemplo, en el periodo de 1988 a 1994 se fundaron los ejes de Derechos Humanos, Desarrollo de la Comunidad y Pastoral Social (Misión de Bachajón, 2006).
La relación del ejido con la Misión de Bachajón se establece por la vía del Centro de Derechos Indígenas Asociación Civil (cediac) y del Movimiento por los Gobiernos Comunitarios. La asesoría en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y la búsqueda de construcción de alternativas de desarrollo y de nuevas prácticas sobre sistemas de gobierno comunitarios de los pueblos son los temas sustantivos compartidos que han permitido tejer redes de lucha y resistencia en la región junto con el ejido Tila.
El ezln ha sido un referente en la lucha autonómica, y su nivel de incidencia abarca desde el interior del ejido, hasta el municipio, la región y más allá de las fronteras chiapanecas. Esta organización de carácter político-militar, que emergió el 1 de enero de 1994, ha tenido importante presencia en el municipio, y con el movimiento de los ejidatarios adquirió mayor protagonismo en el territorio.
La lucha del ejido se ha tejido con otras organizaciones, entre las cuales la principal plataforma de encuentro ha sido el cni, espacio de denuncia de las violaciones e injusticias que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. El 16 de diciembre de 2017, el ejido Tila recibió la visita de la aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy.
En las visitas que realizó María de Jesús Patricio Martínez en Chiapas, Tila fue uno de los lugares elegidos. El encuentro se llevó a cabo en el marco del segundo aniversario de la expulsión de las autoridades municipales y la puesta en marcha del proceso de autonomía. Con más de 3 000 asistentes (Dinechin, 21 de diciembre de 2017), los ejidatarios y simpatizantes del ezln ofrecieron tamales, atole, cohetes y un cálido recibimiento a Marichuy y sus concejales. El zapatismo y la plataforma del cni, junto con otras organizaciones, dieron una mayor proyección y consolidación a los trabajos del ejido, lo que trajo como resultado la radicalización y el cierre del diálogo con los tres niveles de gobierno.
Otra organización que ha venido apoyando el movimiento autonómico de los ejidatarios de Tila es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Se trata de una organización emblemática que surgió en 2001 contra el decreto expropiatorio por la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, Estado de México (Kuri, 2010). La organización de Atenco históricamente ha sido un colectivo que se ha defendido de las violencias sistemáticas que los grupos de poder han ejercido sobre ellos, y su protagonismo fue evidente y atrapó los reflectores de los diferentes medios nacionales e internacionales después del intento de despojo de sus tierras durante el gobierno de Vicente Fox.
La organización de Atenco ha brindado acompañamiento al ejido Tila en diversas ocasiones. Una de ellas fue cuando realizaron la marcha con destino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) en la Ciudad de México para que diera el resolutivo final (Pozol Colectivo, 1 de agosto de 2012). Esta manifestación tenía como finalidad ejercer presión ante las máximas autoridades del país para que otorgara su veredicto final a favor del pueblo ch’ol. Esta alianza comparte una historia en común, la defensa del territorio frente al despojo por parte de los gobiernos y grupos de poder.
Otras dos organizaciones no gubernamentales que forman parte de la red de aliados del ejido son: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). Estos dos centros asesoran y litigan a favor del ejido; el Frayba da seguimiento ante las instancias legales en el estado de Chiapas y el Prodh6 realiza el acompañamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México.
Otro actor importante es la parroquia de Tila, que desde los años ochenta y noventa ha tenido afinidad con los movimientos y partidos políticos de izquierda, en los que ha jugado un papel importante en la organización y fortalecimiento de la cultura y la religiosidad indígena principalmente a través de sacerdotes, ministros, catequistas y misioneros. Su protagonismo fue más evidente después de la expulsión de la autoridad municipal en 2015, cuando el párroco, en sus homilías, daba buenas referencias sobre el movimiento del ejido y las ventajas que tenía el ejercicio del gobierno comunitario.
El compromiso de la parroquia de Tila ha sido trabajar con y por los pobres, situación que se ve reflejada en la actividad pastoral que han venido realizando los religiosos por más de tres décadas. La estancia de la Iglesia en el territorio ha permitido tejer una red importante de equipos de trabajo, entre los cuales destacan: el Pueblo Creyente, el Encuentro Pastoral y las Comunidades Eclesiales de Base (ceb), encabezados por los mismos feligreses de cada comunidad y con el acompañamiento de los líderes religiosos.
La parroquia de Tila, bajo la pauta de la Teología de la Liberación, ha cuestionado a los grupos de poder del municipio. La postura que había venido tomando la Iglesia sobre el conflicto entre el municipio y el ejido ha hecho que los sacerdotes fueran señalados como los líderes que encabezan el movimiento. La situación se agravó el 11 de septiembre de 2020, cuando surgió un enfrentamiento entre los ejidatarios y el grupo autodenominado «pobladores», en un intento de los primeros por desalojar a los segundos, que mantenían bloqueadas las entradas al pueblo, con saldo de un ejidatario y dos seguidores del municipio muertos, así como más de dos docenas de heridos entre ambos bandos. Al día siguiente aparecieron dos muertos más en la localidad de Coquija del mismo municipio, con signos de tortura y el rostro desfigurado; se dice que apoyaban al grupo de «pobladores» y hasta la fecha nadie ha sido detenido ni presentado ante la justicia por estos hechos atroces.7
Consideraciones finales
Tila es el epicentro del poder político, económico, organizativo y religioso de una de las zonas más conflictivas de Chiapas, un territorio disputado por diferentes actores que tienen interés en el control geopolítico de la región ch’ol. El pueblo ch’ol ha emprendido el camino para la construcción de la autonomía, inmerso en una serie de obstáculos que dificultan consolidar un proyecto de vida propio, de acuerdo con su forma de ver y entender el «desarrollo», y superar las dificultades internas y externas en su devenir.
De ser un conflicto agrario escaló a un proceso de mayor complejidad, donde confluye el proyecto de autonomía y autogobierno articulado a la religiosidad y la cultura. Ante la falta de atención de las instituciones del Estado para atender la problemática, la tensión escala al grado de presentarse enfrentamientos constantes entre los «ejidatarios autónomos» y los llamados «pobladores», simpatizantes del Partido Verde y la directiva del ejido que tiene reconocimiento oficial ante el Registro Nacional Agrario (ran).
La construcción del proyecto autonómico por parte de los campesinos del ejido Tila no ha sido fácil, pues se lucha frente a un poder político y económico que viene de viejas estructuras creadas por el pri, la gran escuela política de todos los partidos que hoy se encuentran en el territorio. La maquinaria institucional actual camina hacia la reproducción de la estructura económica y la superestructura jurídica-política-ideológica. La autonomía es un desafío para el poder instituido, pero también para los propios actores que apuestan por una opción diferente para superar los seculares rezagos sociales históricos. El reto desde el interior del ejido es superar sus propias contradicciones, que no están exentas de un habitus heredado de prácticas políticas caciquiles y de una cultura finqueril dominante hasta bien entrado el siglo xx.
A medio camino del gobierno de la 4T, más allá de los cambios en el manejo de recursos, a través de los diversos programas sociales, que constituían un poderoso instrumento de poder para incidir en los resultados de las elecciones, todavía no se alcanzan a ver sus efectos en los ámbitos de la estructura de poder y económica. Lo que se observa, por el contrario, es un proceso de descomposición del tejido social, que desde 1994 se aceleró. El pri perdió hegemonía como consecuencia de la crisis, pero mostró la otra cara, la del pvem,8 que reproduce las mismas prácticas violentas e incluso se hace acompañar de grupos armados. En este sentido no hay avances en la geometría política. Por otra parte, en el interior del ejido se observan fracturas, la más importante es la existencia de dos mesas directivas, una avalada por el Registro Nacional Agrario en 2021, lo que ha generado confusión y enfrentamientos entre los campesinos, sobre todo en las comunidades, pues unos apoyan al grupo reconocido por el ran y otros al grupo de los autónomos.
El gran desafío de la construcción de la autonomía es superar la división que ya existe entre las familias, debido a que unas apoyan a los llamados pobladores y otras a los autónomos. Estos no han podido cubrir servicios básicos tales como luz, agua y drenaje. En términos numéricos se observa una disminución en el número de simpatizantes, visible en las asambleas, que contrasta notablemente con lo observado en 2015, cuando eran evidentes los apoyos de diversos actores como profesores y activistas. Se puede afirmar que en los últimos años se ha producido un desgaste en los ámbitos económico y legal, así como en las bases sociales. Algunos campesinos que eran simpatizantes del ejido han apoyado a morena en las elecciones de 2018 y 2021; hijos de ejidatarios ahora trabajan en el gobierno y otros han sido beneficiados con becas Benito Juárez. Estos son algunos elementos que quizá estén influyendo en el desgaste de la participación en el proyecto autonómico.
Recuperar la experiencia de construcción de autonomía en Tila es importante para una reflexión que va más allá de sus fronteras, sobre todo en otros municipios de Chiapas, por ejemplo, en los municipios autónomos zapatistas, pero también en otros estados del país como Michoacán y Guerrero. La microhistoria del conflicto en Tila constituye parte de la constelación de tensiones y violencias que enfrentan muchos municipios de la región ch’ol y de Chiapas, que es importante recuperar para repensar la geometría del poder en los pueblos indígenas en el presente.
Hoy el panorama es más complejo, lo que obliga a considerar diferentes niveles y escalas de análisis, micro, meso y macro, cuando los viejos actores se metamorfosean para mantener el control del territorio, como en el caso de Tila, donde el pri es sustituido por el pvem, que se acompaña de grupos armados. También pone a prueba conceptos como los de capital social, espacio, territorio y conflicto. La comunidad solo es una comunidad imaginada (Anderson, 1993), palpar empíricamente, con el despliegue de fuerzas contradictorias, ayuda a dimensionar los grandes desafíos que representa la construcción de alternativas.
