Introducción

Entre los tres primeros títulos de la Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, serie impulsada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), La llegada al Sur. La controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos en Chiapas, en su contexto internacional y nacional, 1881-1917, de Justus Fenner, fue publicado en 2015 como una segunda versión -aunque la primera en papel- corregida y mejorada de la que apareció en 2012 bajo el mismo título, en formato digital.

El objetivo del volumen es desplegar un análisis histórico profundo y detallado acerca del vínculo entre las empresas deslindadoras y el gobierno (mexicano y chiapaneco) entre finales del siglo XIX y principios del XX. Al mismo tiempo, establece líneas de discusión con la historiografía agraria revolucionaria y posrevolucionaria con base en una amplia variedad de fuentes documentales pertinentes para precisar los efectos socioeconómicos de los deslindes.

El libro consta de cinco capítulos y una introducción en la que el autor explicita formula interrogantes y expone argumentos frente a las interpretaciones sobre la política de deslindes en la época porfirista y en la historiografía mexicana de los siglos XIX y XX. Si bien se centra en el periodo que abarca entre los años 1886 y 1917 en Chiapas, los procesos que aborda exigen análisis que incluyan datos de décadas previas y espacios más allá del ámbito estatal y nacional.

Para dejar en claro su perspectiva, Justus Fenner narra la breve pero resonante trayectoria de Luis Hüller, un personaje que en tan solo cinco años (1884-1889) pasó de ser el “amigo de México” a ser declarado por la prensa como una amenaza para la seguridad nacional. Este empresario alemán tenía a su cargo los principales deslindes en los extremos norte y sur del país -Baja California, Chihuahua, Sonora y Chiapas-. Pero de forma intempestiva todas las concesiones de este personaje fueron declaradas caducas. Este cambio radical, explica Fenner, se debió a que Hüller dejó de ser últil al gobierno. El relato de esta experiencia de deslindes, retomada luego con diferentes intereses y actitudes por otras compañías, da pie al autor para exponer las transformaciones de los negocios entre el gobierno mexicano y las empresas deslindadoras.

El contenido del libro

En el primer capítulo se explica el concierto de intereses en los deslindes y la colonización por parte del gobierno, los empresarios y los inversionistas nacionales y extranjeros. Se hace un repaso por los esfuerzos de los gobiernos mexicanos, ya desde los primeros años de la época independiente, por fomentar la migración y vender enormes extensiones de tierras a inversionistas y colonos, tanto al norte como al sur, con el propósito de asegurar las zonas fronterizas y alejadas del centro del país. Con el afán de recaudar ingresos y ganar apoyo, conforme a la ley expedida el 22 de julio de 1863, el gobierno de Benito Juárez obligó a los denunciantes de terrenos baldíos a descubrirlos y deslindarlos, para luego continuar los trámites en el Juzgado del Distrito y en la Secretaría de Fomento. Ofreció también legalizar demasías y excedencias, siempre y cuando fuesen denunciadas por sus poseedores, quienes además debían cumplir con todos los trámites y quedar sometidos a la fiscalización.

Respecto a la adjudicación de los terrenos baldíos denunciados, el libro enumera los títulos de propiedad extendidos por el gobierno federal entre 1863 y 1894, y las respectivas superficies. A partir de 1875, los deslindes y las ventas de baldíos comenzaron a realizarse con la intervención de compañías deslindadoras y colonizadoras, incluso extranjeras, las cuales se volverían agentes del gobierno por ley el 15 de diciembre de 1883.

Entonces, en su discusión con la historiografía posrevolucionaria acerca de por qué considera que las compañías no “utilizaron” al gobierno, sino que, por el contrario, este usó a las empresas como sus agentes e instrumentos, Fenner plantea que la política de deslinde y colonización formó parte de una estrategia de defensa territorial y búsqueda de equilibrio económico frente al avance del capital estadounidense. Bajo esa premisa destaca el control que el gobierno federal -único dueño facultado para expedir títulos de propiedad- buscó ejercer sobre las empresas deslindadoras por medio de leyes, decretos y contratos para imponer condiciones y obligaciones y la posibilidad subyacente de quitarles las concesiones en caso de incumplimiento, o bien mediante la construcción de redes de personas de confianza, políticos y militares con intereses en las zonas fronterizas y dispuestos a asumir cacicazgos y mantener abiertas las vías de información hasta el gobierno central. Otra prueba del interés gubernamental con respecto al control radica en la presencia de personas muy cercanas al centro de poder en todas las concesiones de deslindes fronterizos. En ese sentido el autor incluye en este mismo capítulo un cuadro en el que se detallan los nombres de los concesionarios nacionales, sus funciones públicas y privadas, años y ubicación de las concesiones.

En el segundo capítulo se narra la historia personal de Luis Hüller y de sus concesiones, en la inteligencia de conocer sus intereses, motivaciones, formas de organización, espacios y ámbitos de actuación a partir de su trayectoria individual. En ese sentido se traen a colación las redes comerciales y las alianzas políticas en que tomó parte este personaje al formar su empresa, Luis Hüller & Cia., y cómo, al llegar al límite de sus capacidades financieras, logró convencer a inversionistas para que adquirieran sus concesiones mediante The International Company of Mexico (ICOM), de capital estadounidense. Como puede observarse en el segundo cuadro que presenta este capítulo -en el cual se detallan nombres, funciones, años y actividades de los directores o inversionistas de ICOM- la mayoría cumplía con funciones relevantes vinculadas a la economía o el derecho en Estados Unidos. Así, entregó las concesiones a la ICOM, pero la empresa de Hüller no se disolvió. Por el contrario, a partir de ese momento el empresario realizó sus negocios más importantes, al especular con la doble función de director representante de esta nueva compañía y de socio principal de la anterior. Todo continuó de ese modo hasta que, entre las divisiones internas en ICOM y la amenaza anexionista de Baja California, las denuncias por incumplimiento de obligaciones y las voces de una prensa nacionalista cada vez más crítica, sobrevinieron supervisiones y controles gubernamentales más estrictos. En ese contexto, el restablecimiento de los contactos con los mercados financieros europeos hizo que Hüller dejara de ser considerado útil al gobierno y fuera visto como símbolo público de una política corrupta. La situación desembocó en su encarcelamiento y el traspaso de sus concesiones a la MLCC (Mexican Land and Colonization Company). Fenner informa entonces del origen y de los principales accionistas de esa empresa de capital anglo-estadounidense (con dos sucursales chiapanecas: The Chiapas Land Company y Land Company of Chiapas). La MLCC, al contrario de Hüller & Cia., representó una perspectiva política y comercial de largo plazo. Este cambio de actitud, conforme a los intereses del capital inglés, resultaba conveniente también para el gobierno mexicano dado que, además de frenar el avance del capital estadounidense, otorgaba mayor seguridad acerca del desarrollo de las zonas deslindadas.

El siguiente capítulo trata de los deslindes en Chiapas e indaga sobre sus efectos en la tenencia de la tierra. Como correlato espacial, en la parte central del libro se incluyen dos mapas del estado de Chiapas en que se señalan las zonas deslindadas por Hüller/ICOM/MLCC, las de otras empresas, así como las no deslindadas, entre los años 1886 y 1902.

Basándose en análisis de materiales estadísticos, dispuestos en cuadros y gráficos que presentan los datos con claridad, el autor recalca el riesgo de las generalizaciones históricas. Afirma que no todas las grandes empresas acumularon tierras o fomentaron la gran propiedad. Sin embargo, no presenta los datos recabados como si fueran reflejo de la realidad, sino que los analiza con precaución y actitud crítica. Explica que en la época estudiada era muy poco personal capacitado para recopilar y manejar la información -así fue hasta por lo menos la década de 1890, cuando, al prohibirse el cobro de alcabalas, se impulsaron algunas mejoras en el sistema de cobro de impuestos sobre las propiedades rurales-. Ejemplifica dichas deficiencias con casos como que una misma propiedad apareciera en diferentes censos con nombres distintos -en náhuatl, maya o español-, con o sin el nombre de un santo y con las superficies medidas en caballerías o hectáreas. De todas maneras, los censos que registran las propiedades rurales y los cobros de impuestos permiten conocer las tendencias de concentración territorial, sus cambios a través del tiempo y en los diferentes departamentos.

A partir de ello, y en oposición a los argumentos simplistas utilizados en contra de las empresas deslindadoras, Fenner sostiene que los deslindes realizados por Luis Hüller & Cia. y por la MLCC no paralizaron en ningún momento el mercado de tierras en Chiapas.

En su afán por comprender en forma detallada el grado de participación de las empresas en el aumento de las propiedades en Chiapas, el autor recabó información sobre las tierras que fueron medidas, tituladas y finalmente vendidas, y al analizarlas halló una estructura de la tenencia que no concuerda con la idea instalada de una tendencia en favor de la gran propiedad.

Más adelante describe el conjunto de criterios adoptados por las compañías para seleccionar las zonas susceptibles de deslinde: densidad de población, probabilidad de conflictos, perspectiva de desarrollo económico, presencia de competencia, transporte y comunicación. Algunas de estas variables son ponderadas en un cuadro comparativo entre los departamentos de Comitán, Chiapa, Chilón, Las Casas, La Libertad, Mezcalapa, Palenque, Pichucalco, Simojovel, Soconusco/Mariscal, Tuxtla, y Tonalá), y especifica además cuáles fueron excluidos por la MLCC: emblema de ello fue el departamento de Las Casas, que quedó sin ser deslindado por ninguna compañía.

Utilizando datos de archivos administrativos y judiciales de los años 1881 a 1917, tanto nacionales como locales, también confronta la visión tradicional que distinguía claramente entre “ganadores” (un pequeño grupo de empresarios, políticos y latifundistas) y “perdedores” (una multitud de comunidades, poseedores particulares y colectivos de tierras no legalizadas) con las consecuencias de los deslindes en Chiapas.

Además de narrar algunos de los principales conflictos entre deslindadoras e instancias públicas -como el gobierno del estado y la Secretaría de Fomento-, aborda situaciones de resistencia, protesta y conflicto entre particulares o comunidades y las empresas. Hace mención de casos puntuales y plantea algunas de sus causas comunes, como la carencia de medidas precisas en las titulaciones o la práctica habitual de ocupar y transferir terrenos sin solicitar títulos legales. Aunque advierte que la mayor parte de los potenciales conflictos no llegaron a ser pleitos judiciales, pues las compañías prefirieron actuar con flexibilidad y evitar líos que significaran potenciales demoras en la comercialización de los baldíos, respetando en la mayoría de los casos los derechos reclamados y los mojones de ejidos o terrenos colindantes. Además, con pocas excepciones, los agrimensores encargados de medir y dividir las tierras comunales rendían cuentas al gobierno estatal, mientras que las empresas como Hüller & Cia., ICOM y MLCC eran agentes del gobierno federal.

De esta manera, Fenner sostiene que, sin necesidad de aprovecharse de tierras comunales o colectivas (aunque vale aclarar que las comunidades indígenas sí sufrieron los efectos de la privatización de los baldíos colindantes), la MLCC impulsó el mercado de tierras, aumentó el número de propiedades y fomentó la apertura hacia la inversión y producción agrícola, principalmente en la región cafetera del Soconusco, donde además, aunque de manera colateral, la atracción económica impulsó un cierto movimiento migratorio.

Siguiendo con un análisis escalonado, en el cuarto capítulo desarrolla en mayor profundidad los deslindes entre los años 1886 y 1994 y compara sus efectos con los casos de Palenque y Chilón entre 1894 y 1903, cuyos terrenos baldíos no estuvieron a cargo de Hüller, ICOM ni MLCC, sino que fueron concesionados o arrendados a empresas madereras y especuladores, como Dorantes, Dorenberg, Martínez de Castro y Sala, bajo una legislación más liberal, la cual implicó un momento histórico distinto, principalmente debido a que la cantidad permitida de hectáreas a denunciar pasó a ser ilimitada. Esta situación, ideal para los especuladores, propició que las empresas deslindadoras vendieran una mayor cantidad de baldíos y aumentara el promedio de extensión de las fracciones privatizadas.

En combinación, la escasez relativa de árboles de maderas preciosas por hectárea en la Selva Lacandona contribuyó a que se arrendaran o deslindaran grandes porciones de tierras taladas. Por el contrario, el cultivo de café en la región del Soconusco establecía un interés a largo plazo y un requerimiento mucho menor en cuanto al tamaño de las propiedades. Así, el autor sugiere que los deslindes sí contribuyeron a la concentración de propiedades en aquellas zonas cuya disponibilidad de tierras baldías no estuvo acompañada por propuestas durables de actividades económicas e infraestructura de comunicación. Compara las redes comerciales y políticas, los recursos naturales disponibles, el tipo y la duración de las actividades y las extensiones de tierra requeridas, los movimientos de población, las modalidades de deslinde, las formas de apropiación y tenencia, las inversiones, el incremento de propiedades y su valor fiscal.

El autor toma los datos de propiedades y propietarios activos en la producción agrícola como uno de los parámetros del crecimiento económico, y encuentra que el Soconusco tuvo un aumento mayor. Asimismo, las fluctuaciones en los valores fiscales de las propiedades, detallados por departamento y por año, entre 1879 y 1909, le permiten detectar y comparar tendencias acerca de los terrenos más demandados o productivos. Mientras estos aumentaban junto con la producción en el Soconusco, lo contrario ocurría en el departamento de Palenque.

Con respecto a la colonización, tarea que el gobierno había dejado en manos de las empresas y que, dadas las dificultades geográficas de la zona, puede considerarse más bien un fracaso en términos generales, el autor distingue entre lo que ocurrió en Palenque y Chilón, donde la colonización no fue alcanzada, y en el Soconusco, donde fue lograda de manera “colateral”.

En el capítulo final, además de repasar y nutrir las conclusiones de los apartados anteriores, el autor sintetiza algunos de los que considera logros o aciertos de la política porfirista, tales como: la privatización de los terrenos baldíos, la mejora en la base legal y el control fiscal de las propiedades, la creación de una oferta visible de tierras disponibles (medidas y con títulos), el aumento de la recaudación fiscal en el Soconusco, la reafirmación de la soberanía del gobierno federal en los estados alejados del centro del país y en sus fronteras internacionales, así como el impulso a ciertos procesos económicos. Sin embargo, aclara, el deslinde protagonizado por las compañías no fue el único factor que generó desarrollo económico, sino que intervino en procesos que ya estaban en marcha, como la expansión del cultivo de café y la explotación maderera, acompañando a otras medidas destinadas a, por ejemplo, fortalecer las comunicaciones y las inversiones.

La comparación entre el accionar de las deslindadoras a lo largo de su desarrollo histórico y espacial aporta elementos para afirmar que mientras en Baja California, Sonora y Chihuahua (y en las zonas selváticas de Palenque y Chilón), la legislación más liberal de 1894 propició la venta y apropiación de grandes extensiones de tierras, en las zonas deslindadas por Huller/ICOM/MLCC en Chiapas los resultados fueron menos exitosos.

Aportes y evaluación

Desde los precursores e intelectuales revolucionarios como Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enriquez, los abordajes acerca de la política agraria porfiriana y su relación con las empresas deslindadoras, en general, han girado en torno críticas a las grandes propiedades y a la supuesta utilización de los deslindes como “excusas” al servicio de elites y extranjeros. Influenciados por el clima político de la época y por las olas publicitarias que acompañaron la caída de Porfirio Díaz, así como por la conformación de los gobiernos revolucionarios, aquellos trabajos han hecho énfasis en las consecuencias negativas de los deslindes sobre la población campesina e indígena, pensada en su conjunto como víctima de la acumulación de tierras y en los argumentos a favor de la pequeña propiedad, en tanto verdadera unidad productiva.

Fenner identifica entre las décadas de 1950 y 1980, los primeros cambios importantes en la historiografía agraria, donde comienzan a revalorizarse y diversificarse los estudios sobre la época porfiriana. Exceptuando algunos trabajos, las revisiones sobre las empresas deslindadoras tendrán que aguardar hasta fines de 1980, principalmente con la publicación de las investigaciones realizadas por Jan de ^{Vos (1988)} y ^{Robert Holden (1988}; ¹⁹⁹⁰; ¹⁹⁹⁴⁾, quienes complejizan la comprensión de este fenómeno basándose en fuentes primarias muy poco utilizadas hasta el momento. Estos autores logran distinguir por primera vez la diversidad de situaciones en las cuales actuaron las compañías deslindadoras y rompen la imagen homogénea que hasta ese momento la historiografía tenía de ellas y muestran cómo podían funcionar como instrumentos del gobierno para su proyecto modernizador. Pero les quedaba pendiente averiguar lo que sucedió con las grandes extensiones de tierras adquiridas por las empresas y penetrar un poco más en el trasfondo histórico de los pleitos sobre aquellos baldíos que fueron deslindados y, a su vez, reclamados por otros individuos o comunidades.

Siguiendo esa línea, Fenner retoma las tareas pendientes. Combina la información de los ámbitos locales con una exploración de sus redes políticas, sociales y económicas a nivel nacional e internacional y utiliza para ello una amplia variedad de fuentes primarias, provenientes de los siguientes archivos: de la Ciudad de México: Archivo General de la Nación, Archivo General de Notarías, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Archivo Parroquial San Antonio de las Huertas, Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Sagarpa, Secretaría de la Reforma Agraria / Archivo Terrenos Nacionales y Colección General Porfirio Díaz (CPD); de Baja California Colección Pablo Herrera Carrillo; de Chiapas: Archivo Histórico de Chiapas, Archivo Histórico de Juzgado de 1º Instancia de San Cristóbal de Las Casas, Archivo Histórico del Juzgado de Distrito de Chiapas, Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Salto de Agua y Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tuxtla Gutiérrez; de Sonora: Archivo Histórico General del Estado; Archivo Histórico del Juzgado de Distrito de Sonora; del Reino Unido: Public Record Office; y de Berlín: Zentralarchiv Potsdam y Archiv des Auswaertigen Amtes.

Esta forma de encarar la investigación se opone a la tendencia a generalizar el accionar de las empresas y sus efectos, como se observa, por ejemplo, en el artículo de ^{Guerrero Galván (2016)}, cuya aproximación desde el derecho social, a partir de discursos, decretos y leyes promulgadas durante el gobierno de Porfirio Díaz, concluye que las compañías deslindadoras fortalecieron la tenencia de la tierra en pocas manos, pero sin hacer distinciones por casos.

El hecho de abordar en detalle procesos al interior del estado de Chiapas, teniendo en cuenta además sus entramados políticos y económicos, nacionales e internacionales, hacen que el texto de Fenner resulte una lectura ineludible para los interesados en el tema. Una gran parte de los trabajos previos, cuyas lecturas resultan complementarias, se ocupan de estados del centro y norte del país, por ejemplo, ^{Velásquez Hernández (2006)} realizó una relectura histórica acerca del istmo veracruzano entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Aborda, entre otros temas, las desamortizaciones de tierras comunales y los deslindes en esa región, tomando la lucha por la tierra como uno de los ejes de comprensión y considerando las complejas interrelaciones de los procesos políticos, regionales y nacionales presentes en la reconfiguración de una comunidad indígena en particular. ^{Fajardo Peña (2006)}, por su lado, estudió la participación de las compañías de mediciones y deslindes en Tancanhuitz, localidad de la huasteca potosina. Tras una revisión de fuentes primarias reconoce estrategias practicadas por comunidades y pueblos indígenas, hasta alrededor de 1870, para mantener sus propiedades comunales. También sobre el estado de San Luis Potosí y utilizando fuentes de archivos estatales y nacionales, ^{Escobar Ohmstede (2013)} hace mención de las compañías deslindadoras cuando se refiere a las competencias y negociaciones entre diferentes actores sociales agrarios con respecto al acceso, manejo y control de los recursos naturales, principalmente el agua y la tierra, en el valle de Rioverde y en la Huasteca. Según este autor, el fraccionamiento de las propiedades comunales y privadas parece haber aumentado durante la segunda mitad del siglo XIX. Sostiene además que, frente a las numerosas resistencias protagonizadas por indígenas, ayuntamientos y propietarios privados, los resultados para las empresas no fueron los esperados. Así, aunque con diferentes objetivos de investigación, los trabajos aludidos contribuyen a matizar las generalizaciones acerca de la “leyenda negra” sobre las compañías deslindadoras y sus usurpaciones de tierras durante el porfiriato.

En este sentido, el libro de Fenner es un aporte útil en la medida en que toma distancia de discursos que apoyan afirmaciones en el sentido de que todas aquellas tierras comunales que no estaban tituladas como propiedad privada fueron apropiadas, sin más, por las compañías deslindadoras. Es el caso, por ejemplo, de ^{Aguilar (2006)} o ^{Gudiño (2000)}. Este último, en su estudio acerca de las particularidades de los procesos económicos, políticos y sociales en la región del Soconusco, intenta demostrar que las compañías deslindadoras y el estado llevaron a cabo grandes despojos y usurpaciones de tierras en desmedro de las “comunidades indefensas”, aspecto que ya había sido cuestionado por ^{Fenner (2007:29)} y que en La Llegada al Sur lo trata en mayor detalle, mediante el análisis de casos puntuales de conflictos entre particulares o comunidades y empresas en Chiapas. Aclara al respecto que, en la mayoría de los casos, las compañías prefirieron respetar los derechos reclamados para evitar problemas y que, además, con pocas excepciones, los agrimensores encargados de medir y dividir las tierras comunales rendían cuentas al gobierno estatal (mientras que Hüller & Cia., ICOM y MLCC eran agentes del gobierno federal).

El estudio de Fenner evita analizar los deslindes llevados a cabo por las compañías como si sus formas de proceder y sus efectos hubieran sido homogéneos. La Llegada al Sur tiene en cuenta los diferentes comportamientos y la multiplicidad de factores involucrados; por ejemplo, la situación financiera de la empresa, los intereses del gobierno federal y de las oligarquías locales, los vínculos con autoridades estatales, municipales y judiciales, el tipo de recursos naturales disponibles, entre otros aspectos.

En atención a los efectos de los deslindes sobre las tierras, el enfoque comparativo entre zonas también implica un paso adelante en la bibliografía reciente sobre el tema. Permite observar cómo, mientras los deslindes realizados por Luis Hüller & Cia. y la MLCC en general no paralizaron el mercado de tierras y dieron lugar a una estructura de tenencia más equilibrada, sobre todo en el Soconusco, por otro lado, en las zonas de Palenque y Chilón las madereras especuladoras sí contribuyeron a una mayor concentración sin estimular la modernización esperada.

El autor consigue entonces mostrar la diversidad posible de situaciones en cuanto a los deslindes y sus efectos, diferenciando entre empresas y regiones, sin descuidar planteamientos más generales que permiten comprender nuevos aspectos de la política de Porfirio Díaz. Mientras confirma el carácter elitista de quienes lograron obtener las concesiones de los deslindes, así como sus negocios y relaciones con los grupos asentados en el poder, muestra que estos vínculos estrechos, que se mantuvieron hasta finales del porfiriato, al contrario de lo que la historiografía venía sosteniendo, fueron en muchos casos utilizados para defender los intereses del gobierno y no necesariamente en su contra.

Para finalizar, quisiera recomendar la lectura de La llegada al Sur a investigadores y personas afines a las ciencias sociales en general, ya que el libro se despliega como un ejercicio de rigurosidad metodológica, basado en materiales documentales cuyos datos, cuantitativos y cualitativos, son analizados de manera minuciosa y crítica. Estos, a su vez, son presentados al lector con claridad, a medida que se van explicitando las preguntas, mediante abundantes ejemplos, gráficos, cuadros y aclaraciones, a partir de lo cual, las conclusiones que se desprenden logran complejizar la mirada historiográfica revolucionaria y posrevolucionaria, e invitan a continuar el desafío de conocer y reescribir la historia agraria mexicana.