Introducción

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas:

se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. (^{Organización de Naciones Unidas, 2006, Art. 2}).

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenta con un registro histórico ―que comprende desde el 15 de marzo de 1964 al 13 de julio de 2002― de 177 844 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 73 201 (41.16%) permanecen desaparecidas; 104 643 (58.84%) han sido localizadas, 6 401 (6.12%) localizadas sin vida y 98 242 (93.88%) localizadas con vida. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de julio de 2020, en el sexenio presidencial de Andrés Manual López Obrador, se han registrado 63 523 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 27 871 (43.88%) permanecen desaparecidas, 35 653 (56.12%) han sido localizadas, 2 352 (6.52%) localizadas sin vida y 33 327 (93.48%) localizadas con vida (^{Comisión Nacional de Búsqueda, 2020}). La desaparición forzada ha pasado de ser un atentado selectivo que apunta a las individualidades (^{Deotté, 2015}) a ser una catástrofe, como señala ^{Gatti (2011)} cuando alude mediante este término a una situación de inestabilidad estable o de excepción permanente, propiciada por la ausencia de instituciones capaces de regular los desajustes sociales.

La desaparición forzada ha superado la figura del desaparecido originario (^{Gatti, 2017}) cuyo victimario es el Estado (^{Aguayo, 2015}). Esta situación ha dado cabida a manifestaciones más complejas e indeterminadas, como los levantados, los encajuelados, los muertos en ácido, los descabezados, los migrantes descuartizados, las mujeres tratadas, asesinadas, violadas o despedazadas. Ni el Estado ni los agentes paraestatales son necesariamente los responsables directos de estos hechos (^{Gatti e Irazuzta, 2019}). Y es que las nuevas formas de desaparición obedecen a mecanismos de control social y territorial que incluyen el de los flujos migratorios.

Este escenario implica que las fronteras entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad son porosas. ^{Osorno (2017)} argumenta que en México existe una necropolítica que dicta quién muere o desaparece en el país, implementada por máquinas de guerra que consisten en grupos especializados para el combate. Estos grupos mantienen diversos tipos de vínculos con el Estado, desde la autonomía hasta la incorporación. La presencia de estas máquinas indica que el Estado ha perdido el monopolio de la violencia y que incluso recurre a la aplicación extrajudicial de ella ante la incapacidad de conservar el orden legal (^{Benjamin, 1991}).

La región noreste de México, que comprende los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, es la más afectada por este delito. En ella se registra un poco más de la tercera parte nacional de los casos (^{Enciso, 2016}). El “Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la desaparición de personas y las fosas clandestinas” indica que entre 1995 y agosto de 2015 desaparecieron 5 417 personas en Tamaulipas, de las cuales 1 303 eran mujeres y 4 114, hombres. De estas personas, 3 140 contaban con la mayoría de edad y 633 eran menores de edad. De éstos, 352 eran niñas y 281, niños. Cabe señalar que en 1 644 casos no se precisa la edad de las víctimas. De acuerdo con el informe, Tamaulipas, Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que presentan mayor incidencia de personas desaparecidas a escala nacional (^{Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017}).

El aumento de los homicidios y de las desapariciones en Tamaulipas está asociado con factores históricos y coyunturales (^{Zárate y López, 2017}), como la ubicación geográfica, la intensificación del conflicto entre organizaciones rivales, la militarización de las ciudades, la corrupción de funcionarios gubernamentales, el desarrollo de redes macrocriminales entre el gobierno estatal y los grupos del crimen organizado, la deficiencia extrema en la procuración de justicia, la cooptación de las autoridades a escala local, entre otros que han elevado la violencia en el estado a niveles nunca antes vistos, convirtiéndolo en un territorio inaccesible para la sociedad civil (^{Correa-Cabrera, 2017}).

Al principio los grupos criminales en la entidad realizaban actividades como el contrabando, el robo de autos, el control de giros negros o la prostitución, pero durante la década de 1980 se incrementaron las actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994), el Cártel del Golfo se posicionó como uno de los más poderosos del país. En el sexenio siguiente, el presidente Ernesto Zedillo (1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000) ordenó la creación de unidades militares especiales para el combate al crimen organizado, de las cuales algunos de sus miembros fueron cooptados por el Cártel del Golfo para cumplir funciones de seguridad y a la postre se convirtieron en los fundadores de Los Zetas (^{Gibler, 2012}). Éstos conformaron una franquicia criminal que se expandió para el control de territorios no sólo de la región noreste, sino también del centro y del sur de México (^{Ravelo, 2013}), en particular en las regiones con abundantes recursos naturales, como hidrocarburos u otros recursos alternativos necesarios para generar energía (^{Correa-Cabrera, 2018}).

Las desapariciones en Tamaulipas no sólo son preocupantes por la cantidad, sino además por el contexto de violencia extrema en el que suceden. El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (^{ODI, 2019}) muestra en el análisis de 166 casos de desaparición, registrados entre 2001 y 2017, que 84% de éstos fueron eventos colectivos, es decir, que las víctimas fueron capturadas en grupo, lo que sugiere que la desaparición es perpetrada por organizaciones que tienen una estructura criminal compleja, como la de Los Zetas. En la mayoría de los casos no hubo testigos (79%) y se desconocen los detalles en que las víctimas fueron capturadas (76%). La falta de documentación y de registro de las desapariciones puede entenderse por la ausencia de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que se deriva de los altos niveles de violencia en el Estado.

Las víctimas de desaparición en Tamaulipas son principalmente varones y mujeres jóvenes en proceso de formación profesional o en edad productiva, aunque los demás grupos de edad también son vulnerables. La entidad se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del país para migrantes nacionales y extranjeros (^{Padgett, 2016}). Los lugares más comunes de desaparición son los medios y las vías de transporte (54%), le siguen los sitios relacionados con la víctima (26%) y los espacios relacionados con la autoridad (13%). Es lamentable que la gran mayoría de las personas desaparecidas en Tamaulipas continúen desaparecidas (92%). Sólo 8% ha aparecido, de ellos 5% con vida y 3% sin vida (^{ODI, 2019}).

Frente a este escenario de desapariciones en Tamaulipas, no es de extrañar la proliferación de fosas clandestinas en espacios abiertos, panteones, ranchos o casas privadas para enterrar los restos de las personas desaparecidas. Incluso, para no dejar rastros, se incineran o se disuelven los cuerpos en lo que el común de la gente denomina cocinas. El contexto de impunidad es sostenido por el Estado mediante la construcción de un marco bajo el que se crea una distinción reduccionista entre víctimas inocentes, sospechosas o culpables, debido a la presunción de asociación o de resistencia al crimen organizado, lo cual impide que cualquier pérdida o ausencia se reconozca como una vida humana insustituible. Tan sólo las víctimas se convierten en una cifra abstracta o en el daño colateral de la estrategia de seguridad (^{Olalde, 2015}; ^{Schedler, 2018}). Suponer que las víctimas son inocentes, culpables o sospechosas conlleva el riesgo de olvidar que todas ellas son esencialmente víctimas. Esa conjetura obstaculiza el reconocimiento público del valor de sus vidas e impide la expresión abierta del dolor social que provoca su pérdida.

Las desapariciones tienen serias repercusiones en lo individual, lo colectivo y lo social. La tendencia a enfocarse en el registro de los casos ha limitado el reconocimiento y la atención a las víctimas directas e indirectas de la desaparición. El evento mismo y su contexto provocan consecuencias. La negación por parte del Estado de las víctimas y de sus necesidades, así como las actitudes y los significados sociales que se atribuyen a la desaparición, agudizan su efecto. Las víctimas indirectas suelen desarrollar padecimientos físicos, como estrés crónico, agotamiento, trastornos digestivos, pérdida de peso y problemas cardiovasculares, entre otros. Las afectaciones en la salud mental incluyen crisis de ansiedad, síntomas depresivos, ideación e intento suicida (^{Retama y Rojas, 2019}).

La desaparición como pérdida ambigua

La desaparición es un estado liminal, caracterizado por la imposibilidad de ser definido socialmente (^{Robledo, 2016}). De acuerdo con ^{Gatti (2011)}, se trata de una situación singular debido a que hay una disociación entre la identidad y el cuerpo. Un individuo ha perdido su ciudadanía y ha sido expulsado al territorio del afuera; también pierde su nombre, su historia y su espacio.

Estas condiciones truncan en los familiares el proceso de duelo, pues no hay acceso a la verdad jurídica sobre la desaparición y porque hay incertidumbre sobre el paradero de la persona, lo cual provoca angustia por el riesgo a perderla si está viva, o dolor por creer que ya ha muerto. Cuando no se cuenta con el cuerpo del familiar, se impiden los rituales culturales del funeral, el entierro o las ceremonias religiosas. Sin ellos se restringe la elaboración de la ambivalencia afectiva hacia la persona o la deslibidinización del objeto amado para dirigirse a otros objetos; se paraliza el reconocimiento público de la muerte y la construcción de memoriales para honrar a la persona. Incluso se frena el tránsito de su alma hacia otro mundo, de acuerdo con las creencias de diversos grupos religiosos (^{Zorio, 2011}).

La singularidad de la desaparición forzada requiere el cuestionamiento de algunas nociones tradicionales asociadas con el duelo. Aunque antes el duelo era considerado una reacción normal ante la pérdida de un ser querido, se cree ahora que existen patologías del duelo, como el trastorno por duelo prolongado o el trastorno por duelo complejo persistente. Ambos se diagnostican en caso de una muerte confirmada, y reflejan la dificultad para realizar tareas centradas en la pérdida y de restauración de las funciones cotidianas. Entre sus síntomas, están el anhelo continuo de la persona fallecida, dificultades de identidad para mantener relaciones y establecer vínculos, no poder continuar con la vida, falta de aceptación de la pérdida, evitar los recordatorios sobre el acontecimiento, malestar emocional, preocupación por la persona y la pérdida de sentido (^{Jordan y Litz, 2014}).

Sin embargo, tales síntomas son inapropiados para analizar el malestar de los familiares, amigos y comunidades de las personas desaparecidas, pues parten de la idea de que existe un tiempo determinado para que el duelo se considere patológico, que en el caso de la desaparición puede prolongarse por años debido a la falta de información y de certeza sobre el estado del desaparecido. La temporalidad del duelo también es cuestionable debido a las diferencias culturales sobre la concepción de la muerte y su manejo. A lo largo de la historia, se ha considerado que el duelo ocurre en una serie de etapas lineales y que tiene un punto final si ocurre de forma normal, pero las condiciones de la desaparición impiden el cierre de este proceso. ^{Boss y Carnes (2012)} han advertido sobre el riesgo de asignar una patología a los familiares en forma injusta, cuando no se toma en cuenta el tipo de pérdida y el contexto en el que sucede.

Un concepto que puede emplearse para comprender la experiencia de los familiares y de las personas cercanas a las víctimas de desaparición forzada es el de pérdida ambigua: una situación en la que no se sabe si la persona se encuentra viva o muerta. La desaparición forzada se corresponde con el tipo de pérdida ambigua cuando las personas están físicamente ausentes, pero se mantienen psicológicamente presentes (^{Boss, 2002}). Tras la desaparición, las familias viven fuertes cambios en su dinámica. Se producen tensiones entre sus miembros, sobrecarga de responsabilidades, culpa excesiva e incluso la vivencia de una segunda desaparición: la del familiar que sólo se dedica a las labores de búsqueda (^{Retama y Rojas, 2019}). La pérdida ambigua tiene implicaciones en la estructura familiar, ya que los miembros pueden tener percepciones distintas respecto a quiénes integran la familia (física o psicológicamente), y esto deriva en una confusión de los roles, en el aplazamiento de decisiones importantes y en la interrupción de las tareas cotidianas o rituales. A su vez, tiene implicaciones psicológicas, pues produce ambivalencia afectiva, malestar emocional, bloqueo de la cognición debido a la incertidumbre y detención del proceso de duelo (^{Boss, 2004}).

De acuerdo con el modelo contextual de estrés familiar (^{Boss, 2016}), se considera que la pérdida ambigua es una situación que provoca estrés crónico, sobre todo porque produce ambigüedad en las fronteras de la familia, es decir, en las percepciones que tienen sus integrantes sobre la persistencia de la persona desaparecida como miembro de la familia. Un alto nivel de ambigüedad incrementa el estrés y afecta la salud mental, aunque ello depende de los recursos individuales, familiares y comunitarios con los que se cuenten. El proceso de afrontamiento de la pérdida ambigua está condicionado por un contexto externo en el que intervienen aspectos institucionales, sociales, culturales y políticos (^{Boss, 2016}).

^{Heeke y Knaevelsrud (2015)} señalan que los familiares de las personas desaparecidas sufren mayor malestar psicológico que las personas en duelo por muertes confirmadas, mayor severidad en los síntomas de depresión y reacciones prolongadas de duelo. Entre los factores de riesgo que contribuyen a presentar problemas de salud mental, se encuentran la exposición a eventos traumáticos, la falta de apoyo social y de rituales de duelo, así como las dinámicas de conflicto familiar. Las consecuencias en la salud mental pueden persistir más de veinte años después de la desaparición o muerte de un familiar en términos de síntomas depresivos, complicaciones del proceso de duelo o síntomas de trastorno por estrés postraumático, como escenas retrospectivas, sustos o entumecimiento (^{Pérez-Sales, Durán-Pérez y Bacic, 2000}).

Para ^{Boss (2007)}, la pérdida ambigua es un fenómeno relacional y sus causas se encuentran en el contexto. Más que una patología individual, puede considerarse un sufrimiento ocasionado por la incertidumbre crónica, inherente a la situación (^{Boss, 2016}). En estas circunstancias es erróneo diagnosticar a los familiares con trastorno por estrés postraumático, porque la pérdida ambigua produce en el individuo un sufrimiento que tiene un origen social, y el hecho de una desaparición niega de forma implícita la intencionalidad ideológica de la violencia, que garantiza la impunidad, un factor determinante para la prolongación del sufrimiento. A su vez, considerar el problema como individual promueve el uso de tratamientos individuales, mientras que mantener su origen social permite atenderlo a través de intervenciones sociales y comunitarias (^{Pérez-Sales, Durán-Pérez y Bacic, 2000}).

La pérdida ambigua no tiene el mismo impacto en todos los miembros de la familia. Depende de variables individuales, como las atribuciones (por ejemplo, que el hijo andaba en “malos pasos”), las creencias, el nivel de tolerancia a la ambigüedad, la orientación que se tenga para el control o el pensamiento dialéctico, que es la capacidad de mantener en forma simultánea dos ideas opuestas (^{Boss, 2004}). Debido a las diferencias de género socialmente construidas, las madres, ante la pérdida de un hijo, pueden ser más vulnerables a la alteración de la salud mental (^{Kersting y Kroker, 2010}). De acuerdo con ^{Maier (2001)}, la desaparición forzada puede representar para ellas la ruptura de la vida cotidiana y de su identidad, debido a que si se ha construido la feminidad en torno a la maternidad y al cuidado de los otros, se produce un sufrimiento de origen social al que se responde con la búsqueda del hijo en el espacio público, tanto de forma individual como colectiva.

Puesto que aún son pocos los estudios científicos sobre la pérdida ambigua y existe un vacío de conocimiento al respecto, la presente investigación pretende subsanar un poco esa carencia. Sin embargo, su contribución no se limita al estudio de los impactos psicosociales de las desapariciones, sino que busca proporcionar elementos para diseñar intervenciones culturalmente sensibles y para mejorar los tratamientos existentes ofrecidos en los niveles público y privado para atender a las víctimas, en particular a las madres. Por esa razón, el propósito del presente estudio es comprender la experiencia de pérdida ambigua en las madres que tienen hijos víctimas de la desaparición forzada. Se busca identificar los elementos esenciales de este tipo de pérdida, conocer las principales consecuencias psicosociales del acontecimiento y analizar la influencia del contexto sociopolítico en el sufrimiento social de las madres.

Método

Se realizó un estudio con orientación metodológica de análisis fenomenológico-interpretativo, el cual busca examinar la forma en que las personas otorgan sentido a experiencias vitales importantes. Se asume que las personas actúan en el mundo, reflexionan sobre lo que hacen y que sus acciones tienen consecuencias significativas y existenciales. Se parte de una posición intermedia entre la reconstrucción de la experiencia de la persona en sus propios términos y el empleo de perspectivas teóricas externas para profundizar en la comprensión del fenómeno (^{Smith, Flowers y Larkin, 2012}).

El trabajo de campo se realizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas (México). Las participantes fueron seleccionadas de forma propositiva, empleando como criterios de selección el tener uno o más hijos desaparecidos y que hubiera transcurrido al menos un año desde la desaparición. Se realizó el contacto a través de una asociación civil local de familiares de desaparecidos. Los datos se recolectaron en una oficina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Participaron cinco mujeres cuyas características socio-demográficas se detallan en la Tabla 1. La escolaridad de las madres era diversa: posgrado, licenciatura, carrera técnica, secundaria y primaria no concluida. Sólo una se identificó como activista, aunque todas participaban en una asociación para familiares de personas desaparecidas. Además del hijo desaparecido, tenían entre dos y tres hijos. En la mayoría de los casos, el hijo fue desaparecido en solitario. En todos los casos se negó que los hijos tuvieran cualquier pertenencia o relación con el crimen organizado.

Se realizaron entrevistas en profundidad mediante una guía con los siguientes ejes: 1) el acontecimiento de la desaparición; 2) la respuesta de las autoridades; 3) la relación con su hijo o hija antes de la desaparición; 4) la vida cotidiana durante la desaparición; y 5) las consecuencias psicosociales de la desaparición. Los ejes incorporaron tres de las categorías que propone ^{Molina (2010)} para el estudio de la memoria de personas afectadas por la violencia en un conflicto armado: hechos, sentimientos y afrontamiento. Todas las entrevistas se realizaron en una sola sesión y tuvieron una duración de entre una y dos horas.

Una vez transcritas las entrevistas, el examen se llevó a cabo mediante el procedimiento que describen ^{Smith, Flowers y Larkin (2012)} para el análisis fenomenológico interpretativo: 1) lectura de los textos; 2) elaboración de notas descriptivas, lingüísticas y conceptuales; 3) desarrollo de temas emergentes; 4) identificación de relaciones entre los temas emergentes para cada caso y 5) búsqueda de patrones a través de los casos. La interpretación de estos patrones se realizó desde una hermenéutica que buscaba aproximarse a la experiencia de las madres en sus propios términos, pero a la vez que considerara la influencia del contexto sociopolítico en la vivencia de la desaparición. Se realizó una triangulación del análisis a partir de los investigadores mediante reuniones en las que se comparaban y se discutían los patrones identificados, hasta llegar a un acuerdo sobre los más relevantes y su organización. Se presentaron los resultados a cuatro de las participantes para verificar si se aproximaban a su experiencia.

En apego a los estándares éticos de la investigación, antes de realizar las entrevistas a las participantes, se les explicó el propósito del estudio y se les entregó ―para que lo firmaran― un consentimiento informado en el que se especificaba que su participación era libre, anónima y revocable, por lo que no se solicitaron datos de identificación de las participantes, sólo algunos sociodemográficos. Se les comentó que podían abandonar la entrevista en el momento que lo desearan y que podían dejar de contestar alguna de las preguntas si ésta les parecía inapropiada o incómoda. Uno de los investigadores con experiencia clínica para brindar contención emocional llevó a cabo las entrevistas, pero ésta no fue necesaria. Una vez transcritas las entrevistas, se eliminaron los audios para mayor protección de las participantes.

Resultados

Discusión

El sufrimiento social que experimentan las madres de personas desaparecidas está enmarcado por un contexto de corrupción, impunidad e ineficacia de las instituciones del Estado que limita el proceso de investigación de los casos y contribuye a la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento (^{Zorio, 2011}). Ante tales circunstancias, las madres emprenden la búsqueda de sus hijos de forma personal o acompañada de organizaciones civiles, ante la desconfianza que tienen en el Estado. Sin embargo, dicha desconfianza no es inherente a las instituciones, sino que se va gestando en el proceso de búsqueda, en momentos clave como la denuncia, la búsqueda en fosas clandestinas, el intento de colaboración con otras procuradurías estatales y, de manera primordial, por la percepción que tienen de que la búsqueda está burocratizada y de que sus hijos se reducen a números y expedientes. El cuidado de su propia salud pasa a segundo plano, pues lo esencial para las madres es la recuperación de su hijo, vivo o muerto, más que la obtención de una verdad jurídica, histórica o clínica (^{Palma, 2016}).

La ausencia del cuerpo impide las ceremonias tradicionales que se realizan en caso de una muerte verificada. La ambigüedad inherente al suceso limita la respuesta de los miembros de sus redes sociales, quienes se alejan al no saber cómo lidiar con el dolor de las madres (^{Robins, 2016}). El aislamiento de las madres también puede deberse a la estigmatización del desaparecido como supuesto miembro del crimen organizado. En el contexto local, pensar que las desapariciones sólo ocurren por la vinculación con grupos criminales, puede contribuir a mantener la creencia de que el mundo es justo y a que las personas se sientan menos vulnerables al no pertenecer a dichas organizaciones.

El aislamiento de las madres se exacerba en un ámbito en el que el Estado promueve el silencio, no reconoce de forma adecuada las desapariciones ni favorece la memoria colectiva sobre estos acontecimientos. De acuerdo con el modelo contextual de estrés familiar (^{Boss, 2016}), puede señalarse que la vinculación entre el Estado y el crimen organizado, la ineficiencia institucional, la estigmatización de las víctimas y la falta de rituales culturales ante la desaparición, son los elementos más importantes del contexto externo que condicionan el manejo del suceso.

La categoría de pérdida ambigua es pertinente para aproximarse a la experiencia de sufrimiento social y dolor individual derivado de la desaparición forzada. Entre sus elementos esenciales, se encuentran la incertidumbre (sobre el estado del hijo, su localización, el motivo de la desaparición o los avances en la investigación) y la ruptura del mundo cotidiano ante su ausencia física. Un hallazgo del estudio es que las madres fomentan la presencia psicológica del hijo a través de mecanismos de mantenimiento del vínculo en tres dimensiones temporales: la imagen positiva del hijo (pasado), el uso de tiempos verbales, actos para recordarlo y hablar con él (presente) y conservar la esperanza (futuro). Y aunque la esperanza puede exacerbar el malestar al limitar el proceso de cierre (^{Wayland, Maple, McKay y Glassock, 2015}), también permite el mantenimiento del vínculo.

Si bien mantener el vínculo permite la presencia psicológica del hijo, su ausencia física provoca un malestar que se expresa de múltiples formas. Desde un lenguaje local de malestar (^{Robins, 2016}), se vive como un infierno o martirio que produce dolor, se piensa de manera continua en el hijo y se pierde el sentido o el placer en la vida cotidiana. Está presente el discurso psiquiátrico que indica la presencia de sintomatología de tipo depresiva o ansiosa, así como diversos problemas de salud. Mediante el lenguaje emocional, se encontró un entramado afectivo en el que predominan la tristeza y la desesperanza.

Tal como se ha reportado en estudios previos, el malestar que expresan las madres de hijos desaparecidos se asocia con sintomatología depresiva o duelo prolongado (^{Boss, 2016}; ^{Heeke y Knaevelsrud, 2015}). En el presente estudio las participantes no expresaron con frecuencia síntomas de estrés postraumático, en contraste con estudios previos (^{Heeke, Stammel, Heinrich y Knaevelsrud, 2017}; ^{Heeke, Stammel y Knaevelsrud, 2015}). Más bien, la experiencia de la desaparición de un hijo está polarizada: por un lado, se encuentra el mantenimiento de un vínculo positivo con el fin de asegurar la presencia psicológica del hijo y, por el otro, se vive el malestar asociado con la ausencia física. Pueden considerarse como dos dimensiones interrelacionadas, porque mantener el vínculo permite la aproximación simbólica con el hijo y otorga intencionalidad y propósito a una vida cotidiana que se ha transformado desde la desaparición. El malestar representa el retorno continuo de la ausencia y el sufrimiento que promueve la construcción de un sentido trágico o melancólico de la vida. Ambas dimensiones parecen complementarse en una relación dialéctica, a través de la cual la persona continúa existiendo, pero se trata de una existencia dolorosa.

Aunque las madres salen de manera individual o en colectivo al espacio público para buscar a sus hijos ante la inoperancia del Estado, eso no implica necesariamente su transformación en activistas o la reconstrucción de su identidad de género, pues el cuidado de los otros no sólo sigue siendo prioritario para la búsqueda, sino que también lo es para el mantenimiento del hogar y el cumplimiento de funciones de crianza en la cotidianidad. La necesidad de mantener el vínculo con el hijo desaparecido es mayor en el caso de las madres, puesto que la cultura ha promovido la construcción de su identidad en torno a la maternidad. Por eso las madres perciben una diferencia con respecto a los otros miembros de la familia: tienen dificultad para desligarse de modo afectivo del hijo desaparecido, debido a la intensidad del dolor y tienen renuencia a continuar con su proyecto de vida individual y a olvidarse de su hijo. Esta disposición las pone en una situación que vulnera la salud mental, sobre todo porque se prioriza el cuidado de los otros sobre el cuidado de sí mismas y porque el sufrimiento se enmarca en la esfera de lo individual, aunque en realidad es eminentemente social.

Conclusiones

El sufrimiento derivado de la pérdida ambigua se origina y se desarrolla en el ámbito de lo social. La experiencia de dicha pérdida está influida por el contexto de violencia, corrupción e impunidad, y por la sistemática ineficiencia de las instituciones que lleva a las madres a emprender la búsqueda paralela de sus hijos, de manera individual o colectiva. El desarrollo de sintomatología psicológica en las víctimas indirectas de la desaparición suele diagnosticarse como un problema individual. Sin embargo, resulta problemático asignar una patología individual a un sufrimiento de origen social (^{Pérez-Sales, Durán Pérez y Bacic, 2000}). Es necesario que el Estado reconozca su participación en el origen y en la continuidad del sufrimiento y que sus intervenciones incorporen la dimensión psicosocial y comunitaria. Incluso es fundamental que las intervenciones traten de modificar el discurso sobre la desaparición en el contexto local (^{Robins, 2016}).

Entre las limitaciones del estudio, se encuentra la homogeneidad de las participantes, por lo que se requiere incorporar la perspectiva de otros grupos de madres de personas desaparecidas, como el caso de mujeres activistas que cuentan con mayor empoderamiento y recursos para manejar la desaparición. También están ausentes las voces de las madres más vulnerables, quienes no han acudido a las instituciones tras la desaparición, o de las que han sufrido al mismo tiempo desplazamiento forzado, o de las que temen acudir a las instituciones porque han recibido amenazas o porque sus familiares han sido miembros del crimen organizado. Es necesario incorporar las voces de otros miembros de la familia para identificar las diferencias en el malestar y en el afrontamiento, así como los cambios en la estructura e interacción familiar. También es importante analizar con mayor profundidad las diferencias en cuanto al dolor que experimentan las madres ante la pérdida de un hijo, de una hija, de una hija o un hijo únicos, cuando el hijo o la hija tienen hijos, y si estas diferencias influyen en la forma de buscarlos.

Una de las características de la pérdida ambigua es la existencia simultánea de un vínculo con el hijo y de malestar emocional. Las variaciones en la intensidad del vínculo y del sufrimiento son susceptibles de modificarse a través del tiempo, pero se requieren nuevos estudios para identificar los elementos que promueven el cambio. Por último, la pérdida ambigua ante la desaparición de un hijo es una experiencia más social que individual; lleva a pensar en el afrontamiento en colectivo, un aspecto central porque crea procesos de significación y de agencia que van más allá de lo individual. Se recomienda investigar al respecto, considerando su potencial utilidad para las personas y las familias que experimentan la pérdida ambigua tras la desaparición forzada de un ser querido.