Primera parte.
La genealogía de la acción pública ambiental

La revisión histórica de la emergencia del tema ambiental, como parte de la acción pública, es una estrategia metodológica que permite aproximarse al marco político y cultural de la región, evidente en la conducta y en las prácticas culturales de los actores como parte de una identidad política compartida. En ese sentido, esta sección contribuye a interpretar cómo esas conductas son una herencia que regula y organiza (de manera sistémica y recurrente) la experiencia cotidiana de la instrumentación de la acción pública.

Las raíces y las ramas históricas de la instrumentación ambiental

Estuvo duro el incendio en la Reserva [en referencia al incendio de abril de 2019 en el terreno nacional de la zona núcleo I de la REBITRI]. La gente no quería participar, decían que no eran sus tierras […]. Primero vino la CONANP y no se juntó la gente; después vino la ingeniera del PSA [referencia local al programa Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a Través de Fondos Concurrentes (MLPSA-FC)] y junto con don Eduardo [gestor de tierras y ex comisariado ejidal], que ya tiene experiencia como autoridad, hicimos la asamblea y nos convencieron. No estuvo fácil, pero al final lo lograron […]. Allá fuimos a trabajar […]; las mujeres, a cocinar en Puerto Rico y los hombres, a echar pala y pico para apagar el incendio […]. Al final nos fue bien. Llegó la ayuda: nos pagaron jornales y renovaron las aulas de la escuela. (M. Pacheco, entrevista, Monte Virgen Candelaria, 12 de abril de 2019)

En este ejemplo se observa que el entrevistado reconoce la dependencia como parte del sentido común del éxito de la acción pública. Esta forma de reconocimiento no es una expresión momentánea, sino una muestra de la manera en que se analizan las cosas (formas culturales) y se asumen como naturales durante la práctica de dicha acción.

La manera en que la subordinación y la dependencia llegaron a ser parte del sentido común, se explora en otro artículo. En él se describe que las raíces de la subordinación y la dependencia son formas culturales antañas que pertenecen a la continuidad (ramas) del sistema político de las fincas en los ejidos actuales, donde muchas veces el sistema jerárquico de autoridad se trasladó a las estructuras agrarias campesinas (^{Torres y Trench, 2021}). Por ejemplo, en la región es común que los gestores de regularización de las tierras hayan sido mayordomos u hombres de confianza de los finqueros y después se convirtieran en las autoridades ejidales (como fue el caso de don Eduardo, mayordomo en la finca El Olvido). Aunque esa autoridad ya no tiene una base política en la actualidad, tiene una legitimidad que se basa en una herencia simbólica de poder que se observa a partir de la capacidad de intervención que tienen estas ex autoridades ejidales, hoy líderes morales, para convencer a la asamblea de participar. Permanecen como figuras de autoridad asociadas con el ejercicio del poder. Estas condiciones de subordinación y dependencia son parte del contexto en el cual la noción ambiental ha tratado de implantarse como un elemento en la acción pública; primero, como parte del quehacer de las organizaciones campesinas y segundo, como parte del giro ambiental que toma la política federal en la región.

En primer lugar, la acción pública ambiental apareció en 1989, en el contexto de las acciones que introdujeron los catequistas católicos que pertenecían a la cooperativa de café campesina Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San Isidro Labrador, Sociedad de Solidaridad Social (ISMAM). Fue la primera organización que apareció en respuesta al vacío de asistencia social que dejó el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) al retirarse de la región en 1983. Con la llegada de la ISMAM y con el trabajo conjunto con la diócesis de Tapachula, se promovió la asistencia social a los campesinos de la región para que organizaran grupos de trabajo y luego organizaciones regionales con el objeto de dar soluciones integrales a los procesos de deterioro social, destrucción del ambiente y pérdida de la cultura (^{Renard, 1999}).

Así pues, se transitó de una producción convencional del café⁵ a las acciones que fomentaban una producción orgánica que guarda una filosofía de cuidado de la naturaleza y de solidaridad contra la opresión. Bajo el lema “Unidos por la fe, el trabajo y el amor de la naturaleza” se depositaron en los campesinos minifundistas⁶ ideas ambientales en las que se privilegió la naturaleza a costa de rendimientos naturales⁷ del café (^{Renard, 1999}). No se conoce con exactitud la trascendencia que pudo tener la teología de la liberación y su filosofía en las dinámicas sociales, comunitarias o en las organizaciones en La Suiza. Sólo se sabe, debido a la observación participante, que el modelo organizacional de la ISMAM sigue vigente en el imaginario colectivo de la región, en función de que se traslada su experiencia a otras organizaciones, como Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, Sociedad Civil (CESMACH). Se observa, por ejemplo, el uso de la imagen de San Francisco de Asís como parte del logo empresarial de la CESMACH (vigente hasta 2019) y la realización de misas como parte de la asamblea general de socios, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo parte de esas experiencias se incorporan a las dinámicas del GIAT.

En segundo lugar, la acción pública ambiental se orienta más hacia la conservación mediante el decreto federal de Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI) creado en 1990. En ese momento la reserva estaba administrada por el Instituto Nacional de Ecología (INE) junto con el departamento de Áreas Naturales del Instituto de Historia Natural del estado de Chiapas (IHN). En 1994, con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el INE, el tema de conservación y de protección de la reserva se incorporó a las organizaciones de café con la formación de la CESMACH (^{Ejea, 2011}). Cinco años más tarde (1999), esta vez con el apoyo de Conservación Internacional (CI), se sumó a la CESMACH la organización Finca Triunfo Verde. Ambas organizaciones, por separado, incorporaron a sus prácticas y discursos la visión de conservación y recuperación de la biodiversidad para mejorar la vida campesina.

Luego el tema de la conservación en la región tomó una perspectiva de restauración forestal. Dos estudios, uno realizado en 2003 por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Asociación Civil (A. C.) (FMCN) y la CONANP (^{FMCN y CONANP, 2003}), y otro elaborado en 2005 por un grupo de académicos de diferentes instituciones (^{Vázquez, 2009}), señalaron que la conservación ambiental no era sólo un tema en las organizaciones de café, sino que además debía atenderse la erosión y la degradación de la Sierra Madre de Chiapas que causaron los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005). En consecuencia, en 2008 el FONCET y sus donantes comenzaron a operar el proyecto de diversificación y restauración de paisajes transformados en comunidades de la REBITRI. En una primera etapa invirtió en la elaboración del programa de restauración de la reserva con la participación de miembros de la organización civil, la academia, el gobierno del estado y el gobierno federal (el IHN y el INIFAP). Entre los resultados del programa, se identificó que La Suiza era un área prioritaria para la acción pública, dada su alta vulnerabilidad a las contingencias climáticas (^{FONCET, 2016}).

En 2010, durante la segunda etapa del proyecto que inició el FONCET en 2008, se ejecutaron parte de las acciones del programa de restauración en La Suiza.⁸ Se destacó el arreglo interinstitucional⁹ del MLPSA-FC,¹⁰ en el que la CONAFOR y el FONCET pagaron a los dueños de los bosques por los servicios ambientales que éstos proveen.

La emergencia del GIAT

Entre 2011 y 2014 el FONCET implementó el programa de restauración con la colaboración de INIFAP y The Nature Conservancy (TNC). Con la idea de atender los problemas de falta de intersectorialidad y continuidad de la acción pública, se constituyó legalmente el GIAT como asociación civil intercomunitaria que integraba cinco comunidades.¹¹ Ésta fue la estrategia para dar seguimiento a las acciones de intervención, atender los problemas de la participación y fomentar el empoderamiento social como parte de la intervención (^{López et al., 2017}).

En 2014, los actores extraterritoriales y el INIFAP invitaron a los actores locales a constituir el GIAT, con la idea de continuar los proyectos que habían auspiciado desde 2010, y a su vez crear una organización intercomunitaria que se ocupara de los temas que no podían atenderse con el MLPSA-FC.¹² Los actores locales respondieron a la iniciativa. Uno de los socios fundadores, ex delegado del GIAT, comentó:

Aceptamos la invitación de pertenecer a la organización después de que asistimos a varios talleres en los que reflexionamos de que, si nos organizamos para solucionar desastres, por qué no tener una organización de trabajo para prevenir […]. Ya fue que en 2010 detonó el proyecto con el maestro [en referencia al GIAT y la intervención del INIFAP] […]. Nos llevó más o menos cuatro años desde que empezamos hasta que lo consolidamos en 2014. (R. Ramos, entrevista, Vista Alegre, 21 de noviembre de 2018)

El mismo ex delegado dijo que en los talleres se definió la misión del GIAT de la siguiente manera:

Coadyuvar a la conservación y desarrollo sustentable de los ecosistemas ubicados en la cuenca la Suiza del Municipio de Montecristo de Guerrero a fin de lograr un desarrollo armónico entre las personas, el medio ambiente y para las generaciones futuras ya que la cuenca está conformada por una gran biodiversidad, recursos naturales, servicios ecosistémicos que son vitales para el desarrollo de la vida humana de las comunidades que la conforman, así como el patrimonio natural y cultural presente y futuro.

Desde su constitución en 2014 hasta 2016, el GIAT conformó su base operativa y pasó de 191 a 234 socios. En el primer año comenzó con dos proyectos. El primero, de agricultura de conservación ―financiado por el FONCET y sus donantes―, sigue interviniendo a través de seis líneas de acción: seguridad alimentaria y mejoramiento del ingreso familiar, conservación de bosques y suelos, recuperación de áreas degradadas, manejo de riesgos y reducción de vulnerabilidad climática, construcción y rehabilitación de infraestructura local y seguridad hídrica. El segundo, enfocado al fortalecimiento empresarial comunitario ― parte de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) de la CONAFOR―. No tuvo continuidad, pero logró el establecimiento de una oficina en el ejido Puerto Rico, la elaboración del manual de organización y procedimientos, el reglamento interno y el organigrama del GIAT (véase Figura 3) (^{López et al., 2017}).

Con respecto a la forma en que opera el GIAT, el trabajo de campo permitió observar que, si bien los actores locales que pertenecen a la organización reconocen que la asamblea es la autoridad máxima de la organización, en lo práctico, es el equipo de investigadores del INIFAP quien, en su calidad de agente técnico, gestiona, acuerda y coloca el tipo de acciones que se dirigen hacia las comunidades que integran la organización (véase Figura 4). Según el INIFAP, “el corazón del mecanismo financiero [en referencia a la iniciativa del GIAT] es la alianza pública-privada establecida entre el TNC, el FONCET y el INIFAP” (^{López et al., 2017, p. 41}).

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado entre 2017 y 2019.

Figura 4 Estructura funcional del GIAT, Cuenca La Suiza Salvando el Pulmón del Triunfo, A. C. 

Es el financiamiento de los actores extraterritoriales y la asistencia técnica del INIFAP lo que permite la operación del GIAT. Esta forma de intervención creó una alta expectativa de financiamiento entre los socios de la organización y al mismo tiempo generó cierta dependencia, razón por la cual el panorama de los 234 socios del grupo intercomunitario cambió en el periodo 2017-2019. En 2017, con una nueva directiva en el GIAT, con menor atención y financiamiento por la expansión del modelo de acción pública de La Suiza a la microcuenca Los Gatos (2 845 hectáreas), el GIAT se empezó a fracturar. Uno de sus socios comentó:

Nos dijeron que iba a haber proyectos para café y sólo hubo al principio […]. Nos invitan a talleres del agua y también han colocado unos contenedores para los botes de agroquímicos, pero muy poca gente jala […]. Aquí mucha gente ya se salió, no le veían el caso […]. Se esperaba ver algo más, como sucede en otras organizaciones […]. Por eso, de 26 socios que éramos, sólo quedamos 15. (L. Medina, entrevista, Vista Alegre, 4 octubre de 2018)

De esta entrevista retomamos la forma en que se convence a los actores locales para pertenecer a la organización. Los actores extraterritoriales y el INIFAP se aventuraron a crear un modelo de manejo integrado de cuencas para la construcción de la acción pública, sin considerar que las características de la cultura política de la región podían ser una limitante. Los actores extraterritoriales y el INIFAP asumieron que el enfoque de cuencas convencería y se adoptaría con facilidad. No obstante, está claro que la falta de proyectos¹³ sumada a la reducción del patrocinio de los actores extraterritoriales limita la legitimidad del GIAT en la región, ya que, al parecer, la intervención sin financiamiento no basta para garantizar la fidelidad de los socios a la organización. Por ello, entre 2018 y 2019, cerca de 30% de los socios dejó la organización.¹⁴ En la entrevista a L. Medina está claro que, a diferencia de los objetivos que tienen los actores extraterritoriales (proyectos productivos y conservación), los actores locales esperan ver “algo más” de la organización, como créditos, infraestructura y la distribución de primas, al igual que se dan en la CESMACH y en otras organizaciones donde se comercializa café.

Recogiendo lo más importante de esta primera parte de resultados, se puede decir que hay un esfuerzo continuo para instrumentar la acción pública sobre la cultura política regional bajo la lógica de convencimiento-adopción, a la cual los actores locales responden con una lógica de subordinación y dependencia, en la medida en que son formas culturales que se reconocen como parte del sentido común de participar en la región. Así pues, la acción pública que se promueve llega y trata de construir nuevos significados sin tomar en cuenta las limitaciones heredadas de la participación, la subordinación y la dependencia que están integradas en la lógica de los actores locales. Esta herencia simbólica de poder se ha considerado en otros espacios como “residuos del poder” (^{Torres y Trench, 2021}).

Segunda parte.
Los principios de buena gobernanza y sus contrastes en La Suiza

En el apartado anterior se mostró que algunas prácticas que se promueven en la consolidación de las organizaciones en la región permiten responder esta pregunta: ¿desde dónde se construye la acción pública ambiental? Esta forma de aproximación histórico-metodológica permite comprender con precisión la institucionalización de prácticas que luego se vuelven parte de un marco cultural.

En cuanto a las percepciones de los principios de buena gobernanza, éstas se presentan en dos secciones. Primero, a partir de las entrevistas realizadas a los actores locales y regionales, se propuso una definición de los principios (véase Tabla 1), que se contrastan con las cualidades normativas de la buena gobernanza que documentaron ^{Lockwood et al. (2010)}, con la finalidad de señalar las cualidades que coinciden o no con las percepciones locales. Las observaciones se categorizaron de la siguiente forma: compartidas (cualidades encontradas tanto en las percepciones locales como en las cualidades normativas); complementarias (cualidades que se añaden a la percepción normativa); de omisión (cualidades que no se consideran normativas pero que en la localidad son parte del significado de los principios). Segundo: se profundizó en los significados que toman los principios a partir del grado de valoración que otorgan sólo los actores locales del GIAT. De manera que los significados generados en torno a los principios representan una muestra de las percepciones de la región, y la valoración es específica al cumplimiento de éstos en el GIAT (véase Figura 5).

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la evaluación de Likert de los principios de buena gobernanza en el GIAT.

Figura 5 Puntaje de los principios de gobernanza en el GIAT 

El análisis de los significados universales de la buena gobernanza en relación con los significados locales (véase Tabla 1) prueba que son tres los principios que más tensiones producen en la construcción de la acción pública dentro de los marcos culturales locales: la transparencia, la inclusión y la responsabilidad. Así pues, la omisión de cualidades, como no cuestionar la disponibilidad de información, no reconocer la equidad ni las asimetrías históricas entre los actores, además de omitir sus responsabilidades de abajo hacia arriba, constatan la identidad política que guarda nociones de subordinación y dependencia como parte de las lógicas de construcción de la acción pública.

Tercera parte.
Evaluación de la gobernanza en el GIAT

Para tener una lectura más completa de cómo el ejercicio de la acción pública en el GIAT deja ver aspectos de la identidad política de los actores de la región, hay que considerar la analogía de los residuos de poder que ^{Torres y Trench (2021)} realizaron sobre la permanencia de un capital simbólico que se hereda como parte de las relaciones microfísicas del poder en La Suiza. En éste se explica, haciendo uso de los marcos de la biología y la antropología, la trayectoria histórica del sentido de autoridad comparando su evolución con la estructura de un árbol. Se expone cómo el origen común (raíces) de los actores en el sistema finquero marca la continuidad (ramas) de una percepción paternalista y patronal de la autoridad que puede observarse (frutos) en la tolerancia y permanencia de prácticas de antaño asociadas con la participación, como el paternalismo y el nepotismo. Con esto se plantea la posibilidad de que algunas prácticas actuales en el GIAT, asociadas con los principios de gobernanza, tengan su explicación si se considera la herencia de formas culturales (de subordinación y dependencia) como parte de la construcción de la acción pública.

Con esta precisión, se presentan los resultados de la evaluación de los siete principios de buena gobernanza en el GIAT. Los porcentajes representados son el producto del cálculo de las frecuencias esperadas y observadas que dieron los 43 entrevistados a las 29 preguntas. Por ejemplo, para calcular el valor del principio de legitimidad, se sistematizaron las respuestas que dieron los entrevistados a siete preguntas, que en conjunto documentan sus cualidades normativas (legalidad, titularidad, representatividad, capacidad directiva, integridad, coordinación e imparcialidad).

Se calificó cada pregunta con la escala de Likert, de 1 a 5, donde el valor de los elementos fue: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1).

Cuando se calculó la cualidad de la legalidad como parte de la legitimidad, se comparó su valor esperado con el observado. El primero representa que los 43 entrevistados están de acuerdo con que en el GIAT existe una plena legalidad [43 x5]=215. El segundo es la suma de las calificaciones que asignan los entrevistados: 2 totalmente en desacuerdo [2x1=2], 3 en desacuerdo [3x2=6], 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo [3x3=9], 10 de acuerdo [10x4=40], 25 totalmente de acuerdo [25x5=125]; el valor observado es 182. Así pues, el porcentaje de la legalidad se calcula a partir de una regla de tres: [(182/215) x 100]=84.65%. Con este tipo de razonamiento aritmético se calcula el resto de las cualidades de la legitimidad: capacidad directiva (62.61%), integridad (68.47%), titularidad (76.58%), imparcialidad (74.32%), representatividad (79.28%) y coordinación (76.58%). Para representar la legitimidad como un solo valor (véase Figura 5), se promediaron los valores parciales de las cualidades [84.65+62.61+68.47+76.58+74.32+79.28+76.58=(522.49/7)=74.61%].

Es importante señalar que si bien el puntaje de los principios y de los porcentajes de las cualidades corresponden sólo a una evaluación dentro del GIAT, la interpretación de los resultados por principio que se realiza más adelante se hace con base en los significados regionales que adquiere la gobernanza y que fueron descritos en la sección anterior.

La Figura 5 muestra la situación de los principios de buena gobernanza en el GIAT. El puntaje que se obtiene en cada uno de ellos señala al menos tres cosas: 1) que existe una separación entre el discurso de la gobernanza y su práctica local, que cuestiona la prescripción normativa y la universalidad de los principios; 2) que hay principios con los que más se comparten significados (legitimidad e inclusión) y otros en los que los márgenes de separación implican una mayor tensión (transparencia, responsabilidad, justicia, conectividad y resiliencia); 3) que existen principios que requieren fortalecimiento, en el entendido de que entre más capacidades se tengan, habrá una mayor posibilidad de construir una acción pública más incluyente y eficaz.

Principio 1. Legitimidad

Los principios de la buena gobernanza señalan que la legitimidad es la aceptación y la justificación de una regla compartida por una comunidad cuya valoración se hace, a la vez, desde un sentido normativo y uno empírico en relación con un marco cultural (^{Bernstein, 2005, p. 20}). En las cualidades locales y regionales de los principios se observa que además tienen la particularidad de relacionarse con las formas en que a lo largo de la historia se ha percibido e imaginado la autoridad (véase Tabla 1). Considérese este ejemplo:

La elección de la mesa directiva del GIAT fue legítima y democrática, porque se hizo como se hacen las elecciones municipales, por votación [elecciones realizadas en diciembre del 2016]. Respetamos la autoridad […] porque además son ellos los que interactúan con los ingenieros y se conectan con las demás organizaciones […]. Ellos también nos informan cómo se trabaja en la asamblea. (S. Gordillo, entrevista, Monte Virgen Candelaria, 4 de octubre de 2018)

Este fragmento evidencia que la legitimidad de la autoridad descansa en un doble mecanismo: en el marco legal, que provee el sistema de elecciones por votación y, a la vez, en los elementos que se comparten por medio de la identidad política, la asamblea y sus mecanismos de funcionamiento (la consulta, la discusión y el consenso) como formas culturales. Éstas se dejan entrever cuando el entrevistado reconoce como parte de la autoridad de la mesa directiva la capacidad que ésta tiene de intervenir con posiciones jerárquica hacia arriba (por ejemplo, “los ingenieros”) y al mismo tiempo rendir cuentas hacia abajo.

Con esta lógica se explica por qué 74.61% de los entrevistados (véase Figura 5) consideró que la elección de los órganos de representación y del gobierno en el GIAT son democráticos y legales, a pesar de que se percibe que el órgano de representación del GIAT tiene una capacidad directiva baja (62.61%) y una baja integridad (68.47). Parece ser que estas cualidades son toleradas por la percepción de legalidad (84.65%), de coordinación (76.58%), de titularidad (76.58%) y de imparcialidad (74.32%), que representa el sistema del voto entre los entrevistados. Así, aunque se considera que la autoridad tiene una representatividad adecuada (79.28%), entre los entrevistados hay inconformidad relacionada con la paridad entre las comunidades (68.47%), dado que reconocen que 54% de la fuerza política está concentrada en una sola comunidad: de 193 socios, 106 corresponden a la comunidad de Puerto Rico, 26 a Vista Alegre, 25 a Toluca, 22 a Monte Virgen y 14 a Río Negro. Entonces, las comunidades con menor número de socios están sobrerrepresentadas con los tres delegados con que cuenta cada una.

Principio 2. Transparencia

La transparencia incluye la visibilidad de los procesos, la disponibilidad y la accesibilidad de la información durante la toma de decisiones (^{Lockwood, 2010}). En la región se reconocen las dos primeras cualidades (véase Tabla 1), pero pocas veces se toman las decisiones exclusivamente por la información, puesto que influye en ella un balance entre la comunicación formal e informal entre los actores. Esto es lo que expresa un delegado en el GIAT:

Nosotros cumplimos con informar […], aprendimos en [la] CESMACH. Ahí primero se asiste a la asamblea general de delegados, luego vamos a las comunidades con el boletín Un Paso Más [nombre oficial del boletín de la organización] para decirles a los socios de la comunidad lo que nos dijeron, y si aun así no queda claro, pues vienen los ingenieros […]. Hasta tres o cuatro veces se repite la información para que a la plebe le quede claro […]. Por eso es que se siente uno triste en el GIAT, porque no le están echando ganas a la organización, al menos no como quisiéramos. (R. Ramos, entrevista, Vista Alegre, 21 de noviembre de 2018)

En este fragmento se observan dos cosas. Primero, que la organización interna de la CESMACH es un referente para el GIAT; y segundo, que existen mecanismos de rendición de cuentas dentro de las organizaciones. Con estas referencias, y con la idea de que 69% de los socios del GIAT pertenece a alguna de las organizaciones de productores de café donde hay mecanismos formales de rendición de cuentas, no es raro que en el GIAT se acepte la asamblea de delegados como una forma visible de la autoridad (80%), a pesar de que el acceso a la información es limitado (67.56) y haya un bajo desempeño (42.22%). La transparencia se sitúa en 63.26% (véase Figura 5).

Una de las cosas que llaman la atención es que para los entrevistados no es un problema que la información dispuesta para el proceso de toma de decisiones no sea del todo visible. De todas formas, no se lo cuestionan. La información se acepta y se replica a diferentes niveles, lo cual va en contra de la idea de buena gobernanza que se pretende introducir.

Principio 3. Inclusión

La inclusión en la buena gobernanza se refiere a la igualdad de oportunidades para influir y participar en la toma de decisiones (^{Lockwood, 2010}). En el GIAT la inclusión tiene un valor de 83.33% (véase Figura 5). Se tiene la percepción de igualdad de oportunidades (81.33%), dado que es de las pocas organizaciones que aceptan a socios, independientemente de su condición agraria. Llama la atención que se califique tan bien la equidad (85.33%), cuando la experiencia de los socios en otras organizaciones (i.e. la CESMACH) debería permitirles reconocer que la diferenciación de beneficios con base en la estratificación de vulnerabilidad entre los socios reduce las asimetrías. Al parecer, esta calificación está basada en el desconocimiento de los beneficios que se obtienen al pertenecer al GIAT.

Principio 4. Responsabilidad

La responsabilidad es un valor que se asocia con la asignación y con la aceptación de roles en relación con el ejercicio de la autoridad de arriba hacia abajo, y viceversa (^{Lockwood, 2010}). En La Suiza, este principio (véase Tabla 1) tiene la particularidad de ir en una sola dirección: se reconocen las responsabilidades de los titulares de la autoridad, pero no así las responsabilidades de los representados.

En el GIAT esta lógica de responsabilidad fue calificada con 62.44% (véase Figura 5). Se reconoce como una cualidad de los titulares de un cargo (86.67%), en la que muchas veces los roles (59.11%) y las funciones (54.67%) que desempeñan como parte de su titularidad no son claras. Los representados no suelen reconocer sus propias responsabilidades (49.33%) con las autoridades. Así, aunque los entrevistados perciben que la asamblea es la autoridad máxima en la toma de decisiones, con dificultad reconocen su responsabilidad (de abajo hacia arriba).

Este razonamiento en torno a la responsabilidad es parte del sentido histórico sobre el cual se ha construido la intervención de la acción pública en la región. Parece ser que, en la cultura política regional, permanece un sentido de dependencia y de subordinación como parte de la ejecución de una acción pública centralizada. Es posible que el reconocimiento de la responsabilidad como una característica que sólo le corresponde a la autoridad, permita que se acepten las disonancias entre figuras legales y la operación real de una organización, como ocurre, por ejemplo, en el GIAT (véanse Figuras 3 y 4). Lo anterior se da no obstante que haya algunos ejemplos en la región que muestren que la introducción de una cultura organizacional puede favorecer la construcción de responsabilidad de abajo hacia arriba, como sucede en la CESMACH.

Principio 5. Justicia

La justicia considera el respeto y la atención recíproca, la regularidad o la ausencia de prejucios personales en la toma de descisiones, la distribución de costos y de beneficios como asunto intergeneracional (^{Lockwood, 2010}). Estas cualidades normativas de la justicia en la buena gobernanza no siempre coinciden con las dimensiones expresadas en La Suiza (65.51%) (véase Figura 5).

La percepción de la justicia en La Suiza se establece en un marco de desigualdades en el que se ha naturalizado el ejercicio jerárquico de la autoridad de una figura central (^{Torres y Trench, 2021}), contrario a lo que supone la gobernanza (veáse Tabla 1). La justicia entre los socios del GIAT se admite como un aspecto de derechos (75.56%) y reciprocidad (78.22%), en el que no existen privilegios evidentes (61.33%). Se reconoce que la justicia se ejerce todos los días y que es parte del balance entre lo que marcan las leyes y las normas del gobierno y lo que se debe hacer (análisis ético, 60.44%) según las reglas de convivencia de cada comunidad; es decir, la decisión se construye a través de un análisis subjetivo de la actuación. Se acepta que con dificultad se puede pensar en los costos que implican las decisiones a futuro (distribución de beneficios, 52%).

Principio 6. Conectividad

La conectividad mide el grado de coherencia entre objetivos y la dirección de las políticas entre los niveles de gobernanza que resultan en una articulación y una coordinación efectiva (^{Lockwood, 2010}). Véase el siguiente comentario de un miembro del GIAT:

La pastoral social de la iglesia nos enseña a cuidar la casa común [en referencia al cuidado de la tierra] no obstante que a veces varias instituciones trabajan lo mismo; por ejemplo, la basura, lo trabaja [la] CONANP, lo trabaja el GIAT y el PROSPERA […]. A veces se nos junta todo en la misma semana y ya no sabe uno en dónde ir […]. Yo creo que podíamos unir a todos desde la pastoral, al fin lo que se busca es lo mismo. (G. Roca, entrevista, Toluca, 9 de noviembre de 2018).

Este fragmento deja ver la forma en que el actor identifica una oportunidad de conectividad entre la actividad formal de las instituciones y las informales de la iglesia. A la vez, expone por qué la percepción de la conectividad en el GIAT se sitúa en 58.67% (véase Figura 5), en el que la falta de coordinación (40%) y de vinculación (55.44%) es común en las intervenciones en la región.

Con respecto a la sincronía en el GIAT (83.56%), el valor no describe la articulación de los actores, sino el grado de respuesta que tienen éstos a las iniciativas que llevan los actores extraterritoriales. Por ejemplo, cuando se preguntó sobre las cualidades de la conectividad, las respuestas que surgieron se referían al comportamiento que los entrevistados tenían frente a las reglas y sanciones que se establecen en los financiamientos de las intervenciones, referentes al cumplimiento de las reglas del MLPSA-FC,¹⁵ lo que revela que no es un contrato entre iguales.

Principio 7. Resiliencia

La resiliencia representa un equilibrio entre anticipar y gestionar amenazas y oportunidades asociadas con los riesgos. Es la reflexión sobre la incorporación de nuevos conocimientos y con ellos incluir flexibilidad y seguridad al sistema de toma de decisiones (^{Lockwood, 2010}). Aunque en la región se desconoce la palabra, se encontró que conocen el concepto como parte de las lecciones que se aprenden ante eventos inesperados. Un ejemplo fue la atención de la plaga de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) en 2014: la CESMACH, con veinte años de experiencia, atendió la emergencia con estrategias que aquí llamaríamos resilientes como, por ejemplo, el uso de los fondos de ahorro de los socios para otorgar microcréditos entre ellos mismos y el uso del fondo de ahorro de la organización, en lugar de adquirir un préstamo bancario para atender el manejo de las plantaciones.

Los socios del GIAT se identifican como no resilientes (50.04%) (véase Figura 5). Determinaron que no hay una evaluación del riesgo (47.11%) y que no se planea con base en él (44%), lo que demuestra poca flexibilidad (58.22%) y seguridad (61.78%) y, en consecuencia, la falta de un manejo adaptativo (39.11%). Parece ser que los seis años desde su formación (2014-2020) no han sido suficientes para planear con base en los riesgos.