INTRODUCCIÓN

Los lazos de solidaridad entre la tribu yaqui, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena son una estrategia de lucha y resistencia que busca crear un frente indígena nacional en defensa de los recursos naturales de los territorios étnicos. Esta coyuntura, sin embargo, se contextualiza tras un largo proceso de aceleración del capitalismo, en el que los grupos indígenas han visto con justa preocupación la intervención de la economía global en sus territorios, sobre todo porque ello significa el desplazamiento de sus culturas, el deterioro de sus recursos y el extremo empobrecimiento de sus miembros. La tribu yaqui, no exenta de este proceso, ha continuado una lucha ancestral por mantener su territorio, aunque eso no los ha eximido de experimentar modificaciones en este y en sus proyectos autonómicos. Por el contrario, los planes de desarrollo nacionales promovidos en diferentes periodos históricos han condicionado muchas de las prácticas del pueblo yaqui y han influido de manera determinante en la composición actual de su organización sociopolítica y en sus límites territoriales.

La resistencia de la tribu yaqui ha atraído a los sectores más vanguardistas del movimiento indígena para fortalecer las demandas que buscan construir la organización autonómica. No obstante, las particularidades ecosistémicas del noroeste mexicano, en específico en la región yaqui, imposibilitan un desarrollo productivo autosustentable. La tribu carece sobre todo de agua y se ve en la necesidad de mantener canales de diálogo con las instituciones estatales para establecer acuerdos sobre el manejo de este recurso. Visto así, las posibilidades del desarrollo agrícola están sujetas a los designios de la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias. A veces las negociaciones no son las más favorables pero esto no desvirtúa el profundo arraigo de los yaquis en su territorio ni la larga lucha histórica por conservarlo. En este contexto de dependencia los distintos sectores de la sociedad yaqui se encuentran en un proceso de adaptación y discuten acerca de los proyectos productivos y culturales necesarios para garantizar el dominio del territorio ancestral y la autonomía productiva.

El objetivo de este artículo es centrarnos en la historia reciente de la comunidad, principalmente a partir de la instauración del Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui (PIDTY) en las últimas dos décadas del siglo XX; proceso que aceleró la integración del territorio yaqui a la economía global y que modificó algunos aspectos que actualmente repercuten directamente en la forma como se ejerce la autonomía yaqui. Frente a este panorama pretendo mostrar los principios que deben guiar la vida de los yaquis, mismos que se sintetizan en un sistema de lógicas al que ellos llaman lu’uturia yo’owe ‘la gran verdad’.

LA AUTONOMÍA YAQUI Y LA LU’UTURIA YO’OWE

Como se ha mencionado, un punto relevante de la identidad yaqui o yoeme es la defensa del territorio, elemento fundamental en el ejercicio de su autonomía (^{Figueroa, 1994}). La tradición de lucha en defensa de la tierra, durante más de cuatro siglos, es una prueba de este arraigo. Edward Spicer señala que este apego está relacionado con sus creencias religiosas, según las cuales «Dios le dio la tierra a todos los yaquis y no un pedazo a cada quien» (^{Spicer, 1945}). Su «historia épica» -como señalara Ignacio Almada- ha sido resultado de una tenaz resistencia por conservar su cultura (^{Fabila, 1939}; ^{Velasco, 1988}; ^{Spicer, 1994}; ^{Almada, 2000}). Historiografía que describe resistencias desde las reformas borbónicas y hasta nuestros días.

La autonomía yaqui se puede entender como la capacidad que tiene el pueblo yoeme de autogobernarse de acuerdo con su sistema tradicional, dentro de un territorio reconocido como propio tanto al interior como al exterior de la comunidad y sobre el cual tiene total injerencia para su administración. Esta última involucra los siguientes aspectos: un sistema de gobierno tradicional propio, cuya jerarquización, organización y funciones son exclusivas de los yaquis; la capacidad de ejercer un sistema de justicia para sus miembros; la conservación de la propiedad comunal de la tierra, lo que implica su participación definitiva en la toma de decisiones sobre los recursos naturales de su territorio, así como el monopolio para administrar la distribución del espacio de acuerdo con su tradición, interés y trayectoria etnohistórica (^{Lerma, 2009}). La autonomía, tal como la comprenden los yaquis, coincide con la caracterización que hace Díaz Polanco cuando señala que, a diferencia de lo autogestión, implica formar parte de un Estado nacional en un plano de coordinación:

Los regímenes autonómicos se establecen en el marco de estados nacionales determinados. El ente no cobra existencia por sí mismo, sino que su conformación en cuanto tal se realiza como parte de la vida político-jurídica de un Estado. El régimen de autonomía responde a la necesidad de buscar formas de integración política del Estado nacional que estén basadas en la coordinación y no en la subordinación de sus colectividades parciales. Por consiguiente, en tanto colectividad política, una comunidad o región autónoma se constituye como parte integrante del Estado nacional correspondiente (^{Díaz Polanco, 1996}:153).

El territorio yaqui se organiza tradicionalmente en ocho pueblos, todos fundados por los misioneros jesuitas en el siglo XVII: Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Rahum, Huirivis y Belén. Se ha pretendido que la misma cantidad permanezca a través del tiempo; cada uno -al menos en forma ideal- cuenta con solo una sede de gobierno a la que se conoce como Guardia Tradicional. Asimismo, cada pueblo cuenta con una iglesia en la que se congregan diferentes organizaciones que constituyen la ritualidad yaqui: la comunila, las cantoras, los matachines, entre otros.

Cobra suma importancia el hecho de que la organización social en sus diferentes niveles y sectores deba cumplir normativas que en su conjunto son conocidas como «la gran verdad», en lengua yaqui llamada lu’uturia ‘verdad’, yo’owe ‘grande’, ‘viejo’). La lu’uturia yo’owe podría ser interpretada como un sistema de verdades que guían la forma en que debe comportarse una persona durante su vida (preservar la costumbre, pagar las mandas, casarse por la iglesia, cumplir los cargos, ser honrado, hablar con la verdad, ser justo, ayudar al prójimo, defender el territorio); el modo en que uno debe relacionarse con los otros (compartir los alimentos, colaborar en las fiestas, mirar por el bien común, no acaparar la tierra, recoger a las huérfanos, respetar a los ancianos, proteger a las mujeres y a los niños, respetar a las autoridades tradicionales, participar en las asambleas) y la forma en que debe darse continuidad a las creencias religiosas, al sistema de gobierno y de impartición de justicia, así como cumplir las normas que reproducen la ritualidad. Los sistemas de cargos, los pagos de mandas, el cumplimiento del calendario festivo y otros aspectos culturales mantienen exclusivas formas de organización que marcan pautas de comportamiento y de deberes, estos aspectos también son parte de la lu’uturia yo’owe.

Para los yaquis el cumplimiento de la «gran verdad» tiene como fin la sana convivencia de todos sus miembros, el que nadie del grupo quede desprotegido de sus recursos de subsistencia, el mantenimiento de la organización familiar, la conservación de la cultura, la preservación del territorio y las relaciones de reciprocidad con sus entidades anímicas (seres divinos). Se esperaría que al cumplirse esta existiera una manera adecuada, digna y feliz de vivir.

En algunos espacios es más asible observar la lu’uturia yo’owe, como en la Guardia Tradicional, que tiende menos a su innovación. Esta se compone de cinco gobernadores elegidos por los líderes espirituales de cada pueblo, que son aprobados por la asamblea general de la comunidad. Siguiendo a Hilario ^{Molina (1999)}, y de acuerdo con la «gran verdad», en el sistema de gobierno yaqui cada pueblo cuenta con un kobanao, quien por lo general dura un año en el cargo y actúa formalmente como «el gobernador»; sus funciones son ejecutivas y tiene un importante papel en la toma de decisiones concernientes a la problemática interna de su pueblo. Es también quien se coordina con los gobernadores de otros pueblos yaquis para la resolución de problemas que atañen a toda la tribu. Le sigue en importancia jabo’iyo’owe, conocido también como «pueblo mayor»: representante del consejo de ancianos (una especie de «consejo consultivo») y aunque este no tiene poder definitivo en la toma de decisiones, su opinión es muy valiosa al ser expresada por quienes alguna vez ocuparon cargos de importancia en el gobierno tradicional. El tercer lugar en el mando lo ocupa el wiko’ o ya’ut, quien es equivalente a un capitán y se encarga principalmente de la defensa del territorio, supervisando el respeto de los límites de su pueblo con los colindantes y el resguardo del orden en el monte y en la porción de sierra que les corresponde. Asimismo, se encarga de la protección de la gente y la preservación del orden público. A su mando se encuentra la parte militar que actúa bajo su supervisión en las vigilancias nocturnas. El cuarto de los gobernadores se halla aunado a las tareas del wiko’ o ya’ut, es el nejja ya’ut, quien desempeña un papel judicial, resguarda el territorio y ejecuta las disposiciones que restablezcan el orden civil. Por último, el ji’ojtereo, también llamado «secretario», se encarga principalmente de cuestiones administrativas con el exterior y de gestionar los acuerdos y negociaciones con el gobierno estatal. A diferencia del resto de cargos, que duran un año, este último no tiene límite de tiempo establecido y su permanencia depende de su desempeño y de su disposición para continuar en el puesto. Esta estructura de gobierno que se mantiene en cada pueblo, sin embargo, no puede actuar de manera autónoma sin la aprobación de la asamblea general del pueblo que representa, por lo que cada domingo se reúnen los miembros de la tribu yaqui en la Guardia Tradicional para discutir sobre cuestiones de interés público y tomar las decisiones más convenientes, a las que continuamente llegan por consenso.

En lo que concierne a la región yaqui, se reconocen formalmente dos instancias que congregan a los ocho gobiernos tradicionales: una representada por Pótam, cabecera de los cuatro pueblos del norte, y Vícam, cabecera de los cuatro pueblos del sur. Se señala constantemente que las dos cabeceras funcionan como instancias de discusión y decisión para solucionar problemas que atañen a la etnia en su conjunto. El hecho de que existan dos cabeceras hace posible que en caso de una querella en que Potám o Vícam estén involucrados intervenga un juez imparcial, y de este modo la cabecera no implicada puede dar una opinión neutral. Si bien a este modelo de organización política se le conoce como el sistema de gobierno tradicional yaqui, que en apego a la «gran verdad» debiera permanecer inamovible, respetado y siempre fiel al principio de garantizar el bienestar «de toda la tropa hasta llegar al más pequeñito», como dicen en la tribu, ha tenido que enfrentar retos internos para conseguir su permanencia. Este sistema de gobierno, que se cita siempre al abordar su organización política autónoma, ha tenido algunas variaciones en las comunidades, lo que ha llevado a sus dirigentes a discutir el modo como debe trazarse el camino para seguir construyendo la autonomía y garantizar el bienestar de todos sus miembros. Como nota al margen es de señalar que actualmente cuentan con algunos proyectos autónomos productivos: cooperativas agrícolas, ganaderas y camaroneras y mantiene un proyecto de planificación educativa y cultural (^{Lerma, 2007}).

Sin embargo, la autonomía yaqui no carece de problemáticas profundas que deben ser explicadas para comprender el reto que significa mantener una organización social de este tipo, sobre todo ante la expansión del sistema económico globalizador. Aquí señalaremos principalmente algunos aspectos políticos y económicos posteriores a 1980 que dieron lugar a las condiciones actuales en el territorio yaqui. En ese periodo inició la planificación del modelo productivo de manera más sistematizada con el despegue del Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui, cuyos resultados trajeron serias transformaciones en el modelo de gobierno yaqui y en sus proyectos de desarrollo autónomo.

ASPECTOS DE LA SITUACIÓN TERRITORIAL

La integración del Valle del Yaqui a los proyectos económicos liberales de Porfirio Díaz puede rastrearse desde antes de la dictadura; sin embargo, este periodo se contempla como parteaguas de la historia para los yaquis, toda vez que significó el ingreso irreversible de la economía capitalista en sus dominios y el despojo de una parte de su territorio. En esta coyuntura dos de los ocho pueblos yaquis fueron invadidos por mestizos y hasta la fecha siguen sin ser recuperados.¹ No obstante, casi cuatro décadas después de la deportación, exterminio y diáspora de los indios yaquis (^{Kennet, 2005}; ^{Padilla, 1995}) el presidente Lázaro Cárdenas les firmó un decreto de restitución territorial en 1936.² Con este evento, y a pesar de que los pueblos mencionados quedaron al margen de la negociación, los yaquis aceptaron el acuerdo a cambio de la pacificación en el territorio. Con este evento la etnia contó con la posibilidad de reorganizar su estructura social dentro de los límites establecidos.

Lo que se conoce en el estado sonorense como «el problema yaqui» se refiere a los conflictos por la delimitación definitiva del territorio y la falta de ejecución del decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, lo que pondría fin a las disputas por el reconocimiento legal del territorio. Problemática que se desprende de la ausencia de la ejecución del decreto de 1940 en el que se reconoció a la tribu las tierras asentadas en la margen derecha del río Yaqui. Desde entonces, aunque los yaquis tienen la posesión de la tierra y el control del territorio, lo cierto es que falta la resolución oficial, postergada indefinidamente por las instancias gubernamentales. Ante la evasión, las invasiones por parte de los yoris (mestizos) no se han hecho esperar, además de que ciertos desastres naturales han recorrido las fronteras iniciales, situación bien aprovechada por las autoridades sonorenses para reducir la propiedad yaqui. Sin embargo, los casos más graves en las modificaciones fronterizas del territorio han sido resultado de las malas negociaciones con el gobierno federal.

Aunque en la década de 1930 Alfonso Fabila observó con entusiasmo los resultados del acuerdo con Cárdenas, resaltando los progresos económicos y sociales que la Comisión Intersectorial,³encargada de la reorganización del territorio, promovió en las comunidades yaquis, no puede dejarse de lado el análisis que Adolfo ^{Gilly (1971}) elabora del periodo cardenista, calificándolo como un proceso de corporatización de los sectores campesinos -entre ellos los indígenas con propiedad comunal- para fortalecer el Estado mexicano y abrir la puerta al modelo capitalista. El saldo de la política que se inauguró tras el acuerdo con Cárdenas se visualiza menos alentador desde la perspectiva de Alejandro Figueroa, quien para los años ochenta observa ya la decadencia de la política estatal. Lo que se tradujo en una dependencia económica total de la comunidad yaqui hacia las instituciones de financiamiento agrícola y hacia los organismos estatales, con gran desventaja.

El Banco Rural, por ejemplo, manipulaba los ingresos y condicionaba los financiamientos a cambio de lealtades, al tiempo que designaba los tipos de cultivos y se apropiaba de la venta de las cosechas. Sin embargo, las quejas de los yaquis fueron principalmente por las corruptelas del banco y por el estancamiento que provocaba en el desarrollo económico de la comunidad (^{Figueroa, 1994}; ^{Valenzuela, 2004}).

Otras contrariedades se sumaron a esta, como la reducción del caudal de agua causada por la construcción de tres presas: La Angostura o Lázaro Cárdenas, construida en 1942; el Oviachic o Álvaro Obregón en 1952; la presa Abraham González en 1961 y la de El Novillo o Plutarco Elías Calles, construida en 1962; esta infraestructura almacena el agua del río Yaqui y no permite proporcionar el líquido requerido en el riego de los cultivos yaquis. El acuerdo inicial señalado en el decreto era que los yaquis recibirían hasta 50 % de las aguas almacenadas en La Angostura, pero el suministro nunca ha alcanzado este porcentaje.⁴

Los problemas se intensificaron posteriormente con las sucesivas invasiones de personas aledañas que se establecieron dentro del territorio tradicional. Aunque lo yaquis presentaron sus quejas frecuentemente ante las autoridades estatales, estas no fueron resueltas. Los yaquis desde entonces siguen demandando la restitución total del territorio y pugnando por la delimitación, que ellos consideran justa, del territorio reconocido por el presidente Cárdenas.

La historia, no obstante, no se ha detenido en este punto. La lucha por el reconocimiento legal del territorio sigue siendo una prioridad para los yaquis, conscientes de la necesidad de contar con un aval jurídico que ampare el sostenimiento de su autonomía territorial; aunque los resultados, contrario a lo esperado, han sido en detrimento de sus demandas. Los eventos ocurridos tras la década de 1980, a raíz del fracaso del Plan Integral de la Tribu Yaqui, han complicado la situación y han provocado una fragmentación de la organización política yaqui y una demora en el reconocimiento oficial del territorio. Aspectos que ocupan gran parte del potencial político yaqui, pues las acciones políticas de los representantes de su gobierno se dirigen a este interés como una prioridad y se ven forzados a dejar de lado otros aspectos importantes también para la consolidación de la autonomía.

EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA TRIBU YAQUI: DOS MIRADAS

La crisis en el territorio yaqui se intensificó con la descapitalización del campo. Tal proceso fue resultado del cambio en la política económica nacional de un Estado benefactor por una economía abierta al modelo de globalización. En este contexto se produjo un estancamiento económico en las comunidades yaquis por el abandono gubernamental al sector agrícola y la descomposición burocrática de los encargados de administrar los proyectos productivos en el territorio. Para el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid los yaquis ya se encontraban endeudados con las instituciones agrícolas y con la imposibilidad de superar la crisis, en parte debido a la infraestructura productiva deficiente y obsoleta con la que contaban y, por otra parte, a causa de su dependencia respecto de las instituciones encargadas de controlar la producción, las cuales no financiaban otro tipo de proyectos que no fueran los designados institucionalmente. Hasta este sexenio se puede decir que los yaquis contaban con autonomía política en cuanto a su forma de organización tradicional pero carecían de una organización autónoma en lo económico, lo que hacía que el territorio estuviera supeditado a los manejos de las instituciones financiadoras de créditos agrícolas. Posición que los imposibilitaba para crear proyectos productivos propios y el manejo total de sus recursos y usufructos.

A diferencia de otras comunidades indígenas que cuentan con métodos tradicionales para la organización social del trabajo -como el tequio, por ejemplo-, los yaquis no conocían otra forma de organización que la establecida a través de sociedades productivas instauradas por el Banrural, pues gran parte del sistema de organización tradicional se había dejado en desuso durante el periodo de entre guerras. El tekipanoa, trabajo comunitario, solidario y para el bienestar común, que debía realizarse tal como lo señala la lu’uturia yo’owe, solo sobrevivió en el sistema ritual.

Como señalé antes, con la restitución territorial la Comisión Intersectorial se hizo cargo de dirigir el desarrollo productivo. La situación de desventaja y falta de injerencia en la planificación del modelo productivo condujo a los yoeme a cuestionar las prácticas de esta comisión y a buscar apropiarse de sus tareas. Así, para los primeros años de la década de los ochenta, las autoridades yaquis propusieron evaluar las condiciones socioeconómicas de la tribu y para ello solicitaron la ayuda del Centro Coordinador del entonces Instituto Nacional Indigenista. El Banco Rural resultó ser una de las principales fuentes de estancamiento en las comunidades. El diagnóstico provocó que la movilización yaqui exigiera el cierre del banco; por otro lado, se promovió el desarrollo integral vía un proyecto encaminado a construir la futura autonomía. Aunque en principio la idea era que lo dirigieran los Gobiernos Tradicionales, con el tiempo pasó a ser encabezado por grupos de intelectuales de la comunidad, principalmente maestros bilingües.

El Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui (PIDTY) tuvo dos etapas de negociación, la primera de 1983 a 1986 y la segunda comenzó formalmente en 1991. En ninguna de las dos, sin embargo, se menciona algo relacionado con la necesidad de regularizar legalmente la posesión comunal del territorio. En las líneas básicas con que comenzó el primer plan se abordan solo tres puntos: 1) servicios y posibilidades para el desarrollo, 2) aprovechamiento de oportunidades reales y 3) liberación de intermediarios en los asuntos concernientes a la etnia. Para conseguirlos se propuso «a) Informar a la tribu sobre los servicios y posibilidades con que cuenta, para su desarrollo; b) asesorar a la tribu para el mejor aprovechamiento de esas oportunidades reales; y c) capacitar a los yaquis para que se liberaran de la intermediación e interferencia del yori (mestizo) en las actividades que a ellos competían» (^{Valenzuela, 2004}). Y aunque el inciso c pareciera apuntar hacia una autonomía o al menos hacia una independencia de las instituciones encargadas de dirigir la producción, esto no se establece de manera explícita entre sus objetivos. De cualquier modo el primer plan estuvo supeditado a los acuerdos establecidos con el gobierno estatal de Sonora y por tanto dependiente de los proyectos financiados dentro del presupuesto de la entidad. En estas condiciones el PIDTY no fructificó lo esperado, por lo que tuvieron que buscarse alternativas de financiamiento.

El plan realmente tomó relevancia en una segunda etapa, cuando asumió la Presidencia Carlos Salinas de Gortari, en 1988. A cambio del voto magisterial para las elecciones presidenciales, en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), miembros de este sector habían negociado previamente con los directivos de la Secretaría de Desarrollo Social las posibilidades de impulsar un nuevo modelo. Una vez Salinas en el poder, a través del programa Solidaridad -promovido por la Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Luis Donaldo Colosio- los yaquis tuvieron acceso al financiamiento para impulsar el PIDTY. Sin embargo, la forma como se negoció el plan no dejó convencidos a todos los miembros de los Gobiernos Tradicionales ya que este se acordó teniendo como intermediarios a maestros bilingües de la comunidad, ajenos a los puestos de dirección tradicionales. No obstante, se dio continuidad al proceso porque se auguraba un buen resultado.

Debido a que los Gobernadores Tradicionales no contaban con personalidad jurídica para acceder a los programas de Sedesol, se requirió exigir, no sin movilizaciones por parte de los yaquis, el reconocimiento de la conformación de un fideicomiso que pudiera ser el gestor de los proyectos.⁵ Una vez aprobado el fideicomiso se conformó con los Gobernadores Tradicionales y algunos maestros bilingües (asesores inicialmente); también participaron representantes del gobierno estatal. Con este evento se aprobó el financiamiento del PIDTY en 1991.

Con el PIDTY se buscó restar influencia al Banrural y a los asesores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, lo que desató una disputa entre los líderes yaquis y los funcionarios estatales de esas dependencias. Tras una gran movilización de la sociedad yaqui, que se coronó con la toma de la carretera federal número 15, que cruza su territorio, fueron expulsados los burócratas del banco y este se cerró definitivamente.

Sobre el fideicomiso, sin embargo, también comenzaron a circular versiones de desprestigio. Se aseguraba que los nuevos líderes (miembros del magisterio) se estaban posicionando en la dirección del PIDTY, sobre todo porque comenzaron a ocupar puestos relevantes, como el de secretario de la Guardia Tradicional (encargado en la jerarquía del gobierno yaqui del enlace con las instituciones de gobierno externas). Se acusó de que se habían puesto a la cabeza de uno de los proyectos más importantes del Plan Integral: en el Proyecto de Asistencia Técnica Integral de las Comunidades Yaquis (PATICY). Entre sus muchas características, el PATICY era el programa encargado de asesorar técnicamente todo lo referente a la agricultura, por lo que se esperaba que se hiciera responsable de organizar y ejecutar las tareas que habían sido exclusivas del Banrural.

Sin embargo, alrededor del PATICY comenzaron a surgir inconformidades. Las quejas de quienes después se opondrían al Plan Integral fueron que en este se manejaban más recursos y desde ahí se monopolizaban los proyectos de producción agrícola. Originalmente estaba planeado que el Banrural se encargara de brindar asesoría al programa, pero más tarde, con los desacuerdos y la expulsión de este, el PATICY contrató a sus propios técnicos. La mayoría estudiantes de agronomía de origen yaqui. Después se dijo que los técnicos desviaban los fondos en su propio provecho en complicidad con los líderes-maestros.

El año dorado del PIDTY fue en 1993: su consolidación permitió diversificarlo y solventar nuevos proyectos, entre ellos el equipo técnico de asistencia agrícola que ayudó a fortalecer el PATICY. En esa misma época se impulsó la creación del archivo de cultura, el programa de parcelas, el de validación, el de becas, el centro de informática, el laboratorio de suelos, etcétera.

Parcelas de Validación era un programa que proponía producir semillas de maíz, trigo y frijol para no depender de abastecimiento externo. Y para promover el egreso de más profesionistas yaquis, el programa de becas estaba dirigido principalmente a la educación media superior y superior. El centro de informática pretendía realizar un registro exclusivo de la tribu, que estaba siendo diseñando por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se esperaba tener un censo que incluyera el número de yaquis que vivían dentro y fuera de las comunidades tradicionales, qué localidades habitaban, cuántos hablaban la lengua yaqui y cuántos español, el número de estudiantes y el nivel de educación de la población en general, cuántos contaban con tierra y cuáles eran sus principales actividades laborales, además de registrar las condiciones físicas del territorio: lugares con establecimientos poblacionales, tipos de suelo, clima, fauna, flora, etc. Se propuso el laboratorio de suelos para verificar la calidad de los terrenos y seleccionar los cultivos con el objetivo de aprovechar el suelo sin deteriorar la calidad de los terrenos.

En total se diseñaron 48 programas y casi 20 proyectos. Se trataba de una propuesta bastante ambiciosa (^{documento del PIDTY, 1994}).⁶

Debido a que el control de PATICY estaba en manos de los nuevos líderes y eso significaba el control del desarrollo agrícola, se cuestionaba el papel que los Gobernadores Tradicionales desempeñaban: casi exclusivamente como presta-nombres en los convenios, puesto que todas las decisiones las tomaba un grupo de maestros. Como respuesta, las dos cabeceras de los Gobiernos Tradicionales (Vícam Pueblo y Pótam) desconocieron a la dirigencia del Plan Integral de Desarrollo, acusándolos de fraudulentos y de corrupción. Esto provocó la división de los Gobiernos Tradicionales de las dos cabeceras, unos apoyando los proyectos el PIDTY y exigiendo su continuidad y los otros solicitando su cierre.⁷

Tras las primeras rupturas no pudieron mitigarse los conflictos, por lo que las diferencias condujeron a luchas intestinas que dividieron a los Gobiernos Tradicionales de algunos pueblos en distintas guardias, dependiendo de su posición ante el Plan Integral. Así, quienes siguieron apoyando el PIDTY fortalecieron su facción en la Guardia Tradicional de Vícam Estación y quienes se opusieron hicieron lo mismo en la sede de Vícam Pueblo,⁸ ambas localidades separadas por seis kilómetros, aproximadamente. También se formaron gobiernos alternos en el pueblo de Pótam.

Dado que la guardia tradicional de Vícam Estación quiso seguir bajando fondos de Sedesol para la continuidad del plan, sus miembros fueron acusados por sus opositores en Vícam Pueblo de estar coludidos con el PRI, el partido en el poder. El calificativo de priísta implicaba la connotación negativa de ser aliado del poder hegemónico, de estar al servicio de los intereses externos y de vulnerar la organización autonómica yaqui. En este periodo se intensificó también la imagen negativa del profesional indígena. Se consideró que quienes estudiaban eran partidarios de la intervención externa en el territorio y en los asuntos de la tribu. En Vícam Pueblo y las localidades aliadas se usó el apodo de «indios bonitos», aplicado a los jóvenes estudiados que formaban parte del Gobierno Tradicional de Vícam Estación. Hasta la fecha una manera de desprestigiar cualquier intento de organización social o política del segundo grupo es tachar a sus miembros de priístas, de «estudiados» y de poco comprometidos con la tradición, de amenazar la estabilidad autonómica y de la construir alianzas externas desfavorables.

Sin embargo, cabe destacar que el más beneficiado con el cierre del PIDTY fue un grupo de maestros que quedó del lado de Vícam Pueblo. Al cierre del plan el único en permanecer fue el Proyecto Educativo de la Tribu Yaqui, mismo que fue negociado directamente con autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Las tensiones entre ambos grupos se canalizaron hacia el proyecto educativo, convertido en el centro de las disputas grupales.

El PIDTY en la actualidad es solo un trago amargo para la historia reciente de los yaquis, quienes evitan tocar el tema, dado que suscitaron episodios de asesinato, encarcelamiento y enfrentamiento al interior de las comunidades. El resultado es que actualmente no hay solo ocho gobiernos que representan a ocho pueblos, sino diez, doce o más, dependiendo de la movilidad de las fuerzas sociales y de las coyunturas políticas. Este proceso repercutió de manera estructural en la composición política y tradicional de las comunidades yaquis, sobre todo porque las más divididas fueron Vícam y Pótam, las cabeceras de los ocho pueblos. El impacto de esta división afectó fuertemente las relaciones entre la tribu yaqui y los gobiernos estatal y federal: se dio por sentado que no existían condiciones para negociar con la tribu.

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO Y EL TERRITORIO YAQUI

Aunque los líderes yoeme siempre han señalado la importancia de resguardar el territorio yaqui en posesión comunal, en ninguna de las dos etapas del Plan Integral de Desarrollo se discutió nunca una posición explícita sobre el territorio. Algunos de los líderes del proyecto actualmente argumentan que se trataba justamente de una estrategia política, pues al cumplirse las demandas de los proyectos productivos, el territorio tenía que ser restituido en algún momento y la autonomía de la tribu reconocida jurídicamente. Sin embargo, esto nunca pasó y por el contrario, las disputas al interior de la etnia sí se intensificaron a causa del territorio.

Aunque la situación es más compleja que lo narrado hasta aquí, se puede resumir que el PIDTY no pudo negociarse favorablemente con ningún gobierno posterior al de Salinas de Gortari. La muerte definitiva del PIDTY llegó en 1997 por otro proceso que se cruzó con la coyuntura de este fracaso. Ese año los gobiernos yaquis, simpatizantes con el PIDTY, firmaron un documento con Ernesto Zedillo, en el que se reconocía que a la tribu se le debía restituir un total de 90 000 hectáreas que no estaban en su posesión sino en manos de invasores. El problema surgió por la existencia de dos documentos que respaldaban el acuerdo. En uno se indica que el gobierno reconoce la restitución de 90 000 hectáreas al pueblo yaqui. En el segundo se señala que solo se restituyen 2 527 hectáreas. Se asegura que el segundo documento fue falsificado por el gobierno estatal y después se presentó públicamente como si fuera el original. Este evento, más los pleitos provocados por el PATICY, condujeron a más enfrentamientos entre los Gobiernos Tradicionales: los que se llamaron a sí mismos originales o tradicionales (de Vícam Pueblo) y los que fueron descalificados como alternos (de Vícam Estación). Los primeros aseguran que la cantidad de terreno que no se incluyó en el acuerdo con Zedillo fue vendido por los «alternos» en 40 millones de pesos. Pero quienes negociaron la restitución afirman que el dinero, depositado en una cuenta del fideicomiso, fue un apoyo extra otorgado a la tribu para impulsar proyectos productivos. En este tenso contexto, por el destino de esta porción del territorio, se llegó a episodios de asesinato entre las diferentes guardias. Tras los sucesos, las autoridades tradicionales de seis pueblos encabezaron la invasión de las instalaciones del fideicomiso y exigieron su cierre. El gobierno estatal en esta ocasión sí hizo caso de la demanda y dio por concluido el reconocimiento de la instancia de financiamiento.

Actualmente la tribu yaqui no ha recuperado las tierras que se supone estaban contempladas en el acuerdo con Zedillo, pero tampoco han podido cobrar el dinero debido a la falta de respaldo de los ocho Gobiernos Tradicionales. En este proceso destaca la posición del Gobierno Tradicional original de Pótam, cuyo gobernador, Octaviano Jecari, luchó hasta antes de su muerte ante tribunales internacionales para recuperar la porción de territorio expropiada por Zedillo, así como por la delimitación y la legalización definitiva del territorio.

Bajo estas condiciones es que el pueblo yaqui ha visto boicoteados sus esfuerzos por recuperar el territorio invadido, pero también las iniciativas que han propuesto para incentivar el desarrollo de sus comunidades.

¿DESARROLLO AUTONÓMICO O UNA INTEGRACIÓN A LA NACIÓN DIRIGIDA DESDE EL ESTADO? DOS ANÁLISIS DEL PIDTY

Sobre el origen y consecuencias del PETY se han ofrecido dos versiones que buscan explicar el proceso en un contexto nacional. Una expuesta por Gerardo ^{Valenzuela (2004)}, quien deduce que el plan fue un intento por desarrollar una autonomía económica y política por parte del pueblo yaqui pero boicoteada por los gobiernos federal y estatal, interesados en cooptar y controlar, por medio del programa Solidaridad de la Sedesol, las iniciativas autogestivas. Sobre todo, según Valenzuela, porque en su momento más exitoso en el sur de México se estaba desarrollando la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el reconocimiento de las autonomías indígenas. Bajo esta lógica, según su análisis, apoyar el PIDTY significaba al gobierno tener bajo control un posible estallido indígena por parte del grupo históricamente más subversivo del norte de país. Siguiendo este balance podría agregarse que los líderes yaquis facilitaron la cooptación al no poner en la mesa de discusión el tema de la restitución y de la legitimación jurídica del territorio. Con esta omisión dejaron el campo despejado para que el gobierno apoyara los programas que no le provocaban mayor conflicto y, por otro lado, le facilitaron sacar de la agenda los problemas que no estaba dispuesto a resolver, principalmente el tema del territorio.

En la versión de Macrina ^{Restor (2007)} se sostiene que el PIDTY fue «el primer ejercicio experimental comunitaria aplicado en México», con el que a los yaquis se les dio la oportunidad de definir mecanismos de participación interna, pero con la intromisión del gobierno en cada etapa por medio de los nuevos líderes. Según Restor, este experimento se impulsó como parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 dentro del cual se creó el Programa Nacional de Solidaridad y el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con estos se buscaba establecer un nuevo acuerdo con los pueblos indígenas con el objetivo de modernizarlos; por tal motivo, los sectores más cercanos a la hegemonía nacional fueron los encargados de negociarlo,⁹ principalmente el sector magisterial en el caso yaqui. Versión que puede respaldarse también con el análisis que realiza Martha ^{Tello (1994)} sobre dos procesos similares entre los mixtecos de Oaxaca y los tarahumaras en Chihuahua en el mismo periodo.

En el caso yaqui el establecimiento del fideicomiso fue una de la anclas del gobierno federal para romper con la representatividad de los Gobiernos Tradicionales. Con base en este análisis se puede explicar también por qué el asunto del territorio no entró en agenda, pues no era interés del nuevo proyecto nacional meterlo en la discusión.

Ante estos dos análisis es difícil dar una versión final; sin embargo, lo que se puede considerar aquí es que dentro de las comunidades yaquis se encuentran al menos dos sectores con posiciones distintas respecto de la forma como se debe ordenar el territorio, la economía de la tribu y cómo se debe dar continuidad a la autonomía; es decir, cómo deben realizarse los proyectos que convengan a todos sus miembros. Una que se asume a sí misma como «la más tradicional» y apegada a la «gran verdad», por lo que rechaza, al menos discursivamente, la intromisión de nuevos actores, al considerar que estos acabarían con la forma de organización de las guardias tradicionales. Bajo este argumento la lu’uturia yo’owe se muestra como un sistema conservador, pero también excluyente de quienes buscan innovar en las formas productivas, a través de nuevas propuestas. La otra ala, por su parte, considera que la «gran verdad»: «garantizar el bienestar de todos y hasta el más pequeño de la tribu» debe conseguirse con innovaciones, dadas las condiciones adversas del sistema capitalista, y por ello proponen que el desarrollo debe ser planificado y flexibilizando lo necesario para lograr los objetivos. No obstante sus diferencias, ninguno de los dos posicionamientos rechazó, en el proceso descrito, su integración productiva a la economía nacional. Lo que se cuestionó y estuvo en debate fueron los mecanismos por los cuales se puede desarrollar la economía del pueblo yaqui. Ambos coincidieron también, al menos en el discurso, en la necesidad de seguir manteniendo el territorio de manera autónoma y en promover la definición de los linderos. Sin embargo, las pugnas internas han provocado una falta de control para ordenar el territorio y tras el derrumbe del PIDTY las tierras han tenido que ser rentadas a particulares por falta de financiamiento.

COMO CONCLUSIÓN: A LA LUZ DEL PRESENTE NUEVAS ALIANZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA

En la actualidad, derivadas de la división política al interior de los pueblos, han surgido algunas problemáticas que afectan las posibilidades de fortalecer la organización autonómica de la tribu. La población tiende a ver qué guardia está mejor posicionada con el gobierno estatal para adherirse y solicitar apoyo en subsidio: becas estudiantiles, programas de construcción de vivienda o de alimentación. Por otro lado, la organización política, territorial y tradicional de los ocho pueblos se ha visto alterada: las familias se organizan con las guardias que coinciden políticamente y no con las que les corresponde, según su pertenencia local. Además, en el caso de Vícam Pueblo la perspectiva «tradicional» se ha radicalizado tanto que muchos de sus pobladores no son capaces de articularse con las nuevas resistencias indígenas que se agrupan en torno a las luchas por la autonomía, consideran que son influencias externas y negativas y que la autonomía yaqui se debe construir solo entre la tribu. A esto se suma la incapacidad para reconocer las iniciativas acertadas y que podrían beneficiar a la tribu en su conjunto solo por ser propuestas por la contraparte.

A casi 20 años del derrumbe del PIDTY sorprende la forma en que evolucionó el posicionamiento político de las dos facciones: la autodenominada tradicional ha construido lazos cada vez más estrechos con el gobierno estatal, al grado de aceptar que sus gobernadores sean legitimados por el gobernador del estado, quien los ratifica como «los consagrados». En ese sentido la autonomía y la legitimidad que debiera ser consensada desde dentro de la comunidad se traslada al exterior. En cambio, los alternos, acusados de ser priístas y quienes no cumplían con la lu’uturia yo’owe han construido alianzas con organizaciones sociales indígenas que, a través del Congreso Nacional Indígena, el EZLN y otros sectores, pugnan por encontrar soluciones justas que beneficien a los pueblos.

En el contexto del resurgimiento de movimiento indígena en México se observa que el apoyo al PIDTY, dirigido o no desde el Estado, fue financiado porque al final cumplía con la estrategia de integrar a los indígenas a la economía nacional. Sin embargo, su objetivo ya no es el mismo: ha sustituido la integración por el desplazamiento. La enseñanza de los últimos años es que la construcción de la autonomía para los pueblos indígenas solo puede realizarse desde dentro de las comunidades y con apoyo de la sociedad civil, quienes pueden encontrar los recursos materiales y sociales para solventar estos proyectos.

El análisis que aquí se presentó pareciera estancado en una etapa que, aunque reciente, forma parte de la historia yaqui; sin embargo, la pertinencia de traer estos episodios a debate surge de que la tribu no ha vuelto a contar con apoyos reales por parte del Estado para su desarrollo. Una vez que el capitalismo neoliberal ha optado por la vía neoextractivista, la descapitalización del campo ha sido cada vez más evidente. Sus secuelas son el abandono de programas estatales para la producción agrícola, que han ido dejando en la inanición a los pueblos indígenas, que en su mayoría subsisten del campo. Lejos de incentivar la producción agrícola en el territorio yaqui el gobierno de Sonora ha propuesto el desvío del agua de la presa La Angostura hacia Hermosillo, capital del estado. Esta presa ha ido dotando de cada vez menos agua a los campos agrícolas yoemes lo que significa cortar la posibilidad de un desarrollo productivo agrícola en estos pueblos.

En este contexto pareciera estar cada vez más lejana la autonomía territorial; sin embargo, aún en contraflujo existe una reactivación de la identidad yaqui al interior de las comunidades y la apropiación de las demandas políticas autónomas y territoriales por los sectores más jóvenes de la tribu. Entre sus consignas se mantiene la defensa del territorio yaqui, la legitimidad de sus gobernantes, elegidos por consenso interno y el cumplimiento de «la gran verdad» para que no le falte nada a ninguno, «ni al más pequeño».