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Introducción
En un mundo interconectado por los medios de comunicación y por las finanzas, parece un contrasentido hablar de enclaves socioterritoriales caracterizados por tener relaciones laborales y sociales de explotación, segregación residencial y aislamiento geográfico. Sin embargo, en las últimas tres décadas hemos visto una revitalización del enfoque de enclave en el campo de estudio de los sistemas agroexportadores en México y en España (Macías, 2003; Moraes, Gadea, Pedreño y Castro, 2012). Tal resurgimiento se ha nutrido de la investigación sobre las transformaciones en el agro a partir de las nuevas políticas de liberación económica de la década de 1980 en México (Chauvet y Lara, 1996; Marañón y Fritscher, 2004; Sanderson, 1986) y del diálogo con los estudios sobre migraciones y reestructuración productiva del agro mexicano (Lara, 2012; Grammont y Lara, 2010).
La historia de México, como la de otros países de América Latina, está marcada por procesos de extracción de recursos naturales y humanos al servicio de los centros coloniales, económicos y del ahora norte global. Tales procesos se localizaron en zonas con cierta densidad de población en la meseta central de México. Sin embargo, a través de los años esos procesos se ampliaron hacia zonas desérticas, despobladas y aisladas. En el contexto de la globalización económica neoliberal, desde la década de 1980, algunas de estas zonas reconfiguraron su posición, e impulsadas por su localización estratégica y abundancia de recursos naturales, consolidaron sectores exportadores. Tal es el caso de Baja California Sur, con una economía orientada hacia el turismo internacional de élite y el sector agroexportador de hortalizas y frutas. Este último, a partir de la atracción del capital global y articulación con capitales locales y nacionales, se ha consolidado en un sector agroexportador moderno, dinámico y rentable a través de la explotación de tierra y agua, y el traslado de mano de obra migrante de bajo costo y predominantemente indígena del centro y sur del país.
Este artículo analiza la base social del enclave agroexportador a través del estudio de las relaciones sociales que definen las condiciones de vida de los trabajadores en dos regiones con grado de aislamiento diferenciado por su acceso a la infraestructura de comunicación urbana. En ambas regiones convergen capitales globales y regionales con los desplazamientos de población como fuerza de trabajo para sostener el proceso productivo, en una amplia cadena global de producción y consumo que conecta regiones poco pobladas con recursos naturales y con otras regiones de consumo intensivo de bienes alimenticios con un alto valor simbólico (Gereffi, 1995). La presente investigación se concentra en el extremo más bajo de la cadena de valor de los territorios donde sucede la producción y en las relaciones laborales dominantes. Se parte de la información obtenida de dos encuestas representativas a trabajadores migrantes residentes en campamentos agrícolas en Baja California Sur, ambas levantadas en la temporada agrícola alta, en noviembre. La primera se realizó en 2014 en el valle de Vizcaíno en el municipio de Mulegé, y se obtuvo información de 3 387 residentes. La segunda se levantó en 2015 en el valle de Santo Domingo, municipio de Comondú, y recabó información de 659 residentes.1 A continuación, presentamos una discusión del concepto de enclave de producción regional, para luego analizar la base social del enclave agroexportador en dos regiones agrícolas en el noroeste mexicano.
La discusión conceptual sobre el enclave agroexportador global
La aproximación conceptual de enclave de producción agrícola (Macías, 2003; Moraes et al., 2012; Pedreño, Castro, Gadea y Moraes, 2015) constituye un marco comprensivo del orden global que articula territorios de economías diversas: las de consumo de frutas y verduras en California con las de producción agrícola en regiones aisladas como Vizcaíno o el valle de Santo Domingo en Baja California Sur, en México. Tales conexiones son parte de los eslabonamientos de producción, servicios transnacionales y consumo de alimentos que integran jerarquías nacionales, étnicas y de género como parte del orden simbólico que rige relaciones sociales en la amplia cadena transnacional. En este escenario, lo local está constituido por un territorio-enclave, como el extremo más desaventajado de la cadena en términos de valor. En este extremo tiene lugar la producción y el uso de fuerza de trabajo con la jerarquía de valor más baja.
El artículo sostiene la tesis de que las migraciones y las condiciones de vida de los inmigrantes en los casos estudiados están ligadas a modelos de economías de enclave regionales etnizados, ya que poco más de 40% de la población jornalera es indígena, casi el doble del porcentaje de la población jornalera agrícola de todo el país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015). El modelo de enclave de las regiones estudiadas opera con lo que Bourgois (1994, p. 177) definió como opresión conjugada para dar cuenta de la división cultural del trabajo que intersecta la discriminación étnica con la explotación económica.
La aproximación conceptual del enclave como configuración histórica en América Latina se remite a la década de 1960 con los trabajos pioneros de Cardoso y Faletto (1969) sobre dependencia y desarrollo en dicha región. En su ensayo clásico, Cardoso y Faletto (1969, p. 53) definen el enclave como un proceso histórico caracterizado por tener una forma de producción que es prolongación directa de una economía centralizada sin conexiones estructurales con la economía local y por relaciones económicas definidas en los mercados centrales. Las relaciones sociales de explotación incluyen tanto los recursos naturales como la fuerza de trabajo, así como la transferencia del valor de la periferia a la economía central. Zapata (1977), en la misma tradición dependentista, enfoca el enclave en la escala de la empresa y lo define como una forma de organización de la producción y de administración empresarial sustentada en relaciones sociales territorializadas. A la unidad de producción territorial, Kerr y Siegel (1954) la llaman “ciudad industrial” (company town), que permite considerar el vínculo entre el espacio donde se lleva a cabo la producción y los servicios básicos (como el de vivienda) que la empresa provee para mantener a los trabajadores y sus familiares en el mismo territorio (Zapata, 1977, pp. 719-720).
El aporte de Zapata (1977) consiste en ver el enclave como un universo de trabajo y residencia y no sólo de empleo. Además, permite ir más allá de la relación entre centro y periferia nacionales, atendiendo las dinámicas internas de las empresas o unidades productivas que articulan, a escala local o regional, capitales, tecnología y fuerza de trabajo en el contexto de la globalización.
En la década de 1980, la teoría del enclave recibió una fuerte crítica de algunos teóricos de la modernización por su énfasis en los escasos vínculos positivos del capital transnacional con el desarrollo endógeno a escalas local y nacional (Hojman, 1983). Otra crítica que toca al presente análisis es el señalamiento sobre la transformación de la composición de la fuerza de trabajo a la luz de las migraciones del campo a la ciudad, lo cual podría derivar en una movilidad social debida a una transformación de las expectativas y a una alta valoración de la vida moderna de las ciudades. La crítica de Hojman fue acertada respecto a la sobrevaloración del capital nacional frente al extranjero por parte de los teóricos de la dependencia, a la luz de las experiencias de las nacionalizaciones en México. Sin embargo, sus desaciertos fueron mayores en las consecuencias del desarrollo local a partir de la inversión extranjera (Velasco y Hernández, 2018). Según Robinson (2008), la articulación entre lo local y lo global en la desnacionalización de la política neoliberal con el retiro del Estado en la regulación de los mercados de trabajo, formó zonas de acumulación capitalista de tipo enclave.
Respecto al cambio en la fuerza de trabajo debido a las migraciones del campo a la ciudad, Hojman (1983) no previó la estrategia empresarial del traslado organizado de trabajadores del campo a las regiones agroexportadoras, que más tarde fue conceptualizado como la industria de la migración (Hernández-León, 2013), que a escala internacional funciona sin supervisión gubernamental y que a escala nacional apenas provee subsidio para el traslado y el arribo.
Las nuevas visiones del enclave (Macías, 2003; Moraes et al., 2012; Pedreño et al., 2015) se alimentan de la perspectiva procesual, ya presente en la teoría de la dependencia, sobre las cadenas de valor que se generan en múltiples territorios (Gereffi, 1995) con una visión que va más allá de centro/periferia y una crítica de los efectos de la globalización en la desigualdad regional.
Sin duda, la visión de encadenamiento y fluidez del valor (Gereffi y Korzeniewicz, 1994, p. 97) resulta adecuada para entender los sistemas agroexportadores que operan en Baja California Sur y el papel de las migraciones laborales en esos sistemas de producción agrícolas, pero no agota la tesis de la segregación socioespacial del enclave territorial presente en la teoría de la dependencia de Cardoso y Faletto (1969). La visión multiescalar de los fenómenos permite pasar del territorio regional a la empresa como espacio de organización laboral, como la propone Zapata (1977). La propuesta conceptual del presente artículo intenta considerar las dimensiones territoriales, el aislamiento y la producción de relaciones sociales como elementos constitutivos del enclave local.
En este trabajo se pone la atención en las relaciones sociales que sostienen la producción y en su conexión intrínseca con las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, a través del análisis de los mecanismos de control de ésta, como lo propone Wright (2000), en cantidad y en tiempo, dada la naturaleza inestable de la producción a lo largo del año, aun con las innovaciones tecnológicas en el sector. Al respecto, Lara (2012) y Moraes et al. (2012) señalan condiciones de precarización asociadas con la movilidad y la condición de temporalidad o eventualidad de los trabajadores. Otro mecanismo de control de la fuerza de trabajo opera sobre la residencia, tal como lo documentaron desde la década de 1960 otros estudios en regiones mineras en Chile (Zapata, 1977), en la década de 1980 en regiones bananeras en Costa Rica (Bourgois, 1994) y más recientemente en otras regiones agroexportadoras en México (Velasco, Zlolniski y Coubès, 2014).
Los contextos regionales
El valle de Santo Domingo y el valle de Vizcaíno se localizan en el estado de Baja California Sur, que es el de menor densidad poblacional y el más desértico del país. Ambas regiones comparten su orientación agroexportadora y la utilización de mano de obra migrante (véase Figura 1), pero a la vez se diferencian en cuanto a la especialización productiva, a las formas del control residencial de los trabajadores y de sus familias y al grado de aislamiento geográfico. La región del valle de Vizcaíno muestra mayor aislamiento geográfico en términos de distancia por la carretera transpeninsular, tanto respecto a la cabecera municipal, Santa Rosalía (aproximadamente 158.6 km), como de la capital estatal, La Paz (con 525.7 km). Mientras que en el valle de Santo Domingo, la cabecera municipal, Ciudad Constitución, se encuentra en el centro de esa región y a 201.3 km de la capital estatal.
Fuente: Velasco y Hernández (2018, p. 70).
Figura 1 Localización del valle de Santo Domingo, municipio de Comondú, y el valle de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur
Valle de Santo Domingo: de huerto, granero y valle algodonero a plataforma exportadora de espárragos
El valle de Santo Domingo se localiza en el municipio de Comondú, ubicado en la parte central de Baja California Sur, al cual se le considera el principal granero y huerto del estado ya que en 2019 tenía 78.5% de la superficie cosechada y poseía 58.2% del valor de la producción agrícola estatal (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2019).
La región del valle de Santo Domingo, al igual que la de Vizcaíno, nació tras el impulso de la política de colonización agrícola del gobierno federal a finales de la década de 1940, con el fin de poblar el territorio sudpeninsular, limitar los intentos anexionistas de Estados Unidos y responder a las exigencias de tierras de los campesinos del centro y del sur del país (Cariño y Monteforte, 2018, p. 253). Entre las décadas de 1950 y 1980, se fomentó la producción agrícola de granos básicos, agroindustriales y forrajeros (cártamo, sorgo y alfalfa), y entre las décadas de 1950 y 1970 se dio un gran auge de siembras de trigo, garbanzo y algodón para la exportación, lo que estimuló la primera oleada de jornaleros agrícolas migrantes del sur del país (Medina, 2018).
A partir de la década de 1980, hubo un viraje hacia la liberalización y la apertura comercial del agro mexicano que trajo consigo la exportación y el otorgamiento de subsidios y servicios para elevar la competitividad del sector agrícola empresarial exportador (Gámez, 2002; Yúnez, 2010). En los ámbitos estatal y local, esto condujo a una reestructuración y reconversión de cultivos con la cual se reemplazaron las exportaciones tradicionales por las hortalizas y los productos orgánicos, y se consolidó una agricultura intensiva y tecnificada ―a partir del uso de fertilizantes y semilla mejorada y certificada, servicios fitosanitarios, sistemas modernos de riego, uso de invernaderos, malla-sombra, entre otros―, la cual permitió al estado sobresalir con la exportación de hortalizas y frutos orgánicos y no orgánicos (Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER] Baja California Sur, 2018). En Comondú, una de las hortalizas de mayor dinamismo de exportación ha sido el espárrago, que entre 1986 y 2017 incrementó la superficie cosechada en 74.3 veces (de 40 a 2 973 hectáreas [ha]); y su producción en 709.8 veces (de 34 a 24 132.2 toneladas [t]). En 2017 este cultivo generó en el municipio 8.8% de la superficie cosechada y 41.9% del valor de la producción agrícola (SIAP, 2019).
En la actualidad el valle de Santo Domingo representa casi la mitad de la superficie del municipio y en 2015 concentraba 82.8% de la población municipal con 60 071 habitantes (INEGI, 2015). En 2010, del total de la población en la región, 85.8% residía en localidades urbanas de 2 500 habitantes o más. Los principales centros poblacionales son Ciudad Constitución, con 40 935 habitantes, y Ciudad Insurgentes, con 8 741 habitantes. El restante 14.2% de la población del valle se encontraba dispersa en 486 localidades rurales menores de 2 500 habitantes (INEGI, 2010). En 2015, 27.7% de la población ocupada de 12 años de edad o más en el municipio laboraba en el sector primario, y la agricultura empleaba 15% de la población ocupada (INEGI, 2015).
Las empresas protagonistas de la reconversión de la región son diversas en tamaño y muy competitivas, modernas, exportadoras y rentables. Poseen ranchos, invernaderos y empaques de producción intensiva, equipo de transporte y seguros agrícolas contra contingencias meteorológicas, y responden de inmediato a la demanda y los precios internacionales de los productos (Cariño y Monteforte, 2018, pp. 258-260). En 2015, Velasco y Hernández (2018) registraron 47 empresas agrícolas que empleaban 7 315 trabajadores agrícolas. Este conjunto de empresas se puede diferenciar según su disponibilidad de campamentos agrícolas.
El primer perfil lo constituyen 40 de las empresas sin campamentos agrícolas, las cuales son productoras de chile, tomate, papa, frijol, garbanzo y maíz orgánico destinado a la exportación a Estados Unidos y al mercado nacional. Estas empresas reclutan a trabajadores locales de colonias cercanas a través de la subcontratación de intermediarios transportistas, quienes además del traslado, frecuentemente organizan, supervisan y pagan a los trabajadores.
El segundo perfil lo constituyen 7 empresas que cuentan con campamentos agrícolas, y que son productoras de espárrago y tomate (en menor medida) para la exportación principalmente. El 56.6% de sus trabajadores eran migrantes de otros estados, los cuales eran enganchados y trasladados desde el sur del país -a través de enganchadores en los pueblos de origen a partir de contrato verbal y promesas- y alojados en campamentos de propiedad de las empresas durante la temporada agrícola alta. El restante 43.4% de los trabajadores eran locales, reclutados principalmente a través de intermediarios transportistas. En el ciclo otoño-invierno de 2015 en los campamentos residían 1 387 trabajadores agrícolas migrantes, de los cuales sobresalían quienes habían arribado ese año (87.5%), personas solas (92.1%) y los grupos hablantes de alguna lengua indígena (42.3%) (Velasco y Hernández, 2018).
Valle de Vizcaíno: de tierra deshabitada a desierto exportador de tomates
El valle de Vizcaíno se ubica en el municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur, el cual concentra 42.9% de la extensión territorial estatal. Es el segundo municipio más extenso de la república, después de Ensenada y en 2015 contaba con 60 171 habitantes (Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad [SETUES], 2019, pp. 5 y 9). Tiene una historia reciente, pues su colonización inició a finales de la década de 1960 con la distribución de tierras a campesinos y con la fundación en 1966 del ejido Gustavo Díaz Ordaz, cuando ejidatarios y sus familias de Ciudad Constitución, al sur de la península, se trasladaron para colonizar la región. El poblamiento fue más acelerado entre las décadas de 1980 y 1990 debido a la apertura de campos agrícolas privados de producción de hortalizas de exportación y al enganche de jornaleros agrícolas migrantes del sur del país, quienes poco a poco comenzaron a prolongar sus estancias en los campamentos o se asentaron en colonias del actual pueblo de Vizcaíno (Soares, 2005, p. 110). Entre 1990 y 2015 la población de la región pasó de 4 813 a 20 416 habitantes y concentró entre 15.7 y 33.9% de la población municipal. En 2010, gran parte de estos jornaleros agrícolas eran migrantes indígenas, ya que 30.2% de la población de la región vivía en hogares donde el jefe o la jefa hablaba lengua indígena, 19.4% de la población de 5 años de edad o más hablaba lengua indígena y 63.1% nació en otros estados del país (INEGI, 2010).
La principal región agrícola del municipio es el valle de Vizcaíno, el cual en 2015 concentra, respecto al municipio, 76.7% de la superficie de riego y 33.9% de la población, que alcanzaba 20 416 habitantes. La población era rural casi en su totalidad: 46.2% residía en 11 ranchos agrícolas privados (con población menor a 2 500 habitantes), 11.2% en 52 localidades que conformaban ejidos, rancherías o poblados (con población menor a mil habitantes) y 42.6% en el único centro poblacional semiurbano, el pueblo de Vizcaíno (Villa Andrés Alberto Alvarado Arámburo), que contaba con 6 902 habitantes (INEGI, 2010).
El tomate rojo (jitomate) ha sido la hortaliza de mayor dinamismo en Mulegé, tanto el convencional como el orgánico.2 Entre 2003 y 2016 ese cultivo incrementó en 70.7% su superficie cosechada (de 950 a 1 621 ha) y en 96% su producción (de 48 300 a 94 800 ton). En 2017 el tomate rojo ocupó en el municipio 39.5% de la superficie cosechada y generó 63.6% del valor de la producción agrícola. De las 15 501.4 toneladas de jitomate producidas ese año, 27.4% fue orgánico (bola, cherry y saladette) y 56.7% de la producción se hizo en malla-sombra (SIAP, 2019).
A diferencia del valle de Santo Domingo, en el de Vizcaíno hay un número más pequeño de empresas, todas con campamentos residenciales de gran tamaño. En 2014, en la región había siete empresas agroexportadoras que tenían campamentos agrícolas, las cuales concentraron 83.8% de la superficie sembrada y 93.7% de los trabajadores agrícolas. Emplearon 13 162 trabajadores agrícolas, de los cuales 93.7% eran migrantes temporales y 6.3% reclutados de colonias cercanas. En el ciclo otoño-invierno de 2014, esas empresas tenían una producción de tomate de distintas variedades y algunas de ellas la combinaban con otras hortalizas. Su uso del agua y de mano de obra era intensivo: contaban con una población en campamentos agrícolas de 12 328 residentes, de los cuales sobresalían los grupos familiares (85.1%) y los hablantes de alguna lengua indígena (41.4%) (véase Tabla 1).
Tabla 1 Comparativo de características socioeconómicas de los enclaves agroexportadores
| Características | Valle de Santo Domingo, Comondú (2015) | Valle de Vizcaíno, Mulegé (2014) |
| Número de empresas agrícolas, con y sin campamentos |
Empresas agrícolas, 47. Con campamentos agrícolas, 7. Sin campamentos agrícolas, 40. |
En total, 17. Con campamentos, 7. Sin campamentos, 10. |
| Número de campamentos agrícolas |
19 | 11 |
| Trabajadores agrícolas | En total, 7 315. En campamentos agrícolas, 4 141 (56.6%). De las colonias, 3 174 (43.4%). |
En total, 13 162. En campamentos agrícolas, 12 328 (93.7%). De las colonias, 834 (6.3%). |
| Organización del mercado de trabajo |
Las empresas con campamentos reclutan migrantes de otros estados, y las empresas sin campamento reclutan trabajadores de las colonias. | Predominan las empresas con campamentos agrícolas que enganchan migrantes de otros estados. |
| Principales cultivos | Empresas con campamentos: espárrago (4) y tomate (2). |
Tomate rojo en distintas variedades (7) (saladette, bola, cherry, roma), pepino (3); pimiento morrón (3) y fresa (2). |
| Destino de la producción | EE. UU., 5/6; nacional, 1/6. | EE. UU., 7/7; nacional, 1/7. |
| Temporada de cosecha | Octubre-diciembre (5), marzo-mayo (3). |
Tomate: octubre-enero (7), enero-junio (3). |
| Principales actores de intermediación de traslado-laboral |
Enganchadores y paneleros.* | Enganchadores. |
| Tipos de residencia | Campamento tipo galera y vivienda. Viviendas particulares en colonias. | Campamento con viviendas particulares. |
| Grupos poblacionales en los campamentos | Personas solas, 92.1%. Son indígenas, 55.2%. Son hombres, 68.9%. Son de entre 15 y 49 años, 90.5%. Personas nacidas en otro estado, 99.3%. |
Familias, 85.1%. Son indígenas, 41.4%. Son hombres, 56.3%. Son mujeres, 43.7%. Son niños menores de 15 años, 36.5%. Personas nacidas en otro estado, 81%. |
| Condiciones de campamentos agrícolas |
Aislamiento, segregación espacial y hacinamiento. |
Aislamiento, segregación espacial, hacinamiento y altas tasas de no asistencia escolar. |
*Contratistas que operan en las colonias de los centros urbanos regionales.
Fuente: elaboración propia con información del COLEF-CDI (2014 y 2015).
Aislamiento, migración y selectividad de la fuerza de trabajo
La importancia de la migración temporal para la producción agrícola es diferente en cada región. La Tabla 1 muestra que en el valle de Santo Domingo, de los 7 315 trabajadores agrícolas que conforman la mano de obra agrícola, 56.6% fue enganchado a larga distancia (en sus lugares de origen) y alojado en campamentos, y 43.4% fue reclutado en colonias cercanas y trasladado todos los días desde éstas. En contraste, en el valle de Vizcaíno, de mayor aislamiento, había 13 162 trabajadores agrícolas, de los cuales la mayoría fue reclutado a larga distancia (93.7%).
En el caso de Santo Domingo existe un asentamiento importante de trabajadores que explica el acceso a la mano de obra local, en dos núcleos de población cercanos a los 70 000 habitantes. Mientras que en el caso de Vizcaíno, con cerca de 35 000 habitantes, el proceso de asentamiento ha sido menor y su grado de aislamiento mayor (siete horas por carretera al norte o al sur de la península). El aislamiento y el poco asentamiento parecen explicar la importancia de la migración temporal y el dominio de los campamentos como forma de residencia de los trabajadores.
El concepto de selectividad migratoria fue muy utilizado en el contexto de las migraciones del campo a la ciudad en América Latina en la década de 1980. El desuso de este concepto se asoció con la masificación de las migraciones internas. Sin embargo, para el caso de las migraciones jornaleras, puede ser útil recuperar ese concepto para entender los perfiles sociodemográficos dominantes en estas regiones. En la población residente en los campamentos agrícolas del valle de Santo Domingo predominaban las personas solas (92.1%), en especial hombres (68.9%) en grupos de edades jóvenes (90.5% tenía entre 15 y 49 años), y elevados contingentes de poblaciones indígenas (55.2%). En cambio, en el valle de Vizcaíno predominaban los grupos familiares (85.1%) con un mayor balance por género (56.3% hombres y 43.7% mujeres), elevada presencia de población infantil menor de 15 años (36.5%) e importante presencia de grupos indígenas (41.4%). Tal selectividad parece asociarse con el tipo de campamento que domina en cada región (viviendas independientes versus galerones con camas individuales) y los grados de aislamiento.
La significativa presencia de indígenas, muy por arriba de la media nacional, que es de 22% entre la población jornalera agrícola (INEGI, 2015), puede estar más relacionada con las estrategias de enganche y reclutamiento de los intermediarios laborales y con las redes sociales en los pueblos de origen, que con la selectividad asociada con las formas de residencia, ya que mientras en el valle de Vizcaíno dominan los mixtecos procedentes de Guerrero y Oaxaca, en el valle de Santo Domingo dominan los nahuas de Puebla y Veracruz.
Relaciones sociales de producción de enclave
Las relaciones sociales que caracterizan el modelo de enclave en las regiones de estudio desbordan el ámbito productivo no sólo debido a la condición migratoria de los trabajadores como afirma Burawoy (1976), sino también porque tal modelo abarca la esfera de la vida íntima del trabajador a través del control de la residencia con la modalidad de campamentos, como señala Zapata (1977).
En las regiones estudiadas, las relaciones sociales de producción se basan en los dos mecanismos que propone Wright (2000) para el capitalismo industrial: el control y la explotación de la fuerza de trabajo. La condición migrante de la fuerza de trabajo que caracteriza a los enclaves agroexportadores se acompaña del control de la movilidad desde su lugar de origen y de la residencia en los lugares de trabajo, en los lugares de destino. Sin embargo, la eventualidad de la residencia de los trabajadores en estos mercados traslada su reproducción social a los lugares de origen. Al respecto, Burawoy (1976) plantea que existe una sobreexplotación de los trabajadores, debido a que la reproducción de la fuerza de trabajo descansa en otra geografía lejana. A este elemento el presente análisis agrega la intensificación del esfuerzo del trabajo y la discriminación étnica. Siguiendo la propuesta de Wright (2000), este artículo se propone analizar las variantes empíricas de tales mecanismos de control en la movilidad y la residencia, así como la explotación de la fuerza de trabajo a través de las formas de pago que existen en la agricultura industrial en los dos casos de estudio. Wright (2000), Burawoy (1976) y Bourgois (1994) coinciden en la importancia de la ideología de la inferiorización que normaliza las relaciones asimétricas a las que dan lugar el control y la explotación, por lo que se analiza la discriminación étnica que cruza la segregación laboral.
El control de la movilidad: reclutamiento, traslado y contratación laboral
En el apartado anterior se mostró la importancia del traslado de los trabajadores de larga distancia para el modelo de enclave, en particular en la región menos aislada, donde prácticamente 95.6% de los trabajadores son migrantes enganchados en sus lugares de origen, a diferencia de la región más aislada, donde sucede en 66.9% (véase Tabla 2). Krissman (2005) discute la importancia del papel de los empleadores en la organización de las migraciones laborales, en términos de selectividad, temporalidad y dirección de las migraciones. En México, en la agricultura industrial resurgieron a partir de la década de 1990 los contratistas e intermediarios laborales que reclutan en los lugares de origen no sólo mediante las redes sociales familiares y paisanales ―como los intermediarios tradicionales (Sánchez, 2012)―, sino también con vías más formalizadas e institucionalizadas por las empresas o bien a través de programas temporales de empleo de los gobiernos (Zlolniski, 2016, p. 107) para trasladar trabajadores en determinado tiempo y cantidad. El gobierno mexicano tiene una participación establecida en el traslado y la vigilancia de la contratación de los jornaleros a través de la Secretaría del Trabajo. Y hasta los años del estudio, 2014 y 2015, el gobierno entregaba apoyos de salida y arribo (600 pesos) a través de los intermediarios o empresas. Tal institucionalización de la migración laboral puede explicar que la región menos aislada, Santo Domingo, use con mayor frecuencia el sistema de contratación desde los lugares de origen y por ello sea más frecuente, a la vez, viajar solo (véase Tabla 2), con menor dependencia de las redes sociales de los propios migrantes.
Tabla 2 Formas de traslado y enganche de los jornaleros de pizca en Baja California Sur, 2014-2015
| Valle de Santo Domingo (2015) | Valle de Vizcaíno (2014) | |
| n=148 | n=526 | |
| Viajan solos | 60.0% | 30.7% |
| Viajan por enganche desde sus pueblos de origen |
95.6 % | 66.9% |
Fuente: elaboración propia con información del COLEF-CDI (2014 y 2015).
La figura del intermediario sigue vigente aun cuando sucede un proceso de asentamiento, como se da en el valle de Santo Domingo, con intermedios a corta distancia (reclutamiento de trabajadores locales); su papel de reclutador, transportista e incluso de organizador del trabajo en el campo sigue vigente con diferentes grados de institucionalización. La función de los intermediarios no sólo es organizativa, sino también de responsabilidad laboral frente a los trabajadores.
Los perfiles de la población jornalera responden a una fuerza de trabajo indígena y de baja escolaridad. En Santo Domingo la población era sobre todo de hombres solos, en su mayoría acompañados de hermanos y otros parientes o amigos, originarios de Veracruz (75.3%) ―en especial de la región de las montañas (87.5%)―, de Puebla (9.9%) y de Oaxaca (8.8%): 73.8% era hablante de lengua indígena ―sobre todo náhuatl (89.6%)―, de baja escolaridad (mediana de 6.0 años), con altas tasas de analfabetismo (17.9%), de zonas rurales (83.7%) y de municipios con alta o muy alta marginación socioeconómica (92.7%). En cambio, en Vizcaíno predominaban los originarios de Guerrero (32.2%), Oaxaca (24%) y Veracruz (23.3%): 53% era hablante de lengua indígena, sobre todo de náhuatl (47.6%), zapoteco (12%), mixteco (7.6%) y tzeltal (6.7%), de baja escolaridad (mediana de 5.2 años) y alto analfabetismo (26.4%): 58.1% proviene de zonas rurales y 64.8% de municipios con alta o muy alta marginación socioeconómica. El traslado dura entre tres y cinco días, y durante éste las personas migrantes enfrentan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (4.8%), cambios extremos de temperatura (33.4%), y se les racionan los alimentos, o se les deja sin comer (11.4%) (COLEF-CDI, 2014 y 2015).
Al pensar en los intermediarios como agentes de control laboral que operan como autoridad y como agentes disciplinarios de la fuerza de trabajo, se pueden comprender los procesos de agencia de los migrantes en el nivel micro, con la movilidad autónoma, a través de las redes sociales propias. Llama la atención que en la región más aislada, el valle de Vizcaíno, 33.1% de los jornaleros mencionen que llegaron por su cuenta y por sus propios contactos, independientes de los contratistas.
Control residencial y segregación socioespacial
Velasco, Zlolniski y Coubès (2014) analizan el control y la segregación que efectúan las empresas al concentrar a los trabajadores en campamentos aislados respecto de las colonias urbanas como signo característico de la agricultura de exportación en la década de 1980 en la región de San Quintín, Baja California. Sin embargo, desde la década de 1970, Zapata (1977) señaló tal fenómeno como una característica del enclave económico de la plantación y la mina en América Latina (véase también Bourgois, 1994). De esta forma puede sostenerse que dichos elementos constituyen eslabones que unen al actual sistema de enclave agroexportador con el de hacienda latifundista exportadora de principios del siglo XX en América Latina.3 No obstante que la literatura acerca de las company towns atendió el nexo entre producción y reproducción social a través de servicios y viviendas de los trabajadores, el análisis del papel que tiene el control de la residencia en el manejo de la fuerza de trabajo es un tema ausente en la literatura sobre el enclave y los mercados de trabajo agrícola. El estudio del proceso de asentamiento en las zonas agrícolas (Velasco, Zlolniski y Coubès, 2014) ha permitido entender la importancia que tiene, para los trabajadores y sus familias, escapar de ese control a través de la salida de los campamentos y establecerse en una residencia autónoma, fuera de la propiedad privada del empleador. Se puede considerar como un ejercicio de resistencia de la fuerza de trabajo para recuperar cierto control y tener la posibilidad de contratarse de forma libre. Según Velasco, Zlolniski y Coubès (2014), la condición de segregación y control residencial es, precisamente, uno de los motores más importantes del proceso de asentamiento de los inmigrantes en las nuevas regiones agroexportadoras del noroeste mexicano.
El control residencial otorga al empresario el control íntegro de la fuerza de trabajo, ya que los campamentos se instalan en propiedad privada y su acceso está vigilado día y noche. Durante el trabajo de campo en las regiones analizadas, se encontró que después del largo traslado desde sus pueblos, los jornaleros arriban a campamentos dispersos y aislados de los centros poblacionales, y dependen totalmente del transporte de las empresas en casos de emergencia, para las compras o la recreación los fines de semana, y para el regreso a sus lugares de origen al finalizar la temporada agrícola de cosecha.
Mientras que en el valle de Santo Domingo dominan los campamentos tipo galeras, que consisten en grandes galerones con camas individuales en literas donde puede haber 50 personas durmiendo en el mismo galerón, en el valle de Vizcaíno dominan los campamentos con viviendas independientes que, aunque pequeñas, permiten la instalación del equipamiento mínimo para rehacer una vida doméstica. A la vez, en esta última región, debido a que el asentamiento es menor, las familias dependen en mayor medida de las condiciones de vivienda de los campamentos y alargan sus estancias en ellos (36% tiene más de tres años de residencia). El aislamiento geográfico puede llevar a los empresarios a crear residencias que permitan la vida familiar y evitar ciclos de reclutamiento constantes, como sucede en el valle de Vizcaíno.
Ambas formas de residencia presentan hacinamiento. Por ejemplo, las viviendas constan por lo general de un cuarto con baños externos compartidos, mientras que en los galerones los trabajadores sólo tienen acceso a una cama de litera, sin espacio entre una y otra. En temporada alta, los campamentos tienen cuartos-viviendas de 4.4 m2 promedio por persona y los campamentos con galeras y literas ofrecen 2.9 m2 por persona. La permanencia de los trabajadores en los campamentos depende del sometimiento a las reglas sociales de éstos (no beber, no fumar, no drogarse), pero más importante, a reglas laborales informales. En el trabajo de campo identificamos las siguientes asociadas al descanso y recuperación en caso de enfermedad: la de no faltar a trabajar aunque estén enfermos, por lo que no pueden quedarse en el campamento; si faltan por enfermedad, aunque sea justificada, no se les paga el día y se les castiga con más días sin trabajo; si el trabajador no quiere trabajar horas extras, también se le castiga con más días sin trabajo; si se quejan de las condiciones laborales o se organizan para defender sus derechos a huelga, trabajo y salario digno, se los expulsa de forma automática. El control laboral invade la vida íntima de los trabajadores y constriñe sus opciones de descanso y reposición básica de su fuerza de trabajo.
La empresa ofrece a cambio servicios sin cobro directo de alojamiento con baños colectivos, lavaderos y a veces un dispensario médico que casi nunca tiene horarios regulares ni el equipamiento o medicamentos básicos. Además, se ofrece un servicio de comida (servicio de abonados) en el que por un pago anticipado de 200 a 400 pesos semanales se brindan dos o tres comidas diarias. Las empresas ofrecen transporte de regreso al lugar de origen sólo al final de la temporada agrícola alta, por lo cual cualquier trabajador que desee retornar antes debe esperar o hacerlo bajo su propio costo. Esta condición puede explicar el significativo porcentaje de familias que viajan por su propia cuenta, en el caso de Vizcaíno y que les otorga libertad de movilidad.
Las condiciones antes descritas estimulan que las empresas agrícolas operen los campamentos con discrecionalidad y tengan el control no sólo de la movilidad, sino también de las condiciones de residencia y de la vida íntima y comunitaria de sus trabajadores a través de un complejo sistema de intermediarios laborales que operan más allá de la línea de producción en el campo y que coincide con el modelo multinivel del sistema corporativo de alimentos (corporate food regime), estudiado por Garrapa (2017) en California, EE. UU.
Explotación precaria: eventualidad e intensificación del trabajo
Según De Oliveira (2006), en América Latina se tiende a la precariedad laboral, cuya característica es la inestabilidad del trabajo acompañada de un deterioro de sus condiciones. El enfoque de precariedad ha permitido comprender las condiciones de trabajo del amplísimo espectro de la población en la economía informal de América Latina. Para el estudio de las relaciones sociales que prevalecen en la producción agrícola de exportación, proponemos combinar la propuesta de precariedad con la de explotación laboral. De acuerdo con Guadarrama, Hualde y López (2012), la primera no sólo está centrada en la inestabilidad, sino también en la inseguridad como parte de lo que Castel (2010) considera el cambio estructural del capitalismo industrial al capitalismo flexible. La segunda mantiene la relación salarial y la vigencia del antagonismo político, entre trabajadores y patrones, tal como propone Wright (2000), aun cuando en la vida cotidiana ese antagonismo se diluya a través de los intermediarios, en el caso de estudio. Este encuentro conceptual nos lleva a proponer el concepto de explotación precarizada debida a dos elementos empíricos: la inestabilidad del empleo o eventualidad, como lo llaman Pedreño et al. (2015, p. 156), y la intensificación del trabajo, observada a través de las formas de pago y el tiempo de trabajo, que es la duración de la jornada diaria y el número de días laborales a la semana. Si bien la tecnología ha logrado romper relativamente la dependencia que hay entre la producción y el ciclo natural de los cultivos, lo cierto es que aún se mantiene la vigencia de las formas de trabajo y pago dominantes en las temporadas alta y baja.
El concepto de intensificación se ha aplicado más a los recursos naturales y tecnológicos de la producción agrícola y no tanto a la fuerza de trabajo, por lo que acudimos al concepto marxista de explotación como la usurpación legítima de la fuerza de trabajo (Wright, 2000) con una inversión energética no homologable entre los sujetos de la producción, que en este caso incluye el control de la movilidad geográfica y de la residencia en campamentos.
Como se observa en la Tabla 3, la mayoría de los contratos son por seis meses, o cuando mucho de un año, lo que lleva a la suspensión constante de las prestaciones laborales, en el caso de que las tengan, puesto que 26 y 32% de los trabajadores de cada región, respectivamente, no están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo cual se asume que tienen contratos de palabra y que quedan excluidos del sistema de seguridad social de salud.
Tabla 3 Condiciones laborales de la población jornalera de 12 años o más, según el enclave
| Indicadores | Santo Domingo (%) | Vizcaíno (%) |
| No tiene IMSS | 31.9 | 25.5 |
| No firmó un contrato por escrito con la empresa |
16.9 | 41.4 |
| Duración de contrato: | 100.0 | 100 |
| Menos de 6 meses o al terminar la temporada |
94.8 | 65.2 |
| De más de 6 meses a menos de 1 año |
4.2 | 31.9 |
| De base o de tiempo indefinido | 1.0 | 2.9 |
| Trabajadores con contrato colectivo a través de un sindicato |
9.9 | 9.8 |
| No se les pagan horas extras | 76.9 | 11.1 |
| No se les paga un día por cada 6 días trabajados |
80.8 | n. d. |
| No descansa el domingo | 86.1 | 44.4 |
| Trabajo de menores (de entre 12 y 17 años) | ||
| Porcentaje de menores de entre12 y 17 años con respecto al total de jornaleros |
3.7 | 5.7 |
| Porcentaje de la población de entre 12 y 17 años que trabaja |
n.d. | 20.5 |
| Mediana de horas semanales trabajadas | 56.0 | 52.7 |
| Principales formas de pago | 100.0 | 100 |
| Por tarea | 17.2 | 18.2 |
| Por destajo (bote, cubeta o caja) | 23.0 | 28.2 |
| Por jornal o día | 46.6 | 44.6 |
| Por hora | 0 | 4.8 |
| Por sueldo fijo o salario semanal | 13.2 | 3.6 |
| Otro | 0 | 0.6 |
| Mediana de salario mensual (pesos corrientes) |
5 093 | 3 986 |
| Mediana de salario promedio diario (pesos corrientes) |
164 | 142.9 |
| Mediana de salario promedio por hora (pesos corrientes) |
23.5 | 16.9 |
| Pobreza por ingresos (%) | ||
| Pobreza alimentaria | 11.5 | 15.4 |
| Pobreza patrimonial | 28.1 | 43.6 |
Fuente: elaboración propia con información de Velasco y Hernández (2018) y bases de datos de encuestas a residentes de campamentos de Comondú y Vizcaíno (COLEF-CDI, 2014 y 2015).
En la tabla anterior, se puede observar la heterogeneidad de las formas de pago, de las cuales sobresalen por jornal o día, por tarea, y por destajo, las cuales en su conjunto agrupan 86 y 91% en valle Santo Domingo y Vizcaíno, respectivamente. Detrás de esta heterogeneidad, están presentes la inestabilidad y la intensificación laboral, debido al pago por destajo o por tarea. La inestabilidad se debe a que al trabajador se lo emplea sólo por día, de tal forma que puede trabajar menos de los cinco días a la semana. Y la intensificación implica que un solo trabajador puede cosechar o realizar el trabajo de varios trabajadores si éstos lo hacen a un ritmo normal en una unidad de tiempo mayor.
La mayoría de los jornaleros trabajan de ocho a diez horas diarias entre seis y siete días y acumulan una mediana de entre 52 y 56 horas semanales de trabajo. El análisis de los niveles de salario debe considerar la relación entre intensidad y duración de la jornada laboral y la naturaleza de los días trabajados (por ley se procura que el día de descanso sea el domingo), con una mediana de 4 000 a 5 000 pesos, más del doble del salario mínimo de 2014 y 2015. A la intensificación por día, se puede agregar la intensificación a lo largo de la semana, registrada a través de las violaciones laborales que expresan los trabajadores. En Santo Domingo registramos que a 76.9% de los jornaleros no se le pagaba horas extras trabajadas, a 80.8% no se le pagaba un día de descanso por cada seis días trabajados y 86.1% no tenía descanso los domingos. Sin embargo, no hay registros de salario a lo largo de un año que permitan observar cuánto se paga en temporada alta y cuánto en temporada baja para calcular una media mensual. Así, la polémica sobre el salario jornalero debe considerar estos dos elementos: que la modalidad del salario no es constante y que el salario semanal o mensual incluye el componente del destajo, que implica un mayor desgaste de energía y de salud del trabajador (Holmes, 2013).
Tal polémica estuvo presente en las mesas de negociación entre jornaleros, voceros empresariales y autoridades de gobierno, a raíz de las movilizaciones laborales del valle de San Quintín en 2014.4 Dicha polémica tuvo el aumento salarial como tema de conflicto álgido. Mientras los voceros empresariales tomaban los salarios más elevados de la temporada alta para ejemplificar lo apropiado de éstos, los representantes de los trabajadores agrícolas se referían a los salarios más bajos o a los promedios de las temporadas bajas. Las visiones antagónicas en las relaciones de producción surgen de posiciones de poder frente a los mecanismos de explotación precarizada pero legitimada de forma contractual. La interpretación sociológica de tal antagonismo remite a los términos de las condiciones de reposición de la fuerza de trabajo y a la precarización vital individual y familiar de una clase social.
Segregación étnica laboral: discriminación y naturalización de las desigualdades
Escobar, Martin y Stabridis (2019), Lara (2012) y Velasco, Zlolniski y Coubès (2014) en México, Bourgois (1994) en Costa Rica y Holmes (2013) en Estados Unidos han realizado investigación especializada sobre la producción agrícola de exportación que ha mostrado la existencia de la segregación étnica y de género de forma vertical y horizontal. La segregación horizontal muestra, por ejemplo, más mujeres no indígenas en el empaque, y la segregación vertical, más hombres indígenas en la pisca o jornal de campo.
En las regiones estudiadas la fuerza de trabajo está constituida en su mayoría por jornaleros agrícolas (entre 63 y 77.5% de 12 años de edad o más) ocupados en la pisca, y en menor medida por empacadores (entre 12.9 y 19.4%). Analizando la segregación étnica por ocupación, se encontró que los hablantes de lengua indígena muestran mayor concentración entre los jornaleros en comparación con su contraparte no hablante de lengua indígena, tanto en el valle de Santo Domingo (61.7% versus 16.0%) como en el valle de Vizcaíno (77.6% versus 52.1%), como se muestra en la Figura 2.
Fuente: elaboración propia con información del COLEF-CDI (2014, 2015).
Figura 2 Distribución porcentual de la población de 12 años o más por ocupación, según región y condición de habla indígena, 2014-2015
A su vez, entre aquellos ocupados como jornaleros, predominan los hablantes de lengua indígena, en Santo Domingo, 73.8%; y en Vizcaíno, 53%. En el empaque y otras ocupaciones los hablantes de lengua indígena tienen menor participación (véase Figura 3). Esta relación entre ocupación y pertenencia indígena es significativa en términos estadísticos: es moderada para el valle de Vizcaíno (0.2832) y fuerte para el de Santo Domingo (0.5965).5
Fuente: elaboración propia con información del COLEF-CDI (2014 y 2015).
Figura 3 Porcentaje de la población de 12 años o más que habla alguna lengua indígena, por ocupación, 2014-2015
La tesis de que la segregación ocupacional étnica tiene una base estructural e ideológica implica que los patrones y los enganchadores tengan la preferencia de elegir personas pertenecientes a los grupos indígenas para trabajar como jornaleros, dados ciertos prejuicios y estereotipos.6 Por consiguiente, si los potenciales trabajadores tienen las mismas características sociodemográficas (sexo, edad, lugar de origen y nivel de pobreza), y sólo varía su lengua, los empleadores tendrán una preferencia sistemática para reclutar y ocupar como jornaleros agrícolas a las personas hablantes de alguna lengua indígena. Para abonar información a esta discusión se busca responder esta pregunta, ¿las personas hablantes de lengua indígena tienen mayor propensión a trabajar como jornaleros que los no hablantes de lengua indígena?
Para encontrar la respuesta se realizó un modelo de regresión logística binaria a partir de la población ocupada de 12 años y más, donde la variable dependiente es la condición de trabajar como jornalero de pizca (1 = jornalero, 0 = no jornalero). La variable independiente que interesa examinar es la condición de habla de lengua indígena. Entre las variables de control se incluyen el sexo, la edad, la situación conyugal, los años de escolaridad, el tipo de localidad de nacimiento, el estado donde nació y el grado de marginación socioeconómica del municipio de nacimiento. Las Tablas 4 y 5 muestran los resultados para cada región.
Tabla 4 Resultados de regresión logística. Valle de Santo Domingo
| N | = | 547 | |
| LR chi2 (7) | = | 277.61 | |
| Prob > chi2 | = | 0.0000 | |
| Pseud R2 | = | 0.3681 | |
| Variable | Exp(ß) | Error estándar | p-valor |
| Sexo Mujer* |
|||
| Hombre | 4.120 | 1.130 | 0.000 |
| Años de edad | 0.984 | 0.015 | 0.284 |
| Conyugal Unido* |
|||
| Soltero | 0.918 | 0.230 | 0.732 |
| Otro | 0.209 | 0.185 | 0.077 |
| Lengua indígena No habla lengua indígena* |
|||
| Habla lengua indígena | 15.771 | 3.757 | 0.000 |
| Años de escolaridad | 0.866 | 0.036 | 0.000 |
| Tipo de localidad de nacimiento Urbano* |
|||
| Rural | 1.789 | 0.534 | 0.051 |
| Constante | 0.214 | 0.149 | 0.027 |
Nota: el modelo excluye las variables de entidad federativa de nacimiento y grado de marginación socioeconómica del municipio de nacimiento, debido a que las celdas de las tablas de contingencia de esas variables con la variable dependiente son menos de 30 casos de muestra.
*Indica la categoría de referencia utilizada en cada variable del modelo.
Fuente: elaboración propia con información del COLEF-CDI (2015).
Tabla 5 Resultados de regresión logística. Valle de Vizcaíno
| N | = | 1 557 | |
| LR chi2 (7) | = | 305.72 | |
| Prob > chi2 | = | 0.0000 | |
| Pseud R2 | = | 0.1492 | |
| Variable | Exp(ß) | Error estándar | p-valor |
| Sexo Mujer* |
|||
| Hombre | 0.871 | 0.122 | 0.325 |
| Años de edad | 0.952 | 0.006 | 0.002 |
| Parentesco Jefe* |
|||
| Pareja | 1.427 | 0.219 | 0.021 |
| Hijo | 1.636 | 0.489 | 0.100 |
| Otro | 1.762 | 0.348 | 0.004 |
| Situación conyugal Unido* |
|||
| Soltero | 1.160 | 0.223 | 0.438 |
| Otro | 1.158 | 0.316 | 0.589 |
| Estado de nacimiento Guerrero* |
|||
| Oaxaca | 0.600 | 0.104 | 0.003 |
| Sinaloa | 0.107 | 0.030 | 0.000 |
| Veracruz | 0.524 | 0.088 | 0.000 |
| Otro | 0.762 | 0.149 | 0.163 |
| Lengua indígena No habla lengua indígena* |
|||
| Habla lengua indígena | 1.267 | 0.261 | 0.000 |
| Años de escolaridad | 0.938 | 0.017 | 0.000 |
| Tipo de localidad de nacimiento Urbano* |
|||
| Rural | 1.113 | 0.138 | 0.389 |
| Grado de marginación socioeconómica del municipio de nacimiento Bajo o muy bajo* |
|||
| Medio | 1.617 | 0.295 | 0.008 |
| Alto o muy alto | 1.410 | 0.259 | 0.062 |
| Constante | 3.097 | 0.987 | 0.000 |
*Indica la categoría de referencia utilizada en cada variable del modelo.
Fuente: elaboración propia con información del COLEF-CDI (2014).
En estas tablas se puede observar que, en las dos regiones de estudio, después de controlar por variables sociodemográficas clave, las personas hablantes de alguna lengua indígena tienen mayor propensión a ser empleadas como jornaleras agrícolas en comparación con las personas no hablantes de alguna lengua indígena (p-valor < 0.01), y este resultado tiene diferente peso según la región de estudio. Es decir, en el valle de Santo Domingo, el hecho de hablar alguna lengua indígena incrementa en 15.77 veces la propensión a ocuparse como jornalero agrícola en comparación con no hablar una lengua indígena (categoría de referencia), mientras que en el caso del valle de Vizcaíno la propensión aumenta 1.26 veces. Esto apunta a que existe no sólo un proceso de segregación, sino también de discriminación sistemática de base étnica. Para comprender este mecanismo de segregación y discriminación, acudimos a la dimensión simbólica de las relaciones sociales, como relaciones de poder. En coincidencia con Bourgois (1994) y Holmes (2013), se observa tanto la normalización como la naturalización de una mayor explotación de los jornaleros indígenas debido a la construcción de una supuesta inferioridad cultural. La ideología nacionalista de la dicotomía indígena/mestizo fija la identidad como diferencia inferior y simbólicamente legitima las jerarquías sociales en los sistemas de enclave estudiados. El resultado es una normalización de la segregación laboral de ciertas categorías a puestos específicos de trabajo con menos ingresos o prestaciones, por líneas de etnicidad, que incluso los propios trabajadores han interiorizado.
Conclusiones
En este artículo se ha ofrecido una caracterización sociológica de las relaciones sociales de producción, a través de los mecanismos de control de la mano de obra en dos regiones de agricultura de exportación. Tal caracterización define el enclave agroexportador como un proceso histórico, aunque reciente en términos regionales, pero que tiene raíces en las formas de producción capitalistas de principios de siglo XX a escala continental. La globalización alimentaria y los cambios en la economía política de la producción agrícola en el marco de la política neoliberal obligan a enfatizar las dimensiones de conexión y flujo en cadenas de valor. Una dimensión importante en esta caracterización del enclave es la territorial, y en particular lo que hemos llamado aislamiento geográfico, por el grado de ausencia de vías de comunicación y sus implicaciones en la movilidad autónoma de los trabajadores. Esta dimensión es aún más evidente cuando se trata de un territorio peninsular, el cual comparten ambas regiones, al que sólo se accede por tierra desde el norte y por mar desde el sur, pero que a la vez posee intensas conexiones económicas con Estados Unidos.
El traslado a corta y larga distancia y el uso de campamentos como mecanismos de control laboral son estrategias que responden a los requerimientos de trabajo en tiempo y cantidad según los cultivos. Ambos mecanismos son sensibles al grado de aislamiento geográfico de las regiones, con consecuencias en la organización del trabajo y con repercusiones para las condiciones del trabajador y su familia. El valle de Vizcaíno es la región más aislada: la mayoría de sus trabajadores viven en campamentos, mientras que en el valle de Santo Domingo un poco más de la mitad vive en ellos. Y en forma contrastante, los trabajadores en la región más aislada son familias (Vizcaíno), frente a los trabajadores en la región menos aislada, que en su mayoría son hombres solos (Santo Domingo). Esta distinción de la estrategia de la migración, individual o colectiva, responde más bien al tipo de campamento que ofrece cada región, ya que mientras que en la primera región los campamentos son viviendas que pueden albergar familias, en la segunda son campamentos tipo galera, donde no hay espacio más que para dormir, lo cual disminuye la posibilidad de recrear las formas de convivencia íntima. Las consecuencias sociológicas de estos mecanismos de control de la mano de obra son la segregación residencial y la existencia de intermediarios que delinean la dirección de la movilidad laboral como una estrategia de reclutamiento y que constituye una expresión de la industria de la migración.
Además de la segregación residencial, este estudio encontró la segregación laboral con líneas étnicas, tal como lo han reportado otros estudios. En este caso tal segregación opera entre los puestos de trabajo de jornalero o empacador, al observar que los trabajadores de habla indígena tienen proporciones bastante más altas en la pizca que en el empaque. La discriminación, debido a lo sistemático de la segregación por puesto de trabajo, es mayor en Santo Domingo, el cual tiene un grado de aislamiento menor debido al tipo de residencia en galera y mayor proporción de hombres solos que permanecen menor tiempo en la región. Estos datos apuntan a que el menor aislamiento se puede asociar a la mayor movilidad, por lo que los trabajadores pueden ser reemplazados con mayor frecuencia, y a que las redes de reclutamiento operan en regiones con mayor composición indígena. La relación entre segregación y discriminación, en este caso étnica, obliga a pensar en el peso de la dimensión simbólica de la opresión que conjuga la inferiorización cultural y la explotación laboral en el capitalismo flexible.
Por último, otra dimensión característica de los enclaves estudiados es la forma que toma la precarización en el empleo agrícola a través de dos mecanismos de explotación laboral: la eventualidad y la intensificación. Aunque la tecnología ha permitido ciclos anuales de producción en algunos cultivos, sigue habiendo ciclos de alta y baja producción que requieren mano de obra variable. Esta eventualidad o temporalidad del empleo agrícola hace difícil tomar el indicador del monto del salario como una medida aislada de precarización, debido a la diversidad de formas de pago a lo largo de los ciclos de producción. Así, en este artículo, se considera que la inestabilidad del salario es el indicador adecuado, pues se asocia con la incertidumbre constante sobre los ingresos para asegurar un nivel apropiado de reproducción de la fuerza de trabajo.
Aunado a esta eventualidad, se encuentra el segundo mecanismo de intensificación laboral, el trabajo a destajo o por tarea, que exige un esfuerzo adicional y que implica un mayor gasto de energía humana en una unidad de tiempo determinada (por hora o por día). A esta intensificación hay que agregar el incremento de horas o días de trabajo. En el marco de tal complejidad de las formas de pago y del esfuerzo humano que corresponde, se anida a su vez la complejidad de la sobreexplotación no sólo porque no se paga lo que corresponde por el trabajo, sino también porque se ponen en peligro constante la reposición y la reproducción de la vida humana a largo plazo, aun cuando se haga en el marco de la norma legal nacional.
