Breve introducción

En el presente trabajo se analizan de manera general las condiciones en que se operó el proyecto de instrucción pública tanto a nivel nacional como en el estado chiapaneco, siguiendo los lineamientos que se estaban gestando al respecto. El estudio parte del periodo gubernamental de Miguel Utrilla en 1880, hasta 1914, con la llegada de las fuerzas carrancistas al mando del general Jesús Agustín.

En 1883 se había decretado que en cada cabecera de departamento debería existir al menos un plantel educativo, custodiado por el jefe político y el presidente municipal. En el territorio chiapaneco, como ocurría en otras latitudes del país, se tuvo que partir prácticamente de cero en este renglón. No se contaba con ninguno de los requerimientos mínimos para abrir una escuela: ni inmuebles, ni mobiliario, ni equipo, y mucho menos con útiles escolares (^{Utrilla, 1883}). Además, en los pocos planteles que pudieron ponerse en operación se presentaba un ausentismo demasiado marcado, tal como lo mencionaron en múltiples ocasiones los gobernantes en turno (^{Periódico Oficial, 1898}). Por otro lado, no había una plantilla de maestros debidamente preparados y los que ejercían el trabajo magisterial apenas conocían el abecedario y las operaciones básicas de aritmética, de modo que no se podían esperar resultados satisfactorios.

Otra circunstancia que frenó en buena medida el impulso al proyecto educativo en el estado fue el comportamiento de las autoridades intermedias: jefes políticos y presidentes municipales, quienes ya fuera por ignorancia, descuido o mala fe no ponderaron la importancia de esta tarea pública. Los casos de corrupción, negligencia y dolo fueron conformando un escenario que, aunado a la falta de infraestructura y equipamiento, provocó un rezago cada vez mayor con respecto a otras regiones del país.

Los problemas económicos para impulsar la educación

¿Cómo se consigue ese importante beneficio,

sin contar con recursos suficientes?²

Desde que la demarcación territorial chiapaneca, en 1824, pasó a formar parte del Estado mexicano, quedó subordinada y vinculada a los destinos de un país que estaba en proceso de construcción (^{Benjamin, 1990:41}). Se vivieron pugnas intestinas, invasiones y conflictos armados, y el periodo de la Reforma como capítulo final para el establecimiento de un régimen republicano con miras a crecer económica, política y socialmente. Uno de los aspectos que observaban los ideólogos de la reconstrucción nacional era, en el ramo educativo, el poco desarrollo alcanzado en la entidad.

Las luchas mencionadas afectaron a todos los estados de la república y Chiapas no fue la excepción. Los trabajos de recaudación hacendaria se habían visto obstaculizados, por lo cual no se contaba con recursos suficientes para solventar las necesidades más apremiantes. Esta situación incidía en todos los sectores del gobierno. No se había logrado un punto de equilibrio entre los poderes de la unión para legislar sobre los diversos quehaceres de la administración pública. Faltaba la base económica que permitiera financiar las obras públicas (^Loyo y ^{Staples, 2012:127}). Las áreas de infraestructura, beneficencia y Hacienda realizaban una actividad parcial. La inestabilidad no permitía que se efectuara el cobro de impuestos, que para este momento era decisivo. El comercio sufría la misma situación, ya que las transacciones mercantiles y financieras no respondían a las exigencias del mercado (^{Meneses, 1998:315}).

El estado chiapaneco, una vez que se inició la etapa de pacificación, se vio afectado por la vorágine de alternativas de desarrollo, y descubrió, en su reflexión, que gran parte de sus ingresos se destinaban al sostenimiento de las fuerzas federales que se habían acantonado en la entidad; esos gastos “pesaron por mucho tiempo en el estado” (^{Escobar,1877:21} ), lo cual dificultó a la administración local la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de sus obligaciones de proveer infraestructura y servicios. Pero no era un caso aislado; a nivel nacional se presentaba una situación similar:

Han acabado los trabajos de la guerra; faltan todavía los trabajos de la paz. Aquellos destruyeron los obstáculos, éstos deben construir el edificio del porvenir. El pueblo necesita instruirse; instruido será rey; ignorante, se hallaría siempre bajo una vergonzosa tutela, y castas privilegiadas bajo cuya férula ha gemido por tantos años, volverían a aparecer siempre dominadoras y tiránicas, aunque disfrazadas con nuevos títulos y con nuevo carácter (^{Altamirano, 1986:205} ).

La crisis económica en la que cayó el país desde antes de la guerra de Reforma había dejado en Chiapas un estado débil política y económicamente: «Ningún arreglo ha ofrecido más graves dificultades que el de la Hacienda Pública» (^{Escobar,1877:20} ), declaraba el gobernador en turno en 1877, haciendo alusión a que, debido a la crisis generalizada, se habían resquebrajado las instituciones recién reorganizadas en el marco de la nación.

La recolección de impuestos en sí misma era difícil, pero las complicaciones habían impedido prestarle la atención requerida, y es que no se contaba con el personal suficiente para hacer el recaudo, se carecía de censos actualizados tanto de la población como de los comercios y también de registros catastrales. Las necesidades crecientes de pagos de sueldos, de obras de infraestructura, de gastos en salud y educación, entre otras, apenas se habían podido solventar. Los sueldos de los empleados tampoco eran pagados oportunamente: «El estado de la hacienda pública no puede decirse satisfactorio; carece de ingresos a la par que tiene urgencias de todo género, que no le es dable atender siquiera fuese con alguna regularidad, estando agotado el cobro de las contribuciones establecidas» (^{Escobar,1877:21}). Las medidas transitorias, como lo fueron los préstamos solicitados a particulares, solo atenuaron por momentos la crisis y dejaron latentes las dificultades para el afianzamiento de un estado en construcción, tarea necesaria y urgente para no caer en la anarquía y la desesperación.

Las administraciones que se han sucedido de algún tiempo al presente, no habiendo podido satisfacer sus necesidades más comunes con el producto de los impuestos ordinarios, hanse hallado urgidas de recursos, apelando a la cooperación patriótica del pueblo para obtenerlos, ya por vía de empréstitos reintegrables, ora por medio de contribuciones (…), no por eso han dejado de ser gravosas al comercio, a la agricultura y a los demás ramos de la riqueza pública (^{Escobar, 1877:20}).

Las necesidades eran muchas y variadas: hacían falta carreteras y caminos y los existentes demandaban mejoras. La línea telegráfica solo llegaba a Pichucalco, procedente de Tabasco. Se contaba con dos hospitales, uno en San Cristóbal y otro en Comitán. En Tuxtla Gutiérrez existía una casa de caridad que hacía las veces de sanatorio, sostenida por los vecinos, pero con grandes limitaciones. Estaba claro que el renglón de salubridad era deficitario, y por esa causa se presentaban epidemias constantes (^{Escobar, 1877:42} ).

Para la década de 1880, lo poco que se pudo recolectar se destinó a cubrir las necesidades más imperiosas, y se ubicó al ramo de instrucción pública en el penúltimo lugar del presupuesto, solo por arriba del de imprenta, como se observa en el cuadro 1.

Pero la situación tendía a mejorar. Ya en un periodo de confianza y de paz las siguientes administraciones siguieron realizando obras públicas tan necesarias como la construcción del Palacio de Gobierno, la cárcel y caminos, entre otras (^{Carrascosa, 1889}). Sin embargo, el cobro tributario seguía pasando dificultades. Chiapas se hallaba políticamente fragmentado. Los caudillos que controlaban la región obstaculizaban el desarrollo y la modernización de la entidad, como «Julián Grajales que dominaba Tuxtla y Chiapa de Corzo; Sebastián Escobar en el Soconusco; José Pantaleón Domínguez en Comitán y Miguel Utrilla en San Cristóbal de Las Casas» (^{Benjamin,1990:59} ); impedían que se acataran las decisiones gubernamentales en la medida en que afectaran sus intereses personales. Por esa razón ejercían presiones para que predominara su voluntad y que las decisiones de la administración en turno se plegaran a ella. De esta forma la realización de obras de modernización tan necesarias llevaba un ritmo lento. Y dentro de esta problemática se encontraba el ramo de la educación pública, que había quedado rezagado. El índice de analfabetismo en Chiapas era de los más altos en el país. Las administraciones se valían de distintos medios para el sostenimiento de las escuelas. Por ejemplo, el gobernador Carrascosa autorizó que la Secretaría General de Gobierno destinara a la instrucción pública la partida que el presupuesto señalaba para la creación de la vía carretera que uniría a Tuxtla con Tonalá.

Sección de Justicia e Instrucción Pública.- núm. 2.- Tengo la honra de elevar […] copia de la solicitud presentada a este Gobierno por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y apoyada por la Jefatura Política de aquel Departamento, relativa a que en lo sucesivo se destine al fomento de la instrucción pública la subvención que el presupuesto señala a la vía carretera de la misma ciudad al puerto de Tonalá. San Cristóbal Las Casas, enero 2 de 1890 (^{Carrascosa, 1891}).

Las necesidades de recursos para la contratación de preceptores o la creación de escuelas hacía necesario que se tomaran este tipo de medidas, considerando de esta forma la importancia de impulsar el ramo educativo como una prioridad dentro del estado (^{Martínez, 2005:521}).

El periodo de reformas fiscales en Chiapas y la instrucción pública

El año de 1891 fue un hito en la política oficial chiapaneca. A partir de esta fecha se removieron las estructuras de un estado cuya marcha no había sido la deseada en los aspectos económicos, políticos y sociales. Al asumir Emilio Rabasa la gubernatura se encontró con un estado débil; el erario público estaba endeudado y sus ingresos no bastaban. Al estar la entidad políticamente fragmentada se obstaculizaba el avance y el desarrollo, principales exigencias de los empresarios extranjeros que se habían aventurado a invertir en la región. Al amparo de la política porfirista de «orden y progreso», desde 1880, periodo de gobierno de Miguel Utrilla, se empezó a gestar un movimiento modernizador impulsado por «empresarios rancheros y hacendados, que querían (construir) un gobierno estatal activo por encima de cualquier otra cosa» (^{Benjamin, 1990:59}), y se asumió el compromiso de crear la infraestructura necesaria para dar salida a los productos y generar riqueza. Por esta razón, la primera iniciativa de la administración de Rabasa fue que la capital chiapaneca, hasta entonces localizada en San Cristóbal de Las Casas, se mudara a Tuxtla Gutiérrez, ya que si bien «San Cristóbal era la ruta comercial hacia Guatemala, Tuxtla era la posible puerta de salida rumbo a Oaxaca y la Ciudad de México» (^{Hale, 2002:54} ). De ese modo, el 11 de agosto de 1892 se hizo oficial dicho traslado.

Una vez concluido el cambio de ubicación de la capital, Rabasa, con la contratación de nuevos empleados, logró elevar la eficacia de las finanzas públicas, mejorar las prácticas contables e incrementar la exacción pública (^{Hale, 2002:56} ). Nombró una comisión especial que estudiara la estructura impositiva y el sistema de recaudación (^{Benjamin,1990:69}). Se impulsó entonces una reforma fiscal, que mucha falta le hacía al estado y en la que se modificaron los avalúos de la propiedad rural y urbana, se cobraron los impuestos comerciales y se mejoraron los procedimientos de recaudación. Por primera vez en la historia chiapaneca, los impuestos sobre la propiedad significaron más ingresos que el viejo impuesto de capitación, sumamente retrógrada, que se cobraba a cada individuo varón de 16 a 60 años prácticamente por vivir (^{Benjamin, 1990:69}).

El plan de reformas afectó también el ramo de instrucción pública. En lo referente a la obtención de recursos para el pago de sueldos (^{Bazant, 2012:205} ), Rabasa modificó un impuesto, al que se denominaba «personal», que establecía que todos los varones de 16 a 60 años deberían trabajar cuatro días al año en mejoras materiales,³ y lo sustituyó por el de «Fomento de Instrucción Pública», cuyo monto era de doce centavos mensuales. El decreto se elevó a rango de ley el 14 de septiembre de 1892.⁴ Para tener un control estricto en la aplicación de esta disposición, las autoridades la dieron a conocer a finqueros y hacendados, quienes tenían la obligación de reportar el número de trabajadores a su cargo y efectuar el cobro. Aparentemente, con ese ingreso se podrían sufragar los gastos para el sostenimiento de los centros educativos.

Bajo la gestión de Rabasa se crea la Dirección General de Instrucción Pública,⁵ conformada por un director general, inspectores y agentes, a quienes se les asignaron «sus debidas atribuciones».⁶ Asimismo, ordenó que los gastos erogados en el sostenimiento de la instrucción pública primaria fueran cubiertos por la Tesorería General del Estado y que los ayuntamientos que tuvieren local para escuelas estarían «obligados a proporcionarlos sin remuneración alguna para que continúen sirviendo con igual objeto».⁷ Y aunque no desestimaba la importancia de resolver esta problemática, también reconocía otras prioridades, por lo que destinó mayores recursos a otras áreas y especialmente a infraestructura «para satisfacer siquiera medianamente la urgentísima necesidad que tenemos de vías de comunicación» (^{Rabasa, 1893:5-7}).

De acuerdo con su idea de modernización, Rabasa mencionaba que bajo las penosas condiciones económicas que estaban experimentando, el pequeño cuerpo de maestros con que se contaba poco podían hacer para atacar esta problemática, ya que de hecho se carecía de establecimientos escolares y mobiliario, entre otras cosas, y no había garantía de que se pudiera construir un buen sistema de enseñanza para la instrucción primaria. Se admitía que «la instrucción gratuita no es gratuita nunca para los contribuyentes» (^{Rabasa, 1893:5-7}).

En 1895 Rabasa fue relevado por el teniente coronel Francisco León, oaxaqueño de origen, por el periodo de 1895-1899, recomendado por su antecesor, con quien había trabajado y quien «estaba profundamente comprometido con las reformas iniciadas por aquél y decidido a ampliarlas» (^{Benjamin, 1990:78} ).

En su informe de gobierno de 1895-1897, el coronel León comentaba la buena marcha de su administración y la eficiente organización del sistema hacendario, gracias a «la vigilancia ejercida (en) el cobro de las rentas, a la moralidad en el manejo de ellas y a una prudente economía en su inversión» (^{León, 1898:189}). Efectivamente, «los rendimientos fiscales al 31 de diciembre de 1896 ascendieron a 474 803 pesos, superando los habidos en el ejercicio anterior en la suma de 54 798 pesos, sin que para ello se haya decretado algún nuevo impuesto» (^{León, 1898:189}). Por esta razón se había incrementado en el presupuesto de egresos la cantidad destinada a la instrucción pública, como se observa en el cuadro 2.

El gobernador León reformó la ley que gravaba los giros mercantiles y estableció bases más equitativas en su aplicación. Dicha modificación incluyó los capítulos destinados a explotación de minas, industrias harineras y de cabuyería (tejido de hamacas). Sobre el pago de contribuciones de fincas rústicas se determinó que se efectuara de nueva cuenta la manifestación y calificación hecha en 1897. En diciembre 28 de 1895 se había decretado que las calificaciones y manifestaciones de las fincas serían cada tres años (León, 1898: 200-203), «debiendo quedar concluidas (…) en el año fiscal en que se inicien, para que en el (ejercicio) inmediato se haga el cobro del impuesto con el aumento que resulte». Habrá que recordar que en la administración de Emilio Rabasa se aumentaron los avalúos de la propiedad rural, pero aun así, estas propiedades seguían calculadas en apenas la mitad de su precio real, causa por la cual se ajustó su valor catastral (^{Benjamin, 1990:69} ). Para mejorar la efectividad en el cobro del impuesto de capitación, en 1895 se realizó un censo y se obtuvo como resultado el incremento del número de varones obligados a realizar ese pago y, por consecuencia, se elevó el monto de lo recaudado, por encima de lo que presupuestado.

El gobernador León aligeró la carga a los municipios y atendió el renglón de instrucción pública, en el sentido de que los ayuntamientos solamente contribuirían con 30% de lo que el gobierno del estado empleara en el sostenimiento de las escuelas, pero debiendo aquellos retener la mitad de dicho 30% para dotar a los niños pobres de útiles escolares, además de muebles y material para las escuelas, según el siguiente decreto:

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. - Sección de Hacienda. - Decreto núm. 6. Artículo único. - Se reforma el artículo 4º de la ley de 29 de noviembre de 1892, en los términos siguientes: Art. 4º Los Ayuntamientos del Estado contribuirán de su erario desde el día 1º de julio del año en curso, para el fomento de la Instrucción pública, con el 30 por ciento de la cantidad total que el gobierno erogue en el sostenimiento de las escuelas en el respectivo municipio. Se destina una mitad de la suma con que contribuyan los ayuntamientos (…) de su jurisdicción, de lo necesario para la enseñanza primaria (…) a las escuelas, debiendo los cuerpos municipales retenerla para aplicarla a su objetivo justificadamente, con exclusión de cualquier otro, a cuyo fin se llevará cuenta especial en las Tesorerías municipales. Palacio de Gobierno. Tuxtla Gutiérrez, mayo 17 de 1896 (^{León, 1898}).

Pero también se incidió sobre los ingresos de la hacienda municipal. El 31 de diciembre de 1896 se promulgó una ley que amplió el reglamento de impuestos a favor de los ayuntamientos, con el gravamen de algunas negociaciones de menor cuantía, pero asimismo de gran interés para los municipios que obtendrían un ingreso extra, y que se modificó de la siguiente manera:

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. - Sección de Hacienda. - Decreto núm. 18. Artículo único. - Se adiciona el Reglamento de Impuestos Municipales, expedido el 18 de abril de 1892, del modo siguiente: Palo de tinte, el corte de, por cada 40 kilos $ 0.05 Por cada fábrica de aguardiente en ollas, al mes $ 0.50 Por cada fábrica de aguardiente en alambiques, al mes $ 2.00 Las lecheras, por cada una, ya sea en expendios fijos o ambulantes en las poblaciones, al mes, por asignación de los Ayuntamientos o Agentes en su caso, de 50 centavos a $1.50

Tuxtla Gutiérrez, diciembre treinta y uno de mil ochocientos noventa y seis. De la Sección de Hacienda, del Decreto núm. 12, que decretaba:

Artículo 1º Se impone una contribución de doce al millar, a toda finca rústica cuyo dominio sea común a dos o más personas, cualquiera que sea su valor, a beneficio de los fondos Municipales de las cabeceras de los Departamentos o Partidos a que pertenecen. Tuxtla Gutiérrez, diciembre veintiocho de mil ochocientos noventa y cinco (^{León, 1898}).

Durante su corta estancia como gobernador de Chiapas Emilio Rabasa instituyó su programa con éxito, basado en el establecimiento de un gobierno fuerte y de una administración centralizada, en combatir a los caciques locales y promover un proyecto ambicioso de obras públicas y comunicaciones (^{Hale, 2002:68} ). La administración del coronel León no hizo menos. Atento a la línea política trazada por Rabasa, continuó impulsando los «programas de construcción de caminos, la división de ejidos, el establecimiento de escuelas y la centralización y consolidación del poder y autoridad del gobierno estatal». Pero fue más allá, amplió el papel del gobierno en salud pública y trató de poner en marcha un proyecto de reformas al trabajo de los indígenas; sin duda, fue uno de los gobernadores más progresistas de su tiempo y de todos modos fue obligado a renunciar y cayó en desgracia política (^{Benjamin, 1990:86} ). En el último año de su gestión había considerado la posibilidad de impulsar una Escuela Normal para profesores (^{León, 1898:3}), tarea que empezó a realizar y que se concluyó en la administración de Rafael ^{Pimentel en 1902}. «Tengo en proyecto algunas reformas de ley en este importante ramo y abrigo la esperanza de establecer una escuela normal para profesores, cuyo reglamento se está formando con el concurso de personas inteligentes en la materia (…) creo firmemente que dentro de poco tiempo surtirá de profesores al estado» (^{León, 1898:3}).

Después de las administraciones de Rabasa y León, los siguientes gobiernos prefirieron aplicar políticas más conciliadoras con los finqueros y comerciantes sin que se comprometieran los logros obtenidos de la última década (^{Benjamin, 1990:110} ). La bonanza económica de la primera década de 1900 abrió un paréntesis en la actividad política estatal. La recaudación hacendaria permitía ya imprimir un vigoroso impulso a la administración pública y hacer desembolsos para cubrir deudas anteriores (^{Martínez, 2005:553})

La administración de Rafael Pimentel, de 1900 a 1905, no presentó mayores avances. Colaboró con el sector educativo, pero sin un logro significativo (^{Staples, 2012:187} ). Bajo sus auspicios se creó la Escuela Normal de Profesoras, que se inauguró el 15 de septiembre de 1902 (^{Pimentel, 1902:6-8}). El impulso de esta obra originó que los gastos se incrementaran en el renglón educativo (véase cuadro 3).

En el renglón de subvenciones aparece la que recibía el Liceo de Chiapas a cargo del profesor Sóstenes Esponda, profesor al que Pimentel había convencido para que viniera a trabajar en el estado (^{Pimentel, 1904:3-4} ). El ingreso fuerte para cubrir los gastos erogados en el ramo educativo se obtenía del Impuesto de Instrucción Pública, que en el ejercicio fiscal de 1904 había arrojado la cantidad de 64 012 pesos (^{Pimentel, 1904:3-4}), cantidad insuficiente para cubrir lo presupuestado en ese año, que era de $95 662.96. La diferencia de $31 650.96 se obtuvo al hacer uso de fondos de otras partidas del presupuesto que no habían sido agotadas (^{Pimentel, 1904:3-4}). Para 1905 se elevaron los gastos por la cantidad de 116 716 pesos, distribuidos como se observa en el cuadro 4:

En 1905 quedó la gubernatura en manos de Ramón Rabasa, hermano mayor del exgobernador Emilio. Ramón había ocupado diversos cargos administrativos, como el de jefe político por el departamento de Tuxtla, presidente municipal de esta ciudad y tesorero general. Antes de asumir el cargo de gobernador se desempeñaba como gerente general del Banco de Chiapas, del cual era accionista. Esta administración se distinguió porque se colocó en los escaños superiores del gobierno a tuxtlecos miembros de la elite y las jefaturas políticas fueron asignadas a hacendados y terratenientes del estado, para dar seguimiento a la línea de modernización que había beneficiado a las elites locales. Ramón trató de impulsar la urgente tarea educativa, problema fundamental de la sociedad chiapaneca.

Con el incremento de las escuelas se hizo más demandante la calidad de la educación, al menos en las zonas urbanas. Las autoridades empezaron a exigir que la capacidad de los maestros y sus conocimientos fueran avalados y justificados por las dependencias educativas: «los maestros empíricos fueron desplazados por los maestros que seguían una trayectoria de entrenamiento ad hoc, primero en las Academias de Maestros y después en las Escuelas Normales» (^{Aguirre, 2013}), bajo la línea que se seguía en las disposiciones oficiales del centro del país. Pero el número de escuelas seguía siendo insuficiente para cubrir las necesidades de los niños; además, en muchos lugares no asistían a clases, principalmente en las zonas rurales.

La labor educativa era apremiante. El último censo practicado en 1900 arrojó cifras alarmantes, pues solo «15% de los habitantes mayores de 12 años de edad» (^{Rabasa, 1906:3}) sabían leer. Otro fue el problema de las adecuaciones físicas de los principales establecimientos que reunían a un mayor número de alumnos. Para esto se apoyó en las cifras de asistentes, de escolaridad, del número de escuelas, e índices de alfabetismo y analfabetismo, entre otros aspectos (^{Bazant, 2006:15} ).

En diversas ocasiones los maestros manifestaron su preocupación por la carencia de condiciones higiénicas, salud y seguridad que ponían en riesgo a los educandos, pues era común que «un alto porcentaje de locales (…) se alquilaban y no reunían las mínimas condiciones para la instrucción; algunos se encontraban en tales condiciones de descuido que eran causa de no pocos accidentes. Esto llegó a representar una fuerte erogación en cuanto al financiamiento de la instrucción pública» (^{Aguirre, 2013}). Otro problema con la apertura de nuevas escuelas fue que: «los establecimientos carecían de mobiliario, y hubo de proveérseles facultando a los jefes políticos (…) para la construcción de ese mobiliario en sus respectivos departamentos» (^{Rabasa, 1906:3} ).

Las erogaciones del ramo de Instrucción Pública en 1906 fueron por $133 343.98, únicamente en administración y sueldos, sin el acondicionamiento de inmuebles, distribuidas como se informa en el cuadro 5:

El monto de lo recaudado por el impuesto para el fomento a la instrucción pública ascendió en ese periodo a $101 397.80. Pero el gasto se excedió por $32 945.18. La diferencia se cubrió con recursos de partidas presupuestales que no se habían utilizado.⁸ Sin embargo, no bastaba para dar respuesta a las necesidades más apremiantes. Por esa razón el gobernador ^{Rabasa, en su informe de 1907}, mencionaba que aun cuando se habían realizado grandes esfuerzos para «mejorar cuanto sea posible la instrucción pública en el estado» (^{Rabasa, 1907:10-13}), hacía falta resolver otros problemas, como el de la contratación de docentes capacitados, pues aunque en la Escuela Normal de Profesoras y la Escuela Industrial Militar se abrió una sección de enseñanza normal para cubrir esa demanda (^{Rabasa, 1907:10-13}), la oferta resultaba insuficiente con respecto a las necesidades (^{Manguen y Montesinos, 1981:47} ). De ese modo, no se vislumbraban grandes progresos, no obstante que los presupuestos se venían incrementando anualmente.

Los porcentajes de analfabetismo en Chiapas eran una pesadilla. Se creó entonces la Dirección de Instrucción Pública Primaria como una opción para combatir el rezago que existía, sobre todo en las zonas rurales (^{Rabasa, 1907:10-13} ). Las expectativas del gobierno con respecto a la Escuela Normal de Profesoras no se cumplieron. Era difícil cubrir las vacantes que demandaba la población estudiantil. Para 1908 solo habían obtenido «su título profesional ocho alumnas» (^{Rabasa, 1908:9-12}). Por esta razón, la administración rabasista «determinó (…) establecer un curso normal para los aspirantes a las escuelas de 3ª clase, [a] la cual concurren doce alumnos practicantes con notable aprovechamiento» (^{Rabasa, 1908:9-12}), con la finalidad de que se hicieran cargo de las escuelas rurales y de las rancherías.

La administración de ^{Rabasa mantuvo la política de aceptar becarias en la Normal de Profesoras. Para 1909}, «en la primera de éstas, se educan como algunos de gracia sostenidos por el gobierno, treinta y dos y en la segunda veintitrés» (^{Rabasa, 1909:10-14}). El objetivo era que una vez que cursaran el plan de estudios, regresaran a su lugar de origen y se integraran al proceso educativo. De esta forma, el proceso educativo ocuparía el primer lugar en el presupuesto de egresos de 1909, por encima de todos los demás renglones, como se muestra en el cuadro 6:

El hecho de incrementar las asignaciones para la apertura de escuelas no implicaba necesariamente que los sistemas de enseñanza fueran más eficaces. Los resultados eran cuestionables. Después de analizar la preparación de los docentes de las escuelas primarias se concluyó que la calidad de la enseñanza dependía de la clase de profesores y esto a su vez se relacionaba con los sueldos. Con el incremento de las escuelas aumentaba la exigencia de calidad en la educación, al menos en las zonas urbanas. Los logros eran insignificantes. La educación en el periodo porfirista no había sido satisfactoria. Grandes sectores de la población habían quedado excluidos de este beneficio. El estado no había sido capaz de cubrir las demandas.

Bajo la influencia del modernismo, tan en boga en esta etapa, las autoridades fueron marcando las directrices y los lineamentos para impulsar la incorporación de la entidad chiapaneca en el proyecto nacional impulsado por el porfiriato. Había que construir las premisas para lograr este objetivo y en ese sentido forjar las herramientas para formar un país que pudiera montarse en el proyecto internacional en el que tanto soñaba el presidente Porfirio Díaz. Tenía que mostrarse al mundo como un país civilizado y moderno, y esa determinación exigía incursionar en el campo de la instrucción pública.

Interrumpir el avance educativo

El movimiento revolucionario de 1910 pareció no afectarle significativamente a la población chiapaneca. El grupo de elite local no vio la necesidad de participar en esta vorágine que envolvió a la mayor parte del país, pues no tenía motivos para involucrarse. Los capitalistas progresistas se beneficiaron con la privatización de la tierra desde la época de Emilio Rabasa; además, estaban satisfechos con el gobierno que les había brindado su apoyo. Aunado a eso, existía un fuerte respaldo del gabinete de Díaz al grupo hegemónico encabezado por la familia Rabasa. Pero internamente resurgían pugnas añejas. La elite de San Cristóbal, que se había sentido agraviada desde 1892, cuando se efectuó el cambio de sede de la ciudad capital, empezó a cuestionar los privilegios de los terratenientes y empresarios de los valles centrales y el Soconusco.

Entre marzo y abril de 1911, la elite de San Cristóbal fue lanzando críticas agudas en contra de la administración de Ramón Rabasa, alentadas por los sucesos del centro-norte de la república. La administración porfirista estaba en declive, nada podía detener su caída y esto lo sabían los inconformes alteños, quienes trataron de aprovechar las circunstancias para imponer en la administración local a un gobernante que representara sus intereses y no tuviera compromiso alguno con el grupo de los Rabasa. Ante la crisis existente en el país, los sancristobalenses vieron la oportunidad de hacer realidad su sueño de regresar los poderes locales a su ciudad y erigirse como la capital del estado, distintivo que les había sido arrebatado, según ellos, en 1892 (^{Benjamin, 1990:62-63} ). Todo hace suponer que este hecho fue lo que dio origen al problema regional entre tuxtlecos y sancristobalenses. El 27 de mayo de 1911 renunció Ramón Rabasa a la gubernatura y se creó un clima de incertidumbre que afectó a todos los ramos de la administración, entre ellos al de educación. Hubo después cuatro gobernadores interinos antes de que el gobierno federal autorizara que Flavio Guillén, amigo personal de Francisco I. Madero, asumiera el cargo.

Este impasse generó inestabilidad. El estado se dividió en dos frentes, lo que afectó la recaudación tributaria en muchos departamentos. Y los recursos con los que contaba la administración pública se utilizaron para conformar el batallón de Los Hijos de Tuxtla, que se armó para repeler el ataque de los rebeldes sancristobalenses. La administración tuvo que solicitar un préstamo de treinta mil pesos a un banco local para responder a los gastos de un enfrentamiento armado que duró cerca de un mes. A finales de 1911, Flavio Guillén, mediante una política conciliadora, logró apaciguar los ánimos. También estuvo atento al ramo educativo, pero su periodo de gobierno solo duró un año. Dejó el puesto a Reynaldo León a finales de 1912. Este a su vez lo entregó al general Bernardo A. Z. Palafox Nosti (^{Gordillo, 1986:87} ), quien tomó la investidura el 13 de julio de 1913, por órdenes de Victoriano Huerta.

El periodo de gobierno de Palafox transcurrió en paz. Los sucesos del centro-norte del país, en ese momento, no afectaron los destinos de la entidad. El proceso educativo sufrió pocos cambios y los docentes fueron beneficiados, pues se aumentó el salario a un buen número de ellos. Uno de los cambios que se realizaron fue el de reducir el cuerpo de inspectores escolares a cuatro, cuando se habían presupuestado seis (^{Palafox, 1913:20-27}). Este gobierno duró poco más de un año. Contaba con el apoyo de Emilio Rabasa, que radicaba en la Ciudad de México. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta, sin posibilidades de salvar su régimen, renunció a la Presidencia de México y ese mismo día, pero en Chiapas, el general Palafox dejó la gubernatura. El congreso local designó en su relevo a José Cano, hacendado y comerciante tuxtleco, cercano al grupo de Emilio Rabasa, quien a su vez entregó los poderes a Jesús Agustín Castro, general carrancista, el 14 de septiembre del mismo año,⁹ quien fue designado gobernador y comandante militar del estado. Esa condición le permitió efectuar cambios a algunas instituciones de gobierno con la idea de restarle autoridad a la elite en el poder. Comenzó por declarar desaparecidos los poderes, clausurando el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia. Realizó una reforma para el pago de impuestos catastrales, giros mercantiles, industriales y fabriles y efectuó una nueva calificación a las propiedades rústicas y urbanas, a los comercios y a todo sector sujeto de pagar impuestos. Para la realización de esta tarea se crearon Juntas Calificadoras Departamentales, dependientes de la Tesorería General del Estado:¹⁰ «Para el efecto de las nuevas calificaciones autorícese a la expresada Tesorería para que desde luego mande a imprimir el número suficiente de esqueletos, de los que otras veces se han acostumbrado proporcionar a los causantes y que los distribuya convenientemente en el Estado».¹¹

La obtención de recursos era urgente. Tenían que cubrirse adeudos como el que se tenía con el Banco Oriental de México de un pagaré por 50 000 pesos más intereses, que ya se había vencido y estaba pendiente de liquidación.¹² Los montos recaudados por el erario habían disminuido debido a la decisión de suprimir el impuesto de fomento a la instrucción pública promulgado en el decreto número 23 del 28 de mayo de 1915, en el cual se estipulaba que:

Se derogan en todas sus partes la ley de 14 de septiembre de 1892 que estableció la contribución de doce centavos mensuales a todo varón de 16 a 60 años y sus reformas del decreto de 19 de diciembre de 1901 y la ley de 14 de diciembre de 1904, relativa al impuesto de diez centavos mensuales para el fomento de la Instrucción Pública y sus reformas del decreto de 14 de diciembre de 1906.¹³

La desaparición de estos impuestos, por considerarse onerosos para la población, provocó que los ingresos del erario disminuyeran de manera abrupta, y esa situación orilló a determinar un aumento de 40% a las contribuciones asignadas a fincas rústicas, giros mercantiles e industriales para garantizar el funcionamiento del aparato burocrático.

En esta administración se restableció la Dirección General de Instrucción Pública, que fuera suprimida en 1912, y que se vuelve a instaurar una vez que se ha realizado una revalorización de los pagos prediales de fincas rústicas y urbanas, además de actualizar los impuestos al comercio. A esta dependencia se le otorgaron amplias facultades para cumplir su cometido, dotándosele del personal necesario para atender sus labores. El organigrama de la dependencia quedaba de la siguiente manera:

En la época de su fundación esta oficina constaba de un Director General, un Secretario, dos Escribientes y un Archivero. En la actualidad, además del Director y del Secretario se compone de tres Técnicos a cargo de profesor titulado con las siguientes atribuciones: Programas, libros de texto, dictámenes, legislación escolar, pedagogía y metodología, certificados, diplomas, estudios, fiestas escolares, inspección médica, oposiciones, boletín escolar y proyectos de reformas.- Una Administrativa y de personal que tiene a su cargo: Presupuestos, proveeduría general, pagos y viáticos, glosas, personal, inscripciones, títulos, nombramientos, licencias, suspensiones, destituciones, exclusiones, vacaciones, retiro, pensiones, recompensas, hojas de servicio, locales, multas, etc.- Y una de estadística y archivo que comprende: archivo, bibliotecas públicas, pedagógicas infantiles, padrón escolar, datos estadísticos, registro de escuela, etc.- Las secciones de referencia están desempeñadas por personal idóneo y suficiente.¹⁴

El propósito para el que fue reabierta dicha dependencia era que se convirtiera en un centro de iniciativa en el que se estudiaran y resolvieran las técnicas y los métodos de enseñanza, «aplicando los modelos idóneos para convertirla en un centro motor de la cultura en el estado», y para garantizar la aplicación de los modelos educativos en la entidad. Se amplió entonces la plantilla de inspectores de cuatro que consideró la administración anterior, a seis, «estando a cargo de profesores jóvenes de la Escuela Normal de México»:

Para la vigilancia de las escuelas y para la mejor marcha de ellas se nombraron seis inspectores de Zonas Escolares, la primera que comprende los Departamentos de Tuxtla, Tonalá y Soconusco; la segunda que comprende los de Chiapa y La Libertad; la tercera los Departamentos de Comitán y Mariscal; la cuarta los de Mezcalapa y Pichucalco; la quinta los Departamentos de Las Casas y Simojovel y la sexta los de Chilón y Palenque; y además una delegación del ramo en cada uno de los municipios de los departamentos del estado.¹⁵

Y es que la función de este personal era facilitar las labores técnicas y administrativas de las escuelas; eran los que debían ejercer la vigilancia sobre la conducta y laboriosidad de los maestros, y fungirían de intermediarios entre los ayuntamientos y los maestros. Para tener un mejor control sobre los establecimientos escolares y los maestros se instalaron 133 delegaciones distribuidas entre los municipios del estado. Y es que a la llegada de las fuerzas de Jesús Agustín Castro existían «250 escuelas (…). Hoy funcionan 474, habiendo un aumento de 224 escuelas, sin incluir las particulares, (…) cifra apreciable tomando en cuenta el corto tiempo de gobierno y la época anormal por la que hemos pasado».¹⁶ En lo relativo a la contratación de docentes, de 309 profesores que servían a las escuelas primarias, se elevó el número a 653, traídos de Veracruz, Puebla y México, y «hoy laboran eficazmente en los diversos establecimientos de enseñanza del Estado».¹⁷

Se reformaron los planes de estudios de las escuelas normales, secundarias y especiales y se procedió a la selección del personal docente. El presupuesto para el ramo aumentó y se mantuvo la política de apoyar a alumnos que estudiaban en diferentes estados del país: «Las distintas pensiones a que se hace referencia en este capítulo han sido distribuidas entre jóvenes de todos los departamentos del estado, como resultado de la carta-circular que fue girada por la Dirección General de Directores de las escuelas primarias superiores de las cabeceras departamentales».¹⁸

Se construyeron o remodelaron los edificios de aulas y se hizo un esfuerzo en términos de dotación de libros, muebles y útiles escolares. La aparente mejora en las condiciones educativas, sin embargo, se veía opacada porque a estas fechas se seguía presentando el problema añejo que tanto daño había ocasionado:

todas las buenas intenciones y entusiasmos de los maestros y funcionarios del ramo en pro del progreso de la educación popular, fracasan en muchos lugares por la apatía con que las autoridades municipales y los padres de familia ven todo lo que a educación se refiere, dispusimos enviar comisiones especiales de propaganda de educación primaria por todo el estado; designando a jóvenes maestros y estudiantes normalistas para que durante el tiempo de vacaciones desempeñaran esta importante comisión.¹⁹

Así, en diciembre de 1914 se impulsó el primer Congreso Pedagógico del estado

en cuyo seno se abordarían altos e importantísimos problemas (…) cuya resolución redundaría en efectivos bienes para este Estado. (…) Dicha convocatoria fue acogida con beneplácito, pues la mayoría de los profesores de los distintos departamentos del estado, acudió llena de entusiasmo y fe a integrar la honorable asamblea, con excepción del personal de las escuelas Preparatoria y Profesional de San Cristóbal Las Casas, y abrió sus sesiones con la debida solemnidad el 1º de diciembre de 1914 (…) con asistencia de 102 profesores. El Congreso funcionó conforme al Reglamento expedido en las sesiones preliminares. Cerró sus sesiones el 17 de enero de 1915 (^{Corral, 1915:56-74} ).

Como resultado de este congreso se reconoció la necesidad de realizar una reforma completa en la organización técnica y administrativa de las escuelas. Pero para cumplir dicha labor era necesario elaborar programas nuevos y detallados que fueran acordes con el medio y aprobados por las autoridades pertinentes, y desechar los que hasta ese momento estaban vigentes, pero además se debían corregir vicios odiosos y proteger a los maestros de las injusticias que se cometían en su contra. Los programas de estudio establecidos eran muy enciclopédicos y no correspondían con el contexto.

En cuanto a la situación de los maestros, se denunció que cuando alguna autoridad quería quitar a alguno de los maestros, simplemente lo acusaba de ser alcohólico o alegaba que los padres de familia no lo querían y de esta forma eran separados de la escuela, como se señala en las actas del Congreso Pedagógico de 1914.

A pesar de los esfuerzos que realizaron las diferentes administraciones para ir eliminando gradualmente el rezago educativo, el objetivo no se cumplió. El discurso continuo sobre la apertura de escuelas de educación básica en las diversas regiones de la entidad era una realidad, pero también era cierto que en muchos casos la asistencia de alumnos era muy baja y es que la respuesta de la población no fue la esperada (^{Arce, 1996}). Los padres de familia no veían ninguna utilidad en que sus hijos fueran a la escuela y preferían utilizar su fuerza de trabajo en el campo y en las fincas.

Las razones eran variadas, pero la más significativa y constante en este periodo era la posición de los padres que preferían ocupar a sus hijos en cuestiones laborales (^{García, 2014}). Y es que la educación en sí misma no bastaba para que la población superara su estado de miseria y marginación, como lo habían imaginado algunos intelectuales de la época al señalar que la educación por sí misma mejoraría la vida en el campo y en la ciudad. La realidad fue tajante, el hecho de abrir escuelas no hizo realidad el sueño, principalmente porque aparte de la instrucción también necesitaban adquirir los medios de subsistencia esenciales para su manutención (^{Padilla, 2014})

Conclusión

Los estudios históricos sobre la educación han explorado el tema con el afán de entender las continuidades y rupturas que se han sucedido a lo largo del tiempo. El estado chiapaneco, hoy por hoy, muestra un atraso educativo de grandes dimensiones, por eso vemos la necesidad de desentrañar las causas de esta situación y cómo se han venido encadenando hasta nuestros días, así como la forma en que las deficiencias en la operación de proyectos tanto locales como nacionales provocaron fracasos en el combate a ese alto índice de analfabetismo que persiste en el estado. Es importante señalar que si bien existieron buenos deseos, también es cierto que no se contó, al menos en el periodo analizado, con los recursos económicos y humanos para cumplirlos.

Habrá que señalar que las administraciones que van de 1880 a la llegada del general Jesús Agustín Castro a la entidad, al mando de las fuerzas carrancistas, en 1914, mostraron interés en apoyar el ramo de instrucción. La educación fue, en buena medida, el estandarte del discurso modernizador en el periodo. Se tenía la idea de que la escuela primaria sería el pilar sobre el que se sustentaría uno de los principales medios para hacer entrar a la sociedad chiapaneca en la modernidad deseada y es que la política nacional dictaba las directrices y el gobierno chiapaneco no podía omitir esta disposición.

Lo cierto es que desde la década de 1880 hasta 1914, periodo que comprende este estudio, se pudo comprobar que hubo logros importantes en esta materia en lo que a recursos se refiere, pero solo se benefició a las ciudades más importantes como Comitán, San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Según la información consultada, las cifras oficiales reportaban el aumento de escuelas y el mejoramiento de su calidad en los principales asentamientos urbanos. Poco a poco se fue incrementando el presupuesto asignado a estos planteles, y el número de niños que asistían a ellas también fue creciendo (^{Bazant, 2002}). Lo anterior sirvió de base para incursionar en el proyecto de mejorar la calidad de la enseñanza, particularmente en lo que respecta a la preparación de los maestros; fue así como se concretó en 1902 la creación de la Escuela Normal para Señoritas y posteriormente la de varones en 1906.

Cabe señalar que aunque la calidad de la enseñanza fue mejorando con el tiempo, especialmente con la creación de las escuelas normales, en general no se alcanzó la anhelada meta de poner en práctica una educación moderna. Durante la mayor parte de este periodo las escuelas carecieron de profesores preparados, pues solo una minoría provenían de escuelas normales y otros habían llegado del interior del país. Pero además, las iniciativas oficiales se encontraron con una notable resistencia de la población a integrarse en el proyecto educativo. Esta situación se presentó principalmente en el ámbito rural, donde los esfuerzos realizados por abrir escuelas no encontraron la respuesta esperada.

A la deficiencia en la planta docente se sumaba la insuficiencia de la infraestructura escolar. La mayoría de los centros escolares carecían de material didáctico, mobiliario y equipo suficiente y de locales con instalaciones adecuadas en donde se pudiera ejercer la labor educativa. Las condiciones de insalubridad en los edificios escolares era la causa del aumento de enfermedades como sarampión, viruela, tifoidea o tiña entre los estudiantes.

Pero si los principales obstáculos para alcanzar los objetivos educativos se presentaban en las zonas rurales, en las ciudades las cosas no resultaron mejor: también ahí los padres de familia mostraron cierta resistencia hacia la obligación de enviar a sus hijos a los planteles educativos (^{Bolaños, 1981:38}). En realidad el número de alumnos que asistía a las escuelas continuó siendo reducido en relación con la población en edad escolar. Sin embargo, podemos afirmar que en los principales asentamientos urbanos del estado, entre los que se encontraban los municipios de San Cristóbal, Tapachula, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, se logró establecer un número significativo de escuelas de instrucción elemental en las que día a día más niños se incorporaban, tomándose como un gesto de aceptación de los diferentes estratos sociales. Los problemas anteriores no detuvieron a las autoridades chiapanecas que, por medio de una serie de legislaciones, se dieron a la tarea de organizar la enseñanza primaria de una manera coherente con las tendencias educativas federales.

Las cifras sobre el índice de analfabetismo en Chiapas a finales del porfiriato no eran nada halagüeñas. Solo 15% de la población sabía leer y escribir y había pisado una escuela (^{Vázquez, 2000:107} ), según palabras de ^{Ramón Rabasa en 1906}, gobernador del estado. Esas cifras tan alarmantes parecían ser el indicativo del fracaso del régimen en el ramo de impartición educativa a la población. Este panorama no era exclusivo de la entidad, pues casi la totalidad de los estados del país vivían esa situación, hecho que contradecía el discurso oficial.

Archivos consultados

AGN

Archivo General de la Nación

Fondo Gobernación, periodo Revolucionario

ANECH

Archivo Histórico del Estado de Chiapas

Fondo Fernando Castañón Gamboa

Fondo Secretaría General de Gobierno. Sección Instrucción Pública