nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
En el marco de la evaluación de los ecosistemas del milenio, de la Organización de las Naciones Unidas, se concluyó que 60 por ciento de los servicios ambientales, que éstos generan en el mundo, se están degradando o no se utilizan de manera sustentable. Puesto que los ecosistemas son proveedores de productividad económica y que son los bienes y servicios ambientales los que la sostienen, la pérdida o degradación de éstos se traduce en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de una región. Uno de los mecanismos adoptados internacionalmente para revertir estos procesos es la protección de espacios del territorio, que contienen elementos para el sostenimiento de la vida (Gómez et al. 2008, 13-19; Bezaury 2009, 7).
El concepto adoptado en México para definir dichos espacios es el de área natural protegida (ANP), la Ley General del Equilibrio Ecológi co y la Protección al Ambiente (LGEEPA) los define como: "zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados" (Diario Oficial de la Federación, DOF 2012). Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en Sonora existen cuatro ANP decretadas por el gobierno federal, que abarcan la zona insular, y suman 1 772 368 ha (9.88 por ciento de la superficie total del estado).2 Las situaciones o procesos en los que surge el decreto de ANP en México han sido conflictivos, debido a intereses contrapuestos en torno al uso del territorio, que en muchas ocasiones son incompatibles (Brenner y Job 2006; Blaikie 1995; 1999, citados en Brenner 2009, 269) y a la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales (Maass et al. 2010; Toledo 2005; Búrquez y Martínez-Yrízar 2000).
Este artículo es parte de una investigación más amplia cuyo obje tivo es analizar el conflicto sostenido durante seis años (1997-2003) entre un grupo de mineros, representados por la Asociación de Mineros del Estado de Sonora (AMSAC) como opositores, y las instituciones de medio ambiente del gobierno mexicano, como los promotores de una propuesta de decreto del ANP denominada Reserva de la Biosfera Mavavi, localizada en el noreste de Sonora, de 780 114 ha, en una zona de relevancia hidrológica para los estados de Sonora y Arizona, pero también importante para la industria minera mexicana. La superficie propuesta contenía 106 concesiones, en su mayoría propiedad de Grupo México,3 de las que obtenían 90 por ciento del cobre producido al año en México. Además, junto con Grupo Frisco y Grupo Peñoles, tenía 244 denuncios para extracciones futuras, una inversión programada de 760 millones de dólares, y 59 pozos en la cuenca del río San Pedro -que nace en Sonora y fluye hacia Arizona-, con lo que cubrían sus necesidades de agua. Aquí se describe la dinámica del conflicto entre los mineros y los promotores, que derivó en que la Reserva de la Biosfera Mavavi no se decretara como ANP, y responde a la pregunta: ¿cuáles fueron las dinámicas, los actores y las estrategias de los grupos, que generaron una no política para la conservación del sitio?
El documento se divide en siete apartados. En el primero se expone el marco teórico y metodológico de la investigación; en el segundo se explica el contexto donde se sitúan las ANP en México; en los cuatro siguientes se describen el conflicto, sus actores y las estrategias utilizadas para incidir en la decisión de que la reserva del Mavavi no se decretara, en el último se delinean algunas conclusiones y recomen daciones para disminuir la disputa con mineros por el decreto de ANP.
Marco teórico y metodológico
El tema del conflicto se estudia desde las disciplinas sociales con métodos de observación, teorías e incluso definiciones distintas. Para Dahrendorf (1971, 119), constituye todas las relaciones contrarias, originadas estructuralmente de normas y expectativas, instituciones y grupos. Coser (1970, 56) lo conceptualiza como "la lucha por los valores y por el status, el poder y los recursos escasos". Para Silva (2008, 36), es el surgimiento de una manifestación, cuando se intenta desplazar a otro grupo social de la posesión o acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o apreciadas. En esta investigación se adopta el concepto de conflicto socioambiental, expuesto por Von Bertrab (2010, 66), quien expresa que se origina en la contraposición o incompatibilidad de posturas, en relación con el acceso, uso y significado de los recursos naturales y en las perspectivas diferentes sobre la degradación ambiental, en las que es relevante la existencia de elementos histórico-simbólicos de identidad y de satisfacción de necesidades básicas, relacionados con los recursos naturales y su territorio.
Por otro lado, los conflictos derivados de la emisión de un decreto de ANP se enmarcan en el campo de las políticas públicas,4 y en lo que Paz (2012, 13-26) denomina los "conflictos socioambientales de gestión", cuyo origen radica en las nuevas políticas y normatividades que inciden en las modalidades existentes de acceso y uso de recursos y territorios.5 Estos conflictos pueden estudiarse desde el ámbito de la ecología política, que emerge en la década de 1960 (Durand et al. 2011, 286), y que considera que el cambio ambiental y las condiciones ecológicas del entorno son el resultado de procesos políticos (Durand et al. 201 1, 286-289). Según Brenner (2009, 262), son escasas las investigaciones que intentan explicar las pugnas entre quienes promueven mecanismos para la conservación y los interesados en la explotación de los recursos naturales. Y son aún menos las que ana lizan las dificultades surgidas durante el proceso de implantación de un espacio protegido en México. Una de ellas es la de Tejeda (2009, 57-88), quien estudió la disputa entre las autoridades y comuneros de las ANP de la selva Lacandona, en Chiapas, México; refiere que los problemas de la zona son la expresión de las contradicciones entre la forma en que se instrumentan las políticas públicas en materia de ANP y las lógicas de apropiación territorial de los comuneros lacan-dones. Otro estudio es el de Von Bertrab (2010), quien documentó el conflicto por la implementación de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, México, manifestado a raíz de la expropiación de tierras, a fin de consolidar una de las zonas núcleo de la ANP, y provocó enfrentamientos entre campesinos y algunas dependen cias gubernamentales. El autor concluyó que, en el escenario de la conservación, las acciones no consensuadas -la expropiación en este caso- pueden agravar el deterioro ambiental, al debilitar el tejido social necesario para promover un desarrollo comunitario sustentable. Ambos estudios se basan en reconstrucciones históricas del proceso de decreto de una ANP en México y utilizaron métodos cualitativos para su análisis. Los referentes teórico-conceptuales expuestos fueron un sustento para el marco analítico de la ecología política en el conflicto entre mineros e instancias gubernamentales durante el proceso de decreto de la Reserva de la Biosfera Mavavi.
Cuando Brenner (2010, 287) cita a Stonich (1988 y 1989), aseve ra que en los acercamientos político-ecológicos se debe explorar a los actores, sus intereses, motivos, estrategias de acción y conflictos res pecto del uso de los recursos, por ser condiciones previas para resolver los problemas de gestión. Por este motivo, aquí la unidad de análisis son los actores definidos como "participantes activos que reciben e interpretan información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores locales, así como con las instituciones externas y su personal" (Long 2007, 43), y que de ser un sujeto-individuo son capaces de pasar a ser un sujeto-colectivo, al vincularse con otros con quienes se genera un proceso identitario (Castañeda 2004, citado en Armenta 2010, 34). Para ello, se categorizaron en dos rubros: a) por la relevancia en la participación, con las aportaciones de Ormachea (2000) y Sabatier y Jenkins-Smith (1993) se dividieron en actores primarios, secundarios, interesados y mediadores,6 y b) por afinidad, que a su vez se dividieron en tres grupos: a) promotores del proyecto, representados por el personal del Área Natural Protegida de Flora y Fauna Ajos-Bavispe (ANPFF Ajos-Bavispe) y Dirección de ANP de la SEMARNAP, que en el año 2000 se convirtió en CONANP; b) la base social compuesta por ganaderos y ejidatarios, organizados principalmente en la Unión de Ejidos Jacinto López,7 la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y la Central Campesina Independiente (CCI) y c) los opositores al proyecto, que eran los mineros organizados en la AMSAC.
La metodología utilizada fue de corte cualitativo y se dividió en seis etapas: a) identificación del contexto del problema y del área de estudio; b) revisión de artículos publicados en los periódicos El Imparcial, El Cambio y El Independiente, de circulación estatal, y de la revista local, Voces de 1997 a 2003; c) análisis de 254 documentos que incluyeron expedientes administrativos, informes técnicos, actas de asambleas y de acuerdos, reuniones videograbadas, memorias de foros de discusión, comunicados internos, relatorías de reuniones, correos electrónicos y oficios; d) entrevistas semiestructuradas a 23 informantes clave, elegidos con el conocimiento previo documentado de su participación (cinco representantes de instancias gubernamentales, siete de organizaciones no gubernamentales ambientalistas (ONG), un aca démico, tres ganaderos, tres ejidatarios, un líder de la cci y tres mine ros), algunos actores fueron entrevistados en más de una ocasión con lo que se completaron 30 entrevistas, con una duración aproximada de una hora y media, efectuadas de agosto de 2012 a julio de 2014, y fueron trascritas; e) tres visitas a la región durante diez días y f) procesamiento de la información con ayuda de la elaboración de 16 fichas temáticas, con las siguientes categorías generales: causa del conflicto, contexto, postura del actor, estrategias para incidir en la política de decreto, recursos para el desarrollo de las estrategias y percepción sobre el proceso de gestión del conflicto. La información que se pudo fechar se colocó en una línea del tiempo, para representar los eventos cronológicos que identificaron la dinámica.
El contexto legal de las ANP en México
Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), encargada de la administración de las áreas naturales mediante el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En enero de 1988 se promulgó la LGEEPA, en donde se conceptualizan y categorizan las áreas naturales, y se reconoce como objetivo fundamental su con servación, bajo un esquema de desarrollo sustentable. En 1994, en la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, se formó la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), como una de sus primeras acciones para incorporar a México al grupo de países que buscaban promover un cambio hacia la sustentabilidad, y nombró como titular a la bióloga Julia Carabias Lillo, cuya presencia fue clave en la historia del Mavavi. Según ella, en México prevalecía un clima político propicio para atender iniciativas internacionales de protección del ambiente, que llevó a su equipo a promover y apoyar nuevas ANP o rescatar las decretadas en papel, pero que no se habían llevado a cabo.8
Un punto nodal en la historia es que el primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, acuerdo para crear una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Según Exequiel Ezcurra, esto derivó en un interés de México por constituir ANP fronterizas, que enviaran el mensaje a la comunidad internacional sobre la importancia de las políticas públicas mexicanas en torno al cuidado del ambiente.9 En el año 2000, se nombró como titular de la CONANP al biólogo Javier de la Maza Elvira, quien fue director de Áreas Naturales Protegidas en la SEDUE de 1982 a 1986.10 También en ese año se emitió el reglamento de ANP, que en la actualidad le da forma a su administración.
La tipología que caracteriza a las ANP en México está enmarcada en la LGEEPA,11 y sus fundamentos técnicos se expresan en el documento Estudio previo justificativo (DOF 2012). Su manejo y administración está a cargo de la CONANP, que podrá constituir consejos asesores para apoyar a los directores de las áreas protegidas (DOF 2012; 2004).
Búsqueda de alianzas del grupo promotor y primeras oposiciones (1997-2000)
El inicio de la propuesta Mavavi
En este marco normativo, la SEMARNAP retomó una propuesta avalada por el gobierno de Sonora y por organismos internacionales, para ampliar el ANPFF Ajos-Bavispe (véase Figura 1), y solicitó a su director, José María Guerra Limón, que revisara dicha posibilidad a fin de proteger porciones de cuatro cuencas hidrológicas que brindaban servicios ecosistémicos importantes para el estado. En 1997, el análisis de los promotores12 concluyó que era posible ampliar cuatro veces más el ANPFF Ajos-Bavispe, que hasta entonces cubría una superficie aproximada de 184 mil ha, para que abarcara 780 114 ha. La nueva ANP se denominó "Mavavi", y se localizaba al noreste de Sonora, don de protegía porciones de las cuencas hidrológicas de los ríos Yaqui, Sonora, Bavispe y San Pedro (AMSAC s/f).13
Fuente: Departamento de Sistemas de Información Geográfica de la CONANP (2014).
Figura 1 Polígono del Área Natural Protegida de Flora y Fauna Ajos-Bavispe
El uso del agua de la cuenca del río San Pedro fue el motivo central del conflicto que se delinea aquí pues, al ser de interés binacional, Bruce Babbit -secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos- y Julia Carabias, de México, se aliaron para buscar financia-miento para decretar la reserva. Babbit consiguió que algunas ong ambientalistas como National Fish and Wildlife Foundation, World Wildlife Found y la Fundación David and Lucile Packard donaran re cursos económicos, que sumaron 1.31 millones de dólares para el proyecto, y por medio del Global Environmental Facility14 se trasfirieron al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza15 (FMCN) para su administración.16 Por la forma de recaudarlos, Renée González (directora de Conservación del FMCN) consideró a Mavavi como un proyecto internacional emblemático.17 La ONG The Nature Conservancy (TNC) apoyó también la propuesta, y sus fondos fueron administrados por el IMADES con el que trabajaba en varios proyectos de conservación.18
En la búsqueda de consensos, antes de que la propuesta del ANP emergiera formalmente, en 1999 los promotores se reunieron con los ejidatarios y ganaderos (en adelante denominados la base social) de los 16 municipios involucrados. En aquel momento la base social estaba a favor, esto lo corroboró el ganadero Humberto de Hoyos: "[...] obviamente al principio estábamos a favor del área porque a todos los ganaderos nos interesa proteger nuestro patrimonio [...]". Pero el problema vendría después, cuando los mineros conocieron el proyecto.
Propuesta inicial de reserva y primeras oposiciones
A principios del año 2000, Grupo México se enteró de la iniciativa, por lo que convocó a cerca de 25 empresas mineras para "atender el problema" del proyecto de reserva de casi 800 mil ha. En ese mo mento pretendían que se eliminara la denominación de reserva de la biosfera y que se decretara como área de reserva forestal, porque percibían que era menos restrictiva.19 Grupo México le pidió a la AMSAC que se hiciera cargo de dirigir el proceso de lucha en contra del Mavavi, con el argumento de que carecía de buena imagen ante la comunidad, y que eso limitaría el éxito para sostener el conflicto ante los promotores.20
Aunque los mineros argumentaban que el Mavavi se enclavaba en la franja más importante de reservas con un potencial geológico-minero en la producción de cobre, oro, molibdeno y plata, y que tenían inversiones programadas de más de 757 millones de pesos,21 el interés estaba puesto en el agua de la cuenca del río San Pedro, ya que en la zona existían 59 pozos propiedad de Grupo México de donde extraían un promedio anual de 10.96 hectómetros cúbicos (hm3), con una capacidad instalada promedio de 39.22 hm3 (Arias et al. 1998, 58-60); además, era propietaria hasta de 90 por ciento de los derechos del agua de la zona (Mc-Elroy y UASA-ARS 2000, 78).
En estas circunstancias, el 7 de junio del año 2000 se emitió formalmente la primer propuesta para crear la Reserva de la Biosfera Mavavi con una superficie de 780 114 ha (véase Figura 2).22 Ante la oposición de los mineros, la recién formada CONANP intentó buscar acuerdos e iniciaron las reuniones de negociación para disminuir el polígono, y dejar fuera los aprovechamientos mineros (155 concesiones vigentes y 244 denuncios futuros). Mientras los mineros preparaban las estrategias para oponerse al proyecto, los promotores habían conseguido lo siguiente: a) un acuerdo aparente con las comunidades incluidas en el área del Mavavi; b) el apoyo de los organismos internacionales (Mc-Elroy y UASA-ARS 2000) y c) la fluidez de los recursos económicos provenientes de las fuentes financiadoras. De tal forma que se proponía que la CONANP emitiera el aviso de decreto a finales de septiembre del año 2000.23 Así, los mineros se iban involucrando más en el proyecto, y el 5 de agosto24 solicitaron a los promotores ser parte del consejo asesor de la ANPFF Ajos-Bavispe, donde se trataba el caso de la propuesta del Mavavi. La solicitud fue aceptada, y el 8 de agosto se ratificó la representación de la AMSAC a nombre de Marco Antonio Bernal Portillo.25 En una reunión del consejo asesor, el 11 de agosto, los mineros solicitaron que su actividad se describiera como sustentable, en la justificación de la creación del Mavavi, lo que ocasionó desacuerdos.26
Conflicto con los mineros y primeras incursiones de la base social (2000-2002)
Los mineros ganan terreno: disminución de la superficie por decretar
A mediados de agosto del año 2000, la AMSAC envió al presidente Ernesto Zedillo, a Vicente Fox Quesada (presidente electo) y a otros funcionarios federales y estatales27 una carta abierta donde denunciaban la realización de "acciones en lo oscurito, al vapor, atendiendo solo a un plan sexenal y lo más serio y cuestionable, en contra de los intereses de quienes debemos y tenemos que exigir lo mejor para los sonorenses y para nuestro país".28
Las publicaciones en los periódicos locales, por parte de los mine ros, iniciaron el 18 de agosto cuando, en un desplegado, expresaron que aun sin iniciar la administración de Vicente Fox existían secretarías que trataban de imponer determinaciones "lesivas", como la de la reserva Mavavi, la cual limitaba "todas las actividades productivas que sustentan a 80 mil sonorenses" (El Cambio 2000a). Además, el 21 de agosto solicitaron la intervención del gobierno de Sonora y, como respuesta, el entonces mandatario Armando López Nogales designó como responsable a Jorge Alberto Gastélum López (subsecretario "B" de Gobierno), quien convocó a una reunión29 donde los mineros se manifestaron en contra de la creación de la reserva, e indicaron que la propuesta carecía de bases técnicas fundamentadas. La CONANP se comprometió a revisar el proyecto y consensarlo con todas las partes involucradas.30
El 30 de agosto los mineros publicaron un manifiesto a la opinión pública en un periódico de circulación estatal, donde expresaron que no se oponían al Mavavi pero que buscaban el equilibrio entre su actividad productiva y lo ambiental, que habían constatado que entre las autoridades estatales no existía conocimiento y comunicación de las acciones federales y condenaban que los "costos sociales para el Gobierno y la sociedad podrán ser el pasivo histórico de una decisión precipitada" (El Cambio 2000b). Entre los mineros, la información se difundía con rapidez y se unificaban discursos y criterios de actua ción, de tal forma que ese mismo 30 de agosto, la AMSAC emitió un pronunciamiento interno en contra del Mavavi, donde se expusieron los riesgos de pérdidas económicas en caso de decretarse el ANP, y propusieron al ANPFF Ajos-Bavispe para apoyar en su conservación, mantenimiento, manejo y protección, y se comprometían a participar en forma activa en la realización de los objetivos que le dieron origen.31
A principios de septiembre, Julia Carabias expresó, en una televisora de Sonora (TELEMAX), que el Mavavi pretendía proteger las fuentes de abastecimiento de agua para Sonora, y que se atenderían todas las objeciones de los sectores productivos.32 TELEMAX continuó con el tema y un día después se entrevistó a los mineros, quienes incluyeron un nuevo elemento en la discusión, el asunto de la disputa binacional por el agua de la cuenca del río San Pedro. Hablaron de la participación del secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, y la "supuesta" necesidad de crear una reserva para que el agua de la cuenca del río San Pedro al cruzar la frontera favoreciera a los "vecinos americanos" y perjudicara a los nacionales. Esta postura fue aceptada por el comentarista del programa, y con ello el asunto de la nacionalidad y la participación de Estados Unidos también entró en la discusión.33
Ante estos eventos, los promotores del Mavavi intentaron aminorar el conflicto y el 11 de septiembre sostuvieron una reunión con los mineros, donde afirmaron que no pretendían dar el agua a los "americanos", sino proteger el sistema hídrico de la región y su ecosistema. Se acordó revisar la posibilidad de reducir la superficie en acuerdo con ellos, y se les pidió a las empresas mineras que señalaran las dos áreas de mayor prioridad que debieran eliminarse.34 Según Javier de la Maza, las negociaciones se hacían con el afán de que una vez emitido el decreto, el sitio no sufriera modificaciones por la oposición de las comunidades que ahí habitaban.35 Lo cierto es que este fue el inicio de las negociaciones que llevaron a una serie de reuniones en la capital del país, donde se discutió el tema del acotamiento de la superficie del polígono propuesto como reserva.
El 19 de septiembre los promotores del Mavavi se reunieron de nuevo con los mineros, y emitieron tres avisos importantes: a) el decreto de reserva no se publicaría hasta escuchar sus inquietudes; b) no se pretendía normar la explotación del agua subterránea, sólo se trataba de mejorar la captación de la recarga del acuífero y c) la zona de amortiguamiento de la reserva se reduciría al mínimo indispensable.36 Aun con las promesas de la CONANP, los mineros seguían ma nifestando su oposición y el 10 de octubre, aparecieron en TELEMAX donde hablaron a favor de la minería y en contra de la propuesta de decreto.37 A la vez organizaron el Foro nacional de análisis sobre la implementación de áreas naturales protegidas que impactan la actividad minera, en Hermosillo, Sonora, en donde se expuso el caso del Mavavi y, con el eslogan Unidos por la minería, intentaron llegar a acuerdos sobre la forma de actuar ante el conflicto.38
Las presiones ejercidas por los mineros tuvieron efecto, y el 13 de octubre se elaboró una nueva versión "ultrasecreta" del polígono.39 Cuatro días después, y a pesar del esfuerzo por mantener el secreto, un periódico estatal publicó que la presión ejercida por el sector mi nero contra la reserva Mavavi tuvo resultados, ya que las autoridades federales (CONANP y SEMARNAP) decidieron reducir el área y postergar la fecha del decreto de ampliación, lo que para el gremio era una no ticia positiva, pero no para los conservacionistas que veían que "[...] la decisión de las autoridades federales de medio ambiente significa ceder ante las fuertes presiones emprendidas por los mineros, sector que ha canalizado muchos esfuerzos contra la declaratoria a través de desplegados, notas informativas, reuniones especiales y foros" (El Imparcial 2000).
Los mineros no cesaban en su intento por eliminar la creación de la reserva, y el 24 de octubre enviaron la segunda "carta abierta" al presidente de la república en funciones y al electo (Vicente Fox), donde exponían que "el sector minero unido manifiesta una vez más su oposición y desacuerdo a la implementación de la recategorización y redimensionamiento del ANPFF Ajos-Bavispe a la Reserva de la Biosfera Mavavi".40 Estas y otras presiones propiciaron que lo que era un rumor se hiciera realidad, y la CONANP emitió oficialmente la segunda propuesta de decreto con una superficie de 370 341 ha (véase Figura 3).41 Aun con la reducción, el sector minero argumentó la existencia de 104 concesiones vigentes dentro de la nueva poligonal, y reforzó la idea de trabajar en torno a la conservación de la actual ANPFF Ajos-Bavispe la cual, desde su perspectiva, había carecido de atención.42 Con esta acción se incorporó a la mesa de discusión el asunto de la desatención y falta de personal de las autoridades ambientales hacia las ANP en México, así como la falta de credibilidad sobre la atención que se le podría brindar al Mavavi.
Fuente: Departamento de Sistemas de Información Geográfica (CONANP 2000). Reconstruida por el Departamento de Sistemas de Información Geográfica de la CONANP en 2014.
Figura 3 Segundo polígono propuesto para el Área de Protección de Flora y Fauna Mavavi
A dos días de concluir el sexenio de Ernesto Zedillo, con Julia Carabias en la SEMARNAP y Javier de la Maza en la CONANP, los mineros seguían en su lucha pero con la esperanza de que el proyecto se desarticulara al no aparecer el aviso de decreto en el DOF, acción con la cual se formalizaría el inicio de la declaratoria de Reserva de la Biosfera Mavavi (El Independiente 2000).
Emisión del aviso de decreto y cambio de la administración federal
El 30 de noviembre del año 2000, y a punto de concluir la administración federal, Julia Carabias emitió el aviso de decreto con el cual se formalizaba la propuesta del Mavavi como ANP, y otorgó un plazo de 30 días naturales para que los interesados expresaran una opinión. El aviso publicado a la letra dice:
AVISO: por el que se informa al público en general, que están a su disposición los estudios para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer como área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Mavavi, con una superficie total de 370,341-91-51.850 hectáreas, localizada en los municipios de Bacoachi, Naco, Cananea, Santa Cruz, Fronteras, Nacozari de García, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Bacadehuachi, Nacori Chico, Cumpas y Moctezuma, en el Estado de Sonora (DOF 2000).
El 1 de diciembre del año 2000, México cambió de presidente y de partido político en el poder; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 70 años en el poder, fue derrotado en las elecciones y en su lugar llegó el Partido Acción Nacional (pan). Esto provocó modificaciones profundas derivadas, entre otras cosas, de la falta de experiencia y de un equipo consolidado.43 No obstante, en materia de ANP el nuevo presidente, Vicente Fox, decidió continuar con la línea de conservación de Ernesto Zedillo,44 pero con las siguientes modificaciones: a) las reformas en la Ley de la Administración Pública Federal replantearon la estructura de la SEMARNAP, y formaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ; b) se sustituyó a Julia Carabias por Víctor Lichtinger Waisman, como titular de la SEMARNAT y c) se sustituyó a Javier de la Maza por Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, como responsable de la CONANP.
Ante el aviso de decreto en el DOF, el 11 de diciembre, los mineros enviaron a la SEMARNAT un documento extenso con observaciones al Estudio previo justificativo de la propuesta,45 y el 19 de diciembre emitieron un oficio para solicitar que se reconsiderara fuera de la zona de amortiguamiento del Mavavi, a los ocho pozos de la empresa Mexicana de Cananea, lo cual les fue negado.46 Además, publicaron en dos periódicos estatales su molestia por la violación de los acuerdos contraídos con la SEMARNAT, señalaban que presentarían un amparo masivo de empresas en contra del decreto del gobierno federal, y que apelarían ante los foros de arbitraje internacional en materia minera y promulgarían el veto al decreto ante el Poder Legislativo, Congreso de la Unión y Senado de la república.47
El 4 de abril de 2001, la SEMARNAT respondió el oficio del 11 de diciembre del año 2000, y se comprometió a considerar sus observa ciones, adecuar el Estudio previo justificativo y modificar la categoría de protección de reserva de la biosfera a área de protección de flora y fauna.48 Hasta este punto, la AMSAC había logrado disminuir la superficie original propuesta, pero no que se modificara la categoría de manejo de reserva de la biosfera o, en el mejor de los casos, que se eliminara la amenaza del Mavavi como ANP.
Por otro lado, Víctor Lichtinger, economista y consultor ambiental en varias empresas, tenía una visión del mundo que lo diferenciaba de Julia Carabias y que se relacionaba con decretar el ANP con el menor desgaste posible del capital político, que pudiera perjudicar el cumplimiento de la meta de tener 10 por ciento de la superficie de México decretada como ANP.49 Además, tenía la percepción de que el entonces gobernador del estado (Armando López Nogales) no apoyaba las acciones dirigidas desde su administración.50 Todos estos elementos (la presión social, su visión del mundo y el escaso apoyo del gobernador en turno) se conjugaron para provocar que Víctor Lichtinger cediera en la modificación de la categoría de manejo y pasara de reserva de la Biosfera a área de protección de flora y fauna.51
Ante la dimensión del conflicto, el gobierno de Sonora decidió, por segunda ocasión, fungir como mediador; de tal forma que de nuevo el subsecretario "B" de Gobierno, en representación del gober nador, promovió que durante un mes (del 31 de mayo al 27 de junio) el personal de la ANPFF Ajos-Bavispe realizara cuatro reuniones52 con el presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Estado de Sonora y con el diputado por Cananea (Francisco García Gámez), quien apoyó al Mavavi cuando fue presidente municipal en Cananea (1997-2000),53 y con cuatro diputados más quienes acordaron formar comisiones,54 para analizar el caso. El 27 de agosto de 2001, la CONANP aprobó abrir de nuevo el proceso de consenso social para decretar el Mavavi55 y el 17 de septiembre, el delegado en Sonora de la SEMARNAT (José Luis Luna Urquidez) envió a Víctor Lichtinger el informe del programa de actividades, que aseguraba estaba aprobado por los mineros. Este momento marcó el inicio del proceso de consenso social.56 Para en tonces, la CONANP planeaba emitir el decreto en octubre.57
A principios de 2001 existían otros actores locales que se pronunciaban a favor de la reserva y en contra de los mineros, entre ellos la ONG Asociación Regional Sonora-Arizona (ARASA) y el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que había tenido problemas con los mineros porque sus actividades violentaban la visibilidad del único observatorio astronómico con el que cuenta la institución en México. El abanderando de esta institución era el licenciado Patricio Estévez, promotor apasionado del proyecto de reserva58 ante los medios de comunicación y los académicos.59
La inclusión de la base social como opositora al proyecto de reserva
En definitiva, los mineros utilizaron varias estrategias con éxito, pero la mejor fue haber convencido de aliarse con ellos a los ganaderos, ejidatarios, presidentes municipales y sus asociaciones como la Unión de Ejidos Jacinto López y la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), de los municipios enclavados en el proyecto de reserva.60 Esa alianza dio resultados, la base social, que antes parecía no estar en contra de la creación de la reserva, para mediados de 2001 estaba ya enterada del proceso porque los mineros le proporcionaban información de primera mano, y le sugerían rechazarla argumentando que el decreto propiciaría la expropiación de sus propiedades y la cesión de su agua a los estadounidenses.61
Así, el 18 de septiembre de 2001 en la octava reunión del consejo asesor, la base social expresó el temor de que no se les permitiera aprovechar sus terrenos, acusaron a la ANPFF Ajos-Bavispe de no tener suficiente personal para cuidar el área, y dudaron que se cumpliera la promesa de que tendrían más beneficios económicos con el decreto.62 Ante estos hechos, y a casi un año de haber emitido el aviso de decreto,63 los promotores del Mavavi expresaron que carecía de validez legal, que era sólo para avisar al público y que se generaría un nuevo aviso;64 también expresaron que el proyecto de decreto que fue entregado en un acto de buena fe a los mineros durante el año 2000, se utilizó para poner a la base social en su contra.65
Ante la presión, los promotores del Mavavi buscaron el apoyo de la Cámara de Diputados de Sonora, que se comprometió a estar al pendiente del proceso.66 Durante octubre de 2001, se celebraron cinco reuniones de cabildo y se planteó, como "opción de mejora", eliminar la minería de Cananea debido al consumo de agua, su contaminación y las limitaciones en la generación de mano de obra.67 Esta declaratoria molestó a los mineros, quienes condenaban ese hecho como una medida extremista que perjudicaría a la población de Cananea.68
Por otro lado, las solicitudes de apoyo de la base social en contra del Mavavi seguían su curso, y después de cinco reuniones documentadas por la cantidad y representatividad de los asistentes, la base social convenció a los presidentes municipales de oponerse con argumen taciones estructuradas en tres aspectos: a) el Mavavi era la alternativa más económica para llevar agua a Arizona, a fin de que la comunidad de Sierra Vista triplicara el número de pobladores; b) la SEMARNAT era incapaz de manejar las ANP y c) el Mavavi debía decretarse para que la ANPFF Ajos-Bavispe tuviera acceso a los "millones de dólares condicionados a su decreto".69 Además de convencer a la comunidad de Cananea de que se opusiera al proyecto, la base social expresó su inconformidad sobre el posible decreto del ANP ante las fuentes financiadoras, y le solicitó al FMCN que explicara la situación.70 Con este preámbulo, las ONG interrumpieron los apoyos financieros para lograr el decreto de reserva.
El gobierno del estado, que al principio estuvo a favor de la reserva, dejó de emitir opinión, los promotores del decreto lo notaron y esto ocasionó más dudas sobre el involucramiento del gobernador.71 Y es que la situación era clara, los mineros también hicieron labor en ese ámbito,72 y decidieron mantenerse al margen del proceso. Sin embargo, ante las presiones del gobierno federal, el estatal tuvo que involucrarse de nuevo como mediador, y el 23 de noviembre de 2001 organizó una reunión interinstitucional con la SEMARNAT (delegación Sonora) y otras dependencias. En ella expresó que los mineros tenían recursos para boicotear las reuniones efectuadas sobre el Mavavi, a pe sar de que la superficie de la propuesta se ajustó para que las minas no se afectaran. Se acordó preparar una visita del titular de la SEMARNAT (Víctor Lichtinger) para que se pronunciara a favor del proyecto.73
La aparente aceptación de los mineros
Los promotores de la reserva, confiados en que la visita de Víctor Lichtinger diera un fuerte impulso al decreto del Mavavi, estaban preocupados por los discursos del sector minero y de que la prensa local, principalmente El Imparcial, utilizara al Mavavi para confrontar a la SE MARNAT con el gobierno del estado por los problemas ambientales en la entidad.74 La esperada reunión se realizó el 29 de noviembre de 2001, pero Víctor Lichtinger (de último momento) decidió no asistir y envió a Ernesto Enkerlin, de la CONANP, en su representación. Armando López Nogales, gobernador de Sonora, tampoco acudió, y en su lugar fue Javier Hernández Armenta, secretario de Infraestructura Urbana y Ecología. También asistieron ejidatarios, ganaderos, mineros, ONG, autoridades municipales, investigadores y académicos.75 Ese mismo día, Ernesto Enkerlin expresó, en una entrevista, que la declaratoria del Mavavi no se había concretado debido a la oposición de la base social, pero aseguró que los mineros, de acuerdo con las nego ciaciones realizadas en la Ciudad de México, estaban de acuerdo con el proyecto, y garantizó que a más tardar en un año se concretaría la declaratoria de reserva forestal nacional del Mavavi (El Cambio 2001b).
La prensa estatal criticó la ausencia de Víctor Lichtinger, y publicó que una noche antes del viaje el presidente de la UGRS, Alfonso Elías Serrano, lo puso sobre aviso del rechazo de los mineros y de la base social al proyecto (El Imparcial 2001; El Cambio 2001b). En TELEMAX (2000) se comentó que Víctor Lichtinger no asistió porque tuvo miedo de enfrentarse a los mineros y a las organizaciones ambientalistas. Se asume que los medios de comunicación estaban en lo cierto, pues para Lichtinger la reserva estaba muy conflictuada por los mineros y los ganaderos, "las relaciones políticas pesan mucho en la decisión de decretar o no un sitio, y en esa época el gobernador del estado no apoyaba el proyecto [...]".76
Los mineros advirtieron la indecisión de Víctor Lichtinger ante la propuesta de decreto, en virtud de que habían ganado ya los dos elementos que los llevaron a la lucha: a) disminuir la poligonal del Mavavi en 48 por ciento, lo que eliminó de la propuesta la superficie con la mayor parte de los pozos de extracción de agua por la minera y al gunos yacimientos importantes y b) modificar la categoría de decreto del Mavavi a fin de tener, desde su perspectiva, menores restricciones para su explotación.
Es importante mencionar que algunas empresas mineras, como CAMIMEX acordaron aceptar la propuesta de decreto, que en diciembre de 2001 envió a la AMSAC el siguiente comunicado: "De último momento me han informado que algunas empresas de la Cámara Minera que habían sido afectadas por la propuesta original del decreto de la Reserva de la Biosfera Mavavi, están en principio de acuerdo con la reducción del perímetro".77 Ese mismo día, la AMSAC recibió del Grupo Peñoles un fax donde exponía estar de acuerdo y "proponen que la estrategia a seguir sea agradecer a la CONANP el haber escuchado al sector minero y solicitar los consideren en el plan de manejo de la Reserva cuando sea decretada".78 Así, los mineros parecían haber aceptado la conservación de la zona vía decreto como área de protección de flora y fauna Mavavi, con una superficie de 370 341 ha.
Reforzamiento de los mineros como opositores (2002)
Aunque algunas empresas mineras aparentemente habían aceptado la propuesta de decreto del Mavavi, la AMSAC decidió esperar a que funcionara la estrategia de tener a la base social de su lado. Aunque este escrito intenta esbozar la organización y las estrategias utilizadas por los mineros para incidir en la política pública, en un esquema de racionalidad económica en México, es importante mencionar los frentes en los que actuó la base social: a) el internacional, que se opuso enérgicamente a las instancias financiadoras de la reserva, que dudaron en continuar apoyando un proyecto que no contaba con el acuerdo de las comunidades que lo habitaban; b) el nacional, por medio de grupos organizados como la CCI y la UGRS; c) el local, que convenció a los presidentes ejidales y municipales, así como a los de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) para que otorgaran cartas de oposición al proyecto, que fueron turnadas al presidente de México,79 y d) el de la opinión pública, mediante comunicados en la prensa local y estatal donde exponían su postura y motivos de oposición.
Los mineros, mientras esperaban a que la base social actuara, seguían organizándose y el 22 de abril de 2002 enviaron un nuevo oficio a Víctor Lichtinger donde solicitaban, entre otras cosas: a) revo cación o derogación del aviso de decreto;80 b) redimensionamiento del área propuesta con base en la definición del manejo integral de cuencas, que respetara la vocación de los terrenos y c) considerar la totalidad de la zonas de amortiguamiento como categoría de "área de aprovechamiento especial", para lograr el desarrollo de la actividad minera.81
Las presiones de los mineros fueron respaldadas, y en agosto los promotores emitieron una nueva propuesta que disminuyó el área a 367 541 ha (40 por ciento de la superficie original).82 Como res puesta a esta iniciativa, en octubre los mineros enviaron un oficio a Víctor Lichtinger donde exponían que la nueva propuesta del Mavavi era producto de una "enorme presión política y económica ejercida por grupos y organizaciones extranjeras y nacionales [...] a fin de imponer de manera arbitraria y caprichosa el decreto de la ANP Mavavi, con objetivos claramente oportunistas de aprovechar nuestro patrimonio en beneficio extrafronterizo" (Revista Voces 2002).
Para diciembre, los promotores estaban preocupados por el desinterés que el presidente de la república, Vicente Fox, y el gobernador de Sonora, Armando López Nogales, mostraban ante el conflicto y solicitaban a los titulares de la SEMARNAT nacional y estatal y, de la CONANP federal que intercedieran ante el mandatario del estado y se decretara el Mavavi el 11 de diciembre, cuando menos que se comprometieran a apoyar las reuniones de concertación para decretar en marzo.83 De esta forma, los promotores trataban de motivar a un gobernador que hasta el momento se mantenía inmutable ante los hechos que se ges taban en su territorio desde hacía años.
La conformación del nuevo consejo asesor aleja a los promotores de Mavavi
El periodo 2000-2002 del consejo asesor de la ANPFF Ajos-Bavispe (en donde se gestionaba el Mavavi) había llegado a su fin, y la SEMARNAT-Sonora convocó a una reunión en Hermosillo para la instauración del nuevo (para 2002-2004). Con esta acción, rompió las reglas de funcionamiento, pues en el artículo 12 de su reglamento expresa que la invitación para instalar un nuevo consejo asesor debe formularse por el presidente ejecutivo y el secretario técnico del mismo (SEMARNAP s/f), y era habitual que el lugar de la reunión fuera una comunidad dentro del área de la reserva. Los mineros advirtieron esto, y preocupados porque el nuevo consejo no les favoreciera, se dieron a la tarea de invitar "muy discretamente", con gastos pagados, a un grupo numeroso de ejidatarios para que se hiciera presente en la reunión. Además, hablaron de "llevar a un gallo" para proponerlo como presidente del nuevo consejo,84 a partir de este momento se estrecharon los lazos que ya existían entre la base social y los mineros. El "gallo" era Roberto Valenzuela (ganadero de la región que repetiría en el cargo de presidente del consejo asesor, pero ahora con una posición clara en contra del Mavavi); además, quedaron de contactar a los presidentes municipales y diputados. Acordaron "videograbar el evento, para tener evidencia de lo radical del comportamiento de la gente de la CONANP y capitalizar esto en su momento".85 El 16 de diciembre de 2002 los mineros se reunieron con la base social, para "definir las estrategias a seguir".86
La conformación del nuevo consejo asesor fue el 18 de diciembre en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora; como la reunión violaba las reglas de los consejos asesores, la base social asumió que se estaba proponiendo un consejo ilegítimo, situación que los tenía molestos. Se discutieron muchos de los elementos en pugna: el agua que es propiedad de la nación, los yacimientos cupríferos y las ambiciones de crecimiento, los manejos inadecuados de la gestión del conflicto por parte de los promotores, los engaños a los que fueron sometidos los opositores. Los ánimos se exaltaron, los promotores perdieron el control y se puso públicamente en evidencia el conflicto que se vivía en torno al posible decreto del Mavavi.87 La estrategia de los mineros fue exitosa, y en la reunión se nombró por segunda ocasión a Roberto Valenzuela como presidente del nuevo consejo asesor, y por primera vez se incluyó a un grupo de representantes de univer sidades e institutos de investigación.
Negociaciones fallidas y retiro de la propuesta de reserva (2003)
Con este ánimo inició un nuevo año, del 9 de enero al 6 de febrero de 2003 se realizaron seis reuniones de negociación, todas convocadas por el subsecretario "B" de Gobierno. En éstas, y ya con la incorporación de los investigadores y académicos, el análisis del proyecto se dividió en mesas temáticas (turismo, cinegético, investigadores-académicos, grupos ambientalistas, ganaderos-ejidatarios y mineros). El esfuerzo tuvo pocos resultados ya que, el 6 de febrero, la base so cial informó que la UGRS ya había consultado con las asociaciones ganaderas locales y que la opinión de las comunidades era en contra del Mavavi, y aunque hubo señalamientos de los promotores sobre el rompimiento del acuerdo acerca de realizar mesas de análisis en privado, la base social se mantuvo firme en su postura de no aceptación a la reserva. Aun así, se convocó a otra reunión el 13 de febrero con el sector social de la cuenca del río San Pedro,88 donde imperó un clima de desconfianza y oposición. Juan Vega Rivera, representante de 11 ejidos de la región de Cananea, dijo que existía consenso pero en contra del Mavavi.89
Los mineros estuvieron presentes en todas las reuniones pero fue en la sexta, efectuada el 20 de febrero de 2003, cuando tuvieron la oportunidad de expresar de nuevo su oposición, y pusieron a sus abogados a disposición de la SEMARNAT-CONANP para revisar el reglamento en materia de ANP, a fin de resolver las controversias que limitaban la actividad minera dentro del Mavavi. También se acordó un encuentro con los investigadores y académicos para analizar a fondo la propuesta y emitir una opinión informada sobre el proyecto de decreto.90
El 26 de febrero los representantes de ocho instituciones del sector académico y de investigación91 expresaron su opinión, en un do cumento de siete puntos plantearon estar a favor pero que, para hacerlo viable, debía contar con la aprobación de la mayor parte de los usuarios y actores sociales locales, sin que necesariamente implicara un consenso absoluto.92 El apoyo del sector académico llegó tarde al proceso, pues para entonces la estrategia de los mineros de convocar y unir fuerzas con la base social obtenía resultados positivos también en la esfera política. El debate ya había llegado al secretario particular del presidente de la república, el sonorense Alfonso Durazo Montaño, quien ya estaba enterado del problema porque la base social le envió cartas para solicitar su apoyo, pero durante una visita que hizo a Agua Prieta, Sonora, se entrevistó directamente con ellos y lo convencieron de que no querían el proyecto.93 Además, en Sonora se vivía un proceso para la elección de gobernador, y el candidato por el PRI (partido en el poder) era el empresario Eduardo Bours Castelo quien al ente rarse, por los mineros, del Mavavi, el 15 de junio de 2003 declaró a la prensa que como gobernador "no apoyará el proyecto de reserva del Mavavi porque ofrece un beneficio limitado a los sonorenses y lastima el empleo y las actividades productivas de la región [...] porque afecta a los mineros y ganaderos de Sonora". En su intervención en el foro Oportunidades para la minería dijo: "No nos compliquemos la existencia, lo que está detrás del proyecto de la reserva del Mavavi es el agua del río San Pedro [...] no es posible que se defiendan tanto los intereses del "otro lado y no de los sonorenses" (El Imparcial 2003).
Cuando el candidato Bours emitió sus opiniones, las instancias financiadoras ya se habían retirado, pues el 3 de febrero de 2003, después de una reunión donde analizaron la fuerte oposición al proyecto de reserva, las dudas y las posturas políticas de los nuevos gobernantes acordaron redirigir sus esfuerzos hacia generar esquemas de conservación fuera de su adscripción como ANP.94 Por otro lado, al considerar que el conflicto ya tenía seis años y el deterioro del gru po promotor, no resulta extraño que la CONANP hiciera un alto en el camino para realizar una revisión estratégica de las ANP que podrían decretarse en México, a fin de incrementar su superficie y maximizar su impacto y que, producto de ese análisis, dejaran el proyecto Mavavi para un mejor momento.95 Aunque no existió una notificación oficial del cierre, tampoco se retomó el caso en la SEMARNAT-CONANP. Por su parte, los mineros reunieron a sus aliados para comunicar la clausura del Mavavi, el 3 de julio de 2003.96
Conclusiones y recomendaciones
El marco teórico de la ecología política y el concepto de conflicto socioambiental de gestión fueron elementos que ayudaron a clarificar la dinámica, los actores, las estrategias y los recursos utilizados en el conflicto del Mavavi, originado como una disputa por el agua de la cuenca del río San Pedro, derivado del intento de las instancias gubernamentales por instrumentar una nueva política que, desde la perspectiva de los actores sociales, restringiría las modalidades de acceso y uso de los recursos naturales. Para responder a la pregunta que dirigió el presente trabajo, a continuación se presentan las conclusiones principales.
La dinámica del conflicto se presentó como un proceso complejo con dos eventos precipitantes, el primero derivado de la emisión del aviso de decreto en el Diario Oficial de la Federación un día antes de concluir una administración presidencial, y el segundo a partir del anuncio de que se conformaría un nuevo consejo asesor. Cada evento afianzó el posicionamiento de los actores, y dio paso a su polarización y consecuente escalada y desescalada del enfrentamiento. La conclusión de la disputa fue resultado de la conjugación de elementos de política nacional y local y de factores externos, la ausencia del involucramiento público y la falta de coordinación de las agencias gubernamentales promotoras, a lo que se sumaron las estrategias de defensa del grupo opositor para incidir en la política pública y los errores de los promo tores en la gestión del conflicto.
A pesar de que la diversidad de actores de los aliados al grupo promotor les permitió vincularse con otros sujetos por medio de un proceso identitario, y actuar en diferentes ámbitos (internacional, nacional y local), desde el ámbito gubernamental, académico y la sociedad civil, no pudieron contrarrestar al opositor, cuya organización y estrategias eran claras y decididas. Su discurso siempre fue a favor del ambiente pero en contra del Mavavi, utilizaron recursos materiales, humanos, investigativos, comunicativos y de negociación para influir en todos los ámbitos gubernamentales. En síntesis, se puede decir que fueron tres las acciones estratégicas de los opositores las que tuvieron mejores resultados: a) incorporarse al equipo de trabajo promotor de la reserva; b) promover que fuera la AMSAC la que gestionara el conflicto, y sumar recursos que fortalecieron al grupo y c) convencer a la base social para que se uniera. Los errores de los promotores se esbozan en forma de recomendaciones en las siguientes líneas, pero es importante destacar que el error principal fue dividir fuerzas y no promover la acción conjunta de los aliados al proyecto, que les permitiera compartir recursos y generar estrategias consensadas para mejorar la gestión del conflicto.
Como resultado de este trabajo, se proponen las siguientes recomendaciones, para disminuir las pugnas con los mineros por la ges tión de un decreto de ANP en México:
Considerar el contexto político nacional e internacional durante el planteamiento de un proceso de decreto.
Conocer la historia de la región, ya que Cananea ha sido un centro minero importante en México.
Sustentar los estudios previos justificativos, con bases científicas y sólidas.
Contar con el involucramiento de todos los órdenes de gobierno, como promotores del proyecto, con discursos y acciones claras.
Generar aprendizaje colaborativo en el grupo promotor, para hacer un frente común que contrarreste los recursos dinamizados por el grupo opositor.
Definir un mecanismo de comunicación y difusión que genere opinión pública a favor de las propuestas de reserva.
Contar con los recursos (económicos, humanos, técnicos y comunicativos) necesarios para gestionar el conflicto y clarificar su uso.
Actuar en varios frentes en forma paralela (local, estatal y nacional).
Lo anterior demuestra que no basta con tener un enfoque ecosistémico para decretar una ANP, es necesario conocer la región y a sus pobladores, y reinventar el territorio con un doble carácter, como lugar geográfico donde impera lo biótico y lo abiótico y como sujeto de desarrollo, donde imperan las relaciones humanas.
