Introducción

Zacatecas es el segundo estado más importante de México en cuanto al valor de la producción minera. Según la Cámara Minera de México (CAMIMEX), en 2016 el producto minero de Zacatecas tuvo un valor de 60 733 702 pesos, que equivale a 16.9% del producto interno bruto (PIB) estatal al mismo año.¹ Dentro del estado de Zacatecas, Mazapil es uno de los municipios que más concentra las actividades mineras y donde se ubica una de las minas a cielo abierto más grandes del país: Peñasquito. No obstante, es el cuarto municipio del estado con mayor nivel de pobreza extrema, con una incidencia de 12.9% de su población en 2015, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).²

En este escenario regional, a partir de la primera década del nuevo milenio, han emergido conflictos en torno a dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, una gigantesca mina de oro a cielo abierto, propiedad de la compañía canadiense Goldcorp y la empresa estadounidense Newmont, y Tayahua, una mina subterránea de cobre, propiedad de la empresa mexicana Frisco, de Carlos Slim, cuyos planes de convertir la mina en una de cielo abierto implica la destrucción de la comunidad de Salaverna.

En el presente artículo se analizan estos dos conflictos con el objetivo de ilustrar la compleja trama de relaciones políticas entre los diferentes actores involucrados y cómo estas relaciones, que abarcan cuestiones ecológicas, territoriales, contractuales y laborales, evolucionan con el tiempo. De esta manera, el artículo pretende explicar tanto las estrategias utilizadas por las compañías mineras y sus aliados en el gobierno, como los complejos procesos de construcción de agencias de oposición, negociación y colaboración, bajo condiciones de poder asimétrico y en un contexto geográfico y temporal específico, entre 2006 y 2020.

El método gira en torno a la observación participativa en Mazapil, lo que va de la mano con la técnica de estudios de caso para comprender la trama de relaciones de actores ligadas a un problema específico (^{Rodríguez y Valldeoriola, 2009}). De acuerdo con ^{Cook (2005)}, la observación participativa implica que los investigadores “desarrollan relaciones con personas que puedan mostrarles y decirles lo que pasa allí […] y observan las actividades que se desarrollan frente a sus ojos para registrar sus impresiones de estas actividades en notas de campo” (pp. 167-168). Esto es lo que hicimos durante nuestras visitas a las comunidades afectadas entre 2013 y 2018; también en los recorridos por el campo de las regiones afectadas con gente involucrada en los conflictos y en la asistencia a asambleas y reuniones de diversos actores colectivos en Mazapil. Además, se aplicaron entrevistas abiertas a actores clave o informantes, entre los cuales se destacan tres originarios de Salaverna: Roberto de la Rosa Dávila, entrevistado múltiples veces en 2017, Esteban Méndez y Pancho Constanzo, entrevistados muchas veces en 2014.³ Para complementar los datos recolectados en el campo, se realizó una revisión sistemática de documentos gubernamentales, textos académicos y notas de prensa. Para analizar e interpretar los datos empíricos, se recurrió a la técnica de mapeo de actores con el objetivo de evidenciar las relaciones entre ciertos grupos en una zona determinada (^{Tapella, 2007}). De este modo, el análisis pretende ilustrar cómo las posturas de oposición, negociación y colaboración frente a la megaminería pueden coexistir en tensión dentro del mismo territorio.

El análisis procede de la siguiente manera. En el segundo apartado (después de esta introducción), se esboza el contexto político-económico que ha fomentado la expansión de la megaminería en México a partir de las reformas neoliberales aplicadas desde la década de 1980. Además, se revisa la literatura académica sobre los conflictos en torno a la megaminería. En dicha literatura se observa una tendencia a clasificar los conflictos en esquemas binomiales: oposición versus negociación. En el presente análisis se argumenta, con base en los dos estudios de caso en Mazapil, que algunos conflictos eluden ser clasificados como tal, porque exhiben corrientes de oposición, negociación y colaboración en la misma región y con cambios en el tiempo, un fenómeno que en este texto se denomina conflictos socioambientales complejos de múltiples posturas.

Fuente: elaboración propia con el apoyo técnico de Ricardo González A.

Figura 1 Mapa de ubicación de los proyectos mineros y localidades afectadas 

En el tercer apartado se analiza la dinámica de lucha en torno a la mina Peñasquito que involucra compañías mineras extranjeras, agencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, ejidatarios, avecindados, sindicatos de transportistas locales y actores políticos foráneos. El cuarto apartado aborda el caso de Salaverna, con un enfoque en las tácticas utilizadas por la minera Frisco y por sus cómplices en el gobierno estatal para dividir y desalojar a los pobladores, así como las posturas y acciones de cuatro grupos de afectados. Al final del artículo, se exponen algunas reflexiones sobre los estudios de caso y su relevancia para ilustrar que en los conflictos en torno a la megaminería pueden confluir corrientes de oposición y de negociación.

Los conflictos de oposición y negociación en torno a la megaminería

Desde finales del siglo pasado, en el contexto de la globalización neoliberal, se ha registrado un aumento en el “metabolismo social” de la economía mundial con respecto al aumento en las tasas de extracción de minerales, metales, combustibles fósiles y biomasa de la tierra (^{Krausmann, Gringrich, Eisenmenger, Erb, Haberl y Fischer-Kowalski, 2009}). Además, durante el mismo periodo se observa un “intercambio ecológico desigual” en la forma de un flujo neto de materiales desde América Latina hacia el centro de la economía mundial y más recientemente hacia China. Sobre esta línea, ^{Martínez Alier y Walter (2016, p. 71)} observan que la tasa de extracción de materiales de la región se duplicó entre mediados de las décadas de 1990 y 2009: llegó a más de 8 mil millones de toneladas métricas en el último año. Los mismos autores señalan que “el auge de extracción de materias primas en América Latina ha sido particularmente significativo para los minerales metálicos” (p. 70), los cuales representaron 25% del peso total de los flujos de material de América Latina en 2009.

Por cierto, estos cálculos no incluyen los materiales de sobrecarga que se mueven sin ser procesados en actividades mineras, que pueden ser considerables, sobre todo para las minas a cielo abierto. Conforme se agotan las reservas de alta ley (^{Mudd, 2007}), se extiende la frontera extractiva hacia las reservas marginales de baja ley, donde los minerales con valor se encuentran dispersos en las formaciones rocosas subterráneas. Así, para explotar estas reservas de manera rentable, las grandes empresas mineras recurren cada vez más a las tecnologías asociadas con las minas a cielo abierto que son muy destructivas para el medio ambiente, lo cual provoca conflictos socioambientales con las comunidades rurales afectadas.

En México, como en otros países latinoamericanos, los conflictos mineros se han multiplicado desde finales del siglo pasado. Las condiciones estructurales detrás de este aumento se definen en gran medida por las reformas neoliberales llevadas a cabo a partir de la década de 1980 en el marco del Consenso de Washington para promover el comercio libre y el desarrollo guiado por el mercado, en un periodo caracterizado por la crisis de la deuda externa (^{Harvey, 2007, pp. 109-115}). En el sector minero mexicano, las empresas mineras paraestatales fueron privatizadas durante los primeros tres años del gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) y se vendieron con poca transparencia, a precios muy por debajo de su valor en el mercado, a ciertos empresarios mexicanos (^{Delgado-Wise y Del Pozo, 2002}). Entre los más importantes están: Jorge Larrea, padre de Germán Larrea, actual dueño de la compañía minera Grupo México; Alberto Bailleres, dueño de Industrias Peñoles; y Carlos Slim, cuyo emporio de empresas incluye la minera Frisco, que está involucrada en el conflicto minero en Salaverna, Mazapil.

El año 1992 fue clave para extender las reformas neoliberales al sector minero en México. En ese año, el gobierno de Carlos Salinas hizo cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes agraria, minera y otras para dar al capital privado y extranjero mayor acceso a la tierra, los minerales, el agua y los demás recursos naturales. Así, se promulgó la Ley Minera de 1992, que sigue vigente, para abrir por completo el sector a las inversiones privadas y extranjeras, ampliar la vigencia de las concesiones mineras de 25 a 50 años y establecer que la minería tendrá preferencia sobre cualquier otro uso productivo de la tierra. Dos años después, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor y otorgó a las empresas extranjeras el derecho de demandar a los gobiernos anfitriones por cualquier política pública o acción que les niegue oportunidades de inversión u obtención de beneficios.

Bajo estas condiciones, a partir de 1994, cuando los precios internacionales de metales y minerales empezaron a subir, las inversiones extranjeras comenzaron a llegar en crecientes cantidades al sector minero mexicano (^{Burnes, 2006}), sobre todo desde Canadá (^{Tetreault, 2016}). En el contexto del boom en los precios de minerales y metales entre 2005 y 2012, México llegó a ser el primer destino para la inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo (^{Metals Economics Group, 2013}). Entre 1994 y 2018, el gobierno federal otorgó 45 537 concesiones mineras al sector privado que cubrían un área de más o menos 105 millones de hectáreas, equivalentes a más de la mitad del territorio del país.⁴ Con la caída de los precios internacionales a partir de 2012, las inversiones en el sector disminuyeron hasta el año 2015, para luego seguir una tendencia hacia arriba hasta llegar a 4 897 millones de dólares en 2018 (CAMIMEX, 2019, p. 21).

En este contexto, el número de conflictos derivados de los grandes proyectos mineros ha crecido en México y en otros países latinoamericanos. Según datos del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se han registrado al menos 55 en México en 2020, más que en cualquier otro país de la región (^{OCMAL, 2020}). En una investigación enfocada en dichos problemas, ^{Guarneros-Meza y Zaremberg (2019)} ―a través de una revisión sistemática de fuentes periodísticas entre enero de 2006 y enero de 2019― detectaron y mapearon 374 “asuntos conflictivos” en torno a la minería en México.

La prevalencia de los conflictos mineros “socioambientales” ―para diferenciarlos en términos analíticos de los conflictos laborales― tiene que ver con los fuertes impactos ambientales y sociales de la gran minería contemporánea sobre las comunidades rurales, cuyos territorios se encuentran encima o cerca de las reservas subterráneas de minerales y metales. Incluso algunas se encuentran río abajo de las minas y relativamente lejos de ellas (Ibarra y Moreno, 2017).

En su investigación sobre los conflictos socioambientales en México, Paz (2014) distingue entre los problemas y los conflictos ambientales. Señala que los primeros se convierten en conflictos cuando los sujetos sociales afectados son conscientes de un agravio en forma de algún tipo de injusticia social y toman acción como consecuencia de esa conciencia (pp. 5-6). Por otra parte, como señala ^{Tetreault (2019)}, “la existencia de un sentimiento de injusticia (agravio) es una condición necesaria pero insuficiente para emprender la acción colectiva” pues, además de tal sentimiento, “los sujetos sociales agraviados tienen que tener al menos un mínimo de recursos y una ventana de oportunidad política para tomar acción” (p. 46). De acuerdo con ^{Tarrow (1998, pp. 71-90)} , esto implica tener en cuenta la evolución de las oportunidades y limitaciones políticas que los grupos marginados tienen, incluso con respecto a la disponibilidad de aliados influyentes, la división o no de actores poderosos y diversas formas de represión. Esto es lo que pretendemos hacer en el análisis de nuestros estudios de caso.

Los conflictos socioambientales en torno a la minería pueden entenderse como aquéllos donde se expresan dinámicas de oposición entre grupos de población local y sus aliados, por un lado, y las empresas mineras y el gobierno en los distintos niveles, por el otro, acerca del control territorial y el acceso y aprovechamiento de los recursos minerales, la tierra y el agua. En dichos conflictos los actores involucrados mantienen diversas relaciones y posturas entre sí. Con el respaldo de la orientación dominante de las leyes e instituciones hacia el extractivismo y con la complicidad de agencias gubernamentales, las empresas mineras privadas implementan estrategias de “captura política” hacia la comunidad (^{Garibay, 2010}), tales como el engaño, la coerción y la compra de las autoridades y líderes locales. En estas estrategias, con “la figura del contrato de renta del suelo se oculta jurídicamente la desposesión de facto; y con la dominación clientelar se oculta la subordinación de la población local y su inserción a los fines corporativos” (^{Garibay, 2010, p. 161}).

Las respuestas de la población local pueden estar orientadas al rechazo de la actividad minera donde el territorio y los recursos son asumidos como bienes inalienables y no negociables; a una negociación sobre los términos de acceso y aprovechamiento de los recursos mineros, la tierra y el agua ubicados dentro del territorio (^{Garibay, 2010}); o bien al rechazo y negociación al mismo tiempo de las posturas de distintos grupos. Donde hay negociación, los afectados buscan minimizar los impactos ambientales y lograr mejores compensaciones económicas (^{Tetreault, 2016}; ^{Uribe, 2019}). Como se verá más adelante, ésta ha sido la corriente dominante mas no la única en el municipio de Mazapil, como lo demuestran los dos estudios de caso.

En los últimos años, se ha estudiado en diversas investigaciones la forma en que los conflictos mineros se han desarrollado en nuestro país (véanse por ejemplo, ^{Garibay, 2010}; ^{Madrigal, 2014}; ^{Núñez Rodríguez, 2016}; ^{Rodríguez, 2015}; ^{Tavera, 2019}; ^{Tetreault, 2016}; ^{Uribe, 2019}). Los autores citados emplean distintos acercamientos que por lo general se pueden ubicar en el amplio campo de la ecología política (^{Delgado, 2013}; ^{Tetreault, 2017}). El presente artículo se enfoca en la clasificación de los conflictos en categorías que suelen ser mutuamente exclusivas: oposición versus negociación. Sobre este punto, ^{Gudynas (2014)} distingue entre “los conflictos que apuntan a distintas formas de coexistencia con emprendimientos extractivistas y otros que incluyen demandas para rechazarlos” (p. 79).

^{Rodríguez (2015)} se enfoca en las luchas de rechazo, pero reconoce que: “no todas las confrontaciones son para expulsar a las mineras, algunas se centran en establecer condiciones para lograr redistribuir parte de los ingresos producto de la explotación de los recursos minerales” (p. 117). ^{Madrigal (2014)} propone la categoría de “no conflicto” para referirse a las dinámicas sociales de “armonía bajo tensión” que se desarrollan “sobre la conflictividad y la tensión permanente” (p. 65), ilustradas con el caso de Nueva Zapatilla, una comunidad que aceptó ser reubicada a 300 metros de las piscinas de lixiviación de la mina San Xavier en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. ^{Tetreault (2016)} distingue entre las luchas “reformistas”, que buscan “una redistribución de los costos y beneficios derivados de la minería, la mitigación de los impactos ambientales más nocivos y contribuciones más significativas al desarrollo económico y social de las comunidades afectadas”, y las luchas “radicales”, que articulan “un contundente ‘no’ a la minería y promueve[n] alternativas de desarrollo que pretenden ser más sustentables en términos ecológicos, sociales y culturales” (p. 48). Sobre la misma línea, ^{Martínez Romero (2020)} distingue entre los conflictos de “oposición” y los de “negociación”, y con base en la sistematización de información sobre 57 conflictos relacionados con la megaminería en México, clasifica 33 en el primer grupo y 24 en el segundo.

^{Tavera (2019)} reconoce que los pobladores de las comunidades afectadas por la minería en México “se posicionan y responden de manera diferenciada” y, al revisar la literatura al respecto, observa una proliferación de categorías para interpretar estas diferencias. Ella sugiere que la expansión de la frontera minera encuentra mayor resistencia en la “tierra nueva” que en la “tierra revisitada” (p. 108); es decir, en las regiones que no tienen antecedentes de actividad minera “el avance extractivo suele ser cuestionado y rechazado”, mientras que en las que sí tienen una larga historia de explotación minera, “se tiende a negociar un acuerdo con las empresas y a aceptar los proyectos mineros” (p. 109).

Si bien estos binomios son útiles para propósitos analíticos y para identificar tendencias a escala nacional, lo que se observa a través de la presente investigación de campo en Mazapil, Zacatecas, son complejos escenarios de conflictividad, con múltiples actores, cada uno con una postura distinta, lo que elude clasificaciones totalizadoras y obliga al examen de distintos matices. Para abarcarlos y tomar en cuenta las diversas corrientes políticas que confluyen en los conflictos mineros socioambientales, algunas de oposición y otras de negociación, con cambios en el tiempo, aquí se propone, como ya se dijo, la categoría englobante de conflictos socioambientales complejos de múltiples posturas.

Por cierto, las luchas de oposición y negociación de la población afectada por Peñasquito se perfilan en algunas investigaciones anteriores. ^{Garibay, Boni, Panico y Urquijo (2014)}, por ejemplo, analizan el intercambio económico desigual por el pago de la renta de suelo entre la minera Peñasquito y los ejidatarios de Mazapil, a partir de los conceptos de acumulación minera por desposesión campesina y reciprocidad negativa. Otra pesquisa sobre este proceso, llevada a cabo por ^{Santos y Martínez (2015)}, afirma que la población local acepta la subordinación y la explotación, mas no a cualquier precio; por lo tanto, existe un pacto de dominación y un consentimiento activo y negociado.

Sobre el caso de Salaverna, están los aportes de ^{Uribe (2017)} y ^{Márquez (2014)} que contribuyen a explicar el proceso de despojo territorial y desplazamiento forzado de la comunidad por parte de la empresa minera Frisco. En otro texto, ^{Uribe (2019)} diferencia entre dos tipos de conflicto minero en Zacatecas (ecoterritorial versus laboral) y entre dos diferentes tipos de oposición (rechazo versus negociación). En términos conceptuales, en el presente trabajo se busca mostrar las limitaciones de estos binomios ilustrando, a través de los dos estudios de casos en Mazapil, que los conflictos asociados con la minería suelen ser complejos en términos políticos, que evolucionan con el tiempo, que abarcan cuestiones ecológicas, territoriales y laborales y que involucran distintos grupos y alianzas que chocan entre sí, con posturas que varían entre la oposición, la negociación y la colaboración.

Fuente: fotografía de Alfredo Valadez Rodríguez. Archivo fotográfico personal.

Figura 2 Minera Peñasquito de Newmont-Goldcorp en Mazapil 

Peñasquito: la pelea por las migajas del imperialismo canadiense

La mina Peñasquito se ubica al noroeste del estado de Zacatecas, a 14 kilómetros al este del pueblo de Mazapil. La construcción de este complejo industrial fue iniciada en 2007 y su operación comenzó tres años después. Era propiedad de la minera canadiense Goldcorp hasta 2019, cuando dicha compañía se fusionó con la empresa estadounidense Newmont.

Peñasquito es una mina compuesta por dos tajos a cielo abierto: Peñasco y Chile Colorado. Los métodos empleados por la empresa son sobre todo el tajo a cielo abierto y la lixiviación con cianuro. De esta manera, se extrae al mismo tiempo oro, plata, plomo y zinc. Estos métodos implican la destrucción de más o menos cuatro mil hectáreas de tierra que antes sostenían agricultura y ganadería a pequeña escala, además de afectar las comunidades cercanas por la extracción de grandes volúmenes de agua del subsuelo, lo cual causa el secamiento de los pozos poco profundos de los agricultores.

Fuente: fotografía de Alfredo Valadez Rodríguez. Archivo fotográfico personal.

Figura 3 Mina a cielo abierto, el saqueo vigente. Trabajos realizados por maquinaria pesada en la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas 

Ante esta situación, en 2006 se originó un conflicto socioambiental alrededor de los impactos ecológicos que estos métodos ocasionan y por el intercambio económico desigual entre las ganancias generadas por la empresa y el pago que recibían los ejidatarios de los ejidos Cedros, El Vergel, Cerro Gordo y Mazapil. Antes de analizar las acciones de los pobladores de estos ejidos, vale la pena esbozar la actuación de otros actores clave que han contribuido a crear el escenario de conflictividad en Mazapil.

Uno de ellos es el gobierno federal, que ha mantenido una relación de confianza y colaboración con Goldcorp. En el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se condonaron 13.7 millones de pesos de impuestos a la compañía (^{Pie de Página, 2019}). Además, varias agencias gubernamentales han colaborado con Goldcorp, entre ellas la Procuraduría Agraria, encargada de asesorar y proteger los derechos de los ejidatarios. Como detallan ^{Garibay et al., (2014)}, esta agencia fue omisa en su labor, ya que los contratos de renta de suelo entre la empresa y los ejidos mencionados se llevaron a cabo con diversas irregularidades, además de realizarse sin haber proporcionado a la población local información técnica sobre los impactos sociales y ambientales que la minería a cielo abierto ocasiona.

Los abogados de la empresa, con la permisividad de la Procuraduría Agraria, comunicaron a los ejidatarios que las actividades mineras a desarrollar eran similares a las que se habían practicado antes y que la instalación del proyecto representaba la creación de empleo y desarrollo para las comunidades (^{Panico y Garibay, 2011}). Así mismo las decisiones respecto a los bienes del ejido no fueron puestas a discusión y valoración de las asambleas ejidales, sino que los promotores del proyecto recurrieron al soborno y a la cooptación de líderes para agilizar la firma de los acuerdos de la renta del suelo (^{Garibay et al., 2014, p. 122}).

En la trayectoria del conflicto que empezó en 2006, el Gobierno Municipal de Mazapil también ha mantenido una postura de colaboración con la empresa minera. Su constante apoyo político a la minera no sorprende si se toma en cuenta que el municipio recibió casi 500 millones de pesos entre 2014 y 2016 del Fondo Minero (CAMIMEX, 2017). En resumen, las administraciones de los presidentes municipales Vicente Pérez y Gregorio Macías se caracterizaron por no plantear límites a Newmont-Goldcorp desde sus capacidades jurídicas, como lo marcan los artículos 43 y 45 de la Ley Minera y su reglamento.⁵ En lugar de exigir una regulación más estricta de la actividad minera, ambos ediles facilitaron las actividades de la empresa minera.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una institución federal involucrada en la gestión y vigilancia, no sólo fue omisa en su función para regular las actividades de Goldcorp, sino fraudulenta al aumentar su cálculo de la recarga del acuífero Cedros de 10.1 a 54.5 millones de metros cúbicos anuales para poder otorgarle a la empresa las concesiones que ella requería para su proceso de beneficio, lo cual implicó la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Con esta complicidad, la empresa perforó 50 pozos con una profundidad de 300 metros en el punto más bajo de la cuenca. La operación de estos pozos ha resultado en el abatimiento del nivel freático, que dejó sin agua a las norias de 30 metros de profundidad y a los pozos de entre 80 y 150 metros de profundidad en los ejidos de Cedros y El Vergel, ambos ubicados cuenca abajo del complejo minero (^{Garibay et al., 2014}).

Desde luego, los impactos ambientales ocasionados por las operaciones a cielo abierto de la mina Peñasquito fueron percibidos de inmediato por la población local, puesto que este tipo de minería requiere un espacio territorial amplio y una gran cantidad de agua y energía para poder ser rentable. Viendo la magnitud de estos impactos, el 20 de abril de 2009 los ejidatarios de Cedros y El Vergel bloquearon los accesos a la mina para demandar un aumento en los pagos que percibieron. Así, en el núcleo de este conflicto se encuentra una expresión de inconformidad por el intercambio económico desigual en el pago por la renta del suelo entre la empresa y los ejidatarios, originalmente equivalente a un pago único de cincuenta centavos (moneda nacional) por metro cuadrado (^{Garibay et al., 2014, p. 123}).

Carlos Pinto, secretario del gobierno de Zacatecas en ese entonces, pactó con los manifestantes la suspensión del paro y la instalación de una mesa de diálogo en la ciudad de Zacatecas. Para esta negociación, los ejidatarios contaron con la asesoría legal y el apoyo político de José Narro y Felipe Pinedo, líderes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ). Ambos asesores han estado ligados al Partido del Trabajo (PT), al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en la actualidad se han vinculado con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). ^{Garibay et al. (2014)} relatan su estilo de intervención: “Narro y Pinedo entraron solos a la oficina de Carlos Pinto. Luego salieron y formaron una comisión de sólo cuatro ejidatarios […]. A las 3 de la mañana salió la comisión, presidida por Narro” (p.135), quien informó que los ejidatarios de Cedros deberían aceptar un monto muy por debajo de lo que habían exigido. De todos modos, en esa coyuntura lograron obtener un pago anual de tres millones de dólares por la ocupación y destrucción de sus tierras. De esta manera, los ejidatarios de Cedros pasaron a recibir de 10 centavos de dólar por cada mil dólares de ganancia que la empresa proyectó realizar durante los 22 años de vida de la mina Peñasquito, a 88 centavos por cada mil dólares de ganancia empresarial (^{Garibay et al., 2014, p. 138}).

Con el monto económico obtenido por la renta del suelo, algunos ejidatarios adquirieron camiones para el acarreo de material y formaron dos gremios locales de transportistas: Construcciones Industriales y Transportistas (CAVA), cuyo líder es Asención Carrillo, y otro que emergió bajo el liderazgo de Bernardo Ríos Esparza. Entre los dos, hay disputas en torno a los contratos de transporte que ofrece la empresa. Esta situación fue instrumentalizada por Goldcorp para acentuar la división entre ambos gremios ofreciendo contratos a unos y negándolos a otros, en lugar de ofrecer un espacio laboral equitativo.

El conflicto escaló cuando Goldcorp optó por contratar una empresa extranjera para la construcción de una nueva presa de jales en 2016. En esa coyuntura, no sólo se sumaron nuevos actores a la disputa, sino que las demandas también se ampliaron. El 26 de septiembre de 2016, los agremiados a CAVA bloquearon los accesos de la mina Peñasquito en respuesta a la postura cerrada de la compañía; a ellos se sumaron ejidatarios, campesinos no ejidatarios, mujeres y jóvenes afectados por las operaciones mineras. Dos semanas después, cerca de 400 policías estatales desalojaron a los manifestantes de la entrada principal de la mina (^{Valadez, 2016}) y se sentaron las bases para las negociaciones posteriores.

El bloqueo coincidió con la creación del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) como un espacio de interlocución con la empresa y el gobierno, además de un campo de acción más fuerte para emprender acciones de presión hacia Newmont-Goldcorp. Los líderes más visibles del FCAM son Asención Carrillo, José Narro y Felipe Pinedo. Las demandas de la población local adherida a este frente exigieron que se garantizara el respeto a los derechos sociales, humanos y ambientales fundamentales. En otras palabras, buscaron negociar las condiciones bajo las cuales pudieran aceptar la continuación de la explotación minera pero con una mayor participación en los beneficios económicos.

La mina fue bloqueada múltiples veces en los años siguientes por los integrantes del FCAM, quienes denunciaron que los acuerdos pactados en 2016 quedaron inconclusos. Las tensiones escalaron al grado de que el gobierno de Canadá, a través de su embajador en México, presionó al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que le pidiera al gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que interviniera para solucionar el bloqueo de los accesos a la mina Peñasquito (^{Valadez, 2018}). Ésta es una expresión descarada del imperialismo canadiense en el sector minero, cuyos múltiples mecanismos incluyen “el impulsar reformas neoliberales, intervenir en la reformulación de la legislación minera, sub-regular la Bolsa de Valores de Toronto, brindar beneficios impositivos, subsidios directos y apoyo diplomático a las compañías mineras canadienses operando en el extranjero, y rehusar a regularlas fuera del país” (^{Tetreault, 2013, p. 191}).

Uno de los bloqueos más recientes empezó en abril de 2019. En esta ocasión se sumó a las demandas de la población local la exigencia de que Newmont-Goldcorp se hiciera cargo de las externalidades ambientales y disminuyera el abatimiento de los recursos hídricos. En este contexto, los contratos de acarreo de material han tomado relevancia en las demandas sociales debido a las relaciones de poder que hay entre los actores locales, ya que gran parte de los integrantes de CAVA son también ejidatarios del ejido Cedros y, puesto que son dueños de las tierras, tienen un poder de decisión mayor sobre otros campesinos que no tienen voto en la asamblea ejidal.

Después de varios meses de negociaciones y más de 60 mesas de trabajo, el 12 de junio de 2020 se llegó a un acuerdo para dar por finalizado, en apariencia, el conflicto entre los ejidatarios del ejido Cedros y la empresa Newmont-Goldcorp. Bajo la mediación del gobernador Tello y con la participación de representantes de los gobiernos federal y municipal, además de representantes de la empresa minera y del sindicato de trabajadores, los inconformes acordaron dejar de bloquear la mina en un acto realizado de forma virtual debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Los puntos de acuerdo establecen que Newmont-Goldcorp tiene el compromiso de reparar el daño hídrico ocasionado al manantial El Socavón, construir infraestructura deportiva y una plaza cívica, y revisar los convenios de ocupación temporal de suelo de la mina en Cedros (^{La Jornada Zacatecas, 2020}). Falta el resultado a largo plazo de tales negociaciones y ver si los acuerdos se cumplen.

Fuente: fotografía de Alfredo Valadez Rodríguez. Archivo fotográfico personal.

Figura 4 Nuevo auge de la minería de oro en Zacatecas. Tajo de la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil 

Salaverna, donde el hombre más rico de México busca despojar a los pobladores locales

La comunidad de Salaverna data de finales del siglo XIX y está ubicada a 13 kilómetros al este de la cabecera municipal de Mazapil. Desde tiempos coloniales, ha tenido una vocación productiva que combina las actividades mineras con las actividades campesinas para el sustento de la población local. En 1972 comenzaron las operaciones de la mina subterránea de cobre Tayahua, administrada por un empresario de la región llamado Luis Gutiérrez. En 1998 el Grupo Minero Frisco, propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, adquirió la mayoría de las acciones de la mina Tayahua. La llegada de este grupo empresarial significó un cambio en las relaciones entre la empresa y la comunidad.

Cuenta Roberto de la Rosa, un habitante de Salaverna y uno de los líderes más importantes de la resistencia, “fue en el 2001 cuando deciden desaparecer el sindicato minero progresista, liquidan a toda la gente echando abajo el contrato colectivo y se forma un sindicato a modo de la empresa”. Además, según relata don Beto, Frisco disminuyó la planta laboral despidiendo varios trabajadores con familias de las comunidades Salaverna, Majadas y Santa Olaya y, para los que seguían con empleo en la mina, se intensificó el trabajo a destajo.

Desde el año 2010, Frisco ha buscado realizar un cambio en el uso de suelo para extraer por un periodo de 10 años cobre catódico con la técnica de tajo a cielo abierto. El problema es que para llevarlo a cabo es necesario despojar y desplazar de su territorio a la comunidad de Salaverna, porque el yacimiento está localizado justo debajo de las casas de la población. La consecuencia es que se ha gestado un conflicto minero de carácter socioambiental entre varios grupos locales y la empresa señalada.

Fuente: fotografía a cargo del equipo de investigación durante el trabajo de campo (2014).

Figura 5 Viviendas destruidas en Salaverna 

Con el objeto de crear condiciones propicias para el desalojo y al mismo tiempo seguir explotando las reservas con técnicas subterráneas, la empresa de Carlos Slim implementó la técnica de barrenación larga con tres detonaciones por día que ocasionaron graves daños en el suelo de la superficie y agrietaron algunas viviendas. El conflicto escaló en complejidad cuando los funcionarios de Frisco, con la colaboración del gobierno de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, desarrollaron y utilizaron de forma estratégica la narrativa de una falla geológica natural para justificar el desplazamiento de la comunidad hacia un nuevo complejo habitacional ubicado a cinco kilómetros de distancia. A cambio se les ofreció una casa en comodato, 15 mil pesos y algunos servicios básicos, como escuela, salud e iglesia.

Esta situación generó confusión y posturas contrapuestas entre la población local, lo que fue aprovechado por la minera Frisco, a través de estrategias orientadas a fomentar la división comunitaria para inhibir las respuestas de los afectados antes que recurrir a una consulta pública. De este modo surgieron cuatro diferentes grupos de oposición, negociación y colaboración en Salaverna. Uno, representado por Rosario Martínez, se caracterizó por aceptar el planteamiento de la empresa y colaborar para convencer a más personas de ser trasladadas al nuevo poblado llamado Nuevo Salaverna a cambio de un trato preferencial en el momento de elegir las nuevas casas y de obtener una mejor compensación económica. El motivo de esta respuesta tiene que ver con el hecho de que muchos de los integrantes de esta agrupación ya se encontraban viviendo en la cabecera municipal o sus familias no mantenían una relación laboral con la mina Tayahua; por ello no les quedó más que buscar algún beneficio de la reubicación.

La postura de este grupo configuró una relación de conflicto con las demás agrupaciones de personas en resistencia. El grupo, liderado por Pancho Constanzo, conocido como el Comité de Reubicación, no estaba de acuerdo con la colaboración que el grupo de Rosario Martínez había desarrollado con la empresa, por considerar que había aceptado las condiciones de Frisco a cambio de algo que no era justo. Así, el Comité de Reubicación elaboró un pliego de peticiones donde sus miembros establecieron aquello que creían que era lo más razonable por aceptar vivir en un nuevo poblado en vez de aceptar ser reubicados por un trato preferencial y una compensación económica más elevada que la que se les entregaba a otros habitantes. La postura de este grupo aceptó el traslado, pero no a cualquier precio. Estaban dispuestos a colaborar, pero siempre y cuando se tomaran en cuenta sus peticiones.

Sin embargo, no se logró establecer una relación de colaboración y consentimiento negociado con el Comité de Reubicación, pues la empresa no aceptó lo solicitado en el pliego petitorio que integraba demandas afines a la protección del medio ambiente, autonomía, indemnización, servicios básicos, clínica de salud, canchas deportivas, iglesia y escuela. Este grupo no vio más opción que aceptar el desplazamiento bajo los términos establecidos por Frisco, a consecuencia del temor que generó un hundimiento de 400 metros, causado ―según contaron los pobladores locales― por la técnica de barrenación larga cerca de las viviendas de algunos miembros del colectivo a finales de diciembre de 2012.

Otro grupo de resistencia es el Comité de Posesionarios Salaverna, Majadas y Santa Olaya, liderado por Esteban Méndez y Roberto de la Rosa. El primero, “don Teban”, era mecánico y agricultor de la comunidad de Salaverna. (Falleció a mediados de 2016). El segundo, “don Beto”, se dedica al pastoreo de chivas y en la actualidad es el delegado municipal de Salaverna. Ésta es una organización formalizada años antes de que el conflicto con el Grupo Minero Frisco escalara en intensidad. Su objetivo inicial fue exigir la certeza jurídica de los terrenos de la comunidad de Salaverna y realizar su reconocimiento como propiedad social, haciendo valer sus derechos como legítimos posesionarios de los terrenos que habitaban.

Esta agrupación tuvo una relación de conflicto con el grupo liderado por Rosario Martínez, debido a la colaboración que mantuvo éste con la empresa y por no sumarse a la lucha por defender el territorio. También sostenía una relación de conflicto con el Comité de Reubicación, debido a que éste consideró que la demanda sobre la certeza jurídica de la tierra era desproporcionada y que oponerse a la reubicación era una actitud obstinada que no tendría buen cauce.

En un momento, la relación entre don Beto y don Teban también se fracturó y el Comité de Posesionarios se dividió en dos agrupaciones que a la postre resultaron en el surgimiento de un cuarto grupo de resistencia y negociación. Entre las diferencias, se ubica la posición del colectivo encabezado por don Beto con una mirada sobre el territorio y los recursos como bienes inalienables y no negociables, mientras que el sector liderado por don Teban se inclinó más por la propuesta del Comité de Reubicación, aunque cada grupo siguió por separado.

Las personas representadas por don Teban exigieron a cambio de la reubicación una casa con las mismas dimensiones que las que tenían sus casas en Salaverna, una compensación económica y trabajo en la mina. Esto lo expusieron por medio de una demanda legal y el apoyo de un abogado, aunque se desconoce el monto total de la compensación económica que solicitaron. Estas demandas constituyeron lo que para este grupo era lo justo por aceptar ser reubicados, exponiendo una voluntad de consentimiento activo y negociado.

Conforme se desenvolvía el conflicto, don Beto y otros pobladores de Salaverna empezaron a establecer relaciones de confianza y colaboración con el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)⁶ y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), cuyo dirigente es el profesor Efraín Arteaga de la UAZ. Con el apoyo de estas organizaciones, los inconformes en Salaverna llevaron el caso a instancias nacionales solicitando a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) la regularización de 4 650 hectáreas para después recurrir al ordenamiento de la propiedad rural establecido en la Ley Agraria.⁷

Durante el proceso, el grupo liderado por don Beto solicitó que Frisco expusiera pruebas sobre cómo adquirió los terrenos, ya que legalmente eran considerados tierras nacionales. Ello evidenció que en los antecedentes registrales no existen pruebas de que los terrenos salieron del dominio público, lo que permite suponer que las escrituras presentadas por la empresa son apócrifas.

En respuesta a la postura de este sector de la población local, el gobierno de Zacatecas, encabezado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, autorizó el desalojo de las personas que se mantenían viviendo en Salaverna. Justificó la acción con la narrativa de una falla geológica natural, amparándose en el artículo 106 de la ley de Protección Civil del estado de Zacatecas. Tal artículo expone que, cuando una situación de riesgo inminente implique una emergencia o desastre, las autoridades competentes pueden determinar la evacuación de inmuebles y zonas específicas. Así, el 23 de diciembre de 2016, se llevaron a cabo acciones para desalojar a los pobladores de Salaverna con el uso de la fuerza pública y el apoyo de personal de Protección Civil estatal y municipal.

Estas acciones fueron frenadas por mujeres de la comunidad, quienes usaron sus cuerpos para obstaculizar la maquinaria pesada y prevenir que no destruyeran algunas de las viviendas. Aunque no lograron destruirlas todas, la intervención encabezada por funcionarios del gobierno estatal representaba una violación a los derechos humanos de los habitantes de Salaverna y tuvo como saldo la destrucción de la iglesia y la escuela. Demolieron los espacios públicos centrales de la comunidad como medida para forzar el desplazamiento de las personas que aún se mantenían habitando el lugar.

En abril de 2020, en el marco de la pandemia por el COVID-19, don Beto tuvo un altercado con empleados de la empresa Frisco, quienes se encontraban haciendo trabajos para cercar la comunidad y electrificar el perímetro, a pesar del decreto presidencial emitido el 31 de marzo de 2020 (Diario Oficial de la Federación, 2020), en el cual se dio a conocer la suspensión de todas las actividades no esenciales, entre las que se incluyó la minería, desde el 30 de marzo al 30 de abril de ese año. La empresa Frisco no sólo violó las medidas gubernamentales impuestas por la contingencia sanitaria, sino que también aprovechó el contexto para dar continuidad a sus intenciones de expandir sus operaciones extractivas, a pesar del juicio legal por los terrenos de Salaverna que está en curso.

Fuente: fotografía a cargo del equipo de investigación durante el trabajo de campo (2014).

Figura 6 Vivienda destruida en Salaverna 

Según voceros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (^{REMA, 2020}), después del altercado con trabajadores de Frisco, don Beto fue apercibido por parte de funcionarios de la Casa de Justicia del vecino municipio de Concepción del Oro para que compareciera ante la oficina de investigación, en un claro ejemplo de hostigamiento e indicios de criminalización. Los medios de comunicación difundieron el intento de encarcelar a líder opositor a la minera (^{Valadez, 2020}). El 20 de mayo la empresa Frisco cerró el acceso a Salaverna con la construcción de una cerca y dos casetas de control para vigilar la entrada y salida de la comunidad (^{Medina, 2020}). Ante este escenario, los pobladores locales, encabezados por Roberto de la Rosa, continuaron firmes en darle seguimiento a las distintas iniciativas legales que interpusieron y, con el apoyo de la UNTA, las diversas organizaciones que han acompañado su lucha, se rehúsan a dejar el pueblo. A más de diez años de haber estallado el conflicto, el cambio de uso de suelo sigue estancado, por lo que el proyecto de expansión de la minera Frisco se mantiene frenado.

Discusión y conclusiones

Los dos estudios de caso abordados en este texto ilustran la multiplicidad de actores y grupos involucrados en los conflictos mineros, la heterogeneidad de sus posturas y la complejidad de su interacción. Las estrategias empresariales, por su parte, dependen del contexto específico y del régimen de propiedad de la tierra. En el caso de Peñasquito, que se ubica sobre propiedad ejidal, el capital minero recurrió a la captura política de las comunidades por medio de la administración clientelar de favores y castigos. En el caso de Salaverna, donde la tenencia de la tierra está en disputa, el capital minero apostó en primera instancia por el control político de la comunidad a partir de una combinación de ofrecimientos (plan de reubicación) y amenazas (la narrativa de un peligro natural), lo que resultó en la división comunitaria. Después, frente a las acciones de resistencia de un grupo de pobladores locales, la empresa de Carlos Slim ―con el apoyo de actores gubernamentales― apostó por la expulsión violenta de la población mediante el desalojo con el uso de la fuerza pública y de maquinaria pesada para demoler las viviendas y los edificios públicos más importantes, como la iglesia y la escuela.

Los gobiernos y las instituciones gubernamentales (federales, estatales y municipales) han participado en la trama de relaciones con acciones orientadas a impulsar la realización de grandes proyectos de explotación minera, con miras al crecimiento económico y el “desarrollo”. En ambos estudios de caso, las prácticas de las agencias gubernamentales establecieron un escenario de poder asimétrico entre los actores locales y las empresas mineras que favoreció tanto a Goldcorp como al Grupo Minero Frisco.

En términos generales, las tácticas de Goldcorp, combinadas con las acciones de apoyo de instituciones gubernamentales como la Procuraduría Agraria y la CONAGUA, en una clara asimetría, lograron el objetivo de realizar una captura política de la población local. No obstante, en este campo de relaciones políticas desiguales los actores locales lograron construir agencias de resistencia enfocadas en negociar las condiciones del acceso y el usufructo de los recursos naturales en su territorio, a partir de acciones directas, como bloquear los principales accesos a la mina, de acciones jurídicas y de la mediatización del conflicto en la prensa y las redes sociales. Del mismo modo, a través de sus acciones colectivas, los pobladores locales han reclamado la mitigación de algunos impactos ambientales, como el abatimiento del acuífero Cedros, y que haya compensaciones económicas más justas no sólo para los ejidatarios, sino también para quienes han sido afectados por las actividades mineras.

En cuanto al caso de Salaverna, el análisis ha buscado explicar cómo el Grupo Minero Frisco ha intentado imponer su voluntad sobre la población con el apoyo de actores e instituciones gubernamentales, primero con la desarticulación del sindicato de trabajadores y la disminución de la planta laboral, y luego con el uso de prácticas orientadas a asustar a la población local y a fomentar la división comunitaria. Por eso la respuesta social de los pobladores de Salaverna ha sido fragmentada.

El grupo liderado por Rosario Martínez estableció una colaboración con la minera Frisco para obtener el mayor beneficio posible de la reubicación. Otros grupos de población local, como los representados por Pancho Constanzo y don Teban, mantuvieron una postura similar a la del FCAM en el caso de Peñasquito, en donde exigieron una negociación más justa por ceder su territorio. Y también está la respuesta del grupo representado por don Beto, que se opone a la colaboración con la minera Frisco y plantea un rechazo total a la minería a cielo abierto y en su lugar el desarrollo de alternativas basadas en la reconstrucción de una territorialidad con vocación productiva predominantemente agrícola.

Con todo, en ambos estudios de caso la población local logró construir espacios colectivos de resistencia y negociación, y en cada uno de estos espacios emergieron liderazgos propios y posturas distintas. Entre estas posturas, está la articulación de diversas demandas que van desde un aumento en los pagos por la ocupación de tierras y la oportunidad de trabajar en la mina, hasta la mitigación de algunos impactos ambientales y ―a partir de un grupo― el rechazo completo a las minas a cielo abierto. De este modo, los dos casos buscan ilustrar la complejidad de los conflictos mineros de oposición y negociación en territorios específicos y su evolución en el tiempo, de acuerdo con la noción de conflictos socioambientales complejos de múltiples posturas.