Introducción

El conflicto por el acceso (poseer), la distribución (reparto) y la tenencia (reglas y normas) de la tierra en el mundo representa un problema (^{Kay, 2007}; ^{OXFAM, 2016}) que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), suele contribuir a «la inseguridad alimentaria, la limitación de oportunidades de subsistencia y, por lo tanto, en la pobreza» (^{FAO, 2003:1}). La tenencia de la tierra es la relación definida de forma jurídica o consuetudinaria entre personas, individuos o grupos con respecto al suelo; es una institución cuyo conjunto de normas y reglas señala de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad agraria, cómo opera el acceso a los derechos a utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las responsabilidades y limitaciones de su uso. En otras palabras, determina quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas; «es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos» (^{FAO, 2003:9}).

En este artículo se asume el marco teórico a partir de la gobernanza ambiental (GA), que, en términos generales, hace referencia a procesos e instituciones por medio de los cuales las sociedades toman decisiones que afectan al medio ambiente (^{Oakerson, 1992}). De manera más específica, la GA se refiere al conjunto de procesos reguladores, mecanismos y organizaciones por cuyo conducto los actores políticos influyen en las acciones ambientales y sus resultados (^{Lemos y Agrawal, 2006}). En este sentido, la GA no solamente supone las acciones del Estado, sino que además incluye a las comunidades, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a empresas que interactúan a diferentes escalas espaciales: local, regional y global (^{Armitage et al., 2012}).

En este sentido, es importante considerar que los actores sociales son heterogéneos en virtud de los intereses que representan, sus motivaciones, las estrategias que adoptan y los conflictos con respecto al uso de los recursos (^{Brenner, 2010}). Y un aspecto clave es el poder con que cuentan para imponer y realizar determinadas acciones. El consenso indica que cuando las relaciones de poder son asimétricas y desiguales, los actores con mayor poder imponen sus intereses sobre los demás, a menos que favorezcan un tipo de gobernanza incluyente y participativa (^{Schteingart, 2007}; ^{Brenner y De la Vega, 2014}).

Por otro lado, en situaciones de conflicto prolongado aparecen múltiples estructuras de autoridad y regulación que en ocasiones operan en oposición a las instituciones del Estado. A esto se le conoce como multiplicidad institucional, que da origen a la gobernanza paralela. Esta última se refiere a las situaciones en que existen dos conjuntos de instituciones con diferentes agendas encontradas (^{Van der Haar y Heijke, 2013}). En el contexto de las áreas naturales protegidas (ANP) en México, la GA afronta varios problemas, entre los cuales pueden destacarse la descoordinación de las políticas públicas en la materia, los conflictos sociales por el uso y control de la naturaleza, la exclusión participativa de las comunidades y la afectación de la capacidad de las comunidades para ganarse el sustento (^{Azuela y Mussetta, 2009}; ^{García et al., 2009}; ^{Brenner, 2010}).

En esta investigación documentamos la experiencia de la localidad de Los Laureles, establecida antes del decreto de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE) y catalogada actualmente como asentamiento irregular. Para abordar el tema se realizó un estudio de caso con base en la metodología cualitativa diacrónica, a efecto de conocer y comprender la particularidad del conflicto agrario y entender las estrategias agrarias, económico-productivas y sociales que han asumido los pobladores de Los Laureles para permanecer en sus tierras, y las acciones de cada uno de los actores involucrados en la localidad para construir la gobernanza ambiental.

El artículo describe las condiciones socioambientales del área de estudio; posteriormente, caracteriza a los actores involucrados, sus intereses y conflictos, y luego aborda la estrategia productiva-económica y social adoptada por los pobladores. El repaso de estos eventos sociales pretende ofrecer una visión sobre el complejo panorama en la localidad desde la perspectiva de la gobernanza ambiental, con el fin de generar información útil para los tomadores de decisiones.

Los problemas agrarios en áreas naturales protegidas

La FAO señala que «la seguridad en la tenencia de la tierra mediante procedimientos formales, informales, consuetudinarios o de otro tipo es la condición para que los hogares rurales gocen de medios de subsistencia; es también un componente importante de desarrollo sostenible» (^{FAO, 2003:1}). Por otro lado, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) define la seguridad en la tenencia de la tierra como «la capacidad de las personas para controlar y administrar la tierra, utilizarla, disponer de sus productos y realizar transacciones, incluidas transferencias». Por el contrario, advierte que la inseguridad agraria contribuye a la inestabilidad social y a la generación de conflictos (^{FIDA, 2016:1}).

En México, el problema de la tenencia de la tierra se explica principalmente por la mala ejecución de los programas de reparto. Por ejemplo, aunque en el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se quintuplicó el número de acciones agrarias, de estas solo se concluyó la mitad, al tiempo que se repartían las mismas tierras dos o tres veces (^{Eisenstadt, 2010:9}). Como consecuencia de la disparidad entre lo que los gobiernos proponían hacer y lo que realmente cumplían, hasta la fecha varias solicitudes de titulación permanecen indefinidas, situación que favorece la proliferación de asentamientos irregulares. A este hecho se suman las modificaciones constitucionales, particularmente al artículo 27, que han generado más problemas agrarios (^{Azuela y Mussetta, 2009}). Con respecto a los asentamientos irregulares, se desconoce la cifra exacta; sin embargo, un estudio elaborado en 2014 por el Instituto Mexicano para la Competitividad sugiere que aproximadamente 67% de la vivienda en el país es irregular (^{Cámara de Diputados, 2014}).

El régimen agrario mexicano se divide en propiedad social (ejido y comunidad), propiedad privada y propiedad pública. «La propiedad ejidal se conforma a partir de la dotación de tierras por parte del Estado a un grupo de campesinos carentes de ellas y necesarias para su subsistencia». La propiedad comunal tiene sus orígenes con base en «el reconocimiento por parte del Estado a tierras pertenecientes a campesinos desde «‘tiempo inmemorial’ o bien por medio de restitución si fueron despojados de ellas» (^{López, 2017:25}). La propiedad privada se da cuando el Estado transmite el dominio de tierra y aguas a particulares. La propiedad pública constituye parte del patrimonio del Estado, el cual se divide en patrimonio federal, estatal, municipal y de las entidades paraestatales; es decir: la tierra, el agua y los demás recursos que no han sido transmitidos a particulares pertenecen al Estado (^{Bolívar y Flores, 2015:94-95}).

^{López (2017:22)} ofrece los siguientes datos de la distribución del régimen agrario en México: propiedad social conformada por ejidos y comunidades (43.34% y 0.001%, respectivamente), propiedad privada (35.64%) y propiedad pública (6.19%); el resto (14.81%) permanece sin clasificar. No obstante, sin importar el régimen de propiedad en el que se encuentren inscritas las tierras, el Estado no pierde facultad para disponer de ellas siempre y cuando sea por «causa de utilidad pública», tal y como se manifiesta en el artículo 27 constitucional (^{López, 2017:89}). Con la creciente preocupación por el uso y el aprovechamiento de la naturaleza desde principios de los años setenta y a raíz de los hallazgos presentados en el informe «Los límites del crecimiento» (^{Quintero, Fonseca y Garrido, 2008}), se ha ponderado el desarrollo y la implantación de programas para la protección de la naturaleza, en especial el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP). En este contexto, la seguridad en la tenencia de la tierra se ve impactada debido a que el establecimiento de ANP recae sobre tierras ocupadas por población rural, indígena o campesina (^{RRI, 2015}). Se estima que la tasa de ocupación poblacional en ANP a escala mundial oscila entre 70% y 90% (^{Trench, 2017:209}); en regiones del centro y sur de América aproximadamente 80% de la superficie es habitada por población indígena (^{Lagunas-Vazques et al., 2016}). Esta situación conlleva fuertes implicaciones, sobre todo en poblaciones con problemas de titulación, pues en razón del decreto de ANP son categorizadas como asentamientos irregulares.

En Chiapas tenemos uno de los casos más severos a escala regional con respecto al problema agrario en ANP. En 2012, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Ricardo Frías, en un artículo titulado «Montes Azules y los asentamientos irregulares» denuncia la presencia de grupos sociales sin la posesión legal de la tierra asentados dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (^{Frías, 2012}). Tiempo después, dicho autor anunció la reubicación de 160 familias, sin considerar que el decreto de Montes Azules se traslapó con un decreto anterior (zona lacandona) lo que provocó que poblados como San Gregorio, Ranchería Corozal y Nuevo Salvador Allende, entre otros, fueran categorizados como asentamientos irregulares, esto a pesar de que las poblaciones tenían por lo menos 30 años asentadas ahí (^{Trench, 2017}).

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (^{SEDATU, 2017}), en Chiapas existen aproximadamente 432 599 hectáreas sin resolución agraria distribuidas en 69 municipios de los 119 que conforman esta entidad federativa (^{INEGI, 2017}); los que suman más casos son Ostuacán (278), Ocozocoautla (192), Tonalá (172), Pijijiapan (158), Villacorzo (128) y Villaflores (104); en suma son 1 037 casos que representan el 30% del total de los predios sin resolución agraria; el resto corresponde a otros municipios. Hay que considerar que en Ocozocoautla, Pijijiapan, Tonalá, Villacorzo y Villaflores se ubica parte de las poligonales de las Reservas de la Biosfera El Ocote, La Encrucijada, La Frailescana y La Sepultura.

En la esfera internacional la problemática de tenencia de la tierra en ANP no parece diferente. Según ^{Monteferri (2008:25)}, «en Perú persiste un preocupante atraso en materia de titulación de predios -sobre todo en las áreas rurales- donde es común encontrar a pobladores que están tramitando desde hace varios años su título de propiedad. En este contexto la declaratoria de ANP si bien no desconoce su derecho de posesión, evita que la adquisición de la propiedad proceda, ya que dentro de sus normas prohíbe que se establezcan nuevos asentamientos humanos».

En un artículo titulado «El crecimiento de los asentamientos irregulares en áreas protegidas. La delegación Tlalpan», ^{Manuel Ruiz (2006)} analiza desde otra visión la problemática de ese tipo de asentamientos, los cuales en su parecer ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales e incrementan el deterioro ecológico. Reconoce que algunos de ellos tienen al menos 20 años de antigüedad. No obstante, el programa Crecimiento Cero promovió la clausura de algunos por considerarlos irregulares. Para 2006 aún había 45 000 habitantes bajo ese rótulo.

^{Huamán (2011:3)}, en su ponencia «Irregular settlements into protected natural areas government actions, services and urban planning», apunta a que los propios gobiernos favorecen la posesión de tierras de forma irregular pues diseñan «estrategias globales que terminan por favorecer la continuidad en la producción de asentamientos irregulares».

En dichos procesos de uso del suelo también están en juego las estrategias de los diversos actores que influyen en las ANP para generar procesos de gobernanza ambiental, dado que su establecimiento despliega un cúmulo de intereses y por lo tanto de relaciones complejas entre los diferentes actores (^{Brenner, 2010}; ^{Paré y Fuentes, 2007}). Un estudio de Paré y Fuentes (2007:25) centrado en el caso de Los Tuxtlas plantea que la gobernanza ambiental implica el desarrollo de mecanismos de planificación incluyentes, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas acerca de las intenciones de todos los actores, herramientas para la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para la gestión de los recursos naturales, así como espacios de participación para la planificación democrática. Los autores concluyen que en el caso de Los Tuxtlas el costo político de resolver el problema agrario recayó sobre la institución responsable del área natural (que no tiene atribuciones para resolver el problema, ni es de su competencia), situación que dificultó el consenso en torno al proyecto de conservación.

^{Azuela y Mussetta (2009)} revisan los conflictos sociales en tres ANP de México, en un estudio que documenta aquellos provocados por la ocupación de tierras por cuenta de campesinos en la Reserva de la Biosfera Montes Azules y su reubicación forzada. En un estudio sobre la conservación de la biodiversidad a través de la política del área natural protegida en tres casos de la península de Yucatán (^{García et al., 2009}) se analiza la descoordinación entre los distintos actores sociales y gubernamentales y su impacto en la vida de la población que ha tenido que migrar en búsqueda de empleo o bien involucrarse en actividades ilegales como la cacería y la tala, o inmiscuirse en el desarrollo del ecoturismo, actividad que no reditúa para mantener los modos de vida de la población local. ^{Brenner (2010)} desarrolla el concepto de GA mediante el estudio de caso de Sian Ka’an; identifica a los actores involucrados, sus intereses, estrategias, poder relativo y acciones, y concluye que existe una heterogeneidad de actores con intereses opuestos.

Estrategia metodológica utilizada en el estudio

En atención a la estrategia metodológica propuesta se revisaron los documentos relacionados con las gestiones del grupo representante de la localidad: el comité ejecutivo, a propósito de la obtención de tierras; se eligieron de forma aleatoria veinte familias a las que se aplicó una entrevista semiestructurada (^{Vasilachis, 2006}) con variables incluidas, como: el origen, los motivos para llegar a Los Laureles, la distribución de tierras, el proceso de autogestión y las perspectivas a largo plazo sobre la tenencia de la tierra. Se hizo una entrevista semiestructurada al director de la REBISE, al representante jurídico de la SEDATU y a los representantes del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Procuraduría Agraria, sobre temas relacionados con los terrenos nacionales, la administración pública de las localidades irregulares y sus implicaciones sociales, específicamente en la REBISE. También se aplicó una encuesta a quince familias seleccionadas de forma aleatoria, relacionada con las principales actividades económicas. A través del método de K-medias (^{Varela, Rial y Picón, 2015}) se identificó una tipología de productores (^{Pat-Fernández, 2012}), a partir del análisis de agrupaciones sugerido por Patricia Hernández y colaboradores ⁽²⁰¹³⁾. Los datos se analizaron con el programa estadístico R Studio versión 2.12.2.

Finalmente, se elaboraron quince historias de vida (^{Chárriez, 2012}), a integrantes clave (ocho hombres y siete mujeres) de la localidad de Los Laureles, que fueron seleccionados bajo el criterio de «ser fundador» o «hijo/hija de fundador». La información se organizó y estudió para encontrar patrones relacionados con género, orfandad, origen, migración y sus causas, estado civil, cantidad de hijos, familiares en la localidad, problemas a nivel familiar y comunitario, participación en programas sociales y redes de apoyo. El análisis de la información se desarrolló en el paquete estadístico SPSS.

El área de estudio y sus grupos sociales

La localidad de Los Laureles se ubica en la cuenca alta del río El Tablón en la REBISE, coordenadas 16°17’06.80 al norte y 93°41’46 al oeste, a una altitud de 1 128 msnm en el municipio de Villaflores, Chiapas. Los trece ejidos -además de Los Laureles- asentados en la cuenca (figura 1) colindan con la zona núcleo de mayor superficie (7 267 ha) conocida localmente como Tres Picos (^{DOF, 1995}). Ocupa una superficie de 827 ha. Su punto más alto está a 1200 msnm y las familias locales lo llaman Cerro Pecho Blanco. La cubierta forestal es bosque de neblina en la parte superior, pino-encino en la parte intermedia y selva baja subcaducifolia en la parte baja. Los predios forestados y deforestados se distribuyen en un mosaico intrincado. En temporadas de lluvias, los arroyos se extienden hasta los caminos. Además el río El Tablón ha llegado a desbordarse y limitar el acceso a la comunidad (^{MCDRR-UACh, 2014}).

Fuente: Elaborado por el Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística de El Colegio de la Frontera Sur (LAIGE-ECOSUR), enero de 2017.

Figura 1 Ubicación de la localidad de Los Laureles en la REBISE. Muestra los trece ejidos (más Los Laureles) de la cuenca alta del río El Tablón y la zona núcleo Tres Picos. 

Actualmente, viven en la localidad 26 familias (109 personas), con una proporción de entre tres y ocho miembros cada una (datos de campo, 2016; censo de la clínica comunitaria, 2016). Sus principales actividades económicas son a) la agricultura: principalmente cultivos como maíz, frijol, hortalizas y la cafeticultura convencional y orgánica; b) la ganadería de tipo extensiva con pastos inducidos; c) el aprovechamiento forestal maderable y no maderable; y d) el jornal (trabajo asalariado).

El poblado se conforma por dos pequeños asentamientos denominados por la gente local como Barrio Rico y Barrio Pobre (figura 2). Las familias campesinas que colonizaron Los Laureles provienen en su mayoría de localidades cercanas a la REBISE (Valle Morelos municipio de Villacorzo y Mapastepec) y en menor medida de otras no tan cercanas (San Juan Chamula y Simojovel). La estructura social de la localidad se basa en agrupaciones a) el grupo del comisariado, b) el grupo de los indígenas y c) el grupo del apoderado. En el Barrio Rico se asentaron las familias de los grupos del comisariado y el apoderado; la zona se caracteriza por contar con infraestructura (escuelas, casa ejidal, casa de salud y parque). En el Barrio Pobre se establecieron las familias del grupo de los indígenas con viviendas dispersas y sin ningún tipo de infraestructura.

Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de Google Earth, enero de 2017.

Figura 2 Estructura de la localidad de Los Laureles en la REBISE. Muestra los dos asentamientos conocidos como Barrio Rico a la izquierda y Barrio Pobre a la derecha. 

El primer grupo social se autodenomina «el grupo del comisariado», ya que el comisariado de la localidad funge como su líder. Son campesinos originarios del ejido Valle Morelos, de Villacorzo; fueron empleados de fincas y posteriormente pobladores rurales sin tierra; esa condición los motivó a migrar hacia la cuenca alta del río El Tablón. El grupo se encuentra integrado por trece familias (48 personas) que generalmente mantienen relaciones sociales, productivas y económicas entre sí. Cada una de estas familias posee una superficie promedio de diecinueve hectáreas; en conjunto representan 54% de la población que obtiene su ingreso de una producción de tipo diversificada (ganadería, cultivos y jornal). La producción que destinan al mercado aporta 49% de su ingreso (productos que comercializan entre los pobladores y en ocasiones con las localidades vecinas) y 51% de su producción es para el autoabasto.

El grupo de los indígenas -denominado así por los otros grupos- está conformado en su mayoría por población proveniente de los municipios maya-tsotsiles de San Juan Chamula y Simojovel. Está integrado por seis familias (29 personas) que eran campesinos con tierra, pero que por conflictos locales fueron desalojados de su lugar de origen. Poseen una superficie promedio de una a dos hectáreas; representan 33% de la población que tiene como principal actividad económica el trabajo como jornaleros, ya sea en la misma localidad, en poblaciones vecinas o en otros municipios. Obtienen 36% de su ingreso empleándose como jornaleros y 64% través de la producción que destinan para autoabasto (únicamente maíz y frijol).

El grupo identificado como del apoderado -se denomina así porque durante algún tiempo el líder del grupo se desempeñó como apoderado legal de la localidad- está integrado por exempleados de un rancho ganadero, provenientes de Mapastepec. Este grupo de siete familias (32 personas) llegó años después que los grupos del comisariado y el indígena; sin embargo, se posesionaron aproximadamente del 25% de las tierras de la localidad; cada familia posee entre 24 y 33 hectáreas. Representan 13% de la población. El grupo del apoderado obtiene su ingreso principalmente de la actividad ganadera: 84% por la venta de ganado y 16% por la producción que destinan al autoabasto.

Conformar las agrupaciones sociales (comisariado, indígena y apoderado) ha permitido que las familias generen apoyo y establezcan vínculos para enfrentar situaciones como las enfermedades, la producción de alimentos, los acuerdos en reuniones, las actividades comunitarias (el tequio) en las que participan los hombres y niños de la localidad, y principalmente el conflicto por la tierra. En este sentido, las familias que no han logrado integrarse o generar una agrupación social se han visto impelidas a abandonar sus tierras; como ejemplo, dos familias provenientes de Veracruz y Tabasco que no lograron incluirse o generar su propio grupo social tuvieron que partir en busca de otras opciones. Únicamente tres miembros de este grupo decidieron permanecer en Los Laureles y formar una familia con integrantes del grupo de los indígenas.

La difícil construcción territorial

Los primeros pobladores de la localidad de Los Laureles llegaron a probar suerte en el ejido de Tierra y Libertad en el municipio de Villaflores, Chiapas. Durante un periodo breve se emplearon como cortadores de palma camedor (Chamaedorea elegans). Meses después solicitaron su ingreso al ejido, pero la asamblea general se los negó bajo el argumento de que ya no había tierras disponibles. No obstante, el comisariado les dijo que había un predio cercano conocido como Cerro Pecho Blanco que podían gestionar ante las autoridades agrarias. A principios de 1987 partieron ilusionados hacia el Pecho Blanco, a las tierras que hoy se conocen como Los Laureles. Caminaron en medio del bosque y al llegar a una planada improvisaron pequeños refugios con hojas de palma, mientras se organizaban para repartir el terreno y ubicar sus casas. En palabras de la señora Juana: «llovía mucho... todo el día había viento y por las noches se oía el tigre, aquí cerquita, daba miedo, pero teníamos que aguantar porque necesitábamos las tierras» (HGJ, entrevista, 2015).

Unos días después conformaron un comité para comenzar la división de la superficie. Eran 39 socios (hombres y mujeres). Acordaron que un derecho agrario incluiría 20 hectáreas con un costo de 20 000 pesos; se podían adquirir uno o hasta dos derechos por familia para asegurarse como ejidataria o ejidatario. Luego del reparto comenzaron el trámite para gestionar la tenencia de la tierra. El 23 de febrero de 1987, amparados en la Nueva Ley Federal de Reforma Agraria, solicitaron las tierras de Los Laureles al entonces gobernador de Chiapas, Absalón Castellanos. Más tarde pidieron la intervención de la Comisión Agraria Mixta. Así, el secretario de la comisión, ingeniero José Lucero Mireles, envió una carta con fecha 29 de abril de 1987 al delegado agrario pidiendo le informara sobre la solicitud hecha por los pobladores de Los Laureles. Pocos meses después y conforme a los artículos de dicha legislación, el 30 de noviembre siguiente solicitaron la creación de un nuevo centro de población ejidal (N. C. P. E) y propusieron la conformación del Comité Particular Ejecutivo Agrario (CPEA) ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

En 1988 fueron enviados por la SRA tres citatorios a la localidad de Los Laureles. El primero para tratar el asunto del aprovechamiento del presunto terreno nacional Cerro Pecho Blanco. El segundo para solucionar un conflicto generado entre las localidades de Los Laureles y El Triunfo (comunidad vecina). El último citatorio para informar que se realizarían los trabajos técnicos en el poblado de Los Laureles.

A mediados de 1988, la Subdelegación de Procesos y Controversias Agrarias (SPCA) comisionó al ingeniero Jorge Montesinos Uvalle para que realizara la investigación sobre la capacidad agraria. Asimismo, informó a los pobladores que en caso de proceder su solicitud tendrían que conformar el Comité Particular Ejecutivo (CPE), a efecto de agotar las posibilidades de dotación de tierras por los procedimientos de restitución, ampliación de ejidos o de acomodo en otros ejidos. Realizados los trabajos, el comisionado informó haber recibido documentos de los 39 solicitantes y entregó al CPE el acta de investigación de la capacidad agraria. En su informe, Montesinos ratificó que el multicitado comité fue integrado y que formularon un acta de inconformidad puesto que los pobladores no querían trasladarse a otro sitio. También recolectó las constancias de los representantes de los ejidos aledaños e inspeccionó la superficie (linderos y mojones) de los predios de Los Laureles y El Triunfo además de corroborar el nombre de los propietarios.

El 23 de febrero de 1989 la SPCA informó, en seguimiento a la solicitud de referencia, que el expediente se encontraba pendiente de resumen y opinión para remitirlo a la dirección de dicha dependencia. Al siguiente año se reorganizó el CPE y designó como presidente a Ramiro Cervantes, como secretario a Florencio González y como tesorero a Pascual López.

El 20 de marzo de 1991 se reunieron en la presidencia municipal de Villaflores el CPE de Los Laureles y el comisariado ejidal de Viva Chiapas (comunidad aledaña) para tratar los límites de los mojones de El Cafetal y El Ocote. A fin de evitar confrontaciones solicitaron al delegado de la SRA el apoyo de un ingeniero para realizar la verificación de los linderos. Como respuesta, el 10 de julio la Comisión asignó al ingeniero Wilbert Duran, topógrafo de la dependencia, para ejecutar la misión.

El 9 de febrero de 1993 la Dirección General de Procedimientos Agrarios (DGPA) emitió el Acuerdo de Improcedencia, bajo el argumento de que los solicitantes no agotaron los procedimientos referidos en el artículo 244 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En 1995, los pobladores suspendieron las gestiones de tenencia de la tierra, pues en ese año se decretó el ANP conocida como la Reserva de la Biosfera La Sepultura.

El 22 de agosto de 1996, el subsecretario Néstor Aguirre, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, envió un oficio a José Becerra, coordinador agrario del estado, en el cual declaraba que los pobladores estaban en posesión del predio desde 1987 y que buscaban la tenencia de la superficie. Pidió considerar al grupo para que este pudiera hacer la gestión de su solicitud agraria sobre los terrenos nacionales en las oficinas correspondientes. Exhaustos por las movilizaciones y los pocos resultados, abandonaron el proceso durante cinco años.

El 31 de mayo de 2001 enviaron una solicitud de enajenación a María Herrera, secretaria de la Reforma Agraria. El 26 de septiembre de 2001 informaron al comisariado ejidal de la localidad que el presidente en turno, Vicente Fox, había remitido a la SRA una copia de su petición para regularizar el predio. El 13 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el deslinde de la localidad de Los Laureles con una superficie aproximada de 994-00-00 hectáreas (^{DOF, 2002}). Después de esto, nuevamente abandonaron el proceso. Pasados seis años, la Delegación estatal de la SRA en Chiapas emitió una constancia con fecha 3 de diciembre de 2008, en la que expuso la existencia del expediente agrario instaurado a nombre del C. Ediverto Martínez que incluía a 41 socios.

Al año siguiente, el 8 de octubre de 2009, dicha delegación señaló que existía una diferencia entre el acta de deslinde y el plano de los vértices colindantes con la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Esto supuso el inicio de un nuevo conflicto, esta vez frente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Al verse en desventaja, los pobladores de Los Laureles optaron por negociar los límites entre la zona núcleo y la poligonal de la localidad, y al final aceptaron ceder poco más de 100 ha para la ampliación de la zona núcleo Tres Picos (figura 3).

Fuente: Elaborado por la Dra. Juana Cruz-Morales Uach, enero de 2017.

Figura 3 Poligonal de la localidad 1987-2002. El polígono con línea azul muestra la superficie (994 ha) de Los Laureles en 1987. La línea roja marca el deslinde de 2002, por medio del cual la REBISE se apropió de 167 ha al negociar con la localidad. Las líneas paralelas en color azul muestran la superficie (167 ha) cedida por la población de Los Laureles a la zona núcleo Tres Picos. 

Esta vez desesperados por obtener la legalidad de sus tierras, los pobladores recurrieron a la gestión de una escritura apócrifa de la tierra por vía propiedad privada. Para ello acordaron en asamblea general nombrar a una persona como apoderado legal para que representara a la localidad. De esta forma gestionaron y compraron -con la aportación económica de todos los pobladores- una escritura de propiedad privada con un supuesto notario; sin embargo, esta escritura ampara la posesión de un predio denominado Arroyo Frío (486 ha) en un sitio conocido como El Encanto, ubicado fuera de Los Laureles. Meses después, el apoderado se asumió como único dueño de dicha escritura, lo que provocó un descontento entre los demás pobladores, generó enojo y con el tiempo fomentó desconfianza. A raíz de este suceso los pobladores se organizaron en grupos sociales: el del comisariado, el de los indígenas y el del apoderado legal.

A través del acercamiento que la población ha tenido con la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en 2016 los miembros de los grupos del comisariado y de los indígenas decidieron retomar la gestión de tenencia de la tierra sin tomar en cuenta al grupo del apoderado, pues este último insiste en tener resuelta la posesión legal de las tierras que usufructúa (205 ha) bajo el amparo de la escritura privada de la que se adueñó.

A finales de 2016 lograron que la SEDATU emitiera el documento legal con el cual se favorece el proceso de titularidad de la tierra: el acta de acuerdo de archivo que enuncia la condición actual del expediente agrario, actualizado y activo. Ante esto, las autoridades agrarias y ambientales coinciden en que es muy factible que la comunidad de Los Laureles obtenga la tenencia de la tierra para constituirse como ejido, pero solo si se establece una mesa de negociación agraria y llegan a acuerdos interinstitucionales. Advierten que en caso de un nuevo dictamen negativo, los pobladores de Los Laureles pueden iniciar un proceso jurídico contra la SEDATU, respaldados por el hecho de que la posesión de las tierras (1987) fue antes del decreto de la REBISE (1995) y con base en el principio: «regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población» (artículo 27 constitucional). Por otro lado, las autoridades de la SEDATU advierten que los decretos de Reserva de la Biosfera no tienen carácter expropiatorio y, en consecuencia, aunque una población no cuente con documentos que acrediten la tenencia de la tierra, existe un reconocimiento de posesión de las tierras por el tiempo que un pueblo ha usado, manejado y se ha apropiado del predio (representante de la ^{SEDATU, 2017}, comunicación personal).

El decreto de la REBISE y sus efectos

A partir del decreto de Reserva de la Biosfera (167 309 ha) en 1995, poco después de que la CONANP entrara en operación junto con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la localidad de Los Laureles fue categorizada como asentamiento irregular, lo cual provocó su exclusión y marginación de programas asistenciales. Los pocos programas y apoyos con los que contaban los pobladores les fueron retirados y desde entonces han tenido menos oportunidades para gestionarlos.

Uno de los apoyos más importantes para esta población fue otorgado en 1991 por medio del Banco Nacional de Crédito Rural. Solicitaron un crédito ganadero, a través del cual obtuvieron 40 cabezas de ganado que posteriormente debían ser repartidas entre los pobladores. Sin embargo, esto no sucedió, pues la persona designada como el apoderado legal y quién fuera designado para tramitar dicho apoyo no lo entregó. El golpe más duro llegó en 2002, cuando fue cancelado Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), que significaba el ingreso más fuerte de la localidad. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) los incluyó en el PROCAMPO durante el periodo de 1991 a 2002, con lo cual las familias recibían un pago anual de $1000 pesos por hectárea. Fueron beneficiados también con el apoyo de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (único programa que permanece activo), con el cual año con año han construido algunas instalaciones como la casa ejidal, la clínica comunitaria, la agencia municipal, planteles para preescolar y primaria y una cancha de basquetbol.

Tanto el PROCAMPO como el crédito ganadero fueron determinantes en la generación del conflicto social. Primero, porque el apoderado legal tomó decisiones sin consultar a sus representados para fungir como gestor ante las dependencias gubernamentales y cobraba los recursos otorgados por las dependencias a nombre de todos los integrantes del grupo, en efectivo y en especie. En el caso del recurso otorgado por PROCAMPO, el apoderado consideró que, debido a su labor como representante frente a la SAGARPA -que consistía en cobrar un cheque, cambiarlo y después distribuir el dinero entre sus compañeros pobladores- le correspondía quedarse con cierto porcentaje del pago de cada uno. Al gestionar el crédito ganadero, nuevamente el apoderado -quien era el único que contaba con la infraestructura (potreros) y los conocimientos para el mantener el hato- se ofreció para encargarse del ganado mientras los demás pobladores arreglaban sus instalaciones. Sin embargo, al poco tiempo se asumió como único dueño del hato.

Este evento determinó la configuración productiva y económica de la localidad. A raíz de este suceso se detonaron los conflictos internos. La relación social entre los grupos locales se deterioró por lo que varias familias abandonaron sus tierras. La dirección de la REBISE estaba enterada de los sucesos sin embargo, decidió mantenerse al margen de estos (entrevista, octubre de 2010). Con el desgaste de las relaciones sociales en la localidad y el abandono por parte de la dirección de la REBISE, los pobladores se mantuvieron varios años desorganizados y en cierta medida sometidos por el grupo del apoderado. Durante ese lapso experimentaron sobre todo la falta de apoyos gubernamentales, lo que eventualmente llevó a que los grupos del comisariado y los indígenas comenzaran a organizarse -relativamente- para retomar los trámites de tenencia de la tierra ante la SRA.

Por su parte, la CONANP ha otorgado pequeños apoyos a la localidad. Podemos citar los casos: Programa Maíz Criollo (2009) proporcionado al grupo de los indígenas; el Proyecto de Ganadería Silvopastoril (2012-2014) en el que participaron diez productores; además, un grupo de diecisiete personas se integró a la Unión de Productores de la Sierra de Villaflores para incentivar la producción de café. No obstante, la propagación de la plaga roya (Hemileia vastatrix) provocó que este grupo se dividiera, y que algunos de ellos -cerca de 50 % de los productores- aceptaran créditos de la corporación internacional Café California. Esta trasnacional ha incitado a los productores al uso de nuevas técnicas para café convencional y no de conservación.

En este sentido, la CONANP realiza pequeños esfuerzos para el funcionamiento de la Unión de Productores de la Sierra de Villaflores; cada año destina recursos a su directiva para alentar la cafeticultura de conservación en la cuenca alta del río El Tablón. Desafortunadamente, debido a la condición de marginados de Los Laureles, después de que los recursos pasan por diversos intermediarios (locales y externos) no llegan o llegan incompletos a los productores de este poblado. Otros programas otorgados y administrados por la CONANP son el Programa de Empleo Temporal y el Programa Conservación para el Desarrollo Sostenible, a través de los cuales se captó un total de $89 000 pesos entre 2004 y 2009, esto debido a la importancia de Los Laureles por su colindancia con la zona núcleo Tres Picos.

En el periodo de 2002 a 2004 las tres agrupaciones sociales gestionaron el Programa de Pago por Servicios Ambientales. Sin embargo, el grupo del apoderado no estaba de acuerdo en que los otros dos grupos recibieran también el apoyo -pues argumentaba que únicamente ellos poseían títulos de propiedad- por lo que acudieron a las autoridades de la reserva para reportar una serie de «anomalías» que estaban supuestamente propiciando el grupo del comisariado y el de los indígenas. Como resultado, los técnicos encargados del proyecto suspendieron los trámites.

La localidad de Los Laureles por medio de una constancia de posesión de la tierra emitida por la presidencia municipal de Villaflores ha logrado gestionar proyectos modestos y de corto plazo. Sin embargo, esto se ha convertido en un mecanismo que desalienta un esfuerzo colectivo para la gestión de la tenencia de la tierra, lo que les proporcionaría recursos más importantes y a largo plazo.

Por otro lado, aunque la CONANP ha mantenido una posición laxa con la localidad, sus pobladores aseguran que en los primeros años del establecimiento de la reserva eran vigilados constantemente por parte de los representantes de dicha institución. Periódicamente llegaban a la comunidad a dictarles reglas ambientales como no quemar, hacer guardarraya para evitar incendios agrícolas y forestales, no talar, no cazar y otras más. Con el paso del tiempo, la presencia se ha vuelto esporádica; y a pesar de que los pobladores respetan las normas ambientales mencionadas, aseguran que a la fecha son vigilados vía satélite. Esta condición provoca que vivan temerosos y a la expectativa de desalojo, pues ya sucedió con la localidad Granos Básicos (^{Cruz-Morales, 2014a}) que se encontraba en condición similar.

Los actores que intervienen en la construcción de la gobernanza ambiental

En suma, durante el recorrido diacrónico se logró identificar a diferentes actores sociales que intervienen en la construcción de GA en Los Laureles y el papel que han jugado y que ha sido determinante para la permanencia y situación actual de la población; entre estos cabe mencionar los grupos sociales de la localidad (indígenas, comisariado y apoderado), las localidades vecinas (El Triunfo y Viva Chiapas), el comisariado de Tierra y Libertad y los actores institucionales como la SRA, la CONANP, SAGARPA y el ayuntamiento municipal. La interrelación con cada actor ha planteado un conflicto que han tenido que sortear los actores locales, lo cual muestra su capacidad de resolución de conflictos, pero también la desventaja en la que se encuentran, pues algunos han desembocado en la cancelación de programas de apoyo como el PROCAMPO y en una fallida gestión para lograr la resolución presidencial como ejido, o bien en la cancelación de los trámites para convertirse en sujetos del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos.

La negociación sobre la protección de la zona núcleo es quizás la mejor decisión que han tomado para permanecer en sus tierras. En cierta forma han logrado generar la GA respetando el marco regulatorio impuesto por la CONANP: «fuimos (…) a las oficinas (de la CONANP) fuimos a levantar unas minutas de trabajo donde íbamos a respetar las líneas (…). Cuando muy comenzamos iniciamos con 994 hectáreas. Pero ahorita como ya se recortó la línea roja (de) la biosfera (…) ya quedó como 827 hectáreas. No son muchas hectáreas (…) pero estas 827 ya fue con un acuerdo de la REBISE» (PME, entrevista, 2010). Los conflictos en esta localidad han sido más de corte social e intracomunitarios que con actores gubernamentales.

Discusión

La ausencia de una consulta previa y la integración de comunidades locales en reservas de la biosfera propician una gestión ambiental basada en relaciones de poder, la cual termina por configurar la estructura -en términos agrarios, sociales y económico-productivos- de las localidades. Por citar un ejemplo, en la reserva de la biosfera de Calakmul existe una descoordinación entre la política gubernamental y las agencias de conservación; también se nota una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno: federal, regional y local, que provocó que en el proceso de creación de la reserva fuera excluida la población local. En la reserva Ría Celestún, los programas de conservación impusieron restricciones a las actividades tradicionales de la población local, lo que ha generado tensiones entre esta y las autoridades de la reserva. Tales conflictos han propiciado la emigración de la población local hacia centros turísticos como Cancún o la práctica ilegal de sus actividades (pesca) en la reserva. Para mitigar esta condición se han desarrollado actividades alternas como el ecoturismo, pero resulta una medida insuficiente. Otro caso es el de la reserva Otoch Ma’ax Yetel Kooh en cuya creación se ignoró el papel que había desarrollado la población local para la conservación de los recursos; por el contrario, las agencias de conservación gubernamentales se centraron en definir qué deberían hacer con la población local (^{García et al., 2009}). Factores como el desconocimiento sobre las regulaciones ambientales propician y favorecen la generación de conflictos, pues restringen la participación de las poblaciones (^{Liscovsky y Parra, 2016}).

En el caso de Los Laureles -cuyos pobladores tienen ya 30 años trabajando las tierras- se han enfrentado a condiciones adversas, que se exacerbaron luego del decreto. El hecho de no contar con la tenencia de la tierra, aunado al decreto de reserva, provocó que Los Laureles fueran categorizados como asentamiento irregular, y eso modificó de manera considerable las formas de vida de sus pobladores, pues en un inicio contaban con importantes apoyos gubernamentales que dejaron de entregarles después del decreto. El conflicto por la tierra se convirtió en un problema constante, primero frente a las autoridades de conservación y en años más recientes entre los mismos pobladores, quienes ahora experimentan un fuerte conflicto interno. De este modo, el deseo de permanecer en la localidad los ha obligado a basar sus formas de organización en agrupaciones sociales.

Por otro lado, resulta importante señalar que, a diferencia de otras localidades en la misma situación, la localidad de Los Laureles mantiene vínculos -aunque mínimos- con actores externos como la CONANP, la presidencia municipal de Villaflores y más recientemente con la Universidad Autónoma Chapingo y El Colegio de la Frontera Sur. Es decir que la gobernanza ambiental en esta localidad está mediada a través de la gestión de pequeños proyectos y apoyos generalmente condicionados por los intereses de cada actor.

Este contexto determina la estructura económica y productiva. Encontramos que hay relativamente menos ganaderos y más jornaleros por causa de una mayor polarización social (^{Rosabal, 2015}; ^{Zabala et al., 2013}). A diferencia de los trece ejidos (30 de Noviembre, Josefa Ortiz, La sombra de la Selva, Flores Magón, Nueva Esperanza, El Paraíso, California, Tres Picos, Nueva Independencia, Los Ángeles, Tierra y Libertad, Viva Chiapas y El Triunfo), Los Laureles debería figurar como una localidad prioritaria por su colindancia con la zona núcleo Tres Picos; sin embargo, debido a su categorización como irregular ha quedado al margen de programas agrícolas y ambientales. En términos agrarios -al menos en Chiapas- existen numerosas localidades que no han alcanzado el estatus de ejidos. En ellos la lucha por la tierra genera conflictos internos, así como con otros poblados aledaños y con las autoridades ambientales. Este problema de inseguridad agraria no es exclusivo de Los Laureles, pues en Chiapas hay al menos 466 725 hectáreas en trámite para regularización, mientras que 1 329 056 de ha se hallan rezagadas debido a que no han actualizado su expediente (representante del RAN, comunicación personal, 2017).

En el caso de los asentamientos irregulares de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA) fue necesario instalar una mesa agraria de negociación para tratar a cada una de las localidades, pues todas ellas cuentan con su propia particularidad. No obstante, ya se han dado algunos casos de reubicación y desalojo forzado (^{Durand y Figueroa 2014}; ^{Trench, 2017}). A la fecha y pese a la voluntad de las autoridades agrarias y ambientales, en Montes Azules continúa la batalla por la tenencia de la tierra. En el caso de la REBISE es probable que la situación resulte positiva para Los Laureles, puesto que se trata de pocas familias. Sin embargo, esto queda únicamente a consideración de la dependencia correspondiente, la SEDATU, y de la disponibilidad de los solicitantes para dar seguimiento al proceso, con un tiempo estimado de 15 años.

El caso de Los Laureles es particularmente importante ya que, a diferencia de otras localidades, por ejemplo Nuevo Villaflores, Benito Juárez Miramar y Nuevo San Gregorio, en la REBIMA los conflictos agrarios se suscitaron entre los actores territoriales (campesinos y lacandones) y debido al traslape de decretos anteriores a la reserva; por su parte las instituciones gubernamentales deciden continuamente sobre la permanencia o la reubicación de pueblos en situación de irregularidad (^{Durand y Figueroa, 2014}; ^{Legorreta y Márquez, 2014}; ^{Trench, 2017}).

Caso contrario en Los Laureles donde los conflictos han sido más fuertes a escala intracomunitaria que con actores externos. Los pobladores han abandonado en varias ocasiones la gestión de la tenencia de la tierra debido a que al obtener la constancia de posesión se olvidan momentáneamente del problema. Pero cuando las autoridades ambientales operan proyectos en localidades vecinas, de nuevo intentan retomar el trámite, y luego de cierto tiempo vuelven a abandonar el proceso. Aunque les preocupa la posibilidad de ser desalojados, aseguran que están cumpliendo con las reglas de la CONANP pero que a pesar de ello no reciben los «beneficios» de la conservación, por ejemplo, el acceso a programas como el Pago por Servicios Ambientales, o bien a proyectos productivos.

Por su parte, las autoridades ambientales advierten que si una población no comete alguna falta que ponga en riesgo la conservación de los ecosistemas en protección no tiene por qué tramitarse su reubicación (^{DOF, 1988}). No obstante, estas pautas generan incertidumbre entre los pobladores y los actores externos (SEDATU, CONANP) por su ambigüedad y la contradicción jurídica -en términos de la tenencia de la tierra- para el caso del decreto de Reserva de la Biosfera. Como ejemplo, en la REBISE tenemos la situación del predio conocido como Granos Básicos que ha sido invadido y desalojado en dos ocasiones.

La defensa de los espacios de vida se ha visto limitada en Los Laureles, pues la construcción social del territorio ha estado fuertemente permeada por el poder y el dominio que ha ejercido el grupo del apoderado sobre los otros grupos, lo que ha impedido -hasta muy recientemente- empezar a transitar a formas de organización comunitaria más desarrolladas que la de agrupación social. Matijasevic y Ruiz plantean que «la visión de los campesinos se sostiene en la defensa de un espacio de vida que rebasa la dimensión productiva agropecuaria para abarcar la organización comunitaria, las relaciones de poder, la historia, la identidad y la cultura» ^(2013:36).

En Los Laureles las agrupaciones sociales constituyen la cohesión comunitaria que permite enfrentar condiciones adversas por medio de la distancia y la proximidad, mientras que la adaptación sugiere la resistencia ante cambios y dificultades. Esta capacidad reafirma la importancia de los recursos familiares para enfrentar ciertas condiciones, tales como conflictos, crisis e imprevistos (^{Medellín et al., 2012}). En este sentido, cada grupo social en Los Laureles puede considerarse diferente en términos productivos. El grupo del apoderado tiene una mayor tendencia hacia la actividad ganadera, el del comisariado es más propenso a la diversificación y los miembros del grupo de los indígenas, debido a su carencia de tierras para cultivar, se ven obligados a emplearse como jornaleros.

La disputa interna por la tierra en Los Laureles es una amenaza relevante y latente; es el factor que limita la acción colectiva para la gestión de la tenencia de la tierra. Casos similares se viven en algunos asentamientos en la Reserva de Los Tuxtlas, Veracruz, donde la desconfianza hace que los conflictos sean una constante (^{Paré y Fuentes, 2007}). En la REBISE otras experiencias han mostrado que la organización y la unión son elementos fundamentales para alcanzar objetivos comunes y hacer un modo de vida en las condiciones que impone el régimen de Reserva de la Biosfera. Los ejemplos más significativos son el ejido Tierra y Libertad (^{Speelman et al., 2014}) y la localidad de El Triunfo -también irregular-, que logró obtener el Pago por Servicios Ambientales y otros proyectos (^{Cruz-Morales, 2014b}).

La gestión social en el poblado de estudio se entiende como una situación de adaptación, pues los grupos generan alianzas siempre y cuando exista un interés común, que en general es la gestión de proyectos. La alianza entre los grupos del comisariado y los indígenas sirvió para hacer frente al grupo del apoderado. No obstante, a escala comunitaria los tres grupos sociales de Los Laureles resisten «cumpliendo con las prohibiciones de la CONANP» para permanecer y continuar con sus formas de vida en sus tierras.

Conclusiones

La gobernanza ambiental permite identificar a los actores -intereses, estrategias y acciones- involucrados en la estructura de las localidades. En el caso de Los Laureles, hasta 1995 (decreto de la REBISE) la posesión de las tierras no tuvo dificultades; los pobladores participaron activamente en la gestión de proyectos e incluso tuvieron acceso a programas como el de Apoyos Directos al Campo. Posteriormente, su permanencia se puso en duda, ya que la localidad fue identificada por las autoridades ambientales como asentamiento irregular. Al mantenerse excluidos de los programas de apoyo financiero (Pago por Servicios Ambientales, Programa Conservación para el Desarrollo Sostenible) y solo contar con programas esporádicos y de corto alcance económico (Programa Maíz Criollo y Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal), la reproducción económica de la mayoría de las familias, pero en particular para aquellas que tienen poca tierra, está mayormente centrada en la producción para autoabasto o la compra de alimentos derivados del jornal y menos en la venta de productos agropecuarios.

En un inicio concentraron el poder en el grupo del apoderado y equivocadamente recurrieron a la gestión de una escritura errónea. Como resultado, dicho grupo se asumió como dueño de las tierras y durante cierto tiempo los grupos del comisariado y los indígenas se vieron sometidos por aquel. Sin embargo, debido a las condiciones de desigualdad los grupos sometidos retomaron el proceso de tenencia de la tierra, esta vez ante la SEDATU.

La apropiación de las escrituras privadas por parte del grupo del apoderado configuró la estructura agraria, económica y social de la localidad. Esto influyó en la cantidad y la disponibilidad de tierra; al apoderarse del ganado, estas familias se apropiaron también de una mayor cantidad de tierras. Otros con menos terreno se dedicaron mayormente a la agricultura diversificada y quienes se quedaron con muy poca superficie o carecen totalmente de tierras se han estado empleando como jornaleros o se ven forzados a prestar tierras para sembrar maíz y frijol.

Por otro lado, podemos señalar que la débil gestión social con actores externos ha funcionado en beneficio de algunas familias para perpetuar la concentración de las tierras, pues les ha permitido continuar incrementando sus propiedades. A escala comunitaria únicamente identificamos que respetar los acuerdos y las reglas impuestas por la CONANP para la conservación ha sido la forma de mantenerlos en colaboración.

Nuestra hipótesis plantea que la «irregularidad» de este centro de población -y la consecuente escasez de transferencias gubernamentales para enfrentar la pobreza- propició que las restricciones y las dificultades que son comunes a la reproducción social de las familias campesinas en toda la REBISE se expresaran de manera más aguda, generaran mayor disputa interna por la tierra y aumentaran la polarización económica. En consecuencia, las estrategias alternas para enfrentar la precariedad, la incertidumbre y el conflicto se han tejido hasta ahora más en torno a la afiliación a pequeños grupos familiares solidarios que en torno a la gestión colectiva dirigida a superar la irregularidad agraria y sus consecuencias. En conclusión, la categorización de la localidad de Los Laureles como «irregular» por las autoridades ambientales propició su exclusión y marginación de apoyos y programas productivos (federales y estatales). Como resultado, la reproducción social de las familias se vio afectada directamente, puesto que las dificultades comunes en la REBISE impactan de forma más aguda a estas familias. Por otro lado, la lucha interna por la tierra incrementó la polarización económica. En este contexto, la estrategia social se centra en recurrir a a) las agrupaciones sociales y b) obedecer las reglas sobre conservación, lo que les permite a estas familias continuar en el territorio. Sin embargo, dejan de lado la unidad comunitaria con la cual obtendrían mayor seguridad para enfrentar la irregularidad agraria y sus implicaciones.

En términos generales, pero particularmente en Los Laureles, los objetivos de cada actor difieren y en algunos casos se contraponen. A decir de la CONANP, su objetivo principal es conservar los recursos (a través de reglas sobre su uso y apropiación); el ayuntamiento municipal otorga pequeños apoyos a cambio de aminorar la presión por la gestión de la tenencia de la tierra; la SEDATU, si bien brinda seguimiento, mantiene un perfil bajo a la hora de definir la situación; por su parte, la Universidad Autónoma Chapingo y El Colegio de la Frontera Sur buscan potenciar la capacidad de gestión de los pobladores para disminuir su dependencia hacia los programas asistencialistas y favorecer la conservación de la naturaleza. A escala intracomunitaria, el grupo del comisariado ha generado alianzas con el de los indígenas con dos objetivos claros a) enfrentar al grupo del apoderado y b) continuar con la gestión de la tenencia agraria, mientras que el grupo del apoderado ha optado por concentrar tierras para de esta forma adquirir control sobre los otros grupos.