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Introducción
La disputa por los significados del aborto en Estado Unidos en años recientes es una de las expresiones más controversiales de lo que Hunter (1990) llama la guerra cultural. Los discursos y los actores, que hoy compiten por la supremacía de la interpretación cultural, consideran el tema emblemático de las visiones societales profundamente diferentes, que encierran los códigos de creencias, los valores, las normas y las pautas de relación y comportamiento, y que descansan en interpretaciones distintas de la historia nacional (Hunter 1990). Durante el último lustro, las fuerzas contrarias a la despenalización del aborto han mostrado un activismo efectivo, a partir de una estrategia estatal y nacional dinámica, persistente y coordinada. Sus logros han limitado el derecho de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva, garantizada jurídicamente desde 1973 por el fallo de la Suprema Corte en el caso de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en el país. Desde entonces, ambos lados de la contienda han pasado por etapas de mayor o menor ímpetu en cuanto a la eficacia de su agencia e influencia en el discurso político, la legislación y la opinión pública.
Asimismo, en términos generales, cada discurso sobre el aborto goza de su hegemonía respectiva en franjas distintas del territorio. En este sentido, las etapas y los lugares en que la voz de un lado u otro se escucha con más fuerza en el discurso público se han traducido, en la última década, en la configuración de un mapa nacional de biopolíticas diferenciadas, según los estados y las regiones.2 Es decir, hay una segmentación según las áreas geográficas específicas, que constituyen una especie de geobiopolítica, que divide al territorio de acuerdo con su posicionamiento frente al aborto.3
En la actualidad, la geobiopolítica estadounidense representa la contienda por definir los límites del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres frente a la precisión -cada vez más temprana- del inicio de los derechos del gestado. A la vez, la tensión entre estos dos campos ilustra la distancia entre dos propuestas de la sociedad, una sustentada en una mirada ética y moral de índole intrínsecamente laica de la función pública, y la otra guiada por una perspectiva religiosa del quehacer gubernamental.4 Cada propuesta abraza a la historia nacional y a sus valores como sostén de su visión social, pero reflejan entendimientos distintos de los eventos históricos y los mandatos concretos. Dichos discursos apuntalan interpretaciones diferentes sobre la interrupción intencional del embarazo y dan a conocer las distintas orientaciones jurídicas frente a ésta, con lo que se traza una geopolítica corporal -una geobiopolítica-, que fragmenta el mapa nacional en trozos regionales de ideologías morales diferentes.
La propuesta en este artículo es examinar los hechos más actuales del conflicto cultural estadounidense en torno al aborto, y situarlo en el contexto histórico estructural contemporáneo de transición entre dos modelos capitalistas; exponer sus antecedentes legales; revisar la nueva legislación, que ha condicionado el acceso al aborto despenalizado en muchos estados, y señalar en general sus implicaciones en la vida de las mujeres.
El contexto
El contexto estructural, tecnológico, relacional y subjetivo del momento histórico actual de transición entre los modelos capitalistas resulta fundamental para comprender la intensificación de la disputa contemporánea de hechos clave de la realidad social.5 La tesis resultante del cúmulo de trabajo realizado sobre el tema sostiene que el aborto es uno de los puntos emblemáticos de la disputa por los significados culturales de una nueva fase histórica, no perfilada plenamente y aún sin apellido propio. Algunas la definen como posindustrial y otros como posmoderna, esta clasificación remite a su fase previa y no a la futura, a pesar de estar inmersa en un proceso de transición en donde las instituciones y la normatividad anterior ya no coinciden con los valores, las creencias y las vivencias cotidianas de las personas. En este sentido, la contienda actual por la interpretación del aborto se produce en los intersticios del desencuentro entre las instituciones de la modernidad industrial ya rebasadas y las nuevas, con prácticas cotidianas flexibles y cambiantes de las personas en la fase posindustrial actual, y así dicha controversia se torna en un litigio por el carácter mismo de las instituciones (Giddens 2003; Bauman 2005; Beck 2007; De Sousa Santos 2003). Es decir, los temas emblemáticos en disputa -como el aborto- cuestionan a las instituciones básicas de la vida social como la naturaleza de la familia; las identidades de género y las relaciones de poder que las rigen; la normatividad; la legalidad y la interpretación de los derechos humanos; la ciudadanía y el Estado y su relación con la religión.
El desfase actual entre las instituciones de la modernidad simple o industrial y la vivencia diaria de la era posindustrial o modernidad reflexiva, como las llama Beck (2000, 15), resulta de la articulación y sobreimposición del modelo estructural reorganizado y la revolución en materia de cibertecnología, lo que a su vez influye en las condiciones de vida, las relaciones sociales y las subjetividades que también están en reconfiguración. A la "producción industrial sin sociedad industrial", Beck la designa como la nueva dinámica estructural, donde se desvanece el modelo de vida (industrial) en que "el papel de los sexos, la unidad familiar y las clases forman parte de la misma cadena" (2000, 14), y la sustituye por la progresiva "individualización de las instituciones" (2000, 16). Coloca los intereses individuales por encima de la cohesión institucional, predecesora de la sociedad industrial, y deslegitima los dispositivos de consenso.
Bauman habla de sociedad líquida para referirse a la estructura social contemporánea, "la actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en hábitos y en una rutina determinada" (2005, 9). Se teje un contexto con desarreglos institucionales, cambios constantes, inestabilidad y liquidez social, con avances cibernéticos y microelectrónica, que sustentan la reorganización productiva y financiera resignificando el sentido del espacio y el tiempo. "El espacio de flujos" y "el tiempo sin tiempo", dice Castells (2010, 34), al hablar de las fronteras borrosas de los flujos comunicacionales y de la velocidad del tiempo presente en el espacio cibernético, promotor de discursos trasnacionales y generador de nuevos arreglos de poder.
La disputa por los significados culturales en torno al aborto, de la sociedad líquida estadounidense, se sitúa en este contexto incierto y movedizo de la reconfiguración del espacio, el tiempo y el cuestionamiento de las instituciones cáscara (Giddens 2003, 18). La controversia sobre el significado del aborto no es nueva, pero ahora se ubica en un renovado ámbito político y legislativo antiaborto, que en los últimos años sólo constituye un capítulo sobre el tema en la historia de Estados Unidos. En cada periodo de transición estructural significativo de la modernidad reciente, el debate sobre la importancia del cambio contra el valor de la tradición siempre ha traído a cuenta la cuestión del aborto. Es un tema que no sólo involucra a las instituciones fundamentales de la sociedad, sino que despierta las grandes inquietudes filosóficas de la condición humana: ¿qué es la vida?, ¿quién la otorga?, ¿cuándo existe la conciencia?, ¿cuándo existe la persona?, ¿en qué momento se le confiere derechos?, ¿cuál es la relación entre la vida, la conciencia, la persona y los derechos? y ¿cómo se negocian los derechos entre entidades vivientes con características, necesidades y grados de sujetivización distintos?
La definición jurídica del aborto se vuelve una de las piedras angulares de la controversia, porque se determinan los márgenes de la caracterización de la libre voluntad de las mujeres, que influye en el régimen de género y el grado de asimetría entre hombres y mujeres, y también incluye al orden familiar, la noción de ciudadanía y el perfil del Estado frente a la religión. Hoy en día, las tensiones de esta nueva fase histórica se inscriben en el sentido discursivo de la capacidad reproductora de las mujeres, lo que no sólo resuelve la definición de la familia sino que marca los límites de ciudadanía y las posibilidades de participación social en todos los campos, y al final repercute en los grados de democracia y libertad de la sociedad entera.
Discursos sobre el aborto en la historia de Estados Unidos
A mediados del siglo XIX se mencionó por primera vez la protección legal a la vida fetal en Estados Unidos, y se fijó después de la hominización, que según la perspectiva religiosa remite al instante en que el cuerpo recibe el alma.6 En esa época, se calculaba que la hominización ocurría a las 18 semanas de embarazo, cuando se percibía el movimiento del feto. El discurso de la hominización retardada fue hegemónico durante siglos, con base en la disposición del papa Gregorio XIV quien, a finales del siglo XVI indicó que sólo los fetos hominizados serían protegidos del aborto. Tal percepción del feto -no personificada del todo, ni en todo momento- estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX, cuando la publicación de la Apostólica Sedis de Pío IX, en 1869, sepultó la teoría de la hominización retardada con su pronunciamiento del aborto como pecado grave, que ameritaba la excomunión (Rose 2007). A pesar de que a la mayoría protestante estadounidense no le incumbía en forma directa el discurso trasnacional del Vaticano, incidió en la atmósfera moral de la época y legitimó fenómenos sociales simultáneos, como la creciente profesionalización y la influencia de legiones de médicos, que cuestionaron y sustituyeron la atención anterior a la salud reproductiva del campo de las parteras. Al descansar en la premisa de la hominización retardada, que estableció una ventana de terminación de los embarazos no deseados, las parteras detentaban una sabiduría histórica, trasmitida de generación en generación y centrada en la salud, cuidado y comodidad de las embarazadas. Tanto para distinguirse de la práctica partera como para sintonizarse con los discursos religiosos de la época y construir una red de aliados poderosos, la Asociación Médica Americana (AMA), fundada en 1847, se pronunció entonces en contra del aborto.
La aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos del Acta Comstock, en 1873, que prohibía la circulación de material impreso referido a la pornografía y al aborto, tan usual en las revistas femeninas de la época, marcó la pauta para sancionar la práctica de manera gradual. La marginalización creciente de las parteras y la criminalización progresiva del aborto confluyeron para favorecer un mercado subterráneo, al margen de reglamentación sanitaria y vigilancia. En las décadas de 1940 y 1950 se perseguía a los abortistas y también a las mujeres que abortaban, lo que constituyó un círculo vicioso que fortalecía su permanencia insalubre, insegura y peligrosa en la clandestinidad. Las consecuencias del aborto ilegal fueron nefastas para las mujeres pero, paradójicamente, ellas no dejaron de recurrir al procedimiento. Con el anhelo de controlar su fertilidad por razones económicas, de salud o de autonomía, muchas perdieron la capacidad de tener hijos y otras su vida (Solinger, citado en Rose 2007).
En los años sesenta se articuló la creciente conciencia feminista y los acontecimientos de salud -como las deformaciones fetales producidas por el virus de la rubéola-, en una nueva alianza entre feministas y médicos a favor de la legalización. En 1967, en California se aprobó la primera ley de despenalización, y luego lo hicieron otros estados,7 impulsada por importantes organizaciones de mujeres como la Asociación Nacional por la Retracción de las Leyes del Aborto (NARAL, por sus siglas en inglés), creada en 1969; la Asociación Nacional de Mujeres (NOW, por sus siglas en inglés), surgida en 1966, Planned Parenthood, en 1942 y respaldada por la AMA. El discurso de la salud, bienestar y ciudadanía de las mujeres y el valor científico de la autoridad médica sustentaron el ímpetu hacia la despenalización, y la Suprema Corte determinó su legalización, en 1973 (Rose 2007).
El fallo del caso de Roe versus Wade estableció que la 14ª. Enmienda constitucional -que implícitamente eleva el valor de la privacidad individual- protege el derecho de las mujeres a decidir sobre su fecundidad. El criterio de la viabilidad del producto -es decir, la posibilidad de sobrevivir fuera del útero- fijó la temporalidad semestral de la terminación legal de un embarazo, estimada entonces en 24-28 semanas en casos no excepcionales.8 En décadas posteriores, ambas consideraciones -el implícito derecho constitucional a la privacidad y la noción de viabilidad-, junto a la tensión entre la autoridad médica y la estatal, y la disputa histórica sobre las fronteras de competencia entre la federación y los estados se convirtieron en los puntos álgidos de la contienda sobre el aborto.
La decisión de la Suprema Corte en el caso de Roe versus Wade se basó en tres consideraciones centrales: a) el interés apremiante del Estado por proteger la salud de la mujer sobre la del feto hasta el punto de viabilidad, lo que constató un posicionamiento histórico de la SC a favor de los derechos reproductivos de las mujeres; b) la afirmación del interés insistente del Estado por el embrión -como ciudadano en potencia- a partir de su viabilidad fuera del útero de la madre y c) la consideración de la SC hacia la ciencia, la medicina y los médicos, para determinar dicha viabilidad en sustitución del criterio de la moralidad y la religión. A partir de la decisión, el gobierno adoptó una postura neutral frente al aborto, no obstaculizaría la decisión de las mujeres de interrumpir un embarazo ni tendría que prestar el servicio. Ejercer su derecho a decidir sobre el aborto recayó en las mujeres, se asoció el ejercicio ciudadano con la noción de la responsabilidad personal. Empero, la existencia de programas federales y estatales de salud pública para las personas de menores ingresos compensaron la asimetría socioeconómica, que hace del universalismo jurídico una propuesta inherente de desigualdad (Rose 2007).
En los años setenta, grupos opositores promovieron -sin éxito- recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, pero sólo el Congreso logró hacer modificaciones con la aprobación de la Enmienda Hyde, en 1976, que prohibió el uso de fondos federales para procedimientos de aborto. Las mujeres más perjudicadas fueron las de bajos ingresos, que dependían de los servicios públicos para atender su salud reproductiva.
Desde la perspectiva del discurso autonómico, la Enmienda Hyde viola los derechos reproductivos de las mujeres reforzando una ciudadanía segmentada e inequitativa por razones de género/clase. Igual de significativa es la distinción explícita entre el derecho a la protección del Estado frente a la decisión de abortar, su obligación de proporcionar el servicio (Rose 2007), puesto que abre la puerta al debilitamiento constante de la decisión histórica, de 1973, de legalizar el aborto.
Hubo otros dos casos que también carcomieron los cimientos del fallo de Roe versus Wade, y abrieron las vías legislativas para restringir y condicionar la interrupción del embarazo a escala estatal, que se observa hoy en día. En el caso de Webster, en 1989, la Suprema Corte reafirmó la falta del compromiso del Estado para proporcionar los servicios del aborto, y sugirió que, más que un derecho de todas, la legalización se volvió un privilegio de algunas (Rose 2007). Todavía fue más importante reconocer el interés del Estado por la vida fetal durante todo el embarazo (Rose 2007, 75) y no sólo después de la viabilidad, como explicita el fallo de Roe versus Wade, lo que cuestionó uno de los principios jurídicos de la legalización y subvirtió el sistema trimestral, que protegía y privilegiaba el aborto temprano (Rose 2007).
El fallo del caso de Casey, en 1992, constató el tránsito ideológico a favor de una mayoría conservadora de magistrados en la Corte Suprema, nombrados durante las dos administraciones del presidente George H. W. Bush. El considerable interés en la salud de las mujeres y su derecho a decidir representado por Rose, se sustituyó por el interés apremiante por el feto durante todo el embarazo, lo que reemplazó la autoridad médica por la estatal e instaló el estándar de la carga indebida, que le exige a los estados demostrar que las restricciones al aborto no representan dicha carga para la mujer. Se privilegió entonces a los gobiernos estatales por encima del poder federal, lo que fomentó la promulgación de una cascada de leyes estatales que, de manera más incisiva, restringen y condicionan la decisión de las mujeres, y hacen que el acceso a la práctica del aborto sea una experiencia cada vez más conflictiva.
En 2007, la nueva Suprema Corte, de mayoría conservadora, ratificó la Ley Gonzales, aprobada por el Congreso de la Nación en 2003, que recriminaliza el procedimiento llamado aborto por término tardío. Al amparo legal del fallo en Roe versus Wade, dicha intervención médica sólo se permitía en situaciones en que la vida de la madre corriera riesgo, tuviera un grave problema de salud o el producto no se considerara viable, y lo convirtió en un recurso para casos de extrema excepción. Por sus implicaciones para la vida y la salud de las mujeres, las defensoras del derecho a decidir consideran que la decisión del caso Gonzales es el primer paso para legalizar de nuevo el aborto en Estados Unidos.
La despenalización, en 1973, inició una larga y compleja contienda de los tradicionalistas religiosos, cuyos frutos hoy en día reflejan la inaccesibilidad paulatina estatal al aborto a pesar de ser legal en el país. Las implicaciones de dichos fallos, para el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, se han hecho patentes en la serie de leyes estatales que condicionan cada vez más el acceso al aborto legal para las pacientes, el personal médico y las clínicas.
Actores y discursos tensionados en torno al aborto en Estados Unidos
El feminismo de la segunda ola
El feminismo de la segunda ola se gestó en Estados Unidos en las vigorosas condiciones del sistema del mundo capitalista de la posguerra. Emergió como una respuesta histórica a las tensiones entre los cambios progresivos de las pautas y las representaciones femeninas de las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, por un lado, y al arraigo cultural del habitus androcéntrico, por el otro, que mantenía la normatividad tradicional firme en el imaginario colectivo.9 En sólo una generación se sembraron las semillas para una significativa reorganización identitaria de género, en plena correspondencia con las condiciones económicas y tecnológicas que fomentaban la integración creciente de las mujeres a la esfera pública en una variedad de actividades y ocupaciones.
La dialéctica entre estructura e identidad y agencia y estrategia -que Álvarez y Escobar (1999) señalan como componentes de los movimientos sociales- orientó la emergencia de organizaciones feministas que, en última instancia, trasformaron la comprensión sobre el género, la intimidad y la sexualidad misma. La metodología inicial de organización autónoma de las mujeres en pequeños grupos de conciencia -cada vez más numerosos en el país- promovió un proceso de reflexión intensa sobre la condición femenina. Al compartir y analizar las experiencias vividas, se elaboró una nueva lectura genérica, que desde la mirada oprimida de dicha relación social confrontaba los espejismos propios del habitus androcéntrico interiorizado, que según el discurso feminista había definido históricamente a las mujeres, a partir de los intereses del sujeto masculino hegemónico. Una nueva y prolífica bibliografía sobre el tema también nutría las discusiones de los grupos, influidas, al principio, por los textos clásicos de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, y Mística de la feminidad, de Betty Friedan. La intersección metodológica de la lectura, la autoexploración y extrapolación analítica sobre la condición del género femenino suscitó en las participantes un sentido pionero de permear cada vez más al fondo de un territorio sociocultural inexplorado, que resquebrajaba con cada paso la normatividad genérica y las premisas androcéntricas que la sustentaron provocando la sensación eufórica de la liberación plena.
Guiadas por el lema 'Lo personal es político', la segunda ola estadounidense llevó lo privado e íntimo al terreno público, e identificó los hechos culturales como fenómenos de poder y, por lo tanto, políticos que hasta entonces formaban parte de lo que se consideraba la naturalidad de las identidades y las relaciones de género. Se fue afinando su capacidad de resignificar la experiencia propia, le dio voz, y la sacó del sigilo histórico, nombró vivencias que antes habían sido costumbres calladas, y las tradujo en demandas políticas. A menos de una década del surgimiento de los pequeños grupos de conciencia, se engrosó un movimiento social masivo, que crecía en el país, con influencia trasnacional, referido como el primer movimiento global de la era posindustrial.
La demanda del aborto despenalizado es central para el ideario feminista, por considerar a la libertad y a la autonomía reproductivas como determinantes de la igualdad de género y el control de los medios de reproducción, lo que resuelve la posición de las mujeres en la sociedad (Goldberg 2009). Es decir, la igualdad o subordinación social del género femenino corresponde al reconocimiento normativo y jurídico de su autonomía reproductiva o al control de su capacidad reproductora por parte del Estado y de las instituciones culturales, como la familia, la escuela y la religión. A partir del discurso de la segunda ola, la demanda de la despenalización del aborto se fue aceptando por la mayoría de las estadounidenses, ya que veían en la libertad de administrar la fecundidad una clave para habitar vidas más complejas y completas (Gardner 2011).10
El neoconservadurismo y el movimiento antiaborto: antecedentes y discursos
Si el cambio de valores y cotidianidades, suscitado por el discurso feminista y la transición entre modalidades capitalistas, provocó incomodidad y resistencias entre los sectores más tradicionalistas de la población, la legalización del aborto, en 1973, los incitó a organizarse políticamente. La efervescencia cívica de los años sesenta y setenta no se limitó a las demandas de plena ciudadanía por parte de las mujeres, sino que fueron antecedidas por el movimiento negro y los derechos civiles, que confrontaron el orden social establecido al sur del país. Asimismo, el multitudinario movimiento en contra de la guerra en Vietnam, que empezó en la misma década, cuestionó los pilares del expansionismo militarista que había caracterizado a la nación desde la época colonial.
La última manifestación social del desajuste del inicio de la transición, entre el modelo capitalista industrial y el posindustrial de globalización neoliberal, fue el movimiento jipi, constituido sobre el rechazo de las pautas de consumo del modelo industrial, su normatividad sexual y su estética personal. En reacción a estos desarreglos del orden económico, social, político e institucional, unos años más tarde empezó a consolidarse el vigoroso movimiento político y cultural neoconservador, que propuso reconquistar los valores tradicionales perdidos en la euforia liberadora de los años sesenta y el orgullo nacional golpeado por la derrota bélica en Vietnam, de la década posterior.
Ciertamente, la derrota militar en Vietnam fue el evento más incisivo en la desarticulación de la unidad histórica, que Anderson (1991) llamó la "nación imaginada". El descalabro bélico derivó en un profundo cuestionamiento de los cimientos político-filosóficos del excepcionalismo estadounidense, lo que no sólo puso en duda el sitio del país en la visión propia y la del mundo, sino que interpeló la validez de la identidad nacional.11 Sin embargo, los errores de Vietnam se consideraron como fallas tácticas no estratégicas, y la crítica se centró en el descuido del terreno cultural del "privilegio de la interpretación", como diría Follare (Kirkpatrick 1982, 8). Se identificó la falta de una metodología para ganar "las mentes y los corazones" como la clave de la derrota y, asimismo, el quid de victorias futuras que se posicionó de lleno en la disputa por los sentidos culturales y situó la lucha por las ideas, los sentimientos y los valores -las mentes, los corazones y las almas- en el primer plano de la reconquista de la hegemonía moral, política y discursiva de la nación y del mundo.
El movimiento neoconservador estadounidense descansó en la articulación de dos dimensiones autónomas en términos estratégicos, tácticos y organizativos, pero con la virtud de vincularse, complementarse, apoyarse y potencializarse. Por un lado se encuentra la masa crítica de la elite intelectual y política del neoconservadurismo propiamente dicho y, por otro, las masas de la nueva derecha religiosa, convocadas por sus autoridades eclesiales y las organizaciones cívico-religiosas asociadas (Klare y Arnson 1981). Como piezas centrales de la orientación económica y política del movimiento amplio, los intelectuales altamente calificados de las fundaciones privadas de análisis (think tanks) han ocupado posiciones de suma influencia en los campos de la economía, la política y la jurisprudencia, y demostrado una capacidad considerable para la elaboración de discursos y estrategias de reconfiguración nacional y global desde la institucionalización de la revolución conservadora, durante la presidencia de Ronald Reagan.12
La producción analítica de estos intelectuales le sirve también de complemento estructural y político al discurso religioso de las autoridades eclesiales y dirigentes civiles tanto del movimiento de masas del fundamentalismo religioso, como del neoconservador amplio integrado principalmente por los institutos religiosos cristianos, sus pastores y fieles, encargados de la recuperación de la hegemonía cultural interna del país.13 Entre los principios a que se suscriben destaca la inspiración bíblica como pauta primordial del modo de vida. Aferrados a una interpretación selectiva de los textos sagrados, que sitúa la existencia humana en una disputa cósmica entre el bien y el mal, los fundamentalismos son formas aguerridas de espiritualidad, que se constituyen frente a una crisis percibida (Marty y Appleby, citados en Armstrong 2000).
Desde su refundación, a finales del siglo XIX, el fundamentalismo cristiano se ha posicionado en contra de lo secular, de la estatización de responsabilidades sociales -en particular, la educación-, de la noción autónoma del individuo y producto de la historia, de la edificación de la ciencia por encima de las creencias religiosas y de la flexibilización de la moral sexual; percibida por los tradicionalistas como amenaza a su propia esencia identitaria. Asimismo, tanto antes como ahora los puestos de autoridad religiosa suelen corresponder a los varones, quienes se erigen, a partir de la noción del privilegio masculino, en la organización de la familia y el campo religioso, y que descansan en una visión patriarcal reformada que aún hoy en día naturaliza las identidades y jerarquías de género, y cuenta con una división sexual definida del trabajo.
En la década de 1970 ocurrió la trasformación estratégica del fundamentalismo cristiano estadounidense en un movimiento político religioso dogmático, en apoyo a la candidatura presidencial de Ronald Reagan y su agenda de revolución conservadora. Una serie de organizaciones de masa, vinculadas a la fe y dirigidas por ministros de culto, emergieron en defensa de una plataforma contra el aborto y la diversidad sexual, y en pro de la familia tradicional; rechazaron el concepto de cambio climático, a favor de la defensa nacional y de Israel.14 Organizaron campañas de registro de electores, con la participación de más de cien mil pastores evangélicos, sacerdotes católicos conservadores y rabinos ortodoxos; aglutinaron a siete millones de familias en una masa crítica de apoyo electoral (Moral Majority 2014), y definieron su misión como la promoción de una ciudadanía cristiana efectiva, para "estimular a los individuos e iglesias a hacer sentir su influencia en todos los niveles de gobierno [...] preservando, protegiendo y defendiendo los valores judío-cristianos que han hecho a este país el más grande de la historia" (Christian Coalition of America 2014).
A pesar de que la voz opositora al fallo de Roe versus Wade salió del campo católico, en concordancia con la postura del Vaticano, para finales de los años setenta, las organizaciones cristianas habían fomentado a los grupos dedicados a la biopolítica antiaborto de todos los estados. En particular, la tendencia fundamentalista, llamada dominionista, fue vital para el incipiente movimiento, promovió un discurso que entretejía varios aspectos en una lógica totalizadora: la restitución moral de los valores familiares tradicionales; la promesa de salvación eterna por la gracia de la fe y el establecimiento de condiciones para consolidar un Estado cristiano (Hedges 2006).
Además de los valores familiares tradicionales, el discurso del nacionalismo cristiano -como lo llama Goldberg (2009)- se integra por dos dimensiones valóricas más: la filosofía de las libertades y derechos individuales y la no intervención gubernamental, lo que se refiere, sobre todo, al gobierno federal, es decir, al Estado-nación. Empero, desde la mirada dominionista, el enaltecimiento y tutela de las libertades y los derechos individuales no amparan al ámbito de la vida privada e íntima, sino que los valores familiares tradicionales fungen como dispositivos normativos limitantes de dichos derechos y merecedores de la intervención gubernamental, de preferencia estatal. A partir de dicha visión, los estados han patrocinado la avalancha de legislación que restringe el acceso al aborto, limita la educación sexual en las escuelas públicas y niega los derechos ciudadanos a la diversidad sexual, entre otros asuntos. La teología de la prosperidad constituye la tercera dimensión del paisaje de valores del nacionalismo cristiano, que orienta a los fieles al éxito económico y a la responsabilidad individual, y considera como bendición o castigo divino los grados de dicho éxito, logrados o no. Por ello, la pobreza y los pobres se perciben como producto de la voluntad divina y de la falta del esfuerzo, determinación y disciplina individuales.
La historia de la consolidación del nacionalismo cristiano, como actor relevante del quehacer político, va articulada a la consolidación hegemónica de la filosofía neoliberal de la economía, a las acciones antiaborto y a la evolución del discurso, que atiende el fondo de su preocupación: resiste y disputa la inconformidad feminista frente al sometimiento corporal, que hasta entonces hizo que el cuerpo de la mujer fuera dócil, útil y obligadamente reproductor. En este sentido, el antiabortismo filosófico-político del conservadurismo religioso estadounidense constituye una parte esencial de la defensa del orden sexo/género y familiar, de preferencia y privilegio masculinos.15
El fortalecimiento del nacionalismo cristiano ocurrió en el marco de la ansiedad colectiva creciente de algunos sectores de la población estadounidense a raíz de los reacomodos estructurales, geopolíticos, relacionales y subjetivos que caracterizan a esta insegura, incierta, riesgosa y líquida coyuntura, y al desencuentro entre los cambios cotidianos disruptivos y constantes e instituciones caducas y disfuncionales (Bauman 2005). En este contexto, la terminación legal del embarazo se vuelve un tema nodal de la discusión pública estadounidense, que encierra el debate sobre el perfil y futuro del proyecto de nación. La asociación tradicionalista del cigoto-embrión, con la personificación y la vinculación del aborto con el delito de asesinato y el abuso de poder por parte de las mujeres, de nuevo le inyecta al proceso la urgencia de ilegalizar el procedimiento y elevarlo a una misión moral superior. Las y los representantes electorales ultraconservadores han demostrado esto una y otra vez en los últimos tiempos, al priorizar en su trabajo legislativo y de gobernanza el condicionamiento del acceso al aborto legal sobre otros temas como la creación de empleo, la elaboración de un presupuesto federal viable o la atención a la infraestructura nacional deficitaria. Desde 1995 hay más de 800 leyes estatales que se han ocupado del asunto, sólo en 2013 se aprobaron 52 (NARAL 2013).
El estado actual del aborto en Estados Unidos: sitiando el derecho a decidir
Entre 1995 y finales de 2013 se aprobaron leyes que instituyen demoras serias e impedimentos jurídicos para la práctica del aborto en 41 de los 50 estados, esto invocando la necesidad de custodiar la salud de las mujeres (Guttmacher Institute 2014). A grandes rasgos, dichas restricciones son las siguientes: a) la obligación legal de realizar pruebas de ultrasonido vaginal previas al aborto, aunque las pacientes no lo deseen;16 b) la imposición de ver los resultados del ultrasonido y, en ciertos estados, de escuchar el corazón del gestado antes de la interrupción legal del embarazo; c) prolongar el periodo de espera para tener un aborto de entre 24 a 72 horas después del ultrasonido,17 lo que implica tiempo y gastos que la mayoría de las mujeres no pueden solventar, aunado al estrés psicológico provocado por la espera; d) la prohibición de las nuevas drogas abortivas, que son más económicas y tienen menos efectos colaterales; e) el recorte del periodo para interrumpir legalmente el embarazo a 20, 19, 12 y 6 semanas, según el estado;18 f) obligar a las pacientes a asistir a sesiones de orientación no deseada, impartidas por organizaciones e individuos sin criterio médico-científico que se oponen al aborto; g) prohibir que el seguro médico particular incluya la cobertura del procedimiento del aborto, lo que hace que muchas mujeres no puedan cubrir el costo; h) exigirles a las y los médicos que formen parte de la planta profesional de un hospital, pero en la práctica los hospitales no los contratan; i) establecer requisitos sanitarios nuevos y la construcción de clínicas comunitarias, con lo que impugnan su viabilidad y, por consiguiente, la atención médica integral a la salud reproductiva de las mujeres que dependen de sus servicios19 (Guttmacher Institute 2013).
Alentados por la recomposición conservadora de la Suprema Corte durante el gobierno de George W. Bush, los impulsores de la legislación antiaborto en los estados primero pretendieron litigar de nuevo el caso de Roe versus Wade en la Suprema Corte. Con el tiempo dicha estrategia se diversificó, y encontró un camino muy efectivo en el incrementalismo audaz, o sea la restricción progresiva del acceso estatal y, en casos, del local (sin abandonar la posibilidad de una solución final en la Suprema Corte). En esta estrategia de doble filo se acomodan las 580 medidas antiaborto propuestas en los congresos estatales entre el año 2000 -el inicio de la presidencia de Bush- y finales de 2013, cuando llegaron los representantes del Tea Party a los congresos locales y al nacional.20
Así mismo, los condicionamientos para que el personal médico formara parte de una asociación hospitalaria, y que las clínicas cumplieran con los nuevos requisitos de construcción, para que se asemejaran a centros hospitalarios, tuvieron un efecto drástico e inmediato en el número de clínicas que podrían permanecer abiertas.21 En 2013, siete estados aprobaron legislaciones de este tipo, para sumar 27, con el argumento de velar por la salud y bienestar de las pacientes, a pesar de que las condiciones impuestas no parecen relacionarse con la eficacia médica y, a través de los años, múltiples estudios han demostrado el grado de profesionalismo en el cuidado y seguridad de los abortos practicados en las clínicas.22 En un periodo corto, Alabama23 se anticipó a Misisipi con una legislación de esta índole, que a su vez se adelantó a Texas, y Luisiana hizo lo mismo unos meses después. Trazaron así una tendencia geobiopolítica que hace de la franja sur de Estados Unidos -llamada coloquialmente el cinturón de la Biblia- una zona que recriminaliza de manera paulatina el aborto en casi todos los casos, excepto cuando se trata de violación sexual, incesto y riesgo para la vida de la madre.24 En este ecosistema biopolítico es importante enfatizar las implicaciones adversas para la salud y la vida de las mujeres, tanto del mercado negro del aborto ilegal como de los autoprovocados, que hoy en día se vuelven a documentar.
La nueva legislación tejana de 2011 a 2014 ejemplifica el sesgo perjudicial que tiene para la salud, la autonomía y la libertad de decidir de las mujeres de menores ingresos.25 En 2011, Texas contaba con 44 clínicas comunitarias de atención integral a la salud reproductiva, y para finales de 2013 se redujeron a 20, debido a las nuevas leyes condicionantes. Pero las leyes TRAP, que entraron en vigor en septiembre de 2014, dejaron al segundo estado más poblado del país con apenas seis clínicas para una población de 26.4 millones de personas, que crece con rapidez (U.S. Census 2013). Esto obliga a las mujeres económicamente vulnerables a viajar por cuatro o cinco horas para solicitar estos servicios; cruzar la frontera con México para comprar medicamentos sin prescripción, que no siempre son seguros ni adecuados, o procrear hijos no deseados26 (Fernández 2014).
Al evaluar los efectos de la nueva legislación, el Proyecto de Políticas de la Universidad de Texas advirtió que el aumento de los abortos autoprovocados llegará a constituir 7 por ciento en el estado, mientras que se elevará a 12 en la región que vive en condiciones de mayor pobreza (América Al Jazeera 2014).
Las leyes que restringen el aborto en Texas fueron aprobadas pese a las manifestaciones de resistencia ciudadana. Es célebre el esfuerzo de una legisladora estatal del Partido Demócrata por obstaculizar el voto aprobatorio a través del flilbusteo, una especie de performance político que la mantuvo de pie durante once horas, para sustentar su oposición. Fue respaldada por otras congresistas y organizaciones como Planned Parenthood, NARAL y NOW. Asimismo, las protestas ciudadanas diarias frente al Congreso del estado evidenciaron los intereses y las necesidades de centenares de mujeres a favor del derecho a decidir, que deben tomarse en cuenta. Los representantes de las organizaciones mencionadas también emprendieron ofensivas mediáticas en contra de la legislación, pero no lograron impedir el voto de aprobación de las leyes TRAP, que limitan severamente el acceso al aborto legal.
Planned Parenthood ha atendido la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, a través de los años, y es frecuente que sea la única en proveer dichos servicios a bajo costo en los guetos y barrios marginales. Por ello se volvió un blanco prioritario de la bancada antiaborto del Congreso federal en 2011, con varias propuestas de ley que pretendieron prohibir que se le entregaran fondos federales pero, como no fueron refrendadas por el Senado, Planned Parenthood conservó la capacidad de proporcionar servicios en las clínicas que lograron mantenerse abiertas; dedica 97 por ciento a la educación comunitaria en materia de salud reproductiva y sexual, a los servicios de planificación familiar y a la prevención de cáncer, y sólo 3 a la interrupción del embarazo.
Sin embargo, la energía política para ilegalizar el aborto y legislar la vida privada e íntima de las mujeres no se limita a las leyes que condicionan al procedimiento, ni a la embestida contra Planned Parenthood. Candidatos y congresistas fundamentalistas también han intentado redefinir la violación sexual, y la dividen en: a) violación forzada, legítima u honesta y b) "violación no violenta", incluso "consensual". La intención de esto es negar fondos federales para que las mujeres que reporten embarazos por violación se practiquen abortos sin demostrar golpes o marcas de resistencia, lo que reduce los abortos financiados por el erario, de nuevo limita el acceso al procedimiento. Con este propósito, el candidato perdedor al Senado de Misuri aseguró, en 2012, que no es común que una mujer violada quede embarazada. Opinó que "si es una violación legítima, el cuerpo de la mujer tiene maneras de clausurar todo esto"27 (traducción propia).
En el mismo sentido, una legisladora de Nuevo México propuso una ley que tipifique el aborto por violación como un delito, porque destruye la evidencia que representa el embarazo.28 Por su parte, el excandidato republicano a la vicepresidencia en 2012, el actual congresista de Wisconsin, anotó: "Yo siempre he sido de la opinión de que el método de concepción no cambia la definición de la vida" (traducción propia).
La lógica subyacente a la resignificación de la violación descansa en dos premisas fundamentales: una filosófica y otra política. La primera enarbola el credo de la santidad de la vida, como lo demuestra la siguiente declaración del candidato -también perdedor- a senador por Indiana, en 2012: "Me doy cuenta que la vida es un regalo de Dios y aún cuando se inicia en la situación horrible de la violación, es algo que Dios tuvo la intención que pasara" (traducción propia).29 La segunda descansa en el derecho de la objeción de conciencia frente al uso de impuestos federales para las excepciones -como el incesto y la violación-, que aún se cubren con la partida del presupuesto federal para la salud.30
A estas opiniones y legislación se les atribuyó la merma del voto de las mujeres -en particular de las jóvenes- para el Partido Republicano en las elecciones de 2012. A su vez, dicha reducción del voto femenino da cuenta de la estrategia del Partido Demócrata de enmarcar el empuje republicano antiaborto en lo que se llama la guerra contra las mujeres, que abarca el rechazo de los republicanos a la igualdad de salarios entre los géneros y el cuestionamiento de ciertos políticos conservadores sobre la ética de usar anticonceptivos.31
La tensión entre la libertad religiosa y el tema de los anticonceptivos se evidenció, con mayor nitidez, cuando éstos se incluyeron en la lista de medicamentos garantizados por aseguradoras médicas y empleadores, a través de la Ley del Cuidado Accesible (Affordable Care Act, ACA, llamada coloquialmente Obamacare). Hubo instituciones religiosas, en especial, la Iglesia católica, que objetaron la cláusula de la ley que las obliga a incluir los anticonceptivos como medicamentos básicos para las empleadas que trabajan en sus escuelas, hospitales, albergues u organizaciones de caridad. Si se hace referencia al posicionamiento histórico en contra de la anticoncepción, la Iglesia católica defendió el desacato a la ACA por considerar que viola su código moral. Otras denominaciones religiosas, como las evangélicas, objetaron ofrecer ciertos anticonceptivos por juzgarlos abortivos.32 Al final, estas refutaciones de las iglesias se consideraron dentro de la ley, de tal manera que otros mecanismos pudieran sustituir el patrocinio.
El caso que la corporación Hobby Lobby llevó a la Suprema Corte, y que ésta falló a su favor, en julio de 2014, expandió el alcance de las corporaciones sobre la libertad de creencia, e impuso las de los dueños del negocio a las de sus trabajadoras, cuando hay obstáculos de tipo moral, a partir de lo que se llamó "una creencia religiosa sincera". En este caso, se argumentó en contra del requisito legal de los dueños a contribuir con el pago del seguro médico de las empleadas para ciertas formas de anticoncepción, por considerarlas abortivas.33 La reñida decisión de la Suprema Corte, del 30 de junio de 2014,34 avaló el derecho a la libertad de creencia de las corporaciones, y les asignó la personalidad jurídica de persona. Es decir, con dicha decisión, de nuevo, como en el caso de Citizens United, se personificó a las corporaciones,35 y se les atribuyeron derechos de los que sólo gozaban los individuos. Por esto, con dicha determinación la Suprema Corte no sólo debilita a la ACA obstaculizando el derecho universal de las mujeres a la anticoncepción garantizada en la ley, sino que se resignifica el sentido de la libertad de creencia, y de paso se cuestionan los márgenes y premisas tradicionales de la separación del Estado y las iglesias, que sustentan al Estado-nación moderno.
En los Estados-nación, el derecho a la libertad de creencia es también la garantía de la no imposición de las creencias de algunos sobre otros. Es de lo que se trata la separación del Estado y las iglesias, pues garantiza la convivencia en el territorio nacional de diversas religiones sin favorecer oficialmente a ninguna (Blancarte 2008). En el caso de Hobby Lobby, se reconoce que el derecho a la libertad de creencia de los dueños de una corporación puede extenderse a las relaciones laborales de la propia empresa e imponerse a sus trabajadores, lo que jerarquiza el derecho a tener derechos, en correspondencia con la asimetría de las relaciones de poder del capital. Así, con esta decisión se reconfirma la tendencia jurídica contemporánea de personificación -y ciudadanización- de las corporaciones y empresas, como premisa medular del nuevo marco jurídico de la era posindustrial de la globalización neoliberal. Y, a partir de este caso concreto, se posibilita el no reconocimiento corporativo a un sinfín de leyes por razones de objeción de conciencia religiosa, lo que antes sólo pertenecía a los individuos.
A manera de conclusión
Sin duda, la situación de Estados Unidos ejemplifica la disputa por los significados del aborto que, entre otras, es emblemática de las tensiones y los reacomodos de la era actual de transición entre modelos de producción capitalista. Hoy en día se vislumbra una relitigación intensa de los derechos reproductivos de las mujeres, que fueron identificados, nombrados, peleados, reconocidos y legalizados poco a poco hace cuatro décadas, en respuesta a las exigencias del feminismo de la segunda ola, el movimiento social más grande, potente y radical de la última mitad del siglo XX. En la actualidad hay una tendencia inconfundible a restringir y hasta a revertir la libertad de objeción de conciencia, en nombre de los derechos de los no nacidos. En este sentido, las múltiples leyes y políticas públicas, para condicionar la despenalización del aborto en un número creciente de estados, hacen que la determinación de la Suprema Corte, de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo a escala nacional, se torne cada vez más en una ficción jurídica, como ocurrió en el caso de Roe versus Wade, en 1973.
La vuelta del péndulo discursivo que sustenta las nuevas leyes demuestra uno de los mayores logros neoconservadores: haber minado la certidumbre del imaginario colectivo estadounidense de que el aborto despenalizado corresponde a la ciudadanía de las mujeres, que constituye parte de sus derechos humanos y que es un inciso irrevertible de la jurisprudencia nacional.36 Con un recurso discursivo muy efectivo de personificación del gestado a lo largo de su evolución, el neoconservadurismo religioso estadounidense se refiere a los cigotos y embriones como los más vulnerables, los no nacidos o los sin voz, e identifica así la asimetría entre embriones y mujeres adultas como la contradicción social principal, la suprema representación de la desigualdad social, más importante que las clases sociales, los géneros, las razas, los grupos étnicos o la diversidad sexual.
En contraste con lo que dicho discurso identifica como el narcisismo genérico de las mujeres que decidan abortar, se pregona el retorno al altruismo femenino, y posicionar de nuevo los valores culturales del orden androcéntrico, como elementos centrales en la constitución de una identidad femenina subordinada. El recurso biopolítico de la intervención reguladora del Estado en las decisiones reproductivas de las mujeres en cada etapa del embarazo -a nombre del gestado o de la libertad de creencia- reorienta paulatinamente el sistema jurídico a favor absoluto del embrión, y así construye una dicotomía insalvable entre los derechos reproductivos de las mujeres y los del feto, y sustituye la interpretación armonizada entre ambos derechos en el fallo de Roe versus Wade, que hasta ahora ha privilegiado a cada uno en los trimestres del embarazo.
Desde la perspectiva neoconservadora religiosa, la vida íntima de las personas es una de las pocas áreas en que se legitima la injerencia estatal. El ámbito de la economía se ve a partir de la lente autonómica de la autoregulación y la no intervención gubernamental, en cambio, la reproducción y la sexualidad se tornan campos muy vigilados e intervenidos. Esto no sólo anuncia la pérdida de control sobre el cuerpo, la salud y el desarrollo de la vida de un poco más de la población total, que es femenina, sino que también advierte el retorno relegitimado a las premisas sociales androcéntricas incrustadas en los valores y la moralidad religiosa. En Estados Unidos, hoy en día dicha moralidad permea de manera natural en los campos político, legislativo, mediático y jurídico, que sólo hace unas décadas se guiaban por discursos seculares, que eran los hegemónicos.
En una clara contienda por redelinear los márgenes de la separación del Estado y la religión, los sectores conservadores articulados al fundamentalismo religioso estadounidense han aprovechado la inestabilidad del líquido momento histórico de transición entre la era industrial del siglo XX y la posindustrial de la información del XXI, para hacer de la disputa por los significados del aborto una estrategia para ampliar la presencia religiosa en el ámbito público, e ir configurando de nuevo la propia naturaleza del Estado moderno. Si se considera, como lo hace Crozier (citado en Bauman 2011, 42), que la estrategia universal de toda contienda por el poder consiste en la manipulación de la inseguridad, las condiciones contemporáneas de incertidumbre estructural y geopolítica en Estados Unidos, así como el ethos sentimental subyacente de pérdida, miedo y enojo ofrecen un contexto idóneo para volver a disputar los derechos reproductivos y los significados de género, que emergieron de los reclamos ciudadanos del movimiento feminista de la fase final del capitalismo industrial.
