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Introducción
La participación de la sociedad civil es relevante en la actualidad. Sus iniciativas emergen en casi todos los rincones del mundo, con diferentes orientaciones, lógicas de organización y resultados. Hay problemáticas que aglutinan estas luchas y que se vinculan a escala global, pero al mismo tiempo hay especificidades que corresponden a los contextos locales. Esta articulación de las escalas global y local requiere ser investigada.
Para contribuir a esta discusión, el presente artículo1 aborda la presencia de la sociedad civil en Guanajuato, México. Se enfoca en el vínculo que hay entre la emergencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los colectivos activistas, así como en el contexto en el que éstos se sitúan. Se busca responder a la pregunta: ¿cómo se configura la sociedad civil en Guanajuato? Este cuestionamiento contempla dos elementos clave. 1) La presencia de las OSC y de los colectivos activistas, ya que aunque hay diferencias conceptuales -que explicaremos en la sección teórica-, hay también traslapes en el terreno empírico. 2) El contexto económico, político y cultural en el que emergen, dado que en el presente artículo se sostiene que ninguna organización emerge en el vacío, sino como respuesta a las condiciones, a los acontecimientos y a las preocupaciones compartidas en el tiempo y el espacio. El trabajo se concentra en la escala local -incluso cuando buena parte de los estudios sobre la sociedad civil y los movimientos sociales se centran en la escala global- porque consideramos que las particularidades locales contribuyen a explicar las complejidades globales.
El objetivo es describir la configuración de la sociedad civil en Guanajuato a través del reconocimiento de las condiciones políticas, económicas y culturales del contexto local y de la presencia de esas organizaciones que trabajan en problemáticas específicas y los vínculos entre ellas. Se parte del supuesto de que su configuración presenta particularidades en función del contexto económico, político y cultural de ese estado, caracterizado por el conservadurismo político y la economía industrial.
El presente artículo retoma las nociones de sociedad civil y activismo para aplicarlas al contexto local. Para lograrlo, se parte de la noción de región sociocultural que propone Giménez (2007). Se realiza una contextualización política, económica, cultural y socioambiental para comprender la configuración de esta región. Se mapean las iniciativas de la sociedad civil, a partir del registro de datos de las OSC y de los colectivos activistas, para identificar y situar de modo espaciotemporal las problemáticas que han concentrado la atención y la acción de las organizaciones. Se asume que la emergencia de éstas es una manifestación de las preocupaciones y visiones de mundo de los grupos sociales y que ésta sólo puede comprenderse de modo situado. El enfoque en una región particular no equivale a aislarla de otras configuraciones de distintas escalas -como la ciudad, el país o el mundo-, sino que, por el contrario, permite comprender sus especificidades en contraste con ellas.
El caso de Guanajuato es pertinente, porque es un estado que presenta tensiones entre los anclajes políticos y culturales conservadores, la industrialización económica y la inserción en circuitos globales; también por la persistencia de desigualdades. El crecimiento económico y poblacional ha estado acompañado por cambios culturales, lo que produce una serie de rupturas entre quienes buscan conservar las raíces de la tradición cultural y quienes apuestan por el desarrollo en la búsqueda de un mayor crecimiento económico. Este desencuentro se evidencia en la sociedad civil organizada, que identifica problemáticas y busca intervenir para visibilizarlas o solucionarlas. Se producen así condiciones específicas que permiten explicar algunas lógicas de la sociedad civil.
En las siguientes páginas se exponen los elementos teórico-metodológicos para el estudio del activismo y de la sociedad civil en contextos locales. Luego se presenta una contextualización de la región en términos políticos, económicos y culturales; seguida de un mapeo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de los colectivos activistas en Guanajuato, construido en términos de las áreas de interés y uso de redes socio-digitales. El contraste entre la contextualización y el mapeo permite explicar la emergencia de las organizaciones en relación con las condiciones locales y los acontecimientos.
El estudio del activismo y de la sociedad civil en la lógica de la región sociocultural
En las décadas recientes, las discusiones sobre participación y ciudadanía, sociedad civil, movimientos sociales y activismo han cobrado relevancia por varias razones. De entrada, se aprecia de forma empírica cierta intensificación de la participación y de las movilizaciones sociales en todo el mundo, sobre todo a partir de los movimientos post-2010. En segundo lugar, la participación de la sociedad civil abre discusiones sobre las tensiones entre lo local y lo global, en términos de escalas, relaciones y conexiones. En tercer lugar, la emergencia de agrupaciones que buscan transformar su realidad permite ubicar de manera espaciotemporal las preocupaciones, problemáticas específicas, visiones del mundo y proyectos de futuro. En otras palabras, las iniciativas de cambio surgen en ciertos lugares y momentos por razones concretas (Anheier, Kaldor y Glasius, 2012; Della Porta y Tarrow, 2005; Flores-Márquez, 2019; Mestries, Pleyers y Zermeño, 2009; Ortiz, Burke, Berrada y Cortés, 2013; Pleyers, 2018; Ramírez Sáiz, 2006; Touraine, 2006).
La sociedad civil, si bien es un concepto elástico y a veces problemático2 que se mueve en diferentes direcciones, se entiende como un proceso por el cual individuos y grupos adquieren la capacidad de actuar sobre los asuntos públicos mediante su participación en asociaciones, movimientos, partidos o sindicatos (Anheier, Kaldor y Glasius, 2012). Esto implica considerarla no como un punto de llegada, sino como un proceso disputado en el que intervienen diferentes actores sociales y políticos (Kaldor, 2009; Weisskircher, 2021).
Kaldor (2009) distingue cinco definiciones de la sociedad civil: 1) la societas civilis, como comunidad política de un Estado; 2) la sociedad burguesa, como una arena entre el Estado y la familia; 3) la versión activista, como una ciudadanía activa que opera por fuera de los círculos políticos formales; 4) la versión neoliberal, referida a un tercer sector no lucrativo que llega a sustituir al Estado en varias de sus funciones; 5) la versión posmoderna, que combina las versiones activista y neoliberal, con la presencia de grupos cívicos. En esta tipología, la autora contempla el activismo dentro de la sociedad civil, lo cual contrasta con la separación tradicional que suele hacerse entre los estudios de la sociedad civil y los de movimientos sociales: las OSC por lo general emplean formas moderadas de acción, y los movimientos sociales acostumbran ser más transgresores o disruptivos. Sin embargo, las fronteras entre ambos son borrosas (Della Porta y Steinhilper, 2020; Weisskircher, 2021).
La sociedad civil se construye de manera permanente mediante la participación de diferentes actores que manifiestan acuerdos o desacuerdos, e intervienen sobre la realidad en la medida de sus posibilidades, lo cual conduce a enfatizar el carácter relacional y contextual de la sociedad civil. En términos relacionales, las consecuencias de una sociedad civil fuerte o débil dependen de los actores dominantes y de sus interacciones con otros (Weisskircher, 2021); pero en términos contextuales conviene identificar las formas de participación política y compromiso cívico que se producen en determinados momentos y contextos (Della Porta, 2019).3
La sociedad civil se puede analizar en distintas escalas, desde lo local hasta lo global (Anheier, Kaldor y Glasius, 2012; Hiernaux y Lindón, 1993; Kaldor, 2009; Olvera Rivera, 2000). En este sentido, el vínculo entre lo local y lo global es un asunto de escalas y articulaciones, donde éste no es menos importante que aquél, sino que los abordajes de los contextos locales permiten identificar particularidades, similitudes y relaciones entre los contextos alrededor del mundo (Pleyers, 2018). El acercamiento a lo local requiere adoptar una lógica contextual en la cual se sostenga que las prácticas se definen por el complejo conjunto de relaciones del cual forman parte (Grimson, 2014; Grossberg, 2012; Morley, 2012). Así, buscamos comprender la sociedad civil en Guanajuato en la lógica de región sociocultural, para concentrarnos en las lógicas de lo local.
De acuerdo con Giménez (2007), “la región no constituye un dato a priori sino un constructo resultante de la intervención de poderes económicos, políticos o culturales del presente o del pasado” (p. 98). En otras palabras, la región sociocultural no se limita a la base territorial que produce la división política de los estados, sino que corresponde al cruce de elementos de distintos órdenes, en un tiempo y un espacio determinado, que producen una configuración particular (Giménez, 2007; Hiernaux y Lindón, 1993). En este sentido, Giménez (1999) explica el funcionamiento del territorio como un cruce de lo instrumental-funcional (relación utilitaria con el espacio físico) y lo simbólico-expresivo (enclave de identidades individuales y colectivas):
El territorio responde en primera instancia a las necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad, y bajo este aspecto su producción está sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan; pero su función no se reduce a esta dimensión instrumental: el territorio es también objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del mundo. (p. 29)
Giménez (1999) y Wallerstein (2005), en el análisis de la relación entre economía y territorio -entendido este último como la superficie material (apropiada) y simbólica (valorizada)- observan la dicotomía local/global. Giménez (1999) enfatiza que la globalización o mundialización, “antes que borrar definitivamente del mapa los territorios interiores, como las regiones, por ejemplo, los requiere como soporte y estación de relevo de su propia expansión” (p. 26).
En este sentido, las ciudades y los países se sostienen como unidades territoriales en medio de los procesos globalizadores, a la vez que sus lógicas de organización e interconexión se han transformado (Amin, 2002; Farrugia y Wood, 2017). Lo global se puede abordar en función de las dimensiones económica, política, cultural y ecológica. La dimensión espacial es transversal a ellas y permite leer lo global en su articulación con lo local (Ríos Llamas y Flores-Márquez, 2021).
Metodología
Esta exploración se realizó mediante investigación documental (McCulloch, 2004) con una doble orientación: hacia el contexto y hacia la sociedad civil. La primera fase de aproximación al objeto de estudio fue documental. Ésta contempló dos niveles: 1) el contexto social, político, económico, cultural y socioambiental de Guanajuato; 2) el mapeo y descripción de las OSC y los colectivos activistas en la entidad.
En el primer nivel, el abordaje se centró en la noción de región sociocultural (Giménez, 2007). Se revisaron investigaciones previas y datos oficiales4 que dieron cuenta de la evolución sociohistórica, política y cultural de Guanajuato. Esto permitió identificar aspectos de la cultura política de la entidad, sus preferencias electorales y tendencias a lo largo de los años. Se consultaron también indicadores económicos -tales como el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal y el Índice de Rezago Social (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2016)- para documentar el dilema que subyace entre el proyecto de modernización económica y la raíz conservadora del estado. Se identificaron las desigualdades que prevalecen dentro de la región entre el corredor industrial y el resto de la entidad que está menos atendido. Se revisaron además datos sobre la crisis de seguridad que atraviesa Guanajuato, en particular preocupante en el incremento de los feminicidios y desapariciones. El estado ha ocupado de manera sostenida los primeros lugares a escala nacional en los índices de inseguridad, con consecuencias considerables también para su sector económico.
La segunda fase de trabajo, enfocada en la sociedad civil (Kaldor, 2009; Weisskircher, 2021), consistió en la exploración de bases de datos, para identificar las OSC registradas de forma oficial en el Sistema de Información del Registro Federal de las OSC. Esta labor se complementó con el rastreo de los colectivos activistas en otros espacios. Con estos datos, se creó una base que incluyó: nombre de la agrupación; tipo de agrupación (asociación civil, con registro de OSC o colectivo independiente, sin registro); lugar y fecha de fundación; área de interés; y presencia en internet (página web o página en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram). Con ello se identificaron las OSC registradas de manera oficial y sus estatus en el momento de la revisión (activas o inactivas, con representatividad vigente o no vigente, según los términos de la base). A la vez, se identificaron otras organizaciones no registradas, como los colectivos activistas, con actividad e intereses en torno a diversos temas. Con estos datos se mapeó la presencia y los temas clave de las organizaciones en Guanajuato; también se identificaron periodos en los que hubo un crecimiento considerable de OSC. Por último, la identificación de su presencia en internet fue fundamental porque aporta elementos para el posterior análisis de sus prácticas comunicativas en redes sociodigitales.
En suma, el abordaje documental permitió conocer las dinámicas de la región sociocultural de manera diacrónica y sincrónica.
La región de Guanajuato: elementos políticos, económicos y culturales
Política, gobiernos y participación en Guanajuato
El panorama político guanajuatense tiene como antecedente una serie de tensiones políticas. En la década de 1970, diversos actores locales buscaron hacerle frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en aquel tiempo era el partido de Estado. Si bien a nivel de política institucional no existía todavía una fuerza competitiva frente a éste, la tradición sinarquista y demócrata guanajuatense aglutinó a la sociedad civil y empresarial para dar forma a un grupo de oposición (Aguilar López y Aquino López, 2015).
Esta raíz sinarquista, tan fuerte desde la década de 1930, encontró en la clase empresarial una aliada estratégica para detonar un movimiento de partido. Así, el Partido Acción Nacional (PAN), en aproximadamente diez años -1976 a 1986- desbancó al PRI de algunos ayuntamientos y del gobierno del estado. Desde 1986, a escala estatal, y desde 1988 en el municipio de León, el PAN consolidó una nueva forma de gobierno.
El PAN ha sido el partido político dominante. Los cuatro gobernadores más recientes,5 así como la mayor parte de las presidencias municipales y diputaciones locales, han sido de ese partido. Destacan los municipios de Celaya e Irapuato, donde en todas las elecciones municipales ha triunfado el PAN, incluyendo la de 2012, donde en ambos municipios ganó la coalición integrada por el PAN y el Partido Nueva Alianza (PANAL).
En León el dominio panista se interrumpió sólo durante tres años, en 2012 ganó la coalición PRI-Partido Verde (PV), pero tres años después el PAN regresó al poder. En 2012, en Silao ganó el PRI y en Salamanca ganó la coalición PAN-PANAL. En ese mismo municipio ganó en 2018 la coalición Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)-Partido del Trabajo (PT)-Partido Encuentro Social (PES) (Instituto Electoral del Estado de Guanajuato [IEEG], 2018a y 2018b).
A escala nacional, Guanajuato ha sido la excepción ante los cambios de partido en México. En las elecciones federales de 2018, fue el único estado en el que no ganó MORENA -el partido encabezado por el entonces candidato y ahora presidente de México desde 2018, Andrés Manuel López Obrador-. Esta persistencia, con su tradición de base y sus reflejos en el rechazo a debatidas reformas constitucionales, han hecho de Guanajuato una entidad considerada, en general, conservadora. En cuanto al plan de desarrollo, se observa el dilema entre la adaptación al nuevo contexto y el respeto a las tradiciones.
En este marco, la participación política y social deja ver lógicas interesantes. De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (Somuano, 2014),6 Guanajuato y el entonces Distrito Federal -ahora Ciudad de México- son los estados que reportan mayor participación no electoral (Somuano, 2014). Este hecho vuelve más relevante la pregunta por la configuración de la sociedad civil en el estado.
Años antes, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012 (Secretaría de Gobernación, 2012) había arrojado datos interesantes que permiten realizar una radiografía del perfil del ciudadano guanajuatense y compararlo con los del resto del país.7 De acuerdo con estos datos, 45% de los guanajuatenses consideraba que la sociedad debía resolver sus propios problemas sin necesidad de recurrir al gobierno, frente a 34% a escala nacional. Además, ante la pregunta sobre los conceptos políticos de derecha (conservador) e izquierda (liberal), en Guanajuato 61% de los encuestados se identificó como ciudadanos con tendencia a la derecha y 18% a la izquierda, mientras que en el resto del país 51% se percibió como de derecha, contra 28% que se posicionó como de izquierda. Esto es consistente con los resultados electorales señalados párrafos arriba.
De acuerdo con datos del Índice de Desarrollo Democrático de México 2019 (IDDMEX),8 Guanajuato ocupa el lugar número 15 dentro del ranking nacional y presenta un descenso de 10 lugares con respecto al año 2018. En 2019, en Guanajuato sólo se mantuvo el crecimiento en la dimensión de democracia económica. En las otras tres dimensiones se registró un descenso.
Desarrollo económico y desigualdades sociales
El panorama económico de Guanajuato presenta contrastes importantes. Por un lado, es la sexta economía del país, con respecto a su aportación al producto interno bruto (PIB) nacional, que en 2018 cerró con 4.4% (INEGI, 2019b). Las cifras del segundo trimestre de 2019 del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, señalan que Guanajuato tuvo una variación positiva de 1.0% en relación con el trimestre anterior; sin embargo, el balance es negativo (-1.4%) en relación con el mismo trimestre de 2018 (INEGI, 2019a). No obstante, aunque a Guanajuato se lo considera un estado productivo y competitivo, el crecimiento de sus municipios y de sus dinámicas es desigual. Esto se debe sobre todo a la diversificación económica de sus actividades productivas (Unger, 2017).
En esta línea, hay contrastes entre regiones. El corredor industrial es uno de los más importantes de México. Está constituido por los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. La zona norte, la más desfavorecida, tiene por lo menos el doble de municipios en una problemática de desarrollo humano bastante más crítica que la de los municipios más desarrollados.
La disparidad en el desarrollo humano, relacionada con el ingreso, la salud y la educación, notoria también en ciudades-centro, como León e Irapuato, ha dado lugar a esfuerzos para el desarrollo territorial en el norte de Guanajuato mediante un proyecto estratégico-académico, como el de Caldera Ortega, Coronado Ramírez y Tagle Zamora (2016).
La marginación en sus dimensiones económica, política y social mantiene una relación simbiótica con la pobreza: son causa y efecto ad infinitum. Para el CONEVAL (2018b), la pobreza es un fenómeno de naturaleza multidimensional, por lo que su estudio y análisis debe abordar diferentes componentes: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a espacios de vivienda suficientes y de buena calidad, a los servicios básicos de ésta y a la alimentación.
Las carencias que padece la población del estado de Guanajuato las señala el CONEVAL (2016). El Índice de Rezago Social 20159a escala nacional, estatal y municipal (IRS) (CONEVAL, 2016) en el estado no ha variado mucho desde 2000, cuando ocupó el decimotercer lugar a escala nacional; en 2005 pasó al decimoprimer lugar; en 2010 permaneció en el mismo lugar; y en 2015 retrocedió al decimotercer lugar. En términos cuantitativos, el estado de Guanajuato se sitúa en el mismo lugar que ocupaba 18 años antes, con un padecimiento crónico de rezago social de grado medio10(CONEVAL, 2018a).
Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), 42.2% de la población vive en situación de pobreza; es decir, tiene al menos una carencia en alguno de los siguientes rubros: ingreso, capacidad y espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación o acceso a servicios básicos en la vivienda. Además, 4% de la población en Guanajuato vive en condiciones de pobreza extrema. En términos políticos, son tres sexenios, tres presidentes, tres tipos de pobreza diferentes por atender.
Entre 2000 y 2006, durante el sexenio del presidente de México, Vicente Fox, las políticas de desarrollo social que implementó el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se enfocaron en abatir la pobreza extrema en localidades con alto y muy alto grado de marginación, denominadas zonas de atención prioritarias (microrregiones). Los municipios del norte y del noreste del estado de Guanajuato (Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Atarjea, Xichú, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Doctor Mora y San Luis de la Paz) eran los focos rojos donde se concentraba la mayoría de las carencias. Respecto al rubro de educación, en la entidad, 11.98% de la población de 15 años o más era analfabeta y 63.61% de la población con el mismo rango de edad tenía educación básica incompleta. De la población, 64.52% no registraba derechohabiencia a servicios de salud; con respecto a las viviendas, 11.70% no contaba con agua entubada, 23.72% no disponía de drenaje y casi 4% estaba sin servicio de energía eléctrica.
En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), las políticas públicas de los programas sociales se redireccionaron hacia la zona urbana. En 2010, de los diez municipios en el estado de Guanajuato considerados de alta y muy alta marginalidad, sólo se atendieron tres como prioritarios: Atarjea, Tierra Blanca y Xichú. Para el gobierno federal, las carencias sociales no eran exclusivas de la zona rural. Por eso surgieron programas sociales como el de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el Programa de Apoyo a Adultos Mayores de 70. La población objetivo de dichos programas la conformaban madres solteras en zonas urbanas y los adultos mayores de 70 años sin ningún tipo de pensión.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los apoyos se orientaron sobre todo a erradicar la carencia de acceso a los alimentos en los hogares. El gobierno federal creó el Programa de Comedores Comunitarios para coadyuvar a la estrategia del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), cuya meta central era la disminución del índice de pobreza alimentaria en las zonas urbanas y rurales del país (SEDESOL, 2014). En el Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Comedores Comunitarios, la SEDESOL (2014) afirmaba que:
Un factor que incide negativamente en el acceso a la alimentación de la población es la alta prevalencia de la pobreza extrema, debido, por una parte, a razones económicas (ingreso bajo e insuficiente) y, por otra parte, a la alta incidencia de carencias sociales como el rezago educativo, la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios médicos; así como a los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda. (p. 17)
Los problemas persisten a lo largo de los años. En 2019, 22.9% de la población de Guanajuato tenía carencias en el rubro de alimentación (INEGI, 2019b). La precariedad en los ingresos de los hogares no permite adquirir la canasta básica, lo cual obstaculiza el acceso a alimentos variados, suficientes y nutricionales.
En 18 años, en Guanajuato se han atendido dos sectores sociales importantes: madres solteras trabajadoras y adultos mayores. También se ha facilitado a las localidades muy marginadas el acceso a los servicios básicos (vivienda, agua potable, drenaje, electricidad). Sin embargo, los indicadores siguen manifestando la exclusión de la población a ciertas actividades sociales, económicas y políticas. Como se señaló en la sección anterior, los datos del IDDMEX (2019) dejan ver que la entidad bajó de nivel en otras dimensiones y sólo se mantuvo en la de democracia económica.
En el estado hay cinco zonas metropolitanas que se articulan con otras ciudades como epicentros de la actividad industrial, comercial y de servicios: la zona metropolitana de León, integrada por los municipios de Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón; la zona metropolitana de Irapuato-Salamanca; la zona metropolitana de Celaya, constituida por los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort, Cortazar y Villagrán; la zona metropolitana de Pénjamo-La Piedad, donde el municipio de Pénjamo corresponde a Guanajuato y La Piedad a Michoacán; la zona metropolitana de Moroleón, Uriangato y Yuriria; y los municipios de Guanajuato y San Miguel de Allende.
La hipótesis sobre el contraste económico y la enorme brecha social entre los municipios del norte y del noreste frente a aquellos de las zonas metropolitanas, se fundamenta en la creciente actividad del corredor industrial, como se observa en la Figura 1. Los municipios industrializados muestran un menor grado de rezago social, producto de la actividad económica de la región, mientras que los municipios de la periferia presentan un grado de marginación alto o muy alto.
Fuente: elaboración propia con datos de Índice de Rezago Social 2000-2015 (CONEVAL, 2016).
Figura 1 Índice de Rezago Social 2000-2015 en las zonas metropolitanas versus los municipios con mayor grado de marginación en Guanajuato
Estas desigualdades tienen su correlato en el acceso a las tecnologías. Como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre desarrollo humano (2015), el acceso a internet no es homogéneo entre regiones, géneros y grupos etarios. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) para Guanajuato muestra una enorme brecha: 41% de los hogares urbanos disponen de conexión a internet, frente a 7% de los hogares rurales. Los datos sobre el acceso a internet desde un teléfono celular (smartphone) son escasos: sólo existe información sobre los municipios de León, Irapuato y Celaya, los cuales representan 45% de la población total del estado. En dichas ciudades, el promedio de los usuarios de teléfono celular inteligente con acceso a internet es de 84% (INEGI, 2018). La dicotomía urbano/rural (centro/periferia) determina la participación social de un selecto grupo de la comunidad.
Dinámicas culturales y socioambientales
Los estudios previos permiten caracterizar Guanajuato, en términos culturales, como una región conservadora y desigual -como se ha visto en las secciones anteriores-, con fuertes raíces religiosas y flujos de migración interna e internacional, que en las décadas recientes está siendo atravesada por las tensiones en las dinámicas económicas locales y transnacionales, la violencia y las problemáticas ambientales.
La cultura local guanajuatense ha estado tradicionalmente ligada a la religión católica, lo cual puede observarse tanto en las expresiones de la cultura popular como en el patrimonio cultural material. Esto ha operado para dar sentido hacia dentro y para posicionarse hacia fuera como un destino turístico cultural y religioso, sobre todo considerando la intensa oferta cultural de Guanajuato capital (Albor Guzmán, Lozano Montero y Godínez López, 2017; Cordero Domínguez, Meneses Sánchez y Aguilar Luna, 2016; Suárez, 2019).
Otro elemento clave para comprender la cultura guanajuatense es la migración. Guanajuato es uno de los siete estados mexicanos11 con mayor cantidad de emigración hacia Estados Unidos. Es también el tercer lugar en recepción de remesas provenientes de dicho país (Fundación BBVA Bancomer y CONAPO, 2019). Estas dinámicas poblacionales y económicas tienen su correlato en términos de identidades y relaciones comunitarias, familiares y conyugales (Duquette-Rury, 2016; Flores López, Pérez Magaña, Martínez Corona y Soriano Fonseca, 2012; García Gómez, Peláez Herreros y Fuentes Flores, 2015; León Torres, Jasso Martínez y Lamy, 2016). En contraparte, Guanajuato es también un estado receptor de los flujos de migración interna, sobre todo indígena. Esto tiene sus implicaciones en las dinámicas familiares, escolares y comunitarias de este sector (León de Santiago y Santiago-Isidro, 2016; Gordillo y Plassot, 2017; Jasso-Martínez, 2015; Schnuchel, 2016 y 2018).
Las tensiones entre las diferentes lógicas económicas tienen también sus implicaciones culturales en la entidad. Por un lado, en algunos municipios han sido tradicionalmente relevantes las empresas familiares, lo cual se ha explicado en términos de formación del capital social (Contreras-Soto, Valdés-Cobos y López-Salazar, 2012; García y Maza, 2013). En los años recientes, el crecimiento de la inversión extranjera ha configurado el corredor industrial automotriz, que se traduce en la transformación de las dinámicas de los equipos de trabajo y de la cultura laboral local (Martínez Martínez, García Garnica y Santos Navarro, 2014).
La violencia se ha ido incorporando en las dinámicas culturales de la entidad. Las cifras actualizadas en enero de 2021 confirman que Guanajuato es la entidad más violenta de México: fue el estado que más homicidios dolosos registró en 2019. Es una situación histórica: la entidad registró 4 494 homicidios y 18 feminicidios tan sólo en esos 12 meses (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], 2021).
Se ha privilegiado el discurso de que el estado de derecho en Guanajuato y su gobernabilidad están protegidos por la bonanza de la industria estatal. Si bien, a nivel manufactura y en el sector automotriz, Guanajuato es sin duda competitivo (Erquizio Espinal y Ramírez Rodríguez, 2017; Escalante y Catalán, 2011), los embates de la violencia ya alcanzaron incluso a sus industrias fuertes, con extorsiones y ataques armados.
Uno de los asuntos de mayor gravedad es el de los feminicidios. Tan sólo en un año, de 2017 a 2018, el número de feminicidios aumentó en 75%. Fue Celaya el municipio con más incidencias. La entidad cerró 2019 con 18 delitos de feminicidio (SESNSP, 2021). Aunque no se trata de un hecho inusitado, el repunte de este tipo de agresiones propició diversos análisis y movilizaciones a lo largo de la entidad. Por ejemplo, las manifestaciones a finales de 2019 que encabezaron feministas y estudiantes de la Universidad de Guanajuato no sólo lograron que las autoridades las escucharan, sino que también derivaron en renuncias de altos directivos de la institución (Espinosa, 2019; Expansión Política, 2019).
A pesar de que los factores explicativos son diversos y no pueden reducirse a una sola dimensión, en Guanajuato se ha dado una serie de modificaciones y desencuentros en el gobierno, en especial entre las instancias asociadas con la seguridad pública. De esto resaltan los conflictos interestatales y fronterizos de la entidad con Jalisco y Michoacán; la vulnerabilidad institucional por el supuesto conflicto de interés en la elección del fiscal general del estado; la todavía incompleta articulación de las fuerzas de seguridad, estatales y municipales, con la nueva Guardia Nacional; y los resabios de la lucha militarizada de los sexenios previos. Estos desafíos son complejos para la región.
La crisis institucional se ha reflejado también en la percepción sobre la seguridad pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (INEGI, 2020), en Guanajuato, 75.8% de la ciudadanía considera la inseguridad como el problema más importante de la entidad; 55% afirma que considera inseguro vivir en su entorno más cercano, ya sea colonia o localidad. De la ciudadanía, 65% asocia la conflictividad con el consumo de droga, y considera que dicha práctica es la primera conducta delictiva o antisocial que genera esta percepción de inseguridad. Esto, ligado al delito de robo, ha dado lugar a los siguientes cambios de comportamiento: 69% de los ciudadanos percibe más inseguridad al dejar salir de casa a sus hijos menores de edad; 65% ha cambiado su comportamiento hacia el uso de joyas; y 57% al salir de noche.
González y Vega (2019) sostienen que la percepción de inseguridad en los espacios públicos es reflejo del “clima de terror e impunidad” que se vive en México, y que en entidades como Guanajuato parece que la actividad criminal se está reconfigurando, debido a un “reacomodo de los cárteles del narcotráfico, como respuesta al proceso discursivo del gobierno, que legitima la persecución del tráfico de drogas y el empleo de las fuerzas armadas para ello” (p. 13). Esto ocasiona que la sensación de inseguridad antes descrita prevalezca en combinación con la percepción de militarización del espacio público, relacionada con la presencia de elementos de seguridad pública y seguridad interior. En la percepción del desempeño y del nivel de confianza, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional ocupan los tres primeros lugares entre los ciudadanos guanajuatenses, con 86.9%, 83.6% y 79.3%, respectivamente. Les siguen las policías federales y estatales (INEGI, 2020).
Los temas de la agenda ambiental son latentes, sobre todo por algunos acuerdos políticos recientes entre empresarios y gobiernos. Destaca el caso del City Center, que ha evidenciado los desacuerdos existentes en la visión de la planeación urbana y en el cuidado al medio ambiente que tiene la sociedad civil, el gobierno y el sector empresarial. Su construcción en un área natural, conformada en su mayoría por un humedal, fue autorizada por la Dirección General de Gestión Ambiental con refrendo de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, pese a que activistas y funcionarios federales, tanto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como de la Comisión Nacional del Agua, argumentaban que ese permiso no debía ser de competencia municipal y que representaba riesgos ambientales considerables (Ávila, 2020; Hernández, 2019; Quintanar, 2019).
Estos problemas se agravan en las principales ciudades del estado, en las que se registran algunas de las urgencias ambientales de mayor alcance. Por ejemplo, León y Salamanca tienen problemas de agua y de calidad del aire. La primera, debido a su actividad económica y su dinámica de movilidad y tránsito; la segunda, por la actividad de la refinería Ing. Antonio M. Amor, de Petróleos Mexicanos (PEMEX). En otras ciudades no tan industrializadas, como San Francisco del Rincón y Purísima, su importante actividad curtidora ha ocasionado serios problemas de contaminación del agua (Álvarez, 2019; Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial [SMAOT], 2020).
En la década de 2010 se abrió en León la discusión sobre la permisividad de la administración municipal con respecto a la tala de árboles y la conservación de áreas naturales, como el humedal de los Cárcamos, de alcance federal. Otro debate vigente es el de la presa El Zapotillo, que vincula el estado de Jalisco con la zona productiva del Bajío (Pacheco-Vega, 2014).
También las contingencias ambientales debidas al uso creciente de vehículos particulares han hecho necesarias nuevas medidas de uso de transporte colectivo. Aunque el transporte público leonés suele aprobar algunos exámenes comparativos (Acosta-García y Covarrubias Valdenebro, 2018), está concentrado y no es totalmente inclusivo en temas de planeación y formulación de políticas públicas.
Estos elementos de contexto político, económico, cultural y socioambiental a escala local detonan condiciones que dan lugar a la emergencia de las OSC y de los colectivos activistas para hacer frente a problemáticas específicas, como se verá en la siguiente sección.
El mapeo de las organizaciones de la sociedad civil
La actuación de la sociedad civil en las problemáticas sociales del entorno ha sido muy importante a lo largo del tiempo. El panorama de las OSC y de los colectivos activistas en la entidad es complejo. En un estudio previo, Caldera González (2013) abordó las OSC en Guanajuato desde los estudios organizacionales. La autora distingue dos tipos: en primer lugar, “las más antiguas, algunas de ellas con más de 50 años de creación, éstas se encuentran representadas en su mayoría por asociaciones asistenciales con tradición religiosa y conservadora”; por otro lado, se encuentran “las OSC de nueva generación, es decir, aquellas que se crearon en los últimos años y cuya búsqueda trasciende la cuestión asistencial y religiosa, para llegar a un desarrollo integral y procuración de los derechos de los ciudadanos” (p. 32).
A partir de una encuesta a 86 personas, Caldera González (2013) realizó un diagnóstico organizacional que contempló cinco ejes: 1) estructura y perfil organizacional, 2) factor humano y profesionalización, 3) planeación, 4) procuración de fondos, transparencia y rendición de cuentas, 5) infraestructura. Los hallazgos le permitieron identificar cierto crecimiento de las OSC en el estado. Éstas trabajan con voluntarios y realizan planeación, pero tienden a no transparentar el uso y la procedencia de sus recursos, además de que no todas cuentan con infraestructura propia.
El mapeo de la presente investigación, si bien coincide en algunos puntos con el de Caldera González, se diferencia por su orientación a la comunicación y a la incorporación de colectivos activistas, así como por haberse realizado en otro momento. Se presentan en esta sección algunas tendencias detectadas al revisar los datos sobre las OSC y los colectivos activistas. De entrada, se identificaron 612 agrupaciones, de las cuales 574 son asociaciones civiles y las restantes son colectivos independientes. Algunas agrupaciones surgieron como colectivos independientes y, después, se constituyeron de manera legal bajo la figura de asociación civil. Los años de fundación van de 1951 a 2018. La mayor parte de las agrupaciones que aquí se encontraron surgieron en los diez años más recientes.
En cuanto a su área de interés, la mayor parte de las organizaciones registradas como asociaciones civiles se concentra en la asistencia social y en el desarrollo comunitario, sobre todo entre aquellas que surgieron a partir de 2000 (véase Figura 2).
Las otras áreas de interés que se registraron son derechos humanos, economía popular, fomento cultural, fortalecimiento de las organizaciones, participación ciudadana, promoción del deporte, protección civil, seguridad ciudadana, agua, asistencia jurídica, atención a víctimas de violencia sexual, atención a discapacitados, desarrollo comunitario, equidad de género, fomento educativo, medio ambiente, protección animal, salud, economía, desarrollo comunitario en las comunidades indígenas y libertad de expresión. Mientras que la asistencia social ha sido la principal área desde 1951, hay otras áreas de interés, tales como equidad de género y libertad de expresión, que emergen en los años recientes. En los colectivos independientes, la lógica es distinta: las principales áreas de interés son la equidad de género y el medio ambiente. Otras áreas de interés registradas son la violencia en general y la violencia sexual, pueblos indígenas, protección animal, prensa y libertad de expresión, prensa y cultura, así como participación ciudadana.
Al separar los datos por municipio, se observan tendencias interesantes. Si bien la asistencia social es la principal área de interés en todos los casos, hay matices por municipio que resulta pertinente señalar. El centro de interés aquí es aquellos con una población mayor a 150 000 habitantes, a partir de los datos de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015): León (27% de la población de Guanajuato), Irapuato (10%), Celaya (8%), Salamanca (5%), Silao (3%), Guanajuato capital (3%), San Miguel de Allende (3%), Dolores Hidalgo (3%), Pénjamo (3%). Revisamos las áreas de interés de las organizaciones en estos municipios (véase Tabla 1).
Tabla 1 OSC/colectivos activistas en municipios de más de 150 000 habitantes
| Población total a 2015 |
Número de organizaciones identificadas |
Organizaciones dedicadas a la asistencia social |
|
| León | 1 578 626 | 239 | 97 |
| Irapuato | 574 344 | 69 | 28 |
| Celaya | 494 304 | 61 | 31 |
| Salamanca | 273 271 | 15 | 3 |
| Silao | 189 567 | 14 | 8 |
| Guanajuato | 184 239 | 33 | 9 |
| San Miguel de Allende | 171 857 | 40 | 11 |
| Dolores Hidalgo | 152 113 | 18 | 6 |
| Pénjamo | 150 570 | 11 | 6 |
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015).
En León, la principal área de interés es la asistencia social, seguida por la salud y el desarrollo comunitario. En Irapuato las áreas principales son la asistencia social, pero en este caso destacan también los derechos humanos y el fomento cultural. En Celaya, además de la asistencia social, se observa un buen número de organizaciones orientadas al desarrollo comunitario. En Salamanca, el municipio guanajuatense donde se encuentra una refinería de Pemex, las áreas principales son la asistencia social y el medio ambiente. El municipio de Silao también registra la asistencia social como principal área de interés, pero junto a ella emergen la economía popular y el fomento cultural. En el municipio de Guanajuato, las áreas de interés son la asistencia social y el fomento cultural como principales, seguidas por la equidad de género y el desarrollo comunitario. En San Miguel de Allende son predominantes la asistencia social y el fomento cultural, con cierto equilibrio entre ellas. En Dolores Hidalgo destacan la asistencia social y el desarrollo comunitario. Por último, en Pénjamo, si bien hay pocas organizaciones identificadas, se observa la misma tendencia, en la asistencia social y el desarrollo comunitario.
La Figura 3 muestra, en síntesis, las principales áreas de interés de las organizaciones situadas en estos nueve municipios que concentran 64% de la población de Guanajuato. La asistencia social es la principal área de interés en todos ellos, pero los cambios se registran en la emergencia de otras áreas, tales como el fomento cultural en Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo; el medio ambiente en Salamanca; la equidad de género en Guanajuato; así como la salud en León. La identificación de estas lógicas generales permite entender la configuración de la sociedad civil.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3 Organizaciones por área de interés en los municipios seleccionados
En el mapeo del presente trabajo se registró también la presencia de estas agrupaciones en internet y en redes sociodigitales. Se halló que la mayoría están en línea: 74% en Facebook, 67% cuentan con sitio web, 63% están en Instagram, 59% en Twitter y 59% en YouTube. Al cruzar estos datos con el año de fundación, se detectó que todas las organizaciones fundadas a partir del año 2000 utilizan, por lo menos, una red sociodigital para sus diferentes actividades. Esto resulta significativo en cuanto a las posibilidades de acceso a la expresión pública que tienen las organizaciones, en especial aquellas que se oponen a las dinámicas políticas y económicas dominantes y que tienen mayores dificultades para tener acceso a los medios de comunicación tradicionales. En suma, entre las organizaciones guanajuatenses, hay una apuesta por internet, al menos en términos de presencia. Queda pendiente para una fase posterior de la investigación revisar las lógicas de uso de estas redes.
Conclusiones
Este artículo abordó la configuración de la sociedad civil en Guanajuato, México, en la lógica de región sociocultural (Giménez, 2007), como un recurso para entender las lógicas locales, articuladas en los ámbitos nacional y global. Con base en la investigación documental, se presentó una contextualización política, económica, cultural y socioambiental que se contrasta con el mapeo de las OSC y los colectivos activistas en el estado.
Como se aprecia en el texto, en términos políticos, Guanajuato se caracteriza por tener una serie de tensiones políticas que se han vivido, al hacer frente primero al PRI y en el sexenio más reciente a MORENA, desde una posición conservadora asociada con el PAN. Frente a ello, contrasta una alta participación de los ciudadanos en las OSC registrada en los informes nacionales. En términos económicos, el estado registra diferencias importantes entre el desarrollo y las desigualdades. El corredor industrial del Bajío -integrado por León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya- presenta asimetrías respecto a los municipios del norte de Guanajuato, donde hay problemáticas más agudas de rezago social. El IDDMEX (2019) muestra que en el año 2018 la economía del estado creció 1.4%, lo cual se traduce en un repunte en la dimensión de democracia económica, mientras que bajaron los niveles en las otras dimensiones. Esto refuerza la hipótesis de que el crecimiento económico se da debido a la fuerte actividad industrial del estado, por encima de las dimensiones sociales e institucionales. También trae consigo un incremento de las actividades criminales y de la violencia de género que derivan en la agudización de las desigualdades. En términos culturales, se trata de una región conservadora y desigual, con fuertes raíces religiosas y una apuesta por el patrimonio cultural y el turismo. En términos socioambientales, en los años recientes han crecido los niveles de violencia y las problemáticas ecológicas.
En este contexto, el mapeo de las OSC y de los colectivos activistas de Guanajuato permite observar resultados consistentes con la tendencia global hacia el crecimiento de la participación ciudadana y con los datos previos sobre el alto nivel de ésta en el estado. La mayor parte de las organizaciones que se identificaron están constituidas de manera formal, lo cual puede explicarse debido a las políticas de los gobiernos federales anteriores.
La mayoría de estas organizaciones son asistencialistas, lo cual se relaciona por dos vías con el contexto político y económico local: por un lado, el desarrollo económico permite gestionar apoyos para la asistencia social en distintas organizaciones; por otro lado, este mismo crecimiento económico, al ser desigual al interior del estado, ocasiona necesidades sociales muy grandes que requieren atención y que se suelen abordar más mediante la lógica de cubrirlas de manera superficial, que de buscar transformaciones de fondo en las condiciones sociales. Una de las lagunas de este mapeo consiste en la dificultad para la detección de vínculos entre algunas organizaciones y otros actores públicos y privados como, por ejemplo, los grandes corporativos que emprenden iniciativas de asistencia social en el estado.
En este marco, algunos OSC y colectivos activistas incorporan preocupaciones emergentes, tales como el desarrollo comunitario, la participación ciudadana, los derechos humanos, el fomento cultural, la educación, la protección animal, el medio ambiente, la equidad de género, la salud, los pueblos indígenas y la libertad de expresión. Estas preocupaciones se vinculan con las condiciones políticas, económicas, culturales y socioambientales del estado de Guanajuato y con las preocupaciones globales contemporáneas. Por otro lado, la presencia de estas agrupaciones en internet y en redes sociodigitales es amplia y se concentra en aquellas fundadas en los años más recientes. Esto abre la puerta para posteriores estudios sobre la expresión pública de estas organizaciones en internet y las implicaciones para los modos en que se configura la sociedad civil en la entidad, puesto que la libre expresión es un elemento clave de las sociedades democráticas contemporáneas.
El presente estudio contribuye a entender la configuración local de la sociedad civil, al vincular las tendencias de las OSC y de los colectivos activistas, las problemáticas en que se enfocan y las orientaciones que plantean, con el contexto político, económico, cultural y socioambiental. Aquí se sostiene que estas iniciativas no emergen en el vacío, sino que representan respuestas a preocupaciones y problemáticas prácticas concretas, de manera que las líneas de trabajo de las organizaciones configuran un mapa de intereses de la sociedad y de las ausencias o deficiencias del Estado.
Si bien las líneas dominantes de investigación sobre la sociedad civil y los movimientos sociales se orientan hacia lo global -sobre todo considerando los avances sobre la sociedad civil global y los movimientos sociales después de 2010-, este acercamiento a lo local aporta elementos para discutir las complejidades entre lo local y lo global. A escala global, se aprecian preocupaciones por los derechos humanos -en específico por los derechos de las mujeres, los niños y la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBTIQ+)-, el medio ambiente, la democracia y las desigualdades. Éstas tienen su correlato a nivel local, pero los énfasis, las orientaciones y las acciones demuestran el peso del contexto, las continuidades y las rupturas en los proyectos institucionales de futuro, así como las disputas en torno a los modos de comprender el progreso y el crecimiento. Un ejercicio como éste permite identificar los vínculos con las lógicas globales y, al mismo tiempo, reconocer los elementos particulares. En este sentido, entender lo local contribuye a entender lo global.
