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Introducción
El desplazamiento forzado interno (DFI) es uno de los fenómenos más dramáticos ⸺y sin embargo menos atendidos⸻ derivados de la crisis de violencia y de derechos humanos en México.1 A pesar de su gravedad, implica grandes retos y limitaciones para diagnosticarlo y documentarlo. Por una parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha registrado lo que denomina “desplazamientos masivos forzados”2 y ha calculado más o menos 379 322 personas desplazadas entre 2006 y 2021. El último año es el que más víctimas registró: 28 943, tres veces más que el año anterior (CMDPDH, 2022). Por otra parte, el Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), registra que entre 2015 y 2020 hubo 251 513 personas que dejaron sus hogares y cambiaron el municipio de residencia a causa de la inseguridad y la violencia (Pérez y Cabada, 2022).
En este contexto, durante 2021 y 2023 se dieron por lo menos 17 episodios de desplazamiento forzado interno masivo en Zacatecas. Fueron muy visibles los que ocurrieron en la sierra del municipio de Jerez.3 Si bien en principio los gobiernos local, estatal y federal trataron de desconocer o de minimizar el tamaño de la crisis, al final tuvieron que aceptar, a través de la entonces Secretaría de Gobierno, que durante esos dos años se desplazaron, de manera forzada, por lo menos cuatro mil personas de un municipio cuya población no superaba los sesenta mil habitantes (Ortega, 2023a). Esta aceptación fue producto de la movilización que realizaron las personas desplazadas y de los reclamos de las comunidades migrantes que ayudaron a visibilizar el problema. Como respuesta, el gobierno estatal decretó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas (LPADFIEZ, 2022), aunque hoy en día esta no se ha reglamentado y no existe presupuesto para aplicarla.
En el presente artículo se analizan las dinámicas de violencia y de desplazamiento forzado interno masivo en Zacatecas y sus efectos en la población rural entre 2021 y 2023, a partir del estudio del caso de las comunidades de la sierra del municipio de Jerez. Dos preguntas orientan el trabajo. ¿Cómo entender el desplazamiento forzado interno en Zacatecas más allá del discurso que lo reduce a una consecuencia de disputas entre cárteles de la droga? ¿Cuál ha sido la interacción entre la lógica de la violencia y las respuestas de los actores ante las dinámicas de DFI en Zacatecas? Para responderlas, se ha recurrido a los principales estudios sobre el DFI en México, porque posibilitan elaborar un marco analítico en el que se relacionan violencia, territorio y respuestas de los actores. Partiendo de estos aspectos, se sigue una metodología cualitativa de reconstrucción de procesos.
Se argumenta aquí que los episodios de DFI en Zacatecas se explican bajo la lógica de la violencia disciplinaria en medio de las disputas por el control del territorio, donde participan agentes legales e ilegales, lo que intensifica un orden de acumulación de capital en el cual la población es despojada de sus espacios vitales y productivos. Se identifican dos mecanismos que definieron esa lógica disciplinaria del DFI: la imposición de terror y desarraigo y las respuestas gubernamentales militaristas y asistencialistas.
Primero se presentan las categorías analíticas y el camino metodológico en diálogo con el estado del conocimiento actual. Luego se describen las condiciones estructurales socioeconómicas que dan forma a una dinámica excluyente y expulsora de población en el estado de Zacatecas. En tercer lugar, se explica el aumento constante de la violencia en el territorio como producto de las disputas entre organizaciones armadas y la persistente impunidad estatal (de modo que puede afirmarse que el DFI es parte de un problema histórico). Por último, se descompone de manera analítica la lógica de la violencia disciplinaria mediante los mecanismos que le dan forma.
Violencia, territorio y control sobre los cuerpos: enfoques para estudiar el DFI
El DFI se presentó en México a lo largo del siglo XX en lugares donde se desarrollaban luchas sociales y colectivas. Los responsables fueron los diferentes actores estatales y paraestatales. Por eso se dice que tiene un carácter contrainsurgente. Son ejemplos emblemáticos el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de Chiapas durante la represión contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (Chamberlin, 2013) y contra las poblaciones indígenas de Oaxaca, con la clara participación de grupos paramilitares (Marinis, 2019). Luego de la puesta en marcha de la llamada política de combate contra las drogas, del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), y tras la intensificación de la militarización en todo el territorio en los sexenios siguientes, se desató una crisis de derechos humanos con miles de víctimas, en la que los episodios de DFI, asociados con violencia y disputas armadas, seguían aumentando.
La preocupación académica por el DFI en México ha producido diferentes acercamientos sobre su intensidad y distribución geográfica, dejando claro que hay que profundizar en las relaciones entre la violencia, las disputas por el territorio y los efectos sobre las víctimas (Marinis, 2017; Salazar y Álvarez, 2018). Autoras como Salazar (2014), Durin (2019) y Pérez y Castillo (2019) señalaron de manera temprana el crecimiento del DFI en México y su relación con las políticas de militarización, pues desde el inicio de estas “el análisis de los eventos de desplazamiento forzado ocurridos en distintas regiones del país da cuenta de su correlación con la instauración en 2007 de Operativos Conjuntos para el combate al crimen organizado” (Durin, 2019, p. 99). De ahí que, según los datos de la CMDPDH, entre 2016 y 2021, los estados que registraron mayor número de víctimas de DFI masivo fueron Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa, principales zonas de intervención militar federal e inversión para la denominada “guerra contra el narco”. Les siguen Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (Pérez y Castillo, 2019; Salazar y Álvarez, 2018).4
El DFI provoca movilidades de población intermunicipales, interestatales o las que se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos. Por una parte, la población desplazada ubicada en dicha frontera viene aumentando desde 2014. En los albergues son mayoría las personas provenientes de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y configuran las geografías de inmovilidad frente a la incapacidad de continuar su huida hacia Estados Unidos (Borzacchiello, Glockner y Torres, 2022; Muro y Rodríguez, 2022; Silva y Alfaro, 2021). Este proceso responde a lo que Estévez (2018 y 2022) denomina “administración necropolítica del asilo en Estados Unidos y Canadá”; es decir, que las políticas internacionales en materias de derechos humanos y de derecho humanitario están restringiendo el acceso a los derechos de las personas que huyen de la guerra contra las drogas, lo que desata una crisis humanitaria en la que el desplazamiento forzado interno se hace cada vez más evidente.
Por otra parte, el DFI que se da en los municipios y en los estados produce dinámicas de estigmatización y de desprotección de la población desplazada en los lugares de recepción interna (Argüello, 2022), cuyos efectos son la desarticulación de formas de organización social comunitaria (Hernández, 2019 y 2021). Marinis (2017) estudia el desplazamiento de mujeres indígenas triquis en Oaxaca. Argüello (2022), Giménez (2021) y Hernández (2019) hacen lo propio en comunidades de las zonas productoras de amapola en Guerrero. Y Querales-Mendoza (2020) se encarga de las familias en la zona maderera y aguacatera de Michoacán. Todas ellas han mostrado el entrecruzamiento de múltiples tipos de violencia en los procesos de desplazamiento y en el despojo territorial del que son objeto quienes se ven obligados a abandonar sus casas.
La experiencia del desplazamiento está relacionada con las trayectorias marcadas por las condiciones de racialización, clase, edad, sexo y género que originan múltiples victimizaciones. Esta situación tiene graves efectos psicosociales en la población, que se ve obligada a dejar sus hogares, sus medios de producción y subsistencia, porque sufren violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Además, todo se suma a las precariedades laborales que enfrentan y a la imposibilidad de retornar a sus lugares de residencia (López, 2020; Salazar, 2022).
Este cruce entre violencia y territorio ha sido caracterizado, a partir de conceptualizaciones inspiradas en el caso colombiano, como “geografías de terror” (Giménez, 2021), es decir, espacios donde las dinámicas de violencia se vinculan con lógicas de acumulación de capital y expulsiones de población. Allí los intereses económicos de grandes capitales suelen moverse junto con ejércitos criminales, algunas veces con tácticas de paramilitarización (Correa, 2018; Paley, 2020). En México, por ejemplo, cada vez se explicita más la relación entre los procesos de despoblamiento forzado y las zonas estratégicas para el desarrollo de megaminería, como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas y Nuevo León (Durin, 2019; Iglesias y Gaussens, 2022), o el nexo entre los proyectos mineros y el aumento de personas de Guerrero, Michoacán o Sinaloa que emigran debido a la inseguridad (Argüello, 2022; Muñoz, Llano y Ruiz, 2022).
En Zacatecas se ha estudiado el DFI en los casos que se asocian con el desarrollo de megaproyectos mineros (Rodríguez, 2021; Vázquez, Ojeda y Sosa, 2023). Sin embargo, en los casos de DFI entre 2021 y 2023 la mayoría no ocurrió en las zonas mineras, sino en las localidades dedicadas a la agricultura y a la ganadería, cuyas poblaciones rurales estaban dispersas (entre 100 y 1 500 habitantes) y con economía de subsistencia familiar que tenía un bajo grado de tecnificación.
Hasta este punto, se ha hecho hincapié en que la literatura señala la clara relación entre violencia, militarización y territorio. Ahora bien, esta relación se da a través de la intensificación de diferentes formas de violencia que configuran lo que Rossana Reguillo (2021) denomina violencias disciplinarias, es decir, “aquellas que despliegan los signos de su poder para marcar sobre los cuerpos y voluntades otras, el designio inapelable de su propia racionalidad. Someter por miedo, caligrafía brutal que ostenta el poder total” (p. 125). En otras palabras, la violencia que diferentes actores estatales y no estatales ejecutan sobre los cuerpos tiene un sentido y una racionalidad comunicativa dirigida a las poblaciones, y pretende establecer formas de control y de orden.
Desplazamiento forzado interno resulta ser parte de esta lógica, pues
Si bien es cierto que este puede producirse sin violencia directa sobre ellos, también es cierto que la primera víctima es el “cuerpo” que debe “desplazarse” forzadamente. […] ya sabemos las implicaciones subjetivas, sociales y políticas del cuerpo para minimizar el desplazamiento forzado en términos de lo que este le hace al cuerpo en su dimensión física y simbólica, además de sus implicaciones políticas. (Blair, 2010, p. 51)
El DFI es una forma de violencia disciplinaria, porque obliga a la movilidad forzada como respuesta a la imposición del poder en contextos donde prima la impunidad. No existen garantías de supervivencia ni acciones para proteger a la gente. Las comunidades que se desplazan cargan con ellas experiencias dolorosas, que muchas veces prefieren olvidar, y se instaura la amenaza constante que les recuerda que sus territorios y sus hogares no pueden ser habitados.
Los episodios de desplazamiento forzado traen aparejados, por lo general, una acumulación de tipos de violencia, como extorsión, homicidios, desapariciones y violación sexual, pues los diferentes grupos criminales y estatales recurren a estas estrategias de terror para mantener el control armado sobre las comunidades y los territorios (Giménez, 2021; Marinis, 2017). Ahora bien, en términos analíticos, el carácter disciplinario de la violencia se refleja tanto en las acciones que se ejercen sobre los cuerpos y sus efectos, como en las omisiones o complacencias institucionales.
Metodología
Dadas las diversas dimensiones del desplazamiento, no se puede entablar un análisis de un momento, pues los procesos de victimización en medio de la guerra en México deben entenderse, como plantea Robledo (2019), “más allá del acontecimiento” (p. 124). De la misma manera, los fenómenos de desplazamiento responden a dinámicas y realidades sociales, políticas y económicas diferentes entre los propios territorios locales. De ahí que
Comprender los efectos producidos por la violencia en México durante los últimos años requiere recuperar las experiencias locales, solo así nos será posible establecer vínculos con los procesos regionales que favorecen la presencia de ciertos actores en cada territorio y, en última instancia, la configuración de dinámicas de resistencia. (Querales-Mendoza, 2020, p. 111)
En tal sentido, la investigación se ubica en la intersección de las dinámicas de violencia, de su relación con el territorio y de las lógicas de control de los cuerpos. Se emplea en la presente investigación una metodología cualitativa de estudio de caso con una selección intencionada (Gerring, 2006; Giménez, 2012). Se examina el caso de Zacatecas como uno significativo, pues pasó, entre 2021 y 2023, de no tener episodios de DFI masivo a ser uno de los tres estados con más de ellos. Esta particularidad, y la intensidad del fenómeno en tan poco tiempo, induce a profundizar de manera descriptiva y analítica en las lógicas del DFI.
El corpus empírico está compuesto de material documental, hemerográfico, observaciones in situ y entrevistas. Entre 2022 y 2023 se realizaron cuatro visitas al municipio de Jerez, donde se tuvo contacto con las víctimas de desplazamiento y con las autoridades gubernamentales encargadas de atenderlas. Se entrevistó a periodistas, a víctimas de desplazamiento forzado interno y a agentes gubernamentales, ya que sus testimonios coadyuvan a reconstruir el contexto y a conocer los dilemas, las decisiones y las experiencias que emergen de los episodios de DFI (véase Tabla 1). En acuerdo con las personas entrevistadas, se guardó el anonimato de sus testimonios.
Tabla 1 Relación de las entrevistas realizadas
| Referencia de la entrevista |
Ubicación | Perfil |
| E1 | Zacatecas | Líder de una organización campesina |
| E2 | Jerez | Actor gubernamental de Jerez |
| E3 | Jerez | Actor gubernamental de Jerez |
| E4 | Zacatecas | Periodista |
| E5 | Zacatecas | Periodista |
| E6 | Zacatecas | Periodista |
| E6 | Jerez | Víctima de desplazamiento forzado |
| E7 | Jerez | Víctima de desplazamiento forzado |
| E8 | Jerez | Víctima de desplazamiento forzado |
| E9 | Zacatecas | Víctima de desplazamiento forzado |
Fuente: elaboración propia.
Se desarrolla una estrategia cualitativa de descripción y de descomposición de procesos (Tilly, 2001), en la que se identifican los mecanismos que dieron forma al DFI entre 2021 y 2023 en la sierra de Jerez, Zacatecas. Aquí se entiende por mecanismos una clase delimitada de eventos que alteran las relaciones entre los conjuntos de elementos específicos, en vías idénticas o muy similares, en una variedad de situaciones (Tilly, 2001). Se plantean dos tipos de relaciones que se repitieron en todo el proceso de los desplazamientos forzados internos en Jerez y que dieron forma a la lógica disciplinaria de la violencia: a) la imposición de terror y desarraigo; y b) las respuestas gubernamentales militaristas y asistencialistas.
Se definieron los mecanismos a partir de la triangulación de las fuentes, siguiendo la reconstrucción en el tiempo de la interacción entre las condiciones estructurales, la violencia, el territorio y las respuestas de los actores involucrados. Estos fueron los pasos: a) análisis del contexto de exacerbación de la violencia a escala estatal; b) identificación de los intereses en disputa en el territorio de Jerez; c) descripción de los episodios de desplazamiento, las respuestas gubernamentales y las formas en que dichos episodios afectaron a las víctimas. A partir de la reconstrucción, se obtuvieron herramientas para definir los patrones que se repitieron de forma continua en el proceso y que dieron forma a la lógica de la violencia disciplinaria.
Zacatecas: tierra expulsora de población
Zacatecas está ubicado en la región centro-norte de México. Es el octavo estado más grande del país (con una extensión de más de 75 000 kilómetros cuadrados [km2]). Es el vigesimosexto en población (con poco más de 1 600 000 habitantes) y el séptimo con menor población por km2. Tiene 58 municipios (59.5% de la población urbana y 40.5% rural), con marcada predominancia de población en la zona metropolitana (400 000 habitantes en Zacatecas, Guadalupe, Trancoso, Morelos y Vetagrande) y en Fresnillo (más de 240 000). Es un amplio territorio, seco y semiseco, muy despoblado. Fue uno de los primeros estados que experimentaron la denominada alternancia electoral, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó la gubernatura en 1998 (se mantuvo en el poder estatal hasta 2010). En 2010, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retomó una vez más la gubernatura con Miguel Alonso (2010-2016) y Alejandro Tello (2016-2021), y en la actualidad es David Monreal, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) (2021-2026), quien gobierna.
Dentro de la estructura socioeconómica de Zacatecas, el sector minero representa más de 30% del producto interno bruto (PIB) estatal. A escala nacional, es el principal productor de plata, zinc, plomo y cobre, y el tercer productor de oro. Es el tercer estado del país con mayor peso en este ramo de la economía (INEGI, 2020). En abril de 2021 tenía 2 700 concesiones mineras vigentes, que abarcaban más de 31% del territorio, con grandes inversiones de empresas estadounidenses, canadienses y belgas. La zona agrícola se especializa en la producción de frijol, zanahoria, chile, maíz, avena, tuna, durazno, uva, tomate y guayaba, entre otros. En este escenario, en el que predominan las actividades primarias y extractivistas, 45.8% de la población está en situación de pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2020), con un índice de desarrollo humano de 0.734, que ubica la entidad en la categoría de muy bajo (en el puesto 25 de las 32 entidades del país) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022). Por estas razones, la expulsión de población ha sido una constante, lo que convierte a Zacatecas en uno de los estados con mayor proporción de migrantes en Estados Unidos. Las remesas son un componente fundamental de la economía: las comunidades de migrantes tienen una capacidad considerable de organización en los llamados clubes migrantes que influyen en las decisiones que se toman en los municipios y las localidades (Mestries, 2016; Priego, 2010).
El modelo extractivista que prevalece en Zacatecas ha causado graves daños al medio ambiente, entre los cuales es importante destacar el estrés hídrico. Además, la sobreexplotación de la naturaleza se ha asociado con procesos de despojo y desplazamiento silencioso. Por ejemplo, la minería ha provocado el desplazamiento en zonas donde el desarrollo de megaproyectos ha implicado el desalojo directo de la población, como los casos de Mazapil (Uribe, Gómez y Tetreault, 2020) y La Colorada (Rodríguez, 2021). Por otro lado, se han originado dinámicas con desplazamiento in situ, mediante las cuales las mineras poco a poco se van expandiendo, ocasionando movilidad de la población (Vázquez et al., 2023).
Por estas razones, aunque no hubo muchos episodios de DFI masivo registrados antes de 2019, está claro que el desplazamiento de la población ha sido constante y en la forma denominada por goteo. El número de mexicanos desplazados de manera forzada aumentó en las ciudades fronterizas durante la segunda década del siglo XXI, y en 2019 se documentó que, de las más de dos mil personas registradas en los albergues de Ciudad Juárez “el 56.7% de Michoacán, el 18.1% del estado de Zacatecas y el 17.7% de Guerrero […], los principales motivos por los que estas personas huyeron de sus hogares se relacionaban con cuestiones de violencia” (Barrios, 2020).
En un panorama donde la economía se sustenta en el modelo extractivista predatorio, en el que la población está en condiciones de precariedad socioeconómica y en el que se presenta una dinámica histórica de expulsión, Zacatecas había vivido una aparente paz, en términos de delitos de alto impacto. Sin embargo, como en gran parte del país, tras las transformaciones en la economía de las drogas ilegales y la guerra asociada con las políticas federales de militarización desde 2007, la entidad comenzó a vivir cambios en la seguridad: aumentaron los indicadores de homicidios dolosos, la desaparición de personas y masacres. El desplazamiento forzado interno masivo relacionado con los contextos de violencia que se presentaron entre 2021 y 2023, se inscriben en este contexto.
Incremento de la violencia y desplazamientos forzados internos masivos
Entre las dinámicas contemporáneas de la guerra por los territorios en México, se documentó en Zacatecas la presencia histórica del denominado Cártel de Sinaloa, confrontado con relativo éxito en 2007, en lo que se reconoce como la irrupción violenta de los Zetas, con la aquiescencia de actores estatales (Valadez, 2021a). En particular, los Zetas se comportaron como ejércitos que se movían no solo alrededor de la economía de las drogas ilegales (Correa, 2018), sino que, para los periodistas especializados que se entrevistaron, su consolidación en el estado tuvo relación, entre otras cosas, con el sector extractivista (E4 y E5). Precisamente en el periodo de consolidación de los Zetas en Zacatecas, que coincide con el gobierno de Amalia García del PRD, el sector minero experimentó un gran crecimiento en su peso en el PIB estatal, pasando de 3.4% en 2003, a más de 25% en 2010, con un aumento promedio anual real de 11.5% (INEGI, 2020).
Después, durante el gobierno de Miguel Alonso (2010-2016), se documentó una gran corrupción administrativa que llevó al estado a niveles de endeudamiento muy elevados,5 situación que se dio de forma simultánea al incremento de grupos armados irregulares, los cuales intensificaron la guerra desde 2011, conflicto en el que el denominado Clan del Golfo pudo contrarrestar el monopolio Zeta, lo que derivó en fragmentación y fuerte disputa territorial (Valadez, 2021a).
En este marco, en Zacatecas hubo un crecimiento constante de homicidios dolosos desde 2015. Fueron 2021 (1 134) y 2022 (978) los años más violentos en este rubro. Como se observa en la Figura 1, a escala nacional, pasó de estar por debajo de la media nacional de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes, a tener una tasa de 67.58 en 2021, la segunda más alta del país. La violencia se agudizó durante el gobierno de Alejandro Tello y los primeros años de gobierno de David Monreal.
Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023), la Comisión Nacional de Búsqueda (2023) y la CMDPDH (2022).
Figura 1 Homicidios dolosos por 100 000 habitantes, personas desaparecidas y episodios de desplazamiento forzado interno masivo en Zacatecas, 2013-2022
El crecimiento de la violencia estuvo acompañado de un particular aumento de las desapariciones forzadas de personas. Zacatecas se convirtió en pocos años en uno de los epicentros de ese fenómeno en México (Cerbón, 2022). De tener un reporte oficial de 79 personas desaparecidas o no localizadas en 2014, pasó a 341 en 2020, a 830 en 2021 y se registraron 534 en 2022. Tan solo entre 2016 y 2021 se concentra más de 70% de las desapariciones reportadas en el estado, con mayor incidencia en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Jerez, Villa de Cos, Valparaíso, Calera, Ojocaliente y Sombrerete. La desaparición de personas es parte de las dinámicas de violencia disciplinaria y las familias de las víctimas quedan envueltas en un círculo interminable de angustia, incertidumbre y amenaza latente de repetición (Robledo, 2016, p. 95).
Puesto que Zacatecas es puerta de entrada al llamado triángulo dorado (Durango, Sinaloa, Chihuahua) y al sur colinda con Jalisco, se convierte en un territorio central no solo en la producción y trasiego de drogas, sino también de tránsito de todo tipo de negocios ilegales. La fragmentación de las disputas ha llevado a que en el territorio se registre la presencia de los llamados Cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Noreste y Los Talibanes. Uno de los periodistas entrevistados describió con claridad este carácter estratégico del territorio:
El estado es semidesértico; es el contacto entre grupos, como los de El Mayo en Durango y El Mencho en Jalisco, y tienes una gran sierra sin bloqueos visuales de arbustos. Entonces puedes tener el control visual de las carreteras con kilómetros de avistamiento […] por eso son zonas también de diestramiento.6 Es como un santuario para moverse”. (E5)
Ahora bien, además de las descripciones de las dinámicas de los ejércitos irregulares en conflicto (y el relato reduccionista de “disputas entre cárteles”), no se pueden desvincular la violencia de las guerras por las rentas del territorio y sus recursos, en las que siempre hay redes de connivencia o colaboración estatal (Correa, 2018; Iglesias y Gaussens, 2022; Paley, 2020). Por eso la violencia extrema forma parte de una “espectacularización aleccionadora” (Reguillo, 2021, p. 125), a través de la cual los diferentes cuerpos criminales y estatales establecen lógicas disciplinarias para el control de las poblaciones y para el establecimiento de hegemonías locales basadas en la total impunidad.7
Entre 2021 y 2023, en el marco de esas disputas, se presentaron los episodios de desplazamiento forzado interno. Según los registros de la CMDPDH, hubo por lo menos 17 episodios de DFI masivo en los municipios de Juan Aldama, Miguel Auza, Valparaíso, Monte Escobedo, Tepetongo, Fresnillo, Calera y Jerez. Como se puede apreciar en la Figura 2, la zona más afectada fue la región suroccidental del estado, en los municipios de Jerez, Valparaíso, Susticacán, Tepetongo y Monte Escobedo, que conforman un corredor que conecta la frontera de Jalisco con la Sierra Madre Occidental, las carreteras hacia Fresnillo y los estados de la frontera norte.
Fuente: elaboración propia con mapa del INEGI, 2005.
Figura 2 Zonas de incidencia de desplazamiento forzados masivos en Zacatecas, 2019-2022
Otra característica específica de esa zona de incidencia de DFI es que no es una región minera por tradición. Está conformada por una economía campesina débil y de pequeña escala, por lo cual no se está frente al desplazamiento que se ha analizado en otras zonas extractivistas en el estado, sino que su carácter tiene más relación con las disputas por el control de rutas, de espacios de producción y de extracción de rentas a la población.
DFI masivos en Jerez: imposición del terror y asistencialismo estatal
Jerez tenía una población de 59 910 habitantes en 2020 (INEGI, 2020). Se encontraba en situación de pobreza moderada 42.7%; 2.79% en situación de pobreza extrema, y la población vulnerable por carencias sociales alcanzó 32.6% (CONEVAL, 2020). Jerez tiene una importante población migrante que, desde Estados Unidos, influye en la política local.8 Desde 2021, además del desplazamiento forzado por goteo, se registraron por lo menos seis episodios de DFI masivo en Jerez (marzo, agosto y septiembre de 2021; febrero, agosto y noviembre de 2022), los cuales, según los informantes, afectaron por lo menos treinta comunidades. El DFI más grande ocurrió en septiembre de 2021, cuando huyeron de sus hogares cerca de 1 200 habitantes de las localidades rurales de Guadalupe Victoria, Sarabia, Villa Hermosa, Cieneguita de Fernández, Sauz de los García, Juana González, Briseño, Miguel Hidalgo, Ermita de los Murillo, Ermita del Medio y Ermita de los Correa. Estas poblaciones se dirigieron en un primer momento a la cabecera urbana de Jerez; otros hacia la ciudad de Zacatecas, a San Luis y a Aguascalientes, y poco tiempo después algunos más hacia la frontera norte (E2, E3).
La índole estratégica de este territorio está dada tanto por sus características geográficas ⸺donde “se siembra marihuana y amapola, hay laboratorios para otras drogas y centros de diestramiento” (E5)⸻ como por su ubicación de frontera con Jalisco, pues de allí hay conexiones carreteras para llegar a Fresnillo, de donde a su vez se puede tener conexión con todos los estados fronterizos.9
En la zona hay una dinámica socioeconómica que gira en torno a la agricultura familiar y a la ganadería. Las localidades ubicadas en la sierra están conformadas por poblaciones pequeñas que no superan los dos mil habitantes. Se dedican al cultivo de chile, durazno y manzanas, entre otras cosas. Jerez es una de las principales regiones productoras de duraznos en México, donde se cosechan hasta 8 000 toneladas al año. Se estima que durante 2022 las pérdidas alcanzaron 45 millones de dólares, pues se calcula que se abandonaron seis mil hectáreas de cultivo (Monroy, 2022). Sobre la producción de manzanas, el Parlamento Campesino de Zacatecas informó que se perdieron dos mil hectáreas de siembra, además de diez mil cabezas de ganado por lo menos (InSight Crime, 2022).
A continuación, se analizan los mecanismos identificados en el proceso en el que se presentaron los episodios de DFI entre 2021 y 2023.
Imposición del terror y desarraigo
La imposición de terror y desarraigo es el primer mecanismo que se detectó como una forma de violencia disciplinaria y de control del territorio en Zacatecas en el proceso que configura al DFI masivo. Es importante tener en cuenta que las dinámicas de violencia y de confrontación por el territorio venían acentuándose desde 2020. Con su poca población, Jerez experimentó el aumento intenso y dramático de homicidios dolosos: tres durante 2019, 30 en 2020, 36 en 2021 y 66 en 2022. No se pudieron instalar las casillas especiales en la sierra (Nava, 2021) durante las elecciones estatales de 2021, pues, en palabras de un periodista entrevistado, “estaba la sierra llena de camionetas con personas armadas que no dejaron que se llevaran a cabo las elecciones y nos prohibieron hacer notas al respecto” (E4).
Entre las características de la violencia disciplinaria están la intensidad y la claridad del ejercicio de control de los grupos armados en el territorio. De esta manera, en todos los casos de DFI masivo de Jerez se denuncia la desaparición y el “levantamiento de personas”10 y, en muchos casos, se señala que los grupos criminales se llevaron a los jóvenes para que realizaran trabajos forzados. En la pequeña comunidad rural de Palmas Altas hubo víctimas que se vieron obligadas a desplazarse a principios de 2021. Estas narran que, antes de su decisión, desaparecieron por lo menos tres personas de la comunidad y que asesinaron a otras dos. También constataron la presencia permanente de grupos armados (Cerbón, 2022). En el episodio masivo de septiembre de 2021, la población tuvo que dejar sus propiedades a causa de las amenazas y de los enfrentamientos entre las organizaciones delictivas, luego de ser víctimas de vejaciones. Decidieron huir luego de que grupos armados “incendiar[a]n tres automóviles, asesinar[a]n a cuatro personas, violar[a]n a por lo menos dos mujeres y privar[a]n de su libertad a una decena de hombres y féminas, entre ellos, varios menores de edad” (Valadez, 2021b).
La claridad del ejercicio de la violencia disciplinaria se reflejó en los testimonios de la población desplazada a la que se entrevistó. Aseguraban que “antes todo era muy tranquilo, básicamente no había grandes conflictos ni problemas, pero desde que empezaron a llegar “los malos”, las personas de afuera que no conocíamos, se enrareció todo el ambiente y ya no podíamos ni salir de las casas” (E6). En sus testimonios, las personas desplazadas e incluso las autoridades gubernamentales se referían a los grupos armados como “los malos”, una representación según la cual los problemas en el territorio son ajenos a la población. Como mostraron Argüello (2022) y Giménez (2021) en el caso de Guerrero, estos son mecanismos de defensa que se construyen de manera colectiva frente a escenarios de alta estigmatización, de forma que explican que su condición de víctima no deriva de conductas “irregulares”.
Puesto que la zona de Jerez tiene poblaciones pequeñas dedicadas a la agricultura que nunca habían estado expuestas a situaciones de violencia generalizada tan agudas, el efecto de la violencia disciplinaria se vivió con mucha intensidad y sorpresa. En palabras de uno de los líderes de una organización campesina al que se entrevistó:
Nos afectan porque no somos personas acostumbradas a la violencia. La gente realmente no entiende qué es lo que pasa y por qué les toca a ellos. Dicen cosas como ‘nos cayeron las siete plagas’ […]. Por la misma forma de producción, es muy difícil que esta población se organice. Somos, si se quiere, más individualistas y no estamos acostumbrados a esa violencia. (E1)
Así mismo apareció lo siguiente en el testimonio de uno de los funcionarios encargados de contener a la población desplazada en los días que arribó a la cabecera municipal: “Lo que más me sorprendió fue ver a los hombres del campo, que son personas muy fuertes y trabajadoras, llorando y quebradas del miedo. Ver esas personas tan fuertes tan asustadas, básicamente nos dejó sin saber qué hacer” (E2).
La lógica de control sobre los cuerpos y el miedo se refuerzan a causa de la imposibilidad de regresar a sus hogares. En febrero de 2022 hubo otra ola de desplazamientos. Centenares de familias abandonaron sus hogares, hecho que dio pie a la narrativa de los poblados fantasmas de Sarabia y Palmas Altas (Rincón, 2022). En los recorridos que los fotoperiodistas realizaron un mes después, en compañía de las fuerzas estatales, pudieron documentar el estado en que quedaron las propiedades. Eran el testimonio de una guerra: las casas baleadas y saqueadas; y se robaron enseres, electrodomésticos, maquinarias de trabajo y camionetas. En la violencia disciplinaria, el control sobre los cuerpos tiene un gran componente de crueldad, porque “la crueldad escoge no solo al enemigo adulto, sino [también] a toda su familia, sus animales, sus casas; ella quiere no solo su muerte, sino [también] su envilecimiento, su dolor, la destrucción a sus propios ojos” (Blair, 2010, p. 46).
La idea de las comunidades fantasmas produce una gran huella mediática, porque representa la dureza de los episodios de desplazamiento, pero de cierta manera oculta el hecho de que en el territorio hay un control establecido por los grupos armados que “llegaron y empezaron a cobrarnos y [a] controlar lo que se vendía [...] en las tiendas, a entrar a las casas y llevarse las cosas de las personas que huían” (E8). Es decir, cobran rentas y despojan a la población.
La revictimización y los múltiples desplazamientos fueron constantes. Tras los intentos de retorno, de nuevo desplazaron a la fuerza a las personas, lo cual sucedió en las comunidades de Juana González y Sauz de los García, aunque la gente logró establecer una dinámica de visitas temporales durante todo 2022, yendo de día a las comunidades y regresando a la cabecera municipal de Jerez por la tarde (Hernández, 2022b).
En el regreso temporal se nota un sentimiento de desarraigo, en el sentido de que los vínculos con la cotidianidad del trabajo de la tierra y con la producción quedan rotos. Se vive con temor e impotencia para volver a “iniciar de nuevo”. Hay incertidumbre sobre lo que podría pasar con los escasos servicios de salud y educación:
Realmente esto son tierras y pueblos que ya se perdieron. Ya acabaron con ellos. La gente no vamos a regresar ahí. Las personas buscan otros rumbos y otras formas, porque el miedo está y porque a los que nos expulsaron ni siquiera les importa el negocio del durazno. Es mandar el mensaje de que ahí mandan. Se rompió con toda relación con la vida ahí. (E1)
Militarización y asistencialismo gubernamental
La lógica de militarización y asistencialismo gubernamental es el segundo mecanismo identificado en el proceso que configura al desplazamiento forzado masivo como una forma de violencia disciplinaria y de control del territorio en Zacatecas. En los años analizados se observa una interacción entre actores en la cual las respuestas gubernamentales se movieron de la negación a la implementación de políticas (militarización y atención burocrática) que no hacían énfasis en la reparación a las personas, el despojo y los derechos violentados. Por el contrario, respondían a la dinámica de la guerra. En tal sentido, las respuestas gubernamentales terminan produciendo un efecto de intensificación de las lógicas de la violencia disciplinaria, pues la población desplazada queda a merced de instituciones estatales que no funcionan.
Cuando se dieron los episodios de desplazamiento forzado masivo en septiembre de 2021, los gobiernos municipal y estatal quisieron minimizar la situación. El hasta entonces gobernador Tello (Monreal se posesionó el 12 de septiembre) aseguró que no existía información sobre desplazamiento, y el Grupo de Coordinación Local de la Estrategia de Seguridad señaló que “no se han encontrado evidencias, ni información fidedigna que confirme los datos que han sido difundidos a través de redes sociales respecto del desplazamiento de los habitantes de la comunidad de Ermita de los Correa en Jerez” (Chávez, 2021).
Fue clave la difusión de información a través de redes sociales por parte de las comunidades migrantes, pues en palabras de uno de los líderes de la Confederación Nacional Campesina de Zacatecas (CNCZ), “fue porque los migrantes viralizaron la situación en redes que se visibilizó el problema. Le pegaban al gobierno local y tuvieron que reconocer lo que pasaba” (E1). Dado el tamaño de la población desplazada, un par de días después el secretario de seguridad (Arturo López Bazán) aseguró que, en efecto, se había presentado el fenómeno de desplazamiento y confirmó casos en 13 comunidades rurales (Llamas, 2021). En ellas había más de 350 familias que vivían del cultivo de frijol, maíz, avena y durazno, además de la crianza de ganado.
Al arribar a la cabecera municipal de Jerez, parte de las personas desplazadas se alojaron con familiares o amigos, así como en casas vacías que fueron habilitadas como albergues, mientras que la propuesta del gobierno de recibirlos en un albergue del DIF municipal no tuvo mayor respuesta de la población desplazada. En los testimonios recolectados se señalaba que muchas de las personas desplazadas recibieron apoyo de familiares migrantes. Incluso varias pudieron rentar sus casas o tener dinero para sobrevivir algunos meses en la cabecera municipal de Jerez o de Zacatecas (E7). De la misma manera, dado el perfil de la ola de desplazamientos de la sierra agrícola, para las víctimas la decisión de emigrar a Estados Unidos podía esperar, puesto que eran poblaciones que tenían formas de sustento de vida productiva, por lo cual “la esperanza estaba en poder volver de la mano del gobierno al que le exigían solo seguridad” (E1).
Tras verse obligado a reconocer el desplazamiento forzado desde septiembre de 2021, la respuesta del gobierno federal se enmarcó en una serie de promesas de inversión y de profundización de la militarización del territorio. En una visita a Zacatecas el 24 de noviembre de 2021, el presidente López Obrador anunció la puesta en marcha del “Plan de Apoyo de Zacatecas” para hacer frente a la ola de violencia en la entidad. El Plan contemplaba un conjunto de medidas económicas para intervenir en el estado y nuevas directrices de militarización. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó la estrategia de reforzamiento de la seguridad a partir del aumento de pie de fuerza militar, movilizando 460 nuevos elementos en el estado, acumulando un total de 3 848 militares (1 744 del ejército y 1 644 de la Guardia Nacional), 652 miembros de la policía estatal y 1 137 de las policías municipales. El aumento de la presencia militar se complementó con la construcción de las coordinaciones regionales y batallones de la Guardia Nacional, proyectando 9 instalaciones para 2022 y 16 para 2023 (Presidencia de la República, 2021).
A pesar de estas respuestas de militarización, la atención a la población desplazada continuó siendo insuficiente: comenzando 2022 aún no se garantizaban condiciones de retorno ni atención a las necesidades básicas. En este marco, además de la presión de las comunidades migrantes, algunos grupos de personas desplazadas se articularon con el CNCZ en la exigencia de respuestas al gobierno pues, como se ha dicho, una buena parte de la población víctima eran campesinos agricultores. La acción más emblemática la llevaron a cabo en marzo de 2022 cuando realizaron un plantón en el zócalo de la Ciudad de México, exigiendo una reunión con el gobierno federal, luego de que el propio presidente de la república hubiera declarado públicamente que el desplazamiento en Jerez no era un tema de atención prioritario (Lozano, 2022a).
Tras la protesta en Ciudad de México, que tuvo cobertura mediática, el gobierno estatal de Zacatecas se reunió con representantes de las comunidades de Jerez, prometió que brindaría condiciones de seguridad para su retorno y redujo la situación a un “problema heredado del gobierno anterior” (Lozano, 2022b). En la reunión participaron representantes de las comunidades de El Cargadero, Ordóñez, Villa Hermosa, Palmas Altas, Sarabia, Ermita de Los Murillo, Briseño, Sauz de Los García de Arriba, Sauz de los García de Abajo, Colonia Miguel Hidalgo, Monte de los García, Cieneguitas de Fernández y El Poleo. Uno de los puntos centrales fueron los daños que sufrieron las casas y la pérdida de los cultivos en la zona. Días después de la protesta, la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emitió una queja de oficio ante al gobierno estatal por no haber creado aún un plan de atención integral para proteger las poblaciones desplazadas (alojamiento, vestido, alimentos, educación, atención médica, trabajo). Además, exigió la publicación de un padrón de víctimas (Belmontes, 2022).11
Como respuesta a las protestas, el gobierno federal instaló bases militares en Palmas Altas, Ermita de los Correas, Villa Hermosa y Guadalupe Victoria (Hernández, 2022a). Como se dijo en la sección anterior, tras estas acciones se dieron “retornos temporales” de familias a las zonas rurales de Jerez acompañadas de la Guardia Nacional para recoger algunas de las pertenencias que quedaban en sus hogares. Un testimonio de una de las personas desplazadas planteó que estos ejercicios de retorno temporal ponían en evidencia la falta de compromiso real de las autoridades para asegurar un retorno sostenido, pues “cuando íbamos con los militares a los retornos temporales los militares eran urgidos de que subiéramos las cosas a las camionetas rápido, que sacáramos todo lo que pudiéramos de las casas y nos fuéramos” (E9).
Los daños a la economía agrícola en un estado de por sí pobre y con pocas alternativas productivas, permitieron que los reclamos de la CNCZ tuvieran eco a nivel mediático y político. Sin embargo, en la práctica la atención a la población desplazada se hizo desde una perspectiva asistencialista, en la cual los funcionarios no tenían clara la cadena de violaciones de derechos humanos de las que son objeto las víctimas. En palabras de un agente del gobierno municipal, las personas desplazadas ya no sentían confianza para regresar a sus hogares: “Estamos intentando con las comisiones encargadas de ir a arreglar las casas, limpiar, poner luminarias para que la gente pueda volver, pero la gente simplemente no quiere volver” (E3). Y su rol era interpretado como ayuda: “El problema de seguridad es una cosa federal que tiene que ver con los militares. A nosotros nos rebasa. Nosotros estamos tratando de ayudar a intervenir en temas como limpieza, arreglar casas, que se calme todo, preocuparnos por el mensaje” (E2).
La respuesta gubernamental asistencialista es un mecanismo para recrudecer la violencia disciplinaria, porque tiene un efecto de normalización de los daños sobre los cuerpos y los territorios, puesto que no existe una perspectiva de reparación integral de los derechos violentados. Como plantea Reguillo (2021), uno de los efectos de esta violencia es la creación de subjetividades, “cuyo fin último es el de asegurar la aceptación de la violencia como mandato en las relaciones desiguales de poder” (p. 211). En el mismo sentido, Blair (2010) plantea que la lógica punitiva sobre los cuerpos toma una particularidad extrema en la guerra. Por eso la atención paliativa por parte de autoridades gubernamentales, que no contempla una reparación de las experiencias de victimización, refuerza esa lógica.
En este proceso fue aprobada la LPADFIEZ, la cual entró en vigencia el 2 de octubre de 2022. En la justificación de la creación de la ley se reconoció que el desplazamiento forzado había afectado a por lo menos 10 000 personas en el estado, sobre todo en las zonas de la sierra (Lozano, 2022c). La ley obligó a crear el Sistema Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado, integrado por el gobernador, y las siguientes instituciones: Secretaría General de Gobierno del Estado, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de las Mujeres, Secretaría del Campo, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Economía. La ley plantea atender a la población desplazada a través del DIF, brindando a las víctimas alojamiento, comida, acceso al servicio de agua potable, educación y salud. Sin embargo, pasados los meses establecidos para su reglamentación, el Sistema Estatal no se integró, y en el presupuesto para 2023 no se le asignó rubro específico (Ortega, 2022 y 2023b).
En noviembre de 2022, tras varios intentos fallidos de retorno a sus hogares, las personas de la comunidad de Durazno volvieron a protestar en la plaza central de la capital de Zacatecas, junto con carteles que decían “Alto al terror”, “Queremos paz”, denunciando que a lo largo del año habían sido expulsadas por lo menos tres veces de sus hogares debido a los enfrentamientos armados (Valadez, 2022). Denunciaron que las acciones de intervención del gobierno, en las que se detienen a integrantes de grupos del crimen organizado, no vienen acompañadas de presencia en el territorio, por lo cual la población se vuelve objeto de los grupos armados que los culpan por brindar información, revictimizándolos.
La militarización estuvo entonces acompañada de promesas institucionales a través de la creación de la LPADFIEZ (2022), la cual ha quedado en la simulación al no operar y carecer de recursos.12 Hasta el momento, según los informes oficiales, menos de 40% de la población desplazada ha regresado a sus hogares.
Como se ha señalado, el DFI es detonado por un cúmulo de tipos de violencia, como homicidios, violación sexual, desaparición y extorsión que producen la decisión de huir, despojando a la población de sus hogares y configurando territorios ocupados por parte de grupos armados que se mueven con impunidad (recuérdese que la presencia militar en la zona tardó meses en llegar y fue solo posible tras las protestas de las comunidades). En tal sentido, la respuesta gubernamental de reducir la crisis de DFI ofreciendo “ayuda”, configuró un escenario de no atención integral de las victimizaciones y naturalización del estado de violencia como algo ajeno a las capacidades de respuesta del Estado.
Reflexiones finales
En este artículo se analizaron las dinámicas de DFI masivo en Zacatecas entre 2021 y 2023, a partir del caso del municipio de Jerez. Los resultados presentados complementan las investigaciones que han señalado la relación directa entre la violencia y las disputas por los territorios en el DFI (Argüello, 2022; Giménez, 2021; Marinis, 2019; Pérez y Castillo, 2019; Querales-Mendoza, 2020; Salazar, 2014). Dentro de este conjunto de indagaciones, el caso de las comunidades de Jerez aparece como particular porque la población desplazada entre 2021 y 2023 se ubica en una región que no había experimentado dinámicas de violencia tan intensas (lo que no significa que no hubiera formas de gobernanza criminal), y donde las respuestas gubernamentales tuvieron que acelerarse dado el apoyo que recibieron los reclamos de las víctimas.
A diferencia de los episodios de desplazamiento forzado relacionados con contextos de megaproyectos mineros en el estado, las comunidades de la sierra de Jerez estaban dedicadas a la pequeña agricultura y la ganadería, por lo cual las confrontaciones por el territorio y las lógicas del despojo estaban asociadas con disputas por la circulación de economías ilícitas (siembra y trasiego), la expansión para la guerra (reclutamiento y diestramiento), así como la hegemonía sobre poblaciones objeto de extracción de rentas (extorsión). La fragmentación de organizaciones confrontadas, con prevalencia de la disputa entre los denominados cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, creó un escenario de acumulación de múltiples tipos de violencia en un marco de total impunidad, donde el DFI fue una manifestación extrema del ejercicio del poder sobre los cuerpos y los territorios.
Siguiendo una metodología de reconstrucción de procesos, se plantearon dos mecanismos que permitieron definir el proceso de los DFI masivos en la región como violencia disciplinaria: la imposición de terror y desarraigo y las respuestas gubernamentales militaristas y asistencialistas. Al descomponer el proceso durante el periodo estudiado y triangular fuentes, se constató que estos mecanismos se presentaron de manera predominante dentro de las experiencias de las poblaciones involucradas, reforzando las condiciones de violencia y expulsión que dan forma al DFI.
En medio de estos enfrentamientos, que no afectan la reproducción del modelo económico excluyente estatal, la población rural se adapta o es víctima de las guerras por la hegemonía local. Allí el DFI es el resultado de un continuo de lógicas de violencia disciplinaria para controlar los territorios y los cuerpos, lo cual produce múltiples victimizaciones y despojos. Las exigencias colectivas por el resarcimiento de los derechos de la población encuentran en las respuestas gubernamentales orientadas a la creciente militarización, un enfoque asistencialista y la creación de una Ley Estatal de Desplazamiento inoperante, una forma de acentuar las lógicas de la violencia disciplinaria. Las respuestas gubernamentales no reconocen en la práctica a las víctimas de DFI como sujetos de derechos y no garantizan condiciones de retorno seguro, reparación, no repetición de los hechos y acceso a la justicia.
