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Región y sociedad

Print version ISSN 1870-3925

Región y sociedad vol.27 n.64 Hermosillo Sep./Dec. 2015

 

Artículos

 

El "consentimiento" negociado entre dos comunidades mineras mexicanas y las trasnacionales Goldcorp y Ternium

 

Blanca Ruth Santos Cordero* Eleocadio Martínez Silva**

 

* Licenciada en sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Avenida Universidad s/n, colonia Ciudad Universitaria, C. P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Teléfono: (81) 1340 4380. Correo electrónico: ruth.7.27@gmail.com

** Sociólogo y doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México (colmex). Profesor-investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la uanl. Avenida Universidad s/n, colonia Ciudad Universitaria, C. P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Teléfono: (81) 1340 4380. Correo electrónico: eleocadio14@gmail.com

 

Recibido en junio de 2014.
Aceptado en octubre de 2014.

 

Resumen

En este artículo se busca reconstruir la dinámica de la relación entre empresas trasnacionales y comunidades rurales mexicanas, a partir de dos estudios de caso: la minera canadiense Goldcorp, en Mazapil, Zacatecas, y la italo-argentina Ternium, en San Miguel Arcángel, en Aquila, Michoacán. La hipótesis sostiene que la racionalidad de la máxima ganancia y el cálculo del riesgo están presentes en las negociaciones entabladas entre las comunidades campesinas y las corporaciones. Y, si bien en ellas se ha establecido una hegemonía de la racionalidad económica capitalista, el consentimiento ha sido activo y negociado.

Palabras clave: comunidades mineras; responsabilidad social empresarial; pacto de dominación; hegemonía.

 

Abstract

This article seeks to reconstruct the dynamics of the relationship between transnational corporations and Mexican rural communities, based on two case studies: the Canadian transnational mining firm Goldcorp, in Mazapil, Zacatecas; and Italian-Argentinian transnational firm Ternium, in San Miguel Arcángel, in Aquila, Michoacán. Our hypothesis is that the rational search for maximum benefits and risk value calculation are present in negotiations established between the communities and the corporations involved, and despite the hegemony of a capitalist rational economy, community consent has not been passive, but rather active and negotiated.

Key words: mining communities; corporate social responsibility; pact of domination; hegemony.

 

Introducción

La renovada reinserción de la actividad minera en México ha despertado de nuevo el interés acerca de su impacto en las relaciones económicas, sociales y culturales en las comunidades campesinas e indígenas que cuentan con yacimientos. La línea de investigación más desarrollada es la centrada en explorar los conflictos sociales y medioambientales. Enfoques como los de Garibay y Balzaretti (2009); Panico y Garibay (2011) y Garibay et al. (2014), al estar permeados por el compromiso con dichas comunidades, tienen un marcado énfasis en develar la coacción que sobre ellas ejerce la minera.1 En el mismo posicionamiento metodológico están los estudios de Madrigal (2009) y de Reygadas y Reyna (2008),2 que se sitúan en la acción colectiva y los nuevos movimientos sociales generados a partir de la actividad minera de la canadiense New Gold (a través de su filial mexicana Minera San Xavier), en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

En los estudios referidos a la relación mina-comunidad está presente la preocupación por analizar los impactos socioambientales de las nuevas explotaciones mineras, y un marcado énfasis en las lógicas de dominación y conflicto entre la empresa minera trasnacional y las comunidades. Por lo anterior, términos como "desposesión campesina", "apropiación de reservas mineras", "dominación política" y "destrucción del paisaje" son los ejes articuladores de las narrativas.

En busca de aportar al conocimiento acumulado acerca de la relación mina-comunidad en América Latina, el presente estudio problematiza la hegemonía (a la manera de Gramsci) de las trasnacionales en la vida social y económica de las comunidades mineras. Es decir, su idea acerca del consentimiento de los actores campesinos e indígenas de que se realicen las prácticas neoliberales de las corporaciones mineras en los usos de la tierra, agua y bosque. Este propósito se logrará a través de la revisión del complejo proceso de construcción de la relación mina-comunidad entre Goldcorp y los ejidatarios de Mazapil, Zacatecas y entre la italo-argentina Ternium y la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.

 

Planteamiento

El nuevo auge en los precios de los minerales en el mundo ha propiciado un incremento de la minería en América Latina en dos aspectos, en el cuantitativo ha favorecido la reapertura de antiguas zonas mineras y la exploración y explotación de nuevos territorios; en el cualitativo ha dado lugar al establecimiento de relaciones económicas de mercado en comunidades indígenas y campesinas, debido a la presión ejercida por las mineras para trasformar bienes sociales (agua, bosque y tierra) en individuales, con los que las comunidades negocian con las corporaciones la ocupación temporal de las tierras. Lo anterior soportado legalmente por la reforma al artículo 27 constitucional en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

La actividad minera estaría configurando a las comunidades campesinas e indígenas en "sujetos neoliberales", en donde la racionalidad de la máxima ganancia y el cálculo del riesgo están presentes en las negociaciones que se establecen con las corporaciones (Babidge 2013). Aunque, si bien en ellas se ha establecido una hegemonía de la racionalidad económica capitalista, el consentimiento no ha sido pasivo sino activo o negociado (en términos del "pacto de dominación" de Brachet-Márquez 1994).

Las corporaciones han negociado con los poderes locales el consentimiento en temas como el medio ambiente, el laboral y el territorial utilizando la responsabilidad social empresarial (RSE), como instrumento neoliberal (Babidge 2013). Sin embargo, en este estudio se sostiene que la RSE puede convertirse en un mecanismo para debatir quién y cómo se deberían de obtener los beneficios de la actividad minera, tanto en un contexto asimétrico de poder como en uno social y cultural determinado.

Las hipótesis que guían el presente estudio refieren que: a) la RSE ha logrado consensos comunitarios ante el histórico conflicto socioambiental y territorial provocado por la minería, pero a la vez ha propiciado otros, al igual que las negociaciones con poderes locales que se sienten excluidos de los beneficios o que ven amenazada su identidad y b) la respuesta de las comunidades a la RSE está permeada por las formas en cómo asumen sus derechos sobre el territorio y el agua, y los anhelos de progreso económico.

Aquí la pregunta de investigación es cómo se configura la relación mina-comunidad en el contexto de este auge minero, en donde intervienen nuevos actores y agendas sociales, económicas y políticas. Se parte de los supuestos de que la mina nunca ha estado aislada de la comunidad, pero ahora, ante la globalización, se enfrenta la relación de manera distinta; la mina ha tenido que escuchar a las comunidades, y se vuelve más permeable a sus demandas. El mecanismo mediante el cual ha entablado la comunicación (en términos habermanianos) es la política de RSE, que ha posibilitado el entendimiento y abierto otros escenarios y fuentes de conflicto.

La relación mina-comunidad se puede entender como una microesfera pública, donde se debate "quién debe hacer esto y quién y cómo debería de obtener aquello". Todo en un contexto asimétrico de poder (Keane 1997). También, que las prácticas económicas no ocurren desvinculadas de la vida social. Por lo tanto, es en esta arena donde cobra sentido la comprensión de los cambios económicos, ante los cuales las personas evalúan su situación en el trabajo y su localidad, así como las estrategias familiares (Leann et al. 1998). Este planteamiento se observa a través del complejo proceso de construcción de la relación entre la canadiense Goldcorp y ejidatarios de Mazapil, Zacatecas, y entre la italo-argentina Ternium y la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.

El valor heurístico del estudio radica en que se presenta en dos contextos diferenciados: el social y el económico y cultural. En Aquila aparece el componente étnico, la forma comunal en la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la historia de Ternium y el tipo de minería basada en la extracción de hierro a tajo abierto. En Mazapil, la forma de organización ejidal de propiedad de la tierra, la historia de Goldcorp y la extracción de oro a tajo abierto. Puesto que la investigación no se centra en la relación trabajadores-empresa minera sino en la de empresa-comunidad, se ubica en un tema que vuelve a emerger dentro de las ciencias sociales, y cuyo posicionamiento en las discusiones académicas es escaso.3

El trabajo de campo en Mazapil se llevó a cabo durante 2012 y 2013,4 y el de Aquila en 2008. Se entrevistó a 30 miembros de las comunidades y funcionarios de las empresas, en busca de recuperar las voces de la estructura social de las dos localidades; también se realizó trabajo etnográfico, así como la revisión de fuentes documentales.

 

Dos historias

En 2005, el grupo empresarial italo-argentino Techint, con operaciones globales en las industrias de la energía y el acero, adquirió la siderúrgica regiomontana Hojalata y Lámina. La compra incluía las acciones de las plantas ubicadas en Monterrey, Nuevo León y Xoxtla, Puebla, y de las minas Aquila, en Michoacán; Encino, en Jalisco, y Peña Colorada, en Colima, que están operando en la actualidad.

Debido a que la función de Hylsa se limitaba a la trasformación del acero, en 1951 creó la Compañía Minera "Las Encinas"; para la extracción de mineral de hierro y así consolidar su expansión, iniciada en 1943. Llegó a Aquila en 1980, las primeras actividades estuvieron encaminadas a evaluar el potencial minero, pero en 1983 se suspendieron los trabajos por problemas sociales en la región. En 1990 se firmó un contrato de ocupación temporal con los comuneros por 383 hectáreas; en 1998 se inició la explotación.5

Desde que Techint adquirió Hylsa, ahora denominada Ternium de México, en medio de grandes tensiones comunitarias, la política social tradicional de Hylsa se trasformó, de la enfocada en una práctica paternalista hacia los trabajadores y sus familias, a una encaminada hacia la responsabilidad social con el medio ambiente y con la comunidad mediata e inmediata. Ternium opera en un contexto social, político y cultural muy complejo. El municipio de Aquila sigue siendo un centro indígena, 80 por ciento de la población se auto-define como nahua y 80 por ciento de su territorio es comunal, sin embargo, la mitad de la superficie está ocupada por mestizos, que se asumen como pequeños propietarios, lo que desencadena fuertes conflictos territoriales.6

La cabecera municipal de Aquila es una isla de modernidad rodeada por un entorno de alta marginación (Consejo Nacional de Población, CONAPO 2000), donde sólo los comuneros se benefician directamente de la actividad minera. Aquila funciona como una entidad etnocultural que se beneficia de un régimen legal federal.7

El municipio de Aquila es el más grande de Michoacán, se divide en cuatro comunidades indígenas: San Miguel Arcángel, Coire, Pomaro y de Ostula, además de dos núcleos ejidales. La mina se localiza en San Miguel Arcángel, y está habitada por comuneros (437 censados), avecindados y pobladores en general.8 La población nahua, que pertenece al municipio de Aquila, es de 19 411 personas (CONAPO 2000).

La estructura social de la zona inmediata a la mina está compuesta por los comuneros, ejidatarios y avecindados. Los primeros habitan en la cabecera municipal y en los poblados de Corralitos, Otate, Zapotán y La Naranja. En tanto que los ejidatarios se localizan en El Chafre y la cabecera municipal. El grupo de los avecindados, además de los ejidatarios, lo integran numerosas personas que se establecieron en la cabecera municipal y se dedican al comercio y los servicios.9

La agricultura (siembra de maíz y frijol) y la ganadería de baja escala fueron las dos actividades económicas principales en el municipio, sin embargo, nunca detonaron el empleo por su baja producción. En cambio, la mina Las Encinas se convirtió en el principal detonante de empleos directos e indirectos y los comuneros fueron los más beneficiados.

Aunque el narcotráfico es bien conocido en la región, no se mencionó en el trabajo de campo, que incluyó múltiples entrevistas cotidianas con los pobladores, y tampoco se hizo referencia a grupos sociales específicos vinculados con él. Una hipótesis plausible es que existió un "pacto" de buena vecindad entre la minería, la vida comunitaria y el narcotráfico.10

Goldcorp tiene una presencia importante en México. Cuenta con emplazamientos en Mazapil, Zacatecas; Mezcala, Guerrero; Urique, Chihuahua, y Tayolita, Durango, de donde se extrae oro y plata. El enclave minero Peñasquito, localizado en Mazapil, opera desde 2007 extrayendo oro y plata. El terreno donde se ubica el campamento es de propiedad social, corresponde a los ejidos Cedros, Mazapil, Cerro Gordo y El Vergel. La actividad minera se lleva a cabo en el Peñasquito, un territorio que se encuentra entre los ejidos Cerro Gordo y Cedros, de ahí el nombre de la mina.

La negociación principal para la ocupación temporal de la tierra se realizó con el ejido de Cedros, donde se encuentra la mayor parte del tajo, agrupa a más de 423 miembros, quienes por un pago de 22 617 879 pesos cedieron 4 526 hectáreas por 30 años (Garibay et al. 2014).11

El municipio de Mazapil, uno de los más grandes del país, es una región semidesértica que ha sido agrícola, ganadera y minera. Su organización social es el ejido, desde la primera mitad del siglo XX. Está compuesto por cuatro núcleos ejidales principales: Cedros, Mazapil, Cerro Gordo y El Vergel. Colinda al noroeste con Durango, al norte con Coahuila, y al noreste con San Luis Potosí. Tiene 17 813 habitantes, que se distribuyen en localidades rurales que conforman los ejidos Estación Camacho, Mazapil, Terminal de Providencia, Cedros y Caopas (INEGI 2010).

A pesar de ser un pueblo con presencia minera a lo largo de su historia, su principal actividad económica ha sido la agricultura y la ganadería. Según los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL 2010), entre 40 y 60 por ciento de la población de Mazapil se encuentra en una situación de pobreza moderada.

La relación mina-comunidad en los dos casos de estudio está marcada por la historia e identidad social de las comunidades y las corporaciones; Mazapil no tiene una tradición importante de organización y de lucha comunitaria (Panico y Garibay 2011). Aquila es el caso contrario, según los resultados ha tenido una fuerte identidad y cohesión social con base en su organización étnica denominada Comunidad Indígena de San Miguel de Arcángel.

En la historia de ambas comunidades, ninguna había experimentado cambios por los ciclos del capital en la región, ya que el ejido y la comunidad funcionaron como instituciones protectoras del régimen, lo que posibilitó la conservación de su tradición agraria en un contexto minero. En la actualidad se está modificando su vocación económica tradicional, basada en la agricultura-ganadería-minería debido a los cambios en la legislación agraria en el salinismo y a la extracción de mineral a tajo abierto, que requiere una gran extensión de tierra y una ocupación por un determinado tiempo. Lo anterior estaría poniendo en peligro el vínculo socioeconómico de los campesinos e indígenas con la tierra (Panico y Garibay 2011).

 

Goldcorp/Ternium y el litigio con las comunidades por el modelo de la explotación minera

Lo que se conoce acerca de la relación de Goldcorp con las comunidades mineras mexicanas está marcado por el énfasis que algunos estudios le han otorgado al conflicto y dominación, derivados de problemas socioambientales y territoriales de alto impacto nacional en los que ha estado implicada la trasnacional canadiense. Por ejemplo, el de Garibay y Balzaretti (2009), quienes analizaron la presencia de Goldcorp en Mezcala, Guerrero. Para ellos, la minera obtiene el oro sin dar nada a cambio, e ilustran los mecanismos que usa para lograr el control de la fuente de oro, la captura política de las comunidades y la imposición de un régimen microregional de dominación fundado en la coacción. Tal perspectiva analítica la vuelven a utilizar para examinar la relación entre Goldcorp y las comunidades campesinas en Mazapil, Zacatecas (Garibay et al. 2014).

En los estudios referidos no dejan de lado a los actores locales. Dan cuenta pormenorizada de las respuestas comunitarias, movilizaciones y bloqueos, con las que intentan negociar la relación con la corporación. Sin embargo, el enfoque analítico sigue siendo la coacción y la dominación de la trasnacional, la cual ha instrumentado una trama de vínculos con la sociedad local, que se funda en la reciprocidad negativa: "el intento por obtener algo impunemente sin dar nada a cambio". 12

[...] esta reciprocidad negativa se ilustra en la distribución asimétrica de los costos y beneficios económicos, ambientales y sociales entre empresa y sociedad local, y revelar cómo, bajo el principio de obtener oro impunemente sin dar nada a cambio, la corporación moviliza discursos y prácticas que reconocen y representan a la población local, no en calidad de honorables ciudadanos propietarios de la tierra minera con quienes es conveniente asociarse, sino como población menesterosa necesitada de caridad empresarial: un 'velo ético' que oculta una práctica de dominación y una depredadora sustracción de riqueza, a la vez que revela una auto-representación de Goldcorp como productor de bondad social (Garibay y Balzaretti 2009, 93).

Al igual que en Mezcala, Guerrero, la práctica económica de Goldcorp en Mazapil se describe de manera negativa. Por ejemplo, en las investigaciones de Panico y Garibay (2011) y de Garibay et al. (2014), la acción de Goldcorp ha derivado en destrucción de la vida comunitaria que, a la vez, ha dado lugar a nuevos discursos identitarios y acciones de resistencia. En Peñasquito, Goldcorp sustrae, de manera constante, más recursos del dinero que entrega a las comunidades del valle; las ha despojado de su historia y de sus patrones tradicionales de sociabilidad y productividad.

El trabajo de campo realizado en Mazapil permite afirmar que los estudios referidos a Goldcorp no le prestaron la atención debida a otras de sus acciones, como su política de RSE, así como las de otros actores mediatos e inmediatos a la mina que han logrado consensos importantes con la corporación. Esto no invalida las aportaciones significativas de dichos estudios, lo que se destaca es la mayor complejidad de la relación mina-comunidad.

A partir de esta investigación se conoce la presencia de Ternium en Aquila. La historia de la relación mina-comunidad se ha configurado en dos momentos; uno excluyente, que data de la década de 1920, y otro incluyente que comenzó poco antes de la entrada de Ternium en Aquila. El primer modelo hizo crisis cuando, en enero de 2005, un grupo de comuneros de San Miguel Arcángel bloqueó el acceso de la mina denunciando que Hylsa no había cedido a sus demandas, de establecer reglas para un aprovechamiento sustentable y otorgar prestaciones laborales a los trabajadores.13 En este modelo, la "ocupación" de la tierra dejaba a cada comunero 1 400 pesos anuales, una baja contratación de trabajadores (23 de 600), así como pocos impuestos municipales. La política social de la empresa hacia la comunidad era asistencialista, ofreció algunos servicios médicos y deportivos. En términos de las relaciones políticas, desde la dirección de la mina se mantuvo una intromisión en la vida comunitaria que favorecía a ciertos grupos y excluía a otros.14 El conflicto posibilitó el encuentro entre altos directivos de Hylsa y los representantes comuneros, con lo que se llegó a establecer un esquema para una nueva relación entre las partes.

 

La RSE: consensos y resistencia en las comunidades mineras

Hay muchas verdades en los trabajos que han reconstruido la relación entre la corporación y las comunidades en Mezcala y Mazapil, lo que aquí se pone a discusión son los nuevos mecanismos para lograrlo. La inserción actual de Goldcorp y Ternium en las comunidades está acompañada de nuevas prácticas y discursos, como la RSE, tema sujeto a debate, sin embargo, hay muchas evidencias de que ha sido el mecanismo mediante el cual la gran corporación ha trasformado su política paternalista tradicional hacia un mayor compromiso social y ambiental con las comunidades en las que está inserta, para abrir espacios de negociación y de conflicto.

La responsabilidad social empresarial, según Montes de Oca (2011), se ha extendido y profundizado en los últimos años, como un dispositivo ético que regula las relaciones dentro de las empresas con una configuración social más amplia, en la que participan organismos internacionales, Estados nacionales y trasnacionales, así como organizaciones no gubernamentales (ONG), que buscan regular la acción global de las empresas. ¿Cómo comprender y explicar sociológicamente esta política de RSE de Goldcorp y de Ternium? La respuesta está fuera de los alcances de la presente investigación, sin embargo, puede ser atendida a partir de la respuesta que da Montes de Oca sobre el poder de la RSE en México, en cuyo estudio busca que los empresarios lleven a cabo acciones para mejorar sus relaciones laborales y comerciales, medioambientales, societales y políticas. Por lo que la RSE ha posibilitado su "éxito" y proliferación, al tener efectos de poder en términos de mercado y de consenso con los trabajadores y comunidades.

La política de la RSE de Goldcorp y Ternium sigue parámetros internacionales, se basa en el respeto a la seguridad y la salud de los empleados, la protección al medio ambiente, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y los residentes de las comunidades donde realizan sus operaciones y en su contribución al desarrollo sostenible de éstas (Goldcorp 2013; Ternium 2014). Su visión es que mediante la generación de alianzas se establezca un compromiso con los miembros de interés en el proyecto, y se busque en conjunto un desarrollo sostenible para las comunidades, cuando la mina agote su tiempo de producción.

Para dar seguimiento a esta política corporativa se establece que sus subsidiarias deben de realizar diagnósticos comunitarios para desarrollar un proyecto socioeconómico adecuado, hacer alianzas con la inclusión de las ONG, establecer un sistema de quejas e incorporar a sus prácticas el cuidado al medio ambiente, la seguridad, la salud laboral y el respeto a los derechos humanos. En cada unidad minera sus programas siguen estos lineamientos, y lo hacen a través de un departamento de relaciones comunitarias.

En el caso de Peñasquito se aplica la política social asistencialista y la que promueve proyectos de autoempleo. La primera consiste en un "programa de desarrollo social" en el cual cubren sus lineamientos en cuanto a seguridad con medidas de prevención ante accidentes, y en salud brindan atención médica. Sobre esto, la empresa comenta que "llega la mina y cubre los servicios que el gobierno no ha cubierto, queremos ser buenos vecinos". Además, realizan eventos en los días festivos y hacen donaciones, mediante una política de donativos que les pide a sus proveedores y contratistas que observen, con el argumento de que así es como les comparten su sentido de responsabilidad social. El evento más importante, y en el que invierten más dinero, es una feria anual en conmemoración de la apertura de la mina.

Los proyectos sociales productivos que se impulsan cumplen con el lineamiento de desarrollo sustentable, surgen como actividades de terapia ocupacional y se les está cambiando el enfoque para convertirlas en microempresas. En la actualidad tienen contemplados 56, entre los que está el establecimiento de alianzas, una de ellas es con la Fundación Mariana Trinitaria, que contribuye con material de construcción para las comunidades que, en conjunto, utilizan para realizar las construcciones necesarias para sus programas sociales o para rehabilitar viviendas dañadas.

Goldcorp cuenta con un plan de apoyo educativo a través de becas, la construcción del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que atiende a 135 estudiantes por año; ofrece programas de mecánica y electricidad, y una casa para alojar a los alumnos. Además, en coordinación con las instituciones gubernamentales, construyó una clínica médica y dos líneas carreteras.

Con fondos gubernamentales, Goldcorp ha iniciado muchas empresas pequeñas con proyectos de microfinanzas, que incluyen la producción de piezas de mármol y ónix, artesanías, ecoturismo, invernadero y costura. También, según informes de la empresa y los ejidatarios, otorga empleos a los lugareños locales y del resto de la entidad; en la actualidad, 72 por ciento de los trabajadores de Peñasquito son de Zacatecas.

Según informes de la empresa, se cuenta con un sistema integral de gestión ambiental, mediante el cual se han rescatado y trasplantado más de 448 mil plantas, que incluyen a más de 18 mil especies de cactus en peligro de extinción.

La política social de Ternium en Aquila se puede caracterizar como incluyente. Empresa y comunidad establecieron un contrato social cuya base fue la conformación del Fideicomiso para la Inversión y Fuente Alterna de Pago, para constituir sociedades anónimas, manejadas por la comunidad indígena. Los recursos de esta banca social permiten otorgar servicios a la industria, como trasportar el mineral de hierro en tráileres propiedad de la comunidad, surtir de gasolina y diésel a la empresa, y concretar proyectos de cría y engorda de borregos, entre otras cuestiones. Se buscó direccionar el modelo asistencialista hacia uno de desarrollo horizontal. Se estableció un diálogo directo y se delineó la política a seguir en la relación comunidad-mina. Esto, mediante una entidad denominada Lanesek (amanecer).15

Ternium señala que ofrece diversos programas educativos como capacitación al personal docente, cursos de alfabetización, fomento a la formación universitaria y apoyo para mejoras de infraestructura educativa. También se imparten talleres artísticos y culturales abiertos para todos, aunados a actividades deportivas, que benefician a más de dos mil personas al año.

En lo referente a la salud, Ternium cuenta con programas que brindan más de cinco mil atenciones médicas anuales en consultorio, también implementa jornadas de salud ambulatorias en diferentes comunidades, campañas y ferias de la salud, para promover su cuidado.

En las localidades donde el tiempo de vida de las minas es limitado, Ternium asegura que implementa programas a largo plazo, que permiten el autoempleo. Tal es el caso de Lanesek, empresa propiedad de Aquila, que trasporta el mineral que se procesa; los talleres de capacitación en oficios, que fomentan la creación de microempresas o los proyectos productivos de Peña Colorada, en donde los campesinos de la región ahora tienen sus huertas, granjas y viveros.

Si bien la política de la RSE de Goldcorp y de Ternium ha logrado crear consensos con los grupos de poder importantes dentro de las comunidades, también abrió el conflicto con otros sectores locales que se sienten excluidos de los beneficios. En el caso de Ternium-Aquila la relación de la mina-comunidad también está atravesada por los reclamos de ejidatarios y pequeños propietarios del municipio. Por ejemplo, en las nuevas exploraciones de yacimientos existe una disputa por los límites en las hectáreas, donde están involucrados comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Aunque, sin llegar a formular una inconformidad estructurada, estos dos últimos grupos demandan beneficios a la empresa, y cuestionan la autoridad de la comunidad indígena para el diseño de la política social de ésta hacia el municipio. Al respecto, los habitantes indígenas argumentan que los beneficios de la relación comunidad-mina se han visto reflejados en las mejoras del equipamiento urbano de la cabecera municipal, lugar donde mayoritariamente habita la población no indígena.

El conflicto por los recursos de la actividad minera también se presenta en San Miguel Arcángel, de tal manera que la relación se ve atrapada en disputas intracomunitarias. Desde que la mina empezó a operar, los comuneros bloquean el acceso una vez cada dos años. La lógica de esta acción obedece a que buscan un mejor contrato con la empresa y a problemas internos entre los grupos de comuneros por el control de los órganos de gobierno de la comunidad indígena y la presidencia municipal. Hay dos grupos bien definidos, que se enfrentan por el control del ayuntamiento; uno adscrito al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el otro al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los tiempos político-electorales han marcado la dinámica de la relación de la comunidad y la mina. Por ejemplo, en los comicios municipales de 2005, la planilla del pri sacó al prd del gobierno. Las nuevas autoridades despidieron a empleados y funcionarios de la administración anterior, quienes iniciaron un movimiento para tomar la presidencia municipal en busca de su reinstalación. A esta demanda agregaron la exigencia de destinar 10 por ciento de las ganancias de la mina a la comunidad. Esto se debió a que el grupo del PRI, que accedió al gobierno, era el mismo que negociaba apoyos con Hylsa. En este sentido, en las contiendas electorales municipales las características del pacto social entre la mina y la comunidad forman parte de la disputa política.

En San Miguel Arcángel, la relación mina-comunidad también está atravesada por la lucha por el poder. De tal manera que en la disputa por el control de los órganos de gobierno, las exigencias a la mina se convierten en la principal agenda de los grupos antagónicos. En esta contienda política, el grupo hegemónico priva al minoritario de algunos beneficios que destina la mina por la ocupación de las tierras comunales. Esta situación ha llevado a los disidentes a enfrentar a la empresa, con mítines y bloqueos al acceso a la mina, en demanda de que los apoyos económicos se destinen de manera directa a los comuneros, sin que pasen por los órganos de gobierno de la comunidad indígena. En los últimos años de Hylsa, el actual grupo disidente controlaba la asamblea comunal y la presidencia municipal y, por ende, la relación con la empresa. En tanto que ahora el que gobierna, otrora disidente, en su lucha por el poder político y social, cuestionaba la característica de la relación mina-comunidad, lo cual llevó a bloquear el acceso a ella en 2005.16

En 2013, el comisariado de bienes comunales del pueblo nahua de Aquila acusó a la empresa de intromisión en los asuntos propios de la comunidad, y de propiciar la división entre los comuneros al no dar su lugar a la mesa directiva. La dirigencia comunal asegura que los responsables de la minera ignoran los escritos que les mandan, en cambio son solícitos con los disidentes que se niegan a sumarse a la unidad promovida por la mesa directiva comunal, lo que aseguran alienta la división en San Miguel Arcángel, de Aquila.17

En Mazapil, los conflictos surgidos han sido por reclamos de los ejidatarios por la mejora del contrato celebrado con la minera, estas negociaciones fueron distintas con cada ejido. Hubo diferencias entre los ejidos y los ejidatarios inconformes de un mismo ejido, debido a las características de los convenios de ocupación de la tierra, y han protagonizado acciones colectivas para redefinirlos.18 En Cedros, los ejidatarios fueron los primeros en exigir una renegociación del contrato mediante bloqueos a la mina, y llegaron a un acuerdo de un mejor pago por hectárea, además de un fideicomiso que se invertiría en proyectos productivos para la comunidad, regulado por la política social de la empresa.

Cedros es el ejido que ha encabezado más paros frente a la mina, sus otras demandas han consistido en cuestiones laborales en cuanto a la contratación de más ejidatarios, ya que sólo se había empleado a 70, además de mejoras salariales para éstos. Un ejidatario comentó sobre los arreglos a los que llegaron: "va a ser un año que cerramos la mina, arreglamos ahí un grupo de gentes que traían los salarios muy bajos, los solventaron y luego ya empezaron a trabajar de vuelta".

En el ejido Cerro Gordo, en 2013 los ejidatarios lograron que el Tribunal Unitario Agrario ordenara a Goldcorp devolverles 599 hectáreas. Esta acción colectiva buscaba una renegociación del convenio de ocupación de sus tierras el cual consideraban injusto.

Sin embargo, esto generó que el ejido de Cedros organizara una marcha a la capital del estado y promoviera un amparo contra esta decisión, y consiguió una suspensión provisional. Los ejidatarios afirman que la cancelación del arrendamiento a la minera viola sus derechos humanos, al pretender privarlos del acceso al trabajo, a la alimentación, a la protección de la salud, a la vivienda, al agua, a la educación, a la seguridad social y al desarrollo económico, social y cultural. Además, señalan que el cierre de la mina, que genera 3 200 empleos directos, significaría la ruina económica del lugar.

En 2013, después de seis años de litigio ante el Tribunal Unitario Agrario, ejidatarios de El Vergel llegaron a un acuerdo en el que la empresa indemnizará a los campesinos con 30 millones de dólares por el usufructo de mil 60 hectáreas durante los próximos 30 años. En 2006, la minera Peñasquito acordó con 86 ejidatarios de El Vergel pagarles 40 millones de pesos por el uso de las tierras, y como indemnización por la contaminación que generarían en el lugar. Sin embargo, ese mismo año los ejidatarios emprendieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, en el que acusaban a la empresa de engaños.

Durante estas luchas legales, organizaciones y actores políticos estatales de diferentes partidos se han acercado a los ejidatarios para disputar y cuestionar su apoyo a la comunidad. Por lo que el conflicto cobra una dimensión política estatal.

La pugna por los beneficios de la mina en Mazapil también se presenta en Goldcorp. Trabajadores de la empresa subcontratista han desatado protestas en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. El argumento esgrimido es la enorme diferencia en sus salarios con respecto a los que perciben quienes laboran directamente para la minera.

La RSE de Goldcorp y Ternium posibilitó negociaciones con las comunidades para la explotación de los yacimientos, y lograron acuerdos y consensos, sin embargo, también abrió nuevos escenarios de conflicto con los actores. Unos buscan mejorar los convenios pactados y otros ser incluidos en el consenso.

 

"Sujetos neoliberales" e identidad comunitaria

Los acuerdos a los que llegaron las comunidades indígenas y campesinas con las corporaciones mineras en torno a las ocupaciones temporales de las tierras parecen estar impregnados de una racionalidad económica neoliberal, en donde además se aceptan los riesgos a su entorno medioambiental de acuerdo con cálculos racionales. De tal manera que la actividad minera trasnacional estaría reconfigurando a las comunidades en "sujetos neoliberales" (Babidge 2013). Por ejemplo, amparadas por una legislación agraria, que alienta la formación de una pequeña y mediana propiedad, Goldcorp y Ternium han propiciado la destrucción en Mazapil y Aquila, al privilegiar las negociaciones individualizadas en la renta/venta de la tierra, y fomentar, en los campesinos, las basadas en la racionalidad económica de ganancia individual.

Sin embargo, algunos estudios han problematizado este supuesto de ver a las comunidades mineras como "sujetos neoliberales". Babidge (2013) observó, en una investigación etnográfica en una comunidad minera chilena, que en la relación está presente un consentimiento (a la manera gramsciana) permeado por su cultura e identidad. Por ejemplo, encontró que la RSE sirve como mecanismo neoliberal de transacción de las corporaciones con las comunidades, y a la vez restringe una relación que a primera vista pareciera caracterizarse por la hegemonía del neoliberalismo. Observó que las narrativas locales de autosuficiencia y patronazgo histórico revelan ambigüedades y raíces más profundas. En el compromiso comunidad-empresa, a través de la RSE, se suscita una crítica a las condiciones de ser socios y lo enmarcan en términos de interpretaciones controvertidas sobre la moralidad de las relaciones sociales y económicas.

Este enfoque antropológico de Babidge no sólo proporciona una perspectiva para problematizar la idea de categorizar a los ejidatarios de Mazapil y a los indígenas de Aquila como "sujetos neoliberales", además cuestiona el sesgo que ve a la RSE como un mecanismo para cooptar de manera corporativa a los ejidatarios y reafirmar, a escala global, la solidez monetaria y productiva, como lo sostienen Panico y Garibay (2011).19

Tal como lo ve Babidge en la comunidad indígena chilena, las de Mazapil y Aquila, en un contexto de pobreza extrema, aceptan los riesgos económicos de deforestación y pérdida de agua, con la finalidad de obtener cierto progreso económico. Sin embargo, en los discursos y prácticas comunitarias no está tan claro que la ganancia financiera sea la hegemónica. Por ejemplo, en Aquila las nuevas exploraciones y explotaciones mineras se han visto obstaculizadas por las prácticas culturales de toma de decisiones de la comunidad indígena, que contrastan con los tiempos de las de una actividad económica capitalista.

[...] Parte del conflicto que tenemos con la mina es que no entiende cuáles son nuestros tiempos para llegar acuerdos dentro de la comunidad, la mina no los ven o no los quiere ver y empieza a hacer actividades de exploración que para nosotros es una falta de respeto a nuestra comunidad [...] (entrevista a líder indígena).

En Mazapil, un grupo de ejidatarios de El Vergel reclama ante el Tribunal Unitario Agrario que Goldcorp no respete los derechos colectivos de posesión de la tierra, y otorgue cantidades de dinero distintas a los miembros a pesar de tener los mismos derechos sobre la tenencia de la tierra.

En los acuerdos acerca del agua y el bosque también se enfrentan racionalidades diferentes. Por ejemplo, los comuneros de Aquila cuentan con una perspectiva propia acerca del riesgo medioambiental que enfrentan con la actividad minera, mirada que no es aceptada por la empresa a partir de sus propios estudios. Los comuneros han construido un discurso ambiental articulado con base en una "revalorización" de los bosques ante el cambio climático. Este discurso ha funcionado para negociar los términos de las nuevas exploraciones y explotaciones de la mina. En este sentido, el daño ecológico causado por éstas es "revalorado" en función del cambio climático mundial, donde la preservación de bosques y selvas se ha convertido en una exigencia central en todo el mundo.

En Mazapil, debido a la sequía y a la actividad agrícola-ganadera, hay un choque de visiones entre los ejidatarios y Goldcorp en torno al agua. Como lo fundamentan Panico y Garibay (2011), para la minera el agua es un recurso para el proceso de producción y fundamental para la expansión. Para la comunidad, en cambio, la disponibilidad de agua es vital para la siembra y para el ciclo de reproducción del capital caprino y vacuno. Estas dos visiones han sido fuente de muchos desencuentros y conflictos.

Las comunidades también cuestionan a la RSE en cada episodio de enfrentamiento con las mineras, en el que se afirma que la empresa no cumple, que las comunidades son las que tienen los derechos legítimos sobre las tierras y sus recursos. Así lo argumentó un comunero de Aquila: "Que se entienda que se está en un dominio temporal del espacio territorial de la comunidad, por lo que no pueden hacer lo que les venga en gana".

 

La negociación del "consentimiento"

Las relaciones de mercado sobre bienes colectivos (tierra, agua y bosque) en las que han estado inmersas las comunidades campesinas e indígenas son generadas por presiones de las mineras trasnacionales, con la finalidad de construir consensos, desde la lógica del capital, para el buen desarrollo de su actividad. Estas relaciones de mercado, en términos gramscianos, se han vuelto hegemónicas en la vida social de las comunidades mineras estudiadas, que así lo han aceptado.

En este análisis, la concepción de hegemonía de las relaciones económicas y sociales en las comunidades mineras es la que está presente en Carlos Marx y Antonio Gramsci, para quienes es, sobre todo, consentimiento, aceptación "natural" de las relaciones sociales y económicas imperantes. Marx (1986, 627), en la llamada acumulación originaria del capital, dice:

No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como capital y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligar a éstos a venderse voluntariamente. En el transcurso de la producción capitalista, se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales.

Al poner el acento, sin negar otros, en factores culturales implicados en la dominación del capital sobre el trabajo, Marx sentó la base para que pensadores como Antonio Gramsci ampliaran analíticamente su comprensión. El consentimiento como hegemonía es la estrategia gramsciana que permite comprender el predominio de la cultura y valores capitalistas en las comunidades mineras de este estudio. El concepto de hegemonía de Gramsci escapa de las concepciones clásicas del consenso: jurídico-político, ideológico (en el sentido de sumisión, de adoctrinamiento de clase) o legalista. Es decir, al no reducirse a la ideología ni a la comparación de diferentes niveles de socialización es, ante todo, un principio político y una dirección estratégica (Buci-Gluksmann 1978).

Aquí, para comprender la relación mina-comunidad, se tomó en cuenta un segundo gran aporte metodológico de Gramsci; el consenso debe de estar sometido a una cuestión previa: ¿quién consiente a quién, qué y cómo?, ¿son los instrumentos y las prácticas generadas de consenso idénticas en todas partes? La hegemonía, ¿es independiente de los sujetos históricos (clase) de esta hegemonía? (Buci-Gluksmann 1978).

Para los fines de este estudio, los interrogantes del qué, quién y cómo, presentes en la relación mina-comunidad, pueden comprenderse con mayor claridad a través del concepto heurístico de "pacto de dominación", propuesto por Brachet-Márquez (1996),20 en donde los actores comunitarios aceptan la lógica instrumental de la minera, pero a cambio de beneficios y de cuidado del medio ambiente. Este "pacto de dominación" se va redefiniendo de acuerdo con el clima político estatal, municipal y comunitario, así como con el de la trasnacional.

Por pacto de dominación se entiende como la relación que se construye entre actores con grandes diferencias de poder. Engloba dos elementos contradictorios en apariencia: pacto implica negociación, resolución de conflictos e institucionalidad; mientras que dominación tiene una connotación de desigualdad, antagonismo y coerción. La yuxtaposición de ambos términos intenta expresar la idea de que la gente acepta la subordinación y la explotación; más no a cualquier precio (Brachet-Márquez 1996, 54).

 

Conclusión

La presencia de las corporaciones mineras en la vida de múltiples comunidades campesinas e indígenas es una realidad que difícilmente podrá trastocarse; quedó configurada a partir de la reforma al artículo 27 constitucional en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y posibilita que las empresas mercantiles establezcan convenios con ejidos y comunidades agrarias, por medio de los cuales se puede ceder el uso temporal de sus tierras a cambio de dinero. Reforma que, como señala Arturo Alvarado (1996), ha permeado el sentir y el pensar, así como las estrategias de muchos grupos de mexicanos y extranjeros, más allá de sus fronteras sociales o ideológicas.

Si se hace un balance de esta realidad, se pueden destacar tres aspectos en la compleja relación mina-comunidad: a) seguramente comunidades campesinas e indígenas seguirán cediendo los derechos de sus tierras a las corporaciones mineras, con la intención de mejorar sus condiciones de vida en un contexto de alejamiento entre el Estado mexicano y el campo; b) las lógicas mercantiles introducidas en el campo han trasformado, debido al proyecto neoliberal del salinismo, las formas de pensar y de sentir en amplios núcleos ejidatarios convirtiéndolos en "sujetos neoliberales", dispuestos a entablar negociaciones mercantiles con las corporaciones y c) los conflictos sociales seguirán presentándose en virtud de las dificultades del Estado mexicano y de las mineras por controlar al campesinado, a través de las viejas corporaciones campesinas y por el ambiente ideológico entre amplios sectores sociales, que ven a las mineras como la encarnación del antiguo modelo de explotación capitalista.

La acumulación minera por desposesión campesina (Garibay et al. 2014) está removiendo raíces muy profundas de la historia nacional, como afirma Alvarado: "El campo volvió a ser el escenario de confrontación entre nuestro pasado agrario más remoto y las intenciones y proyectos de modernidad de nuestros gobernantes" (1996, 156).

 

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Notas

1 El estudio de Garibay y Balzaretti (2009) aborda la relación entre la canadiense Goldcorp y la comunidad de Mezcala, Guerrero; y los de Panico y Garibay (2011) y Garibay et al. (2014) versan sobre la relación entre la misma minera, pero con la comunidad de Mazapil, Zacatecas.

2 El eje analítico de la investigación de Madrigal (2009) es el de riesgo ambiental como detonante del conflicto socioambiental. Los esfuerzos analíticos del autor están enfocados a mostrar los procesos sociales en la relación mina-comunidad, que pueden generar un conflicto, y a la internacionalización de un problema. Mientras que el de Reygadas y Reyna busca develar la acción colectiva de grupos de la sociedad civil potosina en las gestiones del entorno socioambiental. La relación mina-comunidad inmediata la tratan como una lucha en torno a valores y pretensiones de estatus, poder y recursos escasos, en la cual los objetivos de los participantes son obtener los valores deseados, neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.

3 El Sindicato de las Encinas-Ternium se clasifica como parte del sindicalismo blanco, heredado de los tiempos de Hojalata y Lámina (Hylsa). En lo que respecta a la mina Peñasquito, los trabajadores de planta forman parte de la sección 304 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

4 De donde se obtuvo la tesis de licenciatura de Blanca Ruth Santos (2013).

5 Información proporcionada por comuneros.

6 Según Alcalá (2003), la población mestiza se instaló en la costa de Aquila, en el lugar conocido como La Placita, a inicios de la década de 1930. La Placita se empezó a destacar como pueblo salinero y comercial. En la actualidad hay un conflicto grave por límites de la tierra entre comuneros de Santa María Ostula, Aquila y pequeños propietarios (Ventura 2011).

7 En el artículo 99 de la Ley Agraria (salinista) se señala que las tierras comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin embargo, en el artículo 100 se reconoce que es posible cambiar el estado comunal a la forma ejidal y trasmitir el dominio de tierras de uso común de los bienes comunales a sociedades civiles o mercantiles. De tal forma, las comunidades tienen la opción de mantenerse al margen de las nuevas disposiciones o asociarse para poner a trabajar las tierras (Manzanilla 2004).

8 Información proporcionada por funcionarios de la comunidad indígena y de la empresa.

9 Información recuperada a partir del INEGI (2005) y en el trabajo de campo.

10 Al iniciar el trabajo de campo se contó con información acerca de la presencia del narcotráfico en Aquila, pero al preguntar sobre los principales problemas de la región no se mencionó en las múltiples entrevistas e interacciones con los pobladores de la cabecera municipal y de los poblados. Durante la estancia en la zona no se presentaron situaciones de violencia que involucraran al narcotráfico, pero esto cambió pocos años después, como es de dominio público, cuando el narcotráfico entró en crisis en la región de Aquila, y visibilizó las relaciones con los actores locales.

11 Como ya se señaló, la ocupación temporal de tierras ejidales fue posible en México a partir de la reforma al artículo 27 constitucional llevado a cabo en el sexenio salinista.

12 Este concepto lo retoman del antropólogo Marshall Sahlins, que lo define como "un intento de obtener algo gratuitamente: transacciones iniciadas y enfocadas hacia una ganancia utilitaria neta" (1977, 132).

13 Un porcentaje importante de estos trabajadores son hijos de comuneros.

14 Información proporcionada por la dirigencia de la comunidad.

15 Información proporcionada por la dirigencia de la comunidad.

16 Información proporcionada por la dirigencia de la comunidad.

17 Ternium respondió que es respetuosa de las autoridades, así como de los temas internos de la comunidad y se mantiene al margen en todo momento (Milenio, 16 de agosto, 2013).

18 La legislación agraria permite a los ejidatarios retractarse de acuerdos de venta o arrendamiento sin importar el tiempo trascurrido.

19 Para estos autores "la estrategia utilizada por la minera para garantizarse un espacio de negociación con los ejidos, es recurrir al trabajo como objeto de intercambio, cooptando de manera corporativa a personas de los ejidos con el fin de utilizar estas contrataciones para irrumpir dentro de las relaciones comunitarias y deshabilitarlas desde adentro. La promesa del trabajo para todos no ha sido cumplida por parte de la compañía, ya que las pocas contrataciones que se han hecho dentro del ejido han servido sobre todo como medida política de control local y no como una necesidad de generar empleo para fines industriales" (Panico y Garibay 201 1, 146).

20 El "pacto de dominación" es un constructo analítico orientado a captar el proceso mediante el cual los protagonistas profundos -en particular pero no exclusivamente los originarios en las desigualdades de clase- son regulados por un orden institucional asentado legalmente. Este concepto se entenderá como el conjunto de reglas institucionalmente sancionadas y coercitivamente respaldadas que especifican "quién obtiene qué" en un momento dado y dentro de los límites del territorio nacional dado (Brachet-Márquez 1996, 55).

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