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Región y sociedad

versión impresa ISSN 1870-3925

Región y sociedad vol.24 spe.3 México ene. 2012

 

Reseñas

 

Luis Aboites Aguilar (2009), La decadencia del agua de la nación. Estudio sobre desigualdad social y cambio político en México, segunda mitad del siglo XX

 

Valentina Campos Cabral*

 

México, El Colegio de México, 145 pp.

 

* Investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. Laboratorio de Ecología Política. Antigua carretera a Pátzcuaro No. 8701, colonia Ex-Hacienda de San José de La Huerta, C.P. 58190, Morelia Michoacán. México. Teléfono: (443) 322 2704, fax: (443) 322 2719. Correos electrónicos: vcabral@oikos.unam.mx/valiacc@gmail.com

 

La decadencia del agua de la nación es la obra más reciente de Luis Aboites, consta de cinco capítulos y 145 páginas. Su objetivo es analizar los usos del agua en México durante la segunda mitad del siglo XX, periodo en el que observa la transición del modelo de agua de la nación al mercantil-ambiental.

En él revisa críticamente los puntos de partida de su trabajo anterior El agua de la nación. Una historia política de México,1888-1946 (1998); la visión del Estado mexicano, como una institución capaz de normar el manejo del agua en el país. En el mismo sentido, zanja distancia de lo que califica como visión evolucionista en la transición de modelos de manejo del agua: del de las aguas pueblerinas al de las nacionales, durante el proceso de centralización o "federalización" (pp. 12), y de éste al mercantil-ambiental, durante la implementación del modelo neoliberal. Lejos de este esquema, y a contrapelo de cualquier visión de avance y progreso hacia la modernidad entre un modelo y otro, sostiene que en el siglo XX conviven en tensión o negociación los diversos tipos de aguas.

Como indica en la introducción de El agua de la nación, esta posición se basaba en la comparación y análisis de los resultados de trabajos de investigación que evidenciaban, durante el siglo XIX, la ausencia de la autoridad gubernamental estatal y municipal para regular los usos del agua, a la par del poderío de los empresarios, así como durante la primera mitad del siglo XX, la fortaleza y protagonismo del gobierno federal en situaciones de conflicto, como administrador, regulador, usuario de las aguas nacionales y constructor de grandes obras de riego, de forma que observaba un "cambio notable de la presencia gubernamental en los usos del agua en los siglos XIX y XX", consistente en la centralidad de la autoridad federal para la consolidación legislativa y administrativa de su papel en el manejo del agua (1998, 10-11).

A diferencia de esta obra, y ante la reconsideración y reflexión de evidencias de sus estudios más recientes, en La decadencia del agua de la nación sostiene la insolvencia y debilidad del Estado para imponer reglas para el manejo de las aguas del país en el siglo XX, ante la emergencia y consolidación del modelo mercantil-ambiental del agua.

Este matiz lo desarrolla a partir de la visibilidad de la acción de grupos sociales (oligárquicos o populares) en el mantenimiento de prerrogativas o formas de uso tradicionales del agua, a través de su resistencia a sujetarse al modelo de agua de la nación impulsado, en sus inicios, por la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

En su antigua obra ya reconocía y sugería estos temas para investigaciones futuras, cuando discutía la sobrevivencia de las autonomías locales y la resistencia de diversos sectores sociales del país a someterse a los instrumentos legales y administrativos, que formalizaban la injerencia del gobierno federal en el manejo del agua.

De nuevo, llama la atención sobre la distancia que existe entre el decreto de un reglamento y su apropiación y cumplimiento por parte de los actores, pero ahora lo aprecia no como una situación aislada sino como expresión del comportamiento general del Estado, de las dificultades e incapacidades del gobierno federal para imponer su autoridad.

Así, sostiene, lo que caracterizaría al manejo del agua en el siglo XX es la existencia de un Estado débil para dominar, controlar e imponer las reglas para el uso racional y equitativo del agua en situaciones en las que diversos grupos sociales se resistieron. Este tema lo trata con profundidad en el capítulo dos, "Sociedad poderosa, Estado débil", en el que ejemplifica las relaciones de poder de las oligarquías, que omitían e ignoraban al Estado (empresarios de Monterrey, agricultores ricos, comerciantes y terratenientes de Hermosillo, así como pequeños regantes).

Los modelos que discute el autor, como reconoce, expresan una forma particular de la relación sociedad-naturaleza. Mientras el modelo de agua de la nación se caracterizó fundamentalmente por la definición de la nación como propietaria del agua, la creación de la normatividad y organización para operar lo anterior, y regular los usos de la misma bajo la premisa de que era un factor de desarrollo e instrumento para impulsar la justicia social del país, el eje del mercantil-ambiental –con base en un discurso de escasez, contaminación y deterioro de los ecosistemas-se distingue por la protección ambiental, a través de dos mecanismos: la valoración económica del agua y su inserción al mercado, con la finalidad de racionalizar su uso y contribuir a la protección ambiental.

Las causas que detonaron la transición entre ambos modelos, indica, fueron previas a la emergencia del neoliberalismo, asociadas al cambio de composición de la sociedad mexicana y los procesos de la vida política del país. En primera instancia, la población dejó de ser predominantemente rural, lo que generó necesidades y la diversificación de los usos del agua. El gasto público en las grandes obras hidráulicas, para incrementar la frontera agrícola en riego, dejó de ser la prioridad, lo que se retroalimentó con la dificultad económica del gobierno federal para continuar invirtiendo en ello. Acompañaron a lo anterior nuevos marcos ideológicos impulsados desde instancias internacionales, para reducir el papel del Estado en la economía e integrar el discurso del desarrollo sustentable y la preocupación ambiental.

Como sostiene el autor con los datos recabados y analizados, el modelo mercantil-ambiental pese a los cambios ideológicos (el Estado ya no como inversor sino como administrador y recaudador), normativos (decreto de la nueva Ley de Aguas y su Reglamento) y organizacionales (creación de la Comisión Nacional del Agua) que se echaron a andar en su aplicación, no ha logrado combatir la contaminación, la sobreexplotación y el desperdicio de los recursos hídricos en el país. De hecho, hipotetiza y da evidencia (aunque reconoce que es un tema que requiere mayor profundización) de que la prevalencia del modelo mercantil-ambiental del agua concentrará el acceso al recurso en quien pueda pagarla, sin que esto resguarde o atienda el cuidado ambiental.

En el epílogo, Aboites abunda sobre la inoperancia del modelo; no se ha reducido la sobreexplotación de acuíferos, más bien se ha triplicado, en tanto las industrias siguen sin tratar sus aguas residuales para descargarlas a los ríos, agudizando su contaminación. Las inversiones que dejó de hacer el Estado no se han sustituido por la iniciativa privada. Tampoco el modelo ha generado situaciones de equidad, el acceso al agua se concentra en pocas manos gracias a la venta de los títulos de derechos de uso, incrementando así la desigualdad social.

No obstante la debilidad del poder federal, debe reconocerse que éste fungió –y en muchas ocasiones a petición de las partes– como árbitro eficiente en la resolución de conflictos por el agua, situación en la que se reclamaba una autoridad fuerte. ¿Quién asumirá la autoridad en un escenario en el que conviven las aguas pueblerinas, nacionales y mercantiles-ambientales, y de creciente desigualdad social? Como Aboites reconoce, al menos en el modelo de agua de la nación había evidencias concretas de las acciones de gobierno (presas, canales y pozos), pero ahora incluso instancias internacionales llaman la atención sobre los resultados y limitantes de un modelo que no ha paliado, tampoco ha combatido la contaminación y sobreexplotación de acuíferos, no ha atraído inversión privada para compensar la disminución de la gubernamental, ni mejorado la recaudación y cobranza. Ante esta desoladora situación, el autor aclara que no se pugna por una vuelta al pasado, sino por recuperar los temas del agua como un asunto de gobierno en donde el Estado, en lugar de escudarse en las variables que no puede controlar, se concentre en mejorar la recaudación –lo que traería a la mesa de discusión el replanteamiento de los privilegios fiscales a los empresarios agrícolas e industriales– así como en la inversión en materia de aguas.

Vale la pena preguntarse si la aseveración tajante de la debilidad e incapacidad del Estado, para el manejo del agua, no es igualmente radical que su afirmación anterior sobre su fortaleza y poderío para la incorporación –no armónica– de las aguas pueblerinas a las aguas de la nación. ¿No ocurrirá que ambas situaciones se producen en función de que pese a su prominencia –real o perdida– o debilidad, al final el gobierno federal era y es un actor más, partícipe de las relaciones de tensión, negociación, consenso y conflictos entre el resto de actores del campo social y político, surgidos a partir de la distribución del agua? Esto podría explicar las dos situaciones presentes ante su intermediación con dos tipos de sujetos sociales a los que aparentemente regulaba. Para los oligarcas, el Estado existió y se respetó en tanto fue una fuente de recursos para la creación de infraestructura que beneficiaba sus procesos productivos, pero era ignorado cuando éste buscaba regular los usos del agua ante el incumplimiento de la ley. En el caso de los campesinos, el Estado existió cuando los dotó de tierras y agua, incluso demandaban su participación en la lucha y defensa del agua en casos de disputa con actores poderosos, pero también decidieron obviarlo cuando aquél les reconocía derechos disminuidos en relación con los adquiridos por el uso ancestral de su territorio, o cuando les impedía gestionar el agua en función de acuerdos y normas locales.

Para finalizar, es relevante recuperar algunas de las sugerencias y convocatoria a los investigadores sobre los nuevos pendientes y líneas de investigación: a) la coexistencia de las aguas pueblerinas, de la nación y el modelo mercantil-ambiental; b) el desempeño gubernamental y de los actores sociales en tal escenario; c) los procesos de acaparamiento de agua en manos de quienes tienen la capacidad de adquirir, en los mercados de agua, los derechos de uso o, como indica, los modos de apropiación oligárquica del recurso, en el campo y la industria y d) la insustentabilidad ambiental y social del modelo de aguas mercantil-ambiental.

Más allá de las aportaciones del libro, así como de las líneas de investigación que apunta, conviene reconocer y recuperar la actitud del investigador de regresar a sus ideas y escritos previos con una mirada autocrítica, construir una visión alternativa de los procesos históricos bajo su observación, a partir de premisas distintas.

 

Bibliografía

Aboites Aguilar, Luis. 1998. El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.         [ Links ]