Introducción

Los vehículos no tripulados o drones comenzaron a utilizarse como armas de guerra por Estados Unidos a finales del siglo pasado.¹ Desde entonces los medios de comunicación le han dado cobertura amplia a su desempeño en las conflagraciones bélicas en Irak, Pakistán y Afganistán resaltando que el hecho de que ya no se requieren pilotos en aviones de combate -sustituidos por operadores de guerra a distancia-, como su capacidad para eliminar blancos con "precisión quirúrgica" -aparentemente con el menor número de daños colaterales. También se ha destacado su capacidad para fusionar la cobertura aérea, la autonomía y la invisibilidad -puesto que la mayoría es indetectable por radares convencionales-, lo que da la sensación de que ocupan un "espacio aéreo interminable" (^{Blackmoore 2005}). Las ventajas técnicas de estos dispositivos se han exportado recientemente a otras áreas como: a) supervisión de sembradíos; b) medición de variables ambientales; c) vigilancia de especies en peligro de extinción; d) evaluación de desastres naturales y e) en mercadotecnia (^{Gilliom y Monahan 2013}). De esta forma, los drones se usan para la protección de comunidades y poblaciones, así como para impulsar el desarrollo de la industria y el comercio (^{Jacobstein 2013}); pero también para el control social y político. Es sobre este aspecto en el que el presente artículo pone su esfuerzo analítico.

El uso de drones para la gestión de poblaciones y territorios, aunque aún incipiente, encuentra su nicho de mayor crecimiento en los programas de control de fronteras, flujos migratorios y de seguridad pública. Estados Unidos, por ejemplo, utiliza drones para vigilar su frontera sur con México y monitorear las costas de Colombia y Honduras, con el objetivo de detectar migrantes ilegales y traficantes de drogas (^{Gilson 2010}; ^{Padgett 2009}; ^{Pallitto y Heyman 2008}). A escala hemisférica, el Comando Sur ha introducido drones para la vigilancia de zonas terrestres y marítimas, que pudieran presentar alguna vulnerabilidad para la seguridad de la región (^{Shachtman 2009}; ^{Andreas 2003}). Gracias a su bajo costo, en relación con otro tipo de dispositivos aéreos, casi cualquier país puede adquirirlos o construirlos (^{Cole 2012}). Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay y Perú los han puesto en operación con propósitos similares: a) monitorear la migración ilegal; b) combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado y c) vigilar los límites fronterizos. Sin embargo, se están utilizando de igual forma para supervisar protestas sociales y zonas urbanas consideradas de alta incidencia criminal.

Esto ha reposicionado el peso del espacio aéreo en las medidas de seguridad nacional y pública (^{Lelyveld 2012}), con efectos en la relación que el Estado establece con sus ciudadanos (^{Adey et al. 2011}), porque una mirada vertical sobre el espacio y su población -es decir, desde cierta altura-, garantiza la construcción de modelos tridimensionales de la realidad, que fusionan al mismo tiempo capas de información geográfica, social y político-económica. ^{Weizman (2002ª)} señala que esto forma parte de la verticalidad propia del Estado, que otorga un papel relevante a la mirada desde lo alto, como criterio de observación e intervención sobre espacios y grupos sociales. Los drones, sin embargo, resultan un instrumento excepcional de mirada vertical porque condensan las arquitecturas algorítmicas de la guerra al ámbito civil, lo que permite definir, como señala ^{Amoore (2009}), un "nosotros-otros" en términos sociales, lógicas de "seguridad-riesgo" en el ámbito espacial, así como la localización de "aliados-enemigos" en términos políticos. Al desplegarse estas lógicas de estratificación y dominación, de alguna forma se debilita la capacidad de los individuos para definir espacios de autonomía y control de sus vidas.

El presente artículo es un primer acercamiento para explorar cómo los drones contribuyen a definir una cierta política de verticalidad en los países de la región latinoamericana. El objetivo es describir cómo están reforzando el control de fronteras, la seguridad pública y la supervisión de la protesta social. Campos de intervención que refieren a formas específicas de gestión del territorio y la población. De esta manera los drones auxilian a la construcción de una biopolítica, en la medida en que son un medio que permite "[...] racionalizar los problemas que se le presentan a la práctica gubernamental por los fenómenos propios [de] una población" ^{(Foucault 1979, 818)} .

Para desarrollar este argumento, el documento se divide en cuatro partes. En la primera se trata de mostrar cómo el Estado -tanto en la teoría política como en el ejercicio de su poder- establece una verticalidad, que le permite constituirse como un símbolo de poder y un mecanismo de gestión de la población. El objetivo es exponer cómo los drones refuerzan el poder del Estado, tanto en términos simbólicos como materiales. Después se describe el creciente interés de los gobiernos de América Latina por adquirir estos dispositivos, además de explorar cómo los usan, así como el mercado global de empresas militares que los producen. En la tercera parte se analiza cómo se modela la relación entre Estado y sociedad cuando intervienen esos dispositivos. Se concluye con una reflexión que explora los claroscuros que proyectan los drones en la débil democracia de América Latina.

Nota metodológica

Aquí, la descripción del uso de los drones en América Latina, así como el análisis sobre sus efectos potenciales y reales, se hace a partir de información periodística y otras fuentes de gobiernos y empresas que los fabrican. Esto se debe a que no existen informes oficiales sobre el tema, porque los gobiernos lo consideran clasificado. Por otro lado, la falta de normas y marcos legales que regulan el funcionamiento de los drones dificulta definir el espacio de actuación en el que se despliegan. Sin embargo, las entidades gubernamentales dan a conocer su uso a la opinión pública, a través de distintos medios de comunicación, sobre todo en el marco de la puesta en marcha de medidas de protección y seguridad pública. Así, los medios funcionan como caja de resonancia donde el gobierno proyecta a la ciudadanía tanto un símbolo, entre otros, del poder del Estado, como su capacidad para cuidar fronteras, garantizar la seguridad pública y la paz social. Si bien esta información es relevante, no deja de presentar dificultades y un reto metodológico para alcanzar los objetivos que se proponen en este trabajo. ¿Cómo construir un marco de interpretación sobre un fenómeno reciente y restringido al examen público -con una relativa exposición mediática-, pero al mismo tiempo inexistente como objeto de estudio en la academia latinoamericana?

Como ^{Davis (2007)} lo ha mostrado, este es un problema que enfrenta un número importante de investigaciones sociales en América Latina, donde los gobiernos son opacos al escrutinio público y académico. Sin embargo, el hecho de que no exista información suficiente o se encuentre fragmentada no debe ser un impedimento para dejar de abordar temas relevantes -como el de la seguridad pública o la lucha contra el terrorismo- en la configuración de la vida democrática.² Como Davis (2007) sugiere, superar estos escollos implica avanzar a partir de la construcción de modelos de interpretación que se someten a pruebas de coherencia y contraste, con el fin de obtener interpretaciones explicativas y comprensivas lo más plausibles posible. Una forma particular de trabajar que ya sugería Mills cuando señalaba que en condiciones especiales, en las que no se cuenta con la información adecuada, se requiere cierta imaginación sociológica, "[.] conectando modelos de interpretación y explicación con el objetivo de obtener una lúcida perspectiva de lo que está pasando" (1959, 5). De acuerdo con estos principios se consideraron, en primer lugar, los alcances y los límites de la información con la que se trabajó, a partir de aquí se tomó en cuenta, en un segundo momento, un modelo de interpretación.

Con respecto al primer punto, la información disponible permitió mostrar cómo los drones se han venido colocando en la opinión pública, y así observar su presencia como dispositivos estatales de gestión de la población y el territorio. En la medida en que esta visibilización se hace acompañar de una narrativa que tiende a justificar el uso de estos dispositivos, se puso atención en cómo los medios de comunicación construyen el tema. Esto representa un problema, ya que la crónica periodística es una interpretación sobre un acontecimiento y, por ende, resulta complicado determinar en qué momento la subjetividad de quien escribe influye en la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, se trató de controlar esta dificultad a través de la comparación de notas periodísticas con las páginas oficiales de gobiernos y empresas fabricantes de drones. Estos cruces de información permitieron establecer parámetros de congruencia que definieron la construcción de los datos de la investigación.

El modelo de interpretación elaborado implicó tener varias fuentes de información, y puso atención en las coincidencias, pero sobre todo en las contradicciones para definir lo mejor posible un marco claro sobre el cual visualizar la expansión y uso de los drones, y observar así la narrativa que los envuelve, que justifica y orienta su utilización. Al analizarse las noticias en estos medios, el interés se centró en las que dan cuenta "del para qué se usan los drones", por parte de las autoridades gubernamentales. Se buscó reconstruir su expansión, con énfasis en los elementos relevantes, desde la perspectiva que se sugiere en este artículo. Así fue posible determinar que en la región los drones se orientan sobre todo al cuidado de las fronteras, la seguridad pública y el control social. Con estos elementos se logró determinar en qué medida constituyen la solución aparente a las dinámicas sociales vinculadas a la migración ilegal, la seguridad pública y al control de la protesta social. Esto permitió, a su vez, enfatizar en la reflexión sobre el marco de gestión de la población que establece el Estado. En este sentido, y siguiendo este marco metodológico, el trabajo visibiliza, desde una serie de conceptos, la difusión de los drones como instrumento, entre otros, de la política de la verticalidad estatal en el contexto de América Latina. Por tanto, pese a las limitaciones de información, es posible reconstruir un paisaje, aunque sólo sea en grandes trazos, sobre el tipo de campos en el que se aplica la mirada vertical a través de los drones.³

Conceptos básicos

La difusión de los drones a escala global no sólo se debe atribuir a las particularidades tecnológicas de estos dispositivos, sino a la propensión del Estado moderno de colocar, por un lado, su capacidad de observación desde cierta altura, así como emplazarse simbólicamente por encima de la sociedad. Estos dos aspectos se pueden encontrar en El leviatán, de Thomas Hobbes, texto fundacional de la teoría y la ciencia política, en cuya portada original se observa un gigante -conformado por hombres más pequeños- que representa el poder del Estado, y que por su tamaño alcanza a cubrir con su mirada el territorio y los habitantes sobre los que gobierna. Debajo del leviatán aparece, como primer símbolo de su poder, un castillo en lo alto de una cima que le permite dirigir con efectividad la fuerza del ejército. Tanto el gigante como el castillo subrayan la importancia que debe dar el Estado a la mirada desde lo alto: es un componente central para el gobierno de un territorio, sus bienes y la población (^{Kaplan 2006}). De alguna manera, este valor dado a la mirada desde lo alto se expresará de forma continua en la conformación del pensamiento político y también da cuerpo al funcionamiento del Estado-nación moderno.

Como sugieren ^{Deleuze y Guattari (1992)}, el Estado se ubica en el pensamiento político clásico como una institución que ocupa el lugar más elevado en la reflexión sobre el poder y la dominación, de hecho se le considera como el dispositivo central de modelación de la vida social. Como señala ^{Isin (2007)}, salvo contadas excepciones, a la ciudadanía se le ha abordado desde la filosofía y la teoría política a partir de una perspectiva escalar, donde el Estado aparece siempre por encima de sus ciudadanos. Entre ambos se establecen los siguientes principios de relación: a) de jerarquía -que permite establecer una relación de verticalidad entre el Estado y la sociedad-; b) de exclusividad -donde no existe nada por encima del Estado y c) de ahistoricidad -que implica que no es posible pensar el fin del Estado (^{Sack 1980}; ¹⁹⁸⁶). El pensamiento escalar, que ubica al Estado como un criterio de referencia del poder, aparece entonces como una forma de consolidar, a través de un criterio inamovible de verticalidad, la regulación, control y gobierno de la sociedad.

El ejercicio de la gestión de la población, por entidades estatales, ha estado marcado por estos principios y se ha materializado en el despliegue de dispositivos de observación, que pueden garantizar la expansión de su capacidad de control social desde lo alto -como castillos o plataformas de observación y monitoreo-, que además se han convertido en iconos de poder, es decir, en condensaciones simbólicas que cristalizan la sensación de que el Estado tiene la capacidad de vigilar y controlar a sus ciudadanos. Ambas funciones -material e icónica- han jugado un papel central en los proyectos de dominación colonial (^{Saint-Amour 2005}; ^{Cohn 1996}). Como sugiere ^{DeNicola (2006)}, los proyectos coloniales decimonónicos consideraron relevante la construcción de dispositivos arquitectónicos elevados, que permitían tener una mirada privilegiada sobre sus dominios. ^{Mitchell (1991)} puso énfasis en la importancia de las plataformas de observación en la dominación colonial británica, sobre todo en Egipto.⁴

Si bien con el paso del tiempo, y sobre todo a finales del siglo XIX, los globos aerostáticos permitieron la recolección de información de territorios, la administración de la población y sus recursos -tanto de las metrópolis como de las propias colonias-; fue posteriormente, mediante, los zeppelines que estas funciones se desarrollaron mejor, y se impusieron como dispositivos estratégicos para el despliegue, por ejemplo, de las acciones de guerra. No obstante, su fragilidad frente al fuego enemigo, así como la aparición del avión, minaron su efectividad, y dejaron de ser una opción tecnológica para la guerra y la recolección de información. Como señala ^{Faulkner (2012)} con respecto a este tema, los zeppelines fueron cayendo en desuso en el periodo de entre guerras, sobre todo por su fragilidad en el combate y lenta movilidad. Primero abandonaron el proyecto los británicos, después los estadounidenses y alemanes.⁵ Los aviones, pero sobre todo los helicópteros, garantizaron un mejor desplazamiento, maniobrabilidad y capacidad para recoger información (^{Adey 2010}). Se convirtieron en este sentido en dispositivos clave para garantizar el control de territorios y poblaciones (^{Graham 2010}).

La política de la verticalidad desde el aire se ha modificado en fecha reciente, a partir de la reconfiguración de los conflictos armados a escala global (^{Graham y Hewitt 2012}), que ocurren de forma dispersa e intermitente -ya no en un campo o frente de batalla claramente definido (^{Gros 2006})-, dando pauta a la emergencia de "espacios de batalla", donde es difícil distinguir entre aliados y enemigos (Blakmoore 2005). El referente más acabado de este tipo de conflictos es la región Israel-Palestina, por lo que no resulta extraño que haya sido aquí donde los drones tuvieron el mejor ambiente para su desarrollo. Hay que recordar que Palestina en los acuerdos de Camp David del año 2000 quedó dividida, de tal suerte que desde el cielo se dibuja como un archipiélago de islas difícilmente conectadas unas con otras.⁶ Si bien Palestina logró el control de los espacios urbanos con dichos acuerdos, se dejó bajo control israelí el sistema de carreteras, los mantos acuíferos y el espacio aéreo. Sin una declaración definida de fronteras, Israel ha tenido la libertad para desplegar un control geográfico a discreción (^{Said 2013}).⁷ La mejor forma de llevarlo a cabo fue en una primera instancia a través de helicópteros Cobra y Apache (Said 2013), después por medio de drones, que tienen ventajas estratégicas y tácticas respecto a los helicópteros.⁸

Por un lado, los drones poseen la capacidad de fusionar la cobertura aérea, la autonomía y la invisibilidad -puesto que la mayoría son indetectables por radares convencionales-, lo que da la sensación de que ocupan un "espacio aéreo interminable" (^{Blackmoore 2005}). Además, eliminan la presencia de pilotos en aviones de combate sustituidos ahora por operadores de guerra a distancia. Son adecuados por su poder de fuego estratégicamente "redituable", al tiempo que desde la altura garantizan una mejor perspectiva del terreno en conflicto, ya que distinguen con más claridad el objetivo de la fuerza militar. La codificación de información permite la construcción de blancos en tiempo real. Un proceso que implica sustituir las particularidades sociales y culturales de una población como grupos potencialmente "peligrosos", gracias a su encuadramiento (^{Wall y Monahan 2011}). La definición de targets permite el ejercicio de distintos tipos de violencia (^{Adey et al. 2011}), a través de un proceso de deshumanización y cosificación que se legitima a sí mismo como neutral y aséptico (^{Der Derian 2001}; ^{Zehfuss 2010}). De acuerdo con ^{Coward (2009}), la puesta en marcha de esta violencia aérea tiene como consecuencia la destrucción no sólo de grupos y personas, sino las condiciones en que se producen formas particulares de cultura y organización social. La política de la verticalidad que despliegan los drones en los espacios de batalla hace posible la desestructuración de relaciones sociales y de las identidades políticas (Adey et al. 2011). A dicha destrucción, hay que subrayarlo, le antecede otra violencia que se encuentra anclada en los procesos previos de clasificación social, con los que son cargados los sistemas algorítmicos de batalla. Es aquí donde se establecen las coordenadas que definen a los grupos considerados como amenaza para la seguridad y la estabilidad política (^{Abu-Laban y Bajan 2011}).

Si bien los drones desarmados carecen de la capacidad para eliminar blancos, portan los principios que alimentan la política de verticalidad (^{Graham y Hewitt 2012}). ^{Holmqvist (2013)} sugiere que su uso civil expresa una ecología institucional que conecta tecnologías, doctrinas y estrategias gubernamentales, militares y policiales, que trasforman simbólicamente la esfera civil en áreas de confrontación -propiciando la militarización de los departamentos de policía y las agencias gubernamentales en detrimento de las libertades individuales- (^{Cole 2012}; ^{Wall y Monahan 2011}). Su uso cada vez más frecuente en el monitoreo de fronteras, programas de seguridad pública y en conflictos sociales ubica a migrantes, "insurgentes", supuestos criminales, comunidades o simples ciudadanos como blancos potenciales (^{Bergen y Tiedemann 2010}). Los drones condensan así la extensión mecánica de un marco de actuación moral y política que establece una autoridad a distancia, que construye de manera legítima identidades y hábitats de exclusión ^{(Monahan 2010)}: una forma de gobierno que considera que existen grupos, individuos y espacios que están inexorablemente fuera de cualquier civilidad, y que sólo resta administrar o gestionar (^{Rose 1989}; ^{Miller y Rose 2009}).

Como apuntan ^{Bauman y Lyon (2013)}, los drones en el espacio civil no producen la muerte física, sin embargo generan la social al convertir a ciertos sectores de la población en blancos con el fin de incapacitarlos, excluirlos o removerlos de un espacio determinado. Cuando los desarrolladores y autoridades civiles justifican, frente a la opinión pública, las ventajas tecnológicas de los drones en materia de seguridad y control social parecen posicionarlos como iconos e instrumentos del poder estatal -por su capacidad de mantener el orden social-, soslayando su fuerza potencial para mermar el ejercicio de los derechos ciudadanos. De esta forma, la política de la verticalidad que posibilitan los drones en la esfera civil no resulta de una mera extrapolación de su desempeño en los espacios de batalla -aunque permanezca mucho del lenguaje de estos ámbitos-, su acoplamiento a esta esfera genera formas particulares de gestión en espacios y localidades concretas.

La carrera por el cielo

En América Latina los drones aparecen como la nueva figuración del poder estatal y, en cierta medida, cristalizan el deseo por ampliar la capacidad de vigilancia y monitoreo de territorios y poblaciones. Una parte de estos dispositivos se han adquirido en el mercado global de la industria militar, pero otros son el resultado del esfuerzo de empresas privadas, ejércitos y universidades de la región. A diferencia de los drones que Estados Unidos usa en Irak y Afganistán, o Israel en Palestina. En América Latina vuelan desarmados, aunque eso no los exime de participar en algunas actividades militares. Entre los principales proveedores de estos vehículos están las compañías israelíes y, en menor medida las estadounidenses, como Boing. Pese a que tanto estas últimas, como su industria militar diseñan y operan el mayor número de drones, se calcula que pondrá a volar 30 mil en su territorio a finales de 2020 (^{Margulies 2013}), las restricciones de dicho país para exportar drones a América Latina facilita que las empresas israelíes ocupen el mercado de esta región.

Con todo, ciertos drones fabricados en Estados Unidos se encuentran volando en el espacio aéreo latinoamericano. Por ejemplo, Northrop Grumman, el tercer mayor contratista en materia de defensa del gobierno, tiene presencia en algunos países con un portafolio de 15 modelos.⁹ Sin embargo, las empresas Israel Aerospace Industries (IAI), BlueBird Aero Systems¹⁰ y Elbit Systems¹¹ aglutinan la mayor cantidad de clientes. En su conjunto, proveen soluciones militares y de seguridad al Estado de Israel, pero también a otros países. Por ejemplo, IAI es la principal proveedora de sistemas militares avanzados para Corea del Sur, y su cartera de drones alcanza poco más de nueve modelos.¹² Mientras que BlueBird Aero Systems proporciona soluciones en materia militar y de seguridad a través de dispositivos tácticos, con el diseño de seis tipos de drones, que garantizan el desempeño del combate en tierra.¹³ Elbit Systems, dedicada a diferentes áreas de la industria militar y de seguridad, ha desarrollado cinco tipos de drones, entre ellos los más populares y de mayor distribución: el Hermes 450 y 900, diseñados para integrar sistemas que fusionan comando, control, comunicación, computación, inteligencia y reconocimiento, lo que se conoce como la capacidad de crear C⁴ISR.¹⁴

Brasil, Chile y México son los clientes principales de estas compañías. Elbit Systems le ha vendido los modelos Hermes 450 y 900 a estos tres países. A Brasil le adjudicó un dron tipo Heron y firmó un acuerdo para construir el Harpía, un dispositivo con alto grado de autonomía de vuelo, para cubrir grandes distancias. Chile le compró el Skylark 1LE a Elbit Systems, el cual recolecta información en espacios abiertos y urbanos con el objetivo de construir escenarios de intervención militar, característica que la empresa destaca como dato relevante en la medida en que ha permitido mejorar, desde 2006, el posicionamiento táctico del ejército israelí en las zonas de conflicto con Palestina.¹⁵ Además, le compró los modelos SpyLite a BlueBird Aero Systems,¹⁶ que se pueden trasportar por una persona, lo que garantiza su amplia maniobrabilidad en los terrenos de combate.¹⁷ La Fuerza Aérea chilena operó, en los días posteriores al terremoto de 2010, dos drones tácticos fabricados por IAI para evaluar daños en la infraestructura de servicios y apoyar en las labores de rescate de la población.¹⁸

A la par de la adquisición de drones, algunos países de América Latina han desarrollado sus propios dispositivos, ya sea a través de alianzas con las empresas líderes en el área o con otras firmas y universidades locales. Brasil destaca por tener industrias importantes de vehículos aéreos no tripulados;¹⁹ cuenta con 15 de las 44 de la región.

Por ejemplo, AGX Tecnología le ha vendido más de cien dispositivos, desde 2005, tanto a organismos públicos como privados, así como a dueños de grandes extensiones de tierras para monitorear sus propiedades. En el mismo periodo, la empresa brasileña Brvant reportó la venta de 35 drones a entidades civiles y militares. Algunas firmas han establecido acuerdos de colaboración con universidades nacionales, como la Federal de Paraná, para diseñar y producir drones para PETROBRAS, para monitorear el funcionamiento de oleoductos.²⁰ En el caso de Chile, BlueBird Aero Systems construye drones de manera conjunta con el ejército y con la Universidad de Concepción.²¹ El resultado ha sido el Láscar, un aparato que permite recolectar y trasmitir información en tiempo real sin que sea detectado. Colombia puso en marcha la producción de estos vehículos, considerados piezas clave en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional. Su apuesta ha sido trabajar con una versión del ScanEagle de fabricación estadounidense de Insitu, subsidiaria de Boing.²²

Sin embargo, no todos los países de la región desarrollan sus drones bajo el campo gravitacional de Estados Unidos o Israel. Venezuela impulsa la creación de sus propios dispositivos en colaboración con Irán, China y Rusia.²³ El primer resultado fue el Mohajer 2, construido con asesoría de Irán.²⁴ Cabe señalar que el gobierno iraní, al igual que el estadounidense e israelí, ha diseñado y operado drones en función de necesidades militares concretas. En 2010, el gobierno de Teherán lanzó un dron armado, llamado Karrar, y recientemente incorporó tecnología estadounidense gracias a la captura de un RQ-170 Sentinel, que sobrevolaba territorio iraní.²⁵ La alianza de Venezuela e Irán ha dado otros resultados, como el ANT-1X, inspirado en el modelo ScanEagle, utilizado sobre todo para vigilar su zona caribeña,²⁶ y aunque no ha desplegado drones armados, éstos se construyen en las fábricas donde se manufacturan las ametralladoras AK 103, de diseño ruso.²⁷

Pese a este tipo de alianzas, lo cierto es que los vehículos aéreos no tripulados desarrollados o adquiridos en el conjunto de América Latina vuelan desarmados y se destinan a las labores siguientes: a) el patrullaje de fronteras y el reconocimiento aéreo de zonas remotas y de difícil acceso; b) el combate al narcotráfico, el crimen organizado, así como la delincuencia en zonas urbanas y rurales; c) la lucha contra grupos guerrilleros; d) a disminuir los escenarios de riesgo en eventos masivos, sobre todo deportivos; e) a definir estrategias de actuación frente a desastres naturales y f) a supervisar el funcionamiento de infraestructura estratégica.

En Brasil, por ejemplo, la mayor parte está destinada a actividades como: a) monitoreo de las fronteras, se reportó su presencia en la franja fronteriza con Uruguay y en el conjunto de la Amazonía; b) respaldar políticas de seguridad pública, como combatir narcotraficantes y grupos delictivos en favelas y zonas rurales²⁸ y c) supervisar la celebración de eventos masivos, en especial las gestas deportivas de la Copa Confederaciones, el Mundial de Futbol de 2014 y se considera un elemento clave de seguridad para las olimpiadas de 2016.²⁹ Por otro lado, los drones en Chile están destinados -como lo señaló el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter- al "funcionamiento [de] objetivos militares", en respaldar misiones de inteligencia y seguridad perimetral,³⁰ así como reforzar la lucha contra el narcotráfico y el control de la inmigración ilegal.³¹ En México, los drones operan para frenar el tráfico de drogas en la frontera norte con Estados Unidos,³² así como el control de la delincuencia. Como señaló en su momento un oficial del Ejército mexicano:

La función de estas aeronaves es ubicar, detectar y darnos la información de esas áreas en que tenemos conocimiento donde existe la delincuencia organizada [...] Tienen detectores infrarrojos, cámaras que guardan información y se manejan directamente por el operador que está observando; luego ello se transmite al personal que está llevando en forma conjunta el operativo. Toda esta información se comparte en forma conjunta. Ya tiene bastante esto, desde que inició la Fuerza de Tarea Noroeste, cinco o seis años.³³

También se tiene documentado su uso por parte de la Policía federal para el monitoreo táctico de movilizaciones sociales, como sucedió con las marchas de normalistas en Michoacán en 2013.³⁴ Los gobiernos de Tijuana, Puebla y la Ciudad de México adquirieron cuando menos uno de estos dispositivos para reforzar sus estrategias de seguridad pública, control de movilizaciones sociales y la atención de incidentes diversos (tráfico vehicular, incendios o desastres naturales).³⁵ Por su parte, Colombia no sólo ha reconocido el uso de drones en su guerra contra el narcotráfico, sino el papel central que han jugado en la lucha contra las FARC en las zonas de Catatumbo, La Macarena y Saravena en Arauca.³⁶ Incluso su presidente actual confirmó, en sus memorias, que la captura y muerte del líder guerrillero Raúl Reyes, en 2008, se logró gracias al apoyo estratégico de los drones; permitieron la intercepción de comunicaciones y señales electrónicas que las FARC generaron desde el territorio de Ecuador (^{Santos 2009}). Reconoció además que este tipo de dispositivos fueron utilizados entre 2009 y 2010 para monitorear y ubicar a jefes de guerrillas en la frontera entre Colombia y Venezuela.³⁷ La complicada relación entre ambos países en esos años fue un aliciente que generó una carrera de drones por cubrir el espacio aéreo fronterizo entre los dos.

Independientemente de estos casos documentados, se sabe que Argentina,³⁸ Bolivia, Ecuador, Perú,³⁹ Belice, Panamá, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Trinidad y Tobago también cuentan con drones.⁴⁰ Pero, ¿qué hace tan atractivo el uso de los drones entre los gobiernos de América Latina? A decir de algunas instancias que los operan, la virtud de ellos radica en que proporcionan inteligencia estratégica del teatro de operaciones, que dotan a los tomadores de decisiones de una inteligencia táctica que se refleja en la mejor distribución de las acciones estatales en situaciones concretas. Además, facilitan la vigilancia casi permanente del espacio, el territorio y la población en tiempo real -gracias a su autonomía de vuelo-, lo que incrementa la conciencia situacional de quienes los utilizan. Como se puede observar, el lenguaje para referirse al funcionamiento de drones se encuentra vinculado a la esfera militar, lo cual implica no sólo la posible militarización de la vida civil, sino la introducción de una tecnología para la gubernamentalidad, en el sentido que ^{Foucault (2006)} da a este término: una técnica que permite tanto la reflexión, el cálculo y el ejercicio del poder, y cuya materia prima es la población.

Territorio, sociedad y verticalidad estatal

Los drones en la región latinoamericana se orientan a la gestión de fronteras, a las zonas inaccesibles, la definición de políticas de seguridad pública y el control social. Como en otros lugares, las fronteras en América Latina ahora son más porosas y elásticas, profundas y flexibles, lo que permite que las llamadas líneas fronterizas terminen más bien por convertirse en franjas de un grosor más amplio. Los flujos de población que transitan a través de ellas están conformados por grupos y personas variopintos de trabajadores ilegales, traficantes de mercancías, drogas y seres humanos, al igual que otros "subversivos" o "terroristas". La mirada de los drones proporciona a este escenario un campo visual que captura la movilidad de estos actores en territorios amplios, donde se pueden acoplar o fusionar en una sola región. En la frontera, la perspectiva vertical construye un nuevo territorio que sobrepone varias soberanías, con el objetivo de trasformar en blancos tanto a migrantes como a delincuentes o supuestos subversivos, aun antes de que ingresen o abandonen un territorio específico. Los drones permiten modificar las fronteras internas, en la medida en que pueden alcanzar a cubrir zonas de difícil acceso para el control del Estado. También proporcionan una perspectiva diferente sobre los espacios a los que el Estado tradicionalmente había entrado y controlado -comunidades, barrios y vías de comunicación diversa, entre otros.

La tarea de los drones en materia de seguridad pública parece apelar a este principio de mirar los flujos de población desde la altura, con el fin de detectar posibles situaciones de riesgo o peligro. Los procesos de segregación urbana en la región latinoamericana tienden a definir los patrones de vuelo de los drones, porque acentúan su presencia en las colonias o barrios donde se presume se asientan grupos organizados del crimen. La altura permite definir con mayor precisión los límites de zonas peligrosas -aislando sus dinámicas de las áreas circundantes-, y realizar maniobras articuladas de intervención. De esta manera se busca garantizar tanto la delimitación de los espacios considerados "focos rojos", como la intrusión "quirúrgica" en ellos. Esto sucede, por ejemplo, en Nuevo León, en el norte de México, donde un alto funcionario militar mexicano señaló:

Cuando tenemos información de ciertos blancos, donde tenemos conocimiento de mayor índice delictivo, es donde ponemos mayor vigilancia aérea [con drones]. Hay colonias bien establecidas como puntos conflictivos [...] Si digo colonias, es decirle a la delincuencia: 'Te estamos observando'. Todos los operativos que se hacen aquí se realizan de forma secreta y discreta para tener los resultados que se han tenido hasta la fecha.⁴¹

En este sentido, la criminalización de barrios y colonias -anclada de antemano en otro tipo de procesos políticos y sociales- adquiere otra dimensión desde el aire: la perspectiva aérea descubre la estructura de vecindarios y comunidades que desde el suelo asemejan laberintos para quienes son extraños a ellos y así, de alguna forma vuelve trasparente la morfología de la organización vecinal y comunitaria. La mirada vertical hace factible una radiografía que no es posible desde el suelo: la criminalización de un barrio o una colonia adquiere volumen a los ojos de los gestores de la seguridad pública, al permitir la fusión de la población y su entorno. Cómo señala ^{Adey (2010)}, verticalidad implica aquí la definición de la seguridad desde las inseguridades que se producen desde abajo.

Sucede algo parecido con la protesta social; los drones proporcionan una visión desde la cual es posible detectar desplazamientos de manifestaciones y marchas, localizar liderazgos, calcular la fuerza de la movilización y definir, por tanto, estrategias de contención. Esto significa que trasforman la movilización de las llamadas "masas" en un cuerpo definido y delimitado en el espacio, que permite su segmentación, fraccionamiento y desarticulación, para disminuir así su capacidad de expresar demandas.⁴² Esta facultad de la política vertical sobre las movilizaciones parte del principio del "contraataque preventivo", que la política de la verticalidad pone en funcionamiento con los drones ^{(Weizman 2002b)}; el monitoreo de las concentraciones populares hace factible la definición de sus contornos y desplazamientos en tiempo real, con el fin de limitar sus áreas de influencia. Incluye la vigilancia y grabación de lo que sucede con la protesta para abrir posibles expedientes de actuación a quienes participan en las movilizaciones -no sólo sus líderes más visibles-, y trasformarlos en evidencias judiciales, de considerarlo conveniente. Con respecto a este tema, Blue Bird AeroSystems señala que sus drones permiten la trasmisión de información en tiempo real y un mapeo táctico en zonas urbanas para aplicaciones de "mantenimiento de la paz" y en conflictos de baja intensidad.⁴³ De esta forma, las lógicas de negociación política pueden ir precedidas por mecanismos que se mueven en una lógica judicial: las movilizaciones de protesta se consideran como una amenaza potencial para el orden social, y en esa medida se les trata. Así, la política de verticalidad hace posible que el poder estatal desdibuje el ejercicio de los derechos a la protesta coordinando esfuerzos anticipados para la desarticulación de la movilización social. Como apunta ^{Sassen (2009)}, esto significa que los drones contribuyen al reforzamiento de la asimetría en las lógicas de confrontación en el espacio público. En este sentido, su presencia expresa el conflicto creciente, como sugiere ^{Sloterdijk (2009)} , entre verticalidad y horizontalidad en la política de las sociedades contemporáneas, donde confluyen la legitimidad de las expresiones de protesta social y la necesidad del Estado de controlar y contener a quienes participan en ellas, a partir de un monitoreo desde arriba.

Incluso la simple presencia de multitudes se puede considerar como un caldo de cultivo de hechos delictivos o violentos, como las que se dan cita en eventos deportivos. Aquí el principio del "contraataque preventivo" parece alimentar el supuesto de que las emociones que desata un deporte pueden trasformarse potencialmente en un motín o una revuelta. Desde las olimpiadas de Atenas, en 2004, el despliegue de dispositivos de vigilancia -cámaras de video, sistemas biométricos en puntos de control específico, entre otros- ha sido una pieza central para desactivar posibles protestas sociales y no sólo supuestos ataques terroristas (^{Samatas 2004}; ^{Georgoulas 2013}). Brasil, que en menos de una década será el anfitrión de tres contiendas deportivas mundiales, es uno de los países con el mayor crecimiento en materia de dispositivos de vigilancia en la región latinoamericana.⁴⁴ También los desastres naturales se pueden considerar como hechos potenciales de protesta o revuelta social. Si bien es cierto que los drones pueden ser una pieza clave para el diseño de estrategias de rescate, son también una herramienta para hacer frente a actos de vandalismo y rapiña en situaciones de catástrofe natural, que después puedan tras-formarse en expresiones de protesta y revuelta social. En cualquiera de estos casos, los drones permiten diseñar estrategias de contención social.

Los vehículos aéreos no tripulados condensan en su diseño y operación la intervención vertical del Estado frente a sus fronteras, su territorio y población; reconfiguran, como se ha visto, el espacio de la soberanía estatal, pero también el ejercicio de la ciudadanía. Por un lado incrementan las asimetrías de poder entre las formas de organización social y la fuerza del Estado, en tanto se trasparenta la morfología espacial que adquieren las relaciones sociales en un momento determinado. No obstante, los drones no son un hecho aislado en este proceso de reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, más bien consolidan una tendencia donde la vigilancia y el monitoreo de la población se convierte en el mecanismo central de mediación de las relaciones entre el poder estatal y la sociedad.

Las cartas de identidad electrónicas, los sistemas de video vigilancia, de radio frecuencia y también los biométricos de identificación permiten generar marcos de análisis de personas y grupos en espacios definidos a través de protocolos de datavigilancia, identidad digital y fronteras digitales (^{Arteaga 2011}). Son, en última instancia, dispositivos que permiten la recolección de información para definir marcos de actuación para contener y reconfigurar flujos de población y movilizaciones sociales (^{Firmino et al. 2012}), cuyo caso extremo es la actividad que lleva a cabo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (^{Alimahomed 2014}). La vigilancia es fundamental para cualquier Estado-nación porque permite la organización social, su control y el ejercicio efectivo del monopolio de los medios de violencia (^{Giddens 1987}). La organización y capacidad de fuerza del Estado frente a la sociedad -y las potenciales amenazas a ella- dependen de los mecanismos de vigilancia que desarrolle. En América Latina, los drones y la política de la verticalidad en que se insertan ponen sobre la mesa al espacio de la violencia, al crimen y a la protesta social como elementos que se deben considerar en la rearticulación que el Estado busca alcanzar frente a las dinámicas sociales.

Conclusión

La política de la verticalidad que hace posible el uso de drones introduce dos elementos al paisaje de la democracia latinoamericana. El primero refiere a la velocidad con que las autoridades pueden mirar e intervenir en territorios y espacios determinados. En un lapso corto se pueden tomar decisiones con base en los datos que se recogen en tiempo real y que trasforman sujetos sociales en targets. El segundo alude al desmantelamiento del espacio público, como escenario de confrontación, tensión y negociación política, y su trasformación en una geometría de fuerzas. En tanto blancos u objetivos en un medio determinado -que se mueven y desplazan de un punto a otro de una espacialidad-, lo importante es contenerlos y moldearlos desde cierto aparato de captura que permita su control. El primer elemento mina las capacidades dialógicas de la democracia, mientras que el segundo profundiza la asimetría de poder, al reducir la situación a una confrontación de fuerzas.

La relación ciudadanía-Estado queda mediada tecnológicamente, como sugiere ^{Rygiel (2008)}, por un dispositivo que construye una autoridad a distancia en dos sentidos: constitucional y espacial (^{Rose 1989}). La primera refiere a las operaciones de decisión y acción en formas que se alejan de los mecanismos de autoridad tradicional. La segunda a los formatos de gobierno ligados a expertos en lugares distantes, quienes operan el poder mediante la fusión del espacio y el tiempo. Más aún, la presencia de los drones sugiere la consolidación de una manera estandarizada de gestionar y administrar poblaciones a escala global, poblaciones que son sometidas a mecanismos similares de clasificación social. Una forma de gobierno que desdibuja, como ya se vio, las formas habituales de regulación y control social.⁴⁵

Los drones parecen convertirse, por tanto, en un elemento clave no sólo para la lucha en los campos de batalla y en las confrontaciones violentas, que se viven en Afganistán, Palestina o Paquistán, sino que juegan un rol central en el mapeo y monitoreo de procesos humanos que dan forma a la vida social contemporánea. Su cristalización como iconos del poder estatal que lo ve todo -o casi todo-, hace posible la construcción de una metáfora cosmológica de gran actualidad para legitimar la vigilancia y el monitoreo de amplios espectros de la vida civil (^{Denes 2011}). La agenda de la democracia en América Latina parece no prestar mucha atención a estos procesos, cuando hay que resaltar que en la región la construcción de la democracia no puede entenderse sin explorar en las relaciones de dominación y violencia que establecen gobiernos, elites y otros grupos sociales (^{Davis 2010}). Estas relaciones son las que han permitido configurar los marcos en los que se define la ciudadanía, la justicia y el derecho (^{Arias y Goldstein 2010}; ^{Arias 2010}). Por tanto, la política de la verticalidad a la que contribuyen los drones, y que tiende a la trasformación de personas y colectivos en blancos, no se puede abordar como un efecto secundario, sino como parte sustancial de su funcionamiento. La importación de lógicas de guerra a la gestión territorial y social de la esfera civil es una forma de introducir una violencia velada en las relaciones sociales y sus marcos institucionales.