Introducción: narrar la complejidad territorial

A finales de 2014 aparecieron en las calles de San Andrés Cholula y de San Pedro Cholula, Puebla, grafitis con la leyenda “No se vende” bajo unos trazos esquemáticos que delineaban las escalinatas de una pirámide y el perfil de una iglesia. El esténcil -técnica con la que se aplica de modo serializado pintura sobre una plantilla perforada- manifestaba la repulsa a una iniciativa de los gobiernos municipal y estatal de Puebla (véase Figura 1). Ambas instancias habían puesto en marcha un acelerado proceso de expropiación de terrenos en torno a una zona arqueológica con el fin de construir un parque e infraestructura turística al pie del Santuario de la Virgen de los Remedios, que se levanta sobre la Gran Pirámide de Cholula. Un gesto en apariencia simple de arte urbano condensaba los diversos planos que se entretejen en un mismo territorio y que solo se pueden separar de forma analítica: el patrimonio cultural, las prácticas sociorreligiosas, la propiedad de la tierra, la disputa acerca de la explotación económica de esta y, claro, la repulsa que la propia inscripción consigna.

Fuente: Fotografía de Marlene Martínez (^{Ayala, 2014b}).

Figura 1 Esténcil de repulsa a los procesos de expropiación en Cholula, 2014 

Cholula nombra un asentamiento humano habitado de modo continuo desde hace alrededor de tres mil años, compuesto en la actualidad por tres municipios principales (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula) y 27 juntas auxiliares.¹ Dentro de la ciudad se emplaza una zona arqueológica bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La Gran Pirámide de Cholula es producto de una larga ocupación humana (200 a. C.-800 d. C.), y sus etapas constructivas y dimensiones la posicionan como la estructura arquitectónica prehispánica más grande de México (^{INAH, 2023, p. 68}). Cholula fue uno de los principales centros religiosos de la región, con un templo mayor dedicado a Quetzalcóatl (^{Castillo, 2004}). Fue una ciudad multiétnica donde convivían grupos tolteca-chichimecas, nahuas y olmecas-xicalancas (^{Olivera y Reyes, 1969}). Tenía un centro comercial que ocupaban los pochtecas (comerciantes), quienes recorrían largas distancias por toda Mesoamérica intercambiando productos (^{McCafferty, 2016, p. 6}).

Sin embargo, Cholula es mucho más que la zona arqueológica, pues está atravesada por distintas redes de infraestructura estatales -hidráulicas y viales-, a la vez que algunas de sus áreas agrícolas operan como ejidos en un formato de propiedad colectiva de la tierra. ¿Cómo responder al abigarramiento que plantea el territorio de Cholula y los conflictos que en torno a él se han producido? Por lo general, como se verá más adelante, las investigaciones académicas han tendido a separar aquello que la imagen del esténcil integra, presentando Cholula como un territorio patrimonial, sociorreligioso o periurbano.

No obstante, ante la complejidad que los espacios urbanos adquirieron con el auge de las denominadas sociedades postindustriales, muchas perspectivas académicas comenzaron a investigar dichos espacios no tanto atendiendo a rasgos estables que permitieran caracterizarlos de antemano de modo disciplinario como a rastrear las condiciones cambiantes que los singularizan. La noción de espacio de flujos (^{Castells, 1989}), de relación entre escalas espaciales (^{Smith, 1984}) o la idea de que la sociedad crea el espacio (^{Lefevbre, 1974}) encarnaron, en su momento, significativos replanteamientos metodológicos. La ciudad emerge ahí conformada por numerosos actores, tecnologías, prácticas, infraestructuras y discursos que no siempre son compatibles o coherentes entre sí. De esta dimensión multiescalar, heterogénea y procesual del territorio han dado cuenta los desarrollos más recientes, consagrados a comprenderlo y analizarlo (^{Amin y Thrift, 2002}; ^{Cabrera, 2011}; ^{Farías y Bender, 2010}; ^{Haesbaert, 2011}; ^{Raffestin y Butler, 2012}).

Es en esa línea argumental en la que se sitúa Farías cuando afirma que la complejidad de los espacios urbanos exige operar con “una ontología alternativa para el objeto ciudad” (2011, p. 17). Reivindicando la teoría del actor red y su influencia en los nuevos estudios urbanos, Farías recurre a la noción de “ensamblaje urbano” para “dar cuenta de cómo lo social es producido por medio de asociaciones entre entidades humanas y no humanas” (pp. 29-30). No se trata de poner en marcha una “multiplicidad epistemológica, que se deriva de las distintas perspectivas desde las que se puede conocer a un objeto único, sino de una multiplicidad ontológica” (p. 29). De ahí que eso que llamamos ciudad o espacio urbano se configure simultáneamente a partir de distintas redes de relaciones y prácticas: ya sea como ciudad turística, como espacio público para acciones políticas y manifestaciones de la ciudadanía, como mercado inmobiliario o espacio de consumo, como red de alcantarillado o como lienzo para grafiteros (p. 29).

Fue esa condición heterogénea y simultánea en la compleja conformación del territorio la que se hizo manifiesta cuando los autores del presente artículo abordaron los conflictos desatados en Cholula entre 2014 y 2017. Las iniciativas gubernamentales -expropiación, rezonificación, construcción de infraestructura de movilidad y para el ocio y la cultura- incidieron en el entramado que conforma a un mismo tiempo el área del Santuario de los Remedios, la zona arqueológica y los campos agrícolas. Aunque Cholula se dé de modo significativo en todos esos espacios, distintos trabajos han tendido a desgajar la ciudad y a subsumirla en redes discretas o aisladas, por ejemplo, la red que se asociará en este trabajo con el “territorio periurbano”, es decir, la infraestructura destinada de manera prioritaria para el ocio y el turismo. A diferencia de estos acercamientos que separan las distintas acepciones de territorio, lo que se pretende mostrar es que, al llevarse a cabo una violenta intervención gubernamental para transformar el espacio urbano de Cholula en esos términos periurbanos, como si se hubiera punzado en un área sensible de un extenso sistema nervioso, se activaron otras redes: religiosas, patrimoniales, medioambientales, académicas y activistas. Lo que reveló esa reacción en cadena fue que todas ellas, con sus tensiones, solapamientos y complicidades conformaban el territorio que entonces se ponía en disputa. En el presente trabajo se argumenta que, para dar cuenta de esta condición distintiva, los acercamientos disciplinares, e incluso los multidisciplinares, son insuficientes: mostrar esa zona disputada de Cholula exige hacerlo como un ensamblaje densamente conformado de modo simultáneo y heterogéneo por distintas redes sociales y técnicas. Tal es el camino que aquí se ha tomado.

Luego de un apartado metodológico, en las siguientes secciones se presentarán: 1) una reconstrucción documentada de la forma en que se narró el conflicto entre 2014 y 2017 en torno a la zona arqueológica de Cholula; 2) una revisión de los trabajos de investigación académicos que se han hecho sobre el conflicto y la conceptualización preponderante de Cholula como territorio (histórico, patrimonial, sociorreligioso y periurbano) que se desprende de ellos y que permite subrayar sus singularidades, interdependencia y limitaciones disciplinares; y 3) para responder a esas visiones parcializadas, un acercamiento a la compleja condición relacional del territorio en disputa permitirá apreciar por qué la construcción de infraestructura -un parque, una estación de tren, un museo- atravesó esas cuatro caracterizaciones del territorio, en apariencia estancas, y las desbordó de modo impredecible. En esa misma sección, se elaboran unas consideraciones donde se subraya una serie de implicaciones imprevistas que un acercamiento relacional al territorio, como el que aquí se propone, permite advertir.

Metodología

La metodología es hermenéutica y cualitativa, tanto en las observaciones in situ como en las entrevistas semiestructuradas a doce actores importantes del conflicto clasificados en cuatro grupos: 1) activistas con arraigo generacional en Cholula; 2) activistas que han llegado a vivir a Cholula; 3) académicos activistas (residentes o no de Cholula); 4) representantes institucionales (residentes o no de Cholula). La edad de las personas entrevistadas oscila entre 30 y 70 años. La importancia de los actores se definió tomando como criterios la capacidad de agencia que los ayudó a visibilizar e intervenir en el conflicto y la capacidad de entablar relaciones de apoyo con otros grupos sociales. Se analizaron los documentos gubernamentales que proporcionaron las instituciones a través de una solicitud en la plataforma digital del Instituto de Acceso a la Información Pública (INAI, oficio número UT-29752-2022/, folio INAI:330018322001035): Plan de manejo de la zona arqueológica de Cholula, Puebla y los que compartieron los activistas, quienes resguardan un archivo personal sobre el conflicto: Dictamen interdisciplinario, Centro INAH Puebla del 23 de septiembre de 2014; Informe técnico del rescate arqueológico “Mejoramiento y modernización del Camino Real a Cholula” de 2015; Oficio número 401f(24)137.2015/0761, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del 23 de febrero de 2015; Oficio 401.b (4)19.2015/36/0859 Consejo de arqueología del 29 de abril de 2015; Oficio 401.B(4)19.2015/36/1281 Consejo de Arqueología del 11 de junio de 2015; Tren Turístico. Informe preliminar de 2015; Oficio 401b (4)77 2016/4085 Centro INAH Puebla, del 16 de octubre de 2016. También se revisó la literatura científica -que se presenta en las siguientes secciones- y materiales de prensa nacional: Proceso, Milenio, El Universal y de prensa local: Lado B, Intolerancia Diario, Periódico Enfoque, El Popular, Diario Cambio de Puebla, e-consulta.com, La Jornada de Oriente, El Sol de Puebla, Ángulo 7 y Municipios Puebla.

Las redes sociales y otros medios de comunicación que se tuvieron en cuenta para la elaboración de este trabajo son Cholula Viva y Digna (Facebook); @CholulaSOS (Twitter); Chollolan Radio (Facebook), @FMCholollan (Twitter), Cholollan Comunicación Comunitaria (YouTube); Cholula en Bici (Facebook), @CholulaenBici (Twitter), @Cholula_en_Bici (Instagram); y Círculo de Defensa del Territorio de Cholula (Facebook). No obstante, un aspecto crucial en línea con la teoría del actor red y la noción de ensamblaje urbano ha sido no definir de antemano el territorio de Cholula ni el conflicto en la zona de la pirámide, sino hacerlos emerger -complementaria, contradictoria y relacionalmente- a partir de los materiales revisados.

Los diferentes trabajos académicos que se han citado en este artículo (^{Aguirre-Calleja, Guzmán y López, 2015}; ^{Domínguez, 2007}; ^{Formacio, 2018}; ^{Gámez y Ramírez, 2016}; ^{García, 2017}; ^{Lauro, 2017}; ^{Paisano, Formacio y Lauro, 2016}; ^{Sánchez, 2014}; ^{Urizar y Licona, 2019}) y que se ocupan de Cholula, en particular de la zona en disputa como territorio, tienden a hacerlo mediante una estrategia analítica e interpretativa disciplinaria, mientras que aquí la apuesta es otra: en lugar de separar esas acepciones que se presentan como si fueran compartimentos estancos, se procura mostrar la importancia de establecer conexiones entre estos, mostrando los trasvases y tensiones que “una ontología alternativa para el objeto ciudad” (^{Farías, 2011, p. 17}) posibilitaría.

En los siguientes apartados de este artículo se presentan los enfoques preponderantes que se desprenden de la revisión de la bibliografía, los cuales se agrupan en cuatro dimensiones recurrentes: histórica, patrimonial, sociorreligiosa y periurbana. Una vez consignados los enfoques, se pretende mostrar la necesidad de desbordarlos y conectarlos entre sí. Si el territorio no se concibe como dado y estable, no solo hay que preguntarse cómo se configura y muta; también ha de trazarse la forma en que se produce y reproduce.

En los últimos años, se han constatado varios esfuerzos por desarrollar un enfoque relacional del territorio y de la territorialidad (^{Beaumont y Nicholls, 2007}; ^{Dell’Agnese, 2013}; ^{Kärrholm, 2007}; ^{Painter, 2010}; ^{Raffestin y Butler, 2012}). Para ^{Painter (2010, p. 1093)}, el territorio debe interpretarse sobre todo como un efecto, el cual puede entenderse mejor como el resultado de prácticas sociotécnicas en red. A su juicio, territorio y red no son principios inconmensurables y rivales de organización espacial, sino que están conectados de manera profunda -lo cual no implica el establecimiento de una reciprocidad, interacción o dialéctica entre ellos que deje intacta la noción de territorio agregando, simplemente, redes-. “Desde esta mirada el territorio es necesariamente poroso, histórico, mutable, desigual y perecedero. Es un laborioso trabajo en progreso, propenso al fracaso y permeado por la tensión y la contradicción. El territorio nunca es completo, sino siempre devenir” (p. 1094).

A esta complejidad pretende responder el argumento que aquí se presenta. Cobra especial importancia el señalamiento que ^{Mol y Law (2002)} hacen respecto a la noción de complejidad: “Hay complejidad si las cosas se relacionan pero no se suman, si los eventos ocurren pero no dentro de los procesos del tiempo lineal y si los fenómenos comparten un espacio pero no pueden ser mapeados en términos de un conjunto único de coordenadas tridimensionales” (p. 1).² Desde la perspectiva de ^{Kärrholm (2007)}, la complejidad ligada al territorio se caracteriza, por una parte, por un gran número de formas de producción y capas y, por otra, por relaciones “heterónomas” entre diferentes producciones territoriales (pp. 447-448). Esta caracterización lleva a Kärrholm a sostener que la regulación de un lugar puede implicar numerosas estrategias territoriales que cooperan o compiten entre sí, dispuestas por distintas organizaciones a diferentes escalas: un lugar de complejidad territorial puede estar cargado de conflictos territoriales (p. 448). En este sentido, las distintas redes que traman el territorio no solo se dan a la vez, sino que además no son impermeables: se cruzan, modifican y friccionan entre sí.

Según ^{Simone, Barile y Calabrese (2018)}, el territorio es también un sistema complejo que emerge de la coevolución de un conjunto de procesos heterogéneos, los cuales caracterizan un espacio de manera única e irrepetible. En ese sentido, para estos autores hay dos rasgos cruciales que permiten pensar el territorio: por un lado, la heterogeneidad de los procesos (naturales, sociales, tecnoeconómicos), cuya interacción da lugar al sistema complejo territorial y, por otro, la singularidad dada por la convergencia de elementos distintivos, el carácter histórico y la plasticidad que hace al territorio capaz de expresar en el tiempo nuevas combinaciones de recursos, nuevas instituciones y nuevas formas de autoorganización (pp. 496-497). Al igual que Painter, con esta concepción procesual y compleja de territorio que subraya su condición intrínsecamente multidimensional, ^{Simone et al. (2018)} tratan de superar las barreras de los enfoques disciplinares para demostrar que el territorio es un fenómeno interminable de devenir que está hecho al mismo tiempo de estabilidad y variabilidad (p. 497).

El trabajo de ^{Morales y Jiménez (2018)} suscribe esa condición relacional y compleja de las formas territoriales. Los autores defienden una perspectiva de multiactores, multidimensiones y multiescalas para el enfoque territorial, en la medida en que reconocen como fundamentos de tal enfoque a los actores, las dimensiones territoriales que emanan de las perspectivas generales asumidas y declaradas por ellos y las escalas espaciales y sus niveles desde donde dichos actores se articulan con las distintas problemáticas (p. 87). Partiendo de una concepción del territorio como construcción social, Morales y Jiménez dejan claro que los territorios no están dados ni preexisten a los seres humanos, sino que se estructuran y transforman una vez que cambian las relaciones que los configuran (p. 10).

Como de forma acertada ha sintetizado ^{Elden (2019)}, lo crucial es dejar de pensar de una vez por todas que los límites definen el territorio. Más bien, el territorio define los límites. Si este se concibe como una tecnología, como un proceso más que como un resultado y como algo que se hace y rehace de manera continua, entonces esa concepción ayuda a descartar un sentido estático, limitado y definido del término (p. 8).

Teniendo en cuenta el énfasis puesto por todos estos autores en la dimensión procesual y heterogénea del territorio, la metodología lleva a presentar este trabajo como un ensamblaje en el que las cosas se relacionan entre sí, pero no (necesariamente) se suman. Así, se muestran entramadas de forma relacional, pero no como inexcusablemente complementarias del conflicto en Cholula, las cuatro nociones de territorio preponderantes que se advierten en los estudios que se revisaron sobre la zona arqueológica en dicho periodo y, ligada a esas cuatro nociones, la infraestructura aparecerá interviniendo de modo impredecible en dicho complejo territorial.

El conflicto en Cholula (2014-2017)

A finales de noviembre de 2013, los medios de comunicación publicaron la solicitud de los diputados federales de Puebla relacionada con los recursos para la construcción de un distribuidor vial que se ubicaría al final de la denominada Recta a Cholula: un puente elevado de 495 metros de longitud, cuatro carriles, el uso de tensores como soporte y casi trescientos millones de pesos de presupuesto (^{Cholula en Bici, 2014}). Esa solicitud alertó a los habitantes, ya que una obra de tal magnitud ubicada en los límites de la zona de amortiguamiento del área de monumentos arqueológicos de Cholula ponía en peligro los vestigios, lo cual violaba el decreto presidencial que estipulaba la protección de la zona por el INAH desde 1993.

Algunos académicos se implicaron en las primeras protestas e integraron el Consejo Académico Ciudadano por la Integridad de Cholula (^{Llaven, 2014b}). Así mismo, el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD), a través de los trabajadores del Centro INAH Puebla, denunció que los trabajos de construcción del distribuidor vial se habían iniciado sin los permisos del instituto (^{Hernández, 2014}). A las protestas también se incorporaron distintas organizaciones civiles: el colectivo no gubernamental Cholula en Bici, que presentó un proyecto de rotondas inteligentes como alternativa al distribuidor vial e inició la campaña Pueblo Mágico sin Tráfico; el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla; la Fundación Manuel Toussaint; la Asociación de Carnavaleros; los representantes de los barrios de Cholula; Con los Ojos Abiertos, asociación civil conformada por integrantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla; y el portal e-consulta, que esclarecía la información publicada en los medios y ponían en evidencia lo que entendían como conflictos de intereses (^{Méndez, 2014a} y ^2014b).

Aun así, las obras iniciaron el 9 de marzo de 2014, cuando los colectivos todavía impulsaban una disputa legal. La falta de información y claridad en las declaraciones de las autoridades, así como diversos actos de corrupción provocaron que muchos oponentes terminaran por desistir (A. Pliego Ishikawa, comunicación personal, 22 de marzo de 2018). La mañana del domingo 26 de octubre de 2014, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle (2011-2017), realizaría el acto inaugural del distribuidor vial Cholula, acompañado solo por cinco funcionarios y sin la presencia de los medios. El sigilo estaba justificado.

En junio de 2014, las agrupaciones civiles se habían alertado de nuevo. Funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés, amparados en la Ley de Expropiación Exprés recién aprobada por el Congreso del estado, realizaron expropiaciones en los terrenos aledaños a la pirámide de Cholula, limitando el acceso a través de un cerco con malla, derribado en algunas áreas por los habitantes. Se reveló la finalidad de esta expropiación cuando se publicó una licitación nacional para los trabajos de construcción del Parque Intermunicipal Cholula o Parque de las Siete Culturas. Ante dicho proyecto, la organización Círculo de Defensa del Territorio Cholula convocó a manifestarse el 24 de agosto en un acto “de paz y resistencia” que fue conocido en los medios de comunicación como el “abrazo a la pirámide de Cholula” (^{Ayala, 2014a}).

En septiembre se filtraron algunos documentos del proyecto del parque: se edificaría sobre una superficie de 24 hectáreas en los terrenos aledaños a la pirámide y al Santuario de la Virgen de los Remedios, ocupando áreas de los municipios de San Pedro y San Andrés. La descripción señalaba “la construcción de una explanada para usos múltiples, canchas deportivas, 3 restaurantes con 7 m [metros] de altura, 40 locales […] dentro de un pabellón comercial, instalaciones sanitarias, de agua potable y desagües, 3 explanadas de concreto, un lago artificial de 14 000 m², 3 fuentes grandes y cerca perimetral de 3 m de altura con acceso restringido por horario” (^{Paisano et al., 2016, p. 7}). Ante esta noticia, el personal del INAH Puebla informó no tener documentación al respecto, por lo que la Coordinación Nacional de Monumentos Arqueológicos solicitó un dictamen del proyecto que cubría ocho aspectos -administrativo, técnico, arqueológico, medioambiental, arquitectónico, legal, antropológico y de conservación-, afirmando su inviabilidad debido a los daños que provocaría no solo a las estructuras arqueológicas, sino también al medio ambiente y a las prácticas socioculturales, lo cual ponía en duda los beneficios que traería para la población local (^{Mendiola, Martínez, Cedillo, Suárez y Espinoza, 2014}).

Las manifestaciones religiosas estuvieron presentes durante todo el conflicto. La Gran Procesión, realizada el 3 de octubre de 2014, fue un acto convocado por los mayordomos -representantes de cada barrio, elegidos por el sistema de cargos- y autoridades religiosas de ambos municipios, con el objetivo de pedirle a la Virgen de los Remedios que hiciera el milagro de salvar los campos que rodeaban el templo. El recorrido tuvo lugar en las principales calles de San Andrés Cholula y de San Pedro Cholula y, al finalizar, se rezó un rosario colectivo en los terrenos en disputa (^{Herrera, 2014}).

El lema “Cholula viva y digna” se usó durante la fase de mayor confrontación a favor de la protección de la zona de monumentos patrimoniales. Además de ser un lema, fue el nombre con el que se identificó el grupo Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna, organizado durante la asamblea del 26 de agosto de 2014, realizada en el curato de San Andrés y constituida por cuatro comités: 1) religioso: conformado por autoridades comunitarias (sistemas de cargos) de San Pedro y de San Andrés, 2) político: toda la población asistió a manifestaciones, 3) legal: integrado por abogados de la localidad y 4) de activismo: integrado por jóvenes de San Pedro y de San Andrés. “Cholula Viva y Digna” hacía referencia a la unión de las Cholulas en una sola. “Viva” desmentía el argumento del gobierno del estado para intervenir los terrenos aledaños a la pirámide porque no se utilizaban. “Digna” señalaba que Cholula ya era digna y no necesitaba, como se alegaba, un parque para serlo (X. Formacio Mendoza, comunicación personal, 28 de octubre de 2018).

El 6 de octubre de 2014 algunos integrantes de ese colectivo tomaron de manera simbólica el Ayuntamiento de San Andrés Cholula y bloquearon el periférico ecológico, una importante vía estatal que circunvala la zona conurbada de Puebla. En la madrugada del día siguiente, la policía arribó al campamento que los manifestantes habían establecido en la plaza principal de San Andrés y detuvo a Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi y Albino Tlachi -considerados los líderes del movimiento-. La policía dio a conocer, además, otras diez órdenes de aprehensión. El 21 de octubre, el Juzgado Penal de Cholula dictó auto de formal prisión sin derecho a fianza para los cuatro detenidos, entre cuyos cargos se señalaron los de despojo, daño a propiedad ajena y ataque a las vías de comunicación (^{Arellano, 2014}). La sentencia trajo como consecuencia una segunda oleada de manifestaciones: durante el mes de noviembre se organizaron marchas en Cholula, en Puebla y en la Ciudad de México, en las cuales se demandaba cancelar el proyecto del Parque Intermunicipal y la liberación de los presos políticos (^{Martínez, 2014}). La asociación con otros grupos del país en condiciones similares, así como la consulta a organizaciones defensoras de los derechos humanos y la defensa de los pueblos, dieron fortaleza y visibilidad al movimiento.

Debido a las movilizaciones, a la presión mediática y a la interposición de una serie de amparos, el 25 de marzo de 2015 los hermanos Tlachi salieron de la cárcel. A los Xicale, sin embargo, se les dictó una nueva orden de aprehensión, por lo que se mantuvieron entre rejas sin abandonar por ello su activismo (^{Coyotl, 2015}). En julio de 2015, Cholula Viva y Digna y el colectivo de artistas Fracción Roja convocaron a la población a intervenir con gráfica y arte urbano los muros aledaños al sitio arqueológico, como protesta contra el encarcelamiento arbitrario de los Xicale (^{Sánchez, 2015}). Por último, el 1 de diciembre de 2015 fueron liberados bajo caución, y los integrantes del movimiento los recibieron con una celebración a la salida del penal.

Los de Cholula no fueron hechos aislados. El sexenio de Moreno Valle se caracterizó por la ausencia de una democracia social, entendida como “el acto fundamental de consultar a la gente cuando se va a llevar a cabo una política pública, una obra pública que va a afectar la vida de los habitantes” (^{Ayala, 2014c}). La criminalización de la protesta fue de la mano con un sistema de operación que centralizó las decisiones y que implicó la modificación del aparato legal mediante la promulgación de una serie de leyes. Así, se aprobó la Ley Orgánica Municipal de 2013, que retiraba la facultad a las juntas auxiliares sobre el manejo de los registros civiles y pasaba el control a los municipios; la Ley de Expropiación del Estado de Puebla de 2014, que permitió al gobierno del estado incautar bienes inmuebles o predios sin que se notificara antes a los afectados; la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, conocida como “Ley Bala” de 2014, que avaló el uso discrecional de la fuerza pública mediante armas incapacitantes no letales y la utilización de armas de fuego o fuerza letal en caso de legítima defensa, abrogada en 2019. Por último, se aprobó la Ley Antigrafiti de 2015, que sancionaba con hasta dos años de cárcel a quien dañara propiedad ajena (^{González, Zilli, Rosas, Tepole y Parra, 2017}).

A pesar de las constantes manifestaciones, el 10 de noviembre de 2015 se firmó el Proyecto de Desarrollo Turístico Ferroviario: Museo del Ferrocarril-Cholula, cuyo objetivo era “fomentar la creación de infraestructura recreativa para impulsar el turismo en las zonas urbanas de la región y con ello el desarrollo económico de los municipios” (^{Pérez, 2014}). Esta acción revelaba las intenciones del estado de continuar las obras del parque, pues se publicó de nuevo una licitación de obras de mejoramiento urbano en espacios públicos de Cholula. Después de un año y dos meses de haberse iniciado las obras, el INAH las autorizó y en noviembre de 2016 estarían concluidas. El Parque Intermunicipal se redujo a 11 hectáreas que comprenden los terrenos que estaban destinados a áreas deportivas y algunos otros de cultivo que fueron anexados al proyecto. El 24 de enero de 2017 se inauguraron el Museo Regional de Cholula -ubicado en el antiguo Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe, situado al pie de la pirámide y expropiado en 2014-, el Tren Turístico y las intervenciones arquitectónicas y de infraestructura que pretendían reforzar el carácter turístico y justificar la derrama económica en la zona.

Tanto la naturaleza del conflicto descrito como las numerosas y disímiles formas que tomaron las protestas confirmaban que se trataba de un contexto territorial heterogéneo y disputado por los motivos más dispares: viales, campesinos, religiosos, patrimoniales, históricos y económicos. La superposición de distintos actores, grupos sociales, prácticas e intereses demuestran que procesos complejos constituyen el territorio y que no pueden inscribirse en un único mapa (véase Figura 2).

Fuente: elaboración propia con datos del ^{INAH (1993)} y observación in situ.

Figura 2 Referencia geográfica de Cholula, Puebla y los elementos relevantes en la disputa del territorio  

Nota: activistas (triángulo naranja); organizaciones de tipo religioso (rombo verde); ayuntamientos (cuadrado amarillo); dependencias federales (círculo enmarcado azul; agrupaciones académicas (triángulo invertido rosa); estado de Puebla (círculo gris); medios de comunicación (forma compuesta azul turquesa); vínculos recíprocos (líneas azules); vínculos no recíprocos (líneas rojas). Los acrónimos corresponden a: CDPHCAP: Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla; CACICH: Consejo Académico Ciudadano por la Integridad de Cholula; SNPICD: Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia; CDTCH: Círculo de la Defensa del Territorio de Cholula; SP: San Pedro; SA: San Andrés; BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; IBERO: Universidad Iberoamericana.

Fuente: elaboración propia con datos de la prensa local y de las entrevistas con los activistas.

Figura 3 Representación gráfica de las relaciones entre actores durante el conflicto 

Cholula: los múltiples planos del territorio

Una intervención que se suponía contaría con la aceptación social por enarbolar los estandartes de “modernización” y “dignificación” de la zona, se convirtió en un intrincado proceso judicial, religioso y de movilizaciones sociales difícil de desentrañar, como permite advertir el relato presentado en la sección previa. Este conflicto no es nuevo, pues el territorio ha sido un elemento de disputa histórica en Cholula desde la fundación de la ciudad de Puebla en 1531 (^{Hernández-Flores y Martínez-Corona, 2011}). Desde entonces, la intensificación de los procesos económicos ha provocado cambios en la estructura social y ha propiciado que la población local refuerce los lazos identitarios a través de actividades y organizaciones sociales ligadas a procesos de territorialización (^{García, 2017}).

Estas fricciones tienen sus desarrollos más recientes en las confrontaciones entre lo local y lo global a causa de la implementación de proyectos que durante el último tercio del siglo XX impulsaron la administración pública y la iniciativa privada (^{Jones y Moreno-Carranco, 2007}), entre los cuales estaban el Parque Intermunicipal y el Tren Turístico. Si bien en el discurso estos proyectos representaban “desarrollo para la región” (^{Hofmann, 2012}), también conllevaban profundas intervenciones que se tradujeron en choques de intereses, conflictos sociales y disputas territoriales. De acuerdo con ^{Hernández-Flores y Martínez-Corona (2011)}, estas dinámicas provocan desequilibrios en el territorio cholulteca, caracterizado por una multiplicidad étnico-cultural y por prácticas sociales y productivas vinculadas al modo de vida rural, subordinadas a lo largo de la historia a “desarrollos” de esta índole. Por eso “Cholula constituye hoy en día un espacio fragmentado y diverso, donde se confrontan cotidianamente actores, modos de vida y lógicas urbanas y rurales” (p. 294).

Para dar cuenta de esa heterogeneidad, se ha revisado la bibliografía académica relevante que se ha producido al respecto y se ha sistematizado en cuatro perspectivas que dan prioridad a cuatro acepciones de territorio: histórica, patrimonial, sociorreligiosa y periurbana. Si bien esta revisión conduce a una distinción analítica del territorio, en el siguiente apartado se mostrará por qué es imprescindible articular de forma relacional lo que estos enfoques disciplinares separan.

Discusión. Reensamblando Cholula: infraestructura y antagonismo

La propuesta y construcción de infraestructura -de un parque, de una estación de tren y de un museo- revelaron la densa urdimbre que trama el territorio cholulteca y pusieron de manifiesto la vastedad de las movilizaciones de repulsa a la intervención y su disparidad: activistas del patrimonio, de la movilidad o de la libertad de prensa; abogados, académicos y empleados del INAH; feligreses católicos; asociaciones campesinas, de defensa del agua o de los pueblos indígenas.

¿Cómo podemos dar cuenta de esa elusiva complejidad? Si, como se señaló en la “Introducción” y en la “Metodología”, el territorio no se concibe como dado y estable, sino que se produce y reproduce, se presenta un profundo reto al abordar un fenómeno dinámico como el desatado por el conflicto en Cholula. Por eso se ha procurado aquí mostrar la heterogeneidad de los elementos que se ven implicados en los procesos de territorialización ⸻lo cual se ha señalado en los apartados previos⸻, así como trazar las conexiones y fricciones que se establecen entre ellos y que conducen a relaciones inesperadas. Así, por ejemplo, el sitio arqueológico de Cholula, desde su primer proyecto de exploración (1931-1956) a cargo del arquitecto Ignacio Marquina, tuvo que lidiar con una característica sui generis: a diferencia de otras zonas protegidas arqueológicas de México, los vestigios presentaban diversas transformaciones debido a la condición de ciudad habitada de manera continua y al uso del monumento con un fin religioso desde la época virreinal, denominado por los cholultecas “el cerrito de los Remedios”, con el templo católico ubicado en la cima y los restos de la pirámide y patios dispuestos en sus faldas y pies. Esta heterogeneidad propició la fragmentación del sitio arqueológico por factores como la traza urbana, la propiedad privada de los terrenos colindantes, la protección legal del patrimonio y el uso público del espacio circundante. Cabe recordar, además, que el sitio está bajo custodia de una dependencia federal -el INAH-, que se ubica en los límites municipales de San Andrés Cholula y de San Pedro Cholula y que el Gobierno del Estado de Puebla cuenta con el Museo Regional de Cholula dentro de esa zona. El resultado es un sitio que es a la vez patrimonial, lugar de culto religioso y fuente de recursos turísticos gestionados por tres niveles de gobierno diferentes. La cuestión clave está, precisamente, en mostrar la heterogeneidad y la dinámica conflictiva de esta singular conformación territorial, y para ello la perspectiva relacional de los estudios urbanos nos provee de una valiosa estrategia.

Tras la revisión bibliográfica, hemerográfica, de las entrevistas y de las visitas in situ, hay que insistir en que, más que un análisis disciplinar respecto a ese intrincado proceso desplegado entre 2014 y 2017, la complejidad de la conformación del territorio requiere un acercamiento que dé cuenta del modo antagónico de participación de los actores implicados. Como ya se dijo, dar cuenta de dicho modo conlleva responder a la complejidad y a la singularidad de los procesos puestos en marcha, intentando reunir las distintas redes que traman el territorio de manera simultánea pero que, aunque cada una tiene sus propios rasgos definitorios, no son ni estancas ni impermeables. El proceso que se ha rastreado demuestra que el territorio está enhebrado de modo heterogéneo por numerosos actores humanos y no humanos (legislación, titulares de prensa, máquinas excavadoras, mercadotecnia turística y campos de flores, por citar solo algunos), a la vez que el antagonismo, la fricción y la disputa forman parte de él de manera constitutiva: el territorio no es un mero trasfondo estable sobre el que tienen lugar los acontecimientos.

Ese entendimiento relacional del territorio, que está muy extendido en los estudios urbanos, como se ha señalado en el apartado metodológico, permite mostrar tanto la complejidad como la singularidad del proceso desplegado en Cholula durante el periodo en consideración. Tal condición relacional del territorio posibilita entender por qué una intervención supuestamente “infraestructural”, como la construcción de un parque, tuvo un efecto como el que se ha descrito aquí. ^{Berlant (2016)} ha señalado que la infraestructura es una mediación viva de la vida (p. 394). Eso que denominamos infraestructura -un distribuidor vial, una estación de tren, un parque- debe entenderse más como un proceso que como una cosa.

Y este es el hecho central de la “infraestructuración” -no es que el acto de construir una infraestructura simplemente ratifique relaciones preexistentes: el acto de infraestructurar cambia lo que es un camino, una unidad monetaria o una ecología-. Las infraestructuras son motores de cambio ontológico. Se interponen entre las personas, la tecnología y la naturaleza y, al hacerlo, se reconfiguran simultáneamente. (^{Karasti, Pipek y Bowker, 2018, pp. 271-272})

A la estela de esta concepción procesual de la infraestructura, ^{Parks y Starosielski (2015, pp. 9-13)} la han caracterizado atendiendo a:

Dada esta condición relacional de la infraestructura que opera en distintos planos a un mismo tiempo, hay que advertir también lo que podría calificarse como su “imprevisibilidad”. Si bien la infraestructura responde a una intervención específica planificada para conseguir unos efectos determinados, una vez que entra en relación con otros actores humanos y no humanos sus repercusiones no son predecibles de manera nítida. Esta imprevisibilidad se aprecia en las numerosas implicaciones territoriales no premeditadas de la implementación del proyecto del Parque Intermunicipal, de las cuales se señalarán solo algunas debido a las distintas escalas en las que operan y a sus alcances marcadamente disímiles:

El Parque Intermunicipal, un parque a medio construir. Debido a los amparos y litigios no se lograron expropiar todos los terrenos que se tenía previsto para la construcción del parque, lo que dio como resultado una infraestructura irregular, difícil de cercar y de controlar su acceso. Esta era una de las principales objeciones de los opositores, pues sería el gobierno del estado el que administraría el paso, tanto al Santuario de la Virgen de los Remedios como al área en su conjunto, lo que plegaría su disponibilidad a otros criterios de uso que no serían necesariamente religiosos o festivos. Así, a pesar de lo ambicioso del proyecto, el Parque Intermunicipal se redujo a unas once hectáreas, por lo que gran parte de la infraestructura imaginada -fuentes y lago, cerca perimetral, locales comerciales- no se llevó a cabo. Hoy el remedo de parque funciona como una zona de libre acceso para actividades recreativas y deportivas y, en especial, para eventos, ferias, festivales e informes de gobierno auspiciados por el ayuntamiento de San Andrés.

La zona arqueológica, escenario de conciertos. En noviembre de 2016, la empresa Primetime Entertainment rentó un espacio aledaño al parque para la organización del primer Festival Catrina. Casi una veintena de bandas de rock recibieron, dentro de la zona de amortiguamiento bajo supervisión del INAH, a unos quince mil espectadores. El festival se repitió en 2017 y 2018, pero ya en un espacio dentro del “parque” rentado por Convenciones y Parques, un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, que percibió 250 000 y 783 000 pesos, respectivamente, por concepto de alquiler (^{Castillo, 2020}), a la vez que dos millones de pesos llegaron a las arcas del ayuntamiento (^{Hernández, 2018}). Con más grupos musicales, hasta sesenta mil espectadores y más derrama económica, la de 2018 fue la última edición del festival en San Andrés Cholula. Ni siquiera la condición de parque, aunque sea solo a medio construir, hizo sostenible el evento: ante la proliferación de las protestas por lo improcedente de su ubicación, fue desplazado en 2019 al Parque Ecológico en la ciudad de Puebla.

Los campos de flores, sitios para selfies. A pesar de las expropiaciones y de la parcial construcción del parque, que hicieron casi desaparecer el cultivo agrícola contemplado dentro la zona de amortiguamiento, algunas familias y campesinos locales continuaron cultivando escasas parcelas, sobre todo con flores. Un efecto de la cobertura mediática nacional del conflicto dio lugar a la paradójica revalorización de la diferencia: ahora que escaseaban, los cultivos de flores se convirtieron en escenario de visitas masivas para tomarse selfies, sobre todo durante la festividad de muertos con la floración del cempasúchil. Hasta el extremo de que los agricultores pasaron a cobrar una cuota por posar y fotografiarse en los sembradíos, capitalizando la conversión del territorio en escenografía para las redes sociales (^{Zarza, 2021}). Esta conversión aparece asociada también con la transmutación de algunas parcelas que habían sido de cultivo en jardines privados acotados de forma férrea con malla ciclónica, la aparición de zonas de comida y salones de fiesta al aire libre, todos ellos en manos privadas. La expropiación de algunos de los terrenos hizo que aquellos que no habían sido integrados al parque estuvieran ahora disponibles para funciones antes impensadas (como intento de abrir un espacio para el glamping) y que algunos de ellos revivieran por un momento como escenografía mediática de lo que estaba en trance de desaparecer.

Fracaso de la planeación periurbana: el cierre del Tren Turístico. Lo que se había planteado como un tren turístico -“[que] no solo servirá a ese propósito, sino [que] también se convierte en un medio de transporte masivo, [y que] seguramente […] tendrá una gran utilización” (^{Presidencia de la República, 2017}), que recorría poco más de dieciséis kilómetros tras una inversión de 1 571 millones de pesos- quizás encarne el fracaso del intento de transformar mediante la infraestructura el territorio periurbano (^{Gobierno de Puebla, 2021}). La apuesta por transmutar el territorio con una intervención infraestructural que conectaría el Parque Intermunicipal con la ciudad de Puebla mediante un tren de cercanías, se topó en 2021 con la complejidad que lo trama y la clausura final de la onerosa inversión por su insostenibilidad. La aparente eficacia de la planeación de la infraestructura queda truncada, así, por su inscripción en un territorio densamente relacional como Cholula, donde ni la modernización ni la funcionalidad ni el incentivo de actividades económicas lograron efectuar la mutación que la administración pública imaginó.

Feminización de la protesta y victoria electoral de una activista. Las movilizaciones contra las expropiaciones y la construcción del parque dieron pie desde 2014 al aumento de la participación femenina y de los jóvenes en los comités de defensa (^{Formacio, 2018}). Una de las implicaciones más notorias de esta participación fue la candidatura y victoria electoral en 2018 de Karina Pérez Popoca, una de las activistas implicadas en el movimiento Cholula Viva y Digna. No solo se convirtió en la primera mujer en desempeñar el cargo de presidente municipal en San Andrés Cholula, sino que además lo logró desplazando a un candidato del Partido Acción Nacional, partido en el poder en San Andrés Cholula desde 1995 (^{Marcial, 2018}), apoyado de forma abierta por el gobierno del estado de Puebla. El efecto que esta elección tuvo sobre la conformación del territorio en disputa, queda patente en uno de los últimos actos de su administración, en el que se obtuvo por parte del gobierno del estado, para entonces en manos de un candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, “la devolución del Parque Intermunicipal y Rancho de la Virgen al municipio de San Andrés Cholula, para su resguardo y administración” (^{Hernández, 2021}). En el acto de entrega del “acta de los predios del Parque Cholula” se enfatizó de manera explícita que la entrega se hacía en memoria de los pueblos que defendieron lo que “histórica y legítimamente” les pertenece.

Conclusión

Este trabajo se ha ocupado del intrincado conflicto de Cholula entre 2014 y 2017, atendiendo a los acercamientos y limitaciones de los distintos análisis académicos sobre el tema y mostrando la importancia de abordarlo a través de la complejidad territorial. Con ello se ha querido subrayar cómo se relacionan los planos del territorio desde la noción de complejidad, partiendo de la activación que hacen los numerosos actores humanos y no humanos que se han rastreado. Por eso, la ocurrencia del conflicto en el espacio y en el tiempo solo se determina a partir de los rastros registrados que esos mismos actores han dejado en el proceso de activación de cada uno de esos planos. Por lo general, como se ha visto, dicha activación opera de forma multidimensional: en el plano periurbano, patrimonial, infraestructural y sociorreligioso.

Por otra parte, se ha subrayado también que las propuestas de infraestructura permiten observar la disputa territorial desde la noción de complejidad. La infraestructura analizada desde esta noción hace patente la disputa territorial a través de las relaciones de poder que los actores imponen en sus distintos modos de hacer territorio. Tal como si de un tablero de ajedrez se tratase, la infraestructura posibilita una lectura de la configuración del territorio mediante los cambios multidimensionales en su uso, adiciones o destrucción.

Respecto de la metodología que se empleó en el análisis del conflicto territorial de Cholula, están manifiestas ciertas limitaciones en relación con los siguientes puntos. 1) El tamaño de la muestra de las personas entrevistadas, pues predominaron las entrevistas a activistas (académicos y cholultecas). 2) La falta de datos. Debido a la reciente periodicidad del suceso, los documentos oficiales tardaron mucho en estar disponibles. Los archivos de los activistas ayudaron mucho en el proceso, pero la única fuente de contraste fueron las notas de prensa. 3) La recolección de datos en redes sociales, proceso arduo para poder considerar una información como fiable, y el monitoreo constante para identificar actualizaciones o modificaciones de la información brindada. No obstante, percatarse de estas limitaciones ofrece nuevas posibilidades para futuras investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, se puede profundizar en la localización de relaciones de poder espacializadas, ya que la triangulación de la información obtenida en las distintas fuentes muestra una multiplicidad y una pluralidad de agentes con interacciones dentro y fuera del territorio, estas últimas identificadas solo de forma parcial. Así mismo, las relaciones de poder y su dinámica acelerada permitieron observar otras dimensiones del conflicto, difíciles de predecir en su desarrollo por la agitación social que reconfigura de manera constante el territorio.