Introducción

A partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 las problemáticas ambientales se reconocen a escala mundial y comienzan a desarrollarse diferentes programas, conferencias, informes, declaraciones y acuerdos para abordarlas. Lejos de alcanzar soluciones reales a la «crisis civilizatoria» (^{Svampa, 2019}), esta nueva institucionalidad internacional decidió adaptar el capitalismo a las nuevas demandas ambientales discursivamente en lo que se conoce como «maquillaje verde» (^{Grinberg, 2012}) o también «capitalismo verde» (^{Pengue, 2017}). De esta manera las problemáticas ambientales fueron apropiadas por el poder capitalista global para instalar una nueva fase de mercantilización y acumulación (^{Machado Aráoz, 2016}) a través de paradigmas como el desarrollo sustentable y la economía verde.

Entre otras propuestas, considerando el contexto del cambio climático, el turismo se posicionó como una actividad económica alternativa por ser considerada la «industria sin chimeneas» (^{Murray, Rullán y Blázquez-Salom, 2005}). Así, en la Carta Mundial de Turismo Sostenible aprobada en la Conferencia Mundial de 1995 se compatibiliza esta actividad con la protección de la naturaleza y con los esfuerzos por reducir el calentamiento global y la pobreza (^{Martínez Quintana, 2017}).

A pesar de que el turismo posee grandes potencialidades para alcanzar la sustentabilidad (^{Moreno de Souza, De Faria y Alves, 2015}) se han reconocido dificultades en la aplicación de esos supuestos teóricos. Los estudios no tardaron en demostrar que esta actividad generaba emisiones de gases de efecto invernadero nada despreciables (^{Buades, Cañada y Gascón, 2012}), a la vez que efectos no deseados en los bienes comunes naturales y culturales (^{Bringas y Ojeda, 2000}; ^{Buades, Cañada y Gascón, 2012}; ^{Hernández Cruz et al., 2005}) y en el entramado social (^{Liscovsky et al., 2016}).

Sumado a lo anterior, recientes estudios sobre el turismo como práctica social hacen foco en el modo en que los procesos sociales y espaciales locales entran en tensión con esta actividad (^{Torres et al., 2018}). Por un lado, se identifica que debido a la rentabilidad turística e inmobiliaria el turismo avanza sobre otros usos del suelo e invade también los espacios cotidianos de esparcimiento local generando complejas tensiones y disputas territoriales (^{Marín Guardado, 2015}; ^{Navas y Blázquez-Salom, 2016}). Por otro lado, se profundizan e intensifican las contradicciones del capital a partir de nuevas formas de explotación laboral de seres humanos y del trabajo del resto de las naturalezas, lo que resulta en una inserción barata de nuevos territorios a los circuitos del capital global (^{Escalera, Palafox y Ángeles, 2020}; ^{Navas y Blázquez-Salom, 2016}) y evidencia problemas de distribución de la riqueza y la privatización de espacios públicos (^{Marín Guardado, 2015}). Ante este escenario, reconocemos la importancia de analizar el turismo desde el territorio, incorporando la mirada de las familias y los grupos sociales donde esta actividad se desarrolla.

En Argentina, las políticas de turismo sustentable encuentran en las áreas protegidas espacios estratégicos para desarrollar esta actividad bajo objetivos de conservación (^{Ministerio de Turismo de la Nación, 2015}). Según datos oficiales de 2019, la Patagonia es la región que concentra el 42.2% de la afluencia turística de todos los parques nacionales de Argentina.¹ Al sur de esta región, en la provincia de Santa Cruz se ha consolidado un eje turístico alrededor del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG) y las localidades de El Calafate y El Chaltén (^{Vacca y Schinelli, 2015}). Esta área protegida reviste importancia nacional por ser el segundo parque nacional más visitado del país y posee reconocimiento internacional por haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981. A pesar de que el turismo provincial se desarrolla bajo discursos de sustentabilidad y conservación, recientes estudios demuestran que esta actividad ha impactado en el acceso a los servicios públicos (agua, vivienda, electricidad y saneamiento) y en el patrimonio natural (^{Blind y Bouhaik, 2014}), y ha generado fenómenos de fragmentación socioespacial y desigualdades en torno a la toma de decisiones sobre el uso del territorio y el patrimonio natural, entre otras problemáticas (^{Schweitzer, 2008}).

En particular, la localidad de El Chaltén se ubica aproximadamente a 220 kilómetros de El Calafate, al suroeste de la provincia de Santa Cruz (véase Figura 1). Su creación respondió a la necesidad de establecer población civil permanente en un área de frontera y de tensión con la República de Chile. Como el lugar elegido para el emplazamiento urbano se encontraba dentro del PNLG, fue necesaria la sanción de una ley nacional que desafectara el dominio de ese territorio a la provincia (^{Ley Nacional N° 23.766}). El Chaltén nació así en jurisdicción del PNLG, dentro de la Reserva Nacional Viedma, como proveedor de servicios turísticos para los visitantes del área protegida. Actualmente su población asciende a 3000 personas² y fue declarada Capital Nacional del Trekking en 2015 (^{Ley Nacional N° 27.055}). Sus principales atractivos son los cordones de los cerros Chaltén (o Fitz Roy) y Torre. Localmente se han identificado problemáticas relacionadas con el crecimiento demográfico y con la creciente afluencia turística desde el año 2005. Entre ellas pueden mencionarse: conflictos por el acceso a la tierra y la vivienda, colapso de los servicios públicos (agua, saneamiento, electricidad y gestión de residuos sólidos), y erosión de sendas y áreas de uso público en la zona norte del PNLG.

Figura 1 Ubicación geográfica de El Chaltén 

Como parte de la investigación de tesis doctoral de la primera autora, en el presente artículo se analiza el modo en que el turismo, bajo un discurso de sustentabilidad, se desarrolla y configura espacialmente en El Chaltén.

Marco teórico

Desde la ecología política latinoamericana se asume que la crisis global actual es una crisis civilizatoria (^{Machado Aráoz, 2016}; ^{Svampa, 2019}). Esto implica reconocer las múltiples dimensiones involucradas (económica, social, política, ética, ecológica, energética, cultural) y el papel fundamental que la modernidad y la colonialidad han desempeñado en la configuración subordinada de los territorios de Abya Yala en el mercado mundial. Desde esta perspectiva, los problemas ambientales son entendidos como producto de la racionalidad capitalista que mercantiliza la naturaleza (^{Leff, 2003}) y los procesos culturales que se encuentran en la base de la relación entre las personas y su entorno natural (^{Escobar, 2010}). Esto nos permite asumir que los problemas ecológicos no pueden entenderse o transformarse sin incorporar en su abordaje las relaciones sociales y, en consecuencia, de poder. Reconocemos así que lo ambiental no se reduce a lo puramente ecológico sino a las relaciones entre «las culturas y las tramas de la vida» (^{Noguera de Echeverri, 2012:314}). En este artículo, los problemas ambientales se tratan de manera compleja incorporando los procesos sociales, culturales y políticos que entran en tensión en la construcción de naturalezas y territorios.

La ecología política ha crecido y diversificado sus definiciones como campo teórico-práctico en constante discusión, pero todas coinciden en resaltar el rol central que lo político debería tener para comprender los problemas ambientales. En sentido amplio se entiende lo político como «las relaciones de poder en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación y control por parte de diferentes agentes socio-políticos […] no sólo en cuanto a los asuntos materiales, sino a su construcción imaginaria o simbólica» (^{Palacio, 2006:11}). Entendemos que la naturaleza es una construcción social y que incluye lo humano en su definición (^{Machado Aráoz, 2016}; ^{Moore, 2020}; ^{Noguera de Echeverri y Pineda Muñoz, 2014}), por lo cual se analizarán también las relaciones y prácticas sociales que se producen en El Chaltén en relación con el modelo turístico.

Desde una mirada geográfica, se identifica que las construcciones y apropiaciones de la naturaleza no ocurren de manera aislada en los territorios, sino que forman parte de las estrategias de expansión y acumulación del capitalismo sobre nuevos espacios (^{Harvey, 2006}). Ampliar la mirada desde la naturaleza hacia el espacio (geográfico) es importante para comprender la realidad de los lugares en relación con los procesos globales. En el marco actual de crisis global, entendemos el turismo sustentable como un avance de frontera de expansión del capitalismo verde (^{Picone, Liscovsky y Schweitzer, 2020}; ^{Schweitzer, 2014}). Esto implica que el modelo de desarrollo turístico global (cuyo objetivo es acumular y reproducir capital) no se transforma, sino que propone nuevas formas organizativas del espacio bajo un discurso de maquillaje verde. Estas formas hegemónicas de configuración de los espacios a partir de la actividad turística no implican la desaparición de las fronteras, sino su multiplicación y la obligación de los Estados nacionales de interactuar con otros espacios geográficos de decisión (^{Mezzadra y Neilson, 2016}). En este sentido, es importante identificar las múltiples escalas en que operan las y los agentes que intervienen en la construcción de El Chaltén y qué dinámicas de continuidad o tensión se dan entre ellos.

Para comprender el modelo turístico de El Chaltén desde la ecología política, se realiza un análisis espacial. El espacio es asumido de manera relacional, como una producción o construcción social en donde necesariamente intervienen relaciones de poder (^{Harvey, 2006}; ^{Lefebvre, 2013}; ^{Massey, 2009}; ^{Santos, 2000}). ^{Doreen Massey (2009)} aporta tres características para comprender el espacio: su complejidad de intercambios, su multiplicidad y su apertura a ser cambiado. Esta mirada nos invita a pensar lo político también como la posibilidad de transformación del espacio y a comprender los territorios o lugares no solo como víctimas de los procesos globalizantes, sino también como productos y productores de resistencias y alternativas a esos modelos hegemónicos. En el artículo se mencionan otros conceptos geográficos que se desprenden de la categoría central de espacio y que resaltan un tipo de relación o dimensión específica del mismo. Siguiendo la propuesta de ^{Rogério Haesbaert (2014)}, se utiliza el concepto de ambiente para enfatizar las relaciones del espacio que se dan entre la sociedad y la ecología; el de territorio para hacer foco en las dinámicas de apropiación y control del espacio; y el de lugar para resaltar las experiencias vividas y los sentidos de pertenencia asociados al espacio.

Metodología

Para comprender la complejidad del territorio desde la ecología política, se aborda la realidad local a partir del análisis de los medios de vida (^{DFID, 1999}). Los medios de vida pueden definirse como el conjunto de riquezas y actividades que desarrollan las familias para vivir su día a día y alcanzar sus propósitos de futuro. El marco de análisis a partir de los medios de vida incluye el contexto de vulnerabilidad en donde se insertan las familias, y los procesos, políticas y estructuras que influyen en su funcionamiento (^{Pasteur, 2001}). El contexto de vulnerabilidad se asume como exógeno a los medios de vida de las familias, y se entiende como aquellos aspectos en los cuales las personas no tienen capacidad para decidir, pero a los que están expuestas (^{Lautze y Raven-Roberts, 2003}). Este marco teórico-metodológico nos permite identificar las fortalezas del lugar, cómo afectan otras escalas y agentes a la construcción del espacio y es útil para comprender las mejores decisiones o acciones a tomar en una comunidad.

Para analizar los medios de vida se realizó un diagnóstico comunitario participativo según la propuesta metodológica de ^{Parra Vázquez et al. (2011)}. Este enfoque mixto y participativo asume que las personas que viven en el lugar son las que se encuentran mejor capacitadas para describirlo (^{Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 1997}) y, además, son quienes tienen la responsabilidad política de transformarlo (^{Massey, 2012}). El diagnóstico comunitario participativo toma como base de análisis los capitales o acervos que posee la comunidad y las estrategias que desempeñan las familias para vivir. Los capitales que se analizaron son cinco y corresponden a: humano (capacitación, habilidades, conocimiento de las personas), social (redes y articulación entre grupos formales e informales dentro y fuera de la localidad), natural (clima, suelo, vegetación y otros), físico (infraestructura y servicios) y financiero (ingresos, egresos y balances por familia) (^{Parra Vázquez et al., 2011}).

Se realizaron algunas modificaciones metodológicas tanto en la fase analítica (resignificación de variables) como en la operativa (cambios en el desarrollo de talleres). En primer lugar, se cambió el término «capital» por el de «riqueza». En coherencia con nuestra línea teórica, la utilización de la palabra «capital» implica tomar una posición epistémica e ideológica desde una forma mercantil de ver la naturaleza, profundizando la visión antropocéntrica utilitarista de la ciencia moderna (^{Gudynas, 2015}). Como alternativa, el concepto «riqueza» (Wagner y Giraud, Escobar, Machado Aráoz en ^{Alimonda, 2011}; Chomsky en ^{Porto-Gonçalves, 2006}; Sejenovich y Carrizosa Umaña en ^{Pengue, 2017}, entre otros) descentraliza la valoración moderna y mercantil de la vida para hacer foco en la abundancia de otras formas de valorar (^{Porto-Gonçalves, 2006}). Las riquezas de la comunidad se definen como aquellos atributos, capacidades y materialidades que poseen las naturalezas de un determinado lugar o territorio, tanto aquellas que responden a fines productivos y posibles de capitalizar, como las que hacen factible la reproducción de la vida y no están disponibles para ser mercantilizadas. En segundo lugar, se realizaron cambios operativos en el desarrollo del diagnóstico debido a los recursos disponibles y a la adecuación de la metodología al contexto local.³ Por un lado, el taller participativo del diagnóstico comunitario se dividió en cinco encuentros (desde febrero hasta agosto de 2018). Este cambio se realizó porque una única persona estaba disponible para facilitar los talleres y no era posible efectuar la división en grupos focales en un único encuentro. En los talleres participaron en total 24 personas adultas entre 30 y 65 años, de las cuales 21 fueron mujeres y 3 hombres, pertenecientes a diferentes sectores laborales de la sociedad. Por otro lado, el transecto y recorrido por el territorio propuesto en ^{Parra Vázquez et al. (2011)} se realizó el 23 de julio de 2018 sobre la senda al Fitz Roy con el acompañamiento de la Brigada de Sendas del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG)-Seccional Lago Viedma. Esta decisión fue acordada con las y los participantes de los talleres, quienes identificaron como referentes de las dimensiones ecológicas del territorio a las personas que trabajan en la seccional local de la Administración de Parques Nacionales (APN). Por último, para la recolección de los datos sobre la riqueza financiera realizamos una encuesta a informantes clave representativos de diferentes sectores laborales de El Chaltén. Optamos por la encuesta en vez del taller participativo debido, por un lado, a la heterogeneidad económica, que dificultaba la puesta en común, y por otro lado a la intención de registrar la dinámica financiera de sectores sociales no representados en los talleres.

La riqueza humana identifica las capacidades necesarias para desarrollar proyectos colectivos o comunitarios. Durante el taller, se toma como referencia un proyecto organizado por las y los participantes, se ordenan las etapas del mismo (desde la idea hasta la evaluación) y se acuerdan las capacidades humanas que necesitaron para cada una de ellas. Luego se clasifican cuáles están presentes en la sociedad y cuáles no, y se reflexiona sobre las posibilidades para gestionar las capacidades que no se tienen.

Para la valoración de la riqueza física se realizan dos observaciones (^{Parra Vázquez et al., 2011}): una interna (confeccionada en el taller participativo) y otra externa (efectuada por la facilitadora a partir de entrevistas a informantes clave y observación participante). Las variables de la riqueza física son: agua, drenaje, energía, educación, salud, transporte, medios de comunicación, vías (rutas) de comunicación locales, vías de comunicación al exterior, instituciones y centros de reunión comunitarios. La valoración interna se clasifica en bueno, regular y malo; la externa sigue los criterios de ^{Parra Vázquez et al. (2011)}. Las observaciones se comparan; cuando la valoración interna es mala y la externa es buena se expresa una disonancia entre ambas observaciones. Por el contrario, si la interna es buena y la externa mala, se evidencia una adaptación. En los casos en que ambas observaciones coinciden con la valoración buena se determina una situación de bienestar. Por último, cuando ambas observaciones son valoradas como malas, existe una situación de malestar.

Para la valoración de la riqueza social se mide la densidad de la red de organizaciones y grupos sociales locales. Este concepto describe las conexiones o relaciones reales de las potenciales que se pueden dar en una determinada red. Se asume que un mayor número de relaciones representa mayor estabilidad en el sistema social y menor desintegración (^{Liscovsky et al., 2012}).

Para la determinación de la riqueza financiera, a partir de la encuesta por grupo familiar se cuantifican (en porcentajes): los ingresos según la fuente (laborales, subsidios, créditos, préstamos, ahorros, renta y otros) y los egresos (agrupados en: alimentación, ropa y calzado, salud, educación, alquiler, servicios públicos, gas, combustible y viajes, vehículos, herramientas para el trabajo, aportes comunitarios, pago de préstamos o créditos, ocio y otros). La encuesta fue realizada por 15 personas de El Chaltén en representación de su grupo familiar, de las cuales: tres eran empleados de APN, tres eran docentes, dos empleadas municipales, una empleada de recepción, una empleada en gastronomía, una empleada en limpieza hotelera, un productor artesanal, un albañil, una guía de trekking y un guía de naturaleza y docente.

Para la valoración de la riqueza natural se completó una planilla durante el recorrido en campo con la Brigada de Sendas. En conjunto elegimos la senda al Fitz Roy dentro del PNLG debido a que es la más visitada y la más conocida por los brigadistas. Las variables que se observaron durante el recorrido fueron: drenaje, pedregosidad, textura del suelo, profundidad efectiva de las raíces, período de heladas, viento, período de nieve, pendiente, erosión, disponibilidad de agua, período seco y vegetación.

Los datos obtenidos a partir de los talleres, las encuestas y el recorrido en campo se analizaron desde un enfoque cualitativo a través de la valoración de las variables de cada riqueza, la identificación del contexto de vulnerabilidad y de las estructuras y políticas que inciden en las riquezas. La escala de valores asignados a cada variable comprende un rango de 0 a 5, donde el 1 representa la condición más desfavorable. Esto implica que los valores más bajos (cercanos a 1) indican estados más negativos o menos deseables que los valores altos (cercanos a 5). El valor final de cada riqueza resulta del promedio de las variables (^{Parra Vázquez et al., 2011}).

Además del diagnóstico comunitario participativo, se tomaron datos de un relevamiento habitacional realizado en agosto de 2017 por vecinas y vecinos de El Chaltén que cubrió el 83.7% del ejido urbano; se realizó observación participante en la audiencia pública sobre la emergencia habitacional el día 16 de septiembre de 2017 y en la presentación del proyecto Huella de Glaciares el día 12 de septiembre de 2019; y se revisó bibliografía para complementar y construir los datos.

Resultados

Los resultados obtenidos a partir del diagnóstico comunitario participativo de El Chaltén se presentan en tres apartados. En el primero se describen las riquezas de los medios de vida con el fin de mostrar las fortalezas y dificultades que estructuran a El Chaltén. En el segundo apartado se analiza el contexto de vulnerabilidad y las estructuras normativas, que permiten reconocer las estrategias de vida de las familias. En el tercer apartado se identifican agentes, escalas y políticas que influyen en la producción espacial de El Chaltén afectando o enriqueciendo los medios de vida de las familias, con especial atención en el turismo.

Riqueza natural

Se identificaron cuatro ambientes representativos de la senda al Fitz Roy: Bosque 1 (más pendiente, menor cobertura), Faldeo (más estepario, con exposición fuerte al viento), Bosque 2 (más denso y alto, sin pendiente) y Mallín (inundable en otoño/invierno, vegetación arbustiva y árboles achaparrados). Los ambientes se diferencian con base en algunas variables determinantes que son: profundidad efectiva, pedregosidad, viento y, en menor grado, la pendiente. El ambiente Mallín es el que obtuvo el valor más bajo de todos, con condiciones físico-naturales muy frágiles: profundidad efectiva muy baja, mucha pedregosidad y vientos muy fuertes. Si bien este ambiente no presenta procesos erosivos severos, las condiciones climáticas asociadas a las características edáficas lo constituyen en un ambiente muy frágil a cualquier impacto con una lenta capacidad de resiliencia.

Los resultados de la valoración de la riqueza natural se presentan en la Figura 2. Se observa que los valores más bajos corresponden a: pedregosidad, drenaje y período de heladas. Estas variables indican condiciones edáficas no muy favorables para su formación y para el desarrollo de vegetación. Con base en el recorrido por el territorio, la valoración promedio para la riqueza natural es de 2.85.

Figura 2 Diagrama de la riqueza natural. El Chaltén (julio de 2018) 

A través del transecto se pudo observar que existen diferentes grados de erosión del suelo en ciertos sectores de la senda. Como puede observarse en las imágenes de la Figura 3, el surco presenta un grado severo de erosión en el primer tramo del recorrido realizado.

Figura 3 Procesos erosivos en el primer kilómetro de la senda al Fitz Roy (julio de 2018) 

En este caso, el trazado de la senda favorable a la pendiente natural aumenta la erosión por escurrimiento superficial agravando notablemente el impacto del uso turístico. La Brigada de Sendas ha estado trabajando en una nueva traza para el primer kilómetro de la senda al Fitz Roy, en la que pensaban demorar unos meses y, debido a las decisiones locales y a las condiciones climáticas que no permiten el trabajo en invierno, su apertura al uso público se demoró cuatro temporadas. En este sentido, sería valioso destacar que el trabajo en sendas es sumamente importante y necesario para la conservación del ambiente en el área protegida. La falta o escasez de personal en temporada y de presupuesto específico para el área son dos de las principales problemáticas que enfrenta el PNLG actualmente para la conservación de su biodiversidad.

Riqueza física

Las variables de la riqueza física que obtuvieron una valoración buena fueron: transporte, vías de comunicación locales y vías de comunicación al exterior. Esto demuestra que existe una situación de bienestar en cuanto a estos servicios. Las variables medios de comunicación y centros de reunión comunitarios coincidieron con una valoración regular debido principalmente a que no son suficientes o no funcionan correctamente (como los casos de internet y telefonía). Para los servicios de agua, drenaje, energía y educación hubo una disonancia entre las observaciones interna y externa. Esto puede explicarse teniendo en cuenta que todos los servicios públicos mencionados fueron valorados internamente como malos debido a que se encuentran colapsados durante la temporada turística y algunos servicios se cortan, mientras que las aulas de la escuela no alcanzan para la cantidad de estudiantes. Entonces, si bien la infraestructura y el servicio están presentes en la localidad, su funcionamiento no es bueno. Para el caso de instituciones, si bien la valoración externa fue regular debido a que hay varias que no están presentes en la localidad, la valoración interna fue buena debido al funcionamiento satisfactorio de las que sí existen en El Chaltén, lo que demuestra un proceso de adaptación a las condiciones locales. Para el caso de la salud, ambas valoraciones fueron negativas debido a la falta de infraestructura, personal y especialidades en la localidad, lo que evidencia una situación de malestar. Sumado a ello, el servicio o la atención tampoco es bueno, se calificó como personalista, y fue la variable que obtuvo el valor más bajo (véase Figura 4). La valoración promedio de la riqueza física fue de 2.

Figura 4 Diagrama de la riqueza física de El Chaltén (2018) 

Riqueza social

En El Chaltén identificamos una organización social muy dispersa con pocas relaciones entre sí y con pocas relaciones con organizaciones externas. La mayoría de las organizaciones son instituciones públicas (20), siguen los clubes deportivos o recreativos (4), los grupos relacionados con lo cultural (4), agrupaciones relacionadas con lo económico (4), un grupo de trabajo relacionado con la problemática habitacional, un grupo de voluntarios brigadistas de incendios y una fundación ambiental. Las relaciones existentes entre todas ellas pueden apreciarse en la Figura 5.

Figura 5 Diagrama de relaciones locales para la riqueza social de El Chaltén (2018) 

Se puede observar que la municipalidad, el Concejo Deliberante, la APN y el Consejo Agrario Provincial (CAP) (resaltados en la Figura 3) son las instituciones públicas que más interacciones presentan. Al ser mayormente relaciones unidireccionales, se identifica que estos organismos concentran las decisiones sobre qué proyectos se desarrollan en El Chaltén.

Como resultado de la valoración de la densidad de red, la riqueza social obtuvo un valor promedio de 1. En este estudio, la baja densidad de la red social puede entenderse por la sectorización de los grupos sociales. Esto implica que entre organizaciones e instituciones locales existe poca cohesión social, lo que da lugar a proyectos o políticas sectorizadas y con poco sentido colectivo o comunitario.

Riqueza financiera

El ingreso de las familias depende en su mayoría del sueldo (93%), seguido en algunos casos de la renta (6%) y solo en un caso de subsidio estatal (1%). Esto marca la dependencia que las personas tienen respecto a la oferta de trabajo y su temporalidad. Los ingresos más bajos en promedio mensual (en pesos argentinos) por tipo de trabajo son los que perciben: el productor artesanal, quienes trabajaban en servicios turísticos (hotelería y gastronomía) y el guía de naturaleza. De los tres empleos en la categoría hotelería y gastronomía, el sueldo más bajo es percibido por la empleada de limpieza, $10.500 al mes, cuyo hogar se encontraba por debajo de la Línea de Pobreza en términos de ingreso y de la Canasta Básica Total.⁴ Este monto de ingreso es igual al percibido por el productor artesanal, que trabaja de manera independiente, por lo que se ubica por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se fijó en $10.700 a partir de septiembre de 2018.⁵

En lo que respecta a la brecha entre sueldos temporales y anuales, una docente con dos cargos percibe: 3.8 veces lo que percibe una empleada de limpieza en hotelería y un productor artesanal; 2.7 veces lo que percibe una recepcionista y un guía de naturaleza; 2.6 veces lo que percibe una empleada gastronómica; 1.7 veces lo que percibe una empleada municipal, y 1.6 veces lo que percibe un empleado en APN y una guía de trekking. Esto evidencia la heterogeneidad/desigualdad de ingresos de las familias, teniendo en cuenta que para el diagnóstico se dejó fuera del análisis a propietarios de servicios de gastronomía y hotelería y a prestadores turísticos.

La mayor parte del egreso se destina a Alimentación, seguida por el pago de Alquiler, Ocio y el gasto en el consumo de Servicios (luz, agua y gas). Entre los cuatro rubros suman el 72.01% del total de los egresos promedio de todas las personas encuestadas, aunque existen diferencias significativas en la distribución del egreso según actividad laboral. Los porcentajes más bajos corresponden a los rubros de: Salud (1.74%), Otros (1.71%), Aportes comunitarios (1.68%), Pago de créditos (1.37%) y Educación (1.30%). En todos los casos el rubro con mayor gasto es el de alimentación, salvo para los empleados de APN, quienes destinan un mayor porcentaje al alquiler. De acuerdo con los datos del relevamiento habitacional realizado en agosto de 2017, el porcentaje de ingreso destinado al alquiler era de 33.58%. En este sentido, el gasto de alquiler resulta una categoría importante al momento de identificar los egresos y balances financieros en la realidad de cada unidad familiar. Lo mismo ocurre con la categoría de Ocio, que es muy significativa en algunos casos (guías, productor artesanal, docentes), mientras que en otros responde a menos del 5% (albañil, empleadas en hotelería y gastronomía, empleadas municipales).

En lo que respecta a los balances, la Figura 6 muestra los ingresos (colores verdes) y egresos (colores rojos) en relación con la estacionalidad anual para cada ocupación laboral, la conformación del hogar (adultos y menores) y la situación de vivienda (si paga alquiler o no).

Figura 6 Balances anuales por ocupación, conformación del hogar y situación habitacional. El Chaltén, 2018 

Medios de vida y estrategias de las familias en El Chaltén

En este apartado relacionamos las riquezas con el contexto de vulnerabilidad, las políticas y las estrategias de las familias para identificar los medios de vida de El Chaltén. Los procesos y estructuras que forman parte del contexto de vulnerabilidad son: el clima, las migraciones y la situación habitacional.

Los procesos migratorios se encuentran muy marcados en El Chaltén y se relacionan directamente con las riquezas descritas en el apartado anterior. La falta de trabajo fuera de temporada turística (mayo-septiembre) es una de las principales causas de la migración de personas adultas y jóvenes en estos meses del año. Tal situación se refuerza por la dificultad de acceder a un terreno propio y de sostener un alquiler anual con empleos temporales. Por ello, una de las estrategias adoptadas es migrar en invierno a otros centros turísticos (como por ejemplo Ushuaia o Bariloche) donde haya trabajo, y durante el verano vivir en carpas, casillas rodantes o compartiendo habitaciones en El Chaltén. Para quienes desean instalarse todo el año, las opciones se reducen a trabajar doble jornada en temporada o, por lo general, buscar un trabajo anual que garantice un sueldo estable. Esto ocurre mayormente en el sector público (establecimientos educativos, municipalidad, APN y otros) y en menor medida en el sector comercial (mercados, ferreterías, panaderías y otros). Todos los hogares constituidos con al menos un menor de edad contaban con un ingreso proveniente del sector público, con excepción del hogar que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Un segundo motivo de la migración es la escasez de oferta universitaria para la juventud de la localidad, que migra a grandes centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario) durante los años de estudio. Si bien existe un ciber-educativo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la mayoría de las carreras son presenciales o se deben cursar materias con cierta frecuencia en una unidad académica que se ubica a 465 kilómetros de distancia. El hecho de no contar con transporte público o semipúblico que se dirija a esa unidad académica y la dependencia de buen clima para transitar por la ruta de ripios dificultan el acceso a la educación superior. Como estrategia, las familias que tienen la posibilidad eligen para sus hijas e hijos aquellos centros urbanos con oferta académica amplia donde vive algún familiar. Quienes no cuentan con suficientes recursos económicos o familiares en centros urbanos quedan fuera de la educación universitaria y, por lo tanto, cuentan con menores oportunidades laborales.

Un tercer motivo que conduce a la migración de las personas es la visita a su lugar y familia de origen. Personas adultas, jóvenes e infantes se viajan entre uno y tres meses a su lugar de origen cada año con el fin de compartir tiempo con sus familiares que se encuentran lejos de El Chaltén. En estos casos, las niñas, niños y adolescentes en edad escolar concurren a otras escuelas durante este período, tiempo que luego es «acreditado» en las escuelas locales para evitar perder el año escolar. Esto fue identificado en el taller como un factor de desarraigo importante para la juventud y la infancia.

Las migraciones, el trabajo y el clima afectan de forma directa y significativa las dinámicas sociales, culturales y comunitarias. En los meses de temporada turística alta (diciembre, enero y febrero), el trabajo exige tiempo y las personas dedican menos atención a los vínculos afectivos y a proyectos comunitarios. Sin embargo, en el mes de julio (a pesar de que no hay trabajo) quedan pocas personas en el pueblo debido a las vacaciones y a los procesos migratorios, lo cual refuerza la separación entre quienes «se quedan en invierno» y quienes «vienen en temporada». Esto podría explicar la falta de articulación entre grupos locales y la sectorización social que se observó para la valoración de la riqueza social, así como la baja capacidad de seguimiento de proyectos para la riqueza humana. Los meses mejor valorados fueron aquellos que se encuentran al inicio y final de la temporada turística por tres razones. En primer lugar, porque el clima es menos hostil que en el invierno y hay buena cantidad de horas de luz; en segundo lugar, debido a que muchas personas regresan al inicio de la temporada, lo que da lugar al reencuentro con amigos y familiares; y, por último, queda tiempo para dedicar a la familia y a proyectos comunitarios ya que no hay tanta demanda turística.

Otro factor que conforma el contexto de vulnerabilidad es la situación habitacional, identificada localmente como una problemática desde hace más de 10 años. En los talleres se reconoció el cierre del área de acampe libre de Madsen en 2010 como un detonante de la problemática habitacional, ya que muchas personas vivían toda la temporada en ese espacio. La decisión de cerrarlo fue de la APN debido a que el uso no cumplía con la finalidad del área de acampe turístico y estaba bajo su dominio y jurisdicción. Eso derivó en que las personas que ahí habitaban tuvieran que buscar otros lugares donde vivir, pero ya no de forma gratuita sino abonando alquiler. Ante la falta de regulación estatal sobre los alquileres, el sector fluctúa según las leyes del mercado de oferta y demanda. Como la ganancia del alquiler diario es mayor que la que podría afrontar un habitante local, quienes cuentan con tierra o vivienda en propiedad eligen alquilarla al turismo. Esto reduce la oferta de alquileres que estén en condiciones dignas de habitabilidad y a precios accesibles para quienes viven en El Chaltén.

Según los datos del relevamiento habitacional de 2017, se identificaron 985 unidades de vivienda distribuidas en 472 lotes. El tipo de unidad funcional se contabilizó en: 34% residencial familiar, 24% alquiler familiar, 13% baldíos, casas móviles y galpones, 12% hotelería, 9% local comercial, 3% gastronomía, 3% alquiler de terreno para casilla rodante y un 2% sin datos. Los tipos de vivienda que corresponden a locales comerciales (gastronomía, tiendas y hotelería), que constituyen un 24% del total, deben ser desocupados en la temporada turística. La estrategia utilizada por estas personas consiste en vivir en carpas o en casillas móviles durante el verano, cuando las condiciones climáticas lo permiten, mudándose al inicio y al final de cada temporada. Del porcentaje correspondiente a alquiler residencial, en promedio se han mudado casi tres veces en los últimos cinco años. Esto, sumado a la incertidumbre de poder acceder a un terreno para vivienda propia, provoca una situación de inestabilidad en cuanto a lo habitacional en el 72% de los casos de quienes alquilan.

En relación con las políticas asociadas a las actividades económicas, las principales decisiones se dirigen a alargar la temporada turística y a «innovar» con nuevos paquetes turísticos, como es el caso del proyecto Huella de Glaciares. Esta propuesta promociona en ferias nacionales e internacionales de turismo los senderos ya existentes del PNLG, reservas privadas y la Reserva Provincial Lago del Desierto, a la vez que ofrece nuevas oportunidades de inversión en servicios turísticos para capitales privados. Sumado a ello, se encuentra en agenda provincial la pavimentación de la ruta escénica 41 que comunica El Chaltén con el lago Del Desierto y que constituye el eje del recorrido para Huella de Glaciares. Estas iniciativas no contemplan las dificultades de presupuesto, personal y logística que poseen en la actualidad las áreas protegidas, lo que agrava las problemáticas territoriales.

Por último, en relación con las políticas y estructuras relativas al acceso a la tierra y la vivienda, existe en general una falta de toma de decisiones desde el Estado en su escala local y provincial. Estructuralmente El Chaltén se creó en jurisdicción del PNLG y se encuentra rodeado del área natural protegida, por lo que se encuentra recortada su posibilidad de expansión urbana. El ejido municipal está confinado a la cesión de las 135 hectáreas para la creación del pueblo y, salvo unos pocos lotes, casi todo el suelo urbanizable está ocupado. Según la autoridad pública provincial responsable de la gestión y control de tierras, el Consejo Agrario Provincial (CAP), existe una sobredemanda de solicitud de tierras con respecto a los terrenos disponibles, ya que la provincia estimaba una población de 400 a 500 personas para el año 2018 (comunicación personal, informante clave, 16/09/2017). Sin embargo, en la provincia se han realizado diversos diagnósticos, planes y estudios en relación con la urbanización y el ordenamiento de El Chaltén debido al aumento demográfico. Podemos mencionar los siguientes: el Programa de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana del Espacio Patagónico Austral (^{UNPA, 2005}), el Diagnóstico y Plan de Ordenamiento Territorial Provincial (^{Schweitzer, 2009}), el Estudio de Factibilidad de Uso Público en la reserva natural urbana La Lagunita (^{UNPA, 2019}) y el estudio de Lineamientos para la Planificación Estratégica Urbana de El Chaltén (^{Gaglianó, 2019}). En el estudio del año 2005 realizado por la UNPA se propusieron tres lugares para la posible expansión urbana de El Chaltén de acuerdo con condiciones geológicas, económicas, edáficas y ambientales. Sin embargo, y a pesar del evidente crecimiento demográfico, no hubo avances de planificación ni de gestión al respecto. En el último estudio realizado por encargo de la provincia se expusieron nuevas propuestas: por un lado, densificar los lotes disponibles a partir de mecanismos de propiedad horizontal y, por otro lado, ampliar el ejido sobre la margen derecha del río Fitz Roy. La primera propuesta imprime una nueva modalidad de vivienda y propiedad para la localidad que cambiaría los modos de vivir en el lugar. La segunda propuesta no toma en consideración el estudio de peligrosidad por remoción en masa de la ladera del cerro Solo en laguna Torre, que pondría en riesgo las zonas aledañas al río Fitz Roy (^{Balbi et al., 2019}).

El conjunto de los medios de vida de El Chaltén y sus relaciones se resumen en la Figura 7.

Nota: las flechas representan las relaciones (las positivas en trazo negro sólido, las negativas a través de guiones y una positiva-negativa con puntos) entre los componentes de las riquezas, el contexto de vulnerabilidad y las políticas.

Figura 7 Medios de vida en El Chaltén 

Agentes y escalas que intervienen en la producción espacial de El Chaltén

En este apartado se analizan los resultados del diagnóstico comunitario participativo desde una perspectiva política y espacial. Partiendo de considerar el espacio de manera relacional, se puede identificar que El Chaltén es producido (sensu Milton Santos) por diferentes agentes, escalas y lógicas que se relacionan a partir de tensiones y continuidades.

En la escala provincial identificamos políticas de promoción y diversificación turística a través de la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, bajo el paradigma del desarrollo y la sostenibilidad de El Chaltén como producto y destino turístico (comunicación, presentación del proyecto Huella de Glaciares, 12/09/2019). Esta propuesta se basa en el aprovechamiento de sendas ya existentes tanto dentro del PNLG y de la Reserva Provincial Lago del Desierto, como en áreas naturales privadas, como el caso de la estancia Los Huemules. El financiamiento del proyecto permitiría instalar señalética en el recorrido, mejorar tramos de senda en la reserva provincial y eventualmente instalar infraestructura para mejorar las conexiones, como el cable carril que uniría la estancia Piedra del Fraile con la estancia Los Huemules sobre el río Eléctrico. Pero el proyecto no comprende ninguna tarea de mantenimiento de sendas y áreas de uso público, ni de fiscalización o control, ni propone financiamiento de personal para las áreas naturales protegidas. Como ya se indicó en el apartado sobre riqueza natural, el área del parque nacional no cuenta con suficiente personal o presupuesto para realizar las tareas de conservación necesarias en las áreas de uso público. En la misma línea, la reserva provincial no cuenta con guardaparque o autoridad de aplicación presente en el extenso territorio para hacer los controles y recomendaciones sobre los usos del área protegida, ni siquiera para prevenir incendios. Sin embargo, las políticas turísticas provinciales apuntan a aumentar la cantidad de visitantes y a beneficiar a los prestadores de servicios turísticos de El Chaltén y del valle del río De las Vueltas. En términos de frontera, la escala provincial muestra continuidades entre la Secretaría de Turismo y el CAP para la implementación de estas políticas. Lo mismo ocurre con la Secretaría y Dirección de Turismo de la municipalidad de El Chaltén. Sin embargo, la escala local pone de manifiesto una tensión cuando la autoridad local del PNLG expresa su preocupación por no poder realizar efectivamente las tareas de control y fiscalización, al igual que ocurre con el delegado local del CAP. En este mismo sentido, recientemente habitantes se han manifestado contra el proyecto de pavimentación de la ruta N° 41 en un taller virtual de participación pública de alerta temprana⁶ y también se han organizado para exigir que se repare el daño ambiental ocasionado por el vertido de efluentes cloacales sin tratar a las aguas de los ríos Fitz Roy y De las Vueltas durante enero de 2022. Estas tensiones y desacuerdos obstaculizan en la escala local el avance de la frontera del capitalismo verde.

Las propuestas de extensión de la temporada turística con el fin de aumentar el período laboral tampoco consideran las necesidades de recuperación y descanso de la riqueza natural, así como la necesidad de tiempo libre para afianzar los aspectos de las riquezas social y humana de los medios de vida. Estas políticas son apoyadas por diversos agentes locales; la Secretaría de Turismo Municipal, prestadores de servicios turísticos (excursiones y hotelería principalmente) y por quienes poseen estancias turísticas en la reserva provincial y alrededores de El Chaltén. Pueden encontrarse continuidades con familias y personas que vean en la oferta de empleo una posibilidad de mejorar su situación económica. Sin embargo, se observan discontinuidades en la escala local, tanto de los grupos sociales representados en los medios de vida como de algunas instituciones públicas locales (seccional Lago Viedma del PNLG y delegación local del CAP).

En línea con estas políticas, desde una escala nacional el gobierno considera el turismo como una actividad de exportación de servicios y generación de divisas a nivel macroeconómico nacional (^{Ministerio de Turismo de la Nación, 2015}). El proyecto Huella de Glaciares forma parte de un conjunto de propuestas para promocionar y fortalecer la región cordillerana en Patagonia Sur como corredor turístico transfronterizo entre Argentina y Chile. A través del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable y la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 el Estado nacional propone fortalecer, diversificar y aumentar la actividad económica en todo el país bajo lógicas que priorizan el desarrollo económico. En el mismo sentido, las políticas de conservación de la APN también apuntan a desarrollar el turismo como única actividad permitida y amigable con el ambiente natural en las áreas naturales protegidas de jurisdicción nacional (^{Ley Nacional N° 22.351}). Se observa una continuidad en las políticas de estos agentes de escala nacional.

La actividad turística asociada a la sustentabilidad avanza así apoyada por dos frentes de políticas nacionales que tienen estrecha relación con los acuerdos y conferencias desarrolladas en la escala internacional. En el contexto de los acuerdos para abordar el cambio climático, el turismo es visto como una alternativa «verde» en relación con otras actividades de explotación. A través de la Conferencia Internacional sobre el Turismo y el Cambio Climático y la Conferencia Internacional de Turismo Sustentable, se consolida la actividad como estrategia de mitigación y adecuación del capitalismo a la crisis ecológica reforzando políticas de economía verde. Esto se materializó en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por diferentes gobiernos en 2015, en los que el turismo juega un papel significativo en la transición a la sustentabilidad.⁷ Se observa que la escala nacional resulta ser una frontera selectivamente permeable a las propuestas de desarrollo sustentable definidas en espacios globales, y que buscan el mismo camino en la escala provincial que adhirió al acuerdo en 2020 y también en la escala local (Ordenanza n°165/2021).⁸

Consideraciones finales

Las escalas que intervienen en la producción espacial de El Chaltén como destino turístico interactúan con continuidades y tensiones que se complejizan al pensarlo como territorio fronterizo. Los niveles provinciales y nacionales del Estado se vinculan directamente con la escala global a través de las agendas y propuestas de desarrollo sustentable, lo que define una continuidad en la frontera de expansión del capitalismo verde. Sin embargo, en la escala local se observa una diversidad de articulaciones. A pesar de pertenecer a la misma institución, los agentes locales del CAP y de la APN ponen en tensión este avance de frontera verde. Se genera aquí una resistencia que disputa el poder en la construcción espacial de El Chaltén y alrededores. Por su parte, las escalas de gobierno municipal y provincial a través de la Secretaría de Turismo se consolidan como una frontera continua y permeable a las políticas nacionales e internacionales del turismo sustentable. En el mismo sentido, encontramos agentes particulares locales que apoyan y articulan estas políticas, como el caso de los prestadores de servicios turísticos, hoteleros y quienes poseen estancias turísticas. El resto de los grupos sociales locales reconoce que, desde un sentido comunitario e integral, estas políticas afectan los medios de vida. Entre las principales dimensiones afectadas resaltan la sectorización social de la comunidad, el colapso de la infraestructura y los servicios públicos y la falta de acceso a derechos humanos (como el acceso al agua, a la salud, a la educación y a la tierra). Las estrategias que despliegan las familias (mudanzas, préstamos de terrenos o casas, complementariedad de trabajos, migraciones) son en sí mismas adaptaciones y resistencias que también construyen El Chaltén.