Introducción

La amenaza y la vulnerabilidad representan una dupla inseparable en los análisis de riesgos. Dichos análisis se realizan a partir de dos enfoques conceptuales contrapuestos: 1) el objetivo, también llamado positivismo ingenuo o enfoque técnico, y 2) el subjetivo, denominado relativismo cultural o enfoque sociológico (^{López y Luján, 2000}; ^{Shrader-Frechette, 1991}; ^{Sjöberg y Drotzz-Sjöberg, 1994}). El primer enfoque sostiene que las estimaciones de riesgo son objetivas y neutrales; por tanto, excluye todo tipo de valores y componentes éticos, y considera la ciencia la vía óptima para acceder a la realidad natural y social (^{Ortega, 2014}; ^{Shrader-Frechette, 1991}). El segundo enfoque reconoce que el riesgo es una construcción de la sociedad, cuyas creencias y valores compartidos por determinados grupos sociales y culturales influyen en la manera de considerar qué es y qué no es riesgo (^{Douglas y Wildavsky, 1982}).

Para tal efecto, cuando está presente un riesgo tecnológico, se dan controversias entre al menos dos grupos. Por un lado, para algunos expertos y representantes de la industria ―quienes suelen manejar la idea de la “ciencia” como proveedora de saberes específicos que certifican la seguridad y el manejo de los efectos de la tecnología―, las evaluaciones subjetivas de las comunidades son infundadas, argumentando que si los pobladores entendiesen más sobre estadística no estarían tan preocupados por los riesgos de determinada tecnología. Por otro lado, se encuentran los legos,¹ quienes, al ser potencialmente afectados, elaboran ponderaciones de las posibles consecuencias de un accidente, basándose en sus experiencias cotidianas, en sus acervos tradicionales y en información de lo que sucede en otros sitios (^{Gudynas, 2018}; ^{Ortega, 2014}).

De ahí la importancia de conocer las percepciones que los diferentes actores involucrados elaboran en relación con el riesgo. El objetivo es explicar la imagen que éstos construyen, así como las problemáticas o conflictividades, sobre el espacio o territorio en que se desenvuelven (^{Ferrari, 2011}). En otras palabras, abordar la percepción del riesgo supone el análisis de las creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como los valores y disposiciones sociales que los grupos adoptan ante la peligrosidad del fenómeno y las condiciones de vulnerabilidad (^{Ferrari, 2017}). Para comprender el proceso de construcción social en situaciones de riesgo, se analiza el caso de la región del río Sonora, al noroeste de México, en donde ocurrió, el 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el sistema hídrico de la cuenca alta del río Sonora (véase Figura 1).

Fuente: elaboración propia con información del ^{INEGI (2016b)} y de la Secretaría de Economía ^{(SE) (2015b)}.

Figura 1 Localización de la zona de municipios afectados por el derrame de lixiviados de cobre el 6 de agosto de 2014 en el río Sonora  

El accidente, calificado como el mayor desastre en la historia ambiental del país (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ^{[SEMARNAT], 2015}), contaminó al menos cuatro cuerpos de agua -el arroyo Tinajas, los ríos Bacanuchi y Sonora y la presa Ing. Rodolfo Félix Valdés “El Molinito” (^{Alfie, 2015}; ^{Toscana y Hernández, 2017})- y ocasionó daños ambientales, económicos y a la salud (^{Ibarra y Moreno, 2017}; ^{Luque, Murphy, Jones, Búrquez, Martínez, Manrique y Esquer, 2019}). El derrame fue producto de una falla de tubería en una presa de relaves (presa de jales) de la empresa minera Buenavista del Cobre, S. A. de C.V. (subsidiaria de Grupo México), localizada en el municipio de Cananea, y afectó río abajo a los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures (véase Figura 1), región donde habitaban en 2015 poco más de 22 mil personas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía ^{[INEGI], 2016a}).

La región se encuentra en una zona rica en minerales, en donde operan dos minas metálicas ―Buenavista en Cananea (cobre) y Santa Elena (oro y plata) en Banámichi (véase Figura 1)―, así como proyectos de exploración avanzada en las minas Las Chispas (oro y plata) y El Gachi (oro y plata) en Arizpe, y La Ventana (zinc, plomo y plata) en San Felipe de Jesús (Servicio Geológico Mexicano ^{[SGM], 2018}). Además, están registradas 299 concesiones mineras en la región (^{SE, 2015a}). También se encuentran, aunque inactivas, las siguientes plantas: la mina de zinc, plomo y plata San Felipe en San Felipe de Jesús; la mina de wolframio (tungsteno) El Jaralito en Baviácora; y la mina de oro y plata Tetuachi en Arizpe (^{SGM, 2018}).

La actividad minera es una fuente de amenazas que involucran, por ejemplo, fallos en las tuberías y presas de relaves, derrames de sustancias, botaderos de desechos, desprendimientos de rocas y derrumbes, transportación hacia y desde el yacimiento, hundimientos, incendios y explosiones, así como minas abandonadas (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ^{[PNUMA], 2004}). Estos problemas ocasionan a su vez accidentes, pérdidas y lesiones de vidas humanas, daños a la propiedad dentro de las instalaciones o fuera de ellas y trastornos sociales, económicos y ambientales. En consecuencia, la magnitud de las posibles pérdidas o impactos perjudiciales serán producto de la interacción entre tales amenazas y las condiciones de vulnerabilidad (^{Wilches-Chaux, 1993}, ¹⁹⁹⁸⁾.

La presencia de la actividad minera en la región del río Sonora constituye una amenaza latente que puede materializarse, en cualquier momento, en otro evento o accidente que ocasione daños severos al entorno y a las comunidades expuestas. Es quizás debido a esto que, a cinco años del desastre socio-económico-ambiental en el río Sonora, éste sigue llamando la atención de los medios de comunicación, de la opinión pública y de los estudiosos. Se manifiestan dos perspectivas contradictorias en sendos grupos, conformados, por un lado, por quienes todavía cuestionan el impacto económico, social y ambiental del derrame, así como las deficiencias, según ^{Albert y Jacott (2015)}, y la manera en que la empresa minera y los diferentes órganos del gobierno enfrentaron la emergencia; y, por otro lado, por quienes aseguran que ya no existen tales impactos en el río Sonora y señalan que “inclusive hay progreso y la industria minera beneficia a las comunidades con empleos dignos y bien remunerados, cuida el ambiente, provoca arraigo en los jóvenes y desarrolla obras de infraestructura” (^{Gutiérrez, 2019}).

El suceso ocasionó, en su momento, una crisis socioambiental y económica en la región. También evidenció las amenazas y las vulnerabilidades de la población frente a la actividad minera, las cuales, con el paso del tiempo, se han ido (re)construyendo. Por consiguiente, al realizar un análisis de riesgo en la región, se hace necesario llevar a cabo una observación alejada de las visiones “extremas” de suponer que los expertos están libres de valores y que el relativismo cultural no es objetivo en ningún aspecto. Como bien señala ^{Ortega (2014)}, “las evaluaciones deben realizarse en un contexto democrático, donde se puedan comparar diversos análisis, contrastarlos y enmendarlos. Se debe asegurar que en dichos debates participen tanto los expertos como los legos potencialmente afectados” (p. 40).

De ahí que el presente artículo tenga como objetivo realizar un análisis de la percepción de las vulnerabilidades (desde varias dimensiones), considerando los discursos expresados por diferentes actores (autoridades, activistas, asociaciones civiles, organizaciones sociales, académicos y pobladores) en torno al riesgo minero en el río Sonora. En primer lugar, se delinea el marco teórico y conceptual del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, así como el desarrollo de los dos enfoques conceptuales involucrados en los análisis de riesgos: el objetivo y el subjetivo. En segundo lugar, se expone la estrategia metodológica de la investigación, la cual se enfoca en dos herramientas: la aplicación de entrevistas abiertas y la realización de un Taller de Cartografía Social. En el tercer apartado se exponen y se discuten los resultados. Y al final se presentan las conclusiones.

Marco teórico-conceptual

El riesgo es un concepto compuesto por dos elementos: la presencia de una amenaza y la preexistencia de una vulnerabilidad, elementos que de manera aislada e independiente no representan riesgo alguno, pero que al interactuar dan lugar a la posibilidad de que se presente un desastre (^{Cardona, 2001}). Dado que el riesgo se concibe como una anticipación posible o antesala para un desastre, este último se entiende como la materialización del riesgo cuando ya no se pueden evitar los daños, es decir, cuando los desastres ocurren en la realidad. Éstos, lo mismo que las amenazas, tienen diversas causas y, por lo general, son producto de la interacción no sólo entre sociedad y sistemas naturales, sino también entre sociedad y tecnología (^{Soares y Sandoval, 2016}), lo cual genera efectos adversos en las personas, las comunidades, los bienes o servicios y el ambiente. En lo que concierne al presente trabajo, las amenazas tecnológicas provenientes de la actividad minera ocurren a partir de fallos no sólo en los sistemas tecnológicos (^{PNUMA, 2004}), sino también en los sistemas económicos, políticos y sociales que regulan el uso de las tecnologías (^{Johnson y Covello, 1987}).

Ahora bien, a finales de la década de 1990 se conformó un nuevo contenido y uso del concepto de riesgo, producto de varios factores, entre los que se encuentran los trabajos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres, pues éstos incitaron numerosas reflexiones entre los investigadores de diferentes países en relación con el riesgo y los desastres, teniendo como eje de análisis la vulnerabilidad (^{García, 2005}). En América Latina, esta corriente llevó a la formación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres (LaRed) en 1992, institución que ha realizado varias investigaciones que abordan los desastres como procesos sociales y como problemas no resueltos del desarrollo, los cuales pueden prevenirse. No obstante, el aporte político-normativo de LaRed sostiene una perspectiva estructuralista, abstracta, mecánica, pasiva y homogénea de las comunidades afectadas (^{Sandoval, 2020}). Por eso, en la actualidad, la vulnerabilidad se inclina a ser conceptualizada bajo la noción de resiliencia, a través de una amplia gama de disciplinas (por ejemplo, física, ingenieril, ecológica y del comportamiento) y de enfoques (rebotar hacia atrás, rebotar hacia delante y centrada en los márgenes) de reducción de riesgos de desastre (^{Sandoval, 2020}).

De esta manera, la vulnerabilidad se presenta como un concepto múltiple en cuanto a su definición y diagnóstico, puesto que “no posee un valor absoluto, sino que dependerá de los tipos y valores de las amenazas existentes, de la escala de estudio, de la profundidad y de la orientación metodológica del mismo” (^{Climent, 2002, p. 15}). De ahí que se desarrollen diferentes propuestas para comprenderla y, con ello, mitigar la ocurrencia e impacto de un desastre, entre las cuales se pueden identificar: 1) las que se refieren a la capacidad de respuesta, producto de la relación entre el entorno y el interno, ante la exposición a una determinada amenaza (^{Busso, 2001}); 2) las que se enfocan en variables demográficas y culturales, tales como la clase, la etnia, la edad o el género (^{Fordham, 2007}); 3) las que se expresan en relación con la exposición a una amenaza generada a partir de la condición social y económica (^{Blaikie, Cannon, Davis y Wisner, 1996}); y 4) propuestas que se basan en una gran cantidad de variables que aumentan la magnitud de los desastres (^{Cardona, 2001}; ^{Wilches-Chaux,1993}).

^{Wilches-Chaux (1993)} propone el concepto de vulnerabilidad global con el objetivo de destacar la interacción de diversos factores que convergen en una comunidad. Más tarde este concepto fue retomado y ampliado por ^{Cardona (2001)}, quien incorporó el carácter multidimensional de vulnerabilidad (física, social, política, técnica, ideológico-cultural, educativa, ambiental e institucional). Así, la definición de ésta, de la cual parte la presente investigación, se refiere a las características y factores de una comunidad que influyen en su capacidad de absorber, anticipar, lidiar, resistir y recuperarse de los daños o de las amenazas. A la interacción de características y factores se les dará el nombre de vulnerabilidad global (^{Wilches-Chaux, 1993}).

La amenaza y la vulnerabilidad representan, como dijimos al principio, una dupla inseparable en el análisis de riesgo. No sólo son producto de un análisis objetivo -técnico-, sino también subjetivo -sociológico- (^{López y Luján, 2000}). El primer enfoque (el objetivo) fue el dominante durante mucho tiempo y argumenta que las estimaciones de riesgo pueden cuantificarse mediante la estadística. Así, el trabajo de ^{Starr (1969)} ofreció las bases científicas para establecer umbrales de riesgo aceptable que se pudieran utilizar en la toma de decisiones. En este sentido, la evaluación del nivel aceptable de riesgo se establece mediante la reiterada contrastación entre daño y beneficio, de tal forma que cuanto mayor beneficio produzca una actividad, más aceptable será el riesgo. Así mismo el autor observó, a partir de registros estadísticos, que los riesgos asumidos de manera voluntaria presentaban niveles más altos de aceptación que los impuestos, e interpretó este postulado como una ley universal.

Bajo el segundo enfoque (el subjetivo), la antropóloga ^{Douglas y el politólogo Wildavsky (1982)} reconocieron que el riesgo es una construcción social que hace uso de aproximaciones cualitativas y etnográficas (^{Ferrari, 2011}). Según estos pensadores, las creencias y los valores compartidos por determinados grupos sociales y culturales influyen en la manera de considerar qué es riesgo y qué no lo es. A partir de éste, la aceptabilidad del riesgo se explica en función de cómo los intereses sociales influyen en la atención selectiva de los riesgos de las personas. (^{Douglas y Wildavsky, 1982}). En otras palabras:

La cuestión de los niveles aceptables de riesgo forma parte de la cuestión de los niveles aceptables de vida y los niveles aceptables de moralidad y decencia, y no se puede hablar con seriedad del aspecto del riesgo mientras se evita la tarea de analizar el sistema cultural en el que se han formado los otros niveles. (^{Douglas, 1996, p. 127})

De esta forma, el riesgo se convierte en un asunto subjetivo que involucra juicios intuitivos “relacionados tanto con las estructuras personales, cognitivas, emocionales y de motivación, como con los ambientales, sociales, culturales y políticos” (^{Sjöberg y Drotzz-Sjöberg, 1994, p. 54}).

En efecto, las posturas positivistas y la relativista otorgan a los valores distinta importancia, con lo cual enriquecen el análisis de riesgo; pero darle a éstos mayor importancia que a los otros, puede llevarnos a conclusiones incorrectas. Como señala ^{Shrader-Frechette (1991)}, ambas posturas son reduccionistas, en particular cuando hay controversia en torno a los riesgos tecnológicos, en la que es fácil identificar dos grupos enfrentados: por un lado, los legos que serán los posibles afectados y, por el otro, los expertos y representantes de la industria. Por eso se propone evaluar los riesgos de manera integral. “Las decisiones se toman en condiciones de incertidumbre, y por tal motivo se deben realizar juicios de valor. Tener presentes los valores en los que descansa una evaluación de riesgos enriquecerá el análisis” (^{Ortega, 2014, p. 38}).

Lo dicho por ^{Shrader-Frechette (1991)} se vincula a la teoría de la observación de segundo orden de ^{Luhmann (1992)}. Para el sociólogo alemán, se puede hablar de riesgo cuando se presupone que quien lo percibe efectúa ciertas diferenciaciones; por ejemplo, la distinción entre los que deciden y los afectados. Así, los afectados esbozan teorías propias acerca de la conducta de riesgo de quienes deciden, y quienes deciden esbozan teorías propias acerca de la conducta de protesta de los afectados. En este sentido, ^{Luhmann (1992)} establece que la investigación moderna consiste en observar cómo observan los observadores para identificar qué distinciones hacen. De esta forma, “se obtienen experiencias, y ciertamente existen posibilidades de refinar y mejorar tales explicaciones, de equiparlas con una mayor complejidad y con posibilidades de comunicación más exactas” (p. 157).

Marco metodológico

Para analizar las percepciones de vulnerabilidad que expresan los diferentes actores (autoridades, asociaciones civiles, académicos, organizaciones sociales, activistas y pobladores) frente al riesgo minero en el río Sonora, se establecerá un “diálogo” entre ellos, de tal forma que se puedan identificar las similitudes y las diferencias entre sus respectivas narrativas. La idea es visibilizar las controversias en los discursos sobre vulnerabilidad. Dada la multiplicidad de ángulos a partir de los cuales se puede analizar la vulnerabilidad, se retoman las dimensiones de vulnerabilidad global de ^{Wilches-Chaux (1993)} para distinguir varias vulnerabilidades: física, técnica, económica, social, política, ideológico-cultural, educativa, ambiental e institucional. Éstas se definen como categorías de trabajo (véase Tabla 1) para facilitar la sistematización de los discursos.

El análisis que aquí se realiza tiene la intención de obtener una perspectiva profunda y compleja del problema. Por consiguiente, se utiliza un enfoque cualitativo que permita analizar las percepciones de los actores en torno a las vulnerabilidades. Para ello se emplea como método el análisis narrativo del discurso. Una narrativa en el discurso es aquella integración de eventos que producen un significado, valores y sentido de la vida de las personas mediante sus preocupaciones, tensiones, contradicciones y acciones (^{Urra, Muñoz y Peña, 2013}; ^{Vallejos y Garrido, 2019}). Así, esta estrategia discursiva permite acceder a la percepción o entendimiento de los eventos sin dejar de entender las ambivalencias, tensiones y contradicciones en las cuales se mueven los actores.

La recopilación de los discursos de los actores involucrados se llevó a cabo mediante la aplicación de entrevistas abiertas y la realización de un Taller de Cartografía Social. Se eligió la entrevista como herramienta metodológica debido a su flexibilidad y a su efectividad para la obtención, en detalle, de las perspectivas y experiencias de los participantes a partir de sus propias normas, valores y lenguaje. De igual modo, la cartografía social permite una mirada geográfica más allá de los aspectos físicos del proceso cartográfico e ilustra las percepciones, experiencias, valores, sentimientos y conocimientos sociales, culturales e históricos de quienes la construyen. La selección de los participantes, en cada una de las herramientas de investigación (entrevistas y taller), se realizó a través del muestreo por cuotas y voluntarios. El número de participantes se estableció a partir del criterio de saturación de información. El material recopilado (grabado y transcrito) fue codificado y se analizó la narrativa con el software NVivo 12 Pro.

El trabajo de campo se realizó en tres etapas. En la primera, de agosto a septiembre de 2018, se aplicaron siete entrevistas abiertas a expertos.² Detrás del perfil de este grupo de actores, se encuentra el proceso de expansión de los desarrollos tecnológicos, los cuales atrajeron una pluralidad de actores y desató una variedad de intereses; por ello se decidió considerar una gama más amplia de roles representados por los expertos. En consecuencia, se amplió el enfoque de éstos, más allá de los conocimientos científicos, para incluir aquellas posturas de personas expertas en un determinado campo de conocimiento en relación con la minería y que tienen algo que poner en juego en el proceso simbólico y político de ésta en el estado de Sonora. Así, en calidad de expertos, se entrevistaron a algunos actores en los siguientes roles:

En la segunda etapa, para conocer el discurso de la sociedad civil organizada (SOC) de carácter local, se llevó acabo un Taller de Cartografía Social el 12 de noviembre de 2018, en la comunidad de Huépac. A éste asistieron seis activistas, con edades entre los 35 y los 75 años, de distintas ocupaciones (ganaderos, comerciantes, amas de casa, servidores públicos y maestros) en la región del río Sonora, quienes fueron afectados por el derrame y se organizaron a través de los Comités de Cuenca río Sonora (CCRS). Durante dos horas, los activistas dialogaron sobre las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades frente a las operaciones mineras. Para ello se les solicitó, entre otras cosas, ubicar en un mapa de la región las vulnerabilidades que, a su consideración, estaban presentes en el río Sonora.

En la tercera etapa se realizaron los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2019 siete entrevistas abiertas a pobladores de los municipios de Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Aconchi, Baviácora y Ures. Sus edades oscilaron entre 40 y 75 y tenían diversas ocupaciones: ganaderos, agricultores, comerciantes, amas de casa, servidores públicos, mineros y jubilados. El objetivo era obtener sus percepciones sobre las condiciones de vulnerabilidad y su posicionamiento respecto al riesgo minero.

Análisis de resultados

A continuación, se muestran los resultados del análisis del discurso narrativo. Para facilitar su presentación, se utilizó la herramienta de mapa social para observar no sólo las relaciones entre actores (los expertos y legos), sino también las relaciones entre sus posturas sobre las dimensiones de vulnerabilidad.³ Según ^{Martín (1999)}, el sociograma o el mapa social tiene como objetivo representar de forma gráfica relaciones de distinto tipo entre un conjunto de actores, lo cual aporta a la investigación una perspectiva de lo que está pasando y por dónde los implicados deciden que han de desarrollarse las propuestas de actuación.

En la Figura 2 se puede identificar un mapa social para cada dimensión de vulnerabilidad analizada, en donde se encuentran representados los actores en tres tipos de organización: 1) los expertos (autoridades, asociaciones civiles, académicos y organizaciones de la sociedad civil), representados por un triángulo; 2) los legos, que integran a los activistas, representados por un círculo; y 3) la comunidad, representada por un rectángulo. Así mismo, sobre la base del análisis del discurso, se exponen las relaciones entre estos actores, a saber: a) acuerdo en hechos y actitud o valoración ante éstos (no hay conflicto), b) acuerdo en el hecho pero desacuerdo en la actitud frente a éste, y c) desacuerdo en hechos y/o actitudes respecto a éstos (conflicto o controversias) (véase Figura 2).

Nota: OSC=organizaciones de la sociedad civil, Acad.=académicos, AP=autoridades en el ámbito público AC=asociaciones civiles.

Fuente: elaboración propia con información de los discursos de los actores recolectados a través del taller de cartografía social y entrevistas abiertas.

Figura 2 Mapa social de actores y posturas sobre las dimensiones de vulnerabilidad  

Analizando las diferentes posturas respecto a la vulnerabilidad, se identifican tres grupos: 1) las posturas similares sobre las dimensiones de vulnerabilidad, en las cuales tanto expertos como legos muestran puntos de acuerdo sobre ciertos hechos, a saber, la vulnerabilidad ideológico-cultural, la política (referente a la falta de información) e institucional; 2) las posturas diferentes sobre las dimensiones de vulnerabilidad y, por tanto, controversiales entre los actores (manifestándose puntos de acuerdo y desacuerdo), las cuales resultaron ser, para legos y expertos, la ambiental, la política en relación con una baja participación ciudadana, la técnica, la física, la económica y la social; y 3) las posturas indiferentes o de poco interés, como la educativa (véase Figura 2). A continuación, con base en las percepciones de expertos y legos, se desarrollan las posturas de los actores en cada dimensión de vulnerabilidad y la clasificación de éstas en los grupos antes sugeridos.

Conclusiones

La evaluación del riesgo tecnológico es un tema relevante que implica tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y ante una diversidad de actores e instituciones que cuentan con distintos intereses y valores, tanto ambientales y culturales como económicos y políticos. En el presente trabajo se analizaron los discursos expresados por diferentes actores (autoridades del ámbito público, activistas, asociaciones civiles, organizaciones sociales, académicos y pobladores) y las percepciones manifestadas sobre la vulnerabilidad frente al riesgo minero en el río Sonora, México. El trabajo aportó ejemplos de cómo las diferencias y las similitudes en las percepciones de las vulnerabilidades entre los actores involucrados enriquecen y mejoran la comprensión y el abordaje del riesgo minero.

En relación con el concepto de vulnerabilidad, el estudio permitió observar su cualidad dinámica, ya que ésta puede transformarse, acumularse o disminuirse, pero con dificultad eliminarse (^{Ruiz, 2005}). De modo que, al integrar los discursos de los diferentes actores, se llega al corolario del análisis: el riesgo percibido en el río Sonora es producto de un proceso de vulnerabilidad física y técnica progresiva, acelerado por el resurgimiento de la minería tanto a cielo abierto como subterránea, en donde la vulnerabilidad ambiental (por la sobreexplotación de la cuenca para las operaciones mineras) y la vulnerabilidad política (relacionada con la desconfianza institucional) son ejemplos de las principales controversias, entre expertos y legos, que requieren dirimirse en aras de avanzar hacia una buena gestión de riesgos.

No obstante, es necesario poner la atención en dos situaciones críticas identificadas en este trabajo. La primera de ellas tiene que ver con ciertas posturas que reflejan con claridad el positivismo ingenuo de los expertos, quienes asumen cierta linealidad en las dinámicas que se desarrollan en la región; por ejemplo, el suponer que los beneficios económicos y sociales llegan por la sola presencia de la actividad minera, por lo que la vulnerabilidad socioeconómica, de existir, se resuelve de inmediato. Lo anterior resulta incompatible con la realidad percibida por los legos, quienes señalan la precariedad de los empleos a los cuales pueden acceder; también con el problema de los servicios de salud: la falta de recursos humanos y materiales.

La segunda situación tiene que ver con la falta de conciencia en torno a los riesgos mineros y, por consiguiente, con la falta de capacitación, que parece no ser un elemento importante, ni para expertos ni para los legos. Es sabido que una vulnerabilidad educativa bien atendida conlleva aprendizajes para la anticipación de los riesgos tecnológicos. Por lo tanto, el hecho de que no se perciba que requiere atención, coloca a la región en una situación de mayor riesgo, que se ve (auto) reforzado por la vulnerabilidad técnica ―como la baja capacidad de almacenamiento, la falta de impermeabilización de la presa de jales de la mina Buenavista del Cobre y la construcción de una nueva presa de jales a 30 kilómetros de Bacanuchi― y por la poca confianza institucional, producto de la falta de información e interacción de la minería con la comunidad.

Por último, cabe señalar que, siguiendo a Funtowicz y Ravetz (1993), en contextos de complejidad, hay un nuevo papel para la ciencia. Si bien ésta sigue siendo esencial e indispensable para la solución de los problemas medioambientales, por sí sola no resuelve los problemas propios de políticas complejas, bajo las cuales la simple acumulación de evidencia científica no asegura consensos en las soluciones (^{Gudynas, 2018}). Como bien señala ^{Beck (2015)}: “Sin racionalidad social, la racionalidad científica está vacía; sin racionalidad científica, la racionalidad social es ciega” (p. 44).