El contexto multinivel de la trata de personas

La UNODC emitió en 2020 el Reporte Global sobre Trata de Personas 2020. El documento difunde información con base en estimaciones de 48 478 víctimas detectadas en 135 países y con datos recabados en 2018. De esas personas, 50% fue víctima de explotación sexual y 38% de trabajos forzosos (^{UNODC, 2021}). De acuerdo con dicho reporte, las víctimas femeninas se ubican en el pico de los casos, ya que, en 2018, por cada diez personas, cinco eran mujeres adultas y dos eran niñas. En el grupo poblacional de menores de edad, 19% fueron niñas, 15% niños y 20% varones adultos (^{UNODC, 2021, p. 9}).

Además, dentro del marco de la esclavitud moderna de la que habla la organización sin fines de lucro ^{Polaris Project y Fundación Walmart (2018, p. 14)}, el mayor número de víctimas es de explotación laboral, que suma millones de personas y se considera un fenómeno en aumento. De hecho, entre las estimaciones que dicha organización utiliza para dimensionar el problema, señala que hay 24.9 millones de personas sujetas a algún tipo de trata y que la Fundación Walk Free y el propio gobierno de Estados Unidos coinciden en que el mayor número de víctimas se presenta en la modalidad de explotación laboral (^{Polaris Project y Fundación Walmart, 2018, p. 14}). Este es un dato importante porque siempre se ha mantenido la línea informativa de que la mayor incidencia se presenta en la modalidad sexual. En este punto, algunos actores de organismos de la sociedad civil que se han acercado al tema en cuestión, señalan que la dificultad estriba en la visibilización, porque “generalmente nos concentramos en sólo observar el tema de la explotación sexual” (^{Delgadillo, 2021})¹ y, por lo tanto, se deja de lado la modalidad laboral.

Las cifras de la modalidad de tipo sexual discrepan entre sí, por lo cual es difícil contar con una aproximación numérica de víctimas que sea confiable. Sin embargo, esta carencia no significa que el problema no exista. Es, de hecho, un problema social grave, aunque sea difícil de dimensionar en cuanto al número de casos.

El Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 incorpora un dato importante en cuanto a la relación entre la trata de personas y la tecnología. Subraya que durante la pandemia de COVID-19 el fenómeno se ha adaptado porque, sin necesidad de desplazamiento, se han creado mecanismos de explotación digital a través de las plataformas sociales que han hecho que aumente el número de casos (^{UNODC, 2020}). Otro aspecto importante lo señala la ^{ONU Mujeres (2020)} y es el incremento exponencial de casos de violencia familiar durante la pandemia. Y es que ese tipo de violencia favorece la trata de personas. También señala que la pandemia ha causado que se acreciente la vulnerabilidad de las niñas y los niños para engancharlos mediante internet (^{UNODC, 2020, p. 6}). Es decir, han aparecido estrategias como el hunting, que se usa para perfilar víctimas desde las redes sociales, y el fishing, para “pescar” personas a partir de ofertas laborales (^{UNODC, 2021}). Este dato es necesario para explorar el contexto de Chihuahua y saber si en efecto en la región el reclutamiento ha cobrado fuerza durante la pandemia.

En el escenario nacional, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019 (^{Corzo y Álvarez, 2019}), las mujeres, las niñas y las adolescentes son víctimas de trata, sobre todo en la modalidad de explotación sexual, mientras que los hombres aparecen como víctimas en la modalidad de explotación laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que en México existen casos de trata por explotación sexual y laboral forzosa; de igual forma sobresale el turismo sexual (^{Corzo y Álvarez, 2019, p. 301}). Este último problema se ha agravado porque, según las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el problema de salud causado por la pandemia ha propiciado un escenario problemático en las acciones preventivas y en la atención a las víctimas de trata de personas (^{CNDH, 2021, p. 35}).

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que los cárteles mexicanos han mutado su actividad, porque ahora han tomado la trata de personas como nueva opción para ejercer el crimen y obtener nuevas líneas lucrativas, giro ocasionado por la pandemia y por las medidas de confinamiento (^{UnoTV, 2020}). Esto coincide con lo que Ulloa, en ^{Lara (2015)}, sostiene cuando dice que “algunos cárteles levantan a mujeres para obligarlas a trabajar como halconas, convertirlas en sicarias, mulas o esclavas sexuales” (p. 93), hecho que al parecer se ha expandido durante la crisis sanitaria.

Por su parte, el director del Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional, Radamés Hernández, declara que durante marzo y abril de 2020 hubo un notable incremento de 73% en los casos de pornografía infantil (^{Ordaz, 2020}), a la que se considera una manifestación de trata por explotación sexual, de acuerdo con la normatividad vigente. Además, la trata de personas es una fuerte expresión de violencia contra las mujeres. El problema aparece como violencia intermedia entre la desaparición y el feminicidio, tal como apunta la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (^{CATWLAC, 2017}) cuando dice que “la desaparición de mujeres adultas y menores de edad, así como los casos de feminicidio a consecuencia de la desaparición presentan nexos [entre sí]” (p. 20), por lo que es pertinente abordarlos de forma integral. Sin embargo, el presente estudio no es limitativo en ese sentido, porque mediante él se pretende saber si el comportamiento del fenómeno ha mutado o no a causa de la pandemia.

La trata de seres humanos es un fenómeno global, pero este estudio se concentra en el contexto del estado de Chihuahua. La entidad se ubica al norte del país, colinda con Estados Unidos y es la más grande en extensión territorial, con una superficie de 247 938 km². Se compone de 67 municipios y tiene una población de 3 741 869 habitantes, de los cuales 50.5% son mujeres y 49.5%, hombres (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021, p. 1}). En cuanto a desarrollo social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que, en 2020, Chihuahua presentó 25% de pobreza, 2.9% de pobreza extrema y una vulnerabilidad por carencias sociales de 24.4%, entre las que se encuentran el rezago educativo (16.2%), la falta de acceso a los servicios de salud (17%) y a la seguridad social (33.8%) (^{CONEVAL, 2022}).

Es decir, Chihuahua presenta aristas que se enmarcan en condiciones adversas y proclives al crimen de trata de personas. Así lo señala ^{Dena (2018c)} : dice que la carencia afectiva en el entorno familiar y un bajo nivel socioeconómico son variables incidentes que aumentan la posibilidad de victimización por trata de seres humanos (p. 163), lo cual reafirma que la combinación entre pobreza y desempleo propician la vulnerabilidad para la trata de seres humanos (^{UNODC, 2020, p. 19}).

La entidad está identificada como un espacio donde esta práctica criminal es persistente ya que, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, durante 2020 se iniciaron 19 carpetas de investigación que exhiben la presencia del delito. Sobresalen la ciudad de Chihuahua, con nueve indagatorias, Ciudad Juárez (5), Cuauhtémoc (3), Delicias (1) y Jiménez (1). Situaciones que demuestran que el problema está diseminado en las zonas centro, norte, occidente y sur de la entidad, es decir, que la actividad criminal se encuentra dispersa por todo el estado.²

El Diario mx (2020), fuente no oficial, subraya que entre 2017 y 2020 se han interpuesto en el estado más de cien denuncias por trata de personas y que la mayoría obedece a casos en Ciudad Juárez (45 denuncias), Chihuahua (40), Delicias (8), Cuauhtémoc (4), Parral (2), Bocoyna (2), Saucillo (2), Camargo (1), Chínipas (1), Carichí (1) y Aquiles Serdán (1). Todo parece confirmar que, en efecto, la actividad criminal por trata de seres humanos está desplegada en todo el estado. Esta información, proveniente de la prensa local, detalla incluso casos en la zona serrana de Chihuahua, pero lo que no hay, en ninguna de las fuentes citadas, es información sobre el tipo de explotación que se practica en cada uno de los municipios donde se han detectado los casos. Sin embargo, otros estudios aseguran que en Chihuahua hay presencia de trata de personas “para fines de explotación sexual de mujeres, hombres y menores de edad, así como de trabajo forzado, tanto nacional e internacional” (^{Acharya, Moctezuma, Gómez, Garza y Guerra, 2016, p. 73}).

Algunos estudios exponen que, en Ciudad Juárez, mujeres jóvenes de entre 13 y 25 años son propensas a la victimización por trata (^{Velarde, Castro y Velázquez, 2011, p. 100}). Un estudio revela que la entidad presenta una fuerte actividad de trata sexual de mujeres y niñas (^{Dena, 2018a}) y que el fenómeno se articula desde el crimen organizado, aunque también está el perpetrador ajeno a esa forma de delincuencia (^{Dena, 2018b, pp. 59-61}). La información anterior expone la necesidad de explorar el fenómeno de manera permanente. Y es que Chihuahua presenta una persistente actividad de esta conducta criminal y es necesario identificar en cada uno de los casos las modalidades en que se actualiza y las formas de operación que están usando los victimarios durante la pandemia.

Enfoque de la perspectiva de los derechos humanos

La trata de personas se evalúa como una de las mayores violaciones a los derechos humanos debido a que atenta contra la dignidad, el goce, la libertad, el desarrollo de la personalidad, la seguridad y la integridad de la persona. Incluso atenta contra el derecho a la vida. Entonces, estos derechos relativos a los “acuerdos mínimos de moral social, avalados internacionalmente, reivindicativos de la dignidad humana, el respeto interpersonal y la convivencia comunitaria” (^{Gómez, 2015, p. 67}), son el marco de protección para evitar la conducta criminal, porque “los derechos humanos de las personas objeto de trata constituyen el centro de toda labor para prevenir y combatirla” (^{Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2002, p. 1}). Lo mismo argumenta ^{Corzo (2018)} cuando señala que el enfoque de derechos humanos en la trata de personas aglutina todos los derechos humanos que se violan y amplía el alcance a la protección de estos. Es decir, el abordaje debe incluir no solo la persecución del delito; también debe obligar a prevenirlo (pp. 106-111).

Desde la perspectiva de los derechos humanos, es “inmoral e ilícito que alguien se apropie de la personalidad jurídica, el trabajo o la humanidad de otra persona” (^{OACNUDH, 2014, p. 5}). De acuerdo con ^{Mesa (2011)}, la trata “viola el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos, la integridad física y psicológica, el derecho al trabajo libre, a la educación y a la salud, entre otros” (p. 93). Esas transgresiones implican la desvalorización de la persona a quien se somete, porque conlleva “pensar en el cuerpo humano como objeto de mercantilización” (^{Dena, 2018a, p. 52}). Y es que en la trata de seres humanos se asume que las personas son objetos y que en este negocio la mercancía es humana. Por eso “se despersonaliza y objetiviza a la persona” (^{López, 2019, p. 164}), proceso que se presenta en casi todos los grupos poblacionales, salvo en las “personas ancianas porque estas ya no tienen capacidad productiva que vender” (^{López, 2019, p. 166}). También es necesario señalar que los atropellos que ocasiona este delito se acentúan, según Lagarde (citado en ^{López, 2019}), en niñas y mujeres. El autor señala que en Ciudad Juárez los hombres que consideran a las mujeres “usables, maltratables y desechables” (^{López, 2019, p. 173}) son los que perpetran las desapariciones y los asesinatos.

La perspectiva de los derechos humanos se emplea en esta investigación como el eje heurístico que guía el estudio para saber cuáles son las modalidades de explotación, porque aun cuando en el caso de Chihuahua la de tipo sexual es la que presenta mayor incidencia -ya que “la mayoría de los casos están ligados a la modalidad de explotación sexual, sobre todo la prostitución de mujeres, jóvenes e infantes” (^{Salazar, 2019, p. 4})-, es preciso considerar que tal vez las otras formas de explotación no se han visualizado, no porque no existan casos, sino porque es muy probable que no se conozcan. En otras palabras, las demás formas en que la trata de personas se materializa, también lesionan los derechos humanos; por ejemplo, la forma de explotación laboral, que implica “una consecuencia directa de oportunidades limitadas de trabajo y condiciones precarias de empleo” (^{Hurtado y Pereira-Villa, 2018, p. 8}), porque conlleva realizar un trabajo fuera del espectro legal o en contextos de abuso, para lo cual es importante señalar que esta forma de trata no es sobre la actividad realizada, sino que está en función de la relación entre la persona que la desempeña y quien obtiene el beneficio (^{Polaris Project y Fundación Walmart, 2018, p. 14}). Es decir, la trata laboral se concentra en la violación a los derechos humanos y laborales, porque se refiere a las circunstancias bajo las cuales se desempeña un trabajo: en hacinamiento, sin retribución o en condiciones insalubres.

Así, el enfoque de los derechos humanos cobra fuerza porque la transgresión a estos “son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” (^{UNODC, 2015, p. 26}) y da pie para construir un trabajo de investigación que tenga en cuenta los diferentes géneros, las modalidades de trata y los mecanismos de reclutamiento, con lo que se pueden tejer nodos entre el comportamiento del problema y las posibles líneas de abordaje institucional.

Enfoque del modelo ecológico

El modelo ecológico utilizado como guía teórica de esta investigación, proviene de la propuesta de ^{Bronfenbrenner (1987)} sobre la ecología del desarrollo humano, la cual plantea una perspectiva útil para identificar lo que es y no es importante para dicho desarrollo. De tal apuesta teórica se integra el modelo ecológico en el estudio de los problemas sociales y su solución desde las políticas públicas. Así lo expone ^{Heise (1994)} cuando considera que el problema de la violencia debe ser atendido desde cuatro niveles interrelacionados: lo individual, lo familiar, lo comunitario y lo social. De estos elementos se construye el modelo ecológico para estudiar problemas sociales, como el de la violencia contra la mujer (^{Incháustegui y Olivares, 2011}).

El examen de la trata de seres humanos debe ser panorámico y no solo desde los puntos de vista de la víctima y del victimario como actores aislados y únicos del evento criminal. El fenómeno necesita una visión integral que escudriñe los aspectos causales y fortalecedores que hacen proclive la victimización. En este sentido, el modelo ecológico propone un abordaje holístico con una perspectiva multidimensional, orientada a la creación de políticas públicas eficientes que contemplen acciones proactivas y preventivas que “respondan al reto de plantear una visión sobre el fenómeno multicausal para el que no existen soluciones únicas” (^{Incháustegui y Olivares, 2011, p. 5}).

Dicho modelo resulta útil porque a través de él se analizan los factores de riesgo de la trata de persona, con el fin de prevenirla, delineando intervenciones de las instituciones oficiales y de los organismos de la sociedad civil que se concentran en el problema. El modelo favorece la comprensión social del fenómeno, porque su “principal utilidad estriba en que ayuda a distinguir entre los innumerables factores que influyen en la violencia, al tiempo que proporciona un marco para comprender cómo interactúan” (^{Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2002, p. 11}).

Esta propuesta teórica se compone de cuatro niveles analíticos. El primero es el individual para identificar factores biológicos, psicológicos y de historia personal. El segundo se orienta a las relaciones interpersonales. El tercero es el comunitario, que contempla las instituciones que enlazan a las personas con su comunidad, como las escuelas, el gobierno y los medios de comunicación. Por último, el cuarto nivel se orienta hacia esquemas y valores culturales de la sociedad (^{UNODC, 2015, p. 27}). Para efectos de este trabajo, resultan de utilidad los niveles que se refieren al contexto personal y a las relaciones interpersonales, porque mediante ellos se detectan los nodos contextuales que propician la victimización. Se espera identificar los factores de riesgo para delinear respuestas orientadas a la prevención y a la erradicación o, cuando menos, a la disminución del problema.

La dimensión numérica y territorial de los casos

Tal como ocurre en otros estudios sobre cuestiones sociales, el de la trata de personas no está exento del problema de las cifras, de los datos que no se capturan o de las omisiones institucionales. Como ya se dijo, esta investigación pretende saber si han aumentado los casos durante la pandemia. Según la FGE de Chihuahua, ha habido una considerable disminución de carpetas de investigación³ durante 2020. Se abrieron solo 26, mientras que en 2019, o sea, antes de la pandemia, se registraron 44 casos y en el primer trimestre de 2021, solo cinco, lo cual significa que, con base en los datos de las carpetas de investigación o de las denuncias por trata de personas en 2020, ocurrieron 18 casos menos que en 2019.⁴

Esta disminución revela, en apariencia, que la pandemia inhibe el problema en la entidad, pero esto no coincide con lo que expresan otros actores. Algunos de ellos dicen que la pandemia fortaleció la trata porque los casos fueron al alza, aunque no así las denuncias, según informa la organización Justicia para Nuestras Hijas, Asociación Civil (A. C.) en voz de Norma ^{Ledezma (2021)},⁵ quien coincide con la perspectiva de Lizeth López de No Más Cuartos Vacíos, A. C. (2021)⁶ y de la congregación religiosa ^{Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (2021)}.⁷ Es decir, todas las informantes clave sostienen que ha habido un aumento de casos y que lo que ha cambiado es la estrategia de reclutamiento, porque ahora esta se concentra más en enrolar a través de los espacios digitales, como Facebook o grupos de WhatsApp.

Otro de los hallazgos importantes es la identificación de los municipios donde se registra la incidencia. Se supo que los municipios de Juárez, Chihuahua y Delicias son los que tienen el mayor número de casos (24, 31 y 8, respectivamente). Además, los informantes señalan que la actividad está presente incluso en los municipios pequeños. La Tabla 1 expone los hallazgos territoriales que se obtuvieron de los informantes clave, y la Figura 1 contiene la concentración de los datos provenientes de las diversas fuentes que se utilizaron.

Fuente: elaborado con base en los datos estadísticos del Oficio FGE-5C.5.2/3/0843/2021.

Figura 1 Mapa de la concentración de casos de trata de personas en el estado de Chihuahua 

Con los hallazgos derivados de la solicitud de información a la FGE de Chihuahua se elaboró un mapa para detectar los municipios donde, mediante la labor de las instituciones oficiales y a partir de la noticia criminal obtenida, se inician carpetas de investigación. Dicha información (véanse Figura 1 y Tabla 2) permite inferir que la trata de personas está dispersa por 13 municipios de la entidad, de los cuales Juárez, Chihuahua y Delicias conforman los focos rojos de la actividad, lo cual quiere decir que 19% de los municipios padece sin lugar a dudas esta conducta criminal, porcentaje que coincide con los datos que han proporcionado los organismos de la sociedad civil que han servido de fuente de información para esta investigación, tales como Justicia para Nuestras Hijas, A. C., No Más Cuartos Vacíos, A. C., Confianza, Impulso Ciudadano, A. C. y la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Por eso es preciso diseñar esquemas preventivos para evitar la victimización.

Las víctimas de trata y el contexto de la pandemia en Chihuahua

En esta sección se presentan los hallazgos que establecen las características de las víctimas por edad, sexo y ocupación. Se incluyen datos que abarcan también el año 2019, porque resultan de utilidad para hacer una comparación entre antes y después de la pandemia. Durante ese año, hubo 59 víctimas femeninas, 16 masculinas y 2 sin especificar sexo. En 2020, año en que aparece el COVID-19, fueron 18 las víctimas femeninas, 5 varones y 4 sin identificar. En el primer trimestre de 2021 se registraron 5 víctimas femeninas, ninguna masculina y dos sin identificar (véase Tabla 3).

La pandemia inició en marzo de 2020. En 2019 la FGE registró 77 víctimas, mientras que en 2020, año de contingencia, los casos bajaron de forma considerable. Durante el primer trimestre de 2021 se presentaron siete. Es decir, durante la crisis sanitaria se capturaron muchos menos casos que en 2019. Lo interesante es que esta información proviene de los registros de una institución gubernamental, pero es muy probable que debido a la situación de riesgo para la salud y a las restricciones de movilidad se dejaran de registrar muchos de los casos. Y es que el coronavirus obligó a desatender las acciones de búsqueda e identificación de las víctimas, e incluso las denuncias que estas interpusieron, porque las instituciones funcionaron al mínimo de sus capacidades por miedo al contagio. Es decir, los casos que se identificaron no revelan con precisión la magnitud del problema y se puede inferir que hay un subregistro o una cifra negra de este delito, porque no se logran detectar los casos más allá de las denuncias interpuestas (Informante clave de la FGE, 2021),⁸ lo cual es una evidente violación al derecho a una vida libre de violencia y, en este caso, a no ser sometido a la trata de personas.

Otra variable importante es el rango etario de las víctimas. Capturar las edades en las que esta conducta criminal se concentra establece los factores de riesgo y delinea las acciones de prevención, lo que se entrelaza con los dos enfoques teóricos del estudio, porque anticiparse a la trata de personas es actuar desde el punto de vista de los derechos humanos para evitar el aumento de víctimas de este crimen. Anticiparse es también crear medidas preventivas con base en el contexto personal de las víctimas, como propone el modelo ecológico. En la Tabla 4 se presenta, por rango de edad y año del delito, el número de víctimas según la FGE.

Los datos reflejan que el rango de edad con mayor incidencia de casos es el de 12 a 17 años. Sin embargo, hay que advertir que en el rubro de los que no se identifica su sexo son 25 casos. Esto es, que las autoridades no tienen el cuidado de recabar los datos importantes, y ya se ha señalado que es preciso conformar un panorama integral y acucioso, para el cual es necesario recolectar el mayor número de datos posibles y evitar omisiones, con la finalidad de articular programas robustos y eficaces contra el crimen en cuestión. Dicho de otra manera, si no hay datos, ¿cómo se espera identificar los elementos cruciales para la prevención, la investigación y la sanción por parte de las agencias de gobierno?

Otra de las variables exploradas sobre las víctimas en tiempos de pandemia es su ocupación (véase Tabla 5).

Los hallazgos revelan que la ocupación con mayor incidencia de casos es la de estudiante, hecho muy importante porque indica que se trata de víctimas que tienen un entorno específico que las vuelve susceptibles de que los tratantes las capturen. Este dato es muy significativo para crear estrategias de monitoreo del fenómeno, pues pueden orientar el diseño y la elaboración de políticas públicas para que se cimenten en una perspectiva integral y en un segmento poblacional específico, como propone el modelo ecológico.

Entonces, del análisis de los hallazgos presentados se infiere que las víctimas de trata de personas durante la pandemia en el estado de Chihuahua son sobre todo mujeres estudiantes de entre 12 y 17 años. Aun cuando el dato no alcanza para precisar el nivel educativo, con base en la edad podemos deducir que se trata de estudiantes de nivel de secundaria y de los primeros años del nivel medio superior. En la entidad, los tomadores de decisiones en la materia podrían considerar esta información para delinear los marcos de actuación para el despliegue de objetivos y estrategias.

Las formas de explotación durante la pandemia en Chihuahua

Ahora hay que saber cuáles son las formas o las modalidades de explotación que utilizan los perpetradores durante la pandemia. Los resultados arrojan que la modalidad de trata por explotación sexual continúa como la más frecuente, con un total de 41 casos, seguida por la de explotación laboral con 11. La información que proporciona la FGE segmenta los casos. Los de pornografía son 13, luego 3 de mendicidad forzada, 1 de trabajo forzoso y 4 que no se adscriben a ninguna modalidad. Es decir, predominan la modalidad sexual (véase Tabla 6), los casos de pornografía -en los que no se puede saber edad de las víctimas- y la explotación laboral.

Mediante la exploración en profundidad de los casos, se supo que durante la pandemia la trata sexual se realizaba en combinación con otras variables, como el consumo de drogas y las redes sociales digitales. Justicia para Nuestras Hijas, A. C. informa que en el municipio de Chihuahua se presentó el caso de una mujer de 32 años que vivía con su hermano en un contexto de pobreza, adicta al cristal o crystal meth, que es una metanfetamina. Aprovechándose de su enamoramiento, su pareja sentimental y una amiga la llevan a Culiacán para ser explotada de manera sexual.

La modalidad de explotación laboral ha cobrado fuerza durante la pandemia. Así lo refieren las informantes clave de las organizaciones entrevistadas para este estudio. De hecho, ^{Delgadillo (2021)} dice que, en su experiencia, el tipo laboral siempre ha estado presente pero no visibilizado. La información recabada permite inferir que esa invisibilización a la que alude Delgadillo, al combinarse con los efectos de la pandemia, emerge con más claridad, lo cual coincide con lo que Ledezma expresa: “las condiciones de pobreza que se fortalecen con la pandemia actúan como agente expulsor de la familia, por eso voluntariamente deciden irse del hogar ante cualquier oferta de empleo” (^{Ledezma, 2021}).

El dato anterior está en sintonía con lo que sostiene la organización No Más Cuartos Vacíos. Su directora dice que en su experiencia directa con los casos de hombres desaparecidos, “las familias de estos señalan que los tienen capturados en los campos de siembra o en lugares involucrados para actividades ilícitas de manera forzada” (^{López, 2021}). Así lo expresa también ^{Bustillos (2021)} cuando dice que la explotación laboral está regionalizada en algunos municipios de la zona serrana del estado, como Parral y Cuauhtémoc, donde, según ella, las víctimas son hombres jóvenes llevados a trabajar en campos de siembra de droga, reclutados mediante ofertas de trabajo y drogados para mantenerlos más activos.

Otra de las fuentes de información que resulta crucial es la que documenta la prensa. Del seguimiento hemerográfico se obtiene que en el municipio de San Buenaventura se presentaron cuatro casos de trata por explotación laboral reclutados mediante ofertas de trabajo. Las víctimas eran dos mujeres adultas, una adolescente de 13 años y una de 15 (^{Tiempo la Noticia Digital, 15 de junio de 2021}).

Hubo otro caso en el municipio de Ojinaga: una víctima adolescente de 12 años perteneciente a la etnia tarahumara, que vivía en la pobreza y en un entorno de violencia familiar en el que había consumo de alcohol y de drogas. Tenía un padre golpeador y nadie controlaba su acceso a internet. Otra adolescente de 15 años reclutó a esta menor: le ofreció 500 pesos por trabajar en el rancho donde el padre de la adolescente trabajaba, según informa Justicia para Nuestras Hijas, A. C. Este hecho es interesante porque se pueden ir tejiendo las piezas que indican que hay casos en los que el padre de la aparente reclutadora usa a la hija para atraer víctimas. Y es que siempre “hay alguien más detrás de esta. No solamente una persona, siempre hay alguien más”, afirma ^{Ledezma (2021)}.

En el municipio de Parral, mediante seducción, un joven recluta a una adolescente. Se van a Chihuahua a la casa de la tía de él y resulta que el padre de este era quien había planeado el reclutamiento con ayuda de su hijo. Esta es una forma sutil en que se da el enganchamiento en la actualidad. “Lo que hace que esas adolescentes se vayan voluntariamente tiene que ver con la situación actual, la pandemia. Lo que vemos es la desesperación del confinamiento, violencia, falta de atención de padres a los hijos, hogares con hacinamiento, encierro, pobreza. Esto es un aspecto más que orilla a que acepten irse de su hogar”, revela Justicia para Nuestras Hijas, A. C.

Mecanismos de captación: redes sociales digitales, trata y pandemia

Para efectos de este apartado, es oportuno señalar que, en relación con los casos que refieren las fuentes oficiales, no fue posible saber cuáles son los mecanismos de reclutamiento empleados. En esta sección se analizan diez casos mencionados por los actores entrevistados que han tenido contacto directo con las víctimas a través de las organizaciones de la sociedad civil y de una congregación religiosa enfocadas en la trata de personas en Chihuahua.

Ya se ha comentado que el enamoramiento es una estrategia que usan los victimarios para capturar a las víctimas en la modalidad de explotación sexual y que de igual forma aparecen las ofertas de empleo para la trata por explotación laboral. Sin embargo, la congregación de las Hermanas Oblatas afirma que el enamoramiento tiene menor peso que el factor de la pobreza aunado a contextos de abandono, de violencia y de abuso, que producen en las víctimas daño emocional, a lo que se suma el consumo de drogas. Este nodo relacionado con las drogas aparece a veces como una estrategia de reclutamiento de víctimas que ya las consumen. Otras veces se utilizan drogas para mantenerlas en cautiverio. Además, las informantes clave de las organizaciones No Más Cuartos Vacíos, A. C. (tres integrantes entrevistadas), Justicia para Nuestras Hijas, A. C. y Confianza, Impulso Ciudadano, A. C. (una persona entrevistada de cada organización) ponen el énfasis en las redes sociales y en los videojuegos.

Entre los componentes que fortalecen la trata de personas están las redes sociales, que son una vía de reclutamiento, y el periódico PM,⁹ según expresan las informantes. También de forma alarmante aparece el uso de Roblox,¹⁰ videojuego gratuito en línea que permite la interacción con otras personas, al que se ha señalado como una plataforma mediante la cual un perpetrador adulto se contacta con un menor. Por medio de este juego los tratantes entran en las cuentas personales y establecen amistad con niñas y niños a quienes luego se les recluta para la explotación sexual, No Más Cuartos Vacíos, A. C. externa que estos ya no ocultan ser adultos. Se presentan tal y como son, y los niños y las niñas se hacen sus amigos, tal vez porque se sienten solos o por el aislamiento ocasionado por la pandemia. También podría deberse al descuido de los padres que desconocen que el alcance de un perpetrador llega hasta los videojuegos y por eso dejan en riesgo a los menores de edad. Se hace evidente que es necesario un esquema preventivo en esos juegos.

Resumiendo: los mecanismos de reclutamiento empleados durante la pandemia se concentran en el enamoramiento, el engaño a través de las redes sociales digitales, Roblox y las ofertas de trabajo, estrategias que resultan exitosas porque durante la pandemia brotaron a la superficie varios problemas sociales, como la violencia familiar, la pobreza, la falta de atención a los menores y las drogas, que están vinculadas a la trata de personas. En el presente trabajo se revela el uso de cristal en las víctimas el cual hasta hace algunos años no se mencionaba en las investigaciones, porque prevalecía el consumo de marihuana y de agua celeste (^{Dena, 2018a}), un diluyente que se usa en la industria de la piel y el calzado.

Los mecanismos de enganche que se usan en la entidad se dieron a conocer gracias a la experiencia que de primera mano tienen las integrantes de las organizaciones civiles y de la congregación de las Hermanas Oblatas. A estos relatos hay que agregar lo que Alfredo Velazco¹¹ señala cuando subraya que las redes sociales se han integrado al modus operandi de los tratantes mediante una estrategia que emplea jóvenes de entre 30 y 35 años, conocida como lover boy, para contactar víctimas potenciales con la intención de seducirlas, enamorarlas y luego obligarlas a prostituirse. El criminólogo señala que el sitio Tu Corazón es un Desierto está marcado como una red social para reclutar mujeres. De ahí la pertinencia de que la policía cibernética tenga un rol proactivo en los programas de prevención, con el fin de erradicar esas estrategias digitales que facilitan la trata de personas, sobre todo en el contexto de la pandemia.