Introducción

Una de las maneras en que el actual sistema capitalista asegura las condiciones generales de su reproducción, y por ende de su acumulación, es a través de un aparato estatal. El marxismo crítico plantea que en el Estado-nación la política aparece como forma.¹ Así, la política liberal tiene su antagonista en lo que en el presente trabajo se denomina lo político comunitario, categoría retomada de ^{Echeverría (2010)} y ^{Gutiérrez, Navarro y Linsalata (2015)}. La política liberal y esta forma negada tienen diversas expresiones y matices. En particular, la sujeción política es una de las versiones de la política liberal emanada del aparato estatal.

El objetivo del presente escrito es analizar el gobierno municipal presidido por la organización Movimiento Antorchista Nacional en Ixtapaluca, Estado de México, que ejerce una forma política que aquí se denomina sujeción política, a la cual se opone su contra-movimiento, la parte negada pero no por ello inexistente, es decir, lo político comunitario que ejercen los habitantes en su lucha contra dicha sujeción, la cual despoja a la población no sólo de sus bienes materiales, sino también de la posibilidad de ejercer sus capacidades colectivas para configurar su propio territorio de acuerdo con sus anhelos y aspiraciones.

Con el fin de nombrar y entender la forma de gobierno operante en Ixtapaluca y de visibilizar la forma que pueda contrarrestar los mecanismos de la sujeción política, se exponen algunos elementos distintivos de lo político comunitario, para concluir con una reflexión sobre sus dificultades prácticas. Para lograr este objetivo, se realiza una investigación inducida por una exploración dialéctica en un estudio de caso, empleando técnicas de investigación documental, observación participante y entrevistas en algunas localidades del municipio.

El presente trabajo aporta reflexiones en torno a los procesos políticos de escala local relacionados con los gobiernos que ejercen prácticas de sujeción política, como ocurre en los presididos por el Movimiento Antorchista Nacional. A diferencia del número significativo de estudios académicos que detallan la historia, la estructura y la operatividad de la organización mencionada, además de subrayar la extorsión, el engaño que practica y su capacidad de negociación política y económica, en el presente trabajo se examinan los rasgos distintivos en los que se expresa la sujeción política al interior de la organización antorchista y en su forma de gobierno, un modo que no es del todo autoritario, pero tampoco democrático, y cuya operatividad es coactiva de manera inflexible. Después se escudriñan las características empíricas que adopta lo político comunitario, partiendo de la manera en que el pueblo de Coatepec, en Ixtapaluca, organiza su socialidad para gestionar sus bienes y configurar su entorno. En un tercer momento se analiza el movimiento dialéctico entre la sujeción política y lo político comunitario.

Los hallazgos que se desprenden de este análisis muestran que la sujeción política se sustenta en una estructura de condicionamiento social basada en redes clientelares y corporativas a partir de las cuales se ejerce la cooptación de simpatizantes. Si bien supone un ejercicio de gobierno autoritario, suele operar con formas simuladas de democracia. Así mismo tiende a recurrir a métodos de adoctrinamiento social y no es dubitativa en cuanto al uso de la fuerza. Estos mecanismos operan en conjunto para acaparar los bienes materiales de la población y asegurar que el gobierno mantenga el control, lo cual debilita otras formas de organización social.

Frente a ello, lo político comunitario relanza procesos de lucha intensos en contra de esa sujeción, para ejercer su autorrealización subjetiva y objetiva en la construcción de sus territorios. Se trata de procesos que emanan de manera subjetiva de la pulsión de vida, entendida como la capacidad de sentir, concebir y crear condiciones en las cuales las capacidades políticas de la gente común y trabajadora hallen expresión en la construcción de su propio entorno.

Cadenas de sujeción política

El aparato estatal forja la gobernabilidad nacional cooptando y manipulando los intereses de las clases subordinadas y de los grupos subalternos. Una las formas de coacción más autoritarias existentes en México puede identificarse en la manera en que opera el gobierno municipal de Ixtapaluca, presidido por el Movimiento Antorchista Nacional, que durante tres trienios consecutivos ha encabezado la presidencia municipal.²

Ixtapaluca se ubica al oriente del Estado de México. Abarca una superficie de 316 kilómetros cuadrados; es el segundo municipio más grande de la zona, después de Texcoco. Su población es de aproximadamente 542 211 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía ^{[INEGI], 2020}), quienes viven en los ocho pueblos originarios, siete fraccionamientos, cuatro unidades habitacionales, ocho condominios, 124 colonias, 12 conjuntos urbanos y más de 81 asentamientos irregulares.

El Movimiento Antorchista, que fundó en Tecomatlán, Puebla, su secretario general, Aquiles Córdova Morán, llegó a Ixtapaluca en 1986 de la mano de un grupo de profesores que, tras invadir el cerro del Tejolote y después de un fallido intento de desalojo ordenado por el gobierno del estado contra la organización en la década de 1990, se asentó en el lugar. Desde aquel momento, la estructura interna de esta organización se caracterizó por hacer uso de la sujeción política.

Aquí se entiende por sujeción el conjunto inseparable de cuatro variables: una estructura de condicionamiento social basada en el corporativismo y el clientelismo, autoritarismo en el orden de mando, adoctrinamiento educativo -como una de las formas sistemáticas de permear la subjetividad, aunque no la única- y coerción social, ejercida por medio de la violencia física y simbólica (que combina imperativos subjetivos, normativos y materiales). Schmitter plantea que el corporativismo estatal se define como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan de forma jerárquica y han sido reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado. A éstas “se les concede un explícito monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos” (^{Medina, 1995, p. 195}), que “se organizan de manera coercitiva o semicoercitiva, para perseguir sus intereses” (^{Cansino, 1997, p. 7}). Es importante no perder de vista que, a pesar de que es posible concebir el corporativismo como una plataforma para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, en el caso que nos ocupa, como se verá, no puede considerarse un arma efectiva de lucha orientada a transformar la posición en la cual nos sitúa el capital.

A partir del corporativismo estatal que dejó en herencia el siglo XX a nuestro país, se crearon organizaciones como el Movimiento Antorchista Nacional, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Empero, tras la implantación del neoliberalismo, el corporativismo vio agotada de manera paulatina su fortaleza política debido, en parte, al pluralismo segmentado que propiciaron grupos surgidos en el siglo XXI: asociaciones ambientalistas, juveniles, estudiantes, de personas adultas mayores y de mujeres. Así, esta forma de condicionamiento fue cediendo terreno al clientelismo, dirigido sobre todo a cooptar grupos sociales que no encajaban en el corporativismo, pero a los que era necesario mantener anclados a la política gubernamental -mediante “apoyos económicos o en especie” destinados a sobrellevar los estragos provocados por la crisis generada por el neoliberalismo- para lograr legitimidad social.

La palabra clientelismo proviene del “latín clinere, que se define como ‘apoyarse en’, relación que se define como apoyarse u obedecer, más tarde evoluciona hacia la palabra colono en el medio rural (campesino)” (^{Corzo, 2006, pp. 104-105}). Con el tiempo, el término fue adecuándose a otros usos. En particular, en este trabajo se plantea que el clientelismo político tiene que ver con la conformación de líderes sociales locales que funcionan como intermediarios en las gestiones sociales entre la comunidad y el gobierno estatal, lo cual da lugar a que los gestores o líderes retengan determinadas cuotas de poder y operen de forma genérica un mercado de intercambio voluntario, cuyo núcleo es el reparto de favores, lo que se expresa en la entrega de bienes materiales, monetarios o servicios, brindados a cambio de obtener apoyo político.

Dicho apoyo está financiado sobre todo mediante prerrogativas de los partidos políticos emanadas del erario, de cuotas sindicales o gremiales o del desvío de recursos públicos. Si en determinado lugar se requieren bienes materiales para mejorar el entorno y el hábitat, se procede a negociar de manera clientelar con el gobierno ciertos beneficios sociales.

En este sentido, el Movimiento Antorchista ha construido una estructura de condicionamiento social basada en el corporativismo y el clientelismo como sus principales estrategias de coacción para la adhesión de militantes. El dispositivo corporativista implica la expedición de licencias y permisos, que son gestionados ante el PRI, para los grupos corporativos del movimiento: profesores, campesinos, transportistas y comerciantes. La forma de condicionamiento clientelar se implementa mediante la venta de lotes a personas de escasos recursos económicos, a las que se otorgan facilidades de pago para montos inferiores a los ofrecidos por el mercado inmobiliario formal.

La compra de un terreno a esta organización supone adquirir, también, ciertos compromisos políticos y económicos. Los compradores se convierten en miembros de la organización y, como tales, se los obliga a asistir a reuniones políticas. De no acatar tales deberes, corren el riesgo de perder sus terrenos, pues no hay contratos de compraventa oficializados ante notario público ni mucho menos escrituraciones inmediatas. Del mismo modo, desde el punto de vista económico, se les impone la aportación mensual de una cuota mínima de 50 pesos para gastos de la organización. Estas aportaciones cubren los pagos a militantes que trabajan de tiempo completo, ya sea realizando reuniones con simpatizantes, exponiendo los objetivos de la organización y sus principios o tratando de organizarlos en la participación de las gestiones. En caso de no cumplir con las cooperaciones voluntarias, se multa a los agremiados, so pena de perder sus terrenos o los permisos de trabajo que consiguieron mediante la intermediación de la organización.

Una segunda variable inherente a la sujeción política es el autoritarismo. ^{Linz (2017)} menciona que éste se caracteriza por dar lugar a un sistema de pluralismo limitado, en el que la admisión y los espacios de acción de los actores políticos y sociales dependen en buena parte de los dirigentes. Las formas de participación política van desde la apatía, la participación elitista, “hasta llegar a una movilización intensamente organizada” (p. 84). Aunque el Movimiento Antorchista posee una amplia base social, la participación de sus miembros en la estructura burocrática de la organización es restringida, pues su admisión debe pasar por el filtro de la cúpula dirigente.

Aquí se habla de un pluralismo limitado en el sentido de que las principales líneas ideológicas son impuestas por los dirigentes de la organización, no admitiéndose cuestionamiento alguno al interior de la estructura. A diferencia del totalitarismo, “el autoritarismo no se legitima a través de una ideología dominante, sino de mentalidades o predisposiciones psicológicas en torno a valores generales como el patriotismo y el nacionalismo” (^{Tajonar, 2013}). Ése es el tipo de nacionalismo que promueve el movimiento en sus espartaqueadas³ culturales y mediante el mesianismo de sus figuras dirigentes.

Al mismo tiempo, tiene una amplia capacidad de organización. A quienes compran lotes a la organización se los invita a luchar por la mejora de sus colonias, y su participación política se reduce a acudir a marchas, mítines y a las votaciones electorales, siguiendo las directrices de la organización. Aunque el movimiento suele llevar a cabo reuniones periódicas con sus representantes por calles, manzanas, colonias y secciones, en realidad emplea la cooptación política y económica para realizarlas, pues quienes llegan a éstas deben asistir a un pase de lista. Si cumplen, se los puede recompensar con ayuda en especie; si no lo hacen, reciben una multa.

Las marchas y mítines son las principales armas de presión utilizadas para que el gobierno conceda beneficios a la organización, por lo que ésta busca que “el voto de los pobres pase a ser, de simple mercancía canjeable por unos pesos, a una verdadera arma de lucha” (^{Calderón, 2018}). Desde 1988 el movimiento participa en los comicios con candidatos arropados por el PRI, argumentando que tienen principios políticos comunes.

La estructura de condicionamiento social descrita ha posibilitado que la organización tenga acceso a concesiones del gobierno del Estado de México, con el auspicio del PRI. Un ejemplo de ello tuvo lugar cuando “el Gobierno Federal había ‘donado’ 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial” (^{Luege, 2016}). El Estado de México justificó la adquisición del predio señalando que tenía el propósito de reubicar a los avecindados de la colonia Hidalgo Carrizo, quienes corrían el riesgo de sufrir inundaciones. Sin embargo, el Movimiento Antorchista fundó sus primeras colonias en ese espacio.

Cuando la estructura de condicionamiento social falla, el movimiento recurre al uso de la coerción física o simbólica para la resolución de conflictos, empleándola como forma de intimidación.

A mí me sorprendió el señor ese que mandaron los antorchos cuando lo vi bien enojado, porque me dijo: “¿Cuánto quieres por pasarte con nosotros?”; pero golpeo la cajuela del carro y le dije que yo no me iba, porque yo no me mandaba solo, que si la gente quería irse con ellos pues ya vería. (Ex delegado municipal de la sección 2074, comunicación personal, 5 de octubre de 2017)

Los operadores políticos de Antorcha se encargan de sumar simpatizantes comprando lealtades, concediendo algunos beneficios o intimidando. Éstos tienen que asistir a cursos que imparte la organización, y los jóvenes que estudian en las escuelas antorchistas⁴ deben atender un marco de adoctrinamiento educativo que raya en el fanatismo hacia la organización y la fe en el líder.

En las escuelas enseñan el himno de la organización, en el que aparecen fragmentos como el siguiente: “Antorcha es mi camino, Antorcha es mi destino, Antorcha triunfará” (extracto del himno de la Organización Movimiento Antorchista Nacional, 2019). Al memorizar estos fragmentos y repetirlos se influye en la subjetivación de la realidad de militantes y simpatizantes. “Cuando repetimos ciertas palabras con frecuencia se va convirtiendo este mensaje en un programa. Estos programas ya instalados producen emociones que dirigen nuestras conductas y nuestras reacciones” (^{Amenós, 2006}). Estas se producen, “muchas veces a partir de un primer impacto y otras al término de varias repeticiones” (^{Castillo, 2005, p. 147}).

Así, el adoctrinamiento adopta un sistema cerrado “que excluye la autocrítica, y que excluye sistemáticamente la posibilidad del rechazo” (^{Díaz, 2013, p. 333}). Es una forma de control social que cuenta con agentes de adoctrinamiento: profesores, líderes de opinión, articulistas. Éstos suprimen y marginan formas de concebir y de construir el territorio, introduciendo y alentando otras que sirven como instrumento de sojuzgamiento para controlar al conjunto social conforme a las aspiraciones cupulares.

En este marco de actuación, un grupo social que es movilizador político y, además, gobernante de una municipalidad, utiliza como campo instrumental de la sujeción política la estructura material (que incluye bienes públicos estatales, impuestos, espacios públicos, infraestructura estatal), la estructura procedimental (aplicación de programas de gobierno, procedimientos, reglas, leyes e instituciones que, bajo la forma del derecho y la gestión, hacen posible la administración pública) y, de nuevo, la coerción (mediante el uso de la fuerza).

Se ha constatado de forma empírica que la sujeción política ejercida desde el mando municipal ha construido una especie de habitus de socialidad política. ^{Bourdieu (2011)} introdujo la categoría de habitus en la tradición sociológica estructuralista en relación con los estudios sobre la perpetuación del poder. Aunque el autor no se ciñe precisamente a esa tradición, expone que la disposición al habitus tiende a reproducir las condiciones que perpetúan las posiciones diferenciadas de los grupos de poder dominantes, lo cual contribuye en la práctica a la reproducción del orden social.

En ese sentido, la categoría de habitus ayuda a nombrar en el plano político la imposición cotidiana de reglas en las relaciones asimétricas y de sojuzgamiento a que da lugar la sujeción política. Desde ese lugar los gobernantes son capaces de conceder mínimas prerrogativas para mantener la sujeción y, al acceder a ellas, los gobernados consienten dicha sujeción, que les concede cierto involucramiento con el mando político.

Esto permite que el grupo u organización en el gobierno establezca alianzas político-estratégicas de corte temporal con otros grupos o corporaciones políticas que hacen posible la gobernabilidad del territorio. De modo que, con el paso de los años, aquello que en un momento parecía ser un autoritarismo tiránico, se convierte en sujeción capaz de imponer una idea, un criterio, una visión del mundo, coyuntural o estructural, siempre incómoda pero aceptada.

Bajo la sujeción política, el principal eje de medición es el grado de control-eficiencia ejercido por el mando político, el cual se estima en los periodos de elección, calculado a partir de datos de ingeniería electoral: cuántas personas votaron, cuáles son sus características sociales, porcentaje de votación y características de los electores. De manera opcional, puede calcularse la eficiencia empleando estudios de retrospección-proyección para hacer un balance económico de la erogación de gastos en la campaña y los beneficios que se prevé obtener.

En Ixtapaluca, el ejercicio de la sujeción política ha tenido el objetivo no sólo de controlar y perpetuar el mando político, sino también de insertar los bienes materiales comunes gestionados desde las localidades en el ámbito de la administración pública municipal. Eso ha dado lugar a una forma de desposesión, pues cuando se despoja a la población de sus bienes materiales para construir su territorio, se la coloca en un espacio vacío de materialidad, lo cual la convierte en gobernante de nada, porque perdió el piso material sobre el cual podía realizar la construcción de su entorno.

A pesar de ello, dicha sujeción no es plena. En el conjunto social existen pulsiones subjetivas de afirmación de la vida (^{Rolnik, 2019})⁵ que reclaman satisfacción, pero que al ser reprimidas chocan contra la sujeción política, porque ésta las somete a restricciones reales, dolorosas, dañinas, que producen frustraciones, miedos y que, por ello, reclaman ser desarrolladas. Esto se refiere a la autodeterminación colectiva, que consiste en la capacidad individual que encuentra expresión en la comunidad a través de la forma de lo político como acto ordinario de la facultad para decidir sobre los asuntos de la vida social, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana cotidiana (^{Echeverría, 2011, p. 84}) para decidir los rumbos del territorio y su socialidad.

Pero en la sujeción política, el despojo material se convierte en enajenación de lo político y, en tanto esto paraliza la facultad de la comunidad para autoproyectarse y autorrealizarse, subsume su capacidad de autodeterminar la socialidad en la que habita. Cuando el conjunto social no halla expresión simbólica ni material para sus expectativas sociales, experimenta un permanente malestar subjetivo y objetivo, derivado de la represión que le impone la propia sujeción, por lo que se encuentra en un constante movimiento de lucha.

Para comprender este movimiento dialéctico, conviene retomar a Echeverría, quien enfatiza en la capacidad de la gente común y trabajadora para organizar la forma concreta de su socialidad. Sin embargo, bajo la sujeción política esta posibilidad es constreñida y subsumida en la forma política liberal, en la que los ciudadanos delegan y depositan en los “dirigentes políticos” la representación conforme a un orden jerarquizado de modo heteropatriarcal y representado en la estructura institucional del Estado.

Asamblea, corresponsabilidad y autodeterminación colectiva en lo político comunitario

El proceso de desposesión implementado por el gobierno municipal a través de la sujeción política se ha extendido a una localidad que gestiona de manera autónoma su agua: Coatepec, lugar que alberga una parte de la reserva de la biosfera del oriente del Estado de México y al Parque Nacional Zoquiapan. Aunque el número de colonias está en crecimiento, el pueblo es rural. Cuenta con tierras de propiedad social, tanto de ejidos como de bienes comunales.

La lucha del pueblo de Coatepec para hacer efectiva la gestión colectiva de sus bienes materiales de uso común es de larga data. Ésta incluye tanto los bienes que ha proporcionado la naturaleza, por ejemplo, montes, tierra y agua, como aquellos que ha producido la comunidad, esto es, el centro deportivo, la clínica comunal, el panteón, ocho bancos de arena comunales y dos ejidales, además del comité de agua, todos ellos gestionados por la comunidad con sus propios recursos y aportaciones.

La forma de lo político comunitario desplegada en esta localidad, como una de las maneras a partir de las cuales las comunidades pueden dar rumbo a su territorio y configurar en él sus propias expectativas, aunada a la posesión y a la gestión de los bienes materiales, hace posible la autodeterminación colectiva, pues la sociedad participa “en la ejecución de las decisiones y de las reglas que afectan o determinan de algún modo el desarrollo de su vida” (^{Linsalata, 2015, p. 342}). La existencia de una robusta cimentación de la materialidad significa un piso firme para establecer las condiciones de lo político y para dirigir la configuración de la localidad.

Este pueblo siempre ha sido autónomo; luego nos toman como chismosos y revoltosos, pero no. Lo que nosotros no queremos es que nos vengan a invadir otras personas o que se lleven nuestras cosas. Por lo mismo de que nosotros somos autónomos, casi no nos hacen caso, porque nosotros cuidamos nuestro panteón, nuestras clínicas y así. (Colaborador en el Comité Autónomo del Agua, comunicación personal, 27 de octubre de 2018)

¿Cuáles son las maneras en que el poblado de Coatepec en Ixtapaluca evita ser despojado de su política comunitaria, que lucha contra el despojo de su base material comunal y que busca mantener su capacidad para configurar su territorio? La observación participante permite afirmar que para tomar decisiones sobre asuntos comunes relativos a la construcción del territorio, considerando los bienes hallados en él y los que ha producido la comunidad, los habitantes establecen procesos de deliberación colectiva mediante la participación inclusiva asamblearia.⁶ Este tipo de participación hace efectiva la capacidad de reflexionar, discutir y decidir determinada forma social, lo que conduce a la autorrealización de la comunidad y al ejercicio de ciertas formas de lo político que, al mismo tiempo, operan como un contrapeso a la sujeción política y al despojo operativo que conlleva.

En cuanto al agua, el pueblo y su comité autónomo, creado en la década de 1970, se organizan de manera conjunta para asegurar el acceso al líquido de uso doméstico. En este caso, la gestión de lo político se distancia de los esquemas estatales que supone la política representativa de partidos, estableciendo la participación inclusiva asamblearia como eje en torno al cual se anudan y destensan las opiniones y los acuerdos populares.

La asamblea general de Bienes Comunales convoca a elegir al comité, pues los ojos de agua se encuentran en propiedad comunal. El pozo de agua ejidal se utiliza sólo cuando es estrictamente necesario para cubrir la demanda en casos en que, por diversas razones, el comité no pueda asegurar la distribución del líquido proveniente de las fuentes superficiales halladas en bienes comunales. La integración del comité implica la conformación de planillas, promovidas en casas y calles, e incluyen el planteamiento de un proyecto de trabajo. Luego, en una asamblea popular, por lo general realizada en el salón ejidal, se lleva a cabo la elección. Al iniciar ésta, se proponen y se designan de manera abierta un moderador de debates y dos vocales, quienes dirigirán el orden de la asamblea. Durante su desarrollo toman la palabra quienes deseen hacerlo, respetando el orden que ha determinado la mesa de debates. Una vez que se vota a mano alzada por la planilla ganadora o por una combinación de personas que integran diferentes planillas, se procede a realizar los trabajos. Éstos son actividades de corresponsabilidad que asumen los pobladores. Dichas actividades habilitan los deberes y las responsabilidades de los involucrados y suponen el compromiso de hacerse cargo de éstos frente a la comunidad, cuyos vínculos sociales facultan la colaboración y la obligación recíproca en una correlación de dinámicas asociativas orientadas a sostener la vida individual⁷ y colectiva. Esa corresponsabilidad implica, necesariamente, la realización de un trabajo colectivo.

De modo que no existe una delegación del trabajo colectivo en los miembros del comité ni una delegación de la toma de decisiones. Por el contrario, los integrantes de la comunidad realizan la gestión de forma colectiva, y ellos, siguiendo las reglas que han establecido con antelación y las normas creadas sobre la marcha, determinan cómo se aprovechará el bien por el cual han trabajado.

Entre las actividades de corresponsabilidad figuran el cuidado de los montes, por ejemplo, las reforestaciones del Parque Nacional -propiedad de la federación-, ubicado en la cima del monte que se extiende entre el Telapon y Tláloc (cerca de Río Frío), pasando por Tula. Aunque se respetan los límites que han establecido las titulaciones de propiedad entre bienes comunales, ejidales y bienes nacionales del gobierno federal, ello no significa que el trabajo colectivo con corresponsabilidad en la gestión comunitaria del agua se vea limitado sólo a su circunscripción de titulación de bienes. Puesto que se reconoce que el ciclo hidrológico natural de la vida trasciende los límites fronterizos, se coopera en las reforestaciones del Parque Nacional para nutrir el necesario ciclo del agua, a fin de que el pueblo tenga acceso a este bien.

Del mismo modo, se limpian los cauces de agua antes y después del tiempo de lluvias. Para ello, algunas personas suben con tractores, caballos y autos; otras, caminando dentro del monte, y retiran los trozos de madera y hojas que pudieran bloquear las corrientes naturales de agua que nutren y protegen los ojos de agua (las fuentes superficiales). Así, la producción de valores de uso a través del trabajo colectivo garantiza el servicio de agua.

Este tipo de trabajo corresponsable se articula a la noción de lo común que han desarrollado ^{Gutiérrez, Navarro y Linsalata (2015)}, quienes enfatizan en el sentido práctico de inclusión y la multiplicidad de vínculos sociales capaces de “habilitar cotidianamente la producción social y el disfrute de la riqueza concreta en calidad de valores de uso” (p. 8). Como lo muestra este caso empírico, los trabajos colectivos de la comunidad de Coatepec producen bienes de uso común que revalorizan el uso de éstos. La limpieza de los cauces naturales de agua no redunda en un beneficio económico inmediato, por ejemplo, un salario por la realización de dichos trabajos. En cambio, genera un trabajo que forma parte del tejido colectivo de haceres que producen bienes materiales; en este caso, les asegura proveerse a sí mismos de agua. Aunque estos bienes pueden cuantificarse a través de su valor de cambio y su valor de uso, su producción responde a su valor de uso o a su utilidad colectiva. La creación y la circulación del valor de cambio, que incluye el valor monetario, no es el motor primero del trabajo colectivo, aunque pueda medirse de esta manera. Más bien, este trabajo “está mediado por el sentido de los bienes comunitarios a producir, comenzando por el reforzamiento de los propios lazos entre quienes los intercambian” (^{Gutiérrez y Salazar, 2015, p. 35}).

Aquí todos tenemos el líquido y en los trabajos del agua todos están; si alguna persona no puede ir, nos avisa y nos manda a otro, porque para el agua aquí todos están. Esto es solidario, casi todos le entramos. (Oriundo del pueblo de Coatepec y suplente del Comité Autónomo del Agua del mismo lugar, comunicación personal, 27 de octubre de 2017)

La corresponsabilidad derivada del trabajo colectivo aminora la carga que supondría el trabajo individual. Todos los involucrados hacen su parte para que ésta se sume al trabajo conjunto que, a diferencia del trabajo asalariado, produce vínculos sociales que fortalecen lo político en la comunidad. En este proceso el trabajador no es despojado de su trabajo, ni material ni de manera subjetiva; más bien, halla su expresión en la comunidad y afianza su inclusión colectiva, nutriendo, a su vez, la dimensión político-simbólica que conlleva la construcción de un mundo significativo para sí, tanto individual como de modo colectivo.

El trabajo colectivo también incide en la economía doméstica, coadyuvando a aminorar los costos del servicio de agua por toma domiciliaria. El organismo descentralizado del agua del gobierno municipal contrata trabajadores para realizar los trabajos de mantenimiento, lo cual implica el pago de un salario por la prestación de estos servicios. En Coatepec, en cambio, el trabajo colectivo que realiza la comunidad posibilita que el costo del agua sea menor que el que ofrece el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), que puede suponer un pago de más de 1 000 pesos anuales por el servicio, mientras que el costo del servicio en Coatepec ronda los 30 pesos al mes, esto es 350 pesos al año.

La suma de estas características produce la autodeterminación colectiva, que es una forma de lo político. Ésta se entiende como la capacidad de regular la legalidad de la vida social, que no se delega a un ente externo al cuerpo comunitario, sino que “produce colectivamente una forma de estar en el mundo y, a la vez, de ‘enfrentarse’ a él” (^{Linsalata, 2015, p. 76}). En este sentido, la expresión lo político de la gestión comunitaria que aquí se emplea, se refiere al proceso relacional capaz de producir y reproducir un territorio concreto más allá de los procesos de sujeción política.

Ahora bien, la organización interna del Comité Autónomo del Agua reside en cuatro integrantes que son relevados de sus funciones cada tres años. Se considera que el comité representa: “un cargo de servicio con fuerte compromiso para con los vecinos, porque al final éste es el pueblo en el que habitaremos toda la vida” (Ex presidenta del Comité Autónomo del Agua de Coatepec, comunicación personal, 27 de octubre de 2017).

Es importante notar la diferencia entre cargo de servicio político comunitario y cargo público de los órdenes de gobierno. En el cargo público la relación social establecida entre los gobernantes y su aparato burocrático y la sociedad sigue un esquema asimétrico en el que la gente común y trabajadora adopta un papel de subordinación y de petición frente a las autoridades. Además, hay la tendencia a que quienes ostentan el cargo hagan un uso privado de éste, comprando y vendiendo espacios laborales, dejándolos en herencia a familiares, o bien, extrayendo el mayor número de recursos mientras ostentan el cargo. El cargo de servicio no supone un tipo de trabajo filantrópico: no se considera al comité un ente superior a la comunidad. Por el contrario, quien ocupa el cargo actúa como un prestador de servicios para el pueblo, sin tener la decisión monopólica sobre el manejo del agua. En reciprocidad, la comunidad se compromete a trabajar de manera corresponsable con el comité cuando se organizan los trabajos colectivos en el monte, en las cañadas, durante la limpieza y en las reforestaciones, labores que se financian mediante cooperaciones monetarias mensuales.

Entonces, ¿cuáles son las características de la forma de lo político en Ixtapaluca? El pueblo de Coatepec demuestra que la participación inclusiva asamblearia se lleva a cabo como una actividad rutinaria para la resolución de problemas y eventualidades que se presentan durante la gestión de los bienes materiales de uso común. La responsabilidad colectiva es el eje a partir del cual cada habitante decide realizar su aporte. A través del trabajo colectivo se da forma material al territorio de acuerdo con sus condiciones objetivas o materiales de vida. Esto deriva en una forma de autodeterminación colectiva de la socialidad, lo cual se consigue de un modo asaz opuesto a la sujeción política.

En este sentido, mientras la sujeción política recurre al corporativismo y el clientelismo para que la población participe en mítines y marchas -porque no se le permite sentarse en las mesas de negociación-, cuyo objetivo es exigir al gobierno que se encargue de gestionar los bienes materiales públicos de una localidad, en lo político comunitario la población decide hacerse cargo de sus bienes materiales y, por ende, de la configuración de su territorio mediante su propio trabajo colectivo, asumiendo su corresponsabilidad dentro de la socialidad que produce.

Por otro lado, la sujeción política requiere el autoritarismo férreo y el adoctrinamiento para convencer a la población de aceptar cierto tipo de gobierno. En cambio, en la praxis de lo político comunitario, la comunidad autodetermina la forma de organizar la gobernabilidad para la gestión de sus bienes materiales. Su proceso subjetivo halla expresión en el trabajo colectivo y el adoctrinamiento educativo pasa a un segundo plano, porque la subjetividad encuentra cauce al desarrollar sus capacidades individuales en la realización de un hacer común, participando día a día en la configuración de lo social. Pero lo político comunitario está siendo cada vez más acechado por la sujeción política. A continuación, se verá el movimiento dialéctico de lucha entre los procesos de sujeción política que implementa el gobierno local de Antorcha Nacional y la lucha dura y a menudo adversa de lo político comunitario.

La pugna entre la sujeción política y lo político comunitario: antagonismos y limitaciones

Coatepec es un territorio rural en el que se realizan labores agrícolas, entre ellas, siembra de granos, de magueyes y cría de animales. Sin embargo, su población más joven se traslada a lugares urbanos para trabajar. Las colonias aledañas al pueblo están experimentando un rápido crecimiento. El Movimiento Antorchista fundó varias mediante la compra de parcelas que después fraccionó en lotes para su venta individual. En términos generales, muchos de estos asentamientos se localizan fuera de la mancha urbana y el uso de su suelo es agrícola. No obstante, esto no se respeta, por lo que su crecimiento está invadiendo al pueblo.

En este contexto, en los últimos años el pueblo y el comité del agua han visto crecer la demanda de ésta. Los avecindados han solicitado la instalación de tomas domiciliarias y un servicio regular, pues, en el mejor de los casos, la distribución de agua para esas colonias se realiza por tandeo, lo cual quiere decir que se surte el líquido sólo a ciertas horas del día, para luego distribuirlo en otras calles ciertos días de la semana. Además, hay lugares a los que no llega, razón por la cual el ODAPAS o el mismo Movimiento Antorchista envían pipas que la venden. Algunos avecindados se han sumado a los militantes del Movimiento Antorchista que han fundado colonias, para solicitar la intervención del gobierno municipal y la construcción de un pozo de agua.

En este punto adquiere relevancia una de las consecuencias devastadoras de la sujeción política: el anclaje a la estructura de condicionamiento social basada en el corporativismo y el clientelismo, que propició la venta de lotes en asentamientos irregulares no urbanizables y provocó un crecimiento ingente de la demanda de agua en las nuevas colonias, las cuales carecen del servicio debido a la falta de infraestructura y a la dificultad de los avecindados para integrarse a los trabajos colectivos vinculados al agua. Cabe señalar que las cooperaciones económicas de los avecindados son exiguas, a lo que se suma el hecho de que se requiere mucho trabajo colectivo para ampliar la infraestructura hidráulica.

En ese sentido, el adoctrinamiento educativo a que son sometidos los militantes antorchistas ha hecho que, desde 2013, la población recurra a la autoridad municipal -encabezada por el Movimiento Antorchista- para solicitar la ampliación de la red de agua potable, bajo la consideración de que los comuneros y los integrantes del comité se negaron a solucionar esta necesidad y de que los montes de los que se extrae el agua están resguardados por los comuneros.

Como se mencionó antes, la sujeción política crea un habitus de socialidad que, con el paso de los años, acentúa una relación de dependencia asimétrica entre el gobierno y la población, en la que esta última se presenta como un peticionario frente al primero. Este habitus que ha implantado el gobierno antorchista impuso la concepción de que los representantes políticos son los encargados de resolver los conflictos vinculados con los asuntos públicos y que la participación de la población se limita a exigir a ellos las soluciones. Empero, el habitus de sujeción emanado de la organización antorchista, posible gracias a su estructura de condicionamiento corporativo-clientelar, está prolongando las bases de dependencia del gobierno y profundizando el despojo de la capacidad de autodeterminar de manera colectiva la forma del territorio porque, precisamente, delega en un ente ajeno la dirección de éste.

El comité del agua argumenta que:

[…] la cosa no es tan sencilla. El problema viene cuando la gente llega a vivir aquí y quiere que todo le pongan, porque trae otra manera y no está acostumbrada a trabajar en conjunto como nosotros lo hacemos, quieren sólo pagar y que se les dé, y a veces ni eso. (Oriundo del pueblo de Coatepec y suplente del Comité Autónomo del Agua del mismo lugar, comunicación personal, 27 de octubre de 2017)

Los miembros del comité señalan que no sólo se trata de solicitar al gobierno municipal o a la asamblea comunal la aprobación de la red de agua sino que, sobre todo, se requiere también gestionar el material necesario para la perforación de un pozo o la ampliación de la red. Eso implica solventar los bienes materiales mediante trabajo colectivo asumido de modo corresponsable en asamblea. La erogación económica que implica la compra de la infraestructura necesaria para la perforación y el mantenimiento de un pozo es elevada. El comité no trabaja con esos montos. Los gastos en que incurre son menores, ya que las fuentes de agua son superficiales, lo que reduce los costos de electricidad y de perforación. Por eso los avecindados solicitaron la intervención del gobierno municipal para que se haga cargo de la inversión.

Ésta es una de las consecuencias atroces de la sujeción y de la venta corporativo-clientelar de lotes para vivienda, pues los nuevos avecindados, asentados alrededor del pueblo en los lotes que compraron al Movimiento Antorchista, a los que se agregan los simpatizantes de otras colonias, han producido un habitus de socialidad que provocó un desajuste en la interacción inherente a la forma político comunitaria de gestionar el agua. Los nuevos avecindados implementan otras formas de gestión, caracterizadas por prácticas ceñidas a la sujeción política, cuyo eje rector es la delegación de las capacidades colectivas en una cúpula administrativa que centraliza el poder y la decisión. Esto dificulta la incorporación de los avecindados a las prácticas de gestión comunitaria, lo cual ocasiona que la capacidad de autodeterminación colectiva quede marginada, pues quien solvente los gastos que implica la red de agua, será quien tenga la posibilidad de dirigir ese bien común.

El agua no se le niega a nadie, pero nosotros hemos sufrido y luchado por tener ese líquido vital. Nosotros hemos limpiado caños, tuberías, hemos caminado nuestros montes y uno le tiene amor allá; es tener compromiso con lo que uno tiene y con uno mismo y la gente no quiere hacer nada. Los que están pidiendo el agua, ya les dijimos que aquí todos trabajamos, pero ellos quieren irse con los otros [movimiento antorchista]. (Colaborador en el Comité Autónomo del Agua, comunicación personal, 27 de octubre de 2017)

Cuando el comité se enfrentó al aumento de la demanda de agua, decidió gestionar materiales con el gobierno e invitó a la población que requería el líquido a participar en los trabajos colectivos, ya que redundarían en beneficio de los propios habitantes. Su compromiso con la comunidad era determinante. Sin embargo, como ya se vio, el antorchismo ha adoctrinado a militantes y simpatizantes para pedir al gobierno y utilizar los mítines corporativo-clientelares como medida de presión para lograr esa petición. En cambio, la producción y la configuración del territorio desde lo político comunitario implican mayor responsabilidad y más tiempo en la vida cotidiana. Bajo la sujeción política, la participación se limita a ser una acción extraordinaria que tiene lugar cuando la organización cupular del grupo lo determina, midiendo mediante un pase de lista la asistencia de los miembros a los actos. Como ya se mencionó, la inasistencia a estos mítines puede repercutir en la pérdida del lote adquirido mediante la organización.

Tiempo después, el comité gestionó la obtención de tubos de policloruro de vinilo (PVC) para remplazar algunas partes de la tubería del sistema del agua y organizó una reunión pública para informar al pueblo sobre el material recibido. La presidenta municipal (2019-2021), Maricela Serrano, asistió a esa reunión; algunos de los asistentes a la asamblea se sintieron confundidos, pues creyeron que iba a rendir cuentas. El comité dirigió la reunión y expuso la opción que había planteado el gobierno local: realizar la perforación de un pozo para surtir agua en las colonias aledañas. El gobierno se comprometía a instalar los medidores para que cada quien pagara lo que consumiera y se manifestó abierto a tratar el tema de la municipalización del sistema para contribuir a que la comunidad ampliara su red.

Mira, aquí lo que pasa es que ella [Maricela Serrano, presidenta municipal] quiere llevarse el agua a sus colonias que ella está fundando; entonces le dijimos que, si nos quería apoyar, bueno, pero nosotros seguiríamos manejando el agua, a lo que el municipio respondió que no. (Oriundo del pueblo de Coatepec, comunicación personal, 27 de octubre de 2017)

Luego el comité del agua y bienes comunales convocó a asambleas abiertas, con voz y voto para los avecindados y los originarios del pueblo, en las cuales, desde la participación inclusiva asamblearia, 1 847 campesinos comuneros de Coatepec expresaron su rechazo a que el gobierno antorchista municipalizara el panteón local, a que llevara el agua de los manantiales hacia zonas urbanas y a que se adueñara del edificio que alberga a las autoridades ejidales, comunales y delegacionales. Los comuneros afirmaron que los “manantiales de Pastor Chico y Grande, así como el de El Tula, les pertenecen por generaciones y que de ninguna manera permitirían que el gobierno de Antorcha y CONAGUA se llevaran el líquido a otras colonias” (Reporteros en Movimiento ^{[REM], 2013}). En asamblea se negaron a municipalizar el sistema autónomo de agua y decidieron dar continuidad a las gestiones destinadas a ampliar la infraestructura hidráulica hacia las colonias vecinas.

En la lucha que inició el pueblo es posible identificar dos dinámicas que alimentan la fuerza de lo político comunitario contra la sujeción política del gobierno local. Por un lado, el trabajo colectivo realizado en los montes o en relación con el agua representa una manera de dar forma a la socialidad de los pobladores, porque establecen las reglas para tratar asuntos cotidianos y por el otro lado, asumen la responsabilidad y el compromiso de poner su capacidad para dar forma a su entorno y a sus vidas, en un proceso continuo y no delegacional y extraordinario.

Así, en asamblea el pueblo expresó su oposición a la municipalización, considerando que implica la pérdida de la autogestión de su materialidad. La rigidez política del gobierno local, expresada en su habitus de socialidad, fomenta la dependencia por parte de la comunidad y éste aumenta su poder en la medida que expropia a la colectividad su capacidad decisoria sobre sus bienes de uso común. Ello hace que lo político comunitario quede enajenado en la sujeción política, lo cual da lugar a una parálisis colectiva de la facultad de autoproyección y autorrealización de comunidad.

Empero, la presidenta municipal en turno, integrante del Movimiento Antorchista -hoy presidenta por segunda ocasión y precandidata para su reelección-, mencionó que ya estaba el presupuesto para realizar la obra de perforación del pozo. Explicó que su retraso inicial respondió a circunstancias sociopolíticas, entre ellas, un litigio ocasionado porque el terreno en que se realizarían los trabajos era comunal, asunto que aclaró un juez, quien dictaminó que se trataba de un predio particular.

“Con o sin los permisos de la CONAGUA iniciarán los trabajos para la perforación de un pozo de agua potable en Coatepec”, afirmó la presidenta municipal Maricela Serrano Hernández quien, con el respaldo ciudadano, solicitará a la Comisión Nacional del Agua [CONAGUA] libere los permisos correspondientes para la perforación del pozo en Coatepec, que beneficiaría a un promedio de diez mil habitantes de diversas colonias. (^{Cruz, 2014})

Es importante tener presente que el despojo que provoca la sujeción política no necesariamente es violento y que muchas veces puede emanar del propio uso del derecho, que es parte del campo instrumental de la sujeción política en su estructura procedimental. Aunque la coerción es un arma de sometimiento, no es la primera acción a la que se recurre; sólo se llega a ella cuando las otras opciones resultan insuficientes. El Movimiento Antorchista hizo uso de la estructura procedimental para tener acceso legal al predio ubicado en el paraje Santa Ana, en litigio por bienes comunales, el cual fue declarado privado por un juez. En este caso, la comunidad se oponía a que se hiciera un uso privado de la tierra de bienes comunales y que ésta se vendiera al gobierno municipal pero, al final, se dispuso el uso privado del bien, pasando por encima de las asambleas ejidal y comunal.

Este hecho supone un claro atropello a la autodeterminación colectiva, manifestada en una asamblea abierta, de autogestionar los recursos necesarios para proveer agua a las colonias nuevas. Así, lo político comunitario quedó subsumido a la sujeción política, que pudo hacer uso del campo procedimental por ostentar el gobierno. Las autoridades municipales ignoraron la decisión colectiva, haciendo valer sus políticas autoritarias, lo que les permitió el acceso a un bien común, el agua, para que el gobierno municipal lo administrara. Con ello despojaron al comité de una parte de su capacidad de acción y acrecentaron el orden de mando del gobierno, lo cual disminuyó la capacidad de autodeterminación de lo político desde la comunidad.

En este caso, lo político comunitario enfrenta una lucha continua y prolongada por la gestión del agua, la cual depende de tres elementos vinculados: el financiamiento para ampliar la infraestructura; la incorporación de los avecindados a la gestión comunitaria y el sostenimiento de la resistencia a la municipalización del comité. Estas circunstancias se interrelacionan en el momento de presupuestar la ampliación de la infraestructura hidráulica. En este sentido, el comité ha gestionado ante otros órdenes de gobierno la obtención de los materiales necesarios para ampliar la red, ya que los aportes mensuales recibidos de cada domicilio por concepto de pago del servicio de agua resultan insuficientes para financiar una obra mayor. Sin embargo, ha encontrado varios óbices, entre ellos, el requerimiento de los permisos que expide la CONAGUA para extraer agua y la necesidad de presentarse con una figura jurídica colectiva autorizada como moral para solicitar un financiamiento público.

No obstante, la injerencia del gobierno como donante material para la construcción de infraestructura lleva consigo el riesgo de la municipalización. Por eso, aunque el pueblo no se niega a ampliar la red de agua, se muestra cauto respecto a la manera de resolver esa cuestión, en aras de no ceder su autonomía y defender la gestión de los bienes materiales de uso común del despojo municipal incitado por la mayor demanda de agua.

Ahora bien, lo político comunitario no está exento de sus propias contradicciones prácticas. Muchas veces, con el propósito de defender sus intereses, opuestos a los del gobierno, las localidades implementan una política de alianzas estratégico-temporales (como lo hacen los grupos que ejercen la sujeción política) con partidos políticos u organizaciones. De hecho, el comité propuso constituirse en asociación civil para gestionar recursos ante los órdenes de gobierno que le permitan hacer frente a los gastos de la construcción de infraestructura, a mediano y largo plazo. Tanto las localidades como el comité proyectan solicitar la concesión del agua, y no sólo la legalización de las aguas mansas, con el fin de contar con un amparo jurídico contra los intentos de municipalización.

Resulta prematuro afirmar que en Ixtapaluca existe una autonomía de los pueblos organizada de forma radical contra el capital y el gobierno. Sin embargo, los pueblos no están plenamente subsumidos a ellos. La lucha de lo político comunitario contra la sujeción política que impone el gobierno ha sido ardua. Demuestra que es posible poner límites a esa sujeción, pero también invita a reflexionar sobre el futuro inmediato de estas luchas siempre cercadas por la sujeción. El camino no es fácil: se requiere expandir y articular estas otras formas de construir el territorio.

Conclusiones

Es conveniente finalizar este análisis planteando dos reflexiones, a saber, los dos retos que deberá enfrentar la gestión de los bienes comunes en el marco de actuación de lo político comunitario. El primero tiene que ver con la incursión del comité en la estructura procedimental del aparato estatal. Uno de los campos de acción de la sujeción política es dicha estructura que muchas veces confunde y enmaraña los procesos autonómicos de gestión comunitaria cuando se produce la intervención del Estado. Sin embargo, las comunidades podrían apoyarse en la política de alianzas estratégico-temporales para defender sus intereses contra el avasallamiento de la sujeción política, ejercida de manera implacable por el Movimiento Antorchista desde el gobierno municipal.

El segundo reto está relacionado con un desajuste en la interacción de la forma social de la gestión comunitaria. En las colonias antorchistas de reciente fundación, los nuevos avecindados participan en los asuntos públicos siguiendo la manera que impone la sujeción política, con lo cual se constata una desarticulación al interior de lo político comunitario. La participación inclusiva asamblearia, aunada a la corresponsabilidad en el trabajo colectivo y a la autodeterminación, representan un escenario ajeno y hasta cierto punto extraño para un grupo de personas sometidas a la sujeción, porque conocen formas muy distintas de participación política. Ése es uno de los grandes retos que lo político comunitario tiene que afrontar: defender y sostener lo político frente a la desarticulación de las comunidades. El trabajo no es sencillo, porque implica involucrar a personas con distintas formas de concebir la construcción de un territorio, pero esa es la riqueza de lo político comunitario, sus horizontes de articulación.