Introducción

Los estudios sobre la violencia en México han señalado que el sexenio de Felipe Calderón fue un hito en el aumento de homicidios en el país, dejando desde entonces un número considerable de víctimas de hechos violentos (^{Azaola, 2012}; ^{Escalante, 2009} y ²⁰¹¹; ^{Melenotte, 2020}; ^{Reguillo, 2021}; ^{Schedler, 2015}; ^{Zepeda, 2018}). Según los datos que se revisaron provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2019}) en el periodo 1990-2017, en la década de 1990 la tasa de homicidios iba en descenso, con una tasa de 16.6 para llegar a 8.1 en 2007. Desde entonces esta tasa ha tenido un incremento considerable llegando a 26 para el año 2017 y en donde tan solo en la última década produjo 50.6% de las víctimas de homicidios, de acuerdo con el INEGI.

Otros tipos de violencia ponen de relieve el complejo panorama. A partir de 1985, la tasa de defunciones femeninas, presuntamente por homicidio, venía a la baja: de 3.8 en 1985 a 1.9 en 2007. Pero luego fue creciendo de manera paulatina y en 2016 llegó a 4.4 (^{Secretaría de Gobierno [SEGOB], Instituto Nacional de las Mujeres [INMUJERES] y Organización de las Naciones Unidas Mujeres [ONU Mujeres], 2017}). Las cifras del ^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020)} revelan que la violencia familiar a escala nacional se expandió de forma gradual entre enero de 2015 y abril de 2020. En 2015 se cometieron 128 816 delitos de violencia familiar y en 2019 la cifra llegó a 204 128. Respecto de los delitos de violación simple y equiparada, se observa una tendencia similar a lo largo de los últimos años: de 12 446 casos en 2015 a 17 101 en 2019.

En relación con las desapariciones forzadas, las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda señalan que desde la década de 1970 hasta julio de 2020, hubo en el país 73 218 casos, de los cuales 98% se reportó a partir de 2006 (^{Melenotte, 2020}). En agosto de 2021 la cifra llegaba a 90 000, y Sonora se ubicaba entre los primeros lugares de cuerpos localizados en fosas clandestinas (^{Zúñiga, 2021}).

La violencia en México tiene su correlato en Sonora, sobre todo en las tres ciudades que condensan la mayoría de los hechos violentos de los últimos años. La revisión de los datos oficiales demuestra que han aumentado los homicidios, los feminicidios, la violencia familiar y las desapariciones forzadas; también el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) violentados. Esa victimización no tiene un patrón homogéneo, puesto que el género y la edad de la víctima determinan el tipo de agresión.

En medio de esa dinámica creciente de violencia, la pandemia de COVID-19 ha influido en el aumento, sobre todo de la violencia familiar, porque el confinamiento ha expuesto por más tiempo a las víctimas a la convivencia con su agresor o agresora y ha elevado los niveles de estrés de los cuidadores por factores socioeconómicos y a la sobrecarga de trabajo debido a la vida en aislamiento (^{Bathia et al., 2021}; ^{Cárdenas, 2020}; ^{Cappa y Jijon, 2021}; ^{Gómez y Sánchez, 2020}; ^{Red por los Derechos de la Infancia en México [REDIM], 2020}).

Las cifras aquí mostradas son útiles para saber a cuánto ascienden los hechos violentos que se perpetran en tres municipios de Sonora ─Hermosillo, Cajeme y Nogales─ y el aumento paulatino de ellos.¹

Los tipos de violencia contra los NNA vistos desde la violencia crónica

Los estudios sobre la violencia contra los NNA en México se han concentrado en la violencia familiar (^{Álvarez de Lara, 2013}; ^{INEGI, 2016b}; ^{Nazar, Salvatierra, Salazar y Solís, 2018}) y escolar (^{Furlán y Spitzer, 2013}; ^{Gómez, 2013}; ^{López, Herrera y Tome, 2011}; ^{Lozano y Maldonado, 2020}), porque el hogar y la escuela son los principales espacios que la sociedad les ha asignado.

Paulatinamente, se ha ido desarrollando un corpus académico sobre la irrupción de la violencia criminal en el espacio escolar (^{Chávez, 2017}; ^{González, Inzunza y Benítez, 2013}). Están también los trabajos que señalan los efectos del crimen en la vida de los NNA (^{Niño, 2021}; ^{Ramírez de Garay y Pérez, 2019}), otros estudios se ocupan de la condición de los NNA en cuanto que víctimas de la violencia criminal (^{Comisión Nacional de Búsqueda, 2021}; ^{Emerich, 2011}; ^{Miranda y Evangelista, 2021}; ^{Rodríguez, Campuzano y Ortiz, 2021}; ^{Velasco y Castañeda, 2020}) o analizan el vínculo que algunos de estos tienen con el mundo de la ilegalidad (^{Azaola, 2020}; ^{Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015}; ^{Moreno y Toledo, 2012}).

Dichas investigaciones muestran que la violencia criminal y la lucha contra esta tienen efectos directos en la población de los NNA y objetan la narrativa de los “daños colaterales” con la cual se ha pretendido minimizar el “paisaje de muerte” (^{Melenotte, 2020, p. 271}) en que se han constituido algunos territorios del país. En una dinámica violenta que ha dejado de ser disruptiva y se ha convertido en sistemática, todos los tipos de violencia empiezan a confluir en un mismo territorio y a concatenarse unas con otras.

Parece útil el concepto de violencia crónica como un lente de aproximación que lleva a comprender estas confluencias y cómo en un territorio con altas tasas de homicidio, que se sostienen a lo largo de más de cinco años, también perviven otros tipos de violencia que, aunque no tienen la magnitud de los homicidios, registran altos niveles en distintos espacios de socialización y mantienen su reproducción a lo largo del tiempo (^{Adams, 2017}; ^{Pearce, 2007}). Para ^{Adams (2012)}, la violencia crónica da cuenta del grado de enraizamiento y de producción de todo tipo violencia, conclusión a la que se llega tras el análisis de la socialización de género y de las relaciones familiares, así como de las formas en que el Estado se ha conformado y de los procesos globalizadores. La violencia crónica destruye las relaciones sociales, afecta el ejercicio ciudadano y disminuye el apoyo social a la democracia. Se multiplica en diferentes espacios y tiene procesos de reproducción transgeneracional.

Ampliando el concepto de “paisaje de muerte” de ^{Melenotte (2020)}, se plantea que estos paisajes pueden redefinir el ejercicio, la intensidad y el sentido de otros tipos de violencia que confluyen en un mismo territorio. La perspectiva de cronicidad ayuda a entender esas transformaciones.

Metodología

La presente investigación tiene como punto de partida el análisis descriptivo de la información de las bases de datos del INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Salud-Dirección General de Información en Salud, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y del Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres, para esbozar un panorama de los distintos tipos de violencia que afectan a los NNA en el territorio sonorense. Es importante mencionar que en el desarrollo de este trabajo se utilizaron los datos de acceso abierto al público, puesto que la solicitud de información a las entidades locales especializadas no siempre obtuvo respuesta. Se descartó la información que no resultó clara para el análisis. También se recurrió a los informes de organizaciones sociales.

Se revisó la información pública de las bases de datos correspondiente al periodo 2006-2021 para el caso de los homicidios. Los primeros años corresponden al contexto de la lucha contra el narcotráfico desarrollado durante el gobierno de Felipe Calderón. Para los otros tipos de violencia, se observó el comportamiento que tuvieron de 2015 a 2021, considerando el acceso a la información y la posibilidad de contar con cinco años de análisis que permitieran dar cuenta de las variaciones que hubo.

Es importante señalar que, como plantea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), uno de los vacíos en el país, relativos a la atención del problema de la violencia contra los NNA, tiene que ver, por un lado, con la poca información que recaban las instituciones que tienen la responsabilidad de atenderlo y, por otro lado, con la deficiente articulación entre las entidades federativas (^{UNICEF, 2019}), por lo que no se pueden comparar los datos que arroja cada una para dar mayor certeza a la información. Sin datos relevantes y claros, resulta muy difícil monitorear las problemáticas y diseñar políticas y programas que respondan de manera más eficiente.

La presencia de NNA en los municipios de estudio

Para hablar de las clases de violencia que padecen los NNA en el estado fronterizo de Sonora, hay que empezar dibujando un panorama de la presencia infantil y adolescente en el estado. De acuerdo con la información censal de 2020, el estado tiene una población de 2 944 840 personas, de las cuales 50% son mujeres. Del total de habitantes, 979 563 tienen entre 0 y 19 años,² es decir, 33.3% de la población. Las mayores tasas de crecimiento se han presentado en el poblado Miguel Alemán (2.6), Nogales (2.1) y Hermosillo (1.9).

Siguiendo con la información que suministra el Censo de Población y Vivienda 2020 (^{INEGI, 2021}), se observa que por grupos de edad hay más niños y adolescentes que niñas y adolescentes, tanto en el estado como en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales. Además, en esos tres municipios se concentra 54.2% de la población de entre 0 y 19 años que habita en el estado (^{INEGI, 2021}), y por tal razón, consideramos que la concentración de la incidencia de hechos de violencia en los tres municipios expone a los NNA a ser víctimas de estos.

La violencia criminal en el estado de Sonora y en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales

En los últimos cuatro años, Sonora ha padecido un fuerte crecimiento de homicidios, lo cual preocupa mucho no solo por el aumento de las víctimas asesinadas, sino también por la cantidad de familias afectadas y la exposición de los NNA ante el riesgo de ser víctima.

Homicidios

Como se puede apreciar en la Figura 2, al comparar la tasa estatal con la nacional, si bien el comportamiento de esta había sido solo un poco más alto desde 2005, tiende a bajar entre 2011 y 2012, aumenta entre 2013 y 2015 y después de 2016 presenta un incremento sistemático en el que se aleja bastante del comportamiento de la tasa nacional.

El crecimiento entre 2007 y 2010 se corresponde con el inicio de la lucha contra el narcotráfico, cuya consecuencia fue un número considerable de homicidios. Durante los años siguientes tuvo un mínimo descenso, pero luego subió a partir de 2017 con cifras sin precedentes en el estado. Como puede verse, la tasa se duplicó en tan solo cuatro años ─tal como lo muestra la tasa de homicidios de 2020, con un valor de 50.87─ en relación con los años inmediatamente anteriores y con el periodo 2006-2011.

En la Figura 3 se visualiza el comportamiento de la violencia homicida en los tres municipios. En ellos ha habido un incremento paulatino. En Cajeme la tasa es mayor que la estatal. Durante 2015 era solo un poco más alta, pero a partir de 2016 los homicidios aumentaron y llegaron a duplicarse en 2020. Nogales y Sonora han mantenido un ritmo de crecimiento sostenido durante los últimos cuatro años, mientras que, en Hermosillo, aunque la tasa crece, lo hace en menor medida.

Esta escalada del homicidio en Sonora causó tal preocupación, que llevó al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en su momento Alfonso Durazo, a manifestar que “los comisarios de las policías de cinco municipios serían reemplazados por mandos militares” (^{Medina, 2019}), respuesta federal que desplazó el papel de los policías y cedió el control a la milicia. Según ^{Pearce (2019)}, “la violencia suele limitar la capacidad para la acción individual y colectiva y al mismo tiempo posibilita el deseo de acción” (p. 7). No obstante, ese deseo suele referirse a las intervenciones represivas que persiguen el restablecimiento de un orden, incluso a través del ejercicio de la violencia.

El problema de estas decisiones gubernamentales que implican la militarización de la seguridad para enfrentar el crimen es que promueven la violación de los derechos de la población civil, como lo ha mostrado la experiencia en Tijuana entre 2008 y 2011 y en otras ciudades del país (^{Astorga, 2003}; ^{Moloeznik, 2009}; ^{Morales, 2017}; ^{Niño, Flores y Cortés, 2019}). Y por lo general, son los adolescentes y los jóvenes quienes más sufren la violación de sus derechos por la militarización, las acciones represivas y la dinámica social de criminalización (^{Reguillo, 2021}).

Ahora bien, en términos de grupos de edad, se observa que, durante los últimos cuatro años, al tiempo que aumenta la tasa de homicidios en general, también lo hace el número de homicidios de NNA. Está claro que, a mayor edad, el riesgo de ser víctima de homicidio aumenta y, en particular, es la población adolescente y juvenil ─que va desde los 15 años hasta los 29─ la que sufre el mayor impacto (^{Valenzuela, 2019}). Los datos sobre la modalidad del arma con la que se causa el daño revelan el incremento del uso de las armas de fuego. Además, la pandemia no ha disminuido los hechos de violencia. Por el contrario, durante el confinamiento han aumentado de manera significativa los homicidios de los NNA y de la población en general.

El análisis de los lugares donde ocurren los hechos muestra quiénes son las personas más afectadas. Los datos revelan que los homicidios de los NNA de entre 0 y 14 años de edad suelen suceder en las viviendas particulares. En cuanto al grupo de entre 15 y 19 años, ocurren en la vía pública, lo cual indica que a medida que aumenta la edad de la víctima, el homicidio se desplaza del espacio íntimo al espacio público. En este sentido, la dinámica de los lugares donde ocurren los homicidios también es un indicio de las posibles causas de la violencia.

Se observa también que se acrecentaron los homicidios dentro de las casas durante el año de la pandemia. En 2018 hubo 7 homicidios en esos espacios. En 2019 hubo 10. En 2020 la cifra subió a 17. Los datos anteriores corresponden a Cajeme y se refieren al grupo de entre 10 y 19 años. En Nogales el hecho afectó a menores de 1 año. En Hermosillo, las víctimas de homicidio fueron niños de entre 0 y 14 años.

Por otro lado, el ataque perpetrado contra tres mujeres y seis niños y niñas de la familia LeBarón, que tuvo lugar en la frontera entre Sonora y Chihuahua en noviembre de 2019, sirve para demostrar que los homicidios, producto de las acciones de los criminales que tienen carácter de guerra y que ha escalado en el estado de Sonora, no son siempre un problema entre grupos criminales ni un “ajuste de cuentas”. El hecho muestra que la población civil se encuentra en medio de una guerra entre bandos y que resulta muy peligroso sostener la idea de que los asesinatos se dan siempre contra personas involucradas en el mundo criminal, idea cuyo objetivo es evadir el compromiso de investigar el hecho y hacer justicia a las víctimas de esos homicidios.

Ese acontecimiento violento ilustra también, siguiendo los planteamientos de ^{Segato (2014)}, que, en el marco de las nuevas guerras, los cuerpos de las mujeres y de los niños y niñas son “objetos estratégicos para el escenario bélico”. Es una pedagogía de la crueldad, o sea, una forma de disputa y de control social a partir del daño material y moral en el cual la violencia contra las mujeres y los niños cobra un papel central.

Feminicidios

El feminicidio se ha definido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” (^{Radford y Russell, 2006}). Como advierte ^{Monárrez (2009)}, el asesinato de niñas, jóvenes y adultas “es un síntoma del desprecio hacia algunas mujeres”, que además se mantiene sobre una estructura social política y económica que apoya la violencia de género (pp. 14-15). Se trata de un proceso de dominación patriarcal que configura el feminicidio como acto de total desprecio y deshumanización para con las mujeres, jóvenes y niñas.

En los últimos años, Sonora se ha situado como uno de los estados con mayor repunte del delito de feminicidio. De acuerdo con el informe del ^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020)}, entre enero y julio de 2019, Cajeme, Hermosillo y Nogales se ubicaron en los puestos 21, 22 y 23, respectivamente, entre los cien municipios con mayor incidencia de ese delito en México. Las tasas de cada uno en el orden en que se nombraron son de 2.10, 1.08 y 3.86 por cada cien mil mujeres, por encima de la tasa nacional, que es de 0.84.

En la Figura 6 se observa que la tasa de feminicidios en el estado ha aumentado. Los picos más altos se localizan en el periodo 2016-2019. También se observa que entre 2019 y 2020 hubo un alza en el uso de armas de fuego para cometer el asesinato. El arma aquí catalogada como “otro elemento”, que se mantiene como la principal forma de acabar con la vida de las mujeres y de las niñas, presenta una baja considerable entre 2019 y 2020. Si bien los feminicidios reportados no han aumentado durante la pandemia, sí lo ha hecho el uso de las armas de fuego como medio contundente para asesinar. Es posible pensar entonces en el vínculo que se va produciendo entre la violencia criminal y los feminicidios en términos del acceso a armas de fuego. Lo mismo se aplica a los homicidios de los NNA.

La Organización de las Naciones Unidas Mujeres (^{ONU Mujeres, 2019}) indica que en la evolución de las defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 1985-2017 existe una caída de estas tasas entre 1997-2006, pasando de una tasa de 3.8 en 1987 a 2.0 en 2007. En Sonora por el contrario, se pasó de una tasa de 1.2 en 1985 a 2.1 en 2007 y desde entonces ha escalado a una tasa de 4.2 para 2017.

La Figura 7 muestra cómo la ciudad de Nogales se ha transformado en un territorio amenazante para las mujeres y las niñas, pues ha pasado de dos casos en 2015 a nueve en 2018. Si se comparan las tasas de homicidios de hombres y de mujeres, los primeros resultan ser víctimas en mayor proporción. Sin embargo, en cuanto a la cifra correspondiente a las mujeres, no pueden dejarse de lado los significados políticos y sociales que tiene la violencia letal que se ejerce contra ellas. Es cierto que mueren en menor proporción, pero el sentido que tienen esos asesinatos se asocia con la jerarquía y la dominación sobre sus vidas y sus cuerpos. También es cierto, como señalan los informes de ^{ONU Mujeres (2019)} y ^{ONU Mujeres, INMUJERES y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) (2020)} que analizan la dinámica del feminicidio, que estos se ejecutan dentro de sus casas y que los perpetradores suelen ser hombres cercanos a ellas. Mientras que la seguridad de los hombres suele ponerse en riesgo en el espacio público, la de las mujeres y las niñas está en peligro en su espacio más íntimo, como se observa a partir de los datos sobre el tipo de armas o los lugares donde ocurren los feminicidios.

El problema de este tipo de violencia es que suele ser “extendida, arraigada y tolerada” (^{ONU Mujeres, 2018, p. 6}). El feminicidio es la culminación de otros tipos de violencia que se han perpetrado contra las mujeres, tales como la psicológica, la sexual, las amenazas y la intimidación, que suelen quedar impunes debido a la inoperancia de las instituciones que consideran que la víctima es la responsable de la agresión sufrida o porque no se denuncian los hechos por la desconfianza y el miedo que los ciudadanos tienen a la institución encargada de la seguridad y la justicia.

Mediante la perspectiva de la violencia crónica, puede apreciarse el paisaje completo, considerando los elementos contextuales de las dinámicas bélicas que hay en la actualidad en el continente y que también “atraviesa e interviene el ámbito de los vínculos de género” (^{Segato, 2015}). Es posible pensar entonces que el escenario de guerra que hay en el estado, el flujo y acceso a las armas de fuego, los códigos de desprecio y la cosificación de la vida, son el marco para quienes disponen de la vida de las mujeres y de las niñas. A su vez, es necesario comprender que el feminicidio no se orienta solo hacia el exterminio, sino al control, a la regulación y a la jerarquización de los cuerpos de las mujeres en el espacio público y en el íntimo (^{Monárrez, 2009, p. 41}).

Los actos violentos del crimen organizado se acogen a las matrices de dominación patriarcal, en las que la coacción contra el cuerpo de las mujeres evidencia vejación y deshumanización. Como dice ^{Segato (2003)}, aunque la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas suele darse a través de medios sexuales, esta se da en el orden del poder. La humillación de sus cuerpos se encuentra en un orden expresivo. Es una pedagogía de la crueldad en la que, a fuerza de repetir la profanación, esta se normaliza, y quienes observan la violencia -la sociedad y las instituciones- experimentan menor empatía con el otro, como plantea ^{Butler (2006)}.

Desapariciones

En la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares (LGMDFPCP) se entiende por desaparición forzada “la privación de la libertad en cualquier forma una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación o a proporcionar la información sobre la misma suerte o paradero, cometida por o con aquiescencia de un servidor público y, desaparición por personas particulares a quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima, su suerte o paradero” (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017, p. 9}).

^{Gatti (2017)} considera la desaparición forzada como una táctica de exterminio que deja muchos interrogantes sobre la suerte de las víctimas, una estrategia que agudiza la incertidumbre cuando se vive en contextos de violencia para mantener el terror. En el caso de México, así como en el de otros países de América Latina, se asume que las desapariciones forzadas son una técnica de coacción política -como en la época de la guerra sucia- para crear territorios controlados a través del miedo (^{Robledo y Querales, 2020}; ^{Vicente y Dorantes, 2018}).

Las desapariciones son una figura espectral que acecha. Desdibujan la víctima y provocan incertidumbre alrededor de su ausencia, porque no se sabe en qué condiciones se encuentra: trata y explotación sexual, esclavitud laboral o reclutamiento forzado, entre otros crímenes que se catalogan como de control y explotación de los cuerpos, una pedagogía de la crueldad cuyo paradigma se ha extendido en la actualidad, como señala ^{Segato (2015)}.

De acuerdo con el RNPEDFC, en Sonora, la estadística del fuero federal reporta que entre enero de 2014 y abril de 2018 desaparecieron 19 personas, de las cuales tres eran mujeres: dos salvadoreñas y una guatemalteca. Las desapariciones se efectuaron en el municipio de Altar (dos en 2015) y en Hermosillo (una en 2017). En cuanto a los hombres, hay reportes de 16 desaparecidos: uno de El Salvador, dos de Guatemala, uno de Honduras y doce mexicanos.

Entre 2010 y 2018 los registros del fuero común suben a 2 150 personas no localizadas, de las cuales 450 tienen entre 1 y 17 años (véase Figura 8), es decir, 21% de los desaparecidos en la entidad. De los 450 NNA, 170 son hombres y 280 mujeres. La mayoría de los casos en los que se informa haber sido vistos por última vez, se refieren a 2015, 2016 y 2017. En esos mismos años, el número de hombres oscila entre 48 y 54. En cuanto a las mujeres, 2017 repunta con 107 casos. La Figura 8 también muestra el comportamiento de la desaparición por grupos de edad y género. Hay que advertir que las adolescentes y las jóvenes son las más afectadas por este delito.

Como ilustran las Figuras 8 y 9, las desapariciones en Sonora presentan un comportamiento diferente en función de los grupos de edad y del sexo. Las niñas y las jóvenes de entre 13 y 17 años suelen sufrir este delito en mayor medida que los hombres de esas edades. La desaparición de estos aumenta conforme avanza la edad: la mayoría de las víctimas tienen entre 24 y 44 años. La Figura 9 expone el comportamiento de las desapariciones en las tres ciudades de estudio. Las de las niñas y las adolescentes son el doble que las de los niños y los adolescentes. Hermosillo y Nogales son las ciudades en las que las niñas y adolescentes tienen el mayor riesgo de padecer este delito.

El informe Búsqueda e identificación de personas desaparecidas de la ^{Secretaría de Gobernación (2021)}, de México, ubica a Sonora en el cuarto lugar entre los estados que tienen el mayor número (7.31%) de cuerpos exhumados de las fosas clandestinas. Así mismo señala que es el octavo estado con más reportes de personas desaparecidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2021: 1 273 casos. En tal sentido, los retos institucionales y sociales para atender el delito de la desaparición forzada, en términos de prevención y de búsqueda, de verdad y de justicia para las víctimas, siguen siendo enormes para México y para el estado de Sonora, debido en parte a las persecuciones y amenazas contra los ejercicios de búsqueda organizada que realizan las familiares de las víctimas, quienes en medio de la violencia deciden recuperar por cuenta propia los cuerpos, lo que pone en evidencia la atrocidad que implica la desaparición forzada.

En el escenario de violencia sistemática en la frontera norte mexicana y en especial en el estado de Sonora, la desaparición forzada provoca sentimientos generalizados de miedo y de inseguridad, cuya consecuencia es que la gente no ocupe el espacio público, sobre todo las adolescentes y la niñas, pues se ven a sí mismas como muy vulnerables, puesto que ha aumentado la tasa de las víctimas del delito en los últimos años y debido al hecho de que 72.4% de la población mayor de 18 años opina que la inseguridad es el principal problema del estado (^{INEGI, 2020}).

De la violencia en el espacio familiar

Los eventos de violencia contra mujeres y NNA durante la pandemia dejó al descubierto que en México hay otra pandemia mucho más invisible: la violencia familiar (^{Álvarez de Lara, 2013}; ^{INEGI, 2016b}; ^{UNICEF, 2019}). Ellas y ellos son objeto de violencia física, psicológica y sexual que causa sufrimiento, muchas veces silenciado por la vergüenza, el sentimiento de culpa y la idea que tienen las víctimas de que esas son formas “normales” de establecer las relaciones familiares o entre quienes componen el hogar. Esas circunstancias suelen presentarse a raíz de los procesos internos de poder en la organización jerarquizada de la familia y van de acuerdo con el género y la edad (^{Corsi, 1994}; ^{Nazar et al., 2018}).

En México, cuatro de cada diez madres y dos de cada diez padres dicen que les pegan a sus hijos e hijas en momentos de enojo o desesperación. El porcentaje de niños y niñas que reportan que sus padres los disciplinan mediante maltrato psicológico es de 50, y alrededor de 45% reporta que lo hacen a través del castigo físico. La estadística recopilada en el informe de la ^{UNICEF (2019)} da a conocer que los adolescentes de entre 12 y 17 años que suelen vivir en las ciudades donde hay altos índices de violencia psicológica, también son víctimas de violencia física en altos grados (p. 36). Además, en la medida en que aumenta la edad, se experimentan mayores amenazas: robos y violencia sexual, lo cual denota la imbricación de los distintos tipos de violencia en un mismo territorio y lo expuestos que están los NNA a ellos.

Como se indica en la Figura 10, los casos de violencia familiar han tenido un aumento significativo en un periodo de cinco años. La gráfica exhibe que el confinamiento debido a la pandemia ha tenido efectos importantes en la vida de los niños, las niñas y las mujeres que se han resguardado en sus hogares. De acuerdo con ^{Corsi (1994)}, ^{Bathia et al. (2021)}, ^{Cappa y Jijon (2021)} y ^{Cárdenas (2020)}, las investigaciones sobre la violencia familiar señalan que dentro de los factores de riesgo están el tiempo que los miembros de la familia pasan juntos, las actividades e intereses y las diferencias de opinión en las decisiones que afectan a todos ellos.

La Figura 11 muestra los niveles de violencia que padecen las mujeres en el estado y en las ciudades aquí estudiadas. Se sabe que la violencia familiar que suele afectar a las mujeres produce efectos al interior de los hogares donde los NNA se convierten también en víctimas (^{Miranda y Corovic, 2019}). En el caso del municipio de Hermosillo, el poblado Miguel Alemán concentra la mayoría de los casos de 2019.

La situación de violencia familiar que se vive en Cajeme, Hermosillo y Nogales, donde hay además otros tipos de violencia, como las que se han mencionado, obliga a pensar en la necesidad de abordar con mayor profundidad el concepto de entorno violento y de reflexionar sobre el hecho de que el problema construye barreras que impiden los procesos de formación y desarrollo de los NNA. También hay que reflexionar sobre la interrelación que se crea entre los diferentes tipos de violencia.

Los datos muestran que hay diferencias en la victimización, relacionadas con el género y la edad. Mientras que la violencia sexual y psicológica tiene en las niñas y las adolescentes sus mayores víctimas, los niños y los adolescentes son más bien víctimas de violencia física. Los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes aumentan con la edad. En el caso de los niños, el comportamiento es inverso: a mayor edad, disminuyen los casos. La diferencia puede deberse a las formas patriarcales de dominación frente al cuerpo de las mujeres y también a que el delito se oculta cuando se trata de varones menores de edad, ya sea debido a la matriz de género o para evitar el cuestionamiento sobre la masculinidad.

La violencia económica es la que más afecta a las adolescentes. En el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define como "la acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima [y que] se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas” (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2007}). Se intuye que ellas, a temprana edad, conforman relaciones de pareja en las que la violencia resulta más explícita. Al observar las pautas que sigue esta categoría antes y durante la pandemia, se deduce que, lo mismo que la violencia física y sexual, la violencia económica ha aumentado.

En la Figura 15 se ve el incremento de los casos de violencia física contra los NNA durante 2020: casi duplica la cifra de 2019. La violencia sexual tuvo un alza en 2020 respecto de los años inmediatamente anteriores, mientras que la psicológica se mantuvo casi sin cambios a lo largo de esos años.

Los datos corroboran que, debido al confinamiento de 2020 y 2021, han aumentado las condiciones de riesgo de los NNA dentro de su propio hogar. Como han expresado ^{Bathia et al. (2021)}, ^{Cárdenas (2020)}, ^{Cappa y Jijon (2021)}, ^{Gómez y Sánchez (2020)} y ^{REDIM (2020)} la convivencia demasiado cercana y prolongada han recrudecido la violencia física.

Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (^{INEGI, 2016a}), a escala nacional, 49% de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia emocional. En Sonora, fue víctima de violencia emocional 42%, de violencia sexual 41% a escala nacional y 35% en Sonora; padeció violencia física 34% a escala nacional y 27.8% en el estado. Estos tipos de violencia disminuyeron algunos puntos porcentuales entre 2011 y 2016. Pero la violencia física en Sonora aumentó de manera significativa: de 13% en 2011 a 27.8% en 2016. Además, en el último año, los ámbitos en los que se suele ejercer son el de pareja, el laboral y el comunitario.

Estas expresiones de violencia se catalogan en un sentido amplio como violencia de género, que afecta a las mujeres y a los NNA (^{Espinoza y García, 2018}; ^{Saffioti, 2018}). La suelen ejercer las personas que ostentan la función patriarcal de dominación o que emplean la violencia como estrategia fundamental de dominación. La mayoría de las veces es una persona de sexo masculino quien la practica en el marco de la “autorización del proyecto de dominación-explotación de las mujeres”. Uno de los problemas para abordar la violencia en su forma física, señala ^{Saffioti (2018)}, es que solo se nota cuando es excesiva y deja marcas en el cuerpo. Es la única manera de codificarla dentro de lo penal. Por lo tanto, el agresor encuentra estrategias para ocultar las huellas. Otro problema es el tiempo que pasa entre la agresión y la denuncia: si es largo, se dificulta la identificación, y el delito queda impune.

Violencia sexual basada en el género

Es importante identificar otra forma de violencia que suele perpetrarse no solo en niñas, adolescentes y mujeres. Se trata de la violencia sexual basada en el género. Al igual que lo que se ha señalado sobre el feminicidio, ésta construye un discurso que exacerba el control de los cuerpos de las mujeres a través de actos de crueldad.

La evidencia a lo largo de los años ha demostrado, como sugieren ^{Contreras, Bott, Guedes y Dartnall (2010)}, que en América Latina la violencia sexual se ejerce muy a menudo contra mujeres y niñas y que las parejas o personas conocidas suelen ser sus perpetradores. También han hallado los elementos macrosociales, comunitarios y las relaciones que justifican y sostienen una asimetría de poder entre géneros que posibilita mantener las ideas de que la mujer es un objeto sexual, el culto a la virginidad y la naturaleza del deseo sexual en los hombres, entre otros.

Como se aprecia en la Figura 16, hay casos significativos de violencia sexual: abuso y violación simple. También se observa el uso y abuso del cuerpo, en particular de mujeres jóvenes y niñas. Entre 2015 y 2016 la tasa de abuso sexual casi se duplicó. De 2018 a 2019 aumentó de forma considerable y en 2021 se volvió a elevar a causa del confinamiento. Como señala el reporte de ^{México Evalúa (2021)}, en Nogales 5 515 mujeres fueron víctimas de abuso sexual en el segundo semestre de 2020. No obstante, hay solo dos investigaciones relacionadas con el delito, lo que habla de una cifra negra alarmante de 99.9%.

Estos datos confirman las aseveraciones y las alertas durante la pandemia sobre el aumento del riesgo de violencia sexual que están padeciendo las niñas, las jóvenes y las mujeres al interior de sus hogares. También indican que no hay que perder de vista las formas en que la dominación y las relaciones asimétricas entre géneros se transforman en amenaza permanente de violencia sexual en un territorio donde el terror transita de forma continua. Entender que la violencia sexual en un territorio puede potenciarse debido a un marco de violencia criminal que desprecia la vida y promueve la crueldad sobre los cuerpos de los otros, ayuda a saber cuáles son las formas en que se reproducen los tipos de violencia y la manera en que se afectan entre sí.

Consideraciones finales

Los datos provistos deben tomarse como indicativo de los distintos tipos de violencia que se viven en el estado de Sonora y de su incidencia en los municipios estudiados. Aunque Sonora es un estado fronterizo, al principio no parecía llegar a los mismos niveles de violencia criminal y armada a las que han llegado otros estados del norte. Sin embargo, esta situación ha cambiado y los datos dan evidencia del recrudecimiento de la violencia armada y de otros tipos de violencia en el territorio.

El número de homicidios y de feminicidios mantiene y legitima la pedagogía cruel sobre los cuerpos. El control social y armado que se desarrolla en el territorio y que ejerce el crimen organizado, provoca el silencio de los casos de feminicidio y de homicidio por temor a las represalias de los actores criminales y por la desconfianza que hay en las autoridades, debido a la posibilidad de que tengan vínculos criminales. También se da el silencio debido al juicio social que se forma a partir de la idea de que “si los mataron, fue por algo”, el cual convierte a la víctima en sospechosa. Por lo tanto, la agresión se explica como un “ajuste de cuentas”, con lo que se trunca la procuración de justicia y se oculta el dolor de los familiares.

La revisión de los datos institucionales, tanto nacionales como locales, hacen posible identificar las pautas que siguen otros tipos de violencia y ratificar los efectos de la pandemia en ellos. El aumento significativo de la violencia en el hogar, en particular la física y la sexual, se asocian con el aumento del tiempo que sus miembros permanecen juntos dentro de casa debido al confinamiento. La violencia física puede entenderse como la superposición de las experiencias de dominación y como la manera de tramitar las diferencias y la crianza de los niños y las niñas mediante el uso de la fuerza física; también puede que la provoquen los niveles de frustración que ocasiona el temor a la pandemia en términos de vida o muerte, o puede estar causada por los efectos del confinamiento en la economía familiar, lo que explicaría el uso de la violencia física como mecanismo de escape. Es importante señalar que la matriz de la relación violenta de género se sustenta en la dominación y en la asimetría.

La mirada del comportamiento de estas cifras a través del lente de la violencia crónica resulta importante porque, aunque se plantean cifras separadas, observando el panorama en su conjunto se visualiza que en un espacio fronterizo donde se exacerba la violencia homicida, también aumentan otros tipos de violencia, lo cual se debe a un marco previo de temor, de desconfianza y de impunidad.

Hay que advertir que las cifras aquí consignadas son un punto de partida y no de llegada. El panorama en el estado y en sus tres municipios ─para los cuales se pudo obtener alguna información sobre las dinámicas de los diferentes tipos de violencia─ deben inducir a un campo de preguntas que a la luz de la violencia crónica ayude a orientar la investigación para entender de qué manera se concatenan todas las clases de violencia. Cómo la violencia criminal, en particular los homicidios y los feminicidios, producen un aumento en otros tipos de violencia, es un punto importante que hay que analizar. Es necesario indagar la relación que hay entre la desaparición forzada, la violencia homicida y otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o de esclavitud, que quedan en la impunidad. También hay que averiguar de qué manera la condición de frontera aumenta los acontecimientos violentos. Se trata de entender los modos en que el entorno, desde la perspectiva criminal, homicida y feminicida, alienta las relaciones violentas, es decir, la manera en la que el paisaje de la muerte transforma el sentido y propicia la ejecución de la violencia. Este artículo es el primer paso en el camino para comprender la relación entre los tipos de violencia que existen.

Para el desarrollo de esta exploración, se han revisado los datos de acceso abierto en fuentes del gobierno federal, en particular del INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Salud-Dirección General de Información en Salud. Para el ámbito local, se usó la información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la base de datos sobre la violencia contra las mujeres en el estado. Las fuentes locales fueron más difíciles de consultar, razón por la cual se sugiere un mejor manejo institucional de los datos y aminorar la dificultad de acceso; también mayor articulación entre las entidades estatales y municipales con el objeto de refinar el reporte sistemático de datos para poder estudiar con precisión las distintas problemáticas del territorio.

Por lo demás, hay que decir que las instituciones difícilmente comparten la información que tienen, lo cual obstaculiza la realización de las investigaciones. Este inconveniente denota la apremiante necesidad de coordinar las instituciones encargadas de la atención a los NNA con las investigaciones de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil para proponer formas posibles de solucionar el problema que aquí se ha abordado.