Introducción

La globalización económica relacionada, entre otras cosas, con la eliminación de barreras al libre comercio y mayor integración de las economías nacionales (^{Stiglitz 2006}), se fundamenta en la teoría neoclásica del comercio internacional. Esta teoría señala que la liberalización comercial contribuye al crecimiento económico de los países, debido a que se especializan en producir bienes y servicios cuyos costos relativos son más bajos, es decir, que tienen una ventaja comparativa en relación con el resto de los involucrados, lo que genera un intercambio benéfico, incluso entre los socios comerciales más desiguales, pues todas las naciones participantes podrían consumir más bienes y servicios que los que pudieran producir de manera individual (^{Torres 1972};^{Todaro 1987}).

Sin embargo, contrario a lo señalado por la teoría, en la época actual este fenómeno globalizador no contribuye al crecimiento de todas las naciones participantes, sino que ha potencializado el crecimiento de las regiones más desarrolladas y disminuido el de las más pobres agudizando los problemas de desigualdad que ya existían, y con ello la exclusión de diferentes sectores de población (^{Gutiérrez Garza 2001}).

En este proceso globalizador se integraron, a escala mundial, los mercados de productos y los de capitales, por medio de la liberalización, pero no sucedió lo mismo con los de trabajo, los cuales permanecieron fijos (^{Amin 2001}). Las políticas se orientaron sólo a la flexibilización del mercado de trabajo (^{Stiglitz 2007}), lo que llevó a que los trabajadores fueran perdiendo sus derechos laborales, así se produjo mayor precarización, que es una de las causas del incremento en la desigualdad.

Las temáticas de la globalización, la desigualdad y la precarización laboral guardan una relación estrecha, por lo que el objetivo del presente artículo es analizar dicha vinculación, y señalar que si se protege el respeto de los derechos laborales,¹ es decir, si se promueve el trabajo decente para la población, es posible avanzar también hacia una globalización con más igualdad.

Primero se aborda la globalización, con el fin de conocer de manera general la forma en que ha ocurrido, y cómo se han acentuado las desigualdades entre los países y dentro de ellos (se utiliza a México como ejemplo). Después se presentan algunas reflexiones teóricas recientes, orientadas a alcanzar una globalización más igualitaria. Se retoma el concepto de trabajo decente, propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una opción para reducir es tas desigualdades. Más adelante se mide el índice de trabajo decente (ITD), con la metodología propuesta por ^{Gálvez et al. (2011)}, por medio de indicadores como el empleo durable, el salario suficiente y las prestaciones sociales o equivalentes. Este ejercicio se hace para México y sus regiones noreste y sur, porque se consideran opuestas: la primera se ha beneficiado con la globalización, pero en la segunda ocurre lo contrario. Por último se presenta la conclusión.

Globalización: un desarrollo más desigual entre países

La globalización está presente desde hace al menos dos milenios² (^{Amin 2001}), su expansión ha tenido mayor fuerza en las últimas décadas, debido a los avances en la informática y las telecomunicaciones, pero también porque tanto países desarrollados como subdesarrollados abandonaron los modelos económicos basados en medidas proteccionistas y nacionalistas, llámense sustitución de importaciones, Estado de bienestar, keynesianismo o socialismo, para transitar hacia uno de apertura internacional, conocido como neoliberal o de libre mercado, lo cual propició la integración a escala mundial de los mercados de productos y de capitales.³

Sin embargo, contrario a lo señalado por la teoría neoclásica del comercio internacional, en la época actual este fenómeno globalizador no ha contribuido al crecimiento de todas las naciones y regiones que participan, sino que ha potencializado el crecimiento en las más desarrolladas y lo ha disminuido en las más pobres agudizando los problemas de desigualdad que ya existían, y con ello la exclusión de diferentes sectores de población (^{Gutiérrez Garza 2001}), entre los países y dentro de ellos.

La desigualdad entre países.

El crecimiento económico

Un ejemplo de la desigualdad es el incremento del producto interno bruto (PIB) mundial de los países ricos, que pasó de 76 a 77.5 por ciento entre 1980 y 2006, mientras que en los de ingresos medios decreció de 22 a 19.4 por ciento, y en los de bajos se redujo de 4 a 3. La importancia de este fenómeno es mayor si se considera que sólo 15.7 por ciento de la población mundial se ubica en las naciones ricas, 47.3 en las de ingreso medio, y 37 en las de bajo (^{Banco Mundial 2008}), es decir, 84.3 por ciento tiene una participación apenas de 22.5 por ciento en el PIB mundial.

Del mismo modo, si se consideran las tasas de crecimiento económico regionales, puede observarse que en Asia, Corea, Japón y China éstas son más altas en indicadores como el PIB, el PIB per cápita y las exportaciones, que las de África, América Latina y el Caribe, que han crecido apenas una tercera parte, en comparación con los países asiáticos (véase Figura 1).

* Cálculo con datos en precios constantes del año 2000.

Fuente: ^{Banco Mundial (2008)}

Figura 1 Impacto de la globalización en diferentes regiones del mundo 

La distribución del ingreso

También se observa mayor desigualdad en la distribución del ingreso; ésta ha aumentado en todos los países, pero en los que tienen ingresos bajos la desigualdad de su distribución ha crecido de manera acelerada, ya que el coeficiente Gini⁴ pasó de 0.499, en 1990, a 0.589, en 2005. Esta problemática se agudizó, en los países de ingresos me dios, donde el coeficiente de Gini pasó de 0.412 a 0.495. Cabe mencionar que en los ricos la desigualdad de la riqueza también aumentó, de 0.356 a 0.391, sin embargo, fue en menor proporción que en el resto, donde el proceso de globalización acentuó las disparidades y concentración de la riqueza en unos cuantos (véase Figura 2).

Fuente: elaboración con base en ^{Banco Mundial (2012)}.

Figura 2 Coeficiente de Gini en países según los ingresos, 1990-2005 

A lo largo de las últimas décadas, la desigualdad de la distribución del ingreso tampoco ha mejorado, especialmente en América Latina y el Caribe, región que destaca por ser la más desigual del mundo, con un índice de Gini de 0.515, en 2005. Le sigue Asia, después los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Europa oriental. El proceso de globalización acentuó las disparidades de la distribución de la riqueza provocando que en América Latina y el Caribe se asentara la polarización y concentración del ingreso (véase Figura 3).

Fuente: elaboración con base en ^{Banco Mundial (2012)}; ^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2010)}.

Figura 3 Coeficiente de Gini por regiones del mundo, 1970-2005 (promedios) 

La precarización laboral

La precarización laboral hace referencia a un conjunto de situaciones que configuran el déficit social, y se manifiesta claramente en la carencia de derechos laborales tipificados en la legislación. Por ejemplo, la ausencia de contrato y de prestaciones sociales, la existencia de salarios por debajo del mínimo, la prolongación de la jornada de trabajo sin la remuneración correspondiente, ponderada como horas extras y despido sin indemnización, entre otros (^{Sotelo 1999}), lo cual provoca la desintegración de la cohesión social.

El empleo precario puede adoptar formas diversas (^{Neffa 2010}), como el de tiempo parcial, el temporal, el eventual, el no asalariado, el clandestino y el asalariado no registrado. También puede ser a través de contratos por tiempo determinado o por medio de agencias intermediarias. Además, en la actualidad el trabajo precario puede estar presente tanto en las actividades económicas informales como en las formales.

Antes de la década de 1980 los mercados laborales se constituían por el mercado primario de trabajo (conformado por empleos forma les), y por el secundario, que era el subordinado (empleos precarios) (^{Piore 1983}; ^{Neffa 2010}). Con la globalización la relación se invirtió, y el sector dominante ahora es el mercado secundario de trabajo o el de los empleos precarios, lo que constituye una expresión clara de la profundización de la desigualdad en esta etapa de la globalización (^{Beck 2000}; ^{Sotelo 1999}; ^{Reygadas 2006}).

Además, la globalización ha provocado el estancamiento de la tasa de población empleada y, en algunas ocasiones, que se adentre en un proceso de decrecimiento, que trae consigo una reducción del acceso a oportunidades laborales para la población en general y, en particular, para los jóvenes, esto principalmente en los países de ingreso medio, además de que el trabajo que pudiera generarse podría propiciar situaciones de precariedad y de injusticia social (véase Figura 4).

Fuente: elaboración con base en ^{Banco Mundial (2012)}.

Figura 4 Tasa de población ocupada por rango de edad según el ingreso de los países, 1991 y 2005 

La desigualdad dentro de los países: el caso de México

Así como se han visto acentuadas las divergencias económicas y sociales entre los países y regiones del mundo, la globalización también ha provocado que se amplíen las disparidades del desarrollo dentro de ellos, lo que permitió la concentración y polarización de los procesos productivos, y ocasionó, en países como México, que en las últimas décadas se generara una divergencia regional del desarrollo económico, y que se dejara de lado la convergencia que se llevaba a cabo hasta antes de la década de 1980, cuando las políticas públicas sectoriales y regionales propiciaban que los estados más pobres crecieran más aceleradamente, y se acercaran al desarrollo de la media nacional (véase Figuras 5 y 6).

Fuente: ^{Provencio (2011)}.

Figura 5 Distribución porcentual del PIB por regiones, 1960-2004 

Fuente: elaboración propia, con datos del ^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2010)}. Cálculos realizados con datos a precios de 2003.

Figura 6 Tasa de crecimiento media anual del PIB real, 1970-1980 

Como puede observarse en la Figura 5, en la década de los años sesenta los estados del sur y de la península eran los que generaban menos PIB, sin embargo en la Figura 6 se muestra que éstos presentaban las mayores tasas de crecimiento del PIB. De 1970 a 1980, la tasa de crecimiento media anual del PIB real fue de 3.9 por ciento, y las regiones que se encontraban por encima de este valor eran las del noreste, centro y sur del país, lo que daba muestra de que no sólo las que históricamente tenían las economías más fuertes, por cuestiones regionales o políticas, eran las que más crecían, sino que se aplicaban políticas de convergencia para impulsar también el crecimiento en las zonas más pobres, y de este modo avanzar hacia una mayor igualdad entre los estados.

Con la instauración progresiva del neoliberalismo económico, a partir de 1982, lo que llevó, entre otras cosas, a la apertura comercial (con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en 1985, y a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, donde no se negoció el principio de disparidad competitiva ni los mecanismos de compensación por la apertura de fronteras al comercio), a la desregulación económica y financiera, a la flexibilización laboral y a la minimización del papel del Estado ante la sociedad. Las regiones y estados del país quedaron sujetos a su capital económico y social acumulado hasta entonces, lo mismo que desamparados de la política pública convergente que había imperado, lo que ocasionó que grandes segmentos de población, antes integra dos a las estructuras productivas formales, fueran desplazados hacia otras modalidades de producción que surgieron, o bien se incrementaron, en las décadas de los años ochenta y noventa, conocidas como la "economía informal" (^{Gutiérrez Garza 2001}).

Los estados y regiones del país entraron en una dinámica de crecimiento divergente, que favoreció más a las entidades cuya estructura económica se orientaba a las exportaciones, el sector servicios de alto valor agregado y al turismo, los cuales se beneficiaban de las opciones de crecimiento que ofrece la economía global, la cultura empresarial de la calidad y las redes comerciales y financieras que forman el entorno de sus empresas y negocios (^{Gutiérrez Garza 1999}). Quedaron al margen los estados más vinculados a las actividades tradicionales y del campo, que son menos productivas y poco competitivas, lo que acrecentó las disparidades de la competitividad dentro del país y sus regiones (^{Provencio 2011}; ^{Chiquiar 2004}; ^{Cermeño 2001}). Por lo anterior, este nuevo modelo económico amplió las diferencias entre los estados y las regiones, y condenó a los sectores de alta marginación social a un empeoramiento de sus condiciones productivas y sociales, y a aquéllos integrados a distanciarse cada vez más de la media nacional (véase Figuras 5 y 7).

Fuente: elaboración propia con datos del ^{INEGI (2010)}. Cálculos realizados con datos a precios de 2003.

Figura 7 Tasa de crecimiento media anual del PIB real, 1980-2005 

Esto se ve reflejado en las regiones sur y centro, que comenzaron a disminuir su tasa de crecimiento media anual a partir de 1980, y las del norte y noreste a presentar mejores condiciones de crecimiento económico, que las del centro-sur, a excepción de Quintana Roo y Yucatán. Así, en los años más recientes, los estados y las regiones que históricamente han aportado más al PIB total son los que más crecen, mientras que los de menor aportación son los que registran menos crecimiento, lo que muestra un retraso y divergencia en los procesos de desarrollo. Por tanto, en las últimas décadas ha habido una gran disparidad, lo cual incide en el crecimiento económico y también en el acceso a oportunidades laborales de calidad.

Es claro que si hay grandes diferencias en el crecimiento económico de los estados será más difícil llegar a una convergencia entre las regiones de México, ya que con el paso del tiempo las entidades con mayor crecimiento acumularán más capital y personal ocupado calificado, lo que aumentará su rentabilidad relativa, contrario a lo que ocurra en las que tengan un crecimiento económico bajo, donde no habrá incentivos para invertir.

En este orden de ideas, la globalización económica ha sido una de las causas determinantes de un crecimiento divergente y de pérdida de empleos y del bienestar social, y también ha ocasionado el incremento de la precarización del empleo, con lo que se han deteriorado los derechos sociales y económicos de los trabajadores. De esta manera, como señala ^{Cordera (2011, 205)}:

[...] ha quedado claro, incluso para quienes sueñan con una economía en la que todo está a cargo del mercado y de la inversión privada, que la elasticidad y la capacidad de sustitución del esfuerzo público por la iniciativa privada no son ni perfectas ni oportunas y es precisamente en este enorme 'error de cálculo' y de concepto sobre el papel del Estado y las capacidades privadas donde radica el núcleo principal de por qué la economía no ha podido aprovechar eficientemente ni a fondo las ventajas de la globalización y de nuestra geo-economía.

En suma, lo que se observa con la globalización es que la riqueza que ha generado ha conducido a la concentración de los ingresos y la polarización social, es decir, a una mayor desigualdad.

Para una globalización más humana

Ante el deterioro de la calidad de vida de las personas y del medio ambiente, sufrido durante los años ochenta con la medidas implementadas por el modelo neoliberal, hubo muchas protestas sindica les, religiosas, de organismos no gubernamentales (ONG), de la OIT y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y surgieron nuevas reflexiones sobre el desarrollo, entre ellas las siguientes:

El trabajo decente, una opción para mejorar la igualdad

Ante los efectos negativos que la globalización ha ocasionado en el mercado laboral, la OIT lanzó en 1999 la propuesta de Trabajo decente, como una forma de promover la generación de empleos de calidad, que todas las personas en edad productiva debieran disfrutar, en contraposición a los precarios, resultantes de la globalización.

La OIT define el trabajo decente como el "trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social" (1999, 4). A través de este concepto se llama a hacer conciencia sobre la importancia de que las personas tengan un trabajo y que sea decente, con lo que se busca darle una dimensión más social a la globalización. La propuesta está centrada en cuatro objetivos estratégicos: a) la promoción y crecimiento del empleo; b) el respeto a los derechos laborales consagrados en la legislación laboral; c) la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad y d) el fomento del diálogo social (^{OIT 1999}).

La OIT propone que, en el marco de la globalización, los países deben poner en primer plano el derecho a la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, y diseñar un modelo que permita monitorear el desarrollo versus el trabajo decente en los países (^{Zacharie y Seron 2008}; ^{Fields 2003}). Esto debido a que el trabajo decente tiene un alcance universal, es un concepto que reconoce los derechos de las personas como seres humanos, no como miembros de uno u otro país; su planteamiento trasciende las fronteras nacionales, su carácter es universal (^{Sen 2007}), y se dirige a todo tipo de trabajadores: formales, informales, autónomos, etcétera (^{Barreto 1999}), por lo que se orienta a impulsar una globalización más justa que ofrezca beneficios y oportunidades tangibles a todos los países y personas (^{Zubero 2007}).

La propuesta de trabajo decente se enmarca en esta corriente de enfoques que comparten las preocupaciones sobre el respeto a los derechos sociales del hombre en la globalización, y se nutre de los principios de la teoría del desarrollo humano, propuesta por ^{Amartya Sen (2001}; ²⁰⁰⁰; ¹⁹⁹⁷; ¹⁹⁹⁴ y ¹⁹⁹³⁾, cuyo fundamento descansa en que el desarrollo de una región o país debe estar centrado en el ser (bienestar y libertades humanas) y no sólo en el tener (dinero y mercancías), y donde la libertad se concibe como el conjunto de capacidades individuales para hacer cosas que una persona valora (funcionamientos), y puede ser influida por el papel de los valores sociales y las costumbres vigentes en las sociedades. También se relaciona con el enfoque de desarrollo sustentable (^{Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, CMMAD 1987}) al representar un elemento importante para alcanzar la sustentabilidad, ya que permite avanzar hacia el logro de un crecimiento con calidad, a través del cual conseguir una mejor distribución del ingreso. También satisface las necesidades humanas esenciales de la población y, al tiempo que reduce la pobreza, facilita la conservación de los recursos naturales, y así contribuye a una mayor equidad inter e intrageneracional.

Así, la propuesta de trabajo decente de la OIT está en estrecha relación con los enfoques del desarrollo humano y del sustentable, pues abre una amplia perspectiva al reconocimiento de los derechos socia les del hombre y de la importancia de las instituciones y del Estado para lograrlo; por lo tanto, permite alcanzar mayor desarrollo huma no y sustentable.

Al igual que el enfoque del desarrollo humano, en el ámbito de las relaciones laborales la OIT ha logrado presentar ampliamente esta propuesta, de la que se desprenden políticas públicas y privadas integrales, además de complementarias, para la consecución de sus objetivos y, a través de una gran convocatoria, para impulsar la regulación de los actores que participan en la sociedad. Por lo anterior, la noción de trabajo decente representa una ruptura con las condiciones laborales actuales, provocadas por la globalización económica, cuestiona las políticas de flexibilización laboral y permite incluir en el debate cuestiones como: el derecho al trabajo, la participación y la democracia sindical, los salarios justos, los derechos laborales y la protección social. Desde esta perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que éste sea decente, es decir, que garantice las condiciones mate riales necesarias que el empleo debe generar: salud, alimentación y vivienda, así como las condiciones humanas esenciales: educación, recreación y cultura.

Además, como señala ^{Barreto (1999, 158)}, el trabajo decente no sólo es necesario para la subsistencia, eso podría arreglarse con la seguridad social, por ejemplo. También es importante por razones como el desarrollo cultural, la realización personal, incluso para "el cumplimiento de una obligación ética irrenunciable, como lo es la construcción social y la solidaridad".

En consecuencia, establecer el trabajo decente, como una meta del desarrollo económico, constituye la herramienta ausente en las políticas de inserción de las naciones en la etapa actual de la globalización. Sin embargo, para lograrlo es necesario que los actores de la sociedad asuman su papel: que los trabajadores, sindicatos, gobiernos y empresas participen en la toma de decisiones orientadas a un desarrollo más igualitario del que surjan consensos, políticas, programas y acciones con las instituciones o entidades que se requieran para lograrlo.

Medir la calidad del empleo, una forma de avanzar hacia un trabajo decente para todos

Una manera de conocer el empleo de calidad es medir el grado de desarrollo del trabajo decente propuesto por la OIT. En esta institución, al igual que en el PNUD, con el índice de desarrollo humano, se están realizando grandes esfuerzos para construir un índice que mida el trabajo decente, por lo que ha surgido una variedad de propuestas como la publicada en ^{Panorama Laboral (2001)}; Gahi (2003); ^{Bonnet et al. (2003)}; ^{Anker et al. (2003)}; ^{Bescond et al. (2003)}; ^{González (2006)}; ^{Galhardi (2008)}; ^{Fuji y Alatriste (2008)} y ^{Gálvez et al. (2011)}.

Aquí se aborda la propuesta metodológica para medir el ITD utilizada por ^{Gálvez et al. (2011)}, en la que el índice calculado integra tres indicadores: el empleo durable, la población ocupada con salario suficiente y la población ocupada con prestaciones sociales o su equivalente (estos indicadores se detallan en el ^Anexo, así como la forma en que se elaboraron los indicadores para el cálculo del ITD). Es importante aclarar que si bien, el trabajo decente se integra por cuatro dimensiones: el empleo, los derechos laborales, las prestaciones y el diálogo social, en este estudio se dejará el último elemento para una futura ocasión, debido a que se busca medir el trabajo decente en todo tipo de trabajadores y no sólo en los asalariados, que es el único sector en el que pueden organizarse los sindicatos. Según el artículo 364 de la legislación laboral, "los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo" (^{Diario Oficial de la Federación, DOF 2006}). Si se contempla este elemento en la medición del índice, se excluiría a los trabajadores por cuenta propia, a los que no reciben pago y a los asalariados, que laboran en establecimientos con menos de 20 personas, hecho de gran importancia ya que sólo en 2009, 95 por ciento de la unidades económicas del país tenía hasta diez personas ocupadas (^{INEGI 2010}). Además, las tres dimensiones que se utilizan están estrechamente interrelacionadas.

Una vez calculados los indicadores, se integran en un índice compuesto⁶ que oscila entre 0 y 1, donde el 0 es el valor no deseable y 1 el más deseable; y para su interpretación se divide en tres rangos: cuando el valor resultante se ubica entre 00.49 las condiciones de trabajo decente que ofrece la sociedad son bajas; de 0.500.79 son medias, y de 0.801.00 son altas.

La medición del ITD presentada aquí es nacional y para las regiones noreste y sur del país; la primera está integrada por los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y la segunda por Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los resultados aparecen en las Figuras 8 y 9.

Nota: regiones noreste (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) y sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca).

Fuente: elaboración con datos de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, ^{ENOE/INEGI (2012)}.

Figura 8 Índice de trabajo decente y sus componentes en las regiones noreste y sur de México, 2012. 

Fuente: elaboración con datos de la ^{ENOE/INEGI (2012)}.

Figura 9 Índice de trabajo decente y sus componentes en los estados de las regiones noreste y sur de México, 2012. 

Los datos muestran que tanto a escala nacional como en las regiones noreste y sur el ITD se encuentra en el rango bajo de trabajo decente (véase Figura 8). Sin embargo, el ITD del noreste, 0.493, está cerca del límite superior de ese rango, lo que implica que las condiciones laborales son mejores por centésimas, que las nacionales, del rango medio de trabajo decente (de 0.500.79). De todas maneras, se trata de mercados laborales debilitados que no logran insertarse en la economía regional con empleos de calidad. Para la región sur de México, las condiciones del trabajo decente son muy pobres; un sector muy reducido de la población trabajadora tiene empleos de calidad, como lo muestra su indicador de 0.231, y existen mercados laborales desestructurados y segmentados, dispersos en el territorio, con poca presencia institucional en la regulación de las relaciones contractuales y de inclusión social.

Pero, ¿cómo se comportan los indicadores que integran el ITD?, ¿qué realidades muestran y qué posibles soluciones pueden diseñarse? El modelo económico de apertura internacional, que comenzó a instrumentarse en el país a principios de los años ochenta ha traído poco crecimiento económico, una tasa media anual de 2.7 por ciento del PIB en el periodo 1980-2010 (^{Gutiérrez Garza 2011}), y también uno divergente, pues las regiones con más fortaleza económica han crecido más y lo contrario ha ocurrido con las más pobres. Así, de 1993 a 2004, la noroeste creció 4 por ciento; la norte y noreste, 12; la centro-oeste 16 y la península 4; mientras que las centro-este, sur y este mostraron un decrecimiento (-7, -11 y -9) (^{Provencio 2011}). Indiscutiblemente este crecimiento divergente ha obstaculizado las posibilidades de generar oportunidades de empleos de calidad, como se verá a continuación.

Al analizar el indicador de empleo durable del ITD, el cual mide la capacidad de creación de puestos suficientes para la población en edad de trabajar, y que constituyan una oferta laboral en condiciones legalmente codificadas, se encontraba en el rango medio, de 0.626, situación que refleja un dinamismo insuficiente para la creación de empleos con estas características (véase Figura 8). Esto se agrava desde la perspectiva regional, pues durante los años del modelo de apertura internacional, implementado desde la década de 1980, las diferencias se agudizaron; en el noreste, la tasa de empleo durable fue de 0.691, y de 0. 378 en el sur. Por lo que no es extraño que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca existan altos niveles de pobreza y desigualdad profunda que se constata en otros estudios (^{Provencio 2011}; ^{Chiquiar 2004}; ^{Cermeño 2001}). En la región noreste, este indicador está por encima de la media nacional, de 0.626, lo que muestra cómo la capacidad de generación de empleo de calidad llega a un sector mayoritario de la población con los efectos positivos en el bienestar social.

Si se desagregan las regiones, y en concordancia con las tendencias generales del ITD, en la noreste la capacidad de generación de empleos durables es mayor en Nuevo León, seguido de Coahuila y al final Tamaulipas (véase Figura 9).

Por el contrario, en la región sur la estructura productiva e institucional ofrece una opción muy precaria de empleos durables en los estados que la conforman: Guerrero está mejor (0.391) que Oaxaca (0.387), mientras que Chiapas tiene más rezago: 0.363, por lo que se requerirían mayores esfuerzos para la creación de entornos laborales que permitan detonar oportunidades y romper con las privaciones de la pobreza.

Ahora se analizará el indicador de salario suficiente, para ello es importante hacer referencia al entorno institucional de la relación sala rial. La flexibilización laboral en México, derivada de la aplicación de propuestas de políticas públicas del Consenso de Washington desde los años ochenta, ha conducido a un proceso progresivo de caída de los salarios reales y de otras remuneraciones (^{Gutiérrez Garza 2011}). Aquí se sostiene la noción de salario suficiente, como uno de los indicadores constitutivos del ITD, que descansa en la idea de que las personas no sólo requieren trabajar para obtener un ingreso, sino que es necesario que perciban uno que les permita tener una vida digna. Se encuentra determinado como aquél mayor a tres salarios mínimos (5 445 pesos mensuales, equivalente a 422.42 dólares,⁷ o sea, 14.1 dólares diarios). Los bajos salarios que se pagan en México lo han ubicado en el último lugar de los países de la OCDE, en relación con la participación de los salarios en el ingreso total nacional en 2007 (^{OIT 2011}). Así mismo, en 2009, en América Latina 16 países, entre ellos Argentina, Bolivia y Brasil, registraron un crecimiento en los salarios reales. Mientras que México formó parte de los ocho en donde éstos disminuyeron, con una caída del 0.6 por ciento, que puede verse en la Figura 10; el salario mínimo descendió 72 por ciento y los contractuales 54, desde la década de 1980.

Figura 10 Salarios medios reales en México, 1980-2012 

Con estas tendencias de salarios reales, relegados del crecimiento económico, se configura un escenario desfavorable para que la población acceda al salario suficiente, cuyo índice nacional es de 0.229, que muestra una valoración extremadamente baja que indica que sólo un pequeño sector logra insertarse a la estructura productiva e institucional con un salario suficiente y más. Este indicador refleja la profunda desigualdad que existe en el país.

En la región noreste, que detenta un mayor desarrollo económico, el indicador del salario suficiente fue de 0.264, ligeramente superior al nacional, y el de la región sur fue de 0.143, dato que en la escala de valoración (de 0 a 1), se encuentra en uno de los niveles más bajos que se puedan registrar. Chiapas es el estado con menos oportunidades de ingresos, 0.137, seguido por Guerrero, 0.144, y luego Oaxaca, con 0.150. Es evidente y preocupante la pobreza derivada de los ingresos. Entonces, no es extraña la situación de crisis social actual, pues la falta de oportunidades que conducen a la pobreza impide que prevalezca la cohesión social que cualquier país está obligado a garantizar, como lo resaltan los acuerdos internacionales, tales como los Objetivos del Milenio y el Trabajo decente, entre otros.

Por último está el indicador condiciones de las prestaciones sociales o equivalente, el cual considera que uno de los componentes constitutivos del trabajo decente es que los trabajadores cuenten con prestaciones sociales y materiales que les permitan tener mayor calidad en el empleo y en el desarrollo de su ciclo de vida. En este índice se vuelven a presentar las mismas tendencias: nivel bajo, 0.369, para el país. En la región noreste se observa más avance en la materia, 0.523. En cambio, en la sur este rubro presenta muy poco desarrollo, lo que muestra de nuevo las condiciones laborales precarias existentes, con un índice de 0.171. En la región noreste se reafirman las mismas tendencias, de mayor a menor está Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y en la sur Oaxaca, Guerrero y Chiapas (véase Figura 9).

El rango de valoración 00.49 indica que las condiciones de trabajo decente que ofrece la sociedad son bajas. Lo que arroja esta investigación es que el IDT global en México fue de 0.408, el de la región noreste de 0.493, y el de la sureste de 0.231, para 2012. Esta insuficiencia de los mercados laborales, que soportan el predominio de condiciones bajas para el trabajo decente, indica que el modelo eco nómico de apertura internacional no tiene la capacidad de crear los empleos de calidad necesarios para atender la demanda laboral de los mexicanos. Además, las marcadas diferencias en los índices de las regiones noreste y sur corroboran lo señalado, en cuanto a que el norte del país se ha beneficiado más con la globalización, y el proceso del desarrollo de mejores oportunidades se ha potencializado; mientras que la zona sur, que es básicamente agrícola, ha quedado al margen de esa dinámica. Ha faltado una política de Estado orientada a buscar la convergencia de las regiones, y evitar la polarización creciente de los territorios y sus consecuencias y la crisis social en las más atrasa das. Por lo tanto, la globalización no sólo ha provocado un proceso de divergencia en el crecimiento económico del país, sino también se ha profundizado la desigualdad con la consecuente crisis social.

Conclusión

El fenómeno de la globalización ha aumentado la desigualdad tanto entre los países como entre sus regiones, debido a los efectos de las políticas neoliberales y, en particular en México, a la aplicación de la propuesta de políticas públicas del Consenso de Washington. Por un lado, éstas han beneficiado al capital, pero por otro han perjudicado a los trabajadores; han favorecido a las regiones más desarrolladas eco nómicamente y profundizado el atraso de las más pobres acentuando estas desigualdades, al mismo tiempo que la exclusión.

Por el contrario, la propuesta de política pública del trabajo decente de la OIT traza objetivos para avanzar hacia la construcción de sociedades más justas y humanitarias, que logren crear los entornos estructurales e institucionales capaces de brindar mayor igualdad de oportunidades para todas las personas.

Como señala ^{Narayan (2000)}, la idea de trabajo decente representa un piso, pero no un techo; es un mínimo. Incluye principios y derechos definidos como fundamentales, y por ello comunes a todos los seres humanos. No obstante, también refleja los valores y posibilidades de cada sociedad, por lo que es un umbral que se desplaza junto con el progreso económico y social. En tal sentido, las cifras obtenidas muestran el gran esfuerzo que requiere el país y la región para garantizar empleos de calidad, que se traduzcan en un detonador de desarrollo virtuoso para la sociedad en su conjunto, así como para lograr mayor equidad entre las generaciones actuales y futuras.

La propuesta del trabajo decente de la OIT es de suma importancia, pues constituye una convocatoria de política pública que debe ubicarse en el centro de las políticas económicas de todos los países; es decir, avanzar hacia el objetivo de trabajo decente puede favorecer simultáneamente el desarrollo humano (^{Ahmed 2003}). Esto es, no se trata de basar el desarrollo en cualquier tipo de empleo y mucho me nos en el precario, sino por el contrario, de tipificar el decente, que se dinamiza con el crecimiento económico reproduciendo los aspectos que dignifican la calidad humana.

La población ocupada que ingresa al rango del trabajo decente tiene las oportunidades para desplegar sus capacidades y competencias en condiciones dignas, tanto en ingresos como en prestaciones sociales y, en consecuencia, de tener acceso a la educación, la salud y a una vida que dignifique la trayectoria personal y las relaciones laborales de la sociedad, por lo que, si se quiere promover el desarrollo equitativo, sustentable y democrático se requiere impulsar políticas institucionales como la de promover el trabajo decente, así como más participación del Estado en el fomento al empleo y respeto a los derechos laborales.