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Región y sociedad

versión impresa ISSN 1870-3925

Región y sociedad vol.24 spe 3 Hermosillo ene. 2012

 

Nota crítica

 

Disyuntivas: impactos ambientales asociados a la construcción de presas

 

Angelina Martínez Yrízar*, Alberto Búrquez* y Thierry Calmus**

 

 * Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correos electrónicos: angelina@unam.mx / montijo@unam.mx

** Instituto de Geología (UNAM). Blvd. Colosio y Sahuaripa s/n, Hermosillo, C. P. 83250, Sonora, México. Correo electrónico: tcalmus@unam.mx

 

Los aspectos ecológicos de la provisión de agua dulce son la base fundamental para abordar de manera integral la problemática social del agua, que ha sido ampliamente analizada desde la perspectiva histórica, política, de gobernanza y de gestión de los recursos hídricos, ya que su disponibilidad es el principal motor del desarrollo económico y social (Wittfogel 1957; Aboites Aguilar 2009). Esta nota crítica se centra en el componente ecológico de la provisión de agua dulce, un recurso esencial para la vida. Más allá de las repercusiones sociales y económicas, es relevante considerar las capas basales relacionadas con el uso de recursos, que en este caso son los efectos ecológicos derivados de la construcción de presas, como herramienta de control y manejo del agua.

Sólo 2.5 por ciento del agua total disponible en laTierra es dulce y apropiada para satisfacer las necesidades humanas. De esta fracción, dos terceras partes se encuentran en forma sólida en los glaciares y casquetes polares y del tercio restante la mayor parte está a gran profundidad, por lo tanto de acceso difícil. En términos reales, 0.02 por ciento del agua dulce total del planeta se encuentra en los lagos, ríos, acuíferos someros, humedales, plantas, el suelo y en la atmósfera (Postel y Carpenter 1997, 195). De especial importancia es el componente aéreo del ciclo hidrológico, ya que constituye el medio de renovación del agua dulce.

Hoy en día, las demandas de la sociedad, que incluyen el uso de agua para consumo humano, crecimiento urbano e industrial, el riego agrícola, para desarrollos pecuarios, acuícolas y turísticos ejercen una fuerte presión sobre la disponibilidad de agua dulce. "La solución a estas demandas que se vuelven generalmente conflictivas es compleja y depende no sólo de información y datos confiables, sino también de disposición entre los distintos actores para conciliar intereses, lo que constituye un gran reto para la sociedad y la toma de decisiones" (Mark y Dickinson 2008, 25).

La disponibilidad de agua para el bienestar social depende de la integridad ecológica de los ecosistemas dulceacuícolas.1 No obstante, por resultar un bien esencial para la vida y el desarrollo social, éstos han sido los principales ecosistemas perjudicados por las actividades humanas. La alteración de la dinámica hidrológica, la contaminación y la invasión de especies exóticas a los cuerpos de agua constituyen las mayores amenazas para la conservación de los ecosistemas dulceacuícolas en el mundo (Johnson et al. 2008, 357; Alcocer y Bernal-Brooks 2010, 56). Una de las causas más importantes de dichas alteraciones fue la construcción acelerada de presas en la segunda mitad del siglo XX, con la instalación de más de 45 mil presas grandes en todo el mundo.2 Esta red, que cubre un área aproximada de 337 mil km2, cambió de forma dramática la distribución global de agua dulce (Downing et al. 2006, 2396), y alteró severamente los patrones naturales de variación hidrológica y de transporte de sedimentos de los ríos. México no es la excepción (Alcocer y Bernal-Brooks 2010, 30), en el país existen 840 reservorios artificiales clasificados oficialmente como grandes presas, con una capacidad conjunta de almacenamiento de 150 km3 (Aguilar 2003, 4). De ellas, una estimación muy conservadora muestra que 611 presentan un volumen superior a 0.5 millones de m3. Desde la perspectiva ambiental y sin consideración a su tamaño y modos de operación, todas las presas modifican los procesos biofísicos y regímenes naturales de los ríos, en detrimento directo o indirecto de los ecosistemas colindantes y de sus pobladores.

Las presas son consideradas la principal herramienta usada en el control y manejo de recursos hídricos limitantes, por lo tanto, no sorprende su ubicación en zonas con escasez de agua. Sin embargo, y a pesar de la existencia de cientos de miles de presas en todo el mundo, la extensión y severidad de la falta de agua para consumo humano es creciente, y se espera que se intensifique en las próximas décadas. Por ello, en la literatura científica y en los debates internacionales se cuestiona de manera constante esta contradicción de qué tan efectivas han sido las presas en el manejo sostenible del agua, y qué tan pertinente es la construcción de nuevos proyectos de infraestructura hidráulica (Stanley y Doyle 2003, 15). Aunque se reconoce que las presas han contribuido al desarrollo humano y que son considerables3 los beneficios derivados de ellas, también ha sido evidente que su construcción, operación y mantenimiento van acompañados de un complejo arreglo de costos ambientales, económicos y sociales inaceptablemente altos, derivados de internalizar los costos externos de carácter ambiental, económico y social (Aguilar 2003, 4; Stanley y Doyle 2003, 15).

El agua almacenada en las presas y otros reservorios representa una forma de apropiación del recurso hídrico, para proporcionar bienes extractivos a la sociedad a expensas de los servicios que proveen de manera gratuita los ecosistemas,4 en los que la sociedad misma está inmersa. Se han visto como una solución inmediata para cubrir las demandas de agua dulce para uso doméstico, industrial y agrícola, como una alternativa para la generación de energía eléctrica y como una avenida para satisfacer los requerimientos de empleo, en una economía en recesión cíclica. Esta forma de desarrollo parte de la premisa de que el agua dulce es un bien imperecedero que puede ser controlado, usado y manejado ilimitadamente (Ga-rrido-Pérez et al. 2010, 26).

A pesar de su papel como un símbolo de avance social y proeza tecnológica, el conocimiento actual indica que los daños causados por las presas en los procesos ecológicos de los ríos y lagos son profundos, complejos, múltiples y por lo general negativos; pueden inducir sismos, debido al cambio del campo de esfuerzos local debajo de ellas y a sus alrededores.5 Dicho cambio está asociado a las fuerzas adicionales provocadas por la presión ejercida por la masa de agua superficial y por la infiltración del agua en el subsuelo, incluyendo los cimientos de la presa. En una zona tectónicamente activa, la infiltración puede provocar la lubricación de una falla y disminuir la magnitud de los esfuerzos necesarios para iniciar una ruptura. Estudios previos, en particular en Canadá, muestran que la geología es un factor más importante que la masa de agua o la profundidad de la presa. Aun si los sismos asociados a la puesta en agua de presas tienen comúnmente magnitudes inferiores a 5 o 6 grados. Está todavía presente la discusión sobre la posible relación, mas no comprobada, entre el terremoto del 12 de mayo de 2008 de magnitud 7.9 en la provincia de Sichuan, y la presencia de la presa Zipingpu cerca de un sistema de fallas activas.6

La construcción de una presa y su operación implican la conversión de un sistema en movimiento continuo (lótico), estocástico, de flujo libre y de descargas con volúmenes de agua muy variables, a uno de agua almacenada (léntico) en un reservorio artificial y de flujo controlado, con la consecuente alteración de un amplio rango de características ambientales más allá del entorno local (Magilligan y Nislow 2005, 70; Gordon y Meentemeyer 2006, 427). En términos ecológicos, ocurre un cambio drástico de uso de suelo, con la pérdida neta de una extensión considerable de la cubierta vegetal y de los ecosistemas ribereños alterados por el área de inundación del embalse, en perjuicio, río abajo, de los procesos de construcción del delta y la dinámica de las comunidades costeras. Un costo inicial considerable de grandes presas (como la Tucurui, en el Amazonas) es la desaparición de millones de metros cúbicos de madera, que quedan sumergidos en el cuerpo de agua. La pérdida de la cubierta vegetal no sólo implica la de recursos forestales, sino también el acervo de usos potenciales y el valor de la biodiversidad, independiente de cálculos utilitarios (Fearnside 2001, 381).

Aunque los efectos de las alteraciones hacia arriba de una presa son difíciles de predecir en términos espaciales exactos, se sabe que los de río abajo son geográficamente de mayor alcance, al interrumpir o modificar los procesos de erosión y deposición de sedimentos, así como los naturales de inundación de las planicies y la recarga de agua del subsuelo. Cualquier modificación en el balance de sedimentos (tamaño y tipo de partículas) influye en la distribución de la vegetación a lo largo del río. La estabilidad del corredor de vegetación ribereña es una condición esencial que protege al canal de la erosión durante eventos de avenidas extraordinarias (Gordon y Meentemeyer 2006, 427). Más allá de la regulación del flujo, las presas fragmentan los hábitats acuáticos impidiendo el movimiento de las especies y el aporte de nutrientes río abajo.

En los sitios donde el agua tiene un tiempo de residencia prolongado, como las presas, además de las pérdidas de agua por evaporación, la carga o flujo de solutos tiene un alto potencial de sedimentación dentro del embalse, porque el movimiento del agua en su interior es limitado; el agua no se mezcla, y se establece una estratificación vertical de la temperatura y de la concentración de oxígeno disuelto en ella (Graf 2005, 16). Durante el desfogue se descarga agua con una temperatura y características fisicoquímicas muy diferentes a las que fluían por el río, con la consecuente afectación de las interacciones bióticas río abajo (Wu et al. 2010, 123). A estas alteraciones se suma que los embalses, anunciados como fuentes de energía "limpia" sin una huella significativa de carbono, generan cantidades considerables de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero, como el metano (CH4). Estas emisiones en conjunto son similares, y en algunos casos hasta 3.6 veces mayores que las producidas por una central eléctrica de combustible fósil equivalente, durante toda su vida útil (Fearnside 2001, 687; Roland et al. 2011, 287); una externalidad que por lo general no se incluye en los protocolos de diseño de presas.

El impacto ecológico preciso de una sola presa es único y depende no sólo de su estructura y operación, sino también de la hidrología local, de las restricciones geomorfológicas, del clima y de los atributos clave de la biota local (flora y fauna). Si una presa causa impactos severos río abajo, la construcción de una segunda representa la destrucción de la mayoría de los procesos vitales del río, como consecuencia de la fragmentación y pérdida de conectividad del sistema (Garrido-Pérez et al. 2010, 28). Río arriba, la acumulación de sedimentos finos en su parte distal producirá polvos finos, que alterarán la dinámica atmosférica local. Río abajo, el control o la reducción del caudal anual y el aporte de sedimentos dañará, en forma dramática, la productividad natural de las planicies y deltas (Petts y Gurnell 2005, 37). Estas alteraciones se acentúan por el control en la operación de la presa, que varía según las necesidades estacionales de irrigación y de generación de energía.

Además de los impactos ambientales,7 otros costos derivados de la construcción de presas incluyen externalidades económicas y sociales (Bergkamp et al. 2000, 52). Estos costos se manifiestan en la pérdida de bienestar social en sectores ajenos a las entidades que construyeron y operan la presa, por ejemplo el acceso a los recursos naturales debido a la inundación para crear el embalse, la degradación de tierras agrícolas y de pastoreo de las áreas inundadas, de hábitats ribereños que dependen de un flujo muy particular del agua, del potencial pesquero en los estuarios, por ausencia de aporte de agua dulce al mar y del capital cultural, por el desplazamiento forzado de un gran número de personas, etnias o grupos sociales minoritarios.

En los debates pasados sobre las repercusiones socioeconómicas de la construcción de presas se reconocía que la inundación de centros de población y la relocalización es uno de los aspectos más devastadores (Gleik 2009, 145). Esta preocupación es generalizada, debido a que las personas desplazadas enfrentan riesgos de largo plazo de aumento en las condiciones de pobreza, amenaza ante la falta de tierras, mayor inseguridad alimentaria, carencia de empleos y marginalización social (Ibid., 146). En fecha reciente, el Gobierno de Pekín reconoció por primera vez, que aunque la presa Las Tres Gargantas (Three Gorges) provee grandes beneficios sociales, existen problemas urgentes que deben resolverse con una alta prioridad, como asegurar una mejora en el bienestar de los residentes desplazados (cerca de 1.5 millones de personas), implementar medidas de protección ecológica y eventual prevención de un desastre geológico grave (United Press Internacional, UPI 2011). Las grandes inundaciones han puesto en evidencia la limitada capacidad de la infraestructura para controlar el caudal del río, desde el peligro de desbordamiento en el control de avenidas extraordinarias, hasta la escasez de agua durante periodos relativamente cortos de sequía.

La decisión de construir una presa, del diseño y manejo de su operación, se debe basar en un análisis riguroso de costos y beneficios. Si estos costos quedan ocultos en la evaluación de factibilidad, los impactos ambientales, que crean una situación de inequidad intra e intergeneracional, no podrán ser cubiertos en las mayoría de los casos.

Las directrices del enfoque ecosistémico para el manejo integrado del agua fueron promovidas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE, por sus siglas en inglés), en 1993. Este marco de referencia se basa en la idea de que los recursos hídricos no deben ser administrados en forma aislada de otros componentes del ecosistema (suelo, aire, recursos bióticos) y de las economías y las sociedades humanas (UNECE 1993).

Este enfoque reconoce y opera sobre la base de la interrelación entre la ecología, economía y sociedad, y que es posible garantizar un suministro adecuado de agua de buena calidad a toda la población, sin comprometer las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas. Al considerar la cuenca como un ecosistema, la protección, el uso sostenible y la restauración de sus componentes son esenciales para la gestión y manejo sostenible de los recursos hídricos. La conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas naturales es un elemento central del concepto de manejo integrado de cuencas. De acuerdo con Maass (2004, 5758), "es sumamente relevante identificar qué procesos ecológicos y qué componentes del ecosistema son los más importantes en el control o mantenimiento de la integridad estructural y funcional del mismo y que por lo tanto deben de incorporarse a los esquemas de manejo". Esto implica asignar los recursos de la cuenca de forma óptima entre los usuarios; desde los elementos determinantes en la generación de los servicios ambientales, hasta los usuarios directos de estos servicios ecosistémicos. Se advierte que para implementar un adecuado manejo integrado de cuencas se requiere de voluntad política, información precisa y conocimientos sobre la cuenca, tecnología sostenible, gestión y acuerdos institucionales y legales apropiados, participación de todos los actores involucrados y viabilidad económica.

En la práctica, estas condiciones no se reflejan en la mayoría de los proyectos de factibilidad asociados con la construcción de presas. Estas deficiencias de información han llevado a que instancias gubernamentales nacionales e internacionales revisen los principales conceptos, metodologías y lecciones aprendidas que ayuden a su ejecución exitosa en cualquier situación (Cotler y Caire 2009, 22). Un avance importante ha sido el reconocimiento generalizado de considerar a la cuenca como territorio o unidad de análisis y de gestión. Delimitada de forma natural por un borde y con un punto común de drenaje, los elementos de una cuenca representan una manifestación espacial de la relación entre las sociedades rurales y urbanas con su ambiente. En este contexto, el manejo integrado de cuencas puede entenderse como un proceso de planeación, implementación y evaluación de acciones en la cuenca entera, dirigidas al control de las externalidades negativas, mediante la participación organizada e informada de la población (Ibid., 16-17). Es un proceso continuo, con un enfoque de manejo adaptativo, a través del cual se toman y se van ajustando las decisiones para el uso sostenible, el desarrollo, la restauración y la protección de las características de los ecosistemas, las funciones y sus vínculos.

Un plan de manejo integrado de cuencas incluye una variedad de subprogramas diseñados para reducir la erosión, a través del establecimiento o expansión de áreas protegidas, de identificar y remediar las fuentes de contaminación puntual y difusas, llevar a cabo acciones de restauración o reforestación, diseñar la introducción de tecnologías agrícolas mejoradas o tipos de producción alternativos e instituir programas de educación ambiental y participación social, entre otros. La implementación de estas acciones debe ser clara y dar pautas sobre su prioridad temporal, identificar las zonas de intervención y los actores relevantes involucrados (Ibid., 235).

En la situación actual existe gran preocupación por el ambiente, y puesto que los recursos financieros son limitados, se ha propuesto el pago por servicios ambientales8 (PSA) como un instrumento prometedor y alternativa a los procedimientos de mando-control para la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el manejo de cuencas hidrográficas.9 Este instrumento ha probado ser un mecanismo eficaz para resolver conflictos facilitando la interacción entre los usuarios río arriba y abajo de la cuenca (Kosoy et al. 2005, 2-3). Experiencias probadas en América Latina demuestran que es rentable el mantenimiento de servicios hidrológicos de los ecosistemas. Ejemplos de estos esquemas de PSA incluyen la adopción de mejores prácticas de manejo al interior de la cuenca, como la prevención y control de fuegos, reforestación en años sucesivos y garantizar la no extracción de recursos forestales y la caza ilegal. La adopción de estas y otras acciones depende de la legislación, del nivel socioeconómico, los costos de oportunidad para la conservación de los bosques y las percepciones de las partes interesadas sobre las condiciones de los recursos hídricos de cada región.

Por el contrario, abundan los ejemplos en que la construcción de presas y diques e instalaciones de purificación de agua han sido mucho más costosas que la protección o restauración de los ecosistemas, que pueden ofrecer los mismos servicios.10 Una muestra simple de la importancia de la aplicación de un esquema de PSA es la necesidad de mantener las partes altas de las cuencas en condiciones óptimas, para la captura y conducción natural del agua. El pago por este servicio, desde luego debe de ser costeado por los usuarios río abajo. En muchos casos, el costo del agua no refleja su valor real ni ofrece compensación alguna a los usuarios en la parte alta de la cuenca, para su conservación. Al tener el agua un costo bajo y no existir una responsabilidad social por parte de los usuarios río abajo, desaparecen los incentivos para promover la cosecha de agua y disminuir la carga de sedimentos en las partes altas de las cuencas, y para hacer más eficiente el uso del agua destinada al ámbito agrícola o urbano.

En síntesis, las presas son el elemento que ha permitido el desarrollo social. Sin embargo, aún se necesitan ejercicios de evaluación económica de los servicios ecosistémicos perdidos debido a su construcción; como los costos tanto por la pérdida del potencial pesquero, de los recursos maderables y no maderables en los deltas, como de la fertilidad y aporte de sedimentos y la recarga de los acuíferos, entre otros (Búrquez y Martínez 2000). La cuantificación de los servicios ambientales que prestan los ríos y los ecosistemas de agua dulce, para situarlos en su justo valor, permitiría apoyar la toma de decisiones y de gestión hacia un uso eficiente del agua entre necesidades que compiten (tanto de los ecosistemas como de la sociedad), o para actuar según el principio precautorio. Con este enfoque de valoración, la meta es alcanzar un balance entre la disponibilidad de agua y las demandas y protección de la integridad funcional de los ecosistemas acuáticos, para asegurar la provisión de agua dulce en el largo plazo.

En el caso de las presas del estado de Sonora, la mayoría se construyeron a mediados del siglo XX, con el propósito de almacenar agua para riego.11 Tres de ellas, El Mocúzari, El Oviachic y El Novillo con una cortina de 88.5 m, 90 m, y 133.8 m, respectivamente, operan como plantas hidroeléctricas.12 Como en otras regiones de México (Cotler y Gutiérrez 2005, 9), el uso principal de la mayoría de las presas en Sonora es proveer agua para la agricultura de riego,13 y en menor cantidad para uso público urbano e industrial. Algunas de estas presas también fueron construidas con el beneficio anticipado de controlar los escurrimientos superficiales, y reducir el riesgo potencial de inundaciones. Sin embargo, este beneficio, planeado en el largo plazo, ha sido contrarrestado por las inundaciones periódicas que afectan núcleos poblacionales poniendo en evidencia la incapacidad de regulación de flujos extraordinarios del caudal en estas grandes cuencas. Esta incapacidad de regulación deriva de las contradicciones entre la deforestación, lograr el máximo almacenamiento para fines agrícolas y energéticos y la protección civil; un caso cada vez más patente en las inundaciones periódicas en el sureste de México (PérezVega y Ortiz Pérez 2002;Perevochtchikova y Lezama de la Torre 2010).

La generación de energía en las tres presas más grandes de Sonora es relativamente pequeña, y no contribuyen de forma importante a resolver las demandas energéticas regionales. La capacidad instalada, como plantas hidroeléctricas, permite que juntas generen 164 Mw por año (10, 19 y 135 Mw El Mocúzari, El Oviachic y El Novillo, respectivamente; datos de la Comisión Nacional del Agua). En contraste con las grandes presas hidroeléctricas del sur de México,14 la producción eléctrica en las sonorenses es inapreciable. En comparación con centrales termoeléctricas promedio,15 El Novillo apenas produce entre 10 y 25 por ciento de la electricidad, mientras que El Mocúzari y El Oviachic en conjunto representan menos de 5 por ciento de una planta convencional promedio.16

En cuanto a la propuesta del nuevo proyecto hidráulico en una región de alta evaporación, como es el caso de Los Pilares del plan Sonora Sí, en la cuenca media del río Mayo, a pesar de los beneficios esperados17 es preocupante el interés en construir una presa que en términos netos quizá decrezca el volumen disponible de agua en el valle del Mayo (excepto cuando se presenten fuertes avenidas en años de lluvias extraordinarias). En un sistema ribereño con una presa que habitualmente está por debajo de su capacidad operativa óptima, cualquier uso del agua río arriba representa una disminución en la disponibilidad para los usuarios río abajo, incluso del distrito de riego. La partición de los embalses en dos superficies de evaporación (alrededor de 2 m anuales) e infiltración al subsuelo hará que las pérdidas de agua sean sustanciales. En este proyecto sobre el río Mayo, se plantea que se moverá agua de un lugar donde es abundante a uno donde es escasa y más necesaria. Esta última es supuestamente la función de los ríos, y sin duda lo hacen tan bien como cualquier canal u obra de infraestructura hidráulica. Las derivaciones hídricas para proyectos locales, sumadas a la elevada evaporación anual en la región, representan una situación en la que los usuarios actuales tendrán pérdidas hídricas desde pequeñas hasta graves, suponiendo que en muy buenos años se logre acumular agua en ambas presas y que al menos parte de ella permanezca entre años.

A la problemática potencial anterior, de este nuevo proyecto Los Pilares, se suman otras características socioambientales que ponen en duda su justificación, ya que se trata de una zona con una alta diversidad de ambientes, una gran riqueza de recursos naturales y la presencia de comunidades indígenas únicas, con profundas raíces regionales (Haro et al. 1996, 74). En términos ecológicos también se trata de una localidad única, que representa el límite norte de la distribución geográfica de la selva baja caducifolia en el neotrópico; un tipo de vegetación rica en especies endémicas (40 por ciento de la flora) y con un alto valor por sus recursos genéticos y su función en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos (Maass et al. 2005, 11). Además de ser reconocida por su riqueza biológica, la selva baja caducifolia está muy amenazada por actividades humanas, y enfrenta graves problemas de conservación; razones por las que las selvas bajas caducifolias de México han recibido especial atención de protección, sobre todo los ambientes de vegetación ribereña (Bezaury-Creel et al. 2010, 27). En esta región de la sierra sonorense también hay comunidades de bosque tropical secundario, que se desarrollan en sitios de selva baja caducifolia, que una vez fueron desmontados y convertidos a pastizales de zacate buffel (Pennisetum ciliare L.), y debido al sobrepastoreo y manejo incorrecto del pastizal se degradaron y fueron abandonados (Búrquez y Martínez Yrízar2007,544). Aunque los bosques secundarios son comunidades indicadoras de disturbio, también lo son de un proceso de regeneración natural,18 ecológicamente importante, y de recuperación de servicios ecosistémicos. La selva baja caducifolia es además el hábitat y refugio de gran cantidad de vertebrados, entre los que destacan especies migratorias y endémicas, además de numerosas de artrópodos, muchos de ellos necesarios en la polinización de plantas silvestres y cultivadas y en la degradación de materia orgánica, entre otras funciones ecosistémicas (Ceballos et al. 2010, 371; Hutto 2010, 217; Zaragoza et al. 2010, 197).

Tal como se propone, el proyecto Los Pilares plantea modificar el discurso a "beneficiarios indirectos", y buscar una inclusión directa, efectiva y concreta de los pobladores afectados. El análisis de fortalezas y debilidades detecta amenazas reales, como que las personas tengan que someterse a un desplazamiento interno forzado y abandono de sus viviendas, pérdida de sus tierras agrícolas, tradiciones y costumbres y, por lo tanto, de su estructura social, agravando sus condiciones de extrema pobreza y marginación social. No hay certidumbre de que se les otorguen mejores condiciones de vida por la reubicación, ni de que serán considerados en la toma de decisiones.

En este caso particular, ¿existen soluciones viables a la problemática del manejo del agua? Sí las hay. Lo relevante es pasar de las decisiones desarrollistas de la gran hidráulica, donde la "esperanza" ha sido siempre esgrimida como argumento para la apropiación del agua, a un entendimiento de la interrelación entre disponibilidad de agua, uso de recursos y sostenibilidad, sin incurrir en los esquemas históricos documentados por Wittfogel (1957), que sin duda tienen un ejemplo casi perfecto en el México del siglo XX, pero no caben más en el XXI.

 

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NOTAS

Los autores agradecen el apoyo técnico de Enriquena Bustamante Ortega, en la recopilación bibliográfica. Este trabajo se realizó durante las estancias sabáticas de los autores, con ayuda del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA) DGAPA-UNAM, AMY y AB en la Universidad de Arizona, EE UU y TC en la Universidad de Grenoble, Francia.

1 Son los ecosistemas de agua dulce que incluyen a los ríos, arroyos, lagunas, lagos, manantiales y humedales, entre otros.

2 Entre 1945 y 1971 se construyeron 8 140 presas de más de 15 m. En los años sesenta fueron alrededor de dos presas nuevas por día (Petts y Gurnell 2005, 28).

3 Mitigar inundaciones, asegurar el suministro de agua, generar energía hidroeléctrica; beneficios que han permitido mejorar la salud humana, aumentar la producción de alimentos y crecimiento económico.

4 Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la sociedad obtiene directamente del ecosistema y sus procesos, como la provisión de agua dulce, alimento, leña, resinas, plantas medicinales y polinizadores, regulación de inundaciones y control de erosión, regulación térmica y de la calidad del agua, control de plagas, belleza escénica y valor cultural.

5 El estudio del marco geológico y ecológico en donde se instalará una presa forma parte de la evaluación de factibilidad previa a su construcción. Es necesario conocer no sólo el entorno biológico y las características del paisaje de los ecosistemas, sino también la geología del vaso y de las riberas para anticipar los dos tipos de efecto de la acumulación de agua: la infiltración (su tasa), y la masa del agua que modifican los equilibrios previos.

6 La evidencia sugiere que el terremoto pudo haber sido inducido por la masa del embalse Zipingpu, en un fenómeno conocido como sismicidad inducida (Kerr y Stone 2009, 322).

7 Los de primer nivel (por ejemplo, cambios en la dinámica hidrológica y en la morfología del canal, sismicidad inducida); de segundo (alteración de la productividad primaria) y de tercero (efectos en la fauna, sus poblaciones e interacciones bióticas). Se estima que estas alteraciones serán más complicadas por los efectos potenciales del calentamiento global.

8 Son programas que incluyen pagos a ejidos, comunidades rurales y pequeños propietarios por servicios hidrológicos, carbono, conservación de la biodiversidad y agroforestería, que han probado ser experiencias exitosas en México (Balvanera y Cotler 2007, 120).

9 Los PSA pueden generar ingresos adicionales alternativos, desviar fondos a tecnologías ambientalmente amigables y a patrones de producción sostenibles, crear incentivos para la inversión y aumentar la participación del sector privado en la protección del medio ambiente.

10 Un ejemplo icónico es la inversión de más de mil millones de dólares de la ciudad de Nueva York para comprar tierras y restaurar los hábitats en los bosques de las montañas Catskill, para así asegurar la provisión urbana de agua potable en el largo plazo.

11 El tamaño, capacidad de almacenamiento y operación es muy variable, las más grandes son las ubicadas en el ríoYaqui.

12 La subregión con mayor infraestructura hidráulica es la del río Yaqui-Mátape en la que se encuentran 18 de las 32 presas del estado, seguida por la del río Sonora con 7, río Concepción con 4 y río Mayo con 3. La capacidad de almacenamiento total es de 8 648 hm3.

13 Más de 80 por ciento del agua se destina a la producción de granos básicos, cultivos industriales y forrajes (Reyes Martínez y Quintero Soto 2009, 14).

14 Como Chicoasén (2 400 Mw) y Malpaso, en Chiapas; Infiernillo, en Guerrero y Aguamilpa, en Nayarit (cada una genera 1 000 Mw).

15 Nucleares, de carbón, combustóleo o gas natural, que generan entre 500 y 1 000 Mw.

16 Datos calculados a partir de la Base de datos eia-860 (2005).

17 Una infraestructura que permita el control de avenidas extraordinarias en beneficio de las zonas agrícolas y urbanas, y de generación de energía. Proyecto del Gobierno del Estado de Sonora (http://sonorasi.mx/ y http://www.conagua.gob.mx/ocnO07/Comunicados/comunicado008ocno.pdf).

18 Es un proceso dinámico y complejo de recuperación de las propiedades del ecosistema. Los bosques secundarios representan etapas intermedias (20-30 años) en este proceso de regeneración. Tienen un alto valor ecológico, por su capacidad de acumular biomasa en un periodo relativamente corto, reflejando así su potencial para almacenar carbono (Alvarez Yépiz et al. 2008, 364).

^rND^sAguilar^nVerónica^rND^sAlcocer^nJavier^rND^sÁlvarez Yépiz^nJuan Carlos^rND^nAngelina^sMartínez Yrízar^rND^nAlberto^sBúrquez^rND^nCynthia^sLindquist^rND^sBalvanera^nPatricia^rND^nHelena^sCotler^rND^sBezaury Creel^nJuan^rND^sBúrquez^nAlberto^rND^nAngelina^sMartínez Yrízar^rND^sBúrquez^nAlberto^rND^sCeballos^nGerardo^rND^nAndrés^sGarcía^rND^nIrma^sSalazar^rND^nEduardo^sEspinoza^rND^sCotler^nHelena^rND^sDowning^nJohn A.^rND^nY. T.^sPrairie^rND^nJ.J.^sCole^rND^nC.M.^sDuarte^rND^nL. J.^sTranvik^rND^nR.G.^sStriegel^rND^nD. H.^sMcDowell^rND^nP.^sCortelainen^rND^nN. F.^sCaraco^rND^nJ. M.^sMelack^rND^nJ. J.^sMidelburg^rND^sFearnside^nPhilip M.^rND^sGarrido Pérez^nArturo^rND^nMaría L.^sCuevas^rND^nHelena^sCotler^rND^nDaniel I.^sGonzález^rND^nRebeca^sThame^rND^sGleick^nPeter H.^rND^sGordon^nEric^rND^nRoss K.^sMeentemeyer^rND^sGraf^nWilliam L.^rND^sHaro Encinas^nJesús Armando^rND^nBlanca E.^sLara Enríquez^rND^nPatricia L.^sSalido Araiza^rND^nVidal^sSalazar Solano^rND^sHutto^nRichard L.^rND^sJohnson^nPieter T.J.^rND^nJulian D.^sOlden^rND^nM. Jake^sVander Zanden^rND^sKerr^nRichard A.^rND^nRichard^sStone^rND^sKosoy^nNicolas^rND^nMiguel^sMartinez Tuna^rND^nRoldan^sMuradian^rND^nJoan^sMartinez Alier^rND^sMaass^nJ. Manuel^rND^sMaass^nJ. Manuel^rND^nPatricia^sBalvanera^rND^nAlicia^sCastillo^rND^nGretchen C.^sDaily^rND^nHarold A.^sMooney^rND^nPaul^sEhrlich^rND^nMauricio^sQuesada^rND^nÁlvaro^sMiranda^rND^nVíctor J.^sJaramillo^rND^nFelipe^sGarcía Oliva^rND^nAngelina^sMartínez Yrízar^rND^nHelena^sCotler^rND^nJorge^sLópez Blanco^rND^nAlfredo^sPérez Jiménez^rND^nAlberto^sBúrquez^rND^nClara^sTinoco^rND^nGerardo^sCeballos^rND^nLaura^sBarraza^rND^nRicardo^sAyala^rND^nJosé^sSarukhán^rND^sMagilligan^nFrancis J.^rND^nKeith H.^sNislow^rND^sMark^nAlan F.^rND^nKatherine J.M.^sDickinson^rND^sParsons^nMelissa^rND^nCraig A.^sMacLoughlin^rND^nKaren A.^sKotschy^rND^nKevin H.^sRogers^rND^nMark W.^sRountree^rND^sPerevochtchikova^nMaría^rND^nJosé Luis^sLezama de la Torre^rND^sPérez Vega^nAzucena^rND^nMario Arturo^sOrtiz Pérez^rND^sPetts^nGeoffrey E.^rND^nAngela M.^sGurnell^rND^sPostel^nSandra^rND^nStephen^sCarpenter^rND^sReyes Martínez^nAmelia^rND^nMaría Luisa^sQuintero Soto^rND^sRoland^nFábio^rND^nLuciana O.^sVidal^rND^nFelipe S.^sPacheco^rND^nNathan O.^sBarros^rND^nArcilan^sAssireu^rND^nJean P. H. B.^sOmetto^rND^nAndré C. P.^sCimbleris^rND^nJonathan J.^sCole^rND^sStanley^nEmily H.^rND^nMartin W.^sDoyle^rND^sWu^nN.^rND^sTang^rND^nX.^sFu^rND^nW.^sJiang^rND^nF.^sLi^rND^nS.^sZhou^rND^nQ.^sCai^rND^nN.^sFohrer^rND^sZaragoza Caballero^nS.^rND^nFelipe A.^sNoguera^rND^nEnrique^sGonzález Soriano^rND^nEnrique^sRamírez García^rND^nAlicia^sRodríguez Palafox^rND^nPatricia^sÁvila García^rND^nPatricia^sÁvila García^rND^nPatricia^sÁvila García

Reseñas

 

Teresa Rojas, José Luis Martínez y Daniel Murillo (2009), Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico

 

Patricia Ávila García*

 

Jiutepec, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 298 pp.

 

* Investigadora en ecología política del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia. Doctora en antropología social y especialista en las temáticas del agua y sociedad. Teléfono: (443) 322 2786. Correo electrónico: pavila@oikos.unam.mx

 

El libro Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico es una aportación de relevancia para los estudiosos de las temáticas asociadas con la cultura y el manejo del agua en los pueblos indígenas, así como para el público interesado en conocer el patrimonio cultural de nuestro país, a través de sus obras hidráulicas y vestigios arqueológicos. El proyecto editorial fue realizado por tres reconocidos investigadores, provenientes de instituciones que han aportado elementos para una mayor comprensión de la cuestión del agua en México; y representa una síntesis de sus investigaciones documentales y de campo, en la región mesoamericana.

La obra está compuesta de dos partes, con sus respectivos capítulos y responsables; la primera, a cargo de Teresa Rojas, del CIESAS, aborda el agua en la antigua Mesoamérica y los usos y tecnologías asociadas. Comprende cinco capítulos bien documentados en los aspectos fotográfico, iconográfico y bibliográfico, así como por las observaciones en campo de la autora a lo largo de casi cuatro décadas. El énfasis está en las obras materiales y tecnologías asociadas con los vestigios arqueológicos y las referencias históricas que hacen mención de su existencia. Estos capítulos muestran las obras hidráulicas construidas para abasto doméstico, irrigación agrícola, conducción, control y drenaje de aguas pluviales y control de los niveles de agua en zonas lacustres, pantanosas e inundables.

Asimismo, brindan ejemplos de tecnologías prehispánicas en Mesoamérica, que fueron utilizadas ampliamente en su época o que, en su defecto, tuvieron características únicas que han sido poco documentadas. Las tecnologías se analizaron por el tipo de fuente empleada (agua superficial en movimiento, como ríos y manantiales; agua superficial calma, como pantanos y lagunas; agua subterránea y precipitación pluvial) y por el tipo de obras hidráulicas (abasto de agua; conducción, control y drenaje de agua pluvial y residual; almacenamiento y conducción de agua para irrigación; control, aprovechamiento y desagüe de humedales; recreación y rituales).

Las obras hidráulicas documentadas son, sobre todo, del centro y sur del país, como los jagüeyes, para el almacenamiento del agua de lluvia; los acueductos, como el de Chapultepec, para la conducción del agua de manantial; los pozos verticales, para aprovechar el agua subterránea en Puebla y Yucatán; los sistemas de irrigación en el valle de Tehuacán, donde se construyó la presa "Purrón", con una altura de 18 metros; las obras de control de avenidas y drenaje, en Tajín; los sistemas de canales y compuertas en el valle de México, para el control de inundaciones, la navegación y el riego de chinampas, entre otros.

Los responsables de la segunda parte del libro son José Luis Martínez y Daniel Murillo, ambos del IMTA; se enfoca en la tradición hidráulica mesoamericana y el simbolismo prehispánico del agua. Incluye siete capítulos que, además de estar bien documentados en el aspecto fotográfico, abordan la temática por periodos históricos y regiones del país; estudian el agua y la tecnología entre los olmecas, otras obras hidráulicas del preclásico, la irrigación prehispánica en la meseta poblana y el valle de Tehuacán, las innovaciones hidráulicas mixtecas y zapotecas, las ciudades y los sistemas hidráulicos del área maya, los paisajes hidráulicos en la cuenca del valle de México y Mesoamérica, como un patrón civilizatorio particular.

Los autores muestran que el agua fue un factor importante, pero no el único en el proceso civilizatorio de Mesoamérica, es decir, las culturas y sociedades prehispánicas tuvieron estrategias productivas múltiples que posibilitaron la formación del Estado y los centros urbanos. En particular, el maíz fue la base alimentaria que dio soporte al desarrollo de diferentes culturas, que expresaron una cosmovisión agropluvial, donde la gramínea, la lluvia, los cerros, las selvas y los montes eran el eje del simbolismo, que impregnó también a las obras hidráulicas.

En este marco se formó el culto al agua, con sus deidades, manifestaciones, mitos y rituales, desde los olmecas en el preclásico hasta los teotihuacanos en el clásico: "Lluvia, tierra y maíz son tres de los elementos esenciales que estructuran a los pueblos mesoamericanos y sustentan los procesos de gobierno, cognitivos, tecnológicos y de representación simbólica, incluida la obra hidráulica" (pp. 161). Así, los autores muestran las expresiones culturales de los olmecas en la región Teopantecuanitlan, en Guerrero, donde hay vestigios de obras de irrigación como canales de conducción y desagües, represas para el almacenamiento del agua y control de inundaciones. También documentan representaciones simbólicas asociadas con el agua, como la serpiente y el sapo, que se deifican con la lluvia, y se expresan a través de la forma de los canales y esculturas de piedra.

Lo interesante del libro es que ambas partes (las tecnologías hidráulicas y la tradición mesoamericana con su simbolismo del agua) son complementarias, y ofrecen un panorama de las culturas del agua en Mesoamérica y sus obras materiales y tecnologías, que desarrollaron para garantizar el abastecimiento de la población, el uso para riego agrícola, el control de inundaciones y el manejo de los flujos de ríos y lagos con fines productivos y de navegación. Todo ello inserto en un patrón civilizatorio y cosmogonía del mundo, que se expresó en los simbolismos del agua en los diferentes periodos de la historia precolombina.

El libro puede analizarse desde dos ámbitos: como un referente esencial para el conocimiento de las tecnologías asociadas con el uso y manejo del agua, donde se puede encontrar un inventario amplio y bien documentado de las grandes y pequeñas obras hidráulicas en la época prehispánica; sin duda, una valiosa aportación que resume años de investigación antropológica sobre el desarrollo tecnológico que existió en Mesoamérica. También brinda una visión sobre el patrón civilizatorio mesoamericano, vinculado con diferentes culturas y sus especificidades en cuanto al uso y manejo del agua, según el contexto histórico y regional. En este sentido, hay un esfuerzo por analizar y sistematizar los nexos entre cultura y simbolismo del agua, a partir de las tecnologías y obras hidráulicas. Cuestión que en sí misma es una contribución significativa para lograr un mejor entendimiento sobre las dimensiones socioculturales del agua.

No obstante, falta documentación de otras culturas que se desarrollaron en el norte y occidente del país, que no forman parte, en sentido estricto, de la tradición mesoamericana, pero que también cuentan con evidencia material y arqueológica sobre tecnologías hidráulicas desde la época prehispánica. Tales son los casos de las culturas de Aridoamérica y del occidente, cuya comprensión de los ciclos del agua se articuló con tecnologías que les permitieron adaptarse a las variadas condiciones ecológicas (desde las culturas del desierto hasta las de las planicies costeras y marismas) e incluso comunicarse, por medio de navegación, en aguas interiores y mares.

Un aspecto que vale la pena mencionar es que el libro da evidencias sobre el profundo conocimiento y respeto que las culturas prehispánicas tenían sobre la naturaleza y en particular sobre el agua; cuestión que se expresó en el manejo integrado del recurso, el desarrollo de tecnologías apropiadas y la existencia de formas de organización social, que permitieron el surgimiento de sociedades bien adaptadas a contextos ecológicos diversos. Con ello queda claro que cultura y manejo del agua están estrechamente ligados y, por ende, las tecnologías desarrolladas en los diferentes territorios.

En este marco, quedan varias lecciones por aprender en la época contemporánea, y dan luz sobre los causales del desastre ambiental y la pérdida de los bienes comunes esenciales para la vida, como el agua. En particular, la hegemonía y culto de la tecnología "moderna" como solución única para el manejo del agua y su disociación de las dimensiones culturales y contextos ecológicos. Así como la fragmentación de la matriz sociocultural del agua, que atenta contra la visión integral y sagrada, y privilegia la privatización de un bien común en un escenario de globalización y libre mercado, con el fin de someter la dimensión cultural a la económica: el agua como mercancía y bien privado. Ejemplos palpables los tenemos con los huicholes y la defensa de Wiricuta, ante el avance minero canadiense; los tarahumaras y la defensa de sus bosques y aguas, ante los proyectos turísticos transnacionales; los purépechas y la defensa de su territorio, ante el avance de cultivos de exportación y presencia del narcotráfico; y los yaquis y la defensa del agua, ante un modelo de urbanización que es incapaz de saciar su sed y respetar sus derechos ancestrales.

Mucho hay que aprender de las "viejas culturas del agua", que persisten y se adaptan a las nuevas condiciones socioambientales en los territorios indígenas, como una manera de cuestionar el patrón civilizatorio dominante: el culto a lo material y dominio de la naturaleza. Ello nos lleva a buscar caminos alternativos, que conduzcan hacia la sustentabilidad en el uso y manejo del agua y a formas más respetuosas de relación con la naturaleza.

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Reseñas

 

Tomás Martínez Saldaña, Jacinta Palerm, Milka Castro y Luis Pereira, editores (2009), Regadíos ancestrales en Iberoamérica. Técnicas y organización social del pequeño riego

 

Blanca Jiménez Cisneros*

 

México, Mundi Prensa, 248 pp.

 

* Investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correspondencia: Apartado postal 70472. C. P. 04510, Coyoacán, México. Correo electrónico: BJimenezC@iingen.unam.mx

 

Puesto que mi formación es en el área de la ingeniería ambiental, mi visión puede diferir de la que otros especialistas tengan del libro Regadíos ancestrales en Iberoamérica, que me gustó porque permite, de forma concisa y desde diversas perspectivas y regiones que incluyen aspectos técnicos hidráulicos, conocer cómo operan y por qué son importantes los sistemas ancestrales de riego.

De acuerdo con los editores, Tomás Martínez Saldaña, Jacinta Palerm, Milka Castro y Luis Pereira, los sistemas de riego ancestrales son los que tienen una tradición de manejo y cultivo de más de cien años, y todavía están en operación. Así, la importancia de la obra radica en que para lograr un desarrollo sostenible, deseo relativamente reciente, es preciso que México avance considerando los sistemas ancestrales de riego, porque han demostrado ser exitosos al compaginar el uso eficiente de agua con la producción para la seguridad alimentaria. Más aún, los sistemas ancestrales son relevantes porque se utilizan para regar un número importante de hectáreas en el país, con métodos que han sido asimilados por la población que, a pesar de constituir un manejo privado del agua, difícilmente nos atreveríamos a calificarlos así por su relación con la población local, que contrasta con la connotación de este concepto en el marco de la economía actual, y que no describe estas formas de riego.

El libro alerta que para continuar con el "desarrollo", bajo la concepción que actualmente se maneja en el país, pareciera que los sistemas de riego ancestrales no tienen cabida, al menos para el gobierno. A pesar de ello, el texto muestra cómo éstos encajan a la perfección como un componente fundamental, para promover el desarrollo local de las zonas rurales de México.

Más aún, nos recuerda que la cultura del agua existía, incluso desde antes de que este concepto se pusiera de moda, así lo pensé, después de leer el libro. En fecha reciente escuché con desagrado, a un experto con acento extranjero, decir por qué en México se debía promover una nueva cultura del agua. Entre los argumentos expuestos, se citaron ejemplos y ventajas incluidos en el libro Regadíos ancestrales en Iberoamérica. Técnicas y organización social del pequeño riego. Así, la noticia para mí fue que se debía lograr que muchos expertos leyeran lo inventado desde hace mucho tiempo en este país, y que hoy pretenden vendernos como "nueva cultura del agua".

La obra consta de un prólogo, 24 capítulos y reflexiones finales. Contiene ejemplos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Perú, Portugal y México, en cuyo caso abarca sistemas de riego de zonas geográficas diferentes, en especial del centro y del norte, donde la disponibilidad de agua es más crítica. Destacaré algunos capítulos interesantes, que por sus aspectos particulares considero son representativos de lo que se ofrece al lector.

El capítulo "Aniegos y agricultura en la parte baja del río Aguanaval", de Carlos Chairez Araiza y Jacinta Palerm, presenta una descripción técnica detallada de las condiciones bajo las cuales se realiza el riego de aniegos, junto con la evaluación técnica y económica de la agricultura que con éste se practica. Por su detalle, sirve como un puente excelente para que disciplinas como la ingeniería entiendan los procesos y los méritos de estos sistemas de riego, en particular, en cuanto al uso eficiente del agua.

En "Organización social para el manejo de jagüeyes: un sistema tradicional para captar el agua de lluvia", Emmanuel Galindo Escamilla atrae la atención de profesionales relacionados con los campos de la limnología y los ecosistemas hacia el estudio de los jagüeyes, que por ser cuerpos de agua muy pequeños con frecuencia son despreciados y, por tanto, poco estudiados en el país. Se resalta la importancia de estos cuerpos de agua para el medio rural; sólo observable desde la perspectiva de las disciplinas sociales.

Tomás Martínez Saldaña, junto con otros autores, escribe en varios capítulos sobre los sistemas tradicionales de riego en la frontera con Estados Unidos, que al principio tantos parecerían innecesarios; sin embargo, todos resultan útiles para armar una visión de conjunto sobre las similitudes en las zonas rurales de ambos países, a pesar de que tanto a los habitantes de uno como del otro lado nos han convencido y acostumbrado a vernos muy diferentes. Lo anterior se explica con claridad en "El riego tradicional en el eriazo norteño mexicano: la expansión de la herencia hidráulica agrícola mesoamericana", "La supervivencia de las acequias. Reflexiones sobre organización y políticas estatales y "La herencia hidráulica del camino real de los Texas".

En "El sistema de jollas, una técnica de riego no convencional en la Mixteca", María Rivas Guevara, Benito Rodríguez Haro y Jacinta Palerm revelan que una forma tradicional de lo que hoy se entiende por cultivos genéticamente modificados de alguna manera ya existían. Al mencionar que, por un lado, la producción en jollas constituye una técnica sencilla para acumular suelos de arrastre y aprovisionar agua y que, por otro, se desarrollaron maíces de cajete adecuados a las condiciones generadas antrópicamente en las jollas. Se muestra cómo en el pasado se hacía un manejo integral y eficiente tanto del agua como del suelo, y que se usaban cultivos adaptados a las condiciones locales (hoy se diría que genéticamente adaptados); dos respuestas que se buscan para atender el problema de la seguridad alimentaria. Asimismo, el capítulo muestra cómo sin haber inventado el concepto de sostenibilidad, ya se aplicaba en el pasado. Hoy nos tocaría hacer un uso más intensivo de todos estos métodos ancestrales de riego, para lograr la "sustentabilidad" que tanto anhelamos.

El capítulo "Galerías filtrantes del árido mexicano", de Tomás Martínez Saldaña, Cristina Martínez y Herbet Easling Mackintosh, llamó mi atención por la descripción de métodos sencillos para emplear el agua en forma eficiente en las zonas rurales, y que pueden usarse para resolver muchos de los problemas que plantean incluso los escenarios de cambio climático. Y también porque menciona las galerías filtrantes, un sistema que tuve la oportunidad de visitar en Omán. Después de admirar sus ventajas, los expertos de países desarrollados —que quedaron impresionados por su simplicidad y eficiencia— se dirigieron a los de naciones en desarrollo, para repetirnos en correcto inglés no sólo lo que ya habíamos escuchado y conocido por muchos, sino también para recomendarnos las galerías, que ya se usan en nuestros países. Quedó claro que sólo los expertos de naciones desarrolladas pueden encontrar y recomendar muchas de las soluciones que buscamos, aun cuando ya las conozcamos y usemos. Aquí se reafirma la importancia de conocer nuestras tecnologías, valorarlas y aprender a promoverlas, sin esperar a que otros nos traigan las soluciones. La importancia de la cooperación sur-sur quedó también manifiesta.

Así, aniegos, jagüeyes, acequias, jollas y todos los demás sistemas ancestrales de riego que contiene el libro se presentan como formas para usar el agua con eficiencia, e incluso como medios para evitar el problema grave que para México representa la sobreexplotación de acuíferos.

En resumen, la obra es interesante y recomiendo su lectura, en especial para personas de otras disciplinas, ya que llega en un momento muy adecuado para aportar la información que se busca para encontrar soluciones sustentables y de adaptación local para zonas rurales, ante amenazas como la falta de agua y el cambio climático. Invito a los editores para que en una cuarta etapa promuevan la realización de un texto escrito por profesionales de otras disciplinas, como pudiera ser la ingeniería. Quizá así se logre presentar los riegos ancestrales, como una oferta de soluciones viables para enfrentar los retos hídricos del futuro.

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Reseñas

 

Jacinta PalermViqueira y Tomás Martínez Saldaña, editores (2009), Aventuras con el agua. La administración del agua de riego: historia y teoría

 

Luis Aboites Aguilar*

 

Texcoco, Colegio de Posgraduados, 437 pp.

 

* Investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Correo electrónico: laboites@colmex.mx

 

Primero que nada, una felicitación para Jacinta Palerm Viqueira y Tomás Martínez Saldaña por este tercer volumen o antología que preparan; primero fue en 1997 y luego en el año 2000. En esta ocasión presentan una combinación de textos, que abordan la teoría y algo de la historia de la administración del agua de riego. Este esfuerzo editorial debe verse como una muy buena contribución al enriquecimiento de la discusión sobre las aguas mexicanas; ofrece pistas, datos, referencias, facilita comparaciones y, lo más importante, propicia la reflexión crítica, con mayores y mejores fundamentos. Esto lleva a que todos nos felicitemos porque en México alguien se tome el trabajo de facilitar el acceso a esta clase de materiales. Los editores piensan mucho en los jóvenes estudiosos, algo admirable que todos los veteranos, los de esta generación, deberíamos imitar con igual empeño.

La antología deja ver la formación antropológica de los auto-res, e imagino también que es como material para un curso sobre regadíos en el mundo, una materia por demás útil y elocuente de diversos procesos sociales de México y de otros países. La compilación se divide en tres partes, la primera contiene cinco trabajos sobre la discusión general o teórica relativa al regadío y las respuestas sociales. Encontramos los temas abordados desde hace años por los editores, tales como la relación entre obras hidráulicas y la formación del Estado, el debate sobre la pertinencia de la propuesta de Karl Wittfogel y luego –en un paso metodológico que me sigue costando trabajo entender-la discusión sobre la capacidad de los regantes para construir y administrar distritos de riego de diversos tamaños y grados de complejidad.

La segunda parte consta de seis trabajos sobre aspectos de los regadíos en varios lugares de América Latina. Esta labor de comparación es muy estimulante; ojalá la hiciéramos con mayor frecuencia. Los mexicanos nos hemos creído demasiado aquello de que como México no hay dos y eso nos ha hecho parroquiales, para decirlo como eufemismo. Debo confesar que me emociona mucho ver el uso tan extenso de los materiales del Archivo Histórico del Agua, de cuya (mala) suerte no quiero ni acordarme. También vale destacar el trabajo de Martínez Saldaña sobre el riego en el árido norte. Ojalá pudiera complejizarse en un formato más amplio, que incluyera por ejemplo el regadío por inundación así como el contraste con las zonas agrícolas temporaleras, en las áreas montañosas más altas (quizá superen los 1 500 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Madre Occidental). En esa tarea, la arqueología puede aportar lo suyo. Comparto la conclusión del autor en ese artículo de que "la tercera expansión [sobre el septentrión novohispano], la menos conocida y estudiada, fue la colonización espontánea de campesinos pobres desposeídos, mestizos, indios, mulatos libertos, vagabundos, que se dio desde el principio del proceso" (p. 355). Con ésta, Tomás Martínez se está arriesgando a no ser querido en algunos lugares y por ciertas personas del norte, pues todavía hay quienes suspiran por sus raíces españolas o al menos criollas. Pero otros sí lo querremos. Me extrañó que no citara a Salvador Álvarez (1999), quien hace años publicó en inglés y luego en español un artículo donde propone que, más que la minería, fue el poblamiento agrícola el que abrió paso al dominio español en el septentrión novohispano. A Tomás le agradezco mucho el apartado sobre la misión tlaxcalteca, que ahora es Bustamante, Nuevo León, que tuve la suerte de conocer hace muy poco. Muchos o quizá todos deberían pensar en organizar un viaje a Bustamante, vale la pena, entre otras cosas, por el delicioso pan que se elabora frente a la plaza.

En la tercera parte de esta antología se reproducen documentos ya publicados sobre las organizaciones de regantes, las juntas de agua y sobre la administración de los distritos de riego. ¿Manejo burocrático autoritario vertical, o combinación de esa administración con la de las organizaciones de regantes? Este tema se aborda aquí de diversas maneras. Reproducen para ello tres artículos de la revista Irrigación en México (1930-1946). Cabe destacar que el trabajo del ingeniero Antonio Rodríguez (1944) es un verdadero clásico, que debería reeditarse.

Para terminar, me referiré a tres asuntos. El primero es llamar la atención sobre el descuido editorial del libro, que distrae la atención y hace pensar que el texto vio la luz de forma prematura, que debió contar con una atención más esmerada de parte de los propios editores y correctores de estilo. Espero que no se trate de desamor de los editores por el libro.

El segundo, por suerte, es más afortunado. Jacinta, Tomás y sus alumnos han hecho una contribución muy sólida al estudio del llamado pequeño riego, que por varias razones (que este libro contribuye a aclarar) es muy distinta a la grande irrigación. Pero la publicación sostenida de este tipo de textos hace cada vez más notable una gran ignorancia mexicana: el casi nulo conocimiento del mundo de los distritos de riego, que no ha llamado en serio la atención de los antropólogos ni de los historiadores. Me pregunto por qué. Deberíamos tener diez o más libros como el espléndido de José Luis Moreno sobre la Costa de Hermosillo, un distrito de riego de aguas subterráneas. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué Jacinta, Tomás o sus alumnos no han estudiado a fondo y con todo detalle el funcionamiento de un distrito de los grandes, como el Yaqui, La Laguna, Mexicali o Matamoros?

El tercer asunto es preguntarle a Jacinta por qué no ha escrito un libro sola, sabe tanto que debería trasmitir todo eso de manera ordenada y sistemática. Recuerdo que hace años, muchos ya, viajamos desde Zamora o Guadalajara a la Ciudad de México, y en esa ocasión hablamos de ese libro. La verdad no recuerdo qué dijo. Ahora aquí, de forma pública, le vuelvo a preguntar ¿por qué no escribir un libro por su cuenta y riesgo? Y de que escribe y es buena para escribir, qué duda cabe. Sólo en la introducción cita 15 trabajos suyos. El tiempo pasa, las aguas del mundo y de México empeoran y eso hace más urgente ese libro, nos hace mucha falta. Ya está visto que a mí no me hace caso, ojalá a ustedes sí. Muchas felicitaciones a los editores.

 

Bibliografía

Álvarez, Salvador. 1999. Colonización agrícola y colonización minera: la región de Chihuahua durante la primera mitad del siglo XVIII. Relaciones XX (79): 28-82.         [ Links ]

Arteaga, Luis. 1931. Algo más sobre las agrupaciones de regantes. Irrigación en México 3 (4): 312-319.         [ Links ]

Herrera y Lasso, José. 1930. La política federal de irrigación. Algunos de sus aspectos sociales. Irrigación en México 2 (1): 11-25.         [ Links ]

Moreno, José Luis. 2006. Por abajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosillo, 1945-2005. Hermosillo: El Colegio de Sonora.         [ Links ]

Rodríguez Landeyra, Antonio. 1942. El desarrollo y operación de los sistemas de riego en México. Irrigación en México 23 (4).         [ Links ]

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Reseñas

 

Luis Aboites Aguilar (2009), La decadencia del agua de la nación. Estudio sobre desigualdad social y cambio político en México, segunda mitad del siglo XX

 

Valentina Campos Cabral*

 

México, El Colegio de México, 145 pp.

 

* Investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. Laboratorio de Ecología Política. Antigua carretera a Pátzcuaro No. 8701, colonia Ex-Hacienda de San José de La Huerta, C.P. 58190, Morelia Michoacán. México. Teléfono: (443) 322 2704, fax: (443) 322 2719. Correos electrónicos: vcabral@oikos.unam.mx/valiacc@gmail.com

 

La decadencia del agua de la nación es la obra más reciente de Luis Aboites, consta de cinco capítulos y 145 páginas. Su objetivo es analizar los usos del agua en México durante la segunda mitad del siglo XX, periodo en el que observa la transición del modelo de agua de la nación al mercantil-ambiental.

En él revisa críticamente los puntos de partida de su trabajo anterior El agua de la nación. Una historia política de México,1888-1946 (1998); la visión del Estado mexicano, como una institución capaz de normar el manejo del agua en el país. En el mismo sentido, zanja distancia de lo que califica como visión evolucionista en la transición de modelos de manejo del agua: del de las aguas pueblerinas al de las nacionales, durante el proceso de centralización o "federalización" (pp. 12), y de éste al mercantil-ambiental, durante la implementación del modelo neoliberal. Lejos de este esquema, y a contrapelo de cualquier visión de avance y progreso hacia la modernidad entre un modelo y otro, sostiene que en el siglo XX conviven en tensión o negociación los diversos tipos de aguas.

Como indica en la introducción de El agua de la nación, esta posición se basaba en la comparación y análisis de los resultados de trabajos de investigación que evidenciaban, durante el siglo XIX, la ausencia de la autoridad gubernamental estatal y municipal para regular los usos del agua, a la par del poderío de los empresarios, así como durante la primera mitad del siglo XX, la fortaleza y protagonismo del gobierno federal en situaciones de conflicto, como administrador, regulador, usuario de las aguas nacionales y constructor de grandes obras de riego, de forma que observaba un "cambio notable de la presencia gubernamental en los usos del agua en los siglos XIX y XX", consistente en la centralidad de la autoridad federal para la consolidación legislativa y administrativa de su papel en el manejo del agua (1998, 10-11).

A diferencia de esta obra, y ante la reconsideración y reflexión de evidencias de sus estudios más recientes, en La decadencia del agua de la nación sostiene la insolvencia y debilidad del Estado para imponer reglas para el manejo de las aguas del país en el siglo XX, ante la emergencia y consolidación del modelo mercantil-ambiental del agua.

Este matiz lo desarrolla a partir de la visibilidad de la acción de grupos sociales (oligárquicos o populares) en el mantenimiento de prerrogativas o formas de uso tradicionales del agua, a través de su resistencia a sujetarse al modelo de agua de la nación impulsado, en sus inicios, por la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

En su antigua obra ya reconocía y sugería estos temas para investigaciones futuras, cuando discutía la sobrevivencia de las autonomías locales y la resistencia de diversos sectores sociales del país a someterse a los instrumentos legales y administrativos, que formalizaban la injerencia del gobierno federal en el manejo del agua.

De nuevo, llama la atención sobre la distancia que existe entre el decreto de un reglamento y su apropiación y cumplimiento por parte de los actores, pero ahora lo aprecia no como una situación aislada sino como expresión del comportamiento general del Estado, de las dificultades e incapacidades del gobierno federal para imponer su autoridad.

Así, sostiene, lo que caracterizaría al manejo del agua en el siglo XX es la existencia de un Estado débil para dominar, controlar e imponer las reglas para el uso racional y equitativo del agua en situaciones en las que diversos grupos sociales se resistieron. Este tema lo trata con profundidad en el capítulo dos, "Sociedad poderosa, Estado débil", en el que ejemplifica las relaciones de poder de las oligarquías, que omitían e ignoraban al Estado (empresarios de Monterrey, agricultores ricos, comerciantes y terratenientes de Hermosillo, así como pequeños regantes).

Los modelos que discute el autor, como reconoce, expresan una forma particular de la relación sociedad-naturaleza. Mientras el modelo de agua de la nación se caracterizó fundamentalmente por la definición de la nación como propietaria del agua, la creación de la normatividad y organización para operar lo anterior, y regular los usos de la misma bajo la premisa de que era un factor de desarrollo e instrumento para impulsar la justicia social del país, el eje del mercantil-ambiental –con base en un discurso de escasez, contaminación y deterioro de los ecosistemas-se distingue por la protección ambiental, a través de dos mecanismos: la valoración económica del agua y su inserción al mercado, con la finalidad de racionalizar su uso y contribuir a la protección ambiental.

Las causas que detonaron la transición entre ambos modelos, indica, fueron previas a la emergencia del neoliberalismo, asociadas al cambio de composición de la sociedad mexicana y los procesos de la vida política del país. En primera instancia, la población dejó de ser predominantemente rural, lo que generó necesidades y la diversificación de los usos del agua. El gasto público en las grandes obras hidráulicas, para incrementar la frontera agrícola en riego, dejó de ser la prioridad, lo que se retroalimentó con la dificultad económica del gobierno federal para continuar invirtiendo en ello. Acompañaron a lo anterior nuevos marcos ideológicos impulsados desde instancias internacionales, para reducir el papel del Estado en la economía e integrar el discurso del desarrollo sustentable y la preocupación ambiental.

Como sostiene el autor con los datos recabados y analizados, el modelo mercantil-ambiental pese a los cambios ideológicos (el Estado ya no como inversor sino como administrador y recaudador), normativos (decreto de la nueva Ley de Aguas y su Reglamento) y organizacionales (creación de la Comisión Nacional del Agua) que se echaron a andar en su aplicación, no ha logrado combatir la contaminación, la sobreexplotación y el desperdicio de los recursos hídricos en el país. De hecho, hipotetiza y da evidencia (aunque reconoce que es un tema que requiere mayor profundización) de que la prevalencia del modelo mercantil-ambiental del agua concentrará el acceso al recurso en quien pueda pagarla, sin que esto resguarde o atienda el cuidado ambiental.

En el epílogo, Aboites abunda sobre la inoperancia del modelo; no se ha reducido la sobreexplotación de acuíferos, más bien se ha triplicado, en tanto las industrias siguen sin tratar sus aguas residuales para descargarlas a los ríos, agudizando su contaminación. Las inversiones que dejó de hacer el Estado no se han sustituido por la iniciativa privada. Tampoco el modelo ha generado situaciones de equidad, el acceso al agua se concentra en pocas manos gracias a la venta de los títulos de derechos de uso, incrementando así la desigualdad social.

No obstante la debilidad del poder federal, debe reconocerse que éste fungió –y en muchas ocasiones a petición de las partes– como árbitro eficiente en la resolución de conflictos por el agua, situación en la que se reclamaba una autoridad fuerte. ¿Quién asumirá la autoridad en un escenario en el que conviven las aguas pueblerinas, nacionales y mercantiles-ambientales, y de creciente desigualdad social? Como Aboites reconoce, al menos en el modelo de agua de la nación había evidencias concretas de las acciones de gobierno (presas, canales y pozos), pero ahora incluso instancias internacionales llaman la atención sobre los resultados y limitantes de un modelo que no ha paliado, tampoco ha combatido la contaminación y sobreexplotación de acuíferos, no ha atraído inversión privada para compensar la disminución de la gubernamental, ni mejorado la recaudación y cobranza. Ante esta desoladora situación, el autor aclara que no se pugna por una vuelta al pasado, sino por recuperar los temas del agua como un asunto de gobierno en donde el Estado, en lugar de escudarse en las variables que no puede controlar, se concentre en mejorar la recaudación –lo que traería a la mesa de discusión el replanteamiento de los privilegios fiscales a los empresarios agrícolas e industriales– así como en la inversión en materia de aguas.

Vale la pena preguntarse si la aseveración tajante de la debilidad e incapacidad del Estado, para el manejo del agua, no es igualmente radical que su afirmación anterior sobre su fortaleza y poderío para la incorporación –no armónica– de las aguas pueblerinas a las aguas de la nación. ¿No ocurrirá que ambas situaciones se producen en función de que pese a su prominencia –real o perdida– o debilidad, al final el gobierno federal era y es un actor más, partícipe de las relaciones de tensión, negociación, consenso y conflictos entre el resto de actores del campo social y político, surgidos a partir de la distribución del agua? Esto podría explicar las dos situaciones presentes ante su intermediación con dos tipos de sujetos sociales a los que aparentemente regulaba. Para los oligarcas, el Estado existió y se respetó en tanto fue una fuente de recursos para la creación de infraestructura que beneficiaba sus procesos productivos, pero era ignorado cuando éste buscaba regular los usos del agua ante el incumplimiento de la ley. En el caso de los campesinos, el Estado existió cuando los dotó de tierras y agua, incluso demandaban su participación en la lucha y defensa del agua en casos de disputa con actores poderosos, pero también decidieron obviarlo cuando aquél les reconocía derechos disminuidos en relación con los adquiridos por el uso ancestral de su territorio, o cuando les impedía gestionar el agua en función de acuerdos y normas locales.

Para finalizar, es relevante recuperar algunas de las sugerencias y convocatoria a los investigadores sobre los nuevos pendientes y líneas de investigación: a) la coexistencia de las aguas pueblerinas, de la nación y el modelo mercantil-ambiental; b) el desempeño gubernamental y de los actores sociales en tal escenario; c) los procesos de acaparamiento de agua en manos de quienes tienen la capacidad de adquirir, en los mercados de agua, los derechos de uso o, como indica, los modos de apropiación oligárquica del recurso, en el campo y la industria y d) la insustentabilidad ambiental y social del modelo de aguas mercantil-ambiental.

Más allá de las aportaciones del libro, así como de las líneas de investigación que apunta, conviene reconocer y recuperar la actitud del investigador de regresar a sus ideas y escritos previos con una mirada autocrítica, construir una visión alternativa de los procesos históricos bajo su observación, a partir de premisas distintas.

 

Bibliografía

Aboites Aguilar, Luis. 1998. El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.         [ Links ]

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Artículos

 

Diluvios de grandeza: agua, territorio y poder en el río Mayo en el noroeste de México, 1880-1910*

 

Jeffrey M. Banister**

 

** Southwest Center and School of Geography and Development, University of Arizona Tucson, EE UU. Correo electrónico: banister@email.arizona.edu

 

Resumen

El actual distrito de riego 038 o valle del Mayo, que forma parte del espacio de riego del noroeste de México, surge de luchas históricas por construir un orden oficial en un mundo diverso de signos, símbolos, procesos, lugares y personas. Es el hogar ancestral de los yoremes (mayos), un grupo indígena para el que la colonización y el desarrollo agrícola han significado la pérdida de autonomía y de la movilidad estacional que requieren para subsistir en un terreno árido. Es el lugar donde nació el presidente Álvaro Obregón, otrora productor de garbanzo, que transformó las prácticas de riego de fines del siglo XIX en las leyes e instituciones para la administración del agua del siglo XX. Reconfigurar el territorio con el fin de centralizar ("federalizar") los recursos hídricos ha probado ser excesivamente difícil en la zona del Mayo, pero esto fue así en particular al inicio del proceso de federalización, una época de modernización dinámica bajo la dirección del presidente Porfirio Díaz (1876-1910). La investigación sobre la política hidráulica de México, con algunas importantes excepciones, ha tendido a enfocarse en la centralización. Los estudiosos le han prestado menor atención a los momentos y lugares en los que el agua escapa al control de las autoridades. Este trabajo explora la importancia de la administración del agua (y más ampliamente la formación del Estado) a finales del siglo XIX, en vísperas de la Revolución Mexicana de 1910, como una serie continua, siempre incipiente de derechos y proyectos relativos a las tierras. Entender las debilidades e incompetencias de dichos proyectos ofrece un discernimiento crucial acerca de la política hidráulica posrevolucionaria o contemporánea.

Palabras clave: administración del agua, territorialidad, geografía política, formación del Estado, porfiriato, espacio, poder, México.

 

Abstract

Northwest Mexico's irrigation area, part of which is known today as Irrigation District 038, or El Valle del Mayo, arises from historical struggles to build an official order within a diverse realm of signs, symbols, processes, places, and peoples. It is the ancestral home of the Yoreme (Mayo), an indigenous group for whom colonization and agricultural development have meant the loss of autonomy and of the seasonal mobility required to subsist in an arid land. It is also the birthplace of President Álvaro Obregón, a one-time chickpea farmer who transformed late-19th century irrigation praxis into the laws and institutions of 20th century water management. Reshaping the area in order to centralize ('federalize') water resources has always proved exceedingly difficult in the Mayo. This was particularly so in the beginning of the federalization process, a time of aggressive modernization under the direction of President Porfirio Díaz (1876-1910). Research on Mexican water politics and policy, with some important exceptions, has tended to focus on the scale and scope of centralization. Scholars have paid less attention to the moments and places where water escapes authorities' otherwise ironclad grasp. This article explores water management (and state formation more broadly) in the late 19th century, on the eve of Mexico's 1910 Revolution, as an ongoing, ever-inchoate series of territorial claims and projects. Understanding the weaknesses and incompleteness of such projects offers critical insight into postrevolutionary and/or contemporary water policy.

Key words: water management, territoriality, political geography, state formation, Porfiriato, space, power, Mexico.

 

Introducción

El actual distrito de riego 038 o valle del Mayo, que forma parte del espacio de riego del noroeste de México, surge de luchas históricas por construir un orden oficial en un mundo diverso de signos, símbolos, procesos, lugares y personas. La cuenca baja del río Mayo se encuentra en la región sudoeste del estado de Sonora, como a una hora en automóvil al norte de la frontera con Sinaloa. Donde otrora abundaban los bosques de sahuaros y matorral espinoso de desierto costero, ahora hay una geografía fragmentada de canales, parcelas, pueblos y caminos. Permanecen tan sólo unas cuantas áreas aisladas cubiertas de matorral espinoso. Este es el hogar ancestral de los yoremes (mayos), un grupo indígena para el que la colonización y el desarrollo agrícola han significado la pérdida de autonomía y de la movilidad estacional que requieren para subsistir en un terreno árido. La federalización del río Mayo y su cuenca –una superficie de aproximadamente 11 mil kilómetros cuadrados– se encuentra entrelazada con este proceso. Aquí exploramos etapas tempranas de la propuesta continua por conjurar y controlar un territorio hidráulico federal. El trabajo inicia en la década de 1880, con los esfuerzos militares por realizar levantamientos, distribuir y poblar el terreno y concluye alrededor de 1910, cuando el desencanto generalizado con el régimen del presidente Porfirio Díaz hizo que muchos mexicanos, incluso los yoremes, contemplaran la idea de una revuelta. El valle del Mayo es un punto de singular importancia para rastrear las raíces del ejercicio contemporáneo de la administración del agua. Allí, en las articulaciones más tempranas entre la producción de cultivos de exportación y programas para representar y volver a crear el territorio nacional, se elaboraron muchas de las bases de un México moderno y de riego. Lugar de nacimiento del presidente Álvaro Obregón, productor de garbanzo que, junto con su sucesor Plutarco Elías Calles, intentó convertir la práctica de riego pre-revolucionaria en las leyes e instituciones para el manejo del agua después de la Revolución (Aboites 1998). Entonces, la siguiente es, en parte, una 'descripción amplia' (Geertz 1973) de las modalidades pre-revolucionarias del control del agua, políticas hidráulicas y desarrollo y, en parte, una 'descripción fina' (Marcus 1998) de sus articulaciones y tensiones con la centralización de los recursos, en términos más generales. Este trabajo termina con un comentario sobre las similitudes del contexto pasado y presente de las reformas neoliberales, para descentralizar la administración de los recursos hídricos.

Reconfigurar el territorio con el fin de centralizar ('federalizar') los recursos hídricos ha probado ser excesivamente difícil en la zona del Mayo, en particular fue así al inicio del proceso de federalización. Para los yoremes, el ritmo de la vida cotidiana tenía sus propios patrones bien sabidos, que giraban en torno a ciclos de avenidas y sequía que afectaban continuamente a la región. El sur de Sonora es el blanco de los ciclones de la costa del Pacífico, procedentes del centro y sur de México a finales del otoño e invierno, en su trayectoria al norte (Blake 1935). La articulación de una variabilidad climática extrema, las prácticas históricas de subsistencia y las obras hidráulicas modernas con frecuencia exacerban los esfuerzos por crear una hegemonía federal duradera. El análisis se centra en las implicaciones de esta tensión para la formación del Estado a principios del periodo moderno, y recibe vagamente información de dos tendencias teóricas. La obra de Pierre Bourdieu sobre el 'capital simbólico' le proporciona información a la primera, dicho capital simbólico se refiere a determinados bienes (físicos, sociales, culturales) que los 'agentes sociales' reconocen de una forma reflexiva, valoran o se identifican con ellos. El reconocimiento depende de 'categorías de percepción' particulares, que a su vez, se basan en nociones binarias de diferencia u oposición –por ejemplo desarrollado/no desarrollado, culto/inculto, moderno/atrasado. Bourdieu (1998) argumenta que el arte moderno de gobernar opera en parte como una fuerza para inculcar los así llamados "principios duraderos de visión y división".

Los grandes planes cartográficos y de distribución de las tierras del México del siglo XIX constituyen el inicio de un aparato federal para elaborar y difundir dichos principios y prácticas de visión. Mediante éstos, el paisaje de riego asumiría determinados elementos de la rigidez geométrica cartesiana, observados en las representaciones de los cartógrafos. De manera semejante, las subcategorías modernas que autorizan la intervención oficial en la vida y paisajes produjeron efectos duraderos, aunque complicados. La política hidráulica contemporánea es a la vez un medio para comprometerse con estos efectos y enterrarlos. El 'usuario del agua' actual, por ejemplo, enmascara el acceso desigual y las desigualdades, tal como 'los pequeños agricultores' de ayer encubrían las relaciones de poder que sustentaban los monopolios de la tierra y del agua. La rigidez de las categorías y principios de división modernos también contrastaban con las prácticas territoriales de antes, basadas en ajustes constantes a la dinámica cambiante del río. Y aquí, la lente de Bourdieu pierde foco. ¿Cómo debemos captar la relación entre esos principios modernos de visión, el funcionamiento real de la burocracia hidráulica emergente y la plasticidad desafiante de las relaciones sociales humanas?

Para este segundo eje de indagación, nos basamos en Gilles Deleuze y Félix Guattari (1987) quienes argumentan a favor de un análisis especial del arte de gobernar que sea sensible a ambos, las fuerzas y los flujos que contiene y lo que se le escapa. Como conjunto de valores, visiones y prácticas territoriales, la 'modernidad' requirió distanciarse del mundo primitivo que la precedió. Sin embargo, la producción agrícola moderna nunca hubiera sobrevivido durante esos primeros años, si no hubiera sido por el genius loci –espíritu protector– de aquellos que vinieron de un mundo menos que moderno. El ejercicio de poder sobre el agua se caracterizó, y siempre ha sido así, tanto por lo que se escapaba de la comprensión de los expertos, como por lo que ellos podían captar. Las lealtades y alianzas estaban en flujo constante, al igual que las avenidas –y en cierta medida, las sequías– que de manera consistente apresuraban el paso del cambio social y político. Ser un buen sujeto del Estado en un momento podría articularse perfectamente con las expectativas de los terratenientes o accionistas de las nuevas empresas de riego, que estaban constituyéndose en el río Mayo. Estas dos posturas podían estar totalmente en desacuerdo. Aquí se aborda 'el Estado' como un efecto de los proyectos y prácticas humano-territoriales en curso y muchas veces más bien rutinarios (Mitchell 1999; Painter 2006). El resultado es una relación de la formación del Estado del porfiriato1 como un conjunto de proyectos nacionales-territoriales con frecuencia inestables, para recalibrar las lealtades políticas hacia un punto central, la Ciudad de México, y una burocracia hidráulica emergente. De manera paradójica, la expresión más completa de este proyecto, de la creación de 'sujetos hidráulicos' dispuestos, no se lograría sino hasta unos años después de la Revolución Mexicana (Almada 1993; Banister 2010).

 

Nuevos 'principios de visión': violencia, cartografía y reforma agraria

El río Mayo abarca 350 kilómetros desde su nacimiento, en el estado de Chihuahua, hasta la planicie costera de pendientes suaves en el sur de Sonora. Al seguir su cauce, desde la Sierra Madre Occidental al mar, el río corta a través de diversos ecotonos, que van desde bosques frescos de pino/encino y bosques secos deciduos, hasta matorral espinoso costero desértico de cactáceas columnares y bosques de mezquite, para desembocar en los estuarios recubiertos de manglares del mar de Cortés, ahora sobrecargado con agroquímicos y desechos no tratados.2 La precipitación pluvial anual promedio es de 1 000 mm en la Sierra Madre Occidental, y desciende a sólo 277 mm en la costa sonorense; la mayor parte ocurre durante el verano, pero los ciclones de otoño e invierno pueden traer consigo grandes lluvias, conocidas en la región como equipatas, que pueden producir inundaciones severas. Desde su embalse, a mediados de la década de 1950, se calcula que el caudal anual medio del río es de 875 millones de m3, a veces llega a mucho más de 2 000 m3 (en especial durante las lluvias fuertes de invierno) o baja a menos de 500 m3.

Las 95 mil hectáreas de riego del distrito suman en conjunto unos 11 mil usuarios de agua. Los ejidos que surgieron con la reforma agraria, la mayoría creados después de la Revolución de 1910, controlan hoy en día, al menos en papel, 70 por ciento de este terreno de riego. Los agricultores privados detentan o arriendan el restante 30 por ciento. De estos 11 mil usuarios registrados, en realidad 3 500 producen en un año dado. Las entrevistas con los funcionarios del distrito, los grandes terratenientes y ejidatarios, junto con datos de permisos para las cosechas y derechos de agua, sugieren que los productores que controlan más de cien has, y en algunos casos, bastante más de mil, en gran parte dominan las políticas de los derechos de agua en el valle. Dada la variabilidad extrema del valle del Mayo, las políticas hidráulicas con frecuencia involucran crisis y caos.3 Lo que es muy importante para esta discusión es que muchos de estos intereses agrícolas contemporáneos son parte de las dinastías familiares originales, que se beneficiaron de la parcelación y la privatización de los terrenos en el siglo XIX.4

Las raíces de la disparidad actual, por lo tanto, penetran a fondo en el firmamento histórico de la región (Almada 1993; Hewitt 1988; Sanderson 1981). El empuje coordinado centralmente para parcelar terreno y colonizar los valles del sur de Sonora (el del Yaqui, que tiene una extensión mucho mayor, se encuentra justo al norte) inició en gran medida a finales de la década de 1880. Por indicaciones del presidente Díaz, el gobierno mexicano aceleró el paso, que antes estaba rezagado, de la exploración y colonización (interna) en toda la nación, en particular en la zona costera del noroeste. Al igual que en el estado de Chiapas (en el sur de México), en Sonora, "el régimen liberal y la lógica local de la producción relativa a las tierras" (Bobrow-Strain 2007) empezó a articularse en formas que sentarían las bases de las políticas de desarrollo y recursos del siglo XX. Sin embargo, debe tenerse en mente que mientras que algunos elementos de los "principios de visión y división" del porfiriato comprobarían ser duraderos –por ejemplo la privatización e híper fragmentación de la tierra– nunca se han expresado en formas tan obvias o directas.

Para 1887, las tropas, los cartógrafos militares y terratenientes empezaron a llegar en grandes cantidades al valle bajo los auspicios de una campaña, para parcelar y otorgar escrituras para las tierras indígenas. El coronel Agustín Díaz, jefe de la Comisión Geográfica-Exploradora de México (CGE) y su ramal, la Comisión Científica de Sonora (CCS), opinaba que la "verdadera geografía podría llevarse a cabo solamente una vez que se hubiera concluido una cartografía [nacional]."5 Fue una aseveración reveladora, ya que los mapas militares fueron parte integral para transformar el territorio nacional, más que meramente interpretarlo o representarlo (Craib 2004). Los cartógrafos trabajaron en el sur de Sonora para crear un simulacro de escrituras de tierras y propiedad privada, en una región en la que los linderos se habían marcado por prácticas como: caminar y recolectar, plantar y cazar y en canciones (Radding 1997). En contraste, la nueva visión plasma en papel esta forma cinética de territorialidad con pequeñas parcelas fijas y una cuadrícula rígida de campos y canales. Los yaquis y mayos unieron fuerzas y se resistieron fieramente librando una guerra de guerrillas por más de una década. Pero las tropas federales ganaron debido a su superioridad de armas y número de combatientes y, cuando menos, para 1890, en el valle del Mayo, la hoguera de resistencia indígena había sido reducida a unas cuantas brasas diseminadas (Almada 1993; O'Connor 1989; Spicer 1992).

Los topógrafos y terratenientes privados podían empezar ahora a transformar un espacio moderno de riego. En unas cuantas zonas, lo que más bien eran aglomeraciones dispersas de viviendas de los yoremes, en los mapas federales se convirtieron en nuevas colonias agrícolas: Etchojoa, Cohuirimpo, San Pedro y Santa Cruz de Huatabampo (véase figura 1).6 Estas colonias comprendieron grandes polígonos de 7 597 ha, subdivididas en 'zonas' de 303 ha (25 por colonia); cada una contenía 100 parcelas de un poco más de 3 ha. La CCS requirió que los indígenas 'jefes de familia' se inscribieran a fin de recibir una pequeña parcela.7 En otras palabras, los habitantes históricos del valle se habían convertido en 'colonos' de su propia tierra. Los jesuitas habían intentado una reconstrucción semejante de personas y territorio menos de dos siglos antes. En contraste, los colonos no indígenas recibieron tierras supuestamente por "los beneficios que producen [...] los servicios que proporcionan, [y] las industrias que establecen" (Doc. 9., 65). Estas últimas tendían a estar relacionadas de una forma u otra con la elite regional involucrada en actividades mineras para la explotación de plata, que databa del periodo colonial (Almada 1993; Ruiz 1988). Los mapas publicados en 1888 contenían varias sociedades agrícolas de gran tamaño que llevaban el nombre de las elites de la región; son islas en un mar de pequeñísimos cuadros de parcelas de subsistencia.

La cartografía del porfiriato constituyó un esfuerzo vigoroso por borrar la memoria histórica y geográfica, suplantándola con una vista moderna panóptica del paisaje. En la práctica, esto significaba sustituir un léxico más antiguo de lugar con una toponimia ajena de límites, fronteras y barreras. En el poblado de Tórim –la zona en territorio yaqui en la que la Comisión había establecido su sede– el coronel Díaz instó a sus topógrafos para "designar de inmediato los nombres [...] de los asentamientos, de manera que aparecieran en planos, registros, escrituras [y] mojoneras [sin despertar] la memoria de acontecimientos pasados". Destruir o cambiar la posición de estas mojoneras nuevas podría acarrear castigos severos. Luego, la pacificación y asimilación de los indígenas se vislumbró tanto en función de la 'posesión legítima' (ser propietario de una pequeña parcela individual) como para recortar antiguas imágenes espaciales de un paisaje cargado de significado y marcado por la práctica humano-territorial (véase figura 2). Pero las parcelas privatizadas apenas tenían sentido en un lugar en el que el agua reconfiguraba constantemente el suelo en ciclos caóticos. Así, para los que permanecían aún impasibles ante las tan alabadas perspectivas de la agricultura comercial, 'el desarrollo civilizador' requería también "puntos militares [de control] [...] para asegurar la tranquilidad de aquellas tribus e impedir que los salvajes continuaran sus redadas en aquellas zonas" (Doc 9.).

Las imágenes espaciales antiguas resultaron difíciles de borrar.8 Una cosa era describir un paisaje humano-agrícola unidimensional en papel, y otra totalmente diferente hacer levantamientos y redistribuir terrenos que ya estaban ocupados, para reducir un historial de prácticas heterogéneas imprecisas de cultivo en las parcelas ya delimitadas, en las márgenes de un río que cambiaba con rapidez. Las visiones de rigidez y previsibilidad geométrica que acompañaron a la distribución de tierras del porfiriato pronto produjeron sus detractores, excepto que ahora, con la nube de violencia militar cerniéndose sobre la región, la resistencia franca parecía cada vez más fútil. En su lugar, muchos indígenas empezaron a disputar el proceso de parcelización en sí, como a buscar ventajas en el mismo, a veces de manera simultánea. Estas dos tácticas podían funcionar una tras otra, y los yoremes reclamaban los terrenos en los que habían residido y trabajado desde 'tiempos perdidos en la historia', como ha argumentado el historiador Gustavo Lorenzana Durán (2001). Sin embargo, aquí se percibe también un cambio lento en las relaciones entre el Estado mexicano y sus posibles sujetos, a medida que las luchas respecto a la llanura de inundación empezaron a expresarse dentro de una "jerga del gobierno" (Bobrow-Strain 2007).

Aquellos yoremes que intentaron confrontar a las autoridades directamente aseveraban poseer 'primordiales' o 'testimonios', comprobación verbal y escrita de sus propiedades. En sus primeros in-formes oficiales, el jefe de la Comisión, Agustín Díaz, afirmó que los indígenas se le acercaban con regularidad, intentando reafirmar sus derechos históricos con respecto a un determinado pedazo de tierra, aunque los límites estaban en cambio continuo casi en todas partes de la llanura del río. Él replicaba aseverando que los derechos se referían sólo a áreas que se encontraban fuera de la zona objeto de desarrollo. Díaz también pensó que las escrituras 'primordiales' apoyarían aun la división gubernamental de las tierras en cuatro colonias agrícolas (Doc. 9). De acuerdo con Deleuze y Guattari (1987), aquí había dos enfoques opuestos en lo que se refiere al territorio: uno de linealidad, compartimentos y contenedores y otro de circularidad, conexión y flujo. En las ocasiones en que los indígenas siguieron los procedimientos apropiados recibieron algún tipo de documento formal, e inscribieron sus nombres en los planos, no se consideraron sus antiguos derechos de uso de las tierras y el agua, o se les otorgaron fácilmente derechos prioritarios a los más privilegiados.

A pesar de muchos contratiempos, la Comisión dejó un legado decisivo. El primero, y más importante, en virtud de un proyecto territorial con frecuencia violento, crearon las condiciones necesarias para lanzar una producción capitalista de exportación agrícola. A través del tiempo, las familias propietarias de grandes extensiones de terreno dominarían porciones aún más extensas de la llanura de inundación, mediante obras de riego y el control subsiguiente de los medios de producción más importantes de la región, el agua (este proceso es el punto central de las secciones siguientes). En segundo lugar, la Comisión sentó las bases para inculcar y mediar, al estilo Bourdieu, una visión centralizada, estadista de la administración del agua. Los funcionarios federales a partir de entonces reclamarían para sí la capacidad de crear categorías, describiendo la forma en que se negociaría esa visión. Eran muchos los mapas, dibujos y planos que debían de poseer los regadores a fin de justificar sus derechos. Sin embargo, la volatilidad del Mayo también significaba que era extremadamente difícil regular el agua y mediar las luchas respecto a su uso.Y, sin embargo, el conflicto, tal como lo encontró Bobrow-Strain (2007) en Chiapas, se "articulaba de manera creciente mediante la jerga del gobierno."

En tercer lugar, varios de los técnicos y militares, que se movían por las filas de la CGE/CCE, o quienes de una forma u otra estaban involucrados en la distribución de tierras del porfiriato, pasaron también a desempeñar papeles de gran importancia en el establecimiento de las empresas agrícolas y de riego, que dominaron los recursos del valle hasta principios de la década de 1930 (Aguilar Camín 1977; Almada 1993). En cuarto lugar, la distribución de tierras del porfiriato sentó las bases de lo que después se convirtió en un eje central en la producción de una diferencia socio-espacial, de conflicto étnico y de clase: la bifurcación de las relaciones entre territorio y agua entre los latifundios y minifundios. Después de la Revolución, los primeros gozaron de acceso a créditos privados y tuvieron libertad para formar cooperativas de compradores, lo que redujo ampliamente los costos de los insumos y creó economías de escala. Esto a la vez los posicionó para aprovechar al máximo la expansión del riego dirigida por el Estado, que siguió a la Revolución. El sector de los minifundios-ejidos, mientras tanto, siguió dependiendo de fuentes oficiales para créditos, insumos y se encontraba atado a ligas agrarias oficiales y al partido político que gobernaba. El sistema ejidal permanece, pero ha sido prácticamente anulado por la política agrícola y fuerzas económicas mayores, en particular desde la década de 1970 (Hewitt 1988; McGuire 1986; Sanderson 1981). No obstante, a través del tiempo, los dos sectores se volvieron cada vez más antagónicos y mutuamente constitutivos.

Por lo tanto, las comisiones pusieron su mayor esfuerzo para darle un carácter racial y reordenar el espacio tanto en papel como en el terreno. Al hacerlo, establecieron un marco conceptual y material laxo en el que descansaría el ejercicio posrevolucionario del poder sobre el agua y la tierra. En lugar de establecer simplemente cimientos uniformes para un desarrollo posterior, el reparto del porfiriato inició el ensamblaje de cosas, procesos, personas y lugares dispares que constituyen el actual distrito de riego 038. Con su mosaico dispar de parcelas, una red dendrítica de canales antiguos y nuevos y su mezcla de pequeños ejidos y grandes campos de cultivo, poco se parece a la cuadrícula 'legible' (Scott 1998) idealizada por la cartografía de fines del siglo. Un estudioso de la historia de la región, Gustavo Lorenzana Durán, sugirió que en contraste con el distrito del valle del Yaqui,el plan federal general para el sur de Sonora nunca se materializó en el río Mayo. De manera semejante, a pesar de los esfuerzos de varios ingenieros gubernamentales, la regulación centralizada del agua siguió siendo un sueño distante.9 Sin embargo, permanecen aún elementos de esa moderna "epistemología de la cuadrícula" (Dixon y Jones 1998).

 

Empresas de riego y la reconfiguración del espacio de la llanura de inundación

Poco después del reparto, el régimen porfiriano creó una estructura legal para alentar la construcción de obras hidráulicas, y estimular el desarrollo de la agricultura privada. Esto, a su vez, detonó un nuevo conjunto de luchas entre los intereses emergentes relativos a las tierras. El capital que activaba la transformación provenía en gran medida del poblado colonial minero de Álamos, en las faldas de la Sierra Madre Occidental, a 50 kilómetros al este del valle. Mientras tanto, también se habían implantado nuevas tecnologías para "acortar distancias" (Scott 2009), que conectaban al centro de la nación-Estado con su periferia en desarrollo. Para 1907, el ferrocarril Sud Pacífico enlazaba a Navojoa, el polvoroso centro agrícola del Mayo, con Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Las líneas de telégrafos también comunicaban a la región con la capital del país. Era igual de importante que las tropas federales habían entorpecido a la resistencia indígena (Zamorano 1985).10 Las elites regionales aseveraban entonces que "los indios mayo son dóciles y trabajadores; están convencidos [ahora] que sus levantamientos contra el gobierno son inútiles y muchos cultivan ahora las tierras que les fueron otorgadas por la nación como colonos" (García y Alva 1907).

La ampliación del mercado internacional para productos agrícolas –en este caso, garbanzo– fue también rápida. Para satisfacer la demanda, entre 1902 y 1910 se constituyeron casi 20 empresas de riego, cada una con su sistema propio de un canal primario y otros laterales. Así, la primera transformación a gran escala de la llanura de inundación ocurrió bastante rápido, trayendo consigo el 'endurecimiento' del espacio hidráulico y de las relaciones sociales hidráulicas. Las obras de riego y defensa contra las avenidas pronto partieron las tierras más accesibles convirtiéndolas en rebanadas semejantes a fragmentos, mientras que se formaron bermas y muros de contención para almacenar agua y proteger los campos. Para 1910, la producción de garbanzo en los municipios de Huatabampo y Etchojoa había alcanzado 10 500 toneladas, valuadas en cerca de un millón de pesos (Lorenzana Durán s/f). Además, cada año, desde 1902 hasta 1916, el cultivo de garbanzo cubrió una superficie promedio de 20 mil ha o aproximadamente 60 por ciento del total de hectáreas de riego de entonces (Mange 1934). El garbanzo era ahora el rey y la búsqueda de su rentabilidad "dio nacimiento [a un] complejo agroindustrial de productores, banqueros, transportistas y [...] un ejército de trabajadores [indígenas]" (Ruiz 1988).

El establecimiento de una agricultura moderna en los valles del sur de Sonora había evolucionado, como el corolario espacial de un ideal que había permanecido allí por mucho tiempo. Desde la Independencia (1821), los pensadores liberales y políticos de México habían alentado la formación de una ciudadanía de pequeños agricultores (Córdova 1973; Kroeber 1994). La articulación local de esta visión con relaciones capitalistas de producción divergió significativamente del ideal original. Para cada yoreme que había obtenido la escritura para una parcela de tres a cuatro hectáreas, era cada vez más difícil competir con el número creciente de empresas y sus canales para agua de riego. Los accionistas adinerados de estas empresas estaban extremadamente ansiosos por satisfacer sus requisitos de agua, pero, claro está, por una cuota. En otras palabras, estas asociaciones agrícolas modernas eran plantaciones intensivas, a la vez que empresas de servicios de recursos privados. La idea del cultivo intensivo y molienda de granos, de hecho, se había establecido en el valle ya a principios de la década de 1830, época en la que los gobiernos municipales controlaban, en gran medida, la asignación de las aguas superficiales (Lorenzana Durán s/f).11 Esto cambió de manera dramática con la Ley del 5 de junio de 1888, que facultaba al gobierno federal a reglamentar el uso de las "rutas generales de comunicación", tales como "los ríos flotables y navegables", los esteros y lagos que conectaban a los estados o que servían de límites territoriales federales (Aboites 1998). Las elites regionales, como el gobernador de Sonora, Rafael Izábal, consideraban que la ley era una usurpación de la autoridad local. Sin embargo, la Ley del 6 de junio de 1894, que autorizaba al gobierno federal a otorgar y reglamentar las concesiones del agua, dejó en claro la condición federal del río Mayo (Lorenzana Durán s/f). En lugar de consejos municipales, la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria aprobaría ahora concesiones de aguas superficiales, en su mayoría solicitadas por empresas de riego bien capitalizadas. Después de algunos años e incontables trámites formales, estas concesiones se convertirían en activos comercializables por particulares. Las empresas de riego emergieron entonces como una forma para volver a articular las prácticas históricas de la asignación de recursos y, mediante ello, la relación entre los terratenientes, trabajadores indígenas y las organizaciones federales nacientes. Muy pocas veces, si existió alguna, hubo una forma sencilla de poner los 'elementos de riqueza' a disposición de los indígenas arrepentidos. Este discurso paternalista –la promesa de una mejor vida mediante el desarrollo agrícola– de hecho tendía a autorizar exactamente lo contrario.

La mayor y más influyente de estas empresas fue la Compañía Agrícola del Río Mayo o CARM, y Ángel Almada, su fundador, personificó el movimiento de capital desde la sierra hasta el mar y de minería a agricultura, que financiaba más a la producción de exportación. Almada venía de una familia prominente de Álamos con amplios intereses, desde la minería y la banca, hasta el comercio mercantil.12 Ángel Almada y sus contemporáneos distinguieron entre indígenas dóciles y rebeldes, dándole vida nueva a la narrativa del desarrollo regional implantada por los misioneros jesuitas (Almada 1993; Spicer 1992). Los indígenas eran claros 'obstáculos al progreso' y el papel de las empresas de riego fue mostrarles qué podía lograrse a través del 'trabajo' arduo.13 Después de haber 'adquirido' la mayor parte de los mejores campos de la llanura de inundación del Pueblo San Pedro de los 'antiguos poseedores', los abogados de Almada en la Ciudad de México presentaron la empresa ante las ansiosas autoridades como el ejemplo que deberían seguir los indígenas. Transformar un supuesto objeto natural (la llanura de inundación) fue equivalente a convertir un mundo subdesarrollado en una utopía exuberante y a sus habitantes en productores dóciles. En otras palabras, la nueva territorialización del espacio de la llanura de inundación venía aunada a un propósito tanto didáctico como explícito de desarrollo. Aquí se vislumbra una visión hegemónica del mundo que estaba fraguándose desde hace mucho, a medida que los impulsores retrataban al sur de Sonora como una 'región' de potencial no logrado. Crear una forma nueva y prosperidad nueva significaba la búsqueda agresiva de las bondades naturales del valle y de mano de obra masculina y trabajo arduo.14 El hecho de que la llanura de inundación fue ya en parte, un reflejo del trabajo humano estaba simplemente fuera del ámbito de las posibilidades. Al igual que en el caso de la CARM, la mayor parte de las solicitudes subsiguientes de agua vinieron formuladas dentro de expresiones de inquietud por el bienestar de los indígenas, haciendo eco del discurso oficial que racionalizaba el mapeo militar y la redistribución de las tierras. Lo que es más importante aún, enmascaraba las ansiedades oficiales.

En 1902, Almada obtuvo una concesión por una dotación de 10 m3/s de agua para el riego de unas 2 mil hectáreas. Al igual que con todas las concesiones, y como oda al Estado de derecho que prevalecía en teoría, se le pidió a él y a sus abogados que presentaran la escritura de las tierras de riego otorgada por las comisiones cartográficas. Las investigaciones posteriores a la Revolución revelaron que jamás se presentaron muchos de estos documentos.15 Además, la División de Aguas de Fomento no impuso un plazo fijo y no hizo referencia a los cambios estacionales en el caudal. Entonces, en lugar de ser un derecho de uso, de hecho constituyó la propiedad privada del agua y, con ello, el control de las tierras.16 Con la CARM y otros proyectos, las obras de los canales construidos de piedra, ladrillos quemados y mortero de cal empezaron a estriar la llanura de inundación, corriendo en todos los sentidos, sobresaliendo o entrelazándose con los paisajes más evanescentes de los diques de madera, vertederos de maleza y estanques someros que marcaban una territorialidad indígena anterior, más resistente.

La intervención federal durante este periodo tiene poco sentido al observarse fuera del ámbito de las conexiones y el padrinazgo político, como un simple asunto de documentos y leyes. Para 1910, Fomento había repartido casi 80 m3/s de agua a casi veinte empresas. Esto representaba de 65 a 75 por ciento del caudal máximo durante la temporada de lluvias del verano, conforme se calculó durante ese periodo.17 Contrario a la opinión de Lorenzana Durán (2001), esto constituyó un despojo masivo de agua, aun cuando el gobierno federal siguió siendo el árbitro final de los derechos.18 Los contratos de agua del porfiriato revelan una obsesión porque la iniciativa privada despegara y muy poca preocupación por los asuntos básicos de la asignación. La mayor parte no menciona el volumen de agua en función del tiempo. Además, a pesar de una referencia constante en cuanto a la calidad del agua, los funcionarios de Fomento disponían de pocos instrumentos para realizar mediciones exactas. Este también fue el caso en otras partes de México (Kroeber 1994). Desde el periodo colonial, una merced real de agua había sido siempre la palanca crucial para asegurar el caudal superficial. Sin embargo, existían muy pocos de esos derechos previos en la región del Mayo (Lorenzana Durán 2001). La Ley de Aguas del porfiriato contenía advertencias respecto al daño ocasionado a los intereses de 'terceros' (por ejemplo aguas abajo). Sin embargo, los tribunales locales y estatales tendían a proteger dichos intereses en proporción al poder político y económico que ejercían (Aboites 1998; Banister 2010). En la mayoría de los casos, las aseveraciones de los indígenas acerca de prácticas históricas, en su mayoría indocumentadas significaban poco. Esto permaneció igual hasta bastante después de la Constitución de 1917, conforme a la cual los pueblos y las comunidades indígenas podían solicitar derechos de agua (Aboites 1998).

Deleuze y Guattari (1987) argumentan que "los centros de poder se definen mucho más por lo que se les escapa o por su impotencia, que por su zona de poder". En esta misma tónica, pocas veces fue fácil controlar a la empresa moderna de riego, como ensamblaje para aumentar simultáneamente el alcance espacial del gobierno y facilitar la apropiación de un recurso privado. Estos dos objetivos con frecuencia estaban en desacuerdo, a medida que las obras hidráulicas y las concesiones unían a intereses con diferentes posturas en alianzas atroces: banqueros, comerciantes y agricultores (que a veces eran una y la misma cosa); accionistas de empresas de riego y minifundistas yoremes y trabajadores. Aquí había dos mundos que se entrelazaban cada vez más. A grosso modo, uno podía describirse como un enfoque 'indígena' del agua, espacio y territorio. En ese mundo, el agua y la materia podían fluir en "un movimiento que afectaba simultáneamente a todos [...] los puntos en un espacio dado" (Ibid.). En contraste, el otro punto de vista, moderno y experto administrativo, buscaba estructurar temerariamente el espacio con el fin de captar, contener o detentar la materia para su distribución de manera ordenada y controlada centralmente.

Ninguno de estos puntos de vista era completamente viable dentro del nuevo contexto del desarrollo agrícola, y las políticas porfirianas respecto al agua reflejaban y refractaban esta tensión. Lo impredecible del Mayo obstaculizaba a las autoridades, en especial a las ubicadas en la Ciudad de México, cuyos años formativos con toda seguridad habían transcurrido en las zonas de clima templado o tropical del centro y sur de la república. Podían tener indicios de Europa y Estados Unidos, lugares donde el riego significaba de manera creciente tener proyectos audaces de infraestructura operados por tecnócratas (Reisner 1993; Worster 1985).Y, por lo general, les faltaban datos hidrológicos básicos en qué basar sus altos ideales (Aboites 1998; Kroeber 1983). Sus nociones de hidrología se desarrollaron para ambientes más húmedos y, por lo tanto, incorporaban los sesgos de regiones fisiográficas y culturales distintivas. Tal como argumenta Jamie Linton (2008), a través del tiempo, los modelos del ciclo hidrológico han interiorizado un "sesgo de aguas azules", un conjunto de suposiciones basadas en experiencias con el agua como algo que se almacena en lagos, que corre en ríos y arroyos perennes o, cuando menos, como algún tipo de caudal superficial confiable. Los mapas del gobierno mexicano constituyeron meras instantáneas de lugares en particular, en momentos específicos. Sin embargo, con cada nueva zanja y canal, la llanura de inundación del Mayo se asemejaba cada vez más a un enorme billar romano mecánico, el agua rebotando violentamente como una destructiva bola de acero. La topografía cambió con rapidez, como lo hace en todo el noroeste árido. Durante los meses lluviosos, los arroyos y los ríos pueden pasar por una transformación drástica de un día al otro o de una semana a la otra. Lo que es peor aún, junto con la falta de datos confiables, la presencia del gobierno civil (en comparación con el militar) fue muy raquítica en la región; la red descentralizada de personal y oficinas que sustenta normalmente la centralización de recursos no vendría sino hasta después de la Revolución. Los funcionarios dependían en gran medida de las autoridades locales en cuanto a información y aquéllos, por lo general, distaban mucho de ser el tipo ideal de administrador profesional desapasionado del porfiriato (Tenorio-Trillo 1996). La comunicación entre el centro y la periferia tendía a ocurrir en expresiones incompletas, frases entrecortadas y errores ortográficos característicos de la telegrafía moderna.

Para ilustrarlo, en un caso bastante típico, Fomento le solicitó a Ángel Almada y a sus abogados que comprobaran que su empresa había iniciado levantamientos para las obras de riego. La concesión federal estipulaba que las obras de riego debían operarse en un periodo de diez años. Ya que no se disponía de testigos federales –a excepción de unos cuantos funcionarios de sello y trabajadores postales–solicitaron la ayuda del comisario de policía, Francisco Yocupicio, para que verificara sus declaraciones respecto a los levantamientos. En un documento que llevaba su firma 'legal', Yocupicio atestiguó que estuvo presente cuando el consejo de administración de la CARM se reunió con una cuadrilla de trabajadores en un lugar junto al río, denominado Calvario. Realizaron el reconocimiento de varios sitios para la construcción de un canal primario, habían identificado uno y declarado su idoneidad ante el testigo oficial. Poco después proseguirían con la construcción.19 Aunque estos cuadros de formalismos banales –sin embargo, transcendentales– estaban convirtiéndose en algo común, nada sugiere que los funcionarios de Fomento en la Ciudad de México fueran alguna vez al sitio. No podrían haber descartado completamente, con la conciencia tranquila, la posibilidad del daño potencial que el proyecto podría ocasionar aguas abajo o a los intereses de terceros.Y, sin embargo, hicieron tan solo eso, ayudando a que el canal de la CARM fuera uno de los muchos sitios futuros de conflicto social intenso.

Encargadas de la regulación y asignación, las autoridades del Directorado de Aguas del Ministerio de Fomento se esforzaron por acomodar y codificar la complejidad creciente en las relaciones hidráulicas de poder. A medida que los proyectos como el de la CARM empezaron a crecer en número y escala, los funcionarios permanecieron varios pasos atrás, cambiando las circunstancias estacionales y sociales. Además, sus intervenciones a veces más bien servían para ampliar en lugar de mitigar las consecuencias dramáticas de una retroalimentación ambiental negativa. Éstas, a su vez, requerían de mayores ajustes, y así siguió en una cadena interminable de acontecimientos que enlazaban o apartaban las dinámicas ecológicas, políticas y sociales humanas. Por ejemplo, entre 1904 y 1907, las inundaciones generalizadas produjeron varios 'trastornos' en el régimen del caudal del Mayo. Según Almada, las tormentas habían cambiado el cauce del río directamente delante del canal primario de captación de su empresa, "dejando un río muerto lleno de arena que había desplazado sus aguas a una gran distancia de allí [...]". Durante ese tiempo, los trabajadores de la CARM lucharon en forma constante por ubicar y construir sifones primarios a medida que las avenidas continuaron alterando la topografía del lecho del río.20 Paradójicamente, debido a que la empresa no disponía de los fondos para construir un sistema de embalse a gran escala, se puede decir que ésta y otras siguieron dependiendo de la flexibilidad de enfoques que se asemejaban bastante a las antiguas estrategias para controlar el río o, más bien, de los yoremes que aún las entendían. En otras palabras, la revolución agraria capitalista no pudo distanciarse por completo de la práctica 'primitiva' que requería la modernidad.

Mientras tanto, Almada pugnó por un proceso regulador más abierto para permitir el método del tanteo. Los planes originales para el canal de captación lo colocaban en un lugar conocido como Paredón Colorado (cerca de Calvario). Sin embargo, en vista del cauce cambiante del río, ese sitio había sido aparentemente un error de cálculo. En su lugar, podría haber mejor acceso al agua desde un punto no divulgado, ubicado a cinco kilómetros río arriba.21 Almada argumentó entonces que el cálculo de los funcionarios en cuanto al volumen de la concesión debió haberse basado en las tendencias obvias del Mayo. Puede "estar completamente seco por todo una temporada". Los abogados de Almada se quejaron de que la cantidad asignada originalmente se había calculado con base en "ríos con un caudal constante de agua".22 En otras palabras, las fórmulas del Ministerio eran inapropiadas para la dinámica errática del río, y se basaban más bien en las características de los ríos perennes del sur y centro de México.

 

Trucos artificiosos del porfiriato y la política étnica del agua y suelo

Los esfuerzos de la CCS para dividir en parcelas y redistribuir el suelo creó también un terreno fértil para el fraude y esto explica, en parte, cómo las empresas llegaron a controlar el río y la llanura de inundación. Un caso revelador de esto y de las tensiones étnicas dentro de la política de los recursos ocurrió en una zona conocida como Tiriscohuasa, ubicada entre Etchojoa y Huatabampo (véase figura 3). Desde el inicio, las elites agrícolas habían colocado el desplazamiento social de la fragmentación de las tierras y el desarrollo de las obras hidráulicas dentro de un marco discursivo, que le daba un carácter racial simultaneamente a la gente y al territorio. Enmarcar las cosas se convirtió así en una forma de afirmar la capacidad de transformar y administrar el nuevo espacio en nombre de un bien mayor definido de manera vaga (por ejemplo mejorar la vida de los indígenas). Los accionistas-latifundistas de la Empresa de Riego Tiriscohuasa daban a entender que representaban los intereses de varios mayos a quienes años atrás la CCS les había otorgado parcelas pequeñas. Los mapas de la CCS se refieren a ellos como a los pobres de Etchojoa. Fue crucial, que la concesión incluyera también una pequeña sección de las márgenes del río en la cual los pobres podían construir una toma operable, una alimentación del canal desde el lecho del río. Dichos lugares eran bastante raros dada la topografía de las márgenes del río. En 1906,los accionistas principales de Tiriscohuasa presentaron una queja ante el Directorado de Aguas del Ministerio de Fomento, acusaban a los poderosos regadores vecinos, Crispín J. Palomares y Trinidad B. Rosas,de bloquear el canal primario de Tiriscohuasa con su canal Independencia, que había sido mal planeado y ejecutado.23 A través de su abogado, en la Ciudad de México, Palomares y Rosas replicaron que Tiriscohuasa le había pertenecido a un grupo de "indios que han desaparecido totalmente y que en realidad aquellos que hoy conforman [...] 'Tiriscohuasa' y que hoy se presentan como defensores de los indígenas a quienes el jefe de la Comisión Científica les permitió abrir un canal son [entre otros] Clemente Ibarra, un adinerado propietario de minas [...]".24 En otras palabras, habían acusado a los accionistas de Tiriscohuasa de apropiarse de la etiqueta de los pobres a fin de crear un velo de preocupación por el bienestar de los indígenas. Palomares consideró el ardid una amenaza directa a su propia empresa, y continuó alertando a los funcionarios de Fomento.25 Él creía que las tierras y las obras hidráulicas en cuestión le pertenecían aún al poblado indígena de Etchojoa, a personas que "en realidad [...] de hecho son pobres y dignas de consideración". Continuó diciendo, "lo que tenemos aquí es un tipo de juego en el que los yoremes son los peones."26

Es imposible decir con certeza qué tanto se había diseminado este 'juego'. En ambos casos, el paternalismo de los terratenientes intentaba obtener la decisión oficial favorable. Ratificaba su privilegio racial y control sobre el medio más importante de producción. Pero, los asuntos eran más complicados aún. Mantener los privilegios de raza significaba crear y tener sujetos trabajadores leales, racionalizando al mismo tiempo el dominio sobre los recursos productivos que requerían dichos sujetos para su supervivencia. Y cada vez era más difícil tener acceso a esos recursos, ya que mientras más espacios y lugares caían dentro de la emergente zona federal o el dominio de las empresas de riego, mejores eran las posibilidades de que el conflicto atrajera la atención oficial y, de esta manera, poner en marcha el procedimiento burocrático.

La empresa Tiriscohuasa continuó su disputa con Palomares y Rosas respecto a la manera en que los dos canales se entrecruzarían, aún mucho después de que el presidente Díaz fue depuesto por los revolucionarios.27 Los funcionarios del Ministerio no deja-ban de enviar señales ambiguas. Por una parte, permanecían firmes solicitando comprobación de las escrituras de la tierra, y también retenían todos los contratos de concesión hasta que las partes en disputa pudieran llegar a un acuerdo sobre la intersección de los canales. Por la otra, los memorandos internos de la empresa ilustraban el deseo oficial de que la concesión por una dotación de 4 m3/s avanzara a pesar de los problemas de procedimiento y prescripción de las escrituras. Zurburán y compañía le habían enviado a Fomento documentación firmada y sellada por un notario de Huatabampo, quien atestiguó haber 'tenido a la vista' escrituras lícitas firmadas para las 3 357 hectáreas de referencia. Las firmas de las escrituras, escribió un investigador de Fomento, no habían sido 'legalizadas' y, por consiguiente, no cumplían con los requisitos de comprobación del Ministerio.28 Esta norma no se explica claramente en los documentos, pero los abogados de Tiriscohuasa regresaron rápidamente con otro grupo de firmas, incluso la del gobernador de Sonora. Las autoridades federales validaron rápidamente las escrituras en cuestión, permitiendo el avance de la concesión.29

Al igual que muchas otras empresas de riego en el valle, parte de la razón de la existencia de Tiriscohuasa fue la venta de agua a otros agricultores, más que sólo mantener la propiedad y el cultivo de las tierras en sí. Después de la Revolución se pueden encontrar vastas pruebas de ello, en la documentación de la demanda de tierras y agua. Por ejemplo, se acusaba a la CARM y otras empresas agrícolas de cobrarles a los productores cuotas de 'usura' por el agua, con frecuencia hasta de 15 por ciento del valor de la cosecha; también a las empresas, de haber adquirido agua para tierras cuyas escrituras de propiedad nunca poseyeron, mientras que los mayos habían esperado años para obtener el reconocimiento oficial de sus pequeñas parcelas. En tales casos, el efecto del reparto del porfiriato fue contener a los indígenas dentro de las tres zonas urbanas principales (en su mayor parte en Etchojoa).30 Hombres como Zurburán y Rosas, en un sentido limitado, con toda seguridad representaron los intereses de los llamados pobres de Etchojoa, ya que éstos hubieran tenido poco o nada del capital que se requería para construir las obras hidráulicas. Además, a los pobres se les hubiera hecho cada vez más difícil cultivar la llanura de inundación de la forma acostumbrada.Ahora se requería la sanción federal, cuando menos en teoría. Además, los abogados de la empresa argumentaban con firmeza que sus accionistas, la mayoría indígenas, carecían de recursos económicos suficientes para pagar las cuotas federales por concepto de la concesión.31 Los efectos sustanciales de dichas maquinaciones se pueden ver a gran escala en los mapas de CCS del distrito que, para 1909, ya muestran que el reparto había bifurcado el espacio. Las antiguas comunidades indígenas como Etchojoa y San Pedro se retratan como totalmente subdivididas, mientras que grandes cuadros en blanco marcan el espacio no afectado de las empresas de riego y agrícolas (véase figura 3).32

El proceso de legitimar la posesión privada de las tierras conjuntó el desempeño burocrático, la "prestidigitación" jurídica y el despojo, creando así "presiones múltiples para cumplir" (Held 1989) con las demandas del nuevo orden social moderno. Sin embargo, como ilustra el caso de Tiriscohuasa, las demandas con frecuencia eran confusas y con propósitos cruzados, con lealtades divididas: ser un buen sujeto del Estado y terrateniente, por ejemplo, podía ser algo perfecto o insostenible, dependiendo de la postura de una persona frente a la reglamentación federal, medios de producción u otros terratenientes. El mundo trascendental, pero mundano, de los acontecimientos, actos y declaraciones –las costumbres y creencias modernas que podían convertir los derechos estipulados en la documentación, escrituras y reglamentos en algo poderoso– ayudó a borrar las injusticias de la apropiación de los recursos. Al hacerlo, servía para reconstituir el territorio nacional, documento por documento. Así, el papeleo formaba parte de una práctica espacial moderna. Sin embargo, en la llanura de inundación impugnada, esta forma nueva de territorialidad significaba la creación de espacios defendibles con objetos inmóviles (contrario a la práctica tradicional de los objetos móviles como respuesta a los cambios estacionales en el caudal y la trayectoria del río).33 Los nuevos regadores se aferraban con obstinación a la visión moderna de un río que podía domarse, mientras que las circunstancias favorecían un enfoque más flexible.

Mientras tanto, los mayos y los no indígenas de los pequeños pueblos del valle se encontraron atrapados en medio: como trabajadores de las empresas de riego de creación reciente; como agricultores de subsistencia y propietarios de pequeñas parcelas, endeudados con las empresas agrícolas por concepto de agua y demás insumos, y como los primeros agricultores del valle, como personas con conocimientos y habilidades indispensables. Aunque dicho conocimiento traía aunado el estigma del atraso, las elites de terratenientes se basaban también en gran medida en las prácticas 'premodernas'.34 Esta tensión significaba que cada canal nuevo creaba otro punto focal en el que chocaban o se articulaban marcadores de diferencias étnicas, de clase y de otra índole.

 

Burocracia hidráulica y frustraciones de la reglamentación

Diferenciar a los regadores modernos de sus predecesores indígenas, entre otras cosas, se hacía con ahínco en favor del comercio y el desarrollo, una visión porfirista-liberal única del mundo (Knight 1990). Claro está que dicho ahínco estaba sustentado por la violencia oficial y extra oficial, el capital financiero y, mediante ello, el acceso a la mano de obra, materiales y tecnologías. Con mayor frecuencia, los terratenientes utilizaban la reglamentación gubernamental como arma política en la guerra por tierras y agua. Algunos años antes del porfiriato, la hacienda Tres Hermanos de la familia Salido, se había convertido en un punto de referencia regional de éxito en términos de desarrollo agrícola. Se encontraba río arriba, a unos cuantos kilómetros al oeste de la presa del "Mocúzari", donde el agua era abundante y, a diferencia de la topografía montañosa tachonada de rocas al este, el terreno allí es relativamente plano y arable. Los Salido (o más bien sus trabajadores mayos) cultivaban unas 200 hectáreas, sobre todo de trigo. Su hacienda tenía uno de los pocos molinos hidráulicos de la región, así como un sistema de canales primarios y laterales (González Huerta 1999; García y Alva 1907).35

Casi frente a la hacienda Tres Hermanos, pero separada por una isleta estrecha, se encontraba la hacienda Santa Bárbara de la familia Goycolea, que también era igual de impresionante y otro de los primeros proyectos rentables del valle. El patriarca de la familia, Antonio Goycolea presentó una queja ante Fomento contra los Salido, debido a que habían construido obras y sifones para defenderse de las avenidas del río, mismos que habían estrechado mucho el canal y, por consiguiente, aumentado peligrosamente la velocidad del caudal, y esto alteró el lecho del río Mayo. Dijo que los Salido carecían de la anuencia necesaria del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, para "cualquier obra hidráulica, ya que esta es una vía fluvial federal".36 El Ministerio mandó a su ingeniero, Abel Nava, a investigar. Después de entrevistas con los terratenientes, funcionarios locales y trabajadores, Nava culpó a los regadores de haber adoptado la antigua práctica de la asceción o el uso de palos, troncos de árboles, rocas y arena para crear vertederos de desviación (estacadas), para canalizar los escurrimientos y captar sedimentos ricos en nutrientes. Las estacadas –colocadas río arriba cerca de la punta sobresaliente de la isleta que dividía al río en canales paralelos– habían reducido al menos unos 100 metros el lecho del río, que medía 350 metros de ancho, creando un rebote hidráulico peligroso durante los periodos de escurrimientos fuertes. Nava advirtió que esto podría ocasionar una catástrofe siempre y cuando otro ciclón golpeara la región. El ingeniero solicitó que se destruyeran las estacadas en ambos lados del río, y que se excavaran canales en el margen derecho para manejar los desbordamientos, e insistió en que Tres Hermanos, más que Santa Bárbara, se encontraba en la posición más precaria (González Huerta 1999).37

Junto con el informe de Nava, la queja de Goycolea ilustra de nuevo la verdad frustrante que subyace en el desarrollo: ser un regador moderno y exitoso requería acercarse de nuevo a la tradición. Muy pocos de estos hombres de empresa habían tenido alguna experiencia en agricultura en la llanura de inundación. Tampoco tenían conocimientos en particular de la "tradición indígena oral", que podría haberles ayudado "a entender qué tan caprichoso podía ser el río" (Ibid.).38 El escurrimiento estacional traía consigo nutrientes de las faldas de los cerros y las montañas de la Sierra Madre Occidental. Como asevera González Huerta (1999), "el que podía manipular de la mejor forma el cauce del río tendría también los terrenos más extensos". Claro está que captar el escurrimiento permitía regar los campos. Pero hacerlo, también recargaba las parcelas con suelos ricos en nutrientes que retenían el agua y que provenían de terrenos más elevados de la cuenca y de las montañas de la Sierra Madre Occidental. Las obras hidráulicas, como las de las haciendas Tres Hermanos y Santa Bárbara, fueron diseñadas para captar escurrimientos de un volumen relativamente alto, introduciendo parte de las primeras obras de albañilería y mampostería —rocas y enjarre de cal— (Aboites 1998; González Huerta 1999). Sin embargo, al hacerlo, habían aumentando mucho la escala de desvío del agua y desplazado el alcance de la práctica de la flexibilidad hacia la rigidez.

Las autoridades de Fomento, por recomendación de Nava, le pidieron a la Comisión Científica de Sonora que destruyera las obras de desvío. Gonzalo Insunza, ingeniero de la CCS, obtuvo el apoyo de los hacendados para hacerlo, lo que incluyó el préstamo de trabajadores para realizar la tarea. Mientras tanto, Goycolea, quien no estaba impresionado con el trabajo, se quejó de que el lecho del río reconstruido por Insunza reflejaba un sesgo oficial a favor de los Salido. Al volver a examinar el caso, Fomento estuvo de acuerdo, cambió su plan de acción, y se puso de parte de Goycolea; argumentó que Insunza, de hecho, había actuado con favoritismo y recomendó cavar más zanjas, río arriba, para contrarrestar los efectos perjudiciales que tendrían las zanjas existentes en la hacienda Santa Bárbara. Dichas obras requirieron otro ingeniero más quien, a su vez, no obtuvo el acuerdo de los hacendados respecto a la ubicación de las zanjas nuevas, y procedió a cavarlas en un lugar, que en su opinión, salvaguardaba los intereses de todos los hacendados. En otras palabras, se dejó que los Goycolea y los Salido elaboraran un acuerdo propio, ya que los representantes de Fomento se retiraron por completo del caso, argumentando que esos asuntos quedaban fuera de su ámbito oficial (González Huerta 1999). Llegar a una solución equitativa en el contexto de la incertidumbre fluvial era demasiado complicado.

Tal como González Huerta (1999) destaca correctamente, el 'manejo del agua' y la reglamentación centralizada políticamente (o nacionalizada de manera efectiva) estaban aún muy lejos. Sin embargo, es bastante revelador que Goycolea haya solicitado la ayuda de las autoridades federales de riego. Este no hubiera sido el caso unos cuantos años antes. Así mismo, subraya la cantidad de conflictos que presentaban las relaciones tanto entre los sujetos como con la burocracia encargada de asuntos del agua, y esto había ocurrido en un corto tiempo. Una intervención en el espacio parecía necesitar siempre de otra, más agresiva que la anterior y así sucesivamente, con cada telegrama enviado a la Ciudad de México y cada respuesta demorada creaba una especie de efecto de caja de resonancia entre el centro y la periferia, entre los sujetos propietarios de tierras y los sujetos del Estado. Los regadores con frecuencia hacían lo que sentían que debían de hacer, solicitando una razón oficial fundamental después de los hechos (poco ha cambiado). Para principios de la década de 1900, lo que desde fuera pudiera haber parecido como un caos total, había empezado a convertirse en una característica más bien permanente de las relaciones hídricas.

 

Conclusiones

La naturaleza de la burocracia hidráulica del porfiriato, o como la bautizó Wester (2008), la 'hidrocracia', fue de confusión, información irregular, favoritismo, inexperiencia y avenidas, todo combinado para crear la red indisciplinada de la política hídrica que unía a la Ciudad de México con el valle del Mayo. La historiografía del porfiriato, cuando menos hasta fecha reciente, ha tendido a encontrar orden en este caos y complejidad (Garner 2001). En contraste, el caso del Mayo expone las debilidades del enfoque instrumentalista para entender la política hídrica. En México, para ejercer el poder sobre los recursos, en un inicio, durante el porfiriato, abordar al agua como una palanca para controlar a las personas probó ser excesivamente difícil. Pero el desorden fue (y es) una dimensión integral del arte de gobernar, parte del lente cultural que usaron los funcionarios encargados del desarrollo para entender su misión.39 Y aquí, considero que Deleuze y Guattari (1987) proporcionan una visión crítica. Captar o 'sobrecodificar' las relaciones sociales en nombre de la jerarquía y centralización es un proceso que va en dos sentidos; por cada cosa, persona o lugar que cae en el ámbito de la burocracia federal, algo más puede escaparse. La federalización de los ríos podía convertirse en un arma recíprocamente destructiva, en una guerra elite de posición. Al mismo tiempo, cada diluvio nuevo parecía impulsar una especie de fisura social mediante la que las alianzas y lealtades se arrojaban una vez más a las aguas rodantes del Mayo. Enfrentados con la intransigencia de este mundo social y material (White 1985), y frustrados por su incapacidad de reglamentar las relaciones hídricas, los representantes federales a menudo corrían de un lado a otro sin encontrar una solución.

No obstante, el riego impulsó también una fusión social, a medida que la agricultura capitalista y la autoridad federal empezaron poco a poco a alimentarse mutuamente. Por consiguiente, a pesar de contratiempos constantes, para 1910, en vísperas de la Revolución Mexicana, el cultivo para la producción de garbanzo representó 60 por ciento de la superficie cultivable del valle, que era de 20 mil hectáreas (García y Alva 1907). Además, de las más de veinte empresas, quizá diez dominaban la agricultura de exportación. En el breve lapso de dos décadas, unos cuantos hombres como Ángel Almada, Trinidad Rosas, los hermanos Salido y los Otero, entre otros latifundistas emergentes, habían mostrado su poderío financiero y creado redes de padrinazgo y parentesco, para apropiarse de grandes porciones de las tierras del valle y de la base hídrica. El desarrollo del riego moderno se arraigó en las márgenes del río Mayo, aunque de manera fragmentaria, como conjunto rígido de "principios de visión" (Bourdieu 1998) que involucraron la privatización de tierras y recursos hídricos. El Estado porfiriano había catalizado una reorganización radical de ecología y sociedad en nombre de la agricultura capitalista. Lo que ha comprobado ser más duradero es la articulación de fines del siglo XIX de "la regla liberal y la lógica local de la producción relativa a las tierras [y de riego]" (Bobrow-Strain 2007).

Mientras tanto, las estructuras organizacionales que sustentan esta articulación cambiaron a través del tiempo, por necesidad. Como sugiere Painter (2006), el 'Estado' es una serie continua, incompleta de derechos y proyectos territoriales. Las burocracias del recurso hídrico de México desde hace mucho han mostrado una capacidad camaleónica de adaptarse a las circunstancias cambiantes (Warner et al. 2008). El giro neoliberal de las políticas de la década de 1990 refuerza este argumento. Con éste vino la devolución del control de la red de riego a los usuarios locales del agua, organizados en 'módulos' de usuarios. Estas categorías reduccionistas más recientes, para representar a las personas y el espacio ('usuario del agua', 'módulo de agua', etcétera), emparejan las asimetrías del poder político y acceso a los recursos, que plagaban el campo mexicano mucho antes de la década de 1990. Al igual que con los 'minifundistas' de ayer, es posible que los usuarios de agua de hoy sean igual de aptos para ser burócratas, banqueros o comerciantes, como para ser ejidatarios o agricultores de clase media, cuyo único ingreso proviene de la agricultura. Este es el motivo por el cual, al explorar los efectos de las reformas en Sonora, Wilder y Romero-Lankao (2006) encontraron pocas pruebas que apoyaran las aseveraciones de eficiencia, sustentabilidad y, en particular, de equidad de los funcionarios. En muchas formas, el neoliberalismo reproduce el cercamiento progresivo de los recursos que inició durante el porfiriato. Sin embargo, sus categorías de intervención desestabilizan las diversidades socio-ecológicas que supone debe de contener. Es aquí donde se deben buscar posibilidades para un cambio social duradero, para una alternativa justa a los arreglos tecnocráticos que se prescriben con tanta frecuencia en el análisis de la política hídrica.

 

Archivos

Archivo Histórico del Agua

 

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NOTAS

* Traducción de Deluges of Grandeur: Water, Territory, and Power on Northwest Mexico's Río Mayo, 1880-1910, publicado en Water Alternatives (2011), 4 (1): 35-53.

1 El término 'porfiriato' se refiere a un tipo de Zeitgeist –espíritu de una época– cultural y político moderno, que se apoderó de México durante las tres décadas (1876-1911) en las que el general Porfirio Díaz controló la Presidencia, ya sea directa o indirectamente (a través de títeres políticos y otros dispositivos).A este periodo se le denomina comúnmente el 'porfiriato'.

2 Casi no hay tratamiento de aguas residuales en los tres municipios del valle del Mayo. Podría decirse que este es el reto ambiental más urgente al que se enfrenta la región y México, en general (notas de campo, 2007).

3 Siempre ha sido difícil recabar datos concretos sobre la tenencia de la tierra en el valle, porque desde la Revolución y las restricciones sobre la tenencia de tierras de riego (limitada a 100 hectáreas), los terratenientes alquilaban ilegalmente los ejidos (ver nota 4) o utilizaban los nombres de miembros de su familia para ocultar la tenencia de grandes extensiones de tierra (Hewitt 1988; Sanderson 1981).Alquilar ya no es ilícito, pero con frecuencia involucra un contrato verbal u otro tipo de arreglo informal. Por consiguiente, sólo se puede aproximar la distribución con base en los datos y entrevistas. De acuerdo con la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Río Mayo (SRIRM) y cálculos realizados por Caballero (2007, 43-45), en 2007, en promedio, alrededor de 30 por ciento (unos 3 500) de los usuarios del agua registrados que pertenecen a la 'sociedad' usuaria del agua que controla ahora la red de riego, cultivaban sus terrenos. El 70 por ciento restante, que comprende 43 mil hectáreas, proviene principalmente del sector ejidal-minifundio, detenta 15 hectáreas o menos y, por lo general, no tiene los medios para producir. Por consiguiente, han alquilado sus parcelas y derechos de uso del agua. Caballero (2007) trianguló los permisos de cosecha de la Secretaría de Agricultura y los datos de los derechos de agua de la Comisión Nacional del Agua, y encontró que los productores que poseen tierras de más de 100 hectáreas en 2006 controlaban alrededor de 38 mil ha. La política de la distribución en gran medida se mueve con base en relaciones interpersonales y ocasionalmente surgen conflictos de mayor envergadura en forma más pública, mismos que con frecuencia dependen del caudal del río Mayo (Banister 2010).

4 Los ejidos son comunidades producto de la reforma agraria, creados después de la Revolución; la mayor parte de los ejidos del valle se constituyeron durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), y se extrajeron de los grandes latifundios creados a finales del siglo XIX. Los datos sobre el caudal de agua provienen de la SRIRM (2007). Las entrevistas se llevaron a cabo en 2007, y apoyaron las observaciones que realicé durante los cuatro años que viví y trabajé en el sur de Sonora. Entonces conocí a varios ejidatarios y activistas agrarios quienes experimentaron una segunda oleada de reforma agraria, desde mediados hasta fines de la década de 1970.

5 www,inegi.gob.mx/prodserv/contenidos/espanol/bviengi/productos/integracion/especiales/infogeo/geo1w.pdf (pp. 6-7).

6 Estos centros de población se derivaron de algunos de los poblados originales de las misiones jesuitas. Forman la base de lo que ahora son las tres cabeceras municipales del valle: Huatabampo, Etchojoa y Navojoa, con una población total aproximada de 300 mil habitantes (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 2005).

7 Memoria que el secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presenta al Congreso de la Unión, y comprende del 1 de julio de 1886 al 30 de junio de 1890. Documento número 9. Informe rendido por el ingeniero Agustín Díaz, el 30 de septiembre de 1887, pp. 61 y 71 (en adelante, Doc. 9).

8 Evers y Molina (1992) sobre territorialidad yaqui en el contexto contemporáneo.

9 Comentario personal (junio 18 de 2007).

10 Los militares del porfiriato habían capturado, 'deportado' y esclavizado a varios cientos de yaquis 'rebeldes' y a unos cuantos mayos, mandándolos a trabajar en las plantaciones de henequén en la península de Yucatán y en el Valle Nacional, en Oaxaca (Spicer1992).

11 Las empresas agrícolas no eran las haciendas extensas que tipificaban la tenencia de la tierra en el centro y sur de México. En su lugar, se convertirían en empresas agrícolas intensas con las obras de riego, maquinaria y mano de obra asalariada (Aboites 1998; Kroeber 1994; Lorenzana 2001, 2006 y s/f).

12 Los Almada fueron (y siguen siendo) una familia sonorense influyente con intereses en la banca, la minería y la agricultura, hasta el gobierno y el clero.

13 Elizaga y Fernández al secretario de Estado y del Despacho de Fomento. 2 de marzo de 1901, AHA, caja 4589, expediente, foja 2.

14 Véase Aguilar Camín (1977) sobre el "espíritu fuerte y fuerza masculina", que motivó a los empresarios mercantiles y agrícolas de Sonora. Las elites sonorenses desde hace mucho han retratado a su estado como un lugar en el que el trabajo arduo ha nivelado las diferencias sociales, o, más bien, la diferencia fue una categoría reservada para los que rechazaban el desarrollo, el trabajo y la modernidad (Almada 2001).

15 A menos que se indique lo contrario, la mayor parte del texto que sigue se basa en expedientes del AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales. Por motivos de espacio, en adelante, los documentos de este fondo se citarán sólo con la fecha y los números, por ejemplo: caja, expediente y foja. Para los derechos sobre tierras de la CARM, véase AHA, caja 280, expediente 6783.

16 Contrato celebrado entre el C. Leandro Fernández, secretario de Estado y del Despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión y el licenciado Ernesto Peláez en la de Ángel Almada para aprovechamiento como riego de las aguas del río Mayo del estado de Sonora, 3 de abril de 1902, AHA, caja 4589, expediente 61094, fojas 57-8 (en adelante Contrato-CARM). El contrato original le otorgaba la concesión a Almada personalmente. Luego se traspasaría a los accionistas de la Compañía Agrícola del Río Mayo. De acuerdo con Carol Rose (1994), el tiempo es un factor crucial que separa el usufructo de la propiedad. Mientras la CARM continuara usando la concesión de Almada (y después la de la compañía) Fomento no imponía una fecha de vencimiento.

17 Estas cifras se calculan con base en una gama de fuentes, que incluyen a Montaño y Gaxiola (1933); Moreno (s/f) y Bond (1928).

18 Lorenzana Durán argumenta que, en la mayoría de los casos, el agua en México se ha considerado históricamente un bien público más que privado. Así, el establecimiento del riego privado no debe verse simplemente como un ejemplo de despojo privado. Mientras creo que simplemente hay motivos para considerar al agua como un bien público histórico en México, los eruditos deben observar con más cuidado la distinción entre 'público' y 'privado' y, para poder aseverar la verdad, los tipos de comportamiento o intervenciones que permiten estas distinciones. Además, Meyer (1996) sugiere que la ley y jurisprudencia colonial respecto al agua jugaron un papel tanto en el eje público como privado, dependiendo de los intereses en cuestión (indígena versus no indígena, minería versus agricultura, etcétera).

19 Testimonio de Francisco Yocupicio, comisario de policía del Departamento de Álamos, 2 de octubre de 1920, AHA, caja 4589, expediente 61094, foja 114; Ángel Almada a la sección 5ª del Ministerio del Fomento, AHA, caja 4589, expediente 61094, foja 113.

20 Ángel Almada al ministro de Fomento, 27 de octubre de 1908, AHA, caja 4589, expediente, 61049, foja 182.

21 La Constitución de Hermosillo, 13 de agosto de 1901, no. 67, AHA, caja 4589, expediente 61094, fojas 25-6.

22 Ernesto Peláez al ministro de Fomento, 14 de enero de 1902. AHA, caja 4589, expediente 61094, fojas 50-1.

23 Carta al viceministro de Fomento, 3 de julio de 1906, AHA, expediente 15484, caja 1108, foja 4.

24 Carta al ministro de Fomento de Juan R. Orci, abogado representante de Crispín J. Palomares y Trinidad B. Rosas, 3 de octubre de 1906, AHA, expediente 15484, caja 1108, foja 17.

25 Ibid.

26 Carta escrita a mano por Crispín J. Palomares, dirigida al ministro de Fomento, 30 de agosto de 1906, AHA, expediente 15484, caja 1108, fojas 25-26.

27 Véase Willems-Braun (1998) sobre la idea de 'epistemologías enterradas'; Juan R. Orci al Ministerio de Fomento, 10 de noviembre de 1906, AHA, expediente 15484, caja 1108, foja 31; A. Aldasoro, ministro de Fomento a Pedro Zurburán, 3 de febrero de 1911, AHA, expediente 15484, caja 1108.

28 Memorando interno al ministro de Fomento, 30 de abril de 1907, expediente 15484, caja 1108, foja 43.

29 Memorando al ministro de Fomento de la sección 5ª , 3 de julio de 1907, AHA expediente 15484, caja 1108, foja 46.

30 Para el caso de la CARM después de la Revolución, véase AHA, caja 280, expediente 6783. Claro está que algunos de los cargos aumentaron, reflejando el Zeitgeist posrevolucionario y los intereses particulares, ya sea agrarios o de otra índole, que los perseguían. De todas maneras, dichos cargos son generalizados en el registro histórico del AHA.

31 Julián Morineau, representante de Tiriscohuasa en el Distrito Federal, al ministro de Fomento, 16 de julio de 1907, AHA, expediente 15484, caja 1108, foja 48. Sin embargo, los funcionarios continuaron solicitando los pagos hasta 1911 (después del inicio de la Revolución), cuando Fomento abruptamente dio marcha atrás, renunciando al cargo de 325 pesos por concepto de inspección de las obras hidráulicas. (Señor Molina, funcionario de Fomento, a Julián Morineau, 18 de julio de 1907, AHA expediente 15484, caja 1108, foja 49; J. Díaz Lombardo al ministro de Fomento, 5 de agosto de 1911, AHA, expediente 15484, caja 1108, foja 17.

32 Aquí lo interesante es que las reglas del reparto del porfiriato parecieron aplicarse en su mayor parte a los mayos que participaron en el programa y que recibieron una parcela pequeña. Por el contrario, a las elites se les otorgaron secciones grandes de manera ad hoc o idiosincrática, y aparentemente con base sólo en el criterio de su potencial para establecer agricultura comercial y 'mejorar' la región. Cando llegó la hora de aterrizar las concesiones de agua, tal como indicamos en la narrativa, la política del porfiriato requirió alguna comprobación mediante escrituras de propiedad. Pero, tal como sugieren los casos de la CARM y Tiriscohuasa, los terratenientes aprendieron rápido que con sólo "patear la pelota reguladora por el campo" o sea, manteniendo el papeleo en movimiento, podían continuar cosechando en las tierras cuyos registros de propiedad eran cuestionables. Esta dinámica se aceleró después de la Revolución, así como con una mayor burocratización de las relaciones hidráulicas.

33 Es posible que haya sido exagerado, ya que con toda seguridad aun la agricultura tradicional en la llanura de inundación requería también de ciertas obras de defensa (que se utilizaron quizá en combinación con tecnologías más móviles).

34 Aboites (2001) critica esta distinción, y sugiere que se debería hacer el intento de entender la forma en que se retrabajan las prácticas y objetos del pasado aparentemente en nuevas modalidades de las relaciones hídricas.

35 Los Salido establecieron la hacienda Tres Hermanos en la década de 1860, en un sitio no muy alejado de la presa Mocúzari.

36 Citado en González Huerta (1999), el énfasis es propio.

37 AHA, caja 4599, expediente 61228, foja 8. Nabhan y Sheridan (1977) han estudiado con bastante detalle la práctica cultural de los cercos vivos en los ríos Sonora y San Miguel respectivamente, y presentado argumentos a favor de los beneficios sociales y ambientales que producen. Doolittle (2003), por el contrario, ha sugerido que dichas prácticas, a pesar de las aseveraciones de los investigadores, ambientalistas y agricultores, con frecuencia les ocasionan problemas a los usuarios del agua río abajo. Aumentan la velocidad del río y mediante ello, exacerban los efectos de las avenidas ocasionando erosión. Esto se aplica también al río Mayo, aun antes del advenimiento de las obras hidráulicas desde mediados a fines del siglo XIX.

38 Esta quizá sea una distinción demasiado fácil, ya que los asuntos eran con toda seguridad más complicados en la práctica. Los Salido y los Goycolea fueron los primeros en tener cultivos comerciales en el valle y, para entonces, tenían ya varios años de experiencia cultivando. Sin embargo, pese a los antecedentes, tener trabajadores con conocimientos de hidrología era mucho más importante (indispensable, en realidad) para la supervivencia de las empresas capitalistas de riego, de lo que indican los registros y los Goycolea y los Salido no hubieran llegado a ningún lado sin la mano de obra de los trabajadores mayos y su conocimiento profundo del lugar.

39 En ambas entrevistas de campo y documentos del archivo, nos dimos cuenta de la frecuencia con la que los funcionarios describen sus esfuerzos en términos que podrían emplearse para describir una campaña militar.

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Artículos

 

Pueblos indígenas de Sonora: el agua, ¿es de todos?

 

Diana Luque*, Angelina Martínez Yrízar*, Alberto Búrquez*, Eduwiges Gómez*, Alejandro Nava* y Moisés Rivera*

 

* Este artículo es producto del grupo de investigación interdisciplinaria conformada por los autores, quienes pertenecen al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correos electrónicos: dluque@ciad.mx / montijo@servidor.unam.mx / angelina@servidor.unam.mx / eduwigesgomez@hotmail.com / anava.aybar@gmail.com / mrivera@ciad.mx

 

Resumen1

La diversidad cultural y la problemática ambiental del agua en el estado de Sonora convergen en el presente trabajo, abordadas desde la perspectiva de la ecología política y la diversidad biocultural mediante un análisis transdisciplinario. Se distingue entre el acceso al agua para la subsistencia tradicional del agua para el desarrollo. Se advierten tendencias generalizadas de despojo de los territorios indígenas y sus recursos naturales, en las que los conflictos por el agua para la subsistencia son cada vez más graves, que exacerban la vulnerabilidad de las comunidades y la desorganización del complejo biocultural. El servicio del agua potable no tiene las condiciones para impulsar el desarrollo comunitario sustentable. Estas tendencias no son homogéneas, y se observan posibilidades de reconfiguración. Se requiere precisar el análisis para aportar al desarrollo de los pueblos indígenas, desde una plataforma biocultural contemporánea, en pleno respeto de sus derechos humanos individuales y colectivos.

Palabras clave: pueblos indígenas, diversidad biocultural, ecología política, transdisciplina, agua, Estado de Sonora, México.

 

Abstract

Cultural diversity and the environmental problem of water availability in the state of Sonora are concurrent themes in the present study. These are addressed from a political ecology and biocultural diversity perspective, by means of a transdisciplinary analysis. Water access for traditional subsistence is differentiated from water for development. General trends in the dispossession of indigenous territories and their natural resources are observed, in which conflicts regarding water for subsistence are increasingly serious and exacerbate the vulnerability of indigenous communities and the disorganization of the biocultural complex. Existing drinking water services do not have the capacity to promote sustainable community development. However, these trends are not homogeneous and there are still opportunities for engagement and effective reconfiguration. It is important to have a more precise analysis in order to contribute to the development of indigenous peoples within a contemporary biocultural platform and in full respect of their individual and collective human rights.

Key words: indigenous peoples, biocultural diversity, political ecology, transdiscipline, water, Sonora State, Mexico.

 

Introducción

El tema del territorio y los recursos naturales continúa siendo prioritario en las demandas actuales de los pueblos indígenas2 alrededor del mundo. En su Constitución, Sonora se reconoce como un estado pluricultural, que está fundado en sus pueblos originarios y deberá poner especial atención a estas demandas. En tal contexto, el agua juega un papel crucial, tanto como base del desarrollo de sus comunidades, como de la viabilidad del complejo biocultural de Sonora.

En este artículo se presentan los resultados preliminares del proyecto de investigación "EDESPIS: territorio y recursos naturales",3 del que partimos teniendo como marco de reflexión las propuestas provenientes de la diversidad biocultural y la ecología política. El análisis adoptado es transdisciplinario, y se realiza a partir de una trama conceptual tejida desde varios campos de conocimiento, en los que se usan conceptos como etnicidad, territorio, biodiversidad y ecosistemas, junto con otros nuevos como complejos bioculturales y biodiversidad de la subsistencia. El enfoque se centra en la problemática del agua del complejo biocultural de Sonora, a partir de la pregunta de investigación: el agua, ¿es de todos?, que alude al principal lema político del actual gobierno estatal y, además, es una pregunta de ecología política. Para ello se integran dispositivos analíticos como la diferenciación entre la "disponibilidad" y la "accesibilidad" al agua, así como la distinción entre "agua para la subsistencia tradicional" y "agua para el desarrollo".

A partir de un enfoque metodológico cualitativo, se utilizaron diversos instrumentos de investigación de varias disciplinas –cualitativos, cuantitativos, análisis del Sistema de Información Geográfica y cartografía tradicional–. A los resultados preliminares de la encuesta de subsistencia y biodiversidad (ESB),4 aplicada en localidades de los núcleos agrarios que ahora se consideran territorios indígenas, se incorporó información cualitativa, recabada mediante entrevistas estructuradas a personas clave y por observación directa.

Es importante aclarar que aun cuando el enfoque biocultural se funda en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que, por lo general rebasan las fronteras administrativas de los Estados nacionales, se tomó a Sonora como unidad de análisis porque se pretende generar información que incida en la política de desarrollo del estado. Por ello, en el texto se señalan las características transfronterizas territoriales contemporáneas de cada pueblo originario.

El orden de exposición del trabajo obedece al objetivo de dar una visión de conjunto del complejo biocultural, abordado de manera temática, no por grupo étnico. Se inicia con una síntesis sobre el debate de la diversidad biocultural y su relación con la ecología política, para seguir con una visión actualizada de la conformación pluricultural de Sonora. Después se abordan las problemáticas con-juntas, territoriales, del agua y del desarrollo de las comunidades indígenas, en donde se muestran las generalidades y especificidades de las respectivas problemáticas, y las conclusiones.

 

Ecología política y diversidad biocultural

El objetivo de los primeros estudios que dieron cuenta de la existencia de la trama biocultural era diseñar estrategias de conservación ecosistémica global. Identificaron una correlación alta entre zonas de concentración de biodiversidad y la presencia de grupos etnolingüísticos, a la que llamaron "diversidad biocultural" (Maffi 2001). La tendencia también fue referida con el concepto "conservación simbiótica", en el cual tanto la diversidad biológica como la cultural son recíprocas y geográficamente coterráneas (Nietschmann 1992, citado en Toledo y Barrera 2008, 53). Asimismo, la ecología lingüística considera esta correspondencia como una red de relaciones que existen entre las lenguas y la biodiversidad, pero que están organizadas como un todo (Maffi 1998, citado en Toledo y Barrera 2008, 193).

La tesis de la diversidad biocultural plantea que las principales zonas de concentración de biodiversidad y de captación de agua, por lo general, están habitadas por grupos indígenas y que, cuando se hallan bajo el manejo tradicional de algún grupo, se les advierten relativas mejores condiciones de conservación ecosistémica. Por ejemplo, Boege (2008) señala que los territorios indígenas actual-mente captan 49 por ciento del agua de México. Asimismo, se ha documentado sobre la alta coincidencia que hay entre territorios indígenas y las áreas naturales protegidas de México (Toledo 2006) y los Sitios Ramsar (Convención Internacional Ramsar), como los humedales costeros de los seris y los yaquis de Sonora.

Lo anterior contrasta con la apropiación capitalista de los recursos naturales, considerada como la base de la crisis ambiental global (Leff 2004). En este sentido, se reconoce que la cultura es la instancia mediadora entre sociedad y naturaleza, y que el vínculo de cultura y naturaleza se organiza a partir de la cosmovisión, puesta en práctica en las formas de organización política comunitaria y los sistemas de conocimiento y regulación de la naturaleza (Descola 2001). Así emergen los entramados complejos de culturas, saberes, lenguas y biodiversidad (Maffi 2001). Se observa que las comunidades indígenas tradicionales no sólo han resguardado la salud de sus ecosistemas, sino que han coevolucionado con la biodiversidad de sus territorios y han generado la llamada "agrobiodiversidad",5 la cual ha incrementado la biodiversidad, tanto genética como de especies y de los ecosistemas. Esto se ha logrado a través de las prácticas y saberes ancestrales, de más de 10 mil años de la historia de la humanidad y de la Tierra, en el cultivo de la "biodiversidad de la subsistencia".

Las comunidades-territorios indígenas se consideran reservorios fitogenéticos (Boege 2008), así como acervos de conocimientos endémicos ancestrales en el manejo de los recursos naturales (Nabhan 2003;Toledo et al. 2002); incluso, conllevan sistemas complejos de ordenamiento ecológico territorial y son una valiosa fuente de contribuciones éticas (Luque y Robles 2006), para la construcción de lo que ahora se denomina "sustentabilidad ambiental" y del "diálogo de saberes" (Leff 2004). Por lo anterior, las comunidades indígenas se consideran los guardianes de la memoria biocultural de la especie humana dentro de la historia de la diversificación biocultural, que ha sostenido la vida en la Tierra (Toledo y Barrera Bassols 2008).

Los estudios relacionados con la tesis biocultural también han señalado que la degradación de algunos servicios ambientales de los ecosistemas está relacionada, de manera interdependiente, con la desarticulación del tejido social en comunidades campesinas de raíces indígenas, que inhiben ciertas prácticas sustentables (Yetman y Búrquez 1998). Éstos han llamado la atención sobre la vinculación que existe entre la alarmante erosión de la biodiversidad y la diversidad cultural y lingüística en todo el mundo: es decir, el acervo biocultural de la humanidad tiene un estatus de amenazado (Maffi 2001; Toledo y Barrera Bassols 2008).

La tendencia hacia una erosión de lo biocultural está asociada al avance de la sociedad capitalista-industrial-urbana a escala global, la cual se sustenta en un sistema político hegemónico sin precedente, detentado por el poder financiero internacional. Éste no sólo tiende a homogeneizar las lenguas, los saberes y la biodiversidad, sino que va despojando a miles de comunidades de sus posibilidades de existencia en paz y dignidad (Leff 2004; Luque y Doode 2009). Por ello, se considera que dada la seria marginación política y económica que muestran los indígenas en México, junto con el proceso sistemático de deterioro ambiental vigente y despojo de sus territorios, la unidad comunidad-territorio indígena es un verdadero constructo político en resistencia al proyecto hegemónico global.

En este sentido, el desarrollo de lo biocultural ha tomado distintas vertientes, desde las conservacionistas que promueven los sitios naturales sagrados, como categorías de áreas naturales protegidas, hasta las versiones derivadas de las matrices del pensamiento crítico, como la ecología política; ambas convergen con las demandas de los movimientos indígenas contemporáneos, sobre sus derechos colectivos al territorio ancestral y su biodiversidad nativa, a la autonomía política y a la autogestión del desarrollo, que reclaman ante los Estados nacionales y la comunidad internacional, como una expresión de justicia ambiental (ONU 2007).

 

Sonora pluricultural

En Sonora hay 2 662 432 habitantes (INEGI 2010), y la población indígena fluctúa entre 95 507 (INEGI 2005)6 y 137 560 personas (Conteos comunitarios 2011),7 comprendidas en alrededor de 50 grupos etnolingüísticos. De ellos, siete se consideran originarios (cucapá, seri, yaqui, mayo, pápago, pima y guarijío, 78.5 por ciento de la población total indígena de Sonora), son de origen prehispánico y aún habitan sus territorios ancestrales ubicados en Sonora. El resto de los grupos, en su mayoría son parte de los migrantes jornaleros agrícolas provenientes de otros estados del país.

A pesar de que la diversidad cultural de Sonora8 es predominantemente de origen indígena, su población sólo alcanza 5.2 por ciento del total del estado. La matriz étnica del resto se puede considerar mestiza, en su mayoría hablantes del castellano y un pequeño sector anglosajón e indoeuropeo. Sin embargo, llama la atención que los pueblos indígenas concentran los bajos índices de desarrollo socioeconómico en relación con el resto de la población sonorense (CDI 2006). Es decir, la pobreza de Sonora tiene una raíz étnica clara y, por sus características histórico-culturales se puede identificar una problemática ambiental indígena específica.

Los criterios para definir quién es indígena presentan grandes controversias, desde las convenciones internacionales, las que sigue el Estado mexicano a través de sus sistemas estadísticos: HLI (hablantes de lengua indígena) y HPI (hogares con población indígena), o los que siguen las mismas comunidades. Es decir, lo indígena no es una cualidad esencial del ser humano, sino que se refiere a los procesos de construcción identitaria, los cuales son dinámicos y están determinados sobre todo por variables económicas y políticas, así como históricas y culturales.

Según observaciones de campo (2010), en el seno de las comunidades indígenas de Sonora domina el criterio de la autoadscripción, pero con fuertes restricciones. No es suficiente que un individuo se adscriba, de manera personal, a un grupo étnico, éste tiene que ser reconocido como parte de la comunidad. Por ello, advierten que todos somos parientes, todos nos conocemos. Es decir, se requiere el reconocimiento comunitario y, por ende, un tratamiento académico de lo indígena a partir de sus propias transformaciones y como sujetos de su propia historia (De la Peña 2000).

 

El complejo biocultural de Sonora: comunidad, identidad y resistencia

La organización biocultural está determinada por aspectos de la territorialidad9 y subsistencia tradicional, así como de sus constructos contemporáneos. La territorialidad tradicional indígena es más compleja que la mera posesión de tierras con fines productivos, por parte de colectividades hablantes de alguna lengua indígena. Es decir, la cosmovisión y la identidad están arraigadas al territorio y en ella la praxis de la subsistencia, así como la organización política y los usos y costumbres, que garantizan el acceso comunitario al mismo. Es en el territorio donde se tejen las lenguas y saberes que le dan sentido a la biodiversidad, y que hacen de las prácticas de subsistencia el medio concreto de una forma comunitaria significativa de vivir en la Tierra.

Mientras que la territorialidad y subsistencia contemporáneas tienen su raíz en la tradición, también intervienen otro tipo de factores como los históricos –colonización europea– y el avance de la sociedad capitalista, urbana e industrial, organizada a través del Estado nacional y su consecuente reorganización geopolítica. Esto ha repercutido en profundas transformaciones de las culturas indígenas, y han determinando las nuevas configuraciones de la bioculturalidad de Sonora, como constructos geopolíticos de resistencia, que luchan no sólo por sus "tierras", sino por sus "territorios", ya que en ellos radica su autonomía política y sus posibilidades de ser comunitario.

El complejo biocultural de Sonora lo integran los pueblos originarios que aún habitan sus territorios ancestrales, como los cucapá, seris, yaquis, mayos, pápagos, pimas y guarijíos, con ciertas características comunes de raíz histórico-cultural, como el ser gentes de la tierra o del monte, términos que ahora se podrían denominar como gentes de ecosistema (Boege 2008).

Sin embargo, también muestran múltiples diferencias, por ello se puede hablar de que hay varias formas de organización biocultural con distintos grados de integración. Como puede apreciarse en la figura 1, los pueblos yaquis y mayos están hermanados por su lengua; ambos habitan su territorio ancestral en las riberas y valles de los ríos que llevan sus nombres:Yaqui y Mayo. La subsistencia tradicional entre ambos es parecida, ya que mantenían una organización territorial fundada en pueblos, en las riberas de las cuencas bajas de sus respectivos ríos, en donde practicaban tanto la agricultura de riego en pequeña escala y extensiva, como la de temporal para la subsistencia, así como la recolección, pesca y caza.

Los yaquis (36 409) y mayos (65 000) de Sonora son los más numerosos, concentran 33 y 59 por ciento de la población originaria, respectivamente. Sin embargo, en la actualidad se advierten procesos de territorialidad, pues aunque continúan habitando en sus pueblos tradicionales, ya se aprecian procesos de dispersión amplios. El territorio yaqui se concentra en los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Bácum y Cajeme, aunque la población se encuentra dispersa en 18 municipios y 105 localidades. Por su parte, el territorio mayo se ubica en Huatabampo, Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez, y los mayos se aglutinan en 486 localidades pertenecientes a 29 municipios del estado. Aun dentro del territorio, la ocupación predominante de las personas de ambos grupos es la de jornaleros agrícolas. Los que viven fuera también se dedican a lo mismo, o están empleados en el sector industrial –maquilas–, así como en servicios en las ciudades cercanas. Cabe señalar que el mayo es un pueblo que también se ubica en el estado de Sinaloa, es decir, es biestatal.

El restante 8 por ciento de la población indígena de Sonora se reparte entre los guarijíos, seris, pimas, pápagos y cucapá. Y, pese a ser pocos, su vitalidad es innegable, los seris, pimas y guarijíos aún se autoidentifican por la lengua, el territorio, la historia y cosmovisión, así como la subsistencia tradicional, que ahora coexiste con dinámicas vinculadas al intercambio mercantil y al desarrollo.

Los ecosistemas y la subsistencia tradicional es muy variada (véase figura 2). Los seris, el único pueblo de México que es "gentes del mar y del desierto", basan su alimentación en los productos que obtienen del primero, y su conocimiento herbolario en el segundo. Tal combinación los hace únicos y, aun cuando sus actividades productivas están insertas en el mercado regional, siguen siendo de este ecosistema. Los pimas son "gentes de las montañas", del bosque de pino y encino de la Sierra Madre Occidental. Parte de la subsistencia todavía depende de la agricultura de temporal, que comparten con sus comunidades de Chihuahua; son biestatales. De los guarijíos se dice que son un pueblo intermediario entre el tarahumara de Chihuahua y el mayo de Sonora y Sinaloa. Se ubican en la cuenca alta del río Mayo. Al igual que los pimas, viven en la montaña, pero a elevaciones menores; utilizan los recursos de la selva baja caducifolia, y trabajan una agricultura de temporal ribereña y tradicional, aún viva.

Entre los pueblos cucapá y pápago, el uso de la lengua materna casi ha desaparecido, la mayoría de su población ha dejado la subsistencia tradicional para integrarse a las actividades rurales, mineras y de la vida urbana. Conservan una mínima porción de su territorio ancestral en sus ecosistemas originarios: el delta del río Colorado y el altiplano del desierto sonorense, respectivamente. Ambos son binacionales, producto de la separación de México y Estados Unidos, su población y ecosistemas se volvieron transfronterizos; cuentan con el reconocimiento del gobierno estadounidense para su población y territorio y con derechos de pueblos binacionales.

El proceso identitario pápago se desdibujó en el siglo XX, pues la mayoría emigró a Estados Unidos y, en menor medida, a las zonas urbanas de la región como Caborca, Sonoyta y Puerto Peñasco.Ahora están recuperando su raíz, influidos por los apoyos de la Nación Tohono (pápago) de Arizona, Estados Unidos. Por ello, el número de sus integrantes aún es fluctuante. En cuanto a los cucapá, la mayor porción está en Baja California y en EE UU; son biestatales y binacionales, dentro del ecosistema del delta del río Colorado.

En resumen, de los pueblos que componen el complejo biocultural de Sonora se puede decir que son "gentes de ecosistema", cuyas raíces siguen permeando su vida moderna. Esto se aprecia aun cuando presentan variadas dinámicas de territorialidad e identidad, y sus procesos culturales contemporáneos sean diversos, desde el número de habitantes, el grado de mestizaje, la integración en las actividades urbanas, mercantiles e incluso las transformaciones ambientales a sus territorios. Sin embargo, su común denominador es el deseo de seguir conservándose como pueblos, con sus propias formas de gobierno y en lucha por sus territorios.

 

Territorio y agua de la subsistencia tradicional

El análisis del complejo biocultural está obligado a integrar la territorialidad histórica y la contemporánea. Según Orozco y Berra (1864), lo que ahora se conoce como Sonora estaba todo ocupado por los antepasados de los pápagos (pimas altos), apaches, seris, ópatas, pimas (pima bajo) y cahítas (actuales yaquis y mayos). Éstos, a su vez, estaban integrados por subgrupos que se reconfiguraban a partir de las dinámicas internas y externas, por lo que sus territorios eran grandes extensiones ubicados en las regiones donde ahora se localizan sus reducidos núcleos agrarios. Los ópatas y apaches ya desaparecieron de la geografía sonorense,10 así como algunos de los subgrupos, los guaymas de los seris o los hiaced o'otham de los pápagos. Los cucapá no fueron documentados por la lejanía de su territorio (Orozco y Berra 1864).

La territorialidad contemporánea está marcada por la herencia de la colonización europea —reducción sistemática de la población indígena— y la emergencia del Estado nacional. En México no hay una figura que reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, por lo tanto los "territorios indígenas" no existen como figura jurídica de tenencia de la tierra. Por ello, los pueblos originarios se ven obligados a asumirse según las definiciones agrarias reconocidas por el Estado, como ejidatarios o comuneros, según sea el caso. Aunque cabe señalar que ambas definiciones tienen un antecedente prehispánico; los ejidos fueron reemplazados durante la Colonia por el sistema de encomienda, abolido después por la Constitución de 1917, con la promesa de restaurar la figura del ejido.

El tratamiento académico del tema de la territorialidad indígena ha desarrollado varias metodologías, que se aplican según el tipo de análisis: la organización político-territorial (Sariego 2011), los territorios simbólicos (Barabás 2003) o el criterio de las regiones bioculturales de Boege (2008).11

En el presente trabajo se tomó como criterio base que el grupo indígena contara con la resolución presidencial del predio, es decir, que estuviera reconocido por la ley como núcleo agrario. Lo anterior se debe, por un lado, a que lo agrario es lo que determina, en mayor medida, el actual usufructo colectivo del territorio; es su estatus legal frente a la Ley Agraria nacional vigente. Mientras que por otro, es una estrategia que da cuenta del avance del proceso de despojo de sus territorios, que implica el reconocimiento de los territorios políticos, simbólicos y bioculturales de manera simultánea. No siempre es posible conciliar este criterio con la dinámica actual, ya que hay situaciones mixtas –como el caso mayo-, por lo que al criterio de la tenencia de la tierra se sumó el de la autoidentificación de los núcleos agrarios (descendientes, uso de las costumbres religiosas y de la lengua).

La lucha por el territorio es la prioridad de los pueblos de Sonora, ya que si bien es cierto que poseen los decretos presidenciales de al menos 42 núcleos agrarios, que les garantizan el acceso legal a los mismos, están severamente reducidos de sus porciones ancestrales; en algunos casos están fragmentados y presentan irregularidades como invasiones, linderos confusos, superficies erróneas, amparos en proceso, etcétera (véase figura 2 y 3).

El hecho de que los territorios estén registrados como núcleos agrarios tiene implicaciones contradictorias. Por un lado, significó la legalización de su expoliación (abarcan sólo 4.88 por ciento de la superficie de Sonora), ya que los terrenos que quedaron fuera se convirtieron en "propiedad de la nación" y pronto en "propiedad privada" o fueron parte del reparto agrario nacional. Mientras que por el otro, la resolución presidencial ha sido la vía más efectiva de la defensa del territorio contemporáneo.

La incursión agraria impactó la organización comunitaria territorial y el acceso colectivo a los recursos naturales, que variaba de un pueblo a otro (por ejemplo, las jurisdicciones de los pueblos yaquis y mayos o el ihizitim seris), ya que no todos quedaron como beneficiarios, excepto los yaquis. Sin embargo, a pesar del proceso histórico de despojo territorial, las comunidades indígenas conservan una organización política o formas de gobierno que todavía derivan de la organización comunitaria y del acceso colectivo a los recursos naturales. En la mayoría de los casos guardan un sistema político híbrido, compuesto por autoridades tradicionales y agrarias, cuya división del poder y funciones siempre se hallan en negociación, en ocasiones conflictiva. Esto les ha permitido crear una organización representativa frente al Estado nacional, y avanzar en la defensa del territorio y sus derechos al desarrollo.

En la territorialidad contemporánea, lo que interesa observar es el "acceso" real a los recursos naturales y diferenciarlo de la "disponibilidad". Por ejemplo, el ejido Pozas Arvizu de los cucapá es el territorio con la menor cantidad de tierra ejidal, tanto en superficie como per cápita. Está enclavado en el delta del río Colorado, que a mediados del siglo XX pasó de ser navegable (entrada a Estados Unidos por el golfo de California) para convertirse en un médano desértico, debido a las 40 presas que retienen el agua de la cuenca, en el lado estadounidense.

Así se abrió el paso a grandes extensiones de riego tecnificado para el desarrollo agrícola del valle de Mexicali, a través de canales y pozos. En la actualidad, el acuífero tiene el estatus de sobreexplotado (CONAGUA 2010). Las 683 hectáreas del ejido Pozas Arvizu son parte de este distrito de riego, y todas están rentadas a grandes agricultores ajenos a la comunidad. Algunos cucapás trabajan como jornaleros en sus propias tierras, y pagan las cuotas del consumo de agua para fines agrícolas. Muchos de ellos han emigrado y otros trabajan en las maquilas fronterizas de San Luis Río Colorado. El caso cucapá, al ser un pueblo biestatal y binacional del delta, debe ser analizado como un todo, pero en lo que respecta a su situación en Sonora es evidente que ha perdido acceso al territorio y al agua, así como a la biodiversidad de la subsistencia tradicional, ya que el ecosistema nativo ha sido sustituido por completo (Búrquez y Martínez Yrízar 2006).

El río (Colorado) ya se secó.12 El agua está contaminada por el drenaje urbano.13 El agua de la llave sale turbia y el agua para beber la tenemos que comprar.14 Antes nosotros sembrábamos nuestras tierras ejidales, nos ayudaba Banrural, pero todo cambió y ya no pudimos continuar, todas las tierras las rentamos, algunos trabajan como jornaleros, pero no alcanza, se tienen que ir a buscar trabajo. Además tenemos que pagar el agua que se usa para el riego.15

Los pápagos (tohono o'otam) y los guarijíos poseen un territorio reducido y fragmentado, emplazado en el desierto sonorense, con cinco núcleos agrarios el primero y tres el segundo, pero sus dinámicas actuales son distintas. Los ríos importantes en la región como el Sonoyta, el Coyote y el Tesota, que se unen al río de la Concepción, eran perennes a principios del siglo XX y ahora sólo "corren cuando llueve". Dos de sus cinco núcleos agrarios, Pozo Prieto y Las Norias han sido abandonados; y Pozo Verde y San Francisco registran escasa población. El proceso, aunque no es el único factor, se relaciona con la pérdida de acceso al agua del territorio, como lo reflejan las opiniones siguientes:

Se acabó el agua y se acabó todo.16 No hay agua para sembrar, el arroyo se secó, sólo hay agua de pozo para beber.17 Se fue toda la gente, no había trabajo, ya no había nada.18

La comunidad de Quitovac es el único núcleo agrario habitado por cerca de cien personas, que se resisten a dejar su laguna sagrada,19 y se ha convertido en el centro ceremonial más importante de los pápagos. Sin embargo, la laguna de Quitovac tiende a la degradación por ausencia de lluvias, erosión, azolvamiento y falta de interés en su mantenimiento, ya que la agricultura de subsistencia se acabó. Desde mediados del siglo XIX, Quitovac ha sido zona de interés para los gambusinos, así como ahora lo es para los grandes emporios mineros canadienses, que extraen oro en la zona de Chujubabi y contratan a los pápagos como trabajadores temporales.

La emigración pápago se ha concentrado en Caborca, Sonoyta y Puerto Peñasco, donde habita 90 por ciento de los pápagos mexicanos; así como en Arizona, Estados Unidos. En ambos lados de la frontera desempeñan los trabajos de más bajos salarios. El territorio pápago es zona de paso del crimen organizado con la consecuente violencia, problemas de adicciones e inhibición de actividades económicas alternativas. Según la dinámica actual de los pápagos, Quitovac representa la frágil oportunidad de restauración del único complejo biocultural del desierto de México.

El territorio seri (comcáac) comprende dos núcleos: los bienes comunales de la isla Tiburón20 y el ejido costero continental, que si bien no es ni la décima parte del original, es el segundo de los territorios indígenas con mayor grado de integración (después del yaqui); tiene 205 886 ha, con 196 ha per cápita, índice más alto de todos los pueblos indígenas de Sonora. Además, cuenta con una zona de exclusividad pesquera, el canal del Infiernillo y los litorales del territorio. El principal escurrimiento hacia esta comunidad es el arroyo San Ignacio, las subcuencas se forman con los acuíferos de Puerto Libertad, Arivaipa y Costa de Hermosillo, el cual tiene un estatus de sobreexplotación e intrusión salina (CONAGUA 2011). La conservación de las cuencas es vital para los manglares y la gran biodiversidad estuarina del canal del Infiernillo, listado como Sitio Ramsar, es decir, humedal de prioridad internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971).

La principal actividad productiva de los seris depende del mar, aunque se encuentra ya inmersa en el mercado regional, sobre todo del canal del Infiernillo, que en términos relativos regionales, tiene mejores condiciones ecosistémicas, lo cual ha sido relacionado con el manejo tradicional comunitario (Basurto 2008). Existen recursos naturales relativamente "disponibles", lo que les ha permitido permanecer en su territorio, y en la actualidad no presentan desnutrición, como problema de salud comunitaria. Por otro lado, han diversificado su economía a través de la venta de artesanías y del manejo cinegético del territorio, primordialmente de la cacería del borrego cimarrón.

La dinámica de la pobreza, en muchas ocasiones, hace "inaccesibles" dichos recursos. Los sistemas de distribución comunitaria y el acceso colectivo a los recursos naturales, que son un gran amortiguador del impacto de la pobreza, tienden a debilitarse en la medida en que avanzan la relaciones mercantiles en la subsistencia, frente a las cuales las capacidades locales no se han desarrollado lo suficiente, ni de manera equitativa.

La gente nueva está en medio, ya no pueden vivir como los antepasados, pero tampoco saben hacerlo como los blancos, eso es muy peligroso. ¿Quién nos va ayudar cuando ya se acabe el pescado?21

El territorio seri está bajo el asedio constante de pescadores ilegales que entran a su zona de exclusividad pesquera, cazadores furtivos e invasiones, así como saqueo de la madera del árbol del palo fierro. Reciben constantes ofertas de inversión intensiva, compra de parcelas o la renta de la isla Tiburón. Son invadidos por el crimen organizado, que cruza por las rutas marítimas del golfo de California hacia la frontera de EE UU.

La población de los pimas (o'ob) es poca; su territorio está reducido a dos porciones pequeñas, una en la sierra alta de Sonora y otra en Yepachi, Chihuahua, es un pueblo biestatal. El ejido Maycoba cuenta con 17 200 ha, por lo que el índice per cápita es de 17.71 ha. Se ubica en la cuenca del río Mulatos, afluente del río Yécora; los acuíferos corresponden al Yécora, San Bernardino, ríos Chico y Sahuaripa (CONAGUA 2011). La vegetación está representada por bosques de pino, pino-encino y encino, que cubren más de 80 por ciento de la cuenca y se distribuyen en la parte alta. Ojos de agua (babi) y arroyos cristalinos corren por doquier. Sin embargo:

El agua es del arroyo y del pozo, pero se está acabando porque ya no llueve, la del arroyo está contaminada por la basura que tira la gente.22 Aquí todos tenemos el agua por noria y sí está buena. El agua del arroyo siempre está contaminada por basura o animales muertos nunca está limpia.23

Lo anterior implica que la biodiversidad riparia, o la asociada a los arroyos, que son especies comestibles y terapéuticas, disminuyan en la subsistencia tradicional.

La agricultura tradicional es de temporal y en los magüechis (pequeña porción de tierra familiar dentro del ejido) siembran maíz, frijol, calabaza y algunas hortalizas, fuente principal de la subsistencia. La vulnerabilidad del magüechi se ha incrementado, ya que los cambios en la temporalidad, calidad y cantidad de la lluvia merma su viabilidad, así como el interés de los jóvenes por otro tipo de vida, pues emigran a las ciudades a estudiar y sólo regresan de manera temporal.

El aprovechamiento forestal se centra en la extracción poco controlada de pino, lo que ya es visible en el bosque. El aserradero fue abandonado y al quedarse sin proyecto comunitario las carboneras tomaron el bosque pima. Por último, el territorio es zona de paso del crimen organizado, lo que genera inaccesibilidad al área.

Yaquis y mayos contrastan con el resto de los grupos por el número de sus integrantes, y en el caso particular de los yaquis, por el tamaño e integridad de su territorio, ya que no está fragmentado en núcleos agrarios. La comunidad yaqui cuenta con 456 328 ha, pero tan sólo con 12.53 has per cápita. El territorio se enclava en varias subcuencas, lo central es el río Yaqui, el más caudaloso de Sonora, interrumpido por las presas El Novillo, La Angostura y El Oviáchic (INEGI 2000). Los usos más comunes de las presas, además de la provisión de agua dulce, son la generación de energía eléctrica (aunque a excepción de El Novillo, las otras dos son de baja producción, cerca de 10-20 mW por año), la pesca comercial y deportiva. El río Yaqui abastece los acuíferos de los valles de Guaymas y Yaqui, Agua Caliente, Cumuripa, ríoTecoripa, Ónavas y Soyopa (CONAGUA 2011).

En el territorio yaqui se distinguen cuatro zonas ecológicas: la sierra del Bacatete, es la zona montañosa al norte con vegetación de selva baja caducifolia; es la más inaccesible, con buen estado de conservación y considerada como sagrada. La segunda es el piedemonte, con matorral desértico, en donde los yaquis crían ganado y también rentan las tierras a ganaderos externos. La tercera es el valle del Yaqui, que es la planicie deltaica, con suelos ricos en nutrientes en donde se ha desarrollado un distrito de riego, por canales del río, para el cultivo intensivo del maíz, trigo, garbanzo y gran variedad de hortalizas para consumo nacional y de exportación. Las tierras del distrito de riego que pertenecen a la comunidad yaqui están rentadas casi en su totalidad, por lo general a empresarios agricultores de Sonora. Hombres y mujeres yaquis se emplean como jornaleros de sus propias tierras.

En la zona de los valles, en las riberas del ríoYaqui, se ubican sus ocho pueblos tradicionales y otras rancherías, que concentran su población rural: Belém, Huiviris, Rahum, Pótam, Vícam, Tórim, Lomas de Bácum y Lomas de Guamúchil. Los pobladores han perdido acceso a los recursos del río y a la biodiversidad riparia, parte de su dieta y herbolaria tradicional. Ello se debe al intenso represamiento de los cauces principales. Asimismo, la construcción de canales, bordos, carreteras y terracerías derivada del intenso desarrollo del valle agrícola del Yaqui, ha cambiado los patrones de circulación originales y ha reencauzado la captación de agua de lluvia, modificando los límites naturales de las subcuencas y microcuencas. La infraestructura de riego desvía el agua del río Yaqui casi en 90 por ciento a las tierras de los agricultores de Ciudad Obregón.

El río tiene muy poquita agua y la que tiene está contaminada por los agroquímicos.24 El río Yaqui todo el año está seco. A mí me tocó ver cuando corría agua, pero hace mucho que ya no.25 El río está seco porque la presa está cerrada y ahora nos quedamos sin este líquido siendo que es de nosotros.26 Nuestro río ahora está en las presas y en los canales, se llevan toda el agua a los distritos de riego, ya ve, todas las tierras las tuvimos que rentar, ahora no nos permiten abrir más tierras para riego, dicen que ya no hay agua y, entonces, pa'que se la llevan a Hermosillo, ¿no dicen que el agua es de todos?27

La cuarta zona ecológica del territorio yaqui es la costa, que destaca por sus humedales con bosques de manglar. Ahí está Guásimas al norte y Bahía de Lobos al sur, en donde habitan pescadores ribereños, la mayoría yaquis, pero también hay colonias de mestizos. El represamiento de las aguas para las actividades agrícolas en esta zona provoca dos impactos relevantes: la descarga de aguas de desecho, sin procesamiento, de la actividad agrícola, urbana e industrial, a través de un dren colector, que desemboca en Bahía de Lobos; el otro proviene de la disminución de los aportes de agua dulce a los bosques de manglar y otros tipos de vegetación costera. Las implicaciones son: a) la contaminación directa de ambientes costeros con agroquímicos, b) la gran descarga de materia orgánica y metales pesados de origen antropogénico e industrial y c) la eutroficación en los ambientes de manglar y las comunidades biológicas que en ellos se desarrollan. A su vez, los impactos tienen ramificaciones variadas, por ejemplo, algunas de estas especies eran parte de la dieta tradicional, y los manglares y hábitats costeros son ambientes cruciales para la reproducción de especies comerciales del golfo de California.

El territorio mayo (yoreme) se ubica en la subcuenca Mayo-Navojoa y su principal río es el Mayo; predominan los pastizales, matorrales, selva baja caducifolia y vegetación costera, y está fragmentado en, al menos, 29 núcleos agrarios (sólo seis son bienes comunales y el resto ejidos). En algunos casos predominan los beneficiarios mayos, pero no sucede en todos los predios ya que comparten el territorio con mestizos. A esto debe añadirse que, a raíz del cambio del artículo 27 constitucional, en 1992, que permite la venta de parcelas de los ejidos, algunas ya se vendieron. Por ello es difícil precisar la superficie del territorio. Los datos más actualizados señalan que suman cerca de 129 446 has, por lo que cuentan con el segundo índice per cápita más bajo, 1.99 ha, de los pueblos indígenas de Sonora.

Cabe señalar que es el grupo con el mayor número de integrantes, alrededor de 65 mil. Es evidente un proceso de emigración y dispersión, pues la población rural que sigue habitando sus pueblos tradicionales apenas supera las 15 mil personas. Lo anterior deriva en que la identidad mayo esté centrada en sus prácticas religiosas, asi como en sus autoridades tradicionales que por la lengua.

La mayoría de los predios agrarios mayos se ubican en los valles del río Mayo, que son planicies donde la vegetación nativa ha sido prácticamente sustituida en las zonas donde se ha desarrollado la agricultura intensiva tecnificada, y las ha convertido en tierras de agostadero para prácticas de ganadería extensiva y producción de carbón.Todas las tierras que forman parte del distrito de riego están rentadas a los grandes agricultores de la región y, al igual que los yaquis y cucapás, hombres y mujeres mayos trabajan como jornaleros en sus propias tierras, compitiendo con los migrantes que los patrones contratan ex profeso.

Los mayos cuentan con zona costera, pero debido a la fragmentación y mestizaje, su presencia es más difusa. El delta del río Mayo sufre los mismos impactos que la zona del Yaqui, sólo que debe sumarse la actividad acuícola intensiva que, al igual que la mayoría de la agricultura, está en manos de personas externas a la comunidad. La infraestructura acuícola detiene, aún más, el flujo de agua dulce y aumenta la aportación de contaminantes hacia los ambientes estuarinos.

El río (Mayo) está muerto.28 En el río casi no hay agua, siempre está vacío.29 Contaminación más que nada (por agroquímicos) en los drenes y los ríos.30 Antes podíamos ir al monte, por los animales y por las plantas, también los patrones nos dejaban pepenar en el campo. Ahora ya no hay nada, todo lo tenemos que comprar. Aquí hay gente que no come nada en todo el día.31 Los ríos y los arroyos están muy contaminados, ya no se puede pescar.32 Todo el estero está contaminado, ahí desemboca el dren (agrícola).33

A pesar de la complejidad del mayo, con su diversidad de ecosistemas y variadas actividades productivas, es evidente un proceso de usufructo del territorio, del agua y de la biodiversidad por personas ajenas a su comunidad, que si bien puede significar empleo e infraestructura moderna, en realidad representa un proceso de pérdida de acceso a su territorio ancestral, a su agua –en cantidad y calidad– y a la biodiversidad de la subsistencia tradicional.

Los guarijíos (makurawe) tienen su territorio en la parte alta de la cuenca del río Mayo, que forma parte de uno de los recursos hídricos más importantes de Sonora. Los ríos y arroyos que se forman en la región son la principal fuente de aporte para la presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari), que abastece la zona agrícola en el valle del Mayo. La vegetación predominante es de bosques, selva baja caducifolia, matorrales y pastizales. Cuentan con tres núcleos agrarios, uno como bienes comunales y los otros dos son ejidos. Suman 25 626 ha con 16.21 ha per cápita. La colonia makurawe de San Bernardo cuenta con un rancho privado. La población de poco más de mil personas ha sobrevivido de su agricultura de subsistencia tradicional, que es de temporal, el magüechi, donde siembran principalmente maíz, frijol y hortalizas. Sin embargo, el sistema se ha debilitado debido a la modificación de la temporalidad y la calidad de la lluvia.

Pese a lo reducido de su territorio, el acceso al agua del río Mayo todavía les provee del líquido de buena calidad, así como los pozos de agua potable en Mesa Colorada, Burapaco y Mochipaco. La queja de la comunidad es que la deben pagar y muchas veces no les alcanza, pues no tienen trabajo.

Ya no tenemos magüechi, porque ya no llueve como antes. Llueve más tarde, y ya que sembramos, no vuelve a llover, o está muy ralita, se nos seca el maíz.34 Pues si tenemos la Conasupo, y nos traen comida, pero como no hay trabajo, pues no podemos comprar nada, ahí se queda todo.35

 

Agua y desarrollo. El agua como mercancía

En los diagnósticos sobre el estado de desarrollo de los pueblos indígenas, el acceso a los servicios de agua, luz, drenaje y vivienda son indicadores de bienestar, hasta cierto punto, pero considerando los procesos que se han planteado a lo largo de este trabajo, los análisis requieren de algunas precisiones. En este sentido, se retoma la tendencia generalizada de los pueblos indígenas de Sonora: el debilitamiento de la subsistencia tradicional, que es sustituida por el modelo de desarrollo hegemónico, sólo que en condiciones de marginación económica y política, por ello los indicadores no siempre reflejan su realidad.

El agua para la subsistencia tradicional es una y para el desarrollo es otra. Es decir, la primera tiene que ver con la lluvia, acuíferos y agua superficial en cantidad, calidad, temporalidad y ubicación específica, para que la biodiversidad de la subsistencia sea posible y accesible (dispositivos culturales viables). En primera instancia se necesita "el territorio", mientras que el agua del desarrollo, si bien requiere de la salud ecosistémica, depende de la voluntad del Estado para la inversión en tecnología que la haga disponible, en términos domésticos, enfocada a la higiene comunitaria, más que a la disponibilidad de alimentos en sí. La cuestión es que sea accesible cuando se disponga de ella; sin embargo, esto no es el caso debido a que la infraestructura hidraúlica por lo general es de baja calidad. Por otro lado, el agua de su propio territorio ancestral se les devuelve como mercancía: la tienen que pagar y en ocasiones está contaminada por agroquímicos u otro tipo de compuestos orgánicos e inorgánicos.

Según los datos arrojados en la ESB, se encuestaron 1 331 viviendas en localidades de los territorios considerados indígenas, y 95 por ciento de dichos poblados cuenta con red de agua potable, pero esto no garantiza que el agua esté disponible y accesible en la misma proporción. Cada localidad tiene su problemática particular. Por ejemplo, el caso de Punta Chueca, territorio seri, merece mención especial. La trashumancia tradicional del grupo le permitía el acceso a los escasos ojos de agua del desierto, lo que sin duda incidió en gran variedad de factores, desde los demográficos hasta la organización político-territorial de la comunidad. La territorialidad contemporánea les presenta otro tipo de retos: reducción del territorio, sedentarización-conglomeración (en campos pesqueros temporales, donde lo prioritario era la venta del pescado), el aumento sistemático de la población y del consumo de agua (de un solo lugar) y de la forma (dentro de la vivienda) al adquirir los hábitos del desarrollo. Es decir, Punta Chueca está ubicada en donde no existe un acuífero lo suficientemente grande como para "justificar" la inversión en esta infraestructura. Por tanto, las respuestas han sido la desaladora y la pipa de agua de Bahía de Kino, que se alternan en caso de que una falle.

La realidad es que los seris con frecuencia pasan hasta meses con grandes deficiencias en el abastecimiento de agua, en especial en el verano cuando las temperaturas rebasan los 40ºC. Esto ya es un problema de salud comunitaria relacionado con diabetes, padecimientos renales, de piel y gastrointestinales. Por eso, la ESB denota que 95 por ciento de las personas obtenía el agua de pipa, y 91 dijo que nunca y casi nunca era suficiente. Sobre la calidad del agua, respondieron que casi siempre la compran embotellada, en el comercio local y a precio alto, pues la de la desaladora sabe muy mal y la de la pipa no está limpia. Esto se suma a la creciente lista de insumos que tienen que pagar, como medicamentos y transporte. Por último, ha habido intentos de impulsar cierto tipo de actividades productivas, como el ecoturismo o restaurantes para turistas y pescadores, pero la inseguridad en el servicio del agua genera ambientes de insalubridad que inhiben las iniciativas.

Aquí la gente se está muriendo, ya son muchos, los que se van por el diabetes y los riñones, pero yo creo que es el agua, no tenemos y la que llega está muy mala. Tenemos que comprarla para tomar, nos la dan muy cara; en cambio la Coca Cola llega diario.36 Para la fiesta del Año Nuevo, traigan agua, no tenemos otra vez.37 Estamos sufriendo mucho, los niños, los bebés, con este calor, no los podemos bañar, se nos enferman [...] ¡Vayan y digan!38

Mientras que el otro poblado seri, El Desemboque, aunque con deficiencias, cuenta con un pozo que permite una mayor seguridad en el acceso al agua en las viviendas. Es decir, el agua para el desarrollo.

Los pimas de El Kipor, La Dura y Maycoba, San Juan Diego y de las rancherías del ejido han utilizado un sistema mixto de norias y acarreo de los aguajes (babis), y en los últimos años han instalado tuberías para la distribución del agua proveniente de aguajes y pozos. Según la ESB, actualmente 44 por ciento tiene el servicio. A pesar de los numerosos arroyos y ojos de agua asociados al ecosistema de bosque de pino y encino del lugar, sólo 41.2 por ciento considera que siempre y casi siempre tienen agua suficiente, mientras que la calidad aún genera reclamos:

El agua de la llave nunca es suficiente, a veces sale y otras no. El agua que usamos para tomar es entubada y está limpia.39 Aquí todos tenemos el agua por noria. El agua del arroyo siempre está contaminada por basura o animales muertos nunca está limpia.40 Entra agua sucia del drenaje al arroyo y se le pasa al pozo, nada mas tenemos un pozo, el agua que sale en las casas sale muy sucia, con lama y tierra.41

Las colonias urbanas Caborca, Pitiquito, Sonoyta, Altar y Puerto Peñasco concentran a la mayoría de las familias pápago, en donde comparten la problemática del agua. A pesar de que sus viviendas están en las zonas de bajos recursos, todos tienen agua entubada en sus casas, aunque no siempre es suficiente, por lo que se ven obligados a comprarla para tomar y a veces para cocinar. En el pequeño poblado de Quitovac, en los últimos años, sustituyeron las norias de sus casas por una red de agua entubada extraída de pozo, ya que tienen un buen acuífero que les garantiza agua suficiente y de buena calidad.

El agua por tubería es insuficiente, necesitamos comprar embotellada.42 El agua entubada, nunca es suficiente, necesitan comprar embotellada.43 En la evaluación de las norias para ubicar el pozo del agua potable, se encontró mercurio en la noria de la casa de mi tío Eugenio.44

Los guarijíos de la colonia Macurawe-San Bernardo, La Mesa Colorada, Burapaco y Mochibampo en su mayoría tienen red de agua potable domiciliaria (el resto tiene noria); 82.03 por ciento considera que siempre o casi siempre cuenta con el agua necesaria de buena calidad. Al parecer, es el grupo con las mejores condiciones de disponibilidad y de acceso, a pesar de las tarifas que ya tienen que pagar por el servicio. También hay situaciones específicas que merecen atención.

El agua del pozo está buena, no tiene químicos, la guardamos en ollas y tambos; el río no se seca.45 El agua viene de un pozo, el problema que tenemos es que al mes pagamos de 40 a 60 pesos, y no nos alcanza (el dinero), casi no hay trabajo por acá.46 Ahorita no tenemos ni para tomar ni para regar porque no llueve.47

El común denominador de los cucapás, yaquis y mayos es que son "gentes de ecosistemas deltaicos" de los tres ríos principales de Sonora: Colorado, Yaqui y Mayo; han perdido acceso al agua de la subsistencia tradicional. En relación con el agua para el desarrollo, 79.41 por ciento de los cucapás cuenta con servicio de agua entubada, 8.8 la reciben por pipa y 88.2 considera que tiene agua suficiente, siempre y casi siempre.

El agua de la llave sale turbia y el agua para beber la tenemos que comprar. El agua de la pipa estaba clorada y la tiraban frente a la escuela. El agua de los pozos trae mucho sarro y se esponja como si tuviera ácido. Se tienen problemas porque no hay red de agua, es una demanda de la comunidad.48

En la población yaqui que aún habita sus pueblos tradicionales, 95.1 por ciento tiene agua entubada, pero en casos más aislados sigue recurriendo a norias; 33.5 afirma que nunca o casi nunca el agua es suficiente, lo que se agudiza en tiempos de sequía; 24.4 señala que a veces y 40.1 que siempre o casi siempre. Sin embargo, derivado del tipo de agricultura de los arrendadores de sus tierras, el uso de agroquímicos se ha vuelto un factor de riesgo para el consumo directo del agua de los canales de riego y de la poca que le queda al río. Falta por analizar la calidad de agua de los pozos de los pueblos.

Antes el agua no faltaba, la sacábamos del pozo, de las norias o la acarreábamos del corral pero ahora no, ahora batallamos por el agua.49 El ITSON [Instituto Tecnológico de Sonora] realizó un estudio y dice que el aguá esta contaminada por arsénico.50 El agua no sirve para tomar es muy sucia. Dicen que tiene agroquímicos.51 Falta de agua en las casas y en el poblado, por la falta de agua casi no hay árboles.52

El problema del acceso inequitativo al agua está presente en los poblados de mayor tamaño, como Pótam, en donde las colonias más alejadas del pozo reciben agua a cuentagotas, mientras que hay familias que pueden bombearla en mayor cantidad para sus casas.

En el caso mayo, por su complejidad y diversidad, es difícil obtener números promedio; sin embargo, hay avances. En las localidades rurales donde habita parte de la población mayo, 92.1 por ciento tiene agua entubada en sus casas, aunque 32.9 afirma que también tiene que comprarla embotellada; 19.3 señala que nunca y casi nunca el agua es suficiente (La Primavera, Óraba, Jambiolobampo, Camahuiroa, Las Bocas y Masiaca); mientras que 27.4 dice que a veces y sólo 52.5 por ciento afirma que casi siempre y siempre tiene agua suficiente (Buaysiacobe, principalmente), aunque disminuye en los meses secos. Al igual que en las comunidades yaquis, no pueden bañarse en los canales, el río ni en los drenes, tampoco beber el agua debido a la contaminación por agroquímicos.

Siempre sale, en tiempo de calor sale poca.53 La que se compra es para tomar, hay tubería pero no hay agua, llega una vez al día y es poca.54 Purificada para beber.55 No hay cuerpos de agua.56 A veces no hay ni agua, ahora no hubo agua.57 Antes no comprábamos agua, tomamos agua de la llave. Ahora lo tenemos que comprar todo para no enfermarnos.58 El río casi no tiene agua, todo está contaminado.59 Cuando se secó el manto acuífero las tuberías se llenaron de tierra.60

 

Conclusiones

A partir del análisis preliminar del estudio, la primera conclusión se refiere a que es posible identificar la existencia de un complejo biocultural en el estado de Sonora, integrado por las comunidad es territorios de sus siete pueblos originarios, que aún se autoidentifican como tales: cucapá, seri, pápago, pima, yaqui, mayo y guarijío. Sin embargo, puesto que el presente análisis está enfocado a la problemática del agua, aún no presenta los aspectos relacionados con la biodiversidad, los saberes tradicionales y la lengua, como para precisar sobre el estatus general del complejo biocultural. Asimismo, se observa una fuerte tendencia al mestizaje, por lo que se tendrán que integrar otros actores sociales, como los campesinos y pescadores ribereños.

Es claro que el complejo biocultural de Sonora desborda sus fronteras en términos de identidad cultural y ecosistémica. Quizá la más importante se refiere al carácter político-histórico-simbólico de sus territorios, que trasciende de manera considerable las fronteras de sus territorios reconocidos por la Ley Agraria nacional. Lo anterior, junto con sus formas de gobierno, tiene una influencia notable en la comprensión de los movimientos indígenas contemporáneos que centran su lucha en la defensa del territorio, entendido en estos términos.

También se puede hablar de que cada pueblo denota especificidades, debido a la variedad de situaciones de las comunidades y territorios, como las diferencias ecosistémicas y procesos de transformación político-cultural, pero que a la vez comparten rasgos que los particularizan, como un sector con una problemática específica dentro de la sociedad sonorense. El de mayor relevancia se refiere a la lucha por la conservación de la organización comunitaria y por el acceso colectivo a los recursos naturales del territorio ancestral, por lo que continúan con su organización política en defensa de su autonomía. Esto es el fundamento del complejo biocultural que, sin embargo, también es evidente que concentran los índices de mayor marginación política y económica de Sonora.

Además de las características anotadas, el complejo biocultural de Sonora muestra tendencias a que aumente su vulnerabilidad, incluso, en algunos casos, se puede hablar de un proceso de desorganización del complejo. Lo anterior se asocia a las dinámicas de marginación política y económica, así como a su problemática socioambiental, la cual incluye una continua amenaza al territorio, así como procesos de degradación del medio ambiente. Prácticamente todas las variantes de su problemática socioambiental se inscriben en la dinámica global del avance de la sociedad industrial capitalista, asumida por el Estado nacional y sus oligarquías locales. Ésta ha tomado sus territorios e impuesto modelos de desarrollo que han terminado por despojarlos aún más de sus recursos naturales. Resalta en primer término el acceso a la tierras, que se hallan bajo el dominio de la visión agroindustrial del aparato financiero internacional, como las de los cucapás, yaquis y mayos.

A lo anterior se suman los impactos ambientales regionales – contaminantes, sobreexplotación, saqueo y uso de agroquímicos– sobre sus recursos naturales. En este rubro destaca el tema del agua como un conflicto trasversal del complejo biocultural sonorense. Importa diferenciar el agua para la subsistencia tradicional, del agua para el desarrollo, ya que la primera se relaciona con la salud de las cuencas hidrológicas, lo que incluye la vegetación riparia, fundamental en la dieta y terapéutica tradicional. Pues, como bien se sabe, la subsistencia tradicional ha amortiguado el impacto de la pobreza y ha sido el principal elemento de resistencia del complejo biocultural de Sonora.

Esto tiene que ver con la sequía actual, relacionada con el cambio climático, que repercute en todas las comunidades, aunque de manera diferenciada, y con el represamiento de los cauces de sus ríos, que canaliza el agua de la subsistencia tradicional a los territorios agroindustriales. La casi desaparición del agua de sus cauces originales ha dañado seriamente la biodiversidad de la subsistencia –alimentación y terapéutica– y, por ende, ha obligado a la proletarización de los pobladores, sobre todo como jornaleros agrícolas, o los ha forzado a emigrar de sus territorios. Es en este contexto que el proyecto del acueducto Independencia, que llevará agua del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, queda muy cuestionado, así como el de la presa Los Pilares, que afectará el territorio guarijío.

El agua para el desarrollo se refiere a la construcción urgente de plataformas de despliegue de las nuevas configuraciones indígenas, en su manera comunitaria de enfrentar los retos que les plantea el mundo contemporáneo,61 en pleno respeto de sus derechos humanos universales, así como los de la Madre Tierra.

Es necesario señalar que a pesar de que es posible identificar una problemática común de los pueblos indígenas, también es cierto que no es homogénea y que algunos presentan mayor consolidación de su complejo biocultural, e incluso de reapropiación del mismo, por ejemplo está el caso de los seris. En cambio, las transformaciones de los pápagos y cucapás han implicado la desorganización de su complejo biocultural. Este proceso puede desencadenar dinámicas pauperizantes, como lo muestran algunos casos concretos dentro de las comunidades de los pimas, mayos, yaquis y guarijíos, mas no es determinante, como lo evidencia el de los pápagos.

Por todo lo anterior, las comunidades indígenas de Sonora continuarán preguntándose si el agua es de todos. Con ello, el tema del agua vuelve a ser una vía precisa que muestra la inequidad social de México, como ya lo afirmaron Aboites et al. (2008), a lo que habría que añadir que el agua también muestra la inequidad étnica que prevalece en la sociedad.

En síntesis, la atención al complejo biocultural es estratégica en la construcción no sólo de una sociedad mundial pluricultural, sino en el diseño de políticas de desarrollo ambientalmente sustentables, de manera especial, las dirigidas a la restauración de la capacidad hídrica de las cuencas hidrológicas de Sonora.

 

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NOTAS

1 Agradecemos la ayuda del asesor en estadística, doctor Enrique Ramos, y el apoyo técnico de Diana Esquer, Tadeo Manríquez y Gildardo Bautista.

2 El término "pueblos indígenas", según las convenciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU (2007); Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Convenio 169 se utiliza para designar a las colectividades que se autoidentifican como una comunidad originaria en el contexto de los Estados nacionales.

3 EDESPIS (Estado de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora), capítulo "Territorio y recursos naturales". Agradecimientos: a The Christensen Fund, por el apoyo para la realización del proyecto. Este trabajo no habría sido posible sin la ayuda de las autoridades tradicionales de cada comunidad, así como de los jóvenes que se integraron como "encuestadores interculturales". Se agradece también la colaboración en campo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y, por supuesto, a las instituciones académicas respectivas de los autores.

4 Se aplicaron 1 331 ESB, de abril de 2010 a mayo de 2011, en cada pueblo originario de Sonora –cucapá, seri, yaqui, mayo, pápago, pima y guarijío–. En los de mayor población como los yaquis y mayos, se realizó un muestreo en las localidades rurales de sus territorios, con resolución presidencial (núcleos agrarios), mientras que en el resto se aplicó en cada vivienda siguiendo los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2000): pápagos, 137; cucapás, 34; pimas, 126; yaquis, 406; mayos, 419; guarijíos, 128 y seris, 81. Se hicieron excepciones con los pápagos y cucapás, ya que la mayoría de su población se encuentra en centros urbanos, así como en las localidades que no fue posible alcanzar por motivos de seguridad, lo cual se consideró en el análisis y conclusiones. Las localidades son: pápagos: Quitovac, Caborca, Pitiquito, Sonoyta y Puerto Peñasco; cucapá: Pozas Arvizu y San Luis Río Colorado; pimas: Maycoba, El Kipor, La Dura, San Juan Diego y rancherías del ejido Maycoba; yaquis: Pótam, Vícam pueblo, Huirivis, Belém, Rahum, Lomas de Bácum,Tórim, Lomas de Guamúchil, Bahía de Lobos; mayos: Etchohuaquila, Bacabachi, Bachantahui, Bayajorit, Buaysiacobe, Camahuiroa, El Caro, El Júpare, El Sahuaral, La Primavera, La Vasconia, Las Bocas, Loma Etchoropo, Los Pollos, Masiaca, Mochipaco II, Moroncarit, Óraba y Yavaritos; guarijíos: Colonia Makorahui, Mesa Colorada, Burapaco, Mochibampo y Bavícora, y seris: Punta Chueca.

5 La agrobiodiversidad se refiere a la diversidad biológica generada a partir de la selección deliberada de cultivos e inadvertida de sus malezas y plagas, así como la domesticación de especies realizada por cientos de generaciones de campesinos indígenas. Es un fenómeno notable en los cereales básicos como el maíz, arroz y trigo; leguminosas, como la soya y el frijol o tubérculos, como la papa. Tan sólo en el caso del maíz se reconoce a Mesoamérica como zona de origen y diversificación genética. En México se han identificado 41 complejos raciales y miles de variedades de maíz, que se supone provienen de la domesticación del teocintle, el maíz silvestre.

6 Para designar a los hogares con población indígena, se considera la lengua del jefe o cónyuge.

7 Los conteos comunitarios se refieren a las estrategias que cada comunidad tiene para generar sus propios datos sobre el número de sus integrantes, siguiendo los criterios de autodescripción y reconocimiento comunitario. Las comunidades generalmente no están de acuerdo con las cifras oficiales.

8 "El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización social y garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad." (Artículo 1º, párrafo 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora).

9 La CIDH ha valorado como positiva la incorporación legislativa de "un concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última categoría, no solamente los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como las vías de acceso", por considerar que "esta visión es acorde con la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en general". La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se restringe al núcleo de sus casas de habitación; "por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural". Los derechos de los pueblos indígenas y tribales abarcan el territorio como un todo (Organización de los Estados Americanos, OEA-CIDH 2009, 14).

10 La política indígena actual considera al pueblo ópata como extinto; sin embargo, se tiene conocimiento del renacimiento de grupos que afirman ser sus descendientes. En el caso de los apaches, al contraerse sus territorios y trazar las fronteras entre México y Estados Unidos, su territorio quedó del lado estadounidense.

11 "Criterios: 1) 40% y más de hogares indígenas en localidades. 2) Criterio de contigüidad. 3) Criterio de ocupación espacial (territorios agrarios) de las localidades contiguas. 4) Criterio de los límites municipales. 5) Criterio de contornos compartidos entre ejidos y comunidades con localidades en que predomina la propiedad privada (límites según los polígonos de Thiessen)."

12 Gloria Castañeda, comunidad cucapá, San Luis Río Colorado (noviembre 2010).

13 David León, comunidad cucapá, San Luis Río Colorado (noviembre 2010).

14 Anónimo cucapá, Pozas Arvizu, San Luis Río Colorado (junio 2010).

15 Nicolás Wilson Tambo, Pozas Arvizu (mayo 2010).

16 Alicia Chuhua, comunidad Pozo Prieto y su anexo Las Calenturas (mayo 2010).

17 José M. García Lewis, ejido Pozo Verde y su anexo Los Bajíos (mayo 2010).

18 Anita Zepeda, ejido Las Norias (octubre 2010).

19 La laguna de Quitovac es un oasis del desierto de Sonora, que por el contexto, sus servicios ambientales son muy valiosos. También es la fuente de la cultura ancestral pápago.

20 La isla Tiburón es parte de la Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California.

21 Comentarios de don Antonio Robles, presidente del Consejo de Ancianos Comcáac, en relación con las nuevas generaciones de la comunidad (2003).

22 Guadalupe Duarte, ejido Maycoba-pima (julio 2010).

23 Guadalupe Galaviz, El Kipor-pima (julio 2010).

24 Celsa Piña, Lomas de Bácum, territorio yaqui (marzo 2011).

25 Amalia Ochoa, Pótam, territorio yaqui (marzo 2011).

26 Julia Molina, Pótam, territorio yaqui (marzo 2011).

27 Anónimo de Rahum, territorio yaqui (marzo 2011).

28 Brenda Quintero, Óraba (febrero 2011).

29 Martina López Zuñiga, Óraba (febrero 2011).

30 Eulalia Huipas, El Júpare (febrero 2011).

31 Anónimo mayo, El Caro (febrero 2011).

32 José A. Verdusco, Buaysiacobe (febrero 2011).

33 Ma. Lourdes Soberanes, Moroncarit (febrero 2011).

34 Hilda Jabalí Enrique, Mesa Colorada, territorio guarijío (mayo 2011).

35 Doña Librada, Mochipaco, territorio guarijío (mayo 2011).

36 Felipe Romero, Bahía de Kino-seri (septiembre 2010).

37 David Morales, Punta Chueca-seri (junio 2010).

38 Chepa Ibarra, Punta Chueca-seri (junio 2010).

39 Yolanda Bustillo, San Juan Diego-pima (julio 2010).

40 Guadalupe Galaviz, El Kipor-pima (julio 2010).

41 Dolores Duarte, Maycoba-pima (julio 2010).

42 Francisca Salas, Pitiquito-pápago (mayo 2010).

43 Ángela García, Caborca-pápago (octubre 2010).

44 Brenda Lee, Quitovac-pápago (febrero 2011).

45 Celestina Macario Zazueta, Mesa Colorada-guarijío (mayo 2011).

46 Oralia, Mesa Colorada-guarijío (mayo 2011).

47 Herminia Zaila Zazueta, Burapaco-guarijío (mayo 2011).

48 Alfonso Tambo, Pozas de Arvizu-cucapá (mayo 2010).

49 Ana Isabel, Pótam-yaqui (marzo 2011).

50 Concepción Molina, Pótam-yaqui (marzo 2011).

51 Anónimo, Lomas de Guamúchil-yaqui (marzo 2011).

52 María Molina, Rahum-yaqui (marzo 2011).

53 Elvia Huipas, El Júpare-mayos (febrero 2011).

54 Luis Enriquez Rojas, La Primavera-mayos (febrero 2011).

55 Gregoria Granados, LaVasconia-mayos (febrero 2011).

56 Micaela Hernández, Masiaca-mayos (febrero 2011).

57 Valvanera Vega, Camahuiroa-mayos (febrero 2011).

58 Esther Escalante, Moroncarit-mayos (febrero 2011).

59 Rosalba Espinoza, Loma de Etchoropo-mayos (febrero 2011).

60 Anónimo, Bacabachi-mayos (febrero 2011).

61 Como el debilitamiento de la tradición o la pérdida de la capacidad hídrica de sus territorios ancestrales, exacerbada ahora por el cambio climático. Tan sólo la resignificación simbólica del agua: de la entidad viva y sagrada a la mercancía inerte, es un cambio profundo en la cosmovisión, que induce procesos de disyunción de simbología y praxis.

^rND^sBarabás^nAlicia^rND^sBasurto^nXavier^rND^sBúrquez^nA.^rND^nA.^sMartínez YrízarCONAGUA^rND^sDescola^nPhilipe^rND^sDe la Peña^nGuillermo^rND^sLuque^nDiana^rND^nS.^sDoode^rND^sLuque^nDiana^rND^sSariego^nJ.L.^rND^sToledo^nVíctor Manuel^rND^sToledo^nVíctor Manuel^rND^nP.^sAlarcón^rND^nP.^sMoguel^rND^nM.^sOlivo^rND^nE.^sLeyequien^rND^nA.^sRodríguez^rND^sYetman^nD.^rND^nA.^sBúrquez^rND^1A01^nEsther^sPadilla Calderón^rND^1A01^nEsther^sPadilla Calderón^rND^1A01^nEsther^sPadilla Calderón

Artículos

 

La construcción social de la escasez de agua. Una perspectiva teórica anclada en la construcción territorial

 

Esther Padilla Calderón*

 

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera de El Colegio de Sonora. Teléfono: (662) 136 6358. Correo electrónico: epadilla@colson.edu.mx

 

Resumen

Desde la perspectiva del presente trabajo, el observable central para aprehender los procesos de construcción territorial y de escasez de agua es un tipo específico de relaciones sociales, las de confrontación. De acuerdo con Max Weber, cuando las acciones de un sujeto o un grupo se orientan por el propósito de imponer su voluntad contra la resistencia de otro u otros, se habla de relaciones de confrontación. Aquí, el eje de la noción de relación social es la confrontación, y desde esta propuesta teórico-metodológica es el observable fundamental en la comprensión del proceso de construcción social de un territorio y de la escasez de agua. Los ejes analíticos son: la relación entre construcción territorial y confrontación y entre confrontación y escasez.

Palabras clave: poder, confrontación, construcción social, territorio, territorialidad, escasez.

 

Abstract

From the perspective of this work, the main concept necessary to understand water scarcity and regional construction processes is a specific type of social relationship: confrontation. According to Max Weber, confrontation occurs when the actions of an individual or a group are guided by the purpose of imposing their will against the resistance of another or others. In this article, the core of the notion of social relationship is confrontation, and from this theoretical-methodological proposal arises the fundamental issue in understanding the process of the social construction of a territory and the scarcity of water. The analytical axes are: the relationship between territorial construction and confrontation, and between confrontation and scarcity.

Key words: power, confrontation, social construction, territory, territoriality, scarcity.

 

Introducción

Es conveniente aclarar que la posición teórica de este trabajo respecto a la escasez del agua es antropocéntrica, pues está centrada en la consideración de que dicha condición se construye con base en el desenvolvimiento de relaciones sociales de confrontación. Des-de esta perspectiva, es importante entonces no confundir sequía con escasez; la primera está relacionada con condiciones naturales del medio, tiene un carácter climatológico, en tanto que la segunda hace referencia a procesos sociales. Es cuando la insuficiencia o inexistencia de agua, sentida por un sujeto o grupo, no se origina en un evento de sequía, sino en una distribución inequitativa del recurso agua. Por lo tanto, puede ocurrir que en un contexto determinado 'sequía' implique' escasez', ya que un periodo de sequía puede ser un elemento interviniente en el desarrollo de una situación de escasez, pero ésta no presupone la presencia de una sequía, sino la desigualdad en el acceso al agua (Kloster 2008, 161-166). Por ello, la escasez no es una condición natural sino una construcción social, resultante del encajamiento de acciones de carácter social.1

Ahora bien, desde el enfoque teórico-metodológico que ha orientado este trabajo, la construcción social de una situación de escasez de agua sólo puede ser aprehendida considerando el modo cómo se ha construido socialmente el territorio donde se ha producido y se vive la escasez; por este motivo, el punto de partida es una conceptualización en torno a los procesos de construcción de construcción social de un territorio.2

A partir de una propuesta teórica concreta, se observan los territorios como lugares donde se producen condiciones materiales y sociales de existencia; como ámbitos que se construyen mediante confrontaciones en las que se involucra el poder (Marín 1995, 67-131). No obstante, existen otras concepciones y perspectivas teóricas de territorio. Para algunos autores, el concepto alude al espacio material donde ocurren cosas, donde las personas viven y se reproducen; para ellos es un ámbito dado, no lo conceptualizan como un espacio que se construye y destruye, como uno procesual, cambiante, producto de relaciones sociales de poder, esto es, de acciones de confrontación.

En este trabajo, las confrontaciones son los "observables" de las llamadas relaciones de poder;3 pues así en abstracto, ¿cómo podrían ser observadas en la realidad? Pero las confrontaciones, las peleas entre grupos o individuos sí pueden ser captadas, registradas y estudiadas. Aquí es donde se encuentra la fuerza de la teoría que fundamenta este trabajo: tiene el rigor de sugerir observables, ya que no es producto de un proceso especulativo sino de una reflexión anclada teórica y empíricamente.

Estudios realizados desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales hablan de territorios, en términos de espacios materiales habitados por grupos sociales, y de las relaciones antagónicas y conflictos ocurridos entre blancos e indios, negros y blancos, entre otros. Tratan de la defensa de los territorios, vistos como espacios materiales donde habitan personas que los defienden de 'otros'. Estudian las pugnas alrededor de un territorio, describen los enfrentamientos, mas no los conceptualizan (Lieven 1999; Murray 2000). Otros autores pudieran estar aludiendo a procesos de construcción de territorios sociales, sin embargo de ninguna manera lo explicitan. Wolch y Dear (1988), por ejemplo, lo describen como unidad geográfica en la cual se desenvuelve la vida social y que a su vez conforma la vida social que se desarrolla en él. Esta dialéctica territorial socioespacial crea las posibilidades para que las relaciones se mantengan.

En otros estudios, territorio es sinónimo de región, considerada la existencia de ésta en términos de su relativa homogeneidad sociológica. Las personas habitan los territorios, y un territorio comprende un área de tierra más la gente que ahí habita (Grosby 1997). Para Ives Lacoste (1977, 50), geógrafo francés, el problema epistemológico con la región geográfica, "considerada como la representación espacial, si no única sí al menos fundamental, entidad supuestamente resultante de la síntesis armoniosa y de las herencias históricas [...]", es que en no pocas ocasiones ha hecho las veces de "camisa de fuerza" impidiendo "la toma en consideración de otras representaciones espaciales y el examen de sus relaciones". Lyman y Scott (1967) conceptualizan "territorialidad" como el intento de controlar el espacio físico, y lo conciben como una actividad humana fundamental.

Estas concepciones, desarrolladas y empleadas en distintos momentos históricos por estudiosos de disciplinas sociales, no aluden claramente a procesos de construcción de territorios sociales. Algunos reconocen que éstos cambian, pero no hablan acerca de su construcción/deconstrucción, ni de procesos de confrontación que hacen posible la constitución de territorios nuevos y la deconstrucción de los preexistentes.

La propuesta teórica de territorio retomada aquí es sociológica, y difiere de la concepción tradicional de la geografía, la historia e incluso la sociología, es decir, de la que vincula el concepto con el espacio material. Desde esta perspectiva, un territorio es siempre social, es un ámbito donde se producen condiciones sociales y materiales de existencia, asimismo, toda territorialidad es social, entendida ésta en el sentido amplio de un espacio de poder y disputa (Marín 1995, 67-131).

 

Lacoste, Foucault y Marín: poder y territorio

Ives Lacoste, geógrafo, y Michel Foucault, "arqueólogo del saber", al estar en la base de la concepción de territorio construida por Juan Carlos Marín, comparten no pocos elementos con el sociólogo argentino. Para Lacoste, el territorio es el espacio y el terreno estratégico "por excelencia", es el lugar "donde se enfrentan las fuerzas encontradas y se desarrollan las luchas actuales" (1977, 83).

Para Foucault, "territorio, es sin duda una noción geográfica", pero "es en primer lugar una noción jurídico-política: lo que es controlado por un cierto tipo de poder"(1979,116).Al reflexionar sobre la geografía, Foucault lista nociones geográficas como territorio, dominio, suelo, región, horizonte, y señala que "no son, ciertamente, estrictamente geográficas", aunque sean "nociones básicas de cualquier enunciado geográfico". Por lo tanto, ciertas nociones espaciales son tanto geográficas como políticas, ya que hacen referencia a formas de dominación, de control.

Marín coincide con Foucault, quien señala que la noción de territorio es geográfica, pero que en última instancia se refiere a "lo que es controlado por un cierto tipo de poder" (1979, 116); entonces, para él no es una estrictamente geográfica y, desde su perspectiva, es un concepto "estratégico", útil para el estudio de las relaciones de poder y sus efectos.

La escuela de geografía encabezada por Lacoste surgió como otras, de la crítica a ciertas corrientes dentro de la geografía, y tomando distancia de las que eran dominantes en este campo del conocimiento. Para Lacoste, la geografía "es un saber estratégico, un poder" y tiene relación con la articulación de conceptos referentes al espacio. Su utilidad práctica se vincula con la dirección de las guerras, la organización de los Estados y la práctica del poder (1977, 9).

Esta concepción de lo geográfico presenta importantes similitudes con la propuesta sociológica de Marín, al instalar permanentemente las relaciones de poder en los procesos sociales vinculados con la constitución y defensa de territorios; para Lacoste, "la geografía tiene por objeto las prácticas sociales [...] en relación al espacio terrestre", es "el terreno estratégico por excelencia, el lugar, el territorio donde se enfrentan las fuerzas encontradas y donde se desarrollan las luchas" (Ibid., 81 y 83).

Ya que un territorio es un ámbito donde se producen condiciones sociales y materiales de existencia, constituir dichas condiciones implica edificar territorios (Marín 1995, 142 y 189).4 Y lo social tiene lugar cuando se produce la territorialidad (espacio de poder y disputa) (Marín 1995, 82). Lo social se produce cuando una parte de los individuos expropia a otra sus condiciones de existencia por medio de la fuerza material, la usa para crear dichas condiciones, que desarrolla y hace posible mediante el uso de la fuerza (Ibid., 81).5

En este contexto, al hablar de lo social se hace referencia a una relación social: "[...] es el encajamiento, la correspondencia entre acciones sociales, la relación entre acciones sociales" (Ibid., 79). Los territorios son ámbitos construidos por las relaciones entre los hombres, que se producen a través de acciones sociales, que no se crean en forma aislada, sólo existen y se reproducen por su capacidad de encajamiento y correspondencia con otras acciones, de ahí que produzcan relaciones sociales. Y como las acciones entre hombres pueden estar mediadas por las cosas u otros cuerpos, entonces las relaciones sociales son sistemas de acciones entre individuos mediadas por cosas o cuerpos (Ibid., 97-103).

Ya que una acción social "permite captar el proceso de producción y reproducción de lo real", se hace necesario distinguir los tipos de acciones (Ibid., 180-181). Entonces, un territorio se construye mediante relaciones sociales de poder, a través de acciones de confrontación. Dicho elemento conceptual se refiere a enfrentamientos o disputas entre sujetos antagónicos, que al querer o defender algo producen una resistencia en otro u otros sujetos. Las confrontaciones se expresan de modos diversos, a través de acciones específicas realizadas por individuos concretos.

Con una definición central de Max Weber, es posible precisar que una relación social es una de lucha "cuando la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes" (2004, 31). Así mismo, puede decirse que existe un "otro" que cuando pretende imponer su voluntad se encuentra con la determinación de su adversario de resistir, y la resistencia puede verse como el proceso de defensa de un territorio (Kloster 2008, 98).

El poder puede ejercerse a través de la acumulación de fuerza material (física) o del poder político que exprese una fuerza social, la cual es territorialidad y expresión de una alianza de clases (Marín 1995, 154).6 El poder está presente en el momento de la expropiación, que es posible porque hay una acumulación previa de éste, porque el expropiador ejerce más poder o tiene más fuerza (física).7

Una confrontación se resuelve cuando uno de los bandos obtiene el control sobre el territorio y los recursos. Marín señala que "un grupo lucha contra otro para quitarle un territorio, no para adueñarse de los cuerpos que viven allí –este 'consumo productivo' se puede dar como consecuencia" (Ibid., 82). Luego cita a H. Laborit, quien indica que "si el territorio estuviese vacío no sería defendido. Únicamente es defendido porque contiene objetos y seres gratificantes, pues si dichos objetos y seres fueran peligrosos para la supervivencia, se huiría del territorio y no se lo defendería [...]" (Ibid., 82).

Hablar de una relación de confrontación para apropiarse un territorio, y obtener el control sobre los recursos que contiene (es decir, para construir una nueva territorialidad) es hablar de una relación de poder, que según se resuelva favorecerá a unos sobre otros. Los que ejerzan más poder podrán tener el control sobre los recursos y determinar cuándo y cómo aprovecharlos. Construir un territorio implica enfrentarse con otros, ya que "en el momento mismo en que se constituye una territorialidad, se establece la defensa de esa territorialidad, se establece la relación de confrontación [...] ante 'los otros'" (Ibid., 142). Los territorios son sociales, y constituyen en relación con otros, el ámbito de la confrontación, es decir, de las relaciones de poder (Ibid., 143).

En la construcción de un territorio ocurren en forma simultánea la apropiación y la expropiación. "El proceso de apropiación, es el proceso mediante el cual se construye la territorialidad que reproduce en forma ampliada las personificaciones histórico-sociales" (Ibid., 197); el de expropiación constituye una acumulación, pues "a diferencia de la apropiación, crea la acumulación que permite –en secuencia y posteriormente– producir una apropiación ampliada". Hablar de apropiación y expropiación es aludir a la construcción de lo social: "Y la especie humana es eso, es una especie que construye incesantemente territorios, territorios con los que establece un intercambio [...]" (Ibid., 196-197).

Marín dice que, en el ámbito total de la realidad hay uno original y diferenciado que "podemos caracterizar como el ámbito del poder" (Ibid., 153). "Enunciado de otra forma, podríamos decir que la clave del poder es la construcción de territorialidades sociales". La sociedad se reproduce a sí misma a través de relaciones de poder, mediante confrontaciones, debido a las cuales se construyen y destruyen relaciones sociales, o sea, territorialidades. Marín sugiere también otro concepto que identifica como "la capacidad de producir y reproducir poder"; no todas las territorialidades construidas logran reproducirse, a menudo se "evanecen, porque no logran el poder material suficiente" (Ibid., 157). La capacidad de "producir y reproducir poder" tiene que ver con la capacidad de reproducir una territorialidad. Si el poder se ejerce, y produce relaciones sociales producto del encajamiento de acciones, entonces la imposibilidad o dificultad de una territorialidad para reproducirse estaría relacionada con la imposibilidad o dificultad para que las acciones sociales que la constituyen continúen encajando, ocurriendo de manera referenciada.

 

Investigaciones alrededor de la relación agua y poder

La relación entre agua y poder o los procesos relativos al control social del agua han sido estudiados desde diferentes perspectivas teóricas, y en su definición –para el planteamiento y desarrollo de estudios sociales– ha sido importante la dilucidación del territorio, que se define como constituyente del objeto de estudio. Karl Wittfogel (1966), por ejemplo, en un trabajo clásico sobre la relación entre el llamado "poder totalitario" y el recurso agua, estudia áreas enteras dominadas por un mismo tipo de organización política como la China antigua, Egipto, India, Turquía y algunas sociedades mesopotámicas, a las que conceptualiza como sociedades hidráulicas, cuya base reproductiva estaba en el control total que el Estado "despótico" ejercía sobre el agua. Dichos Estados totalitarios mantenían dominada a la sociedad a través del control exclusivo sobre el acceso al agua, lo cual era posible mediante un gran aparato burocrático que controlaba y centralizaba todas las decisiones respecto al uso socioproductivo del recurso.

Arthur Maass y Raymond Anderson (1976), por su parte, compararon sistemas de riego tradicionales del levante español y otros del oeste estadounidense, estudiaron cómo los usuarios los operaban.Su perspectiva teórico metodológica es diferente a la de Wittfogel, pues los sistemas analizados por Maass y Anderson formaban parte de sociedades muy distintas de las estudiadas por Wittfogel, y además sus dimensiones físicas eran mucho menores, y estaban organizados y administrados por los propios usuarios. Las preguntas que orientaron su investigación eran distintas; aludían a otras escalas de los muy diversos órdenes sociales analizados por estos cientistas sociales. Buscaban los objetivos sociales detrás de las formas culturales de administración de pequeños sistemas de riego, y encontraron que el control del uso y la distribución del agua en esos lugares tenían un carácter significativamente autogestivo y democrático.

Concluyeron que las formas de manejar los sistemas de riego dependen de múltiples factores, tanto medioambientales como socioculturales, y que el manejo de los conflictos –considerados por ellos como situaciones permanentes– es más eficiente para los usuarios del sistema de riego en la medida en que sea mayor la cohesión de los sujetos o grupos que antagonizan.

Donald Worster, en Rivers of Empire (1985) presenta un modelo sobre el oeste estadounidense, lo caracteriza como "imperio hidráulico", dominado por una elite que usa la tecnología hidráulica más avanzada. El control de la naturaleza implica el de los grupos sociales; y a los procesos constituyentes de este tipo de dominación los llama "ecología del poder". En realidad Worster se ha inspirado en el modelo marxista de Wittfogel, a quien dedica buena parte de sus reflexiones. Señala que el dominio del agua a gran escala requiere de un Estado centralista fuerte y una alianza sólida entre éste y sus aliados y beneficiarios principales.

Sobre México, los trabajos de Luis Aboites (1998) y Aboites y Valeria Estrada (2004) son centrales para la comprensión de la relación agua y poder. A través del estudio de procesos de centralización y federalización del manejo del agua, se advierten cambios ocurridos en el país sobre la gestión de este recurso, al tiempo que se construyen y consolidan regímenes políticos distintos. En los modos como va instalándose la relación entre el Estado y la sociedad en función de los usos del agua, se nota una condición cada vez más dominante, centralista del Estado mexicano, y de la federación sobre los estados y municipios.

Desde la antropología, Jacinta Palerm y Tomás Martínez (2000) sumando la perspectiva de Maas –sobre conflictos– al concepto de organización propuesto por R. Hunt, abordan los procesos conflictivos considerándolos como situaciones permanentes, cuya importancia radica en la capacidad organizativa de los usuarios de un sistema para resolverlo de manera favorable para todos los involucrados. Estos autores identifican y analizan las relaciones entre usuarios del agua e instituciones que regulan la distribución del recurso, analizando la capacidad autogestiva de los usuarios y la intervención estatal; sus estudios corresponden al México contemporáneo.

Martín Sánchez (2005) elaboró un trabajo de carácter histórico sobre el Bajío mexicano; su perspectiva de análisis incorpora el concepto braudeliano de larga duración, y discurre sobre el control del agua para riego incorporando de manera importante los cambios tecnológicos en materia hidráulica. Al considerar los planteamientos de Aboites, Sánchez reconoce que "como parte del ejercicio del poder, el estudio del control y administración de las aguas nos ayuda a entender el proceso de formación del Estado moderno en México." Sánchez aborda los "conflictos" a partir de la relación entre usuarios e instancias gubernamentales intervinientes, empleando para ello conceptos antropológicos de William Kelly, quien alude de manera importante al manejo de la autoridad.

Las investigaciones de Rocío Castañeda (1995 y 2005) sobre Puebla y Chihuahua relevan los aspectos hidráulicos en relación con la propiedad o posesión de la tierra, así como los conflictos en tor-no al uso de los recursos agua y tierra. En su trabajo sobre Puebla, Castañeda presenta a Jack Porter y Lewis Coser, quienes informan teóricamente su investigación sobre conflictos alrededor de los recursos tierra y agua. Desde su perspectiva, los problemas pueden producir efectos positivos en las relaciones sociales, si bien Coser aclara que no siempre propician el mantenimiento de la unidad de grupo. Para la autora, los conflictos son vías a través de las cuales pueden llegar a establecerse nuevos acuerdos (2005, 17-21).

Antonio Escobar elaboró un trabajo histórico sobre el control del agua en una región de San Luis Potosí, desde un enfoque que considera a este recurso natural como tal y también como uno político. Enfatiza –de acuerdo con planteamientos de Aboites– el rol desempeñado por el Estado mexicano en la conformación de instrumentos legales de control, que le permiten centralizar decisiones respecto a los usos del agua. Asimismo, recupera un enfoque antropológico para mostrar cómo los vínculos sociopolíticos permiten a ciertos actores controlar el agua a escala local (2005).

La historiadora Elizabeth Fitting investigó sobre hechos de control del agua en una zona de Puebla, los examinó como "un proceso de lucha constante por el agua, una lucha que se desarrolla a la sombra de tensiones entre el Estado y la comunidad". Se apoyó en el concepto gramsciano de "hegemonía", para señalar cómo los actores sociales subordinados adoptan formas y lenguajes de los grupos dominantes para ser tomados en cuenta (2007).

José Luis Moreno (2006) estudió una zona particularmente importante para el desarrollo económico de Sonora, su trabajo versa sobre el control del agua en la Costa de Hermosillo, enfatiza la sobreexplotación del agua subterránea en esa región sonorense. Describe procesos que producen una situación desigual en torno al acceso al agua entre agricultores de varios grupos sociales, y llama la atención sobre el manejo discursivo que las instancias que controlan esa área productiva hacen de la "escasez de agua", para manipular la opinión pública y expropiar el recurso a los productores que no son parte de ese grupo dominante. Emplea conceptos como la "apropiación de la naturaleza", y sigue planteamientos relacionados con la sustentabilidad ambiental y la geohidrología.

Por último, interesa resaltar el trabajo de Thomas Sheridan sobre el control del agua en la parte alta de la subcuenca del río San Miguel, en Sonora (1988). Su investigación ha sido guiada por el concepto "corporatividad", elabora una etnografía para entender el control de los recursos naturales escasos en la región de Cucurpe, en un contexto de aridez en una sociedad agraria, caracterizada por la inequidad y los conflictos políticos. La corporatividad considera a la comunidad como unidad básica de control de los recursos naturales, y plantea que la adaptación de los grupos campesinos a las condiciones del medio ambiente determina en forma más directa la economía campesina, que la intervención de actores externos de grupos de elite. Conjunta los enfoques de la economía política y la ecología cultural, y al suyo lo ha llamado "de ecología política", al considerar que la ecología de cualquier comunidad humana es política, al estar determinada y restringida por otros grupos humanos.

La relación agua y poder se ha abordado en función de preguntas de investigación específicas, y desde perspectivas teóricas que han permitido responder los interrogantes. Así se ha avanzado a escalas nacional e internacional en la comprensión de la relación agua y sociedad, considerando en general que el Estado y los regímenes que ha reproducido –con sus respectivas alianzas–, se han construido y fortalecido en función del control y la mediación de la gestión y los usos del recurso en diferentes escalas del orden social. Los conflictos en torno a la gestión y usos sociales del agua se han estudiado desde concepciones teóricas diversas y casi siempre en su interrelación con el uso social de otros recursos, en particular la tierra.

Aquí la propuesta teórico-metodológica se orienta a considerar las relaciones sociales de confrontación como constitutivas de las de poder, con base en las cuales se construyen y destruyen territorios sociales. Estos procesos guardan relación con la construcción social de situaciones de escasez de agua; bajo este enfoque aparece el trabajo de Karen J. Bakker (2000), que establece de manera explícita la construcción de la escasez de agua. Los contextos histórico y social a los que alude, así como el objeto tienen sus especificidades. Aquí se considera importante referirse de forma explícita a la escasez de agua como una construcción de carácter social. Bakker señala que la sequía de 1995 en Yorkshire, al norte del Reino Unido, es el evento climático más extremo ocurrido en este lugar desde que se privatizó el servicio de agua potable, en 1989. La sequía motivó un cambio sustantivo, porque los industriales y el gobierno aprovecharon el evento para instalar el tema de la escasez e imponer una nueva regulación alrededor del agua potable.

Bakker plantea de forma crítica que a la sequía ocurrida se le impute directamente la generación de una situación de escasez, y establece que ésta no sólo se relaciona con la sequía, sino que es producto de tres factores: las condiciones meteorológicas, el pronóstico de la demanda de agua potable y el juego regulatorio. "Exploro simultáneamente los elementos natural, social y discursivo de la escasez de agua y los sitúo dentro de un análisis de privatización como re-regulación, más que desregulación" (2000, 26).

Por lo que aquí se advierte, se han producido numerosos trabajos significativos y ya clásicos, por los interrogantes que en su momento se plantearon y las respuestas que construyeron, que en gran medida continúan vigentes. Esta revisión de investigaciones ha permitido considerar que también los procesos de control del agua pueden estudiarse desde una propuesta que instala como observables las confrontaciones en los procesos de constitución de territorios sociales.

 

Construcción de la escasez de agua en un ejido sonorense

La propuesta teórica presentada permite reflexionar sobre un ámbito rural existente en todo México –sin obviar sus especificidades–, el ámbito ejidal, y observarlo como un espacio que se construye y donde se producen condiciones de existencia; como un territorio que no preexiste a quienes lo conforman, y que no existe sin las confrontaciones que lo generan, es decir, sin que se hayan producido procesos de apropiación y expropiación territorial.

Por lo tanto, es posible pensar un ejido como un ámbito que es defendido y como un espacio social por el cual se lucha porque contiene recursos –agua, tierra, fuerza de trabajo–, que hacen posible que individuos y grupos produzcan y reproduzcan sus condiciones de vida. Con frecuencia en los ejidos se han enfrentado situaciones de escasez de agua, y en los modos –diferenciales– como han ocurrido y se han "resuelto" está involucrada la capacidad de "producir y reproducir poder".8

El ejido San Miguel de Horcasitas y su anexo Los Ángeles fueron creados en 1935 en el valle de Horcasitas, Sonora, en un territorio con una historia específica alrededor del uso, apropiación y expropiación de los recursos naturales.9 Este ejido quedó constituido por pobladores de la Villa de San Miguel de Horcasitas y el pueblo de Los Ángeles, cuyas historias socioproductivas son diferentes aun si han compartido algunas experiencias en este campo10 (véase figura 1). Las diferencias entre estos pueblos produjeron formas organizativas distintas durante el proceso de reforma agraria, y también al construir soluciones a la situación de escasez de agua que enfrentaron después.11

Aunque en términos generales, el gobierno mexicano concedía una dotación de agua al tiempo que otorgaba tierras para la constitución de un ejido, en el caso del de Horcasitas y su anexo esto no ocurrió de forma simultánea.12 En un primer momento, el acceso al agua para riego fue más difícil para los campesinos-ejidatarios de Los Ángeles, porque sus tierras estaban consideradas como de temporal irrigable y no tenían derechos de agua al ocurrir el reparto agrario, mientras que las de San Miguel, cedidas al ejido, sí eran de riego.13

Los campesinos de Los Ángeles impugnaron, pues no tenían acceso al agua que fluía frente a sus tierras, porque ésta se destinaba a irrigar predios de haciendas situadas aguas abajo del pueblo, y obtuvieron la concesión de un viejo canal conocido desde entonces como de Los Licenciados, con éste irrigarían las tierras de la margen izquierda del pueblo.14 Para regar la superficie de la margen derecha derivaban agua del canal de Las Haciendas, pero los hacendados manifestaron su desacuerdo y la delegación agraria los apoyó.15 Los campesinos de Los Ángeles construyeron entonces, con apoyo del comisariado ejidal, el canal de Los Locos, para regar dicha superficie, tomando el agua en un punto sobre el río localizado aguas arriba de la toma del canal de Las Haciendas.16 Al construir la obra fortalecieron su territorialidad al apropiar y expropiar una parte de la territorialidad de otros, de los antiguos apropiadores del agua. Esta determinación para obtener agua tenía su origen en la organización que los campesinos habían conformado en los primeros años de la década de 1930, para obtener –mediante su adscripción ejidal–, la regularización de las tierras que usufructuaban en calidad de posesionarios. A través de las acciones coordinadas por su organización –el Sindicato de Campesinos de Los Ángeles– obtuvieron la legalización de sus posesiones y el agua.

En San Miguel de Horcasitas se produjeron inicialmente algunas confrontaciones por el agua entre pequeños propietarios y ejidatarios, debidas al orden de los riegos, vinculado con la disponibilidad de agua en el canal Bacajúsari. En estos desacuerdos, el ayuntamiento apoyaba a los pequeños propietarios y el ejido recibía el respaldo de las instancias agrarias.17 Estas confrontaciones se manifestaron a niveles individuales y también entre las corporaciones –el ejido y la pequeña propiedad, el ayuntamiento y la delegación agraria–, que a su vez eran instancias constituyentes de los gobiernos estatal y federal.

No obstante estas primeras confrontaciones, los ejidatarios de Los Ángeles y San Miguel tenían agua para producir, pero hacia 1944 comenzó un periodo de escasez, que tuvo efectos importantes en el desarrollo del ejido. Los grupos sociales que habitan el territorio lo atribuyen a una sequía.18 Sin embargo, como ya se señaló, es importante no confundir "sequía" con "escasez". Dicho periodo alcanzó su "resolución social" en 1955, según testimonios orales y documentos. En este mismo lapso se presentó una sequía prolongada;19 cabe señalar que el valle de Horcasitas es climáticamente semiárido y las sequías son un fenómeno recurrente.

Los registros climatológicos indican que la sequía fue de 1944 a 1957, se conoce localmente como "la sequía grande"20 y fue un elemento interviniente en la construcción social de la situación de escasez de agua en el ejido San Miguel de Horcasitas y en su anexo Los Ángeles, porque la disminución en la disponibilidad de agua del río potenció e incrementó en ambos casos el control social de ciertos grupos sobre este recurso. Sin embargo, en el caso del núcleo de Los Ángeles resulta claro que situaciones significativas de escasez fueron instaladas aun antes; en 1943, el gobierno estatal impuso una normatividad para el canal de Los Locos y los campesinos de la margen derecha de Los Ángeles vieron la reducción del volumen de agua que fluía por su canal;21 y los que regaban tierras de la margen izquierda también vieron que se redujo la disponibilidad de agua del canal de Los Licenciados, porque hasta entonces habían recibido un volumen significativo, a través del canal de Los Locos.22

En 1947, en el contexto de "la sequía grande", la escasez de agua para riego en Los Ángeles se instaló con mayor intensidad cuando el gobierno del estado, a través de la Dirección de Obras, hizo cambiar el sitio de la bocatoma del canal de Las Haciendas y construir una compuerta, con tal nivel que captaba prácticamente todo el volumen de agua del río que en forma natural debía correr aguas abajo.23

La escasez enfrentada en 1947 por los campesinos de la margen izquierda de Los Ángeles guarda relación con la sequía que comenzó en 1944, pero no sólo con ésta, porque las modificaciones hechas por el gobierno a la infraestructura para posibilitar y mejorar la captación de agua del río impedían que los campesinos de Los Ángeles captaran agua para cultivar las tierras de la margen izquierda. Además, en 1949, después de dichos cambios en el canal de Las Haciendas, se reglamentó el acceso al agua del río captada y conducida por éste, y así el territorio de Los Ángeles fue excluido.24

De 1947 a 1954, los campesinos de Los Ángeles se confrontaron de modos diversos con quienes les expropiaron el agua y, por fin, en 1954, lograron el reconocimiento institucional de sus derechos al agua del río San Miguel, aunque fue "provisional", y se legalizó hasta 1990.25 Las reglamentaciones relacionadas con el canal de Las Haciendas fueron instaladas para controlar jurídicamente el agua, y desempeñaron un papel trascendente en las posibilidades objetivas de control del recurso: las "reglas del juego" jurídicas, sobre la distribución y uso del agua, colaboraban en la reproducción del dominio de unos usuarios sobre otros.

En San Miguel de Horcasitas, los conflictos alrededor del agua –entre propietarios privados y ejidatarios hasta antes de la segunda mitad de los años cuarenta–, produjeron situaciones pasajeras y en este sentido poco trascendentes de escasez, porque no impidieron la reproducción de la actividad agrícola en el núcleo ejidal. Sobre todo se trataba de alteraciones breves en el orden de los riegos o de la exclusión momentánea de algunos productores respecto del acceso al agua. Estos conflictos se cruzaron con antagonismos entre instancias corporativas y niveles de gobierno.

La sequía que inició en 1944 está vinculada con la condición de escasez de agua de mayores efectos, que se produjo en San Miguel a fines de esta década. Ahí la sequía fue un elemento interviniente en mayor medida de la escasez que en el caso de Los Ángeles, porque la fuente superficial –el río San Miguel– se vio alterada por la sequía en el tramo en que alimentaba al canal Bacajúsari, a tal grado que debió ser reemplazada por otra y en ocasiones complementada con ella: el agua subterránea.26

Los territorios de San Miguel y Los Ángeles se han servido de la misma fuente –el río San Miguel–, pero el comportamiento hidrológico de ésta no es igual a lo largo de su cauce y no lo fue en el periodo estudiado. En ambas localidades, la fuente tuvo alteraciones durante la sequía que empezó en 1944; respecto al territorio de Los Ángeles, el río se secó en el punto de la bocatoma original del canal de Las Haciendas;27 en cuanto al de San Miguel, el río disminuyó de forma sensible su caudal hasta quedar seco durante el estiaje, cuando se sembraba trigo, el cultivo comercial más importante.28

Cuando el río se secó, la bocatoma fue relocalizada, porque un kilómetro aguas arriba seguía brotando agua sobre el cauce del río, fenómeno que no se presentó en San Miguel de Horcasitas. La estructura geológica del acuífero del río San Miguel a la altura de Los Ángeles es distinta a la de la villa de San Miguel, y los efectos de la sequía fueron diferentes (Padilla 2008, 196-264).

Desde mediados de los años cuarenta se produjo un proceso socialmente significativo de emigración de ejidatarios de San Miguel por causas diversas: la sequía, la ineficiencia del sistema crediticio ejidal y mejores oportunidades de vida en otras regiones del noroeste mexicano. La sequía y luego la escasez son factores que se cruzaron con procesos sociales que estaban ocurriendo a otra escala, y que intervinieron en la emigración de ejidatarios de este núcleo, relacionada con el deterioro de las condiciones de vida y la búsqueda de una mejor alternativa; que ocurre durante la sequía y en el contexto de construcción de la escasez de agua en el ejido. Las condiciones de los ejidatarios que se fueron y de los que se quedaron no eran homogéneas, y esto tiene relación con el poder que expresaban sus identidades individuales (Ibid., 244-250).

Alrededor de 1948 comenzaron a operar dos pozos "de luz" (poco profundos) en San Miguel de Horcasitas, y entonces el agua extraída de éstos y la poca que escurría del río hacia El Bacajúsari la utilizaban quienes permanecieron en el ejido (también por pequeños propietarios), pero no por todos.29 Quienes ejercían mayor poder en el interior de este núcleo ejidal aprovecharon los pozos perforados, usufructuaron las tierras que les habían "dejado encargadas" los que se fueron, y capitalizaron conjuntamente los recursos existentes (Ibid., 236-240).

En el caso del pueblo de Los Ángeles también se produjo un proceso migratorio importante, pero éste ocurrió en los primeros años de la década de 1940, y se relaciona con el cierre de la fábrica textil; entonces los obreros emigraron. La situación de escasez en Los Ángeles tuvo una existencia temporal mucho menos duradera que la que se ha padecido en San Miguel de Horcasitas (Ibid., 182-184).

Los habitantes del ejido perciben socialmente la escasez de agua como la insuficiencia o inexistencia del recurso para la producción agrícola. La forma cómo se enfrentó y resolvió dicha escasez para la agricultura en el ejido San Miguel de Horcasitas en el lapso considerado fue diferente en cada una de las localidades que lo conforman. El modo como se resolvió supuso que unos tuvieran agua y pudieran seguir reproduciéndose como ejidatarios y que otros enfrentaran más dificultades para reproducir su identidad y, en algunos casos, abandonaran el territorio.

 

Conclusiones

La escasez enfrentada por los campesinos, de 1938 a 1955, guarda relación con la forma de distribución del agua en este territorio semiárido durante un tiempo prolongado de sequía y con los usuarios aguas abajo –propietarios privados y otros ejidatarios.

La construcción original del territorio en que se instala este ejido se entrecruza con su constitución misma y la determina, está relacionada con sus etapas constituyentes, con factores como quiénes eran los solicitantes de la tierra, quiénes los beneficiarios y los perjudicados con el reparto, cuáles las condiciones de los recursos productivos agua y tierra, y también con el modo en que se construye la escasez del recurso agua justo en el periodo inmediato a la conformación del ejido.

La forma en que se enfrentó y resolvió la escasez dependió no sólo de las condiciones materiales, sino de los modos en que se había construido social e históricamente el territorio, y de las formas sociales de las confrontaciones por el control del agua. A través de éstas, unos lo obtuvieron y otros fueron expropiados. Ha sido el enfoque anclado en una tradición teórica clásica el que ha permitido pensar el ámbito ejidal como una territorialidad que no existe sin las pugnas que la generan. No se han encontrado otras conceptualizaciones relacionadas con el control y la lucha por el agua, que instalen con claridad las confrontaciones como observables.

Desde la perspectiva teórico-metodológica que se ha retomado y trabajado, la escasez hace referencia a procesos sociales, se le concibe como una construcción social, como una situación en que el agua es insuficiente para la realización de actividades sociales, resultante del encajamiento o correspondencia entre diversas acciones.

La sequía y escasez no remiten a un mismo tipo de proceso, pero pueden confluir; un periodo prolongado de sequía puede intervenir en el desarrollo de una situación de escasez, porque implica la disminución de agua disponible en un territorio; no obstante, la escasez no resulta de condiciones climatológicas, sino de los modos en que se usa y distribuye el agua en un contexto determinado.

El ejercicio de poder es constituyente de las confrontaciones, la resultante o resolución de un antagonismo dependerá de la cantidad de fuerza (poder) material o poder (capacidad de dominación) que expresen las entidades que se enfrentan, del grado de correspondencia entre las acciones de los sujetos, incluso, de las territorialidades involucradas. La sociedad se reproduce a sí misma mediante relaciones de poder, de confrontaciones, debido a las cuales se construyen y destruyen relaciones sociales, o sea, territorialidades.

Una vez que cierta identidad social obtiene el control sobre el agua, define reglas e instala normas jurídicas sobre su distribución y uso; es decir, una normatividad que le permite expropiarla. Sujetos determinados históricamente pueden instalar, desde el ámbito jurídico, reglas de juego sobre la distribución y uso del agua en un contexto; al hacerlo reproducen el dominio preexistente de unos usuarios sobre otros y la relación de poder.

Cuando se habla de la relación entre los hombres y la tierra o los hombres y el agua, se habla en realidad de relaciones entre los hombres en su relación con la tierra o el agua. ¿Quiénes poseen el control de los recursos? ¿cómo actúan al momento de mermar la disponibilidad de agua en un territorio? ¿Cómo actúan cuando el agua resulta insuficiente para la producción? La relación a explicar es entonces la relación entre resolución de la escasez y poder, esto es, de qué manera el poder o las relaciones de poder intervienen en los modos como se enfrenta y resuelve la escasez de agua en localidades que la enfrentan.

 

Archivos

Archivo del Registro Agrario Regional

Archivo del Registro Agrario Nacional

Archivo Histórico del Agua

Archivo General del Estado de Sonora Archivo de Concentración de la Gerencia Regional del Noroeste de la CONAGUA

 

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NOTAS

1 En las regiones áridas y semiáridas, las sequías son un fenómeno recurrente, de ahí que en estos lugares pueden influir en la construcción de situaciones de escasez, aunque no necesariamente.

2 Agradezco a Juan Carlos Marín, María Luisa Torregrosa, Karina Kloster y José Luis Moreno por acompañar, en diferentes momentos, la realización de este trabajo.

3 Un "observable" es "desde el inicio, el producto de la unión entre un contenido dado por el objeto, y una forma exigida por el sujeto a título de instrumento necesario de toda verificación. [...] Podemos pues, considerar el 'hecho' —ya sea que se trate de una propiedad, de una acción o de un evento cualquiera— como un observable, pero a partir del momento en que es 'interpretado', es decir, revestido de una significación relativa a un contexto más amplio [...]." (Piaget y García 1984, 24).

4 Los territorios deben su existencia a los hombres, "el mundo en que hemos nacido no existiría sin la actividad humana [...] que se ocupa de él, como en el caso de la tierra cultivada; que lo estableció mediante la organización, como en el caso del cuerpo político". La acción "es prerrogativa exclusiva del hombre; [...] y sólo ésta depende por entero de la constante presencia de los demás" (Arendt 1974, 40).

5 El poder está siempre presente, desde la fundación de lo social, desde la ruptura de la llamada 'doble existencia': "En las formas primarias de organización social [...] todavía no aparecen las mediaciones sociales entre el cuerpo y las condiciones de existencia, porque también la horda es casi el cuerpo mismo. [...] La ruptura se produce cuando entre la existencia objetiva y la existencia subjetiva se interpone la sociedad, cuando la 'doble existencia' se escinde [...] ya no hay una relación directa entre el cuerpo y las condiciones naturales, lo `social` media entre ambos" (Ibid., 77-79).

6 Las territorialidades no coinciden con las clases sociales, sino que son cortadas trasversalmente por ellas (Ibid., 160).

7 "El enfrentamiento no es fuente de poder, no hace referencia al proceso de formación de poder, sino al de su realización", al de su expresión (Ibid., 163).

8 En este contexto "resolver" no quiere decir que llegado un determinado momento ya no haya escasez, que se termine, sino que ante ella se instalan resoluciones que con frecuencia son diferentes para los distintos grupos sociales, de modo que se determina que haya agua para unos y no para otros.

9 Archivo del Registro Agrario Nacional, delegación Sonora (ARAN-H), caja 1, expediente 1-4-118, 8 de abril de 1935, fojas 0514 -0516.

10 Desde 1843 el uso productivo del agua en el territorio sonorense estuvo normado por el "Reglamento para la distribución y conservación de las aguas en los pueblos de Sonora". Según éste, las tomas que pertenecieran a particulares pero que estuvieran dentro de los pueblos dejarían a beneficio de la comunidad el agua sobrante. Este régimen de distribución del agua produjo "tierras con buen derecho de agua" y "tierras con regular o mal derecho", y continuó vigente hasta la década de 1930 (Bojórquez 2006, 168-177; Almada y Medina 2001, 180).

11 En San Miguel de Horcasitas, los pobladores practicaban predominantemente la agricultura, un hacendado poseía 56 por ciento de la superficie cultivable y otros eran pequeños propietarios, jornaleros y pequeños ganaderos. Las tierras eran irrigadas por medio del canal Bacajúsari, que derivaba el agua del río San Miguel. Al formarse el ejido, las principales propiedades privadas fueron expropiadas. Archivo del Registro Agrario Nacional (ARAN), expediente 23/4651, legajo 1, Dotación de tierras, 26 de diciembre de 1922, foja 89; ARAN-H, caja 1, expediente 1-1-118, mayo 20 de 1931, foja 001; ARAN-H, caja 1, expediente 1-1-118, documento sin fecha, fojas 0034 -0042.

En Los Ángeles, los pobladores eran obreros de la fábrica textil que existía en esta localidad desde el siglo XIX, otros eran agricultores y ganaderos en pequeña escala, algunos más prestaban diferentes servicios y no pocos eran jornaleros. Los propietarios de la fábrica habían permitido a los pobladores, que surtían la leña para las calderas, instalarse en una zona cercana a la manufactura, y en ésta sembraban fracciones y almacenaban instrumentos de trabajo. Irrigaban sus cultivos aprovechando la lluvia, haciendo tajos sobre el río, y otros "indebidos" sobre el canal Las Haciendas con que se regaban las tierras de las haciendas localizadas aguas abajo del pueblo. ARAN-H, expediente 1-2-118, caja 2, Censo General y Agropecuario de San Miguel de Horcasitas, 21 de noviembre de 1933, fojas 1433-1542; entrevista a José Carranza, realizada por Esther Padilla, el 7 de noviembre de 2006, en Hermosillo, Sonora; ARAN-H, expediente 1-4-118, caja 1, Comisario de policía de Los Ángeles al presidente de la Comisión Local Agraria, 12 de octubre de 1933, foja 0538.

12 ARAN-H, caja 2, expediente 1-5-118, 8 de abril de 1935, foja 1034.

13 ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 15 de febrero de 1936, foja 2.

14 ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 15 de febrero de 1936, foja 2; ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 24 de octubre de 1935, foja 25; ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 23 de marzo de 1942, foja 33.

15 ARAN-H, caja 1, expediente 1-4-118, 13 de diciembre de 1937, foja 0710.

16 ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 17 de julio de 1939, foja 18.

17 ARAN-H, caja 1, expediente 1-4-118, 16 de octubre de 1938, foja 0853; ARAN-H, caja 1, expediente 1-4-118, 18 de octubre de 1938, foja 0852; ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 17 de julio y 18 de agosto de 1939, fojas 18 -23.

18 Un periodo de sequía es cuando la precipitación pluvial disminuye sensiblemente en un territorio, es decir, por debajo de la media anual.

19 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Datos medidos de precipitaciones en la estación climatológica El Orégano, localizada a 25 km de Los Ángeles. Es la estación más cercana al ejido de Horcasitas, con registros relativos al periodo de interés.

20 Entrevista con José Carranza, ex ejidatario de Los Ángeles, nacido en 1929 (Hermosillo, Sonora, 1 de noviembre de 2007).

21 Archivo Histórico del Agua (AHA). Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 564, expediente 6209, legajo 1, 9 de marzo de 1943, foja 2.

22 ARAN-H, caja 271-71, 118/1/S-3, 16 de enero de 1950, foja 322.

23 Archivo General del Estado de Sonora, (AGES), caja 210, tomo 1690, 412'6'46/1, documento del año 1952, s/f.

24 ARAN-H, caja 1, expediente 1-1-118, marzo 28 de 1952, fojas 0058 -0063.

25 ARAN-H, caja 1, expediente 1-1-118, documento del año 1973, fojas 0023 -0030; Archivo de Concentración de la Gerencia Regional del Noroeste de la CONAGUA, expediente único, Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 6 de febrero de 1990.

26 ARAN, expediente 33/5898, Dotación de aguas (local), 5 de agosto de 1946, fojas 82 y 83.

27 Entrevista con José Carranza, ex ejidatario de Los Ángeles, nacido en 1929 (Hermosillo, Sonora, 1 de noviembre de 2007).

28 Éste se producía de octubre a mayo (tiempo de secas), cuando la temperatura del medio ambiente lo permitía, aprovechando el agua que continuaba fluyendo en el cauce del intermitente río San Miguel. Entrevista con Salvador Contreras Valenzuela, hijo de un viejo ejidatario de San Miguel de Horcasitas (San Miguel de Horcasitas, marzo 8 de 2008). Entrevista con Salvador Solís, ejidatario de San Miguel de Horcasitas, nacido en 1919 (San Miguel de Horcaditas, octubre 9 de 2005 y marzo 8 de 2008).

29 ARAN-H, caja 1, expediente 1-1-118, Hermosillo, Sonora, 15 de noviembre de 1965, fojas 0135 y 0138; entrevista con Salvador Solís Carrillo, San Miguel de Horcasitas (marzo 8 de 2008).

^rND^sAboites^nLuis^rND^sBakker^nJ. Karen^rND^sCastañeda González^nRocío^rND^sEscobar^rND^sFitting^nElizabeth^rND^sFoucault^nMichel^rND^sFoucault^nMichel^rND^sGrosby^nSteven^rND^sLieven^nDominic^rND^sLyman^nM. Stanford^rND^nScott B.^sMarvin^rND^1A01^nMario Alberto^sVelázquez García^rND^1A01^nMario Alberto^sVelázquez García^rND^1A01^nMario Alberto^sVelázquez García

Artículos

 

La construcción de espacios libres para la participación en las decisiones de política. El caso del acueducto Independencia en Sonora

 

Mario Alberto Velázquez García*

 

* Profesor-investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora. Teléfono: (662) 259 53 00. Correo electrónico: mvelazquez@colson.edu.mx

 

Resumen

En el artículo se analiza la forma en que un movimiento social construye sus identidades, discursos y relaciones sociales, por medio de los cuales busca manifestar su descontento ante una acción de un gobierno. Para esto se utilizará el concepto de espacios libres de Francesca Polleta, para entender los mecanismos con los que un grupo de actores puede discutir y manifestar sus críticas, y relacionarse con otros a partir de su identidad, así como las formas que toman estos lugares sociales de expresión de protestas, a partir del tipo de actores que los construyen. El trabajo se basa en la movilización sucedida en Sonora, México, contra la construcción de un acueducto.

Palabras clave: movimientos sociales, espacios libres, ambiente, Sonora, acueducto Independencia.

 

Abstract

This article discusses how a social movement builds the identities, discourses and social relations through which it expresses its discontent with a government action. Analysis is based on Francesca Polleta's concept of free spaces, which allows us to understand the mechanism by which a group of actors can discuss and express their criticism, relate to others based on their identity, and the ways in which social places are constructed as expressions of protest. The work is based on the mobilization that occurred in Sonora, Mexico against the construction of an aqueduct.

Key words: social movements, free spaces, environment, Sonora, Independencia aqueduct.

 

Introducción

En este artículo se analizará la protesta social originada en Ciudad Obregón, Sonora, en 2010-2011, contra la construcción del acueducto Independencia (AI), como ejemplo de un intento por construir lo que Francesca Polletta (1999) denomina un "espacio libre" para la acción colectiva. La movilización en este caso tiene un contexto determinado; en Sonora la dotación de agua para sus habitantes es un problema recurrente. Esto se ha agravado notablemente en Hermosillo, que además de ser la capital, es la ciudad que concentra el crecimiento poblacional del estado. En 2005, este municipio tenía 701 838 habitantes, la mayoría vivía en la ciudad del mismo nombre (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 2010), que reúne 29 por ciento de la población del estado, y 15.7 en Cajeme; entonces, la suma total estatal era de 2 394 861 personas.

Durante 2010, el Gobierno de Sonora anunció el proyecto de infraestructura más ambicioso desde hace varias décadas: Sonora Sí (El Imparcial, 3 de febrero, 2010). En junio del mismo año, el gobernador Guillermo Padrés anunció la construcción del AI, que llevará agua de la presa General Plutarco Elías Calles a la Abelardo L. Rodríguez, en Hermosillo. La obra consiste en un tramo de tubería de 172 kilómetros con un diámetro de 40 pulgadas (1.22 metros), lo que le permitirá transportar 2 mil 380 metros cúbicos por segundo (Ibid., 2 de junio, 2010). El AI tendrá un costo de 3 mil 680 millones de pesos; la licitación para construirlo la ganó la empresa Exploraciones Mineras del Desierto (Ibid., 8 de diciembre, 2010).

Este acueducto es parte de un plan general de construcción de infraestructura para el estado, que realizará obras hidráulicas. Además del AI, se edificará otro más llamado Revolución, que partirá de la presa El Mocúzari para llevar agua a Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo (Ibid., 2 de junio, 2010). En forma paralela, comenzó a gestarse una movilización social en Ciudad Obregón. Esta protesta no era contra todo el plan Sonora Sí; la inconformidad se concentraba en el acueducto Independencia.

Diversos investigadores realizaron un diagnóstico sobre algunos de los principales retos de la sociedad sonorense (Covarrubias y Méndez 2009). El propósito de uno de los trabajos, titulado "Avizorando las próximas movilizaciones sociales de Sonora: oportunidades políticas y recursos pasados y futuros", fue analizar los movimientos sociales en Sonora en los últimos años y pronosticar cuáles podrían ser las áreas de interacción social que causarían nuevos conflictos. La conclusión fue que los temas relativos al manejo de los recursos naturales, sobre todo el agua, serían un foco potencial de protestas:

[...] Como se expresó desde el principio, la complejidad de lo social convierte en titánica la tarea de predecir de forma acertada los comportamientos futuros, pero nos permite delinear algunas de las grandes zonas donde seguramente se presentarán conflictos sociales significativos en Sonora durante los próximos años [...] el manejo de los recursos naturales, especialmente el agua, será una de las zonas más conflictivas en los próximos años [...] (Velázquez 2009).

Esta especie de predicción sociológica parecía cumplirse en forma parcial con el movimiento contra la construcción del AI, popularmente conocido como "No al Novillo", aunque no del todo. Las protestas por el agua en Ciudad Obregón parecen no ser sólo la suma de intereses individuales, sino un ejemplo de las luchas políticas por continuar redefiniendo la relación entre el gobierno y la sociedad civil.

Lo anterior no significa que en este tipo de protestas no se mezclen intereses privados promovidos por poderosas elites, que buscan mantener sus mecanismos esenciales de control; por ejemplo regulando el acceso al agua y las tierras para el cultivo. Pero, al mismo tiempo, también pueden entenderse como un grito desesperado de poblaciones históricamente olvidadas que ven en una acción de este tipo una oportunidad para salir de este olvido recurrente. A la vez, esta manifestación responde a la preocupación de clases medias que perciben una amenaza a la posibilidad de mantener sus estándares de vida. Sin duda, dichos temas están presentes en este caso, pero resulta importante entender este conflicto no como una protesta aislada de un grupo con razones más o menos válidas, sino como parte de un ciclo largo de reclamos sociales en México, –y en particular en Sonora–, que buscan participar en la conformación del futuro de sus sociedades.

Este es el análisis de un movimiento aún en marcha, por ello, no se sabe cuáles serán las consecuencias finales. Sobre todo, si se considera que tiene lugar al mismo tiempo que existe un conflicto minero latente en Cananea, con más de un lustro de antigüedad, el reclamo de padres de familia de algunos de los niños que murieron en la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, un posible conflicto con los prestadores de servicio o los usuarios del transporte público de Hermosillo y el inicio de una movilización dentro de la Universidad de Sonora. El interés por estudiar el caso de Ciudad Obregón, dentro de este escenario complejo de activismo social, descansa en parte en la relevancia que ha tomado en el escenario político estatal, por la importancia de la obra cuestionada para el futuro de todo Sonora, y por las implicaciones políticas para el estado del enfrentamiento de estas dos ciudades emblemáticas, su sociedad organizada, sus clases medias y sus elites. El análisis busca contribuir al mejor entendimiento de esta problemática, y dejar constancia de un proceso social significativo. Esto pretende generar soluciones futuras más documentadas.

Por otra parte, se trata de un trabajo académico que contribuye a la discusión teórica de uno de los elementos centrales en toda movilización social: ¿cuáles son y cómo se construyen los lugares sociales, donde las personas pueden manifestar su descontento ante una acción que consideran injusta o un riesgo? Para el análisis se utilizará el concepto de espacios libres de Polletta (1999), lo que facilitará entender los mecanismos que permiten a un grupo de actores discutir y manifestar sus críticas, así como las formas que toman estos lugares sociales de expresión de protestas, a partir de los tipos de actores que los construyen. Se usan fuentes de documentación como la consulta a publicaciones periódicas e informes oficiales, pero también entrevistas a participantes en las manifestaciones y funcionarios públicos, así como las notas recopiladas en reuniones públicas donde se trató el caso.

Un último comentario sobre este trabajo es que la investigación sobre movilizaciones sociales en marcha es sin duda uno de los mayores retos para los interesados en explicar las acciones colectivas. Es muy famosa la respuesta de un importante funcionario chino del actual régimen comunista, cuando se le preguntó su opinión sobre la Revolución Francesa, y contestó que todavía era muy pronto para decir algo al respecto. No obstante, la distancia puede ser un constructor de mayor "objetividad" y también de un determinismo, que sólo es posible afirmar como existente una vez que todo ha pasado y se sabe su desenlace. Estudiar una protesta en marcha puede ayudar a entender el desarrollo presente de los eventos, y dar algunos elementos históricos o sociológicos que ayuden a comprender las decisiones que se están tomando, y permitir que exista una primera descripción y explicación de lo que ocurre. Esto puede proporcionar el acceso a datos o saber aspectos poco conocidos de la protesta, o que hayan sido olvidados en forma selectiva por alguno de los participantes. La investigación de una protesta entonces, no debe ser leída como un producto "por encargo", sino una caminata en la oscuridad con una pequeña pero poderosa linterna con la que se busca que todos puedan transitar siguiendo nuestros pasos.

 

Los espacios libres en las acciones colectivas

El término espacios libres (free spaces) en las protestas sociales busca hacer referencia a los cambios en las estructuras culturales que se crean durante, o como resultado de las acciones de este tipo de grupos sociales. En sus primeras formas de uso, mencionaba expresamente a un lugar físico, donde grupos en situaciones con algún grado de control social externo podían manifestar sus inconformidades o rabia; espacios fuera de la vista de los "amos" o "poderosos", como la cocina de la casa de un noble o el patio de una prisión. Sin embargo, el término comenzó a ser reservado para el ámbito cultural, como un punto que pudiera explicar cómo se producen los retos planteados por un movimiento social ante los grupos dominantes. Es decir, los espacios libres como un vínculo entre las estructuras y la acción de un conjunto de personas.

Esta propuesta de lugares simbólicos, desde los cuales se podría construir una protesta, se origina como una respuesta al trabajo de James Scott (1999), Los dominados y el arte de la resistencia, quien mostró que aun en las formas más opresivas de control la gente crea espacios, fuera de los ojos del poder, donde puede mostrar su malestar. Esta manifestación de resistencia no necesita por fuerza de un lugar en el espacio, éstos pueden construirse por medio del lenguaje. Por ejemplo, los esclavos negros en Estados Unidos usaban una exagerada corrección y amabilidad al hablar con sus amos, como una forma para burlase de ellos (Ibid.). El término de espacios libres busca conceptualizar y darle relevancia a las prácticas culturales que pueden tener un carácter proto-político, sin buscar necesariamente generar una revolución, pero sí descargar los sentimientos de injusticia. Las reuniones de pequeños grupos de amigos, vecinos o iglesias donde, en "confianza", se pueden expresar los reclamos es una forma característica del tipo de lugar a los que se hacía una primera referencia con este concepto.

Entonces, los espacios libres son "huecos" creados dentro de las instituciones como las iglesias, cárceles o el gobierno, donde algunas personas pueden manifestar una opinión crítica o de pleno desafío al funcionamiento de las cosas (Polletta 1999). Estos lugares de encuentro social permiten que un grupo de personas muestre su descontento, y pueda planear formas de hacerlo patente u organice medios para que se produzca un cambio. En el caso de una protesta social, los espacios libres son el lugar (físico, de lenguaje o simbólico) que le permitirá a los activistas entrar en contacto con otros interesados y con nuevas redes, adquirir destrezas, conocimientos y establecer lazos de solidaridad, como recursos para emprender una protesta (Evans y Boyte 1986). Las reuniones pequeñas en los salones franceses, pero también las privadas de las logias o camarillas que "conspiran" son esas formas a las que se hace referencia.

Otra manera de entender estos espacios libres es como puntos de contacto entre las clases dominantes y las otras, donde las primeras pueden acceder a las ideas de "sentido común" y con ello mantener su funcionamiento en la medida de lo políticamente aceptable; al resolver problemas concretos se desactivan posibles conflictos. Las asociaciones civiles pueden desempeñar el rol de espacios libres, que permiten al Estado conocer los puntos problemáticos y resolverlos. En esta definición, un poco más amplia, los espacios libres son las asociaciones civiles, las reuniones de partido, las organizaciones religiosas o de padres de familia, donde la manifestación de descontentos podría generar la construcción de un movimiento que persiguiera una causa común.

Aunque la idea de espacios libres fue desarrollada alrededor de los grupos que sufrían fuertes grados de opresión, para mostrar que aun en ellos existían pequeños "espacios" que permitían a la gente expresar su enojo y organizar formas para hacerlo, aunque también por otros en condiciones más favorables. En una segunda forma de uso, los espacios libres son la intersección de redes sociales, donde un conjunto de grupos puede renegociar sus roles y estatus, así como acceder a recursos materiales y de información que antes les estaban negados. En esta acepción del término es donde se busca colocar el caso de estudio, como una protesta que pretende incursionar en una nueva área de participación e información, relacionada con la definición de los proyectos de políticas públicas.

 

Tres tipos de espacios libres y sus consecuencias para la movilización social

Francesca Polletta (1999) plantea la existencia de tres tipos de espacios libres relacionados con la creación de protestas. Este esquema, está basado en lazos asociativos que ligan a los participantes entre sí, la capacidad de los grupos para identificar oportunidades, sustituir líderes, promover la colaboración de nuevos miembros, desarrollar marcos culturales de acción y las características de las identidades del movimiento. Es necesario resaltar que la intención de Polletta no es hacer una clasificación exhaustiva de toda forma de movilización social, sino sólo presentar un marco para entender los casos que por tradición se han descrito como espacios sociales: los movimientos transociales, autóctonos y prefigurativos.

Los primeros se caracterizan porque sus redes tienen amplios alcances geográficos, organizativos y temporales (Ibid.). Esto significa que sus integrantes tienen contactos en áreas nacionales e internacionales, con relaciones que abarcan organizaciones distintas, y participan personas con experiencia. Este tipo de movimientos puede proveer recursos importantes a los que están iniciando, como información, conocimientos especializados, acceso a canales legales y a los medios de comunicación.

Sobre los movimientos autóctonos se realizará una presentación más extensa, por considerarse que en ellos se enmarca la protesta contra el acueducto Independencia. Polletta (1999) sostiene que el objetivo original de los espacios libres creados por los movimientos autóctonos no es la protesta, sin embargo su funcionamiento puede generar una. Como ejemplos, la autora menciona las pequeñas organizaciones religiosas de negros en algunas zonas de Estados Unidos o las mezquitas, durante la ocupación de Estados Unidos en Iraq. Sin embargo, el mismo modelo de esta autora pone el énfasis en el tipo de redes del grupo, independientemente de su origen en cuanto forma de asociación.

Los movimientos autóctonos se caracterizan por la alta densidad que existe en los lazos de sus participantes y el alcance por lo general limitado de sus redes de contacto; tienen mucha facilidad para reclutar miembros nuevos, impulsados por la presión de los grupos familiares, barriales y religiosos, por estar tan cercanos en el movimiento. Además, pueden tener más capacidad de definir e identificar a su oponente, pues es común que estén alejados de los grupos en el poder, porque se originan en lazos muy locales. Todo esto proporciona recursos importantes, incentivos de solidaridad e intereses comunes sobre la necesidad de que pueden propiciar movimientos radicales significativos. Por lo general, estos grupos pertenecen a posiciones conservadoras, y sus integrantes son parte de comunidades que se movilizan en casos de intereses familiares, amistades, la conservación de sus formas de vida y las amenazas que pueden representar los cambios apresurados. La importancia de la vida cotidiana les proporciona a estos grupos líderes con capacidades para formular sus demandas, con marcos culturales familiares para los locales. Sin embargo, los movimientos autóctonos no están bien posicionados para identificar las redes y recursos fuera de sus localidades. La concentración de lazos dentro de instituciones locales puede hacer que les sea difícil movilizarse fuera de sus límites.

Los prefigurativos son los llamados "nuevos movimientos sociales", como los feministas, por comida alternativa y ambientalistas, entre otros. Tienen intereses políticos explícitos y de oposición, y su objetivo al formarse es construir modelos de relaciones diferentes a los que caracterizan a la sociedad predominante. Es común que desarrollen formas simétricas de poder, es decir, relaciones recíprocas de poder, influencia y atención. El acceso a ellos por lo general es restrictivo y condicionado a la pertenencia a ciertos grupos (mujeres, gays, indígenas) o la práctica de comportamientos determinados (por ejemplo consumir productos orgánicos). Sin embargo, es difícil sostener los movimientos prefigurativos, porque no es fácil mantener mecanismos de toma de decisiones igualitarias frente a la necesidad de respuestas rápidas ante problemas urgentes, además de que en un marco social como el occidental, donde se dan por sentadas las identificaciones de raza, clase, género y grado de experiencia, se dejan fuera estos elementos en los procesos deliberativos

 

La búsqueda por construir espacios libres en Sonora

Dentro de la sociedad sonorense se ha presentado una movilización social constante desde finales de la década anterior, con problemas como el conflicto minero, protestas por la muerte de niños en una guardería, contra la destrucción de un parque en Hermosillo, por el precio de las tarifas del agua y el salario de los trabajadores de la Universidad de Sonora, entre otros. Esto permite hablar de un ciclo de movilización social en Sonora. Un rasgo digno de resaltar en este conjunto de reclamos es el intento por transformar la manera en que los gobiernos toman decisiones en cuestiones de políticas públicas. En otras palabras, en la posibilidad de crear espacios libres en la relación del gobierno con la sociedad civil.

Un antecedente significativo en la búsqueda de crear estos espacios libres fue la protesta contra el Cytrar, en los últimos años de la década de 1990; y es una de las movilizaciones ambientales más importantes en la historia de Sonora (Velázquez 2009). Aunque la demanda central era la desaparición de un centro de almacenamiento de desechos peligrosos, uno de los focos de tensión y enfrentamiento entre los manifestantes y el gobierno fue la falta de apertura de espacios de diálogo horizontal y de involucramiento de la población en la toma de decisiones de las grandes políticas públicas. Los problemas que siguen enfrentando las administraciones estatales para inaugurar un nuevo centro para el confinamiento de residuos peligrosos, en parte, los origina la poca disposición de la autoridad para establecer encuentros y negociaciones con los pobladores y las organizaciones ambientales sonorenses involucradas.

Para esta investigación resulta necesario señalar que el movimiento del Cytrar era autóctono en lo referente a las redes densas de participación, pero sobre todo por el uso de los marcos culturales. Éste sustentó sus reclamos en posturas conservadoras, es decir, sin proponer cambios significativos en la relación naturaleza-sociedad, sino más bien en tratar de evitar un daño a la salud de la población mediante la preservación de las condiciones presentes: la no existencia de una planta para almacenar desechos.

Como Polletta lo muestra, los movimientos autóctonos tienden a usar definiciones sociales compartidas, el que surgió contra el Cytrar utilizó la fuerte identidad regional y el rechazo hacia los foráneos (Chávez 2001). Para ejemplificar la existencia de una cierta animadversión cultural hacia la gente de fuera en ciertas capas de la sociedad sonorense, se puede mencionar que entre 1982 y 1986, José Terán publicó una columna titulada Cazador de guachos, donde se hacían descripciones racistas y denigrantes de las personas que vivían o provenían del "sur" del país. Después, algunos de los escritos de Terán fueron reunidos en un libro1 con el mismo nombre de la columna. Al mismo tiempo, Carlos Monge fundó la Sociedad Antiguacha. En bardas de Hermosillo aparecieron pintas con la frase "Haz patria, mata un chilango". En 1986 un niño oriundo de la Ciudad de México fue asesinado a pedradas por sus compañeros de escuela en Hermosillo, al parecer por la única razón de su origen. Con la presencia de estos referentes culturales fue que se inició la protesta contra una planta que buscaba almacenar desechos provenientes de otro estado de la república y, más grave, estadounidenses. A esto se agrega el hecho de que la compañía que operaba el Cytrar era española y con autorización oficial de una dependencia federal, con sede en la Ciudad de México. El movimiento se presentó como una defensa de la identidad local ante el acoso de los foráneos (Velázquez 2009).

Un segundo antecedente significativo fue la protesta contra la desaparición de un parque público en Hermosillo, entre 2006 y 2008.Aunque se trata de un caso pequeño, por el número de participantes en las movilizaciones y las protestas, resulta representativo sobre los conflictos presentes, en la relación que algunos gobiernos estatales o municipales mexicanos establecen con organismos civiles. La democratización de los procesos electorales no ha generado espacios libres en la toma de decisiones, lo que ocasiona conflictos y enfrentamientos cuando un grupo busca datos que justifiquen una política pública (Ibid. 2010).

Al igual que en la del Cytrar, la protesta del parque Villa de Seris tenía un objetivo concreto: impedir la construcción del Centro Cultural Musas, sobre el terreno ocupado por dicha zona verde. Sin embargo, existió un amplio cuestionamiento a la forma en que el gobierno tomó la decisión de ubicar la obra. Este movimiento mostró que en Sonora los espacios libres para la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas continúan siendo escasos o nulos. La alternancia en las administraciones municipales y la ruptura del presidencialismo no han generado una apertura total en el funcionamiento de las instancias estatales, por el contrario abren la oportunidad a prácticas de opacidad. Así, aunque existen avances institucionales para la participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito federal, continúan existiendo serias restricciones en los niveles estatales y municipales, con prácticas tendientes a inhibir o reprimir esto (Ibid.).

El caso del parque de Villa de Seris también resulta significativo, porque mostró la persistencia de acciones represivas ante protestas que se consideran un cuestionamiento injustificado a los planes del gobierno. Aunque en estos casos el gobierno no recurrió a prácticas extremas como la tortura, la desaparición o incluso la muerte de activistas, sí estuvieron presentes otras como la intimidación, la provocación por medio de grupos "civiles", el encarcelamiento y la invención de cargos (Ibid. 2009 y 2010).

Una tercera movilización muy significativa en el ciclo de protestas de Sonora se inició como consecuencia de la tragedia ocurrida en la guardería ABC, el 5 de junio de 2009. Independientemente de los reclamos por la atención a los niños y familias afectadas de forma directa por estos sucesos, existe uno permanente por la manera en que han actuado las autoridades estatales encargadas de deslindar responsabilidades (El Universal,4 de mayo,2010).Aunque el incidente tuvo lugar durante el Gobierno de Eduardo Bours (2003-2009), de un partido diferente al que gobierna en la actualidad, la población en general mantiene la opinión de que la nueva administración poco ha hecho para aclarar y, en su caso, enjuiciar y encarcelar a los posibles responsables. Esto sin duda alimenta la percepción de que la autoridad opera con corrupción, ineficiencia y falta de trasparencia.

 

La sociedad civil en Cajeme

Paralelo a la creciente movilización política en Sonora, ha habido un aumento considerable de las organizaciones civiles concentradas en los municipios de Hermosillo (134) y Cajeme (79), donde hay más de estos grupos (294) en el estado. Sin embargo, en el segundo son más numerosos, si se considera la cantidad de habitantes (Montiel 1999). Es decir, en la zona de estudio existía un grado importante de organización social.

En Cajeme, la mayoría de las primeras organizaciones fueron del tipo autóctono, fundadas con objetivos económicos muy específicos. Al igual que en el modelo propuesto por Polletta, estos grupos se caracterizaban por su conservadurismo respecto a la cultura, sin buscar grandes transformaciones a este respecto, entre ellos están las asociaciones de Agricultores, Ganadera Local del Valle del Yaqui, Ganadera Local de Porcicultores, de Productores de Hortalizas del Valle del Yaqui, de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora, de Mujeres Empresarias, de Gasolineras, de Consultores del Sur de Sonora, de Avicultores de Ciudad Obregón y de Agricultores del Valle del Yaqui; también el Colegio de Ingenieros Civiles, Fundación del Empresariado Sonorense, Comité de Usuarios del Parque Industrial, Centro Empresarial de Ciudad Obregón y las uniones de Porcicultores, de Crédito Yaqui, de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle de Yaqui y de Crédito Agrícola de Cajeme (CiudadDigital 2011).

Sin embargo, en Cajeme hoy existen organizaciones de tipo prefigurativo, que buscan transformar relaciones sociales particulares, por ejemplo: Agrupación Integral Villa Mágica, Alianza Cívica, Alternativa Cultural para la Equidad de Género, Amnistía Internacional, Asociación Civil Filantrópica y Educativa, Asociación de Escritoras de Cajeme, Centro Cultural Cócorit, Centro de Ayuda para la Mujer, Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, Centro de Formación Integral de la Mujer, Colectivo de Mujeres de Sonora, Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui, Estoy Contigo, Frente de Integración Nacional Pro Derechos Humanos yVida Digna y Solidaria (Fundación Tichi Muñoz 2010).

Resulta fundamental conocer algunas de las características de organización previa en una zona donde se producirá un movimiento social, pues permite saber cuáles son los modelos culturales, de construcción de redes, es decir, el tipo de recursos que los participantes tendrán a su disposición. Al mismo tiempo, las áreas de lo social que motivan la constitución de grupos civiles pueden ser un referente sobre los temas que llaman la atención de la sociedad de cierta localidad. Como se ve en este caso, los recursos disponibles corresponden a los que Polletta (1999) denominó como propios de un grupo que construye un espacio libre autóctono, sin embargo, existe una integración reciente de redes prefigurativas y transnacionales. Así, hay un interés mayoritario de las organizaciones por reforzar los lazos internos para mejorar la producción de las actividades económicas más desarrolladas de la zona, y permitir la reproducción de un conjunto de valores culturales, también lo hay para fortalecer las relaciones económicas y políticas. Existen grupos que comienzan a desarrollar espacios libres relacionados con nuevas formas de convivencia social y una atención a otros considerados vulnerables.

 

El movimiento ciudadano por el agua de Ciudad Obregón, Sonora

A inicios de 2010, el recién nombrado gobernador de Sonora, Guillermo Padrés (2009-2015) anunció la realización de un proyecto hidrológico integral denominado Sonora Sí (El Imparcial, 3 de febrero, 2010). Fue presentado como el plan de obra pública más importante de la nueva administración estatal, para reorganizar y garantizar el abasto de agua para todas las regiones del estado, en el mediano y largo plazo y, con ello, resolver uno de los problemas centrales de Sonora. Se contempla invertir 12 mil millones de pesos para construir cinco presas, acueductos, plantas de tratamiento de agua en Hermosillo y Nogales y una desalinizadora en Guaymas. El plan se basa en un cálculo gubernamental respecto a que en el estado existe un desperdicio de 2 mil 298 Mm3 anuales, de un total de 6 mil 575 Mm3 utilizados en el mismo periodo. El propósito de las obras es recuperar esa agua desperdiciada o desfogada de presas, para utilizarla en regiones donde no existe.

Una de las obras más grandes, en términos presupuestales, del Sonora Sí es el acueducto Independencia, que llevaría agua de la presa Plutarco Elías Calles, también llamada El Novillo, a la Abelardo L. Rodríguez, con un costo de 3 mil 860 millones de pesos (Sonora Sí, 2010). Integrantes de distritos de riego, de organizaciones políticas y de productores y ciudadanos sin afiliación comenzaron a organizar protestas contra el AI, ante el temor de que la extracción de agua causara un daño al suministro de las zonas agrícolas del valle del Yaqui y a la población de Ciudad Obregón.A principios de febrero se realizó una protesta autodenominada Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) contra esta obra, y cuyos participantes se caracterizan por la densidad de los lazos, muchos de ellos vecinos, amigos, familiares o asociados de las mismas organizaciones. En ella participaron Francisco Villanueva Salazar, Jesús A. Félix Holguín, Ricardo R. Bours Castelo y Faustino Félix, ex presidentes municipales de Cajeme (El Imparcial, 5 de marzo, 2010).

El movimiento estaba formado por redes del tipo autóctono (Polletta 1999). Algunos de los que constituyeron la asamblea permanente del MCA fueron: Adalberto Rosas López, Alberto Vizcarra Osuna, Jaime Miranda Peláez, Plutarco Pérez Aguirre Elías Calles, Rafael Tirado Valdez, Edmundo Pablos Álvarez, Marcos y Mario Mexia Salido, Carlos Rodríguez Valenzuela, Ernesto García Molina, Víctor Bernal Félix, Carlos Cota Moreno, Alberto Verdugo Gastélum, Martha Luz Prada Velderrain, Teresita Ramos de Tirado, Luz del Carmen de Chong, Dante Ruiz, Cecilio Ruiz García, Javier Breach Martínez, Juan Carlos Terrazas Urbina, José Antonio Tavares Madrid, Víctor Avilez Ortega, Heriberto Enríquez Villegas, Pedro López Chávez, Jorge Castro Campoy, Arturo Gaxiola Flores, Rafael González Falomir, Filiberto Cruz Leyva, César Enrique Miranda Ortiz, Luis Cruz Carrillo, Jesús Adolfo de la Vega Méndez, Gustavo Adolfo Cruz, Rodolfo Elías Calles Laborín y Tomás Rojo Valencia (tribu yaqui) (El Imparcial, 13 de octubre, 2010).

En el MCA participaban varios miembros de módulos de riego, quienes manifestaron su rechazo al proyecto en un desplegado firmado por representantes de los siguientes grupos (1, 2, 6, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, k-63, k-64-, k-66, k-68, k-70, k-73, k-79, k-91 norte, k-91 sur, k-95, Santini, Santini II, k-88, k-105, Náinari) (Tribuna, 3 de junio, 2010). De la misma forma, la protesta fue apoyada por asociaciones civiles de Cajeme: Alianza Campesina del Noroeste, Asociación Nacional de Usuarios de Riego, Centro Empresarial Obregón, Porcicultores de Cajeme, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Obregón, Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, Distrito de Riego Río Yaqui, Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Cajeme, Unión de Ejidos Lic. José López Portillo, Asociación de Productores Rurales del Valle del Yaqui, Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, Transportistas del Yaqui, Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, Cámara Nacional de Comercio, Asociación de Usuarios de Pozos del Yaqui y Cocoraque, Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, Cámara de la Industria Restaurantera, de Obregón, Fondo de Aseguramiento Agrícola de Productores del Futuro, Comité Principal de Comercialización, Asociación de Agricultores del Valle del Yaqui y Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora.

El movimiento fue respaldado por una red política de miembros y ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto quedó patente en un desplegado conjunto donde ex presidentes del municipio de Cajeme pedían a la administración local en funciones que detuviera la construcción del acueducto Independencia. Este escrito fue firmado por Javier R. Bours Almada (1967-1970), Rodolfo León Manzo (1973-1976), Adalberto Rosas López (19791982), Eduardo Estrella Acedo (1982-1985), Sóstenes Valenzuela Miller (1985-1988), Jesús A. Félix Holguín (1988-1991/20032006), Faustino Félix Escalante (1991-1994), Sergio Gastélum de la Vega (1994), Raúl Ayala Candelas (1994-1997), Javier Lamar-que Cano (1997-2000), Ricardo R. Bours Castelo (2000-2003), Francisco Villanueva Salazar (2006-2009) y Roberto Zaragoza Félix (2009) (Tribuna, 25 de febrero, 2010).

Uno de los ex alcaldes que ha participado en forma más directa en el MCA es Ricardo Robinson Bours. Su presencia resulta muy relevante, no sólo por su posición como anterior dirigente de este municipio, sino porque él es, junto con sus hermanos Rodrigo y Eduardo, de las personas con mayor influencia económica en Ciudad Obregón, por la gran cantidad de negocios que tienen en la localidad y en general en Sonora. Ellos pertenecen a una familia de empresarios y funcionarios con poder empresarial y político desde principios del siglo XX, cuando Alfonso Robinson Bours llegó, en 1936, a Ciudad Obregón, donde inició de inmediato su actividad empresarial.2 Aunque Eduardo Bours no ha asumido una posición visible en las protestas contra la construcción del AI, existen elementos que lo colocan como parte del contexto político que podrían ayudar a entender la evolución de esta protesta pública: a) Eduardo Bours (2003-2009) fue gobernador de Sonora; b) él es el primer mandatario priista que ha visto a su partido perder una elección para gobernador en Sonora, desde la Revolución y c) la familia Bours cuenta con participación en negocios agrícolas, que podrían verse perjudicados si el proyecto se concretara, al menos, bajo la perspectiva de los activistas en el movimiento.

El 13 de febrero, casi 3 500 miembros de la Unión de Usuarios de Hermosillo realizaron una manifestación en esta misma ciudad, contra la construcción de la desaladora en Guaymas. Esta marcha manifestó una postura radicalmente contraria a la del MCA, de Ciudad Obregón, al considerar que El Novillo era la mejor opción para abastecer de agua a la capital de Sonora. El 18 de marzo se realizó otra, convocada por mujeres, una de las más concurridas desde que empezaron las protestas.

En mayo, integrantes del MCA reunieron 500 firmas de ciudadanos que estaban en contra del Sonora Sí, con el fin de presentarlas en la sesión del Cabildo municipal más próxima a esa fecha y presionar al gobierno local para que se rechazara la construcción del acueducto (El Imparcial, 23 de mayo, 2010). El día 8 de este mismo mes se realizó la manifestación más grande en contra del AI con cerca de 30 mil personas, además de cientos de vehículos y alrededor de 400 tractores (El Imparcial, 9 de mayo, 2010); resulta muy significativa si se considera el tamaño de la ciudad y las escasas ocasiones en que se recurre a esta forma de protesta. El 30 de junio hubo otra masiva con tractores, que fueron estacionados en las afueras del palacio municipal de Cajeme (Reforma, 30 de junio, 2010).

 

La lucha por construir el espacio libre desde los discursos

Conforme a lo expuesto por Polletta (1999), el MCA en su lucha por detener la construcción del AI, ha buscado participar en la toma de decisiones sobre el problema del agua en Sonora. Y, para lograrlo, ha presentado desplegados sobre sus posturas en los medios de comunicación.

El Gobierno de Sonora sustenta el Sonora Sí argumentando que en el estado no existe escasez de agua, sino una mala distribución. En este contexto, la zona sur cuenta con más agua que la norte, por ello, es necesario redistribuirla para que todos tengan el mismo acceso. Este proyecto se sustenta en un valor general de justicia (El Imparcial, 2 de junio, 2010).

[...] Los proyectos del Programa Sonora Sí se sustentan en un mejor uso y distribución del agua del estado, respetando en todo momento los derechos de uso y explotación del agua que ya tienen adquiridos los productores mediante las concesiones que les otorga la federación. Ejemplo de ello es el caso del Acueducto Independencia, en este proyecto participaron los productores agrícolas de los Pueblos Ribereños de la cuenca del Río Yaqui quienes cedieron parte de sus derechos de agua para este proyecto [...]

Durante la presentación de Sonora Sí, el Gobernador dijo que: "Sonora es un estado en donde sí se cuenta con agua [...] sin embargo, no se ha logrado la correcta distribución de la misma" (El Imparcial, 3 de febrero, 2010).

La postura del gobierno es que en Hermosillo existe una sequía desde hace 15 años. Los pozos son la actual fuente total de abastecimiento de agua para esta ciudad, pero su disposición ha ido disminuyendo de manera gradual y sostenida. El gobierno contempló tres opciones: primera, la cuenca del río Sonora:

[...] se descartó debido al deterioro de sus acuíferos lo cual ya hace insostenible el continuar extrayendo sus aguas pues el abatimiento de sus mantos es cada vez mayor agravándose la condición de sobreexplotación. En cuanto al aprovechamiento del agua superficial, los escurrimientos de la cuenca son de muy bajo volumen (menos del 5 por ciento de lo que escurre en la cuenca del río Yaqui) y además muy erráticos ya que se presentan años en que los almacenamientos son casi nulos, lo cual no lo hace una fuente segura (15 años de sequía, avalados por CONAGUA según Dictamen de fecha 20 de agosto de 2010) [...]

Segunda, la desalinización de agua del mar se descartó por varias razones: a) la inversión en el acueducto es 67 por ciento de la requerida para la desaladora; b) los costos de inversión y operación del AI son 62 por ciento con respecto a los de la planta; c) los costos del servicio de agua potable y alcantarillado para el usuario final resultarían 100 por ciento mayores con la desaladora y d) el acueducto no representa impactos ambientales, en cambio la desaladora ofrece riesgos al ambiente derivados de las aguas de rechazo (salmueras) del sistema, asimismo, los requerimientos de energía eléctrica para operarla son mucho mayores, ya que la desalación es mediante filtración del agua a presión, igual que su conducción a Hermosillo, y con el AI la mayor parte sería por gravedad y la potabilización del agua se haría con plantas tradicionales. La tercera opción es la cuenca del río Yaqui:

[...] se observa que en la cuenca del Río Yaqui actualmente en el Distrito de Riego 041 Río Yaqui se desperdician 947 millones de metros cúbicos en promedio anual debido a las deficiencias de conducción en la red de distribución, asimismo, se dejan de extraer en este Distrito 357 millones de metros cúbicos anuales de aguas subterráneas de los 599.0 millones concesionados para uso agrícola [...] sumado a lo anterior, en este verano del 2010 el sistema de presas del Río Yaqui registra niveles de almacenamiento al 100%, teniendo que realizar desfogues que al mes de septiembre sumaban 415 millones de metros cúbicos tirados al mar (5.5 veces el acueducto Independencia, en un mes de desfogues)[...] (Acueducto Independencia, 2010).

El MCA proponía tres alternativas a la construcción del AI:

• Tecnificar el riego en las áreas de cultivo de la Costa de Hermosillo:

[...] En los últimos tres años se sembraron, un promedio de 28 mil hectáreas sin riego tecnificado, consumiendo una lámina (profundidad del agua), de 1 metro por hectárea. Con riego tecnificado este nivel disminuiría a 60 centímetros, ahorrando 40 centímetros de lámina que significan 112 millones de metros cúbicos de agua; casi 40 millones de metros cúbicos de los que se conducirían por el Acueducto desde la presa El Novillo, con esta opción no se extraería más agua. Esta propuesta es más económica, fácil de realizar y lleva menos tiempo para su implementación al contar con la obra de Los Bagotes [...];

 

• Comprar más concesiones de pozos:

[...] Actualmente hay concesiones autorizadas por la Comisión Nacional del Agua para extraer agua, lo cual supone que no habría problemas legales o técnicos para adquirirlas por parte del Gobierno Municipal de Hermosillo y extraer solo el volumen autorizado. Habrá que asentar que esto ya está siendo implementado, solo sería necesario ampliar el programa y aprovechar parte de los acuíferos de la cuenca del Río Sonora, totalmente independientes del acuífero de la Costa de Hermosillo, que actualmente cuenta con disponibilidad [...].

 

• Desalar agua:

[...] En este caso hay dos opciones, la primera, desalar pozos salobres, los cuales tienen menos porcentaje de sales, haciendo más fácil su desalación. La segunda opción es construir una desaladora para desalar agua directamente del mar y compartir sus costos con Guaymas y Empalme. En ambos casos se podrían utilizar fuentes de energía alternativas para disminuir considerable-mente su costo de producción, tal como lo son la energía solar y la eólica. La enorme ventaja de la desaladora es, que resulta una fuente inagotable de agua [...] (Tribuna, 18 de abril, 2010).

Para los opositores, uno de los principales problemas de este proyecto es que la disponibilidad de agua en el río Yaqui (la fuente de abastecimiento de la presa El Novillo) no está garantizada y ya ha habido largas temporadas de sequía, por lo que la extracción continua de agua para Hermosillo podría dejar a la zona agrícola del valle del Yaqui y a Ciudad Obregón sin el recurso. Esta postura fue sustentada, entre otros, por un estudio realizado en 1970 por la empresa Kronos, Computación y Teleproceso, titulado "Análisis estadístico del escurrimiento del río Yaqui". Sin embargo, la antigüedad del documento pone en duda su actualidad (Elías Calles 2010).

Al mismo tiempo que se discutían estos datos, el Gobierno de Sonora hizo llamados morales sobre la justeza del proyecto. Guillermo Padrés les dijo en una reunión a los agricultores de Cajeme que consideren la necesidad que tienen otros por el acceso al agua; que "se toquen el corazón y sean solidarios, para que dejen de pensar únicamente en su comodidad y piensen en los demás" (El Universal, 19 de mayo, 2010). Este tipo de mensajes busca apelar a valores sociales aceptados, como la solidaridad y la justicia en el acceso a los recursos. Pero no sólo ello, al darse este discurso en un contexto de reclamos sociales, el Gobernador pretende convertir el problema, generado por una decisión de política pública, en una discusión sobre moral pública, donde la decisión de los agricultores es la que causa un daño a Sonora, pues son ellos los que parecen no estar dispuestos a compartir el agua. Al aludir Padrés a los sentimientos (tocarse el corazón), convierte la que debería ser una discusión técnica y jurídica en una disputa sobre valores fundamentales. Ante el argumento moral de que es necesario pensar en los demás, se intenta exhibir las posturas de los agricultores sobre la ilegalidad de la obra o los riesgos ambientales como mezquinas o poco solidarias; no es un problema técnico, sino moral (Ibid.; El Imparcial, 2 de junio y 24 de noviembre, 2010).

Por su parte, los integrantes del MCA argumentan a este respecto que no se trata de falta de solidaridad, sino de la manera en que se gasta el agua en el municipio de Hermosillo. Así, sostienen que "en la costa de Hermosillo existe un número considerable de pozos que están siendo utilizados para cultivos de alta demanda de agua. Optimizando el uso de esa agua y comprando una parte de estos derechos se resolvería el problema de abastecimiento de agua para Hermosillo a un costo comparativo mínimo y en brevísimo tiempo" (Bours 2010). Es decir, para ellos la solidaridad pedida tendría que empezar con una mejor distribución de los recursos de la zona a la que se busca transportar más agua.

En el mismo sentido ético como sustento del proyecto, el Gobierno de Sonora ha presentado esta obra como de beneficio general. Guillermo Padrés declaró que "eso es en lo que piensa el gobierno del estado, en todos los sonorenses, no nada más en unos pocos privilegiados, sino que a todos, absolutamente a todos, les vaya bien" (El Universal, 19 de mayo, 2010). Para el gobierno, la obra generaría una igualdad entre los habitantes de Sonora respecto al acceso del agua (El Imparcial, 9 de diciembre, 2010). Por tanto, el Gobernador pretende presentarla como un plan general de desarrollo para todo Sonora. Por ello declaró que con este acueducto "500 millones de metros cúbicos más de agua se llevarán a Cajeme para que continúe su plan de crecimiento y producción del Valle del Yaqui, con el arranque de la construcción del Acueducto Independencia" (Ibid.). La presentación de estas cifras buscaba contrarrestar las críticas a la obra como una concentración del crecimiento en Hermosillo, sin pensar en el desarrollo de otras urbes, como Ciudad Obregón.

Esta postura del gobierno contrasta con la del MCA, para el que el problema de la igualdad está en el origen, es decir, en el uso que hacen del agua en Hermosillo: "Se pueden lograr ahorros sumamente importantes en la red de agua de Hermosillo haciendo eficiente su distribución y cobro y fomentando su uso racional. Actualmente se pierde más de la mitad del agua en la red, no se mide cabalmente el consumo y el precio del agua no refleja su costo real. Todo eso se cuida en Cajeme, donde el agua se cobra considerablemente más cara" (Bours 2010). Quienes se oponen al AI piensan que no promueve el equilibro en el desarrollo, sino todo lo contrario. Su argumento se construye alrededor de la idea de que Cajeme parece tener que ceder parte de sus recursos, para que Hermosillo logre un mayor desarrollo, que se traduce en más consumo de agua.

 

Los espacios del gobierno contra los espacios ciudadanos

Como se ha argumentado a lo largo del artículo, el MCA busca construir un espacio de libertad en una de las áreas donde la democracia mexicana ha mostrado tener un retraso serio: la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. En los gobiernos estatales el rezago es más notable. En esta parte del funcionamiento de un gobierno, la participación de la población no sólo se refiere a la definición específica de obras, gastos o procedimientos, está conectada fundamentalmente con la oportunidad de intervenir en el diseño de planes y metas, es decir, en la construcción del futuro de cada sociedad. Y la forma de materializarse es en los planes de desarrollo; el Sonora Sí es una parte esencial en la visión que el Gobierno de Sonora tiene sobre esto. La serie de obras que incluye "detonará" el desarrollo del estado (El Imparcial, 9 de diciembre, 2010).

El AI es una de las obras del Sonora Sí, al punto que Padrés declaró que generará un cambio sin precedentes en el desarrollo de la zona "pues marca el inicio de una nueva ética que considera la fragilidad del recurso y que hace compatible su demanda con su administración y distribución" (Ibid.,). En este sentido, las autoridades en México tienden a presentar sus proyectos de obras públicas como posibilidades de transformación del estado general que permitirán abatir la pobreza, la desigualdad y lograr el desarrollo (El Diario del Yaqui, 1 de octubre, 2010). Sin embargo, esta obligación de generar programas que mejoren las condiciones de vida de la población tiende a tener poca tolerancia a las críticas. Los cuestionamientos al AI son respondidos con predicciones de desgracias, de no llevarse a cabo en los términos exactos en que fue propuesto. El Gobernador de Sonora definió este proyecto como la respuesta a una emergencia: "Cuando se hace un acto de Estado para ayudar a quienes pasan por una emergencia, por supuesto que estamos defendiendo con todo el Sonora Sí y vamos a traer agua de El Novillo" (El Imparcial, 24 de noviembre, 2010). Esta reacción no sólo busca desalentar el respaldo que pudieran generar los opositores a sus planes, sino que permite producir una especie de amenaza velada respecto a quiénes serán los responsables de que la situación de la población no mejore, sino que incluso se deteriore más. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las movilizaciones detuvieran el proyecto, el Gobernador contestó: "Es una verdadera tragedia no dotar agua a los más necesitados en las colonias marginadas de Hermosillo, como ocurre actualmente: es una tragedia que se pierdan empleos por falta de agua" (Concha 2010).

En las democracias contemporáneas, resulta fundamental el involucramiento de los actores locales en proyectos impulsados por un gobierno central y la apertura de la información sobre las obras futuras. Sin embargo, en este caso se repiten parcialmente esquemas de ocultamiento de información como estrategia que disminuye –ante la falta de datos– la cantidad de críticas que se le puedan hacer a una obra pública. De este modo, aunque la administración actual hizo público el estudio de factibilidad ambiental, el encargado, ingeniero Jesús Enrique Flores Ruiz, no aceptó hacer comentarios sobre las limitaciones o alcances de este análisis, argumentando la existencia de procesos judiciales en curso. Esto a pesar de que dicho estudio ambiental se enfoca sólo al análisis de los daños que causaría la construcción y funcionamiento mismo del ducto, pero no existe proyección alguna sobre las consecuencias que tendría en la zona del río Yaqui la extracción del agua.

La falta de datos incluso ha sido remarcada por legisladores; el coordinador de los diputados federales de Sonora, José Luis Marcos León Perea, declaró: "Existen muchas dudas principalmente en la parte técnica y es ahí donde se necesita más información para nosotros asesorarnos con especialistas en la materia y dar una opinión más detallada" (Ehui, 17 de marzo, 2010).

 

La construcción de los espacios libres puede venir del oponente. La victoria de los Yaquis de Obregón

En las democracias, la prensa puede constituirse en un espacio libre, donde sectores sociales pueden manifestar sus posturas sobre algún problema. En la historia reciente de México, la prensa nacional ha desempeñado este papel en la difusión de movimientos sociales y las posturas de sus protagonistas. Protestas como las de Tepoztlán, en Morelos, contra la construcción de un club de golf, la de profesores en Oaxaca e incluso la rebelión zapatista en Chiapas tuvieron en la prensa un escaparate fundamental para difundir sus reclamos y las razones que los sustentaban. Sin embargo, este desarrollo de espacios libres virtuales no ha ocurrido de la misma forma en las entidades. Los periódicos estatales o locales están sujetos a grandes presiones por parte de los gobiernos y elites de la región, que ocasiona que la cobertura de un conflicto sea tendenciosa o se dejen de mencionar los movimientos o acontecimientos que dañan la postura gubernamental.

En el caso del movimiento contra el AI, la prensa estatal no ha constituido un espacio libre. La cobertura de El Imparcial ha sido unilateral, sin darle espacios de opinión a sus miembros, a diferencia de lo que pasó con el del Cytrar, en el cual los integrantes tuvieron la oportunidad de escribir columnas de opinión, insertar cartas, además de que hubo una amplia cobertura de todas las acciones en su contra (Velázquez 2009). En contraste, el movimiento de Ciudad Obregón ha tenido que pagar inserciones para difundir sus puntos de vista, y ninguna de las figuras visibles ha sido invitada a expresarse. Pero sí se han publicado columnas que descalifican o critican abiertamente la movilización (Peralta 2011).3

La poca apertura de los medios locales, pero también la misma composición de las redes que daban sustento al MCA había hecho que hasta finales del 2010 fuera poco significativa, que si bien había generado manifestaciones locales muy concurridas, no lograba una influencia considerable en la política estatal y mucho menos en el ámbito nacional. En la misma Ciudad de Obregón, donde radicaba esta protesta, existía un creciente apoyo a la postura gubernamental sobre el AI. El movimiento comenzaba a perder fuerza, sin embargo, esta situación tuvo un cambio significativo a principios de 2011, provocado por dos actos externos a la protesta, y generó un espacio libre para el movimiento.

El primero está relacionado con un acontecimiento deportivo. A finales de enero de 2011, el equipo de béisbol de los Yaquis de Obregón (Sonora) disputaba la final de la Liga Mexicana del Pacífico contra los Algodoneros de Guasave (Culiacán). En este campeonato existe una tradición no escrita de que si en la final se enfrentan equipos de dos entidades, los gobernadores acudan al último partido, en este caso Guillermo Padrés (Sonora) y Mario López Valdez (Sinaloa). Sin embargo, ninguno de los dos mandatarios asistió, lo que provocó una serie de críticas, sobre todo en los espacios informativos locales de tV Azteca, donde se reprochó "el abandono" del Gobernador a sus campeones. El 29 de enero de 2011,losYaquis de Obregón ganaron la serie de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que les daba el derecho a representar a México en la Serie del Caribe; el campeonato latinoamericano de béisbol, el torneo internacional más importante para los equipos mexicanos de béisbol profesional.

En la Serie del Caribe, los Yaquis, en representación de México, presentó un nuevo uniforme verde con la palabra México en letras rojas. Además, en la camiseta de los jugadores había dos anuncios, en la parte de arriba del lado izquierdo se veían las siglas de Hermosillo y en la del estómago, un enorme anuncio en azul con letras blancas decía "Sonora Sí". Esto causó un rechazo inmediato por parte de los aficionados de Ciudad Obregón, quienes consideraban que los dos letreros constituían una doble ofensa. El primero, porque aparecía el nombre de Hermosillo, que históricamente ha sido el principal rival deportivo de los Yaquis de Obregón, lo que hacía parecer que el representativo era originario de esa ciudad. Los aficionados a los deportes podrán entender lo "terrible" que puede ser esta situación, un poco como si el enemigo deportivo se atribuyera la victoria de su rival. Pero lo que produjo mayor descontento fue la segunda leyenda alusiva a una obra pública en discusión, en un uniforme deportivo. Este intento de usar a un equipo para ganar apoyo para un programa de gobierno parece ser un caso único en la historia del deporte mexicano. La creciente inconformidad por la situación obligó a la directiva de los Yaquis a publicar un comunicado donde se deslindaban del asunto, y responsabilizaban a la Liga Mexicana del Pacífico por la comercialización de esos espacios de publicidad (El Imparcial, 4 de febrero, 2011).

El 7 de febrero de 2011, los Yaquis se coronaron como campeones de la Serie del Caribe. En la primera foto difundida sobre el nuevo equipo campeón, los jugadores realizaron lo que pareció ser una protesta velada respecto al anuncio de Sonora Sí; todos aparecieron en la imagen con los brazos cruzados tapando justo este anuncio (Blog www.blog.com.mx 2011). Como una constatación de la intención de la postura, el jugador localizado en el segundo lugar del extremo derecho colocó una mano sobre la propaganda de Hermosillo y la otra sobre la de Sonora Sí, para ocultar ambas. El 9 de febrero el equipo campeón fue recibido por el presidente de la república, y en un diálogo difundido sobre el mandatario y los jugadores, él les preguntó sobre la foto antes referida y ellos respondieron que "sólo habían cruzado los brazos porque se los pidieron". El mandatario respondió que sabía de la existencia de un conflicto que necesitaba ser atendido. Guillermo Padrés no ha recibido en un evento oficial a los Yaquis, esto a pesar de haber pagado la publicidad de sus camisas.

Al mismo tiempo, una de las principales televisoras del país, TV Azteca, comenzó a difundir reportajes relativos al proyecto Sonora Sí. El caso de la construcción del acueducto se ha tratado al menos cinco veces durante el noticiario estelar de la cadena, dirigido por Javier Alatorre (TV Azteca, 28 de septiembre; 1 y 3 de febrero, 2011). En todos estos reportajes, la televisora mantuvo una postura de abierta crítica sobre el plan del gobierno, las posibles consecuencias sobre la población de su territorio y la distancia que guarda hacia ella.

La combinación de estos factores generó un nuevo escenario para el MCA, tanto a escala local como nacional. Primero, porque la publicidad sobre el Sonora Sí causó una creciente animosidad contra el gobierno en Ciudad Obregón. Segundo, la constante referencia al caso tanto por los reportajes de TV Azteca, como por la cuestión de los uniformes del equipo de béisbol le dio una notoriedad nacional al movimiento, lo que representa oportunidades políticas nuevas, con lo que podría ganar más apoyo en sus espacios de libertad autóctonos, pero también en el escenario nacional. Sin embargo, como lo señala Polletta (1999), los movimientos de este tipo tienen dificultades para conectar sus demandas con problemas más generales o con otros grupos o redes que rebasen su entorno local.

 

Un espacio libre desde la autoridad federal: reunión pública de información sobre el acueducto Independencia

El 1 de febrero de 2011, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó una "reunión pública de información" sobre el AI. El principal objetivo del evento era recabar datos técnicos, sobre todo lo que permitiera evaluar el manifiesto de impacto ambiental presentado por la Comisión Estatal de Agua, Sonora, para evaluar la obra del acueducto. Este ejercicio resultaba inédito, porque por primera vez la dependencia federal del medio ambiental organizaba una consulta abierta sobre un proyecto que generaba un conflicto social. En sí mismo, el evento constituía un espacio libre para la movilización social contra el AI, pues se les abría a los manifestantes la posibilidad de exponer en público sus razones para oponerse y, sobre todo, hacerlo ante una autoridad con injerencia directa en el caso.

Como lo demuestra el trabajo de Polletta (1999), los grupos que interactuarán en estos espacios libres están condicionados por las redes de las que provienen, pero también por los recursos, prácticas y normas de que disponen sus grupos de origen. Los que apoyaban el proyecto Sonora Sí utilizaron formas que se pueden designar como corporativas a favor de la postura gubernamental como el acarreo, es decir, llevar a gran cantidad de habitantes de colonias populares de Hermosillo para demostrar que la obra contaba con un gran respaldo "popular", y utilizar mecanismos simbólicos como mantas, porras, rechiflas y gorras con leyendas alusivas a las bondades del proyecto. Esto a pesar de que en la convocatoria circulada por la SEMARNAT federal se prohibía expresamente el uso de artículos de propaganda o demostraciones de apoyo u oposición a las posturas presentadas.

Por otra parte, la consulta demostró que la apertura de un espacio libre puede proporcionar oportunidades de acción a grupos que hasta este momento habían tenido poca o ninguna participación en una protesta. Fueron académicos de la Universidad de Sonora, la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Tecnológico de Sonora y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otros, quienes utilizaron el foro para expresar sus posturas. La exposición de los académicos coincidió en señalar que el manifiesto de impacto ambiental del Gobierno de Sonora para presentar el acueducto Independencia requiere ser modificado a fin de que abarque temas no considerados, como los efectos ecológicos que tendrá el acueducto en la flora y fauna de las cuencas de origen y destino del agua;4 las consecuencias para las comunidades de la zona proveedora de agua;5 el efecto que podría tener la inyección de aguas tratadas al subsuelo de Hermosillo;6 la existencia de zonas arqueológicas por donde pasará el acueducto, sobre todo porque existen indicios de que esto es posible; el consumo y disponibilidad de agua en Hermosillo y su zona costera, como solución alterna a la problemática de abasto para el uso humano; los efectos sociales, económicos y de salud sobre la población de Hermosillo y Ciudad Obregón derivados de esta obra; la evaluación total sobre el proyecto y no de efectos fragmentarios ocasionados sólo por la colocación del tubo, que constituye la obra principal del acueducto.

 

Conclusiones

La apertura de espacios libres que permitan la expresión de sentimientos de injusticia, o que construyan nuevas formas de relación entre grupos sociales como el gobierno y la sociedad civil es, sin duda, uno de los grandes objetivos detrás de todo movimiento social. En las democracias, la función de las protestas sociales organizadas resulta fundamental, pues se convierte en uno de los dispositivos para conocer las áreas donde existen problemas que requieren atención. En otras palabras, un movimiento social no es percibido como un desafío que necesita ser resuelto aplicando todo el poder del Estado sino todo lo contrario, los gobiernos democráticos construyen procedimientos institucionales y legales para canalizar las demandas y, en todo caso, tratar de solucionarlas mediante negociación.

En la democracia mexicana, los gobiernos estatales no han logrado constituir mecanismos regularizados para que los grupos sociales manifiesten su inconformidad sin que esto signifique la constitución de un juego de suma cero, donde la victoria de cada contrincante significaría la derrota del otro. La construcción de estos espacios libres para la discusión de grandes proyectos de políticas públicas sería uno de esos mecanismos para la integración de los movimientos sociales al funcionamiento normal de toda sociedad, y así dejar de considerarlos como disfunciones sociales que deben ser eliminadas.

El caso analizado ilustra lo anterior. Las protestas sociales en Ciudad Obregón, contra la construcción del AI, independientemente de los intereses de grupo que pudieran explicar su origen, demuestran la carencia de espacios libres en el funcionamiento del Gobierno de Sonora. La presentación de una queja ante un proyecto público no encuentra canales automáticos de diálogo y negociación. En su lugar, el gobierno despliega una serie de discursos, tácticas y procedimientos que buscan minimizar, intimidar o desgastar los cuestionamientos. El uso de estos mecanismos, como se vio, puede tener consecuencias no esperadas e incluso contrarias a las buscadas. Esto sucedió con la idea de promocionar el proyecto Sonora Sí en la camiseta del equipo sonorense que representaba al país en una competencia internacional.

Las consecuencias de la apertura de un espacio libre sin duda son difíciles de predecir. Sin embargo, la falta de certidumbre no puede ser argumento suficiente para que un gobierno democrático cola-bore o no en construirlos.Todo lo contrario, su existencia puede ser un instrumento que respalde las decisiones de política. En cuanto al acueducto Independencia, la discusión pública entre el gobierno y los opositores respecto a los datos técnicos hubiera constituido un encuentro que no sólo despejaría dudas sobre los planes de acción, sino que podría darle mayor legitimidad a la obra propuesta. Sin embargo, esto no se produjo, lo que permite a los opositores alimentar su narración respecto a las dudas y preocupaciones, que parecen confirmarse por la falta de claridad total de la obra.

La no construcción de espacios libres puede constituir problemas adicionales para las autoridades estatales de un gobierno democrático. Esto se explica porque los participantes en una protesta pueden encontrar aliados inesperados que les proporcionen estos espacios, para expresar sus quejas. Lo que puede ser aprovechado por intereses ajenos al conflicto original y darle una mayor dimensión, fuera del control de la autoridad estatal.

En la protesta analizada, la autoridad ambiental federal generó un espacio libre para expresar críticas acerca del estudio sobre el impacto ambiental, uno de los requisitos federales para la aprobación del acueducto. La construcción de este lugar de diálogo fue aprovechada por académicos que buscaban externar sus opiniones sobre el AI, lo que resultó en un nuevo bloque de críticas, que era imposible de prever por el gobierno estatal, sin embargo, fue posible en parte por la no institucionalización de prácticas de diálogo para la delimitación de los proyectos públicos, como es la consulta gubernamental a los expertos locales sobre el tema. Esto le habría permitido al gobierno conocer y atender estos cuestionamientos con antelación. Además, un actor nacional como es la televisora TV Azteca ha decidido utilizar el conflicto para sus propios fines, lo que constituye un apoyo no menor para el movimiento contra el acueducto Independencia. Las consecuencias que tendrá dicho respaldo para la construcción de la obra son difíciles de prevenir, pero es posible pronosticar que sin duda eleva los costos políticos que tendría que pagar el gobierno si quisiera continuar con su actual plan de acción. Es posible concluir entonces que los espacios libres resultan canales de negociación indispensables en una democracia, que si bien pueden aumentar los tiempos para la toma de decisiones, reduce la incertidumbre ante los posibles efectos de un movimiento social, y aumenta la legitimidad que tendrá un plan de gobierno que surja de ellos.

 

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NOTAS

1 El término guacho originalmente se utilizó para designar a los militares que provenían del sur del país, y con el tiempo se convirtió en despectivo para identificar a la población de dicha zona del país. El guacho era de alguna forma la trasferencia hacia el otro que la cultura sonorense hacía de los rasgos raciales (morenos), de comportamiento (perezosos, traicioneros, poco inteligentes, supersticiosos) que los estadounidenses tienen respecto a todos los mexicanos (Terán 1984).

2 Página electrónica del municipio de Cajeme. "Cajeme-cronología de hechos" http://www.obregon.gob.mx/en/Cajeme/Historia?page=4 (8 de febrero de 2011).

3 "[...] Es evidente que los encasillados de "aguatenientes" que blindan el destino de los mayores recursos hidráulicos del Estado, más del 90% del volumen, 3,094 millones de m3, para realizar una actividad que representa menos del 7% del PIB estatal, mismos que se oponen al "popote" del acueducto que traerá sólo 75 millones de m3, nunca tendrán el respaldo de la mayoría ciudadana para que aborten este proyecto que representa el futuro de Sonora en lo social y en lo económico, sin una manifestación enérgica en niveles impredecibles de los que ahora se ven estables o pasivos [...] Tarde o temprano, operará el principio jurídico-político que legitima en el mundo a estas grandes obras: La declaración de utilidad pública, o lo que es lo mismo, el interés general de las mayorías. Porque sobre todo argumento que pueda confundir, se reclamará el irrebatible derecho humano fundamental e irrenunciable del agua como patrimonio nacional estratégico de uso público. Y si el rol del Estado consiste en controlar y supervisar su uso, del gobernador Guillermo Padrés Elías esperan la aplicación diligente de la Ley y que mantenga la gobernabilidad del satisfactor sobre cualquier otro interés [...]"

4 "[...] el proyecto contraviene los objetivos de conservación del Área Natural Protegida decretada bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica denominada "Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez-El Molinito", decretada en 1994 por el Gobierno del Estado de Sonora, ya que, aunque no cuenta con Plan de Manejo, ni Programa de Monitoreo de la zona, esta Secretaría no debe olvidar que el objetivo de un área natural protegida de esta índole es el de conservar la cobertura vegetal, la estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad, lo anterior para que no se afecte significativamente el equilibrio hidrológico del ecosistema [...] (Rodríguez 2011).

5 "[...] no es posible valorar la integridad funcional de la región, sin un estudio ecológico actual y detallado de la dinámica hidrológica de los ecosistemas existentes en la región, lo anterior para evitar afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los Ríos que se pretenden desviar [...]" (Rodríguez 2011).

6 El Manifiesto de impacto ambiental no contempla datos sobre la recarga que se realizará al subsuelo de Hermosillo con las aguas tratadas en las plantas purificadoras. Existen estudios que demuestran que este tipo de procesos no eliminan ciertos químicos, que pueden resultar contaminantes al ser introducidos al subsuelo (Marín 2011).

^rND^sBours^nEnrique^rND^sChávez Ortiz^nTrinidad^rND^sConcha^nMiguel^rND^sMontiel González^nAnabel^rND^sPeralta Gaxiola^nCarlos^rND^sPolletta^nFrancesca^rND^sVelázquez García^nMario^rND^sVelázquez García^nMario^rND^sVelázquez García^nMario^rND^1A01^nAlejandro^sSalazar Adams^rND^1A02^nJosé Luis^sMoreno Vázquez^rND^1A03^nAmérica N.^sLutz Ley^rND^1A01^nAlejandro^sSalazar Adams^rND^1A02^nJosé Luis^sMoreno Vázquez^rND^1A03^nAmérica N.^sLutz Ley^rND^1A01^nAlejandro^sSalazar Adams^rND^1A02^nJosé Luis^sMoreno Vázquez^rND^1A03^nAmérica N^sLutz Ley

Artículos

 

Agricultura y manejo sustentable del acuífero de la Costa de Hermosillo

 

Alejandro Salazar Adams*, José Luis Moreno Vázquez** y América N. Lutz Ley***

 

* Profesor-investigador del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública de El Colegio de Sonora. Correspondencia: Obregón #54, colonia Centro, C. P. 83000. Hermosillo, Sonora, México. Teléfono: (662) 259 5300, extensión 2287. Correo electrónico: asalazar@colson.edu.mx

** Profesor-investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de El Colegio de Sonora. Teléfono: (662) 259 5300, extensión 2288. Correo electrónico: jmoreno@colson.edu.mx

*** Asistente del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: alutz@colson.edu.mx

 

Resumen

El acuífero de la Costa de Hermosillo es uno de los más sobreexplotados de México. A pesar de ello, se sigue utilizando para cultivos de bajo valor y alto consumo de agua. En el presente artículo se estimó, mediante cuatro modelos de programación lineal, la asignación óptima de cultivos con base en la restricción que impone la recarga del acuífero; y es posible generar 90 por ciento del valor de la producción agrícola actual con alrededor de una tercera parte del volumen extraído. Los resultados permiten indicar la importancia de la eliminación de subsidios, de la reconversión agrícola y del uso de técnicas de riego eficientes, como medidas para lograr el manejo sustentable del acuífero.

Palabras clave: manejo sustentable del agua, programación lineal, acuíferos, rentabilidad agrícola, eficiencia agrícola, irrigación.

 

Abstract

The Costa de Hermosillo aquifer is one of the most overexploited in Mexico. In spite of this, it is still used for the production of low value crops with high water consumption. In this article, the optimum crop pattern was estimated by means of four linear programming models, based on the restriction imposed by aquifer recharge. According to the results, it is possible to generate 90% of the current agricultural production value using one third of the water being drawn. The results also indicate the importance of subsidy elimination, agricultural reconversion and use of efficient irrigation techniques as effective measures for achieving sustainable aquifer management.

Key words: sustainable water management, linear programming, aquifers, agricultural profitability, agricultural efficiency, irrigation.

 

Introducción

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA (2007), la disponibilidad natural media per cápita de agua en México ha disminuido, de 18 035 m3/habitante/año, en 1950, a tan sólo 4 416, en 2006. Sin embargo, si bien las acciones encaminadas hacia la reducción del consumo de agua en las ciudades son importantes, es necesario considerar que las actividades agrícolas utilizan 76.8 por ciento del volumen de agua destinado a usos consuntivos y esta proporción es aún mayor en la región noroeste, donde alcanza 86 por ciento del volumen concesionado (Ibid. 2010a, 61-63), por tanto este sector es el usuario principal.

La tercera parte del agua concesionada para usos consuntivos en el país proviene de fuentes subterráneas, en específico de 653 acuíferos (Ibid., 43). En 1975, 35 de ellos estaban sobreexplotados (es decir, se extraía más agua de la que se recargaba); y para 2002, ya eran más de cien (Jiménez y Marín 2004). Uno de éstos es el de la Costa de Hermosillo, el cual dio lugar a la creación del distrito de riego 051-Costa de Hermosillo (DR051), en la década de 1950.

Con respecto al balance del acuífero, según CONAGUA et al. (2007, 59) las extracciones de agua en 2006 equivalían a 461 millones de metros cúbicos (Mm3), cantidad que supera por mucho a la recarga natural anual, estimada en 250 Mm3. Aunado a esto, alrededor de 98.4 Mm3 del volumen recargado se debe al ingreso de agua marina, lo que constituye un problema de contaminación. El abatimiento de los niveles de agua es consecuencia de una explotación, que representa casi el doble del volumen anual de recuperación, además del agravante de la intrusión salina (Moreno 2006).

El DR051 abarca entre 65 y 70 por ciento de la superficie cosechada en el distrito de desarrollo rural 144. En términos del beneficio de la aplicación de agua en la agricultura de esta zona, en un comparativo por cultivos, en el ciclo 2001-2002 los forrajes, granos y frutales (excepto la uva) representaban 71 por ciento de la superficie cosechada, utilizaban 68 por ciento del agua y 70 de los subsidios, pero contribuían sólo con 19 por ciento del valor de la producción (CONAGUA-Programa de Modernización y Manejo del Agua, PROMMA 2003, 13). Esto significa que el uso de agua agrícola es desproporcionado en relación con los beneficios que otorga en términos productivos, por ello resulta primordial proveer a las instituciones administradoras de agua en el país de instrumentos para el diseño de políticas de manejo de la demanda en este sector, por ejemplo las tarifas por el uso de agua para riego (Florencio Cruz et al. 2002).

Al considerar lo anterior, el objetivo de este artículo es determinar la asignación óptima de cultivos en la Costa de Hermosillo, sujeta a la restricción de un manejo sustentable del acuífero, es decir, que el volumen de las extracciones se mantenga igual o por debajo de la recarga media natural, y de esta manera conocer qué tanto se puede producir en la zona sin menoscabar la recarga de agua en el subsuelo, pues si bien se han realizado este tipo de estimaciones en el pasado, no han considerado la extracción limitada a un volumen sustentable, como una restricción importante en los modelos.

También se pretende proporcionar información para el establecimiento de políticas para el manejo sustentable del acuífero, sobre todo mediante tarifas con base en el precio sombra o costo de oportunidad del agua, que se obtendría como resultado de la investigación. Esto permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos, favorecerá su conservación para las generaciones futuras y abrirá la posibilidad de destinar a otros usos de mayor valor, como el urbano, una parte del agua que actualmente se emplea en la agricultura. Ya han ocurrido trasferencias de este tipo, como la venta de 20 Mm3 de agua de la Costa a la ciudad de Hermosillo en 2005, con un costo de 140 millones de pesos (Moreno 2006, 400).

En la primera parte del artículo se describen de forma breve los antecedentes del desarrollo agrícola en la región de la Costa de Hermosillo; en la segunda se presenta la situación del acuífero y su administración, aspectos que condicionan su sustentabilidad, así como de los estudios realizados en torno al aprovechamiento del agua en la zona. En la tercera se explica la metodología y los criterios utilizados en los modelos de programación; después se discuten los resultados obtenidos y se presentan las conclusiones.

 

El desarrollo agrícola en la Costa de Hermosillo

La Costa de Hermosillo se encuentra en el centro-poniente del estado de Sonora, frente al golfo de California, como se observa en la figura 1. Una de las actividades económicas primordiales en el último siglo ha sido la agricultura, sustentada principalmente por el agua extraída del acuífero de la Costa de Hermosillo, que se alimenta de dos escurrimientos intermitentes: el del río Sonora (que recibe agua del arroyo Zanjón y del río San Miguel) y el del río Bacoachi, cuya aportación comenzó a ser más importante después de la construcción de la presa Abelardo L. Rodríguez en los años cuarenta, porque basaba su almacenamiento en el caudal del río Sonora (Ibid., 93-102). La superficie de este acuífero y la afluencia de agua que recibe lo convierten en uno de los más importantes del estado, aunque también el que tiene el mayor déficit de los 61 existentes en Sonora (CONAGUA 2010b), y es uno de los 16 en el país con intrusión marina (Ibid. 2010a, 44).

Al igual que el resto de la región, la Costa de Hermosillo está sujeta a las condiciones características del clima semidesértico. Tiene una temperatura media anual de 24 °C, que oscila entre -3 °C como mínima y 46 °C como máxima; la precipitación media anual es de 200 milímetros (mm), con lluvias escasas que ocurren sobre todo en el verano. Asimismo, la tasa de evapotranspiración es muy alta (en especial hacia las partes bajas de los ríos que alimentan la zona), que llega incluso a 2 560 mm (CONAGUA 2002, 4). Estas condiciones perjudican la capacidad de recarga del acuífero e influyen en el ritmo de utilización del recurso, pues al carecer de agua superficial por el clima seco y las altas tasas de evaporación, los agricultores recurren en mayor medida a las fuentes subterráneas.

El volumen de agua concesionado en el acuífero hasta 2006 era de 400 Mm3. Si se consideran las estimaciones más recientes de recarga equivalente a 250 Mm3 (Ibid. 2009, 2), habría un déficit de 150 Mm3 en la disponibilidad media anual de agua subterránea. De acuerdo con el Plan de Modernización del Riego del DR051 de CONAGUA (et al. 2007), el volumen concesionado en 2006 disminuyó a 350 Mm3, lo cual aun significaría un déficit de cerca de 100 Mm3. Por otra parte, de los 250 millones de metros cúbicos que se recargan anualmente, casi 100 Mm3 corresponden a la intrusión de agua salina del mar de Cortés (Monreal et al. 2002), por lo cual la disponibilidad de agua utilizable para el riego agrícola resulta aún menor.

Los antecedentes de la sobreexplotación del acuífero de la Costa de Hermosillo se remontan hasta mediados del siglo XIX, cuando grupos colonizadores establecieron las primeras granjas y zonas de cultivo en el área, que en sus inicios se mantenían con aguas superficiales (Moreno 2006, 107-120). A principios del siglo XX comenzó la construcción de bocatomas, para captar el agua de los escurrimientos superficiales y la extracción de agua subterránea mediante calderas de vapor, que se obtenía de los primeros 100 metros del subsuelo. La perforación de pozos profundos empezó alrededor de 1945, con lo cual se inició también la explotación intensiva del acuífero (Moreno 2006, 131). Aunado a ello, las extracciones entre 1935 y 1966 se realizaron sin conocer con certeza el potencial del reservorio de agua, y el alumbramiento de fuentes nuevas se hizo a gran escala sin cuantificaciones preliminares de los volúmenes existentes (Ibid. 2010, 83).

Estos eventos sucedieron en un contexto político, que favorecía la sobreutilización de recursos hídricos para la agricultura en Sonora. Entre 1926 y 1958, el estado destinaba en forma directa grandes sumas a las actividades relacionadas con la agricultura (ensanchamiento de superficies de cultivo e instalación de sistemas de riego) (Hewitt 1982, 130-137). Comenzó el uso de motores eléctricos para extraer agua de los pozos profundos, y se construyeron grandes obras de infraestructura, tanto hidráulica como de transportación (Ibid.), como la presa Abelardo L. Rodríguez, entre 1944 y 1948, al oriente de Hermosillo (Moreno 2006, 131); la cual, al captar el agua proveniente de la parte media del río Sonora jugó un papel importante en la disminución de los escurrimientos superficiales de agua hacia la Costa de Hermosillo en la cuenca baja, lo cual hizo más necesaria la explotación de los reservorios subterráneos para la agricultura (Halvorson et al. 2003, 553). De esta manera, el número de pozos se incrementó de 7, en 1948, a 428, en 1955 (CONAGUA et al. 2007, 20); mientras que en 1949 se obtenían 227 Mm3 de agua de 400 pozos, para 1964 ya se alcanzaban 1 137 Mm3 (Olavarrieta et al. 2010, 146).

En estas condiciones de uso desregulado, poco sustentable y con desconocimiento del acuífero, pronto aparecieron los primeros signos de alarma. De acuerdo con Moreno et al. (2010, 82) en el Reglamento en materia de aguas del subsuelo, publicado en 1956, la Costa de Hermosillo ya figuraba en la lista de zonas de veda para alumbramientos nuevos de aguas subterráneas. Asimismo, algunos autores señalan que en 1958 la capa freática se encontraba a diez metros por debajo del nivel del mar, ocasionando la intrusión de agua marina (Halvorson et al. 2003, 553).

En correspondencia con estos sucesos, entre 1951 y 1978 se tomaron medidas para minimizar los problemas de la administración del acuífero. En 1951 un decreto presidencial restringió el área para alumbramientos nuevos a 500 mil hectáreas en la planicie costera entre Hermosillo y el mar de Cortés (Ibid.). En 1953 se estableció el distrito nacional de riego de la Costa de Hermosillo 051, que abarcaba 1.5 millones de hectáreas. Con esta medida se esperaba que hubiera monitoreo sistemático del comportamiento del acuífero, y que se manejara de forma eficiente el agua subterránea; sin embargo esto no pasó, y en el ciclo 1963-1964 la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos estableció la obligatoriedad de que los pozos se equiparan con medidores, para determinar el volumen de la extracción. Aun así, en los años siguientes se observó el pico máximo de extracción en la zona (Ibid. 2003).

Hubo otras acciones, consistentes en decretos continuos de vedas para alumbramientos de agua en extensiones cada vez más amplias, la reducción programada de extracciones entre 1963 y 1966 y la declaración del interés público para la conservación de los mantos acuíferos de Sonora en 1978 (Moreno 2006). A pesar de esto, en 1970 los abatimientos alcanzaban los 65 metros por debajo del nivel del mar, y se estima que entre 1945 y 2005 el nivel medio del acuífero descendió un metro por año en promedio (Quevedo 2007).

Al inicio de la década de 1990, dos acontecimientos modificarían las características de la producción agrícola mexicana e influyeron también en la región de estudio. Por un lado, la apertura comercial por la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que colocó a ciertos productos en una situación de alta competitividad (primero las hortalizas y frutales, luego los granos). En segundo lugar, el programa de reconversión productiva, que buscó aumentar la productividad mediante la reconversión agrícola en función de la eficiencia de los cultivos en cada región (Bracamonte et al. 2007, 65-66).

En el caso de la Costa de Hermosillo, esto significó cambiar el cultivo de granos por la producción hortofrutícola (en especial uva, nuez, cítricos y hortalizas), proceso que ya había comenzado décadas antes, debido a la escasez de agua y a los requerimientos de mercados internacionales altamente competitivos. De esta manera, aunque ha habido contracciones en todas las áreas sembradas, entre 1996 y 2004 la superficie correspondiente a frutales, cítricos y vid se incrementó de 13 218 a 17 768 hectáreas (Ibid. 2007).

Esto ha beneficiado con el aumento en los jornales agrícolas (mayor necesidad de trabajadores), mejores ingresos para los productores (entrada de divisas) y el uso de sistemas tecnificados para el riego. Sin embargo, no se ha completado la reconversión agrícola, debido a contradicciones en las acciones implementadas (la apertura a mercados internacionales competitivos y el otorgamiento de subsidios a cultivos poco rentables en términos del consumo de agua, como el trigo y otros granos, que además no logran capitalizar al productor para efectuar la reconversión) (Ibid.).

Otros acontecimientos importantes para el desarrollo del DR051 en los años noventa fueron la trasferencia, en 1994, de la administración y mantenimiento del distrito a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051 (AUDR051); y luego, en 1996, la formulación de un programa de riego que pretendía disminuir la extracción de agua para equipararla con el volumen de la recarga, pero que no se cumplió (Olavarrieta et al. 2010). Estas medidas parciales y muchas veces fallidas no han evitado que se exploten grandes volúmenes de agua, lo que ha provocado que el nivel estático medio del acuífero disminuya los valores positivos que tenía hace seis décadas, hasta casi 40 metros por debajo del nivel del mar, cuestión que ha causa-do problemas no sólo económicos y sociales, sino también ambientales, como la inversión del gradiente hidráulico, la intrusión salina y la afectación de alrededor de 22 mil hectáreas de tierra (Quevedo 2007, 14).

 

La sustentabilidad perdida

La gestión de los recursos hídricos de la Costa de Hermosillo se ha vuelto más compleja y problemática. Hay sobrados indicadores del abatimiento del acuífero, además los tipos de usuarios se han diversificado, aunque el principal continúa siendo el sector agrícola. En el municipio de Hermosillo, del total de la demanda de agua, la requerida para uso agrícola representa 92 por ciento (CONAGUA et al. 2007, 25), concentrada en particular en la Costa de Hermosillo. De acuerdo con Quevedo (2007, 28), en los últimos 16 años, más de la mitad de la superficie media sembrada en la zona ha correspondido a cultivos que no resultan rentables; además, la eficiencia del uso de agua agrícola se estimaba en 56 por ciento en 2006 (CONAGUA et al. 2007, 3). En síntesis, en esta región semidesértica, un porcentaje alto del agua se dedica a la agricultura, alrededor de la mitad de ese volumen se desperdicia o no se contabiliza y una parte se destina a cultivos no rentables.

Aunque es evidente la sobreexplotación de agua subterránea, siguen utilizándose técnicas deficientes para el riego (gravedad y rodado); predomina el monocultivo y hay bajas eficiencias electromecánicas por falta de mantenimiento de los equipos de bombeo y pozos (Quevedo 2007, 16); además, persisten los subsidios a la energía eléctrica, lo cual, en palabras de Olavarrieta et al. (2010, 145) "permite gran extracción de agua y el dispendio del recurso, el uso de equipo ineficiente y cultivos no rentables".

Los subsidios a las tarifas eléctricas significan un freno importante para lograr la sustentabilidad en la gestión de los recursos hídricos en la agricultura mexicana. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial (2005, 19), [...] "la tarifa 09 para la electricidad y otros programas crean condiciones –vía subsidios– que promueven el uso excesivo del agua en actividades de bajo valor [...]". Del mismo modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2003, 83) señala que la CONAGUA tiene proyectos para frenar la sobreexplotación y lograr un manejo sustentable de los acuíferos, pero "[...] es poco probable que la efectividad de estos programas aumente debido a las bajas tarifas eléctricas que se aplican al riego por bombeo, que crean incentivos para desarrollar sembradíos intensivos en el uso del agua [...]".

También hay deficiencias en cuanto a los factores institucionales que gobiernan el uso del acuífero, pues el plan anual de riego no se cumple y los usuarios extraen el agua según sus necesidades productivas, y no de acuerdo con los volúmenes planificados. Entre 1990 y 2005 se había planeado utilizar en promedio 50 314 hectáreas de riego y extraer un volumen medio de 381 Mm3; pero en la realidad fueron 57 979 hectáreas y se extrajeron 403 Mm3, lo cual supera no sólo la cantidad concesionada, sino también la recarga media anual (Quevedo 2007, 23-26).

En la Costa de Hermosillo en la actualidad existen 891 títulos de aprovechamientos registrados y distribuidos entre 1 373 pozos: 697 agrícolas, 194 urbanos, 15 industriales, 409 pecuarios, 45 domésticos y 13 de servicios (Ibid., 23), lo cual refleja la diversificación de usos mencionada. Si se toma en cuenta sólo a los usuarios agrícolas del AUDR051, en el ciclo 2006-2007 el aprovechamiento se realizaba a través de 469 pozos, 378 en operación y 91 fuera de servicio, con una extracción total de 377 Mm3, para sembrar 45 774 hectáreas (Olavarrieta et al. 2010, 149). Quevedo (2007, 17) señala que en 2005 se extrajeron 410 Mm3; mientras que CONAGUA et al. (2007, 59) reportaron 461 Mm3, en 2006. Por otra parte, según Moreno (2006), dos estudios independientes de la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma Chapingo estimaron extracciones incluso de entre 500 y 600 Mm3 al año.

Por consiguiente, un tema prioritario en un escenario como el de la Costa de Hermosillo es la sustentabilidad de la extracción de agua subterránea, definida por Loáiciga (2003, 313) como la que puede desarrollarse a largo plazo, que cubre ciertos usos humanos y funciones ambientales, mientras el agua conserva su calidad natural y se evitan impactos negativos. Además, dicha sustentabilidad debe considerarse en función de los límites impuestos por la recarga media natural de la reserva y por las diferencias entre ganancias y costos relacionados con su uso, aspecto que se vuelve crucial al hablar de la rentabilidad de los productos agrícolas, puesto que este sector emplea la mayor parte del agua concesionada en la Costa de Hermosillo.

De acuerdo con Moreno (2006, 375-394), durante los últimos 40 años se han hecho estudios que abordan algunos puntos relacionados con la administración y características del recurso en la región de la Costa de Hermosillo; en especial, sobre la intrusión salina y otras formas de contaminación del agua subterránea (Andrews 1981; Puebla Menchaca 1987; Rodríguez y Pérez 1991; Steinich et al. 1997 y 1998; Castro 1998; Castillo 2000 y Rangel et al. 2003), así como sobre la disponibilidad de agua (Ariel Construcciones S. A. 1968;Vega y Saiz 1995; Monreal et al. 2002) y la relación de la escasez con el funcionamiento integral de la cuenca del río Sonora (Comunatec S.A. 1986).

Otras investigaciones han ligado variables económicas y productivas con indicadores del uso de agua en el sector agrícola, las cuales son de interés como antecedentes del presente trabajo. En este senti-do, está el de Cruz (1969), quien realizó cálculos sobre las pérdidas monetarias debido al desnivel del terreno y el uso ineficiente del volumen de agua asignado; también los de Zambrano (1971), Cárdenas (1981) y Cabanillas (1985), quienes utilizaron métodos de programación lineal con distintas perspectivas temporales y variables incluidas para calcular el patrón de cultivos óptimo, haciendo énfasis en el agua como recurso escaso.

Zambrano (1971) concluyó que los cultivos más rentables en ese momento serían el algodón, sorgo forrajero, garbanzo, vid y trigo. Una década después, Cárdenas (1981) encontró que la combinación de vid, nogal y durazno constituiría un patrón óptimo para maximizar ingresos netos, número de jornales, demanda, inversión y capacidad física de los pozos en 30 mil hectáreas y con 398 Mm3; aunque su limitante fue que se consideró como restricción de la cantidad de agua el volumen disponible, el cual de antemano no corresponde a un manejo sustentable, pues es mayor a la recarga media natural estimada para ese periodo. El estudio de Cabanillas (1985) fue similar al de Cárdenas, pero el cálculo se realizó para un periodo de siete años; concluyó que los cultivos óptimos serían los cítricos, vid, durazno y nogal, y propuso además una reducción de la superficie sembrada de 70 mil a 36 mil hectáreas.

Valenzuela (1997) presentó un estudio en el cual tomó como límite de la cantidad de agua el volumen de la recarga, pero no se sustrajo de ésta el correspondiente al agua salada. Por su parte, Félix (2004) realizó un análisis sobre la rentabilidad agrícola de los productos de la región, considerando el gasto de agua en relación con los subsidios y apoyos existentes.

Con respecto a los datos disponibles para este artículo, de la última estimación de la recarga del acuífero equivalente a 250 Mm3, la de agua dulce efectiva corresponde a 151.6 Mm3 y no todo puede ser aprovechado por la agricultura, ya que 23.36 Mm3 están concesionados para uso público urbano, 1.18 Mm3 para industrial y 0.97 Mm3 para pecuario (Quevedo 2007), por lo que sólo están disponibles para la producción agrícola 126.1 Mm3. Estas consideraciones se incorporan al modelo de programación lineal, elaborado para calcular la asignación óptima de cultivos en el DR051.

 

Métodos y procedimientos

El modelo de programación lineal empleado para estimar la asignación óptima de cultivos es el siguiente:

en donde:

Xj es la j-ésima actividad (cultivo) del productor

Cj es el precio neto de la j-ésima actividad, definido como el ingreso bruto menos costo de producción (sin incluir el del agua, tierra y mano de obra)

Aij es la cantidad del i-ésimo recurso necesario para producir el cultivo j

Bi es la cantidad disponible del i-ésimo recurso

Mj es el límite de producción máximo para el cultivo j

Los cultivos analizados fueron seleccionados de acuerdo con su importancia en la superficie sembrada en el distrito de riego. Los precios, costos de producción y los coeficientes técnicos se obtuvieron de la información publicada por la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora (OEIDRUS) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA 2008). Los recursos restrictivos son la cantidad de agua, la tierra de riego y la mano de obra. La disponibilidad de agua se estableció como la recarga del acuífero, menos la cantidad destinada para fines distintos a la agricultura. El límite de producción máximo para cada cultivo se fijó de tal manera que el aumento en la producción de alguno no generara un incremento mayor de 5 por ciento en la oferta nacional durante el ciclo correspondiente, y que ello no repercutiera en el precio.

En la figura 2 aparecen los cuatro modelos estimados considerando restricciones diferentes. El primero es el statu quo, en el cual se dispone de 377 Mm3; es decir, se sobreexplota el acuífero (esta cifra corresponde con la señalada por Olavarrieta et al. 2010, para el ciclo agrícola 2006-2007 sólo para los usuarios de la AUDR051). En el segundo se toma en cuenta el volumen de agua para uso agrícola sin considerar la intrusión salina, por lo que la cantidad disponible fue de 224.5 Mm3; tres millones de jornales como mano de obra y 45 mil hectáreas de siembra (correspondientes a la superficie disponible en 2007) (Ibid.). En el tercer modelo se considera la intrusión salina, por lo que se contó con 1 26.1 Mm3 de agua, con las mismas restricciones de mano de obra y superficie disponible. En el cuarto se plantea como restricción sembrar en la superficie que cuenta con riego presurizado, con lo cual se modificaría la lámina de riego a su nivel óptimo para cada cultivo.

El interés aquí es determinar la combinación de superficies de cada cultivo, que ofrecería el mayor valor neto de producción dentro de los límites impuestos por las restricciones señaladas. El precio sombra estimado por metro cúbico de agua indica el grado en que cambiaría el valor óptimo de la función objetivo, si se aumentara la cantidad de agua disponible en un metro cúbico; es decir, señala cuánto agregaría al valor neto un metro cúbico adicional en los cultivos incluidos. Esta información tiene repercusiones importantes, pues el precio sombra serviría para estimar los beneficios derivados de la obtención de agua adicional para la agricultura; así como el costo de oportunidad que tendría para los agricultores vender sus derechos de agua a otros o para uso urbano.

 

Resultados y discusión

Los cultivos seleccionados para el estudio se enlistan en la figura 3; representan 80 por ciento de la superficie sembrada, 85 del valor total de la producción y 92 del consumo de agua en la región.Y en la figura 4 aparecen las diferencias en la productividad entre ellos.

Los principales cultivos anuales en la Costa de Hermosillo son el trigo, el garbanzo y las hortalizas, entre las que destacan la calabaza y la sandía. De éstos, el de mayor precio es el garbanzo; sin embargo, también es el que más agua consume por tonelada producida y el que genera menor rendimiento. La calabaza y la sandía rinden más y consumen menos agua por tonelada que el garbanzo y el trigo. Después de sacar los costos se obtiene el precio neto como se define en la metodología; el mayor beneficio por metro cúbico de agua lo proporciona la uva, nuez y calabaza, que equivale a 30 veces el precio neto del trigo. Los resultados para los modelos se resumen en la figura 5.

De acuerdo con los resultados para el primer modelo (statu quo), el valor máximo de la función objetivo sería de 2 316 millones de pesos como el neto de la producción agrícola. La asignación óptima de los cultivos estaría dada por 97 209 toneladas de uva en 6 076 hectáreas; 30 2094 de naranja, en 15 105 ha; 12 983 de nuez, en 6 492 ha; 51 270 de calabaza, en 2 698 ha y 5 858 de garbanzo, en 976 hectáreas, con un precio sombra del agua estimado en 1.10 pesos por metro cúbico. En la figura 5 también se incluyen los resultados del segundo modelo. Aquí la estimación del precio sombra del agua de 3.07 pesos por metro cúbico es casi tres veces más que en el de statu quo, lo que refleja la escasez del recurso una vez que se considera sólo la recarga del acuífero.

En la misma figura 5 aparecen las cifras del tercer modelo. En cuanto al precio sombra del agua estimado, de 4.35 pesos por metro cúbico, muestra la condición de escasez del agua de manera más realista, pues se ha considerado que la disponibilidad se reduce a 60 por ciento de la recarga estimada, una vez tomada en cuenta la intrusión salina. Y, por último, la figura contiene las características del cuarto modelo. En este caso, mediante el riego presurizado se produce uva con 10 mil m3 por hectárea en lugar de 12 mil m3, lo cual permite obtener un resultado óptimo más alto. Aquí, el precio sombra del agua estimado es de 3.87 pesos por metro cúbico.

Como se esperaba, los cultivos de mayor valor aparecen dentro de la asignación óptima, a diferencia de los de baja rentabilidad como el trigo. Los cultivos sugeridos por el modelo son además una importante fuente de divisas, ya que su exportación representa una gran ventaja por la localización geográfica de Hermosillo, cerca de la frontera norte del país. Tan sólo en el ciclo 2007-2008, las exportaciones de uva significaron 247.2 millones de dólares; las de nuez casi 7.1 millones y las de calabaza 130.2 millones. Por su parte, el trigo reportó ingresos por 394.2 millones de dólares, pero el volumen de exportación fue de 876 007 toneladas, contra 95 232 de uva, 2 025 de nuez y 90 mil de calabaza (SAGARPA 2008). Es decir, mientras el precio por tonelada de estos tres últimos productos es de más de mil dólares (incluso la nuez supera los 3 000), el trigo alcanza poco menos de 500 dólares por tonelada.

El primer modelo tiene el mayor valor neto de la producción, pero no corresponde a un escenario de manejo sustentable, debido a que implica la sobreexplotación del acuífero. El valor neto ofrecido por el segundo es mayor que el tercero y cuarto, pero tampoco puede considerarse como un manejo sustentable pues, a pesar de que restringe la extracción de agua a la recarga neta del acuífero, no toma en cuenta el volumen actual de intrusión salina.Y aunque el tercer modelo sí lo considera, tiene el menor valor neto de producción, con 1 502 millones de pesos. De este modo, el cuarto cuenta con el mayor valor neto de la producción y límites de extracción sustentables, pues bajo esta asignación de cultivos se tendría un valor de producción bruto de 2 816 millones de pesos y uno neto de 1 564.

En 2005, el valor de la producción en el DR051 fue de 2 897 millones de pesos, lo cual a precios de 2007 equivale a 3 148. Esto quiere decir que con manejo sustentable se obtendría 90 por ciento del valor actual; es decir, éste no se alteraría de manera sustancial, pero produciría 23 pesos por m3 de agua en lugar de los 7.70 de la actualidad.

Los modelos 3 y 4 arrojan un precio sombra del agua de 4.35 y 3.87 pesos por metro cúbico respectivamente, lo cual contrasta con el pagado por los agricultores de la Costa de Hermosillo; la cuota de riego para 1995-1996 fue de 3 pesos por cada mil metros cúbicos; mientras que para el ciclo 2005-2006 fue de 6.38 (Quevedo 2007, 19). Cabe destacar que esta cuota no es un cobro por concepto del agua extraída, sino que es para cubrir los costos del funcionamiento y administración del DR051 y de la AUDR051. En términos prácticos, los agricultores no pagan el agua que utilizan en la producción, pues el único cobro existente es de 13 centavos por metro cúbico sólo si se excede el volumen total concesionado (CONAGUA 2010a, 128), lo cual además es difícil de determinar porque sólo la mitad de los pozos del DR051 cuenta con medidor volumétrico funcionando (Ibid. 2007, 12). Por otro lado, el precio estimado por bombeo es de 0.25 pesos por m3 con base en una tarifa promedio de 0.32 pesos por kW (Olavarrieta et al. 2010). Según estos datos, el costo del agua en el distrito se encuentra muy por debajo del valor del recurso, y no refleja la escasez característica de la región.

 

Conclusiones

Los cultivos más rentables en el distrito de riego de la Costa de Hermosillo son la uva, calabaza y nuez, esto debido a la escazez de agua dulce, el número de hectáreas en funcionamiento y la fuerza de trabajo disponible. La siembra recomendada, según el patrón de asignación óptima, reduciría 10 por ciento el valor de la producción actual, al mismo tiempo permitiría la explotación sustentable del acuífero, al considerar su recarga media natural. En otras palabras, se produciría 90 por ciento del valor actual con 33.4 del agua extraída por los usuarios agrícolas de la AUDR051 en la última estimación (377 Mm3) (Olavarrieta et al. 2010). Además, dichos cultivos también son de exportación, por lo que representan una fuente importante de divisas (SAGARPA 2008).

De acuerdo con los resultados de este estudio, la política de administración de agua agrícola debe estar orientada hacia: a) la eliminación de subsidios que distorsionan el verdadero valor del agua empleada en la agricultura; b) la aplicación de medidas que faciliten la reconversión de cultivos en la zona, aprovechando su ubicación geográfica que posibilita el acceso a un mercado en crecimiento y con gran poder adquisitivo; c) la puesta en operación de mayor proporción de hectáreas con técnicas de riego más eficientes, como el sistema presurizado, que utilizará menos recursos para la producción o para aumentarla, dentro de los límites de disponibilidad y d) el establecimiento de medidas que mejoren los procesos de toma de decisiones y la administración general del acuífero, pues aunque existe normatividad no se cumple o no hay medios suficientes para vigilar y sancionar los incumplimientos en el uso del agua agrícola.

Por otra parte, con respecto a los factores sociales y administrativos que intervienen en la explotación del acuífero, es posible plantear algunas alternativas a las existentes en la Ley de Aguas Nacionales vigente, como la constitución del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) en el distrito, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido a pesar de ser uno de los acuíferos principales del país. Esto contribuiría a ampliar la participación de todos los actores sociales involucrados en la producción agrícola, tomar acuerdos por consenso y adoptar las medidas más benéficas para los productores. Un ejemplo nacional relevante es el acuífero de Santo Domingo, en Baja California Sur, en donde a través de la constitución y operación del cotas se igualaron los volúmenes de extracción de agua con la recarga natural (Cisneros 2008).

La constitución del COTAS permitiría también concretizar asuntos necesarios para la administración sustentable del agua en el distrito, como la elaboración y aprobación del reglamento (pendiente desde la trasferencia de 1994, que sustituiría al de 1963), y la instalación de medidores volumétricos que funcionen en todos los pozos, que en la actualidad representa 50 por ciento del total. Otros caminos son la creación, dentro de los COTAS, de espacios de interacción social que reconozcan la heterogeneidad de actores, percepciones y posiciones respecto a los usos del agua, y el apoyo a programas de ahorro que no pasan necesariamente por la tecnificación con riego presurizado, como ha ocurrido en Guanajuato (Moreno et al. 2010).

Otro camino viable es la mayor promoción y difusión del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en la cuenca baja del río Sonora, que busca reconvertir a productores que utilizan la mayor parte del agua en la siembra de granos y forrajes a la de hortalizas, en módulos de alrededor de 110 hectáreas con sistemas modernos de riego, cuya inversión puede provenir de la venta de una parte de sus derechos de agua.

Además, un tema importante que surge de este trabajo es la competencia entre los usuarios agrícolas y el público urbano en la distribución del agua disponible en el municipio. El organismo operador Agua de Hermosillo ya compró derechos de extracción, para dotar del recurso a la ciudad; pero el precio sombra estimado en este análisis puede ser el referente para tomar decisiones de política pública, si en un futuro se desean adquirir de nuevo derechos de extracción en la zona de la Costa de Hermosillo.

Por último, se recomienda el desarrollo de modelos que incluyan indicadores ambientales asociados a la recarga del acuífero (volumen ambiental, clima y factores hidrológicos, entre otros); pues aunque pueden resultar difíciles de cuantificar, su inclusión significará una mejor representación de la realidad y, por consiguiente, podría mejorar la precisión de las estimaciones. De igual manera, es pertinente la inclusión de variables del contexto social y político-institucional en el análisis de las características económicas y administrativas del distrito de riego 051, aspectos sobre los que no se ha profundizado en el presente estudio.

 

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Artículos

 

¿Por qué son mejores los organismos de agua de Baja California que los de Sonora? Instituciones locales y desempeño de los organismos públicos

 

Nicolás Pineda Pablos* y Hugo Briseño Ramírez**

 

* Profesor-investigador del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública de El Colegio de Sonora. Correspondencia: Obregón #54, colonia Centro, C. P. 83000. Hermosillo, Sonora, México. Teléfono: (662) 259 5300, extensión 2246. Correo electrónico: npineda@colson.edu.mx

** Egresado de la maestría en ciencias sociales de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: hbr500@gmail.com

 

Resumen

El desempeño de los principales organismos operadores de agua para uso urbano de Baja California, a juzgar por los indicadores de gestión, es superior al de los de Sonora. El objetivo de este artículo es compararlos, y reflexionar sobre las variables explicativas de dicha diferencia. Los dos estados tienen características geográficas y demográficas similares: son fronterizos, su clima es semidesértico y su población comparte la misma cultura y comportamientos. El estudio indaga las causas, y revisa las reglas institucionales que pueden explicar el desempeño diferenciado: la instancia gubernamental responsable del servicio, la duración de los directores, la tarifa, facturación y cobranza, así como la alternancia de partido político en el gobierno local y aquél del cual han emanado los gobiernos responsables del servicio. El estudio concluye que las instituciones importan, y que sus reglas han hecho la diferencia en el desempeño de los organismos de agua de ambas entidades.

Palabras clave: gestión urbana del agua, organismos públicos, desempeño, servicios de agua potable y alcantarillado, Baja California, Sonora, México.

 

Abstract

The purpose of this work is to compare the performance of urban water utilities in the Mexican states of Sonora and Baja California and discuss the likely variables that explain the differences. These two states share similar geographic and demographic characteristics. Both are border states, have a semiarid climate, and their populations share the same culture and behaviors. However, judging by their indicators, the performance of water utilities in Baja California is better than in Sonora. This study explores the likely causes and examines the different institutional rules that might explain the differing performances: the government agency responsible for service, the duration in office of utility directors, service rates, billing and collection, as well as the alternation of political parties in local government and the political affiliation of the governments in charge of service. The study concludes that institutions matter, and institutional rules have made the difference in the performance of water utilities in these two Mexican states.

Key words: urban water management, water utilities, performance, water supply and sanitation services, Baja California, Sonora, México.

 

Introducción

El objetivo de este artículo es comparar el desempeño de los organismos operadores de agua potable en Sonora y Baja California, entidades con características contextuales similares: clima semidesértico, fronterizas, ubicadas en el noroeste mexicano y comparten el golfo de California. Además, los dos enfrentan el problema de la escasez de agua, para responder a la creciente demanda de sus ciudades.

En vista de las limitaciones para el acceso al recurso, es de vital importancia que los organismos operadores de agua potable lo gestionen con eficiencia, y suministren agua potable a la totalidad de la población, con la menor pérdida posible y a menos costo. Sin embargo, a pesar de enfrentar restricciones similares, los resultados de gestión de los organismos de Baja California y de Sonora son muy diferentes.

Este artículo se acerca a los arreglos institucionales de la gestión urbana del agua en los dos estados, como una posible explicación de la diferencia en los resultados. Las preguntas planteadas son: ¿cómo explicar las diferencias en el desempeño en la gestión urbana del agua? ¿Son las variaciones del marco institucional local las que dan cuenta de la diferencia en los desempeños? Para responderlas, primero se revisará el concepto de institución y su relación con el desempeño. Después se presentarán los indicadores de desempeño de los organismos operadores de agua en Sonora y Baja California; se examinarán las reglas y características del marco institucional que pudieran aclarar la variación de los resultados, que se analizarán al final, y se expondrán las conclusiones.

 

Instituciones y desempeño en la gestión del agua

La tesis de la corriente de pensamiento del neoinstitucionalismo, que afirma que "las instituciones importan", implica que son las características institucionales y no otros factores las que explican el comportamiento, desempeño o resultados finales de una actividad colectiva o gestión social. Esto lleva a preguntarse qué son entonces las instituciones. Para North (1993, 13-14), "las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico". Para este autor "las instituciones reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria. Constituyen una guía para la interacción humana". La existencia de reglas hace más predecible el comportamiento propio y el de los demás, por lo que se facilita la convivencia humana. Asimismo, según Mantzavinos et al. (2004, 77): "Desde un punto de vista externo, las instituciones son regulaciones de comportamiento o rutinas compartidas dentro de una población. Desde un punto de vista interno, ellas no son más que modelos mentales o soluciones compartidas a problemas recurrentes de la interacción social".

Las instituciones son una creación humana y producto de la interacción social. Como tales no son iguales de una sociedad a otra y de un momento histórico a otro; evolucionan y son alteradas por los humanos (North 1993, 14). Esto lleva a considerar que las acciones del individuo como actor racional están mediadas por las instituciones que guían y orientan su conducta, y su elección racional "se ocupa de hallar el mejor medio para fines dados. Es un modo de adaptarse de manera óptima a las circunstancias" (Elster 2003, 33). Esta explicación de la acción humana se hace más compleja cuando se refiere no tanto a la individual, sino al conjunto de acciones dentro de una comunidad o sociedad particular. En este caso, se trata de una "acción colectiva", es decir, de la opción elegida por todos o la mayoría de los individuos en una misma situación (Ibid. 1985, 137).

Según Elster (2003, 147), el propósito más notable de las instituciones es la modificación de la conducta a través de la coerción, pues ayudan a minimizar los riesgos de la convivencia desordenada y simplifican las decisiones que tienen que tomarse de manera rutinaria o frecuente. En general, las instituciones apoyan la acción colectiva ya sea incentivando la cooperación con "premios" al que participe, u obligando a los individuos que no cooperen con amenazas de "castigo" o sanciones. De este modo, "las instituciones determinan la estructura de incentivos de una sociedad y se convierten en las reglas del juego de la economía" (Caballero 2005, 42).

Por otra parte, la tesis de que las instituciones importan lleva implícito también que las hay de tipos diferentes, y producen resultados distintos, unos mejores que otros. Es decir, cuando hay variaciones institucionales se dan también cambios en el desempeño. Estas variaciones en los resultados lleva a estudiar las instituciones como la variable explicativa de los resultados diferentes en situaciones desiguales.

Esta variabilidad institucional implica el análisis y el estudio del cambio, y la manera cómo una institución puede modificar o mejorar las reglas y comportamientos que induce. Puesto que "el cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico. Es innegable que las instituciones afectan el desempeño de la economía" (North 1993, 13). En este caso, interesa no sólo el desempeño de la economía en general sino más bien de instituciones o sectores específicos de actividad, como puede ser la gestión urbana del agua.

Al aplicar estas ideas a la gestión del agua, es posible decir que las características institucionales inciden de forma directa e indirecta en tal gestión y, según Saleth y Dinar (2004, 102), pueden agruparse en tres categorías: a) la ley de agua, que se refiere a los derechos de agua, la resolución de conflictos, la rendición de cuentas y el alcance de la participación privada; b) las políticas públicas de agua, que consisten en el uso prioritario, la selección de proyectos, las trasferencias de agua, la descentralización o privatización y las tecnologías utilizadas y c) la administración del agua, que incluye la forma de gobierno, la estructura organizacional, la situación financiera, la cobranza de tarifa, la regulación, la disponibilidad de información y la capacidad técnica del organismo.

Como variables explicativas alternativas a los factores institucionales están las contextuales. ¿Qué tan importantes son los factores exógenos que influyen en el organismo operador como los sistemas político y legal, la demografía, el desarrollo económico y el medio ambiente? (Ibid., 104). El punto de partida aquí es el supuesto de que ambos estados actúan en un mismo contexto sociopolítico nacional, tienen una cultura política ciudadana similar y equiparable, comparten una historia nacional, los principios constitucionales y el marco legal e institucional de México, tienen una población étnica y culturalmente similar, un desarrollo económico y medio geográfico y ambiental análogo. Entre las diferencias contextuales estarían la historia y los grupos políticos locales, que en la medida de lo posible se toman en cuenta en las variables explicativas.

En resumen, de acuerdo con el enfoque institucional, las leyes, reglas y usos establecidos, así como las políticas públicas y la administración del agua de una ciudad delimitan la actuación de la gestión urbana del agua e influyen en su desempeño. Para los fines de este estudio, se considera que los marcos institucionales de la gestión urbana del agua en Sonora y Baja California pueden explicar las diferencias en sus desempeños.

 

Organismos, fuentes de información e indicadores de desempeño

Antes de revisar el desempeño de la gestión del agua en los dos estados, se definirá el objeto de estudio y si existen fuentes de información válida, sistemática, regular y comparable sobre el desempeño de los servicios de agua potable en Sonora y Baja California.

Este estudio se refiere a la manera en que administran el recurso los organismos operadores de las ciudades de los dos estados; por tanto, se excluyen los usos agrícolas y comunidades rurales. Cabe aclarar que no se compara el marco legal.

En el caso de Baja California, cuya población está altamente urbanizada, y existen cuatro organismos operadores, se incluyeron todos: Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali. En Sonora, donde hay una gran proporción de población rural y muchos organismos operadores de agua rurales y pequeños, sólo se incluyó a los urbanos, definidos así los de localidades con más de 50 mil habitantes, y son los de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Cajeme (cuya cabecera es Ciudad Obregón), correspondientes a las cuatro ciudades principales (véase figura 1).Y, para hacer la comparación de ambas entidades, se contó con tres posibles fuentes de información con diferentes grados de validez y comparabilidad.

Primero se consultaron los datos publicados por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA (2008), en su anuario estadístico, correspondiente al año calendario, que resultan incompletos para este análisis. La CONAGUA presenta una muestra nacional anual de organismos, que varían cada año, de modo que no es posible hacer un seguimiento de uno con base en este anuario. Además, sólo considera algunos aspectos de cada organismo. Así se puede brindar información sobre la producción y las eficiencias, pero no sobre la cobranza y la tarifa, lo que deja vacíos, que dificultan la tarea de obtener una visión completa del desempeño del organismo.

La segunda fuente de información es la publicada por los mismos organismos operadores, a través de su página electrónica. Aunque esta información no es lo misma de un organismo a otro; cada uno decide qué información aparece en la página e incluso entre los de Sonora no existe uniformidad en el contenido sus páginas, de modo que no es posible la comparación. Además, con frecuencia los organismos manejan conceptos diferentes y pueden utilizar metodologías distintas para calcular un mismo indicador o dato; o bien, no está actualizada o cambia de una administración a otra, y varía de un año a otro. Además dicha información no está validada por alguna institución externa y con frecuencia no corresponde a la publicada en otras fuentes, por ejemplo la de la CONAGUA. El principal problema es la sospecha de que la información está sesgada o seleccionada, para ofrecer sólo los buenos resultados y no publicar los desfavorables o no satisfactorios, en cuyos casos existe mayor propensión a utilizar información sesgada.

La tercera fuente disponible para este estudio es la publicada por la empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings (2008), dedicada a recabar información estandarizada y comparable sobre empresas y organismos públicos, a fin de orientar a las instituciones crediticias y las decisiones de potenciales inversionistas. Aunque esta información pudiera también ser susceptible de críticas y deficiencias, es más confiable y de mayor calidad para el presente estudio por las siguientes razones:

• Informa tanto el buen como el mal desempeño. Las empresas deben dar información estandarizada sobre esto, al ser calificadas.

• Proporciona los mismos datos: a cada organismo se le solicita la misma información, lo que facilita el análisis comparativo.

• Compara el mismo periodo: los documentos son del año 2007. No es necesario contemplar cambios o incrementos anuales para hacer posible la comparación.

• Ofrece mayor credibilidad de información. Como la tarea de una calificadora de riesgos es evaluar la totalidad de una empresa o entidad gubernamental para determinar su solvencia financiera en el presente y en el futuro, debe estudiar a fondo tanto las actividades de operación como las de inversión y financiamiento. Esto da una visión más completa del organismo. Además, la calificadora se juega el alto prestigio que tiene en caso de dar información errónea o calificar de forma inadecuada.

La principal ventaja de esta fuente es que publica datos sobre los ocho organismos operadores de agua potable seleccionados, y todos están incluidos en la lista de los organismos mexicanos. También existen otras instituciones que publican datos e indicadores de gestión de ellos, por ejemplo la Asociación Nacional de Empresas de Agua (ANEAS) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Aunque no fueron considerados porque, al tiempo de realizar este estudio, las bases de datos disponibles de ambas se encontraban en periodo de pruebas y no estaban consolidadas. Se eligieron los informes de la compañía Fitch Ratings, porque contemplan los organismos estudiados de los dos estados en el mismo periodo.

Respecto a los indicadores, se utilizaron los que mostraron los aspectos cruciales para el éxito de un organismo operador, tanto en el ámbito operativo como en el financiero. Esta revisión incluye los internacionales de gestión para evaluar el desempeño de los organismos de agua, la eficiencia física y comercial –que conforman la eficiencia global–. El estudio usa indicadores financieros como la rapidez promedio del cobro a los clientes, el nivel de endeudamiento, la capacidad para el pago de intereses y su margen de utilidad operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (que la empresa calificadora llama EBITDA,1 por sus siglas en inglés). En la figura 2 se muestra la lista de los indicadores señalados, con una explicación breve, y la fórmula para obtenerlos.

Con este conjunto de indicadores se determinará a grandes rasgos y de forma resumida el desempeño de los organismos operadores de agua potable. Se observará si son eficientes en la distribución del agua y el cobro del servicio, si tienen liquidez, si su manejo de la deuda es sustentable, si tienen la capacidad de hacer frente al pago de intereses y, sobre todo, si son rentables. El diseño metodológico y marco de comparación aquí presentados, si bien están inspirados en las ideas del institucionalismo, son una elaboración propia.

 

El desempeño de los organismos urbanos de Sonora y Baja California

Una vez definidos los organismos y los indicadores de desempeño para la comparación, se tratará de responder la pregunta ¿cuál es el desempeño diferenciado de los organismos urbanos de agua potable de Baja California y de Sonora?

Como se observa en la figura 3, la eficiencia física es liderada por Tecate, con 84 por ciento, marca muy superior a la de Nogales, la menor de la muestra.

Sin embargo, en lo que se refiere a la eficiencia comercial, Nogales es el mejor organismo. Esto se debe a que, en 2007, según una consulta realizada para este trabajo, con la entrada de un nuevo gobierno municipal y administración del organismo, además de cobrar gran parte de la cartera de ese año, recuperó cuentas pendientes. Y en el otro extremo estuvo Cajeme, con una cobranza de 64 por ciento de su facturación.

Respecto a la eficiencia global, que es el producto de la física por la comercial, o la proporción de volumen de agua cobrado sobre el producido, Ensenada tuvo 75 por ciento. Este resultado se debe a su alto desempeño combinado en eficiencia física (81) y comercial (93). Cabe señalar, sin embargo, que en ninguno de los dos indicadores obtuvo el primer lugar de la muestra, pero al sumar sus desempeños fue el organismo más eficiente. En cuanto a los días promedio de cobranza, en Tecate fueron 113, porcentaje muy por debajo de otros como Cajeme, con 309.

El organismo con mayor liquidez en el corto plazo fue San Luis Río Colorado, como lo muestra su razón del circulante de 9.8. Esto significa que por cada peso adeudado a sus proveedores (su pasivo circulante), tenía 9.80 pesos en el activo a corto plazo para hacerle frente. El menos endeudado fue Tecate; sólo 4.1 por ciento de sus activos fueron financiados por los acreedores durante 2007, mientras que en Agua de Hermosillo este porcentaje fue de 40. Esto significa que dos quintas partes de lo que tenía las aportaban los proveedores y lo adeudaba.

También Tecate obtuvo el mejor resultado en la capacidad de pago de intereses, por cada peso que tuvo que pagar durante 2007 tenía 12.4 pesos de utilidad operativa (EBITDA), para cubrirlo. El organismo con mayor utilidad operativa fue Mexicali. Así lo muestra su margen de utilidad (EBITDA), de 33.9 por ciento. Esto significa que por cada peso de ingreso monetario percibido obtenía una utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de casi 34 centavos, es decir, tenía una alta disponibilidad de fondos para inversión.

Al observar los promedios generales por estados, se observa que en general los desempeños de Baja California son superiores a los de las ciudades de Sonora. En eficiencia física tiene 82 por ciento contra 59; en eficiencia comercial 85 frente a 83 por ciento y en eficiencia global, 70 contra 46. Es posible decir, con las limitantes del número de casos, que en Baja California hay menos fugas en el sistema; se cobra mayor volumen de agua facturada y más rápido; los organismos están menos endeudados; tienen mayor capacidad para el pago de gastos financieros y son más rentables. Algo parecido muestran los indicadores financieros, en donde Baja California tarda en promedio 216 días en cobrar sus facturas, mientras que Sonora lo hace en 302, la liquidez o razón de circulante de Baja California es de 4.2, mientras que la de Sonora de 4.1. La deuda de los organismos bajacalifornianos es de 18 por ciento, mientras que la de Sonora es de 29. La capacidad de pago de intereses del primero es de 6.9, mientras que la del segundo de sólo 2.1. Por último, la utilidad de los organismos de Baja California es de 20 por ciento en promedio, mientras que la de los sonorenses de 5.

Aunque en esta primera comparación puede verse con claridad que, en general, los organismos bajacalifornianos muestran un desempeño mejor que los sonorenses, es oportuno afinar esta comparación y cuantificar la diferencia entre ambos. Para facilitar este análisis, se hará una nueva tabla en la que se le asignará una calificación a cada indicador en la escala de 5 a 10. Esta valoración fluctuará entre 5, para el peor desempeño y 10, para el mejor. Los valores intermedios se obtendrán mediante una regla de tres compuesta.

Asimismo, puesto que no todos los indicadores tienen la misma importancia y algunos tienden a ser repetitivos, a cada uno se le asigna un peso o ponderación que permita llegar a una calificación final ponderada. Esto con la finalidad de dar mayor peso a los más importantes al calificar un organismo operador. A la eficiencia física se le dio un valor de 30 por ciento, por ser una de las tareas primordiales: evitar el desperdicio del recurso y lograr que llegue a toda la población. El otro 30 por ciento fue para la gestión de cobro, dividido en 25 para la eficiencia comercial y 5 para el periodo promedio de cobranza. Es importante cuantificar que se cobren las cuentas, pero también es crucial un valor agregado como la rapidez con que se haga. Como se ve, 60 por ciento de la ponderación se le asignó a dos de las principales tareas de un organismo operador. El otro 40 está integrado por el margen de utilidad EBITDA (20), al que se asignó mayor peso, porque las ganancias son muy importantes; capacidad de pago de intereses (10); razón de deuda (5) y razón del circulante (5). Sin la utilidad no se tendrían los recursos para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, para sanear la red, ni cubrir los costos operativos.

La capacidad de pago de intereses es importante, porque una empresa necesita tener una utilidad operativa que le permita hacer frente a sus gastos financieros, como son los intereses. Si este indicador es muy bajo, el organismo incurre en graves riesgos; y si es negativo, está prácticamente en la quiebra.

Se le dio sólo 5 por ciento a la razón de deuda y a la razón del circulante, porque de alguna manera ya están reflejados en otros indicadores. Por ejemplo, la deuda está muy relacionada con los intereses y la liquidez con la cobranza.

La figura 4 muestra los indicadores en forma de calificación, lo que permite obtener un promedio por organismo y enumerarlos según su desempeño. Los resultados y lugares obtenidos se presentan en la figura 5. Según la metodología empleada, los cuatro organismos con mejor desempeño global son los de Baja California. Después se encuentran los de Sonora, cuya capital, a pesar de su tamaño y desarrollo, es la peor calificada por la gestión del agua en este grupo.

Cabe señalar que el orden de estas posiciones varía según el tipo de promedio. Si no se les da peso a los indicadores y sólo se obtiene promedio simple, Tecate ocupa el primer lugar y San Luis Río Colorado llega al tercero, dejando atrás a dos organismos bajacalifornianos. Este resultado de OOMAPAS SLRC se debe a su buen desempeño en eficiencia física, circulante y margen de utilidad EBITDA; dejan mucho qué desear en la eficiencia comercial y el periodo promedio de cobranza.

Por razones ya expuestas, es mejor utilizar el promedio ponderado, porque le da más peso a la eficiencia física y comercial, los aspectos más importantes para un organismo operador.

Para el presente estudio es interesante observar los promedios de los indicadores por estado. Mientras que en la calificación ponderada los organismos bajacalifornianos tienen un promedio de calificación de 8.3, los sonorenses de 6.7. Esto da una idea clara y precisa del contraste y diferencia en el desempeño de los dos estados.

Hay que tomar en cuenta que estos promedios corresponden a sólo cuatro organismos por entidad federativa, por lo que dichos indicadores no pueden generalizarse al resto del estado, sobre todo en Sonora, que tiene 72 municipios, la mayoría rurales y no incluidos en el estudio. Sin embargo, a través de este sencillo análisis, se observaron con claridad las diferencias en el desempeño entre los organismos operadores de Baja California y Sonora. Es posible concluir que el desempeño de los del primer estado es claramente mejor o superior al de los del segundo. Lo que resta es tratar de dilucidar por qué.

 

Variables explicativas de las diferencias en el desempeño de Sonora y Baja California

Una vez demostrado cuantitativamente que, de acuerdo con los indicadores de 2007, existe una clara diferencia y contraste entre los organismos de agua potable de Baja California y Sonora, donde los primeros tienen de manera reiterada un mejor desempeño, lo importante es dilucidar por qué. En este apartado la pregunta es: ¿existe alguna condición o característica institucional inherente a la gestión urbana del agua que permita explicar las diferencias en el desempeño?

Para contestarla, se identificarán las características que, por medio de la observación directa o en las entrevistas realizadas a conocedores y expertos en la materia, se han identificado como posibles variables explicativas. Algunas son endógenas a la gestión de los organismos operadores, mientras que otras son exógenas o contextuales, y pueden estar relacionadas con el entorno político-administrativo de este servicio público. Se trata, por lo tanto, de un análisis de sensibilidad donde se identifican y ponderan diversas variables potencialmente explicativas. Aunque en este caso sería atractivo realizar un estudio de panel econométrico, no fue posible debido a que no se contaba con un número de casos ni datos cuantitativos suficientes que permitieran desarrollar y probar el modelo. Se hará un ejercicio de reflexión, basado en juicios informados y el análisis de la información o elementos disponibles.

Después de analizar la situación de ambos estados y de reflexionar sobre las circunstancias que rodean a la gestión urbana del agua, se elaboró una lista de posibles reglas o variables institucionales que explican, al menos de forma parcial, su desempeño diferenciado, y que se revisarán con más detalle: a) el nivel de gobierno responsable de la prestación del servicio; b) la dirección de los organismos; c) el nivel de la tarifa y d) la alternancia y el partido en el poder.

 

Gobierno que presta el servicio y estabilidad institucional

El nivel de gobierno responsable de la prestación del servicio permite analizar la estabilidad del marco institucional de los organismos operadores de agua potable. Sobre este punto pueden observarse dos aspectos: el nivel de gobierno responsable en sí mismo y la evolución y estabilidad institucional que ha tenido el servicio en las últimas dos décadas.

En Baja California, el gobierno estatal presta el servicio de agua potable desde 1967, cuando se expidió la Ley Estatal de Servicios Públicos (Gobierno de Baja California 1967), que le asignó la tarea, y se crearon las comisiones de servicios públicos encargadas de la gestión del agua potable en los municipios. Esta ley fue modificada en 1979, y pese a las reformas constitucionales de 1983, orientadas a municipalizar los servicios de agua potable, el Gobierno de Baja California, lo ha retenido y ha sido su responsabilidad durante más de cuarenta años, con gran estabilidad institucional, aprovechando el recurso que permitía el artículo 115 de que los gobiernos estatales podían prestar supletoriamente el servicio.

En cambio, en las ciudades de Sonora la historia es muy diferente, y ha pasado por trasferencias y trasformaciones. Durante los años sesenta y setenta, los servicios de agua los prestaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a través de las juntas federales de agua potable y alcantarillado; estaban adscritos a la administración pública federal.

En 1980, los servicios se trasfirieron al gobierno del estado por medio de un convenio que firmó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) con el Gobierno de Sonora, a fin de cederle los 189 sistemas de agua potable y alcantarillado que administraba en el estado, entre ellos los de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo y Ciudad Obregón. En 1981, a fin de atender esta nueva responsabilidad, el gobierno estatal creó el organismo público descentralizado denominado Sistema Estatal de Agua Potable de Sonora (SEAPS), encargado de la operación del servicio en todas las poblaciones del estado.

Este esquema de gestión duró poco tiempo, ya que el 27 de febrero de 1984 se expidió una nueva Ley Estatal de Agua Potable que, a fin de atender los requerimientos de la reforma al artículo 115 constitucional, aprobada el 5 de febrero de 1983, preveía la creación de "organismos autónomos municipales", que se encargarían de la operación y administración de los sistemas de agua, y además que el Ejecutivo estaba facultado para "asumir temporalmente la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en cualquier centro de población, cuando por ineficiencia, corrupción, ineptitud, negligencia o cualquier otra causa grave, se ponga en peligro la adecuada prestación de los servicios" (artículo 12, fracción VII), y establecía que el gobierno del estado retenía la propiedad de los bienes y patrimonio de los sistemas de agua potable.

A pesar de la reforma constitucional y la nueva ley, los municipios sonorenses optaron por no prestar el servicio directamente, ni crear los organismos autónomos municipales que preveía la ley. De este modo, el gobierno estatal continuó brindando dichos servicios, con excepción de Cajeme, que municipalizó el servicio de agua y estableció la Dirección Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cajeme (DIMAPAC). Esta política estatal se completó con la creación, el 30 de junio de 1986, de la Comisión el Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES), similar a la antigua SEAPS, encargada de coordinar la política y el patrimonio e infraestructura de los sistemas de agua potable de toda la entidad. Puede decirse que por falta de incentivos estatales o de capacidad técnica de los municipios, en los años ochenta no se les trasfirió el servicio de agua, y el gobierno del estado lo continuó operando, con base en el recurso de concurrencia que ofrece el artículo 115 constitucional.

Para mediados de la década de 1990, el marco de referencia político-ideológico respecto a la descentralización del servicio de agua potable había cambiado sustancialmente. Las nuevas políticas de desarrollo del gobierno federal apoyan ahora no sólo la municipalización de este servicio sino también, y de manera fundamental, la autosuficiencia financiera y la incorporación del sector privado en su prestación. En Sonora, si bien la falta de capacidad técnica de los municipios no había variado con respecto a la década anterior, para el gobierno del estado que había caído en una crisis de endeudamiento y problemas de caja, la municipalización del servicio de agua potable presenta el incentivo de reducir su deuda, trasferir a los municipios los cada vez más apremiantes problemas de agua potable y satisfacer los lineamientos de la política federal. De este modo, después de aprobarse una nueva ley de agua potable, expedida el 7 de mayo de 1992, el Gobierno de Sonora autorizó, el 7 de julio de 1994, a los ayuntamientos para que constituyeran organismos operadores de agua, y comenzó a traspasar a la mayoría de ellos la responsabilidad del servicio. Así, el 28 de diciembre de 1993 se creó el OOMAPAS SLRC, y el OOMAPASC, el 30 de mayo de 1994.

Sin embargo, esta trasferencia no ocurrió en todos los casos y el gobierno del estado retuvo a los considerados más problemáticos o endeudados, como los de Nogales y Hermosillo, que continuaron así durante casi una década más. A fines de 2001, en medio de una controversia entre estado y municipio, el Ayuntamiento de Hermosillo decidió reclamar la responsabilidad y operación del servicio de agua potable y el gobierno del estado se vio obligado a entregarlo al municipio. De este modo se creó AGUAH, el 28 de enero de 2002 (Gobierno del Estado de Sonora 2002).

Por su parte, el OOMAPAS Nogales surgió el 5 de abril de 2005, cuando una nueva administración estatal decidió entregar a los municipios los servicios de agua potable. El Ayuntamiento de Nogales, presionado por el gobierno del estado, aceptó la trasferencia y hacerse cargo de este servicio (véase figura 6).

En resumen, el marco institucional del servicio de agua potable ha sido más estable en Baja California, donde durante más de cuarenta años no varió significativamente, mientras que en Sonora hubo cambios y trasferencias frecuentes del gobierno federal al estatal y después del estatal al municipal. Que el gobierno del estado se encargue del servicio en vez del municipal propicia un mejor desempeño, porque se supone que cuenta con más recursos y capacidad institucional, así como con un periodo más largo (máximo seis años), mientras que el municipal tiene menos recursos y capacidad, y un lapso más corto (máximo tres años). En favor del gobierno estatal pueden abonarse también las economías de escala, ya que el ámbito de su gestión es necesariamente más amplio que el municipal y, al atender a un mayor número de organismos o ciudades, tiende a reducir sus costos. De este modo, los organismos bajacalifornianos, por ser dependientes del gobierno del estado, han contado con mayores recursos y han desarrollado más capacidad institucional, lo cual ha incidido en su mejor desempeño. Esta tesis pudiera reforzarse si se observa a escala nacional que el servicio tiende a ser mejor en los estados donde es responsabilidad del gobierno estatal. Es el caso específico de Nuevo León, en donde un solo organismo estatal presta y organiza el servicio de agua potable en toda la entidad y es considerado uno de los de mejor desempeño. Entonces, este es un elemento que merece tomarse en cuenta y que puede explicar parte de las diferencias en el desempeño. Existen también otras variables explicativas, además del nivel de gobierno encargado del servicio.

 

Duración de directores de los organismos

Otra posible explicación de la diferencia en el desempeño de los organismos de ambos estados es su tipo de dirección. En Baja California, los directores son nombrados por el gobernador, mientras que en Sonora su designación es facultad del presidente municipal respectivo, a partir de la trasferencia de los organismos a los gobiernos municipales. Aquí no se considerará la cuestión de quién tiene la facultad de nombramiento de los directores, ya que es en buena medida redundante con el análisis de la variable explicativa del nivel de gobierno responsable del servicio.

En este caso se trata de analizar la duración y rotación de los directores (véase figura 7), puesto que juegan un papel clave en el desempeño de los organismos. La idea es que mientras más tiempo permanecen en el cargo, más estables son las políticas de los organismos y mejor su desempeño.

A fin de corroborar la influencia de esta variable, en el presente trabajo se revisa la rotación o frecuencia de los cambios de director de los organismos durante tres sexenios estatales, que en Baja California corresponden de 1989 a 2007 y en el de Sonora de 1991 a 2009. Se utilizaron periodos diferentes en cada estado a fin de incluir a gestiones enteras de directores de organismos, y no considerar los que fueron nombrados después del último cambio de gobierno, e iniciaron en 2007, en Baja California, o en 2009, en Sonora. En Ciudad Obregón, sin embargo, no fue posible conseguir el nombre del director antes de 1994, fecha en que se creó el organismo actual.

Los organismos con menor rotación de directores son Tecate y Mexicali, que tuvieron cuatro cada uno, lo que da un promedio de 4.5 años por director. Por otra parte, donde ha habido mayor rotación es en Hermosillo, con diez en 18 años, lo que da en promedio 1.8 años por director, y el general es de tres. Pero en este caso interesa comparar la duración de directores entre los dos estados. Al respecto, el promedio de rotación en los cuatro organismos bajacalifornianos es de 3.5 años, mientras que en los sonorenses es de 2.6.

Por otra parte, a fin de corroborar por otro medio la relación entre rotación y desempeño, se calculó el coeficiente de correlación entre el índice de rotación y la calificación ponderada de desempeño, que en este caso es de 0.36 (véase figura 8). Esto quiere decir que por cada año que se incrementa el promedio de duración, la calificación aumenta en 0.36, es decir, un tercio de punto. Entonces, hay una correlación positiva entre la duración de los directivos y el desempeño de los organismos; mientras más frecuente es la rotación, más deficiente es el desempeño. Por lo anterior, tanto en Baja California como en Sonora, la rotación frecuente constituye una de las variables explicativas de la diferencia en desempeño.

 

La tarifa, el cobro y los ingresos propios

Otra variable explicativa de la diferencia del desempeño es la tarifa del agua, que a su vez se relaciona con los ingresos propios y en general con la capacidad financiera de los organismos, que entre más recaudación y más recursos financieros propios tienen mayor es su capacidad de inversión y sus posibilidades para mejorar los servicios que prestan. De este modo, la tarifa juega un papel clave al ser el precio de su producto y su principal fuente de ingresos. En ambos estados las tarifas son revisadas y autorizadas anualmente, con base en las propuestas que presentan los propios organismos, por los congresos estatales. Además, en los organismos municipales, el Cabildo respectivo autoriza antes las tarifas, y en ambas entidades éstas se publican en las leyes de ingresos (estatal o municipal según corresponda). No se analizarán las tarifas publicadas en las leyes de ingresos ya que, con frecuencia, debido a la ausencia de medidores domésticos o a deficiencias en la cobranza, no reflejan de manera fiel la situación financiera del organismo, y no son una buena base para explicar las diferencias en la gestión del servicio.

A fin de comparar el nivel de la tarifa, la facturación y la cobranza de los organismos estudiados, se recurrió a otro de los datos publicados por Fitch Ratings denominado "tarifa promedio ponderada" (TPP). Ésta resulta de dividir el total de la recaudación o cobro del servicio (donde se incluyen a los usuarios industriales, comerciales y domésticos) entre el total de metros cúbicos de agua facturados. Este indicador resume el nivel de la tarifa, el tamaño de la facturación y la efectividad de la cobranza. Además, según Fitch Ratings, dicho indicador está basado en estados financieros auditados y certificados de los organismos. Todo esto hace a la TPP un indicador valioso de la salud y fortaleza financiera de los organismos de agua. Por otra parte, una desventaja es que Fitch Ratings no publica este indicador para todos los años. En Nogales sólo se cuenta con el de 2007. Para hacer esta comparación se incluyeron todas las TPP publicadas para estos organismos hasta 2008.

En las figuras 9 y 10 puede apreciarse que los cuatro organismos de Baja California tienen TPP superiores a las de Sonora. Sólo en 2006 y 2007 Cajeme, que es la más alta de los sonorenses, tuvo incrementos que hicieron que la tarifa promedio ponderada alcanzara y superara a la de Mexicali, que es la bajacaliforniana más baja.

En 2007, el promedio de las tarifas de los organismos de Baja California fue más alto que las de Sonora: 14.08 contra 6.88 pesos por metro cúbico. Es decir, en Baja California se cobra más del doble por el agua que en Sonora.

Por otra parte, a fin de corroborar la relación de la TPP con la calificación ponderada de desempeño, se calculó el coeficiente de correlación entre ambos indicadores que resultó ser de +0.44; por cada peso que se incrementa la tarifa, la calificación de desempeño mejora 0.44. Existe, por lo tanto, una correlación significativa entre la tarifa, cobranza y finanzas con el desempeño de los organismos, y la tarifa es otro elemento que explica la diferencia entre el desempeño de los de Baja California y de Sonora.

 

La alternancia y el partido político en el gobierno

Por último, otras variables citadas con frecuencia como posible explicación del desempeño diferenciado de los organismos de agua son la alternancia de partidos en el gobierno y el partido político gobernante. Se trata de un mismo fenómeno, que puede verse desde dos puntos de vista; como una variable dicotómica de si ha habido alternancia en el partido gobernante o como la noción de que un partido en particular es mejor administrador que otro.

En lo que se refiere a la alternancia, aquí se parte de que cuando ésta sea mayor habrá más rotación de directivos y más inestabilidad institucional. La hipótesis nula es que a mayor alternancia, menor desempeño. La alternancia frecuente, sobre todo a escala municipal, no se toma como algo positivo sino como un factor de inestabilidad y falta de rumbo en la planeación y dirección de los organismos. En este caso, sin embargo, la observación de la alternancia tiene que combinarse con el nivel de gobierno responsable del servicio.

En Baja California la observación es sencilla, ya que el servicio de agua siempre ha sido estatal y ha habido un solo partido en el gobierno durante los tres sexenios, desde 1989 hasta 2007, e incluso en el último cambio continúa el mismo partido. Por tanto, las alternancias municipales no son tomadas en cuenta, porque el servicio es responsabilidad del gobierno estatal.

En cambio en Sonora, donde el servicio ha sido estatal o municipal en diferentes periodos, el análisis de la alternancia se torna más complicado. A fin de revisar esta variable, en el estado no hubo alternancia en el Poder Ejecutivo estatal de 1991 a 2009. A escala municipal hay casos muy diferentes, mientras que San Luis Río Colorado no tuvo alternancia de 1991 a 2009, en Nogales hubo un cambio de partido en 2006, y en Hermosillo hubo dos, en 1997 y en 2006. En Cajeme, en este mismo periodo hubo cuatro cambios de partido dominante; en 1997, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2000 del PRD al PRI, en 2003 del PRI al Partido Acción Nacional (PAN) y en 2006 del PAN al PRI.

Si se comparan las calificaciones de desempeño con las alternancias en los cuatro organismos sonorenses, hay una correlación de -0.61, y el aumento de alternancias se relaciona con una calificación más baja del desempeño. Pero si en dicha correlación se incluye a los organismos de Baja California con alternancia 0, el coeficiente de correlación se eleva a -0.79.

En general, puede decirse que hay elementos para pensar que existe una relación entre estas dos variables, y que el cambio frecuente de partidos no ayuda al mejoramiento del desempeño. Sin embargo, hay que revisar también la otra manera de observar esta variable y es la de verificar si un partido da muestras de ser mejor administrador que el otro. En este caso, la hipótesis nula es que los organismos que están bajo gobiernos del PAN muestran mejor desempeño que los del PRI. A fin de observar la influencia de esta variable, se comparó la calificación ponderada de desempeño con los partidos gobernantes en el sexenio 2003-2009 para Baja California y en el trienio 2006-2009 para los municipios sonorenses. La diferencia mostrada en la figura 12 da elementos para asociar las administraciones panistas con un mejor desempeño, mientras se piensa que los gobiernos priistas ponen mayor atención a consideraciones clientelares que a las del desempeño de los servicios.

Por último, hay que mencionar la existencia de otras variables o factores no mencionados. Entre ellos destaca el mayor acceso al crédito de los organismos de Baja California a los recursos y apoyos del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y, en específico, a lo que se llamó un "crédito japonés", mientras que sólo dos sonorenses fronterizos cuentan con financiamiento y asesoría del BDAN.

 

Reflexión final y conclusiones

Para concluir, se observa primero que, a pesar de las similitudes geográficas y de medio ambiente, existen diferencias significativas en el desempeño de los servicios de agua potable en Baja California y Sonora, resumidas en una calificación ponderada de 8.3 en promedio para los bajacalifornianos y de 6.7 para los sonorenses.

En segundo lugar, se plantearon las preguntas: ¿cómo explicar las diferencias en el desempeño en la gestión urbana del agua? ¿Son las variaciones del marco institucional local las que explican la diferencia en los desempeños? Después de revisar las evidencias y datos presentados sobre las diferencias en el desempeño y las variables explicativas, se intentará contestarlas. Las diferencias en el desempeño se explican de manera parcial por las siguientes reglas institucionales de Baja California y Sonora:

• El nivel de gobierno responsable del servicio. En Baja California es el estatal y en Sonora ha ido cambiando, de federal a estatal y a municipal en los últimos treinta años. El gobierno estatal parece ser más apropiado para el manejo de este servicio, que requiere planeación a mediano plazo y volúmenes significativos de inversión, mientras que los municipales, debido a su menor duración y disponibilidad de recursos tienden a tener menor capacidad.

• La estabilidad del marco institucional del servicio. En Baja California ha conservado las comisiones estatales de servicios públicos desde 1967, en Sonora los servicios de agua han pasado por cambios de formato y de administración. Así, en los años ochenta fueron parte de comisiones estatales y en los noventa y la década siguiente se convirtieron en organismos operadores.

• La duración promedio de los directores de los organismos. En Baja California, éstos han permanecido 3.5 años en promedio, en Sonora sólo 2.6, lo que no ha favorecido, por lo tanto, el desempeño de los organismos.

• La tarifa, la cobranza y la recaudación propia. En 2007, los organismos de Baja California tenían una tarifa ponderada promedio de 14.08 pesos, la de Sonora era de 6.88. Este contraste en la tarifa, la cobranza y los ingresos propios se puede observar de 2001 a 2008.

• La continuidad de partido político en el gobierno. El hecho de que un mismo partido político permanezca en el gobierno parece favorecer el desempeño de los organismos de agua. En senti- do inverso, la frecuente alternancia y cambio de partido a escala municipal en Sonora no ha contribuido a un mejor desempeño en los servicios de agua potable.

• En general, se aprecia que los servicios que están bajo gobiernos emanados del PAN parecen mostrar un desempeño mejor que los del PRI. En 2007, los servicios dependientes de gobiernos panistas tuvieron una calificación de 7.6, mientras que la del PRI fue de 6.3.

Por tanto, las variaciones en el marco institucional explican las diferencias en el comportamiento y desempeño de los servicios de agua potable de las dos entidades. Esto difiere de las que las atribuyen a meras circunstancias del tamaño demográfico o mayor urbanización. Tampoco se explica por la agencia personal, es decir, por la participación de personas hábiles o calificadas para la tarea, sino más bien una ruta adoptada y sostenida por diferentes gobiernos y directores de los organismos. En general, no hay nada determinista en la explicación, sino que la diferencia en el desempeño se debe a una mayor capacidad institucional y el sostenimiento de mejores condiciones para la planeación y dirección efectiva de los servicios. Los organismos de Baja California han creado mejores reglas de operación y funcionado más como empresas públicas, mientras que los sonorenses han tenido mayores rezagos y distracciones en su desarrollo institucional.

Entonces, lo que resta es plantear una pregunta final: ¿son determinantes las reglas institucionales en el desempeño? La respuesta es que, por lo aquí observado, puede verse que las reglas importan y, en general, son determinantes para el desarrollo de la capacidad institucional y para el buen desempeño de los organismos públicos. La recomendación es aprender de las lecciones que dan los casos exitosos, e innovar y mejorar las reglas institucionales que propician un mejor desempeño en los servicios públicos.

 

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NOTA

1 Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.

^rND^sCaballero^nGonzalo----------^rND^sElster^nJonFitch Ratings México^rND^sMantzavinos^nC.^rND^nDouglass C.^sNorth^rND^nSyed^sShariq^rND^1A01^nMaría Eugenia^sGonzález Ávila^rND^1A01^nSocorro^sArzaluz Solano^rND^1A01^nMaría Eugenia^sGonzález Ávila^rND^1A01^nSocorro^sArzaluz Solano^rND^1A01^nMaría Eugenia^sGonzález Ávila^rND^1A01^nSocorro^sArzaluz Solano

Artículos

 

Gobierno y gestión de los servicios del agua en seis ciudades fronterizas, México-Estados Unidos

 

María Eugenia González Ávila* y Socorro Arzaluz Solano*

 

* El Colegio de la Frontera Norte A. C. (COLEF). Correos electrónicos: megamar@colef.mx / megamarinera@yahoo.com.mx / sarzaluz@hotmail.com

 

Resumen1

Académicos de El Colegio de la Frontera Norte, de la región noreste de México, sintetizan y reflexionan sobre algunos hallazgos de la investigación sobre la gestión de los servicios de agua en tres ciudades de la frontera norte de México y sus contrapartes estadounidenses. En su análisis observaron dos ejes principales: político y medioambiental. Los investigadores indagaron sobre la gestión de los organismos operadores de agua, con el objetivo de comparar y analizar las formas de gestión local del servicio público de agua potable en las seis ciudades, y hallar las mejores prácticas de gestión, para darlas a conocer como experiencias de gobierno. Aquí se exponen los hallazgos, con énfasis en el proceso de tratamiento de calidad del agua y capacidad técnica del personal, para la parte binacional se consideró el método comparativo.

Palabras clave: agua, gobierno local, medio ambiente.

 

Abstract

This article summarizes the research results and reflections of academics from El Colegio de la Frontera Norte, in Northwest Mexico, on the management of water utilities in three Mexican cities and their U. S. counterparts. Two main axes arose from the analysis: the political and the environmental. The researchers studied the management of public water services in order to compare and analyze local water utility management in the six border cities, identify best practices, and make them known as government experiences. Findings are presented, emphasizing water quality treatment processes and technical capacity of the staff. A comparative method was considered for the binational aspect.

Key words: water, local government, environment.

 

Introducción

La gestión pública es la parte más dinámica de la administración pública, que se define como el conjunto de actividades, acciones, tareas y diligencias que se realizan para alcanzar los fines de interés público, tanto en la operación interna de una organización pública como en el exterior, mediante la interrelación con otras dependencias gubernamentales (Ziccardi 2002, 53). Esta explicación cubre los aspectos observados en la investigación sobre la gestión del agua en ciudades fronterizas; en este trabajo se incluyeron la calidad del servicio (infraestructura, personal y calidad del agua) y las políticas locales al respecto. Esto es particularmente importante para los gobiernos locales, que en el caso mexicano se han vuelto estratégicos, para mantener los niveles de eficiencia en la gestión pública que requieren la economía y el desarrollo, a fin de mantener los espacios de gobernabilidad que exige la nueva relación Estado-sociedad (Cabrero 1999, 6). En México, los gobiernos locales se han convertido en objeto de investigación para diversas disciplinas, pero aunque en los últimos años ha surgido una abundante bibliografía sobre el tema, poco se ha indagado sobre la gestión de los servicios públicos municipales, en especial en el tema del agua. Menos aún se sabe de estudios que utilicen el método comparativo e indaguen sobre el papel de los gobiernos locales en escenarios distintos,2 como en las zonas fronterizas México-Estados Unidos.

Sin duda, la prestación de los servicios públicos es una de las funciones más importantes de los municipios mexicanos y, a la vez, la que más identifican sus pobladores. En México, a partir de las reformas del artículo 115 constitucional, en 1983, se trasfirió dicha responsabilidad a las administraciones locales. Y, pese a ser una de sus funciones básicas, a la fecha se sabe poco de la manera cómo enfrentan la difícil tarea de dotar de un servicio público indispensable como es el agua, es específico en la zona noreste de México y sureste de Estados Unidos. Pineda (2008; 2002, 66) y Soares (2007, 24) entre otros, indican que dicha trasferencia de responsabilidades ha sido más bien de problemas a los gobiernos municipales, en un tema tan delicado como es el agua, y que además hoy se enfrenta a la privatización por la baja eficiencia financiera y técnica que han mostrado (Aguilar y Saphores 2010; Cazares 2007; Castelán 2000). Sin embargo, respecto a los regímenes fronterizos de la región mencionada hay poco escrito, en específico de temas de gestión y sobre el tipo de prácticas formales e informales para cumplir con su responsabilidad bajo condiciones distintas, pero con recursos hídricos compartidos.

Con este escenario de fondo, se realizó un estudio comparativo sobre la forma en que los gobiernos municipales fronterizos de México cumplen con la atribución constitucional de brindar servicios públicos a la población, pero la incógnita era si existía coordinación con sus pares estadounidenses, además de conocer si hay semejanzas en las formas administrativas y qué áreas difieren, puesto que se trata de gobiernos con un marco legal y condiciones socioeconómicas muy diferentes, pero con la misma función. La intención es también dar a conocer las prácticas de los gobiernos locales mexicanos en materia del servicio de agua. Al considerar que la definición de gestión comprende una serie de ámbitos, el estudio la sectorizó en dos rubros principales: gobierno y calidad del agua. En el primer componente se ubicaron tres variables: a) profesionalización del servicio, b) trasparencia en la información y c) participación ciudadana. En el segundo se tomaron en cuenta indicadores como: a) infraestructura, b) calidad del agua y c) capacitación técnica del personal que brinda el servicio.

El trabajo comprende varios apartados; el primero describe la metodología, seguido del área de estudio, el tercero menciona las características administrativas del agua en tres ciudades mexicanas y tres estadounidenses. En el apartado cuatro se indican aspectos legales para contextualizar el tema de gestión y manejo del agua en cada lado de la frontera, e incluye una explicación de los aspectos gubernamentales y de gestión por país. En el sexto se explican los componentes sociales y ambientales evaluados, y se concluye con una reflexión sobre la importancia de los procesos de gestión en el manejo y calidad del agua que, aunados a la sobreexplotación y escasez, se ponen de manifiesto día con día en esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos.

 

Metodología de investigación

El trabajo se dividió en dos etapas:

• Trabajo de campo-gabinete, consistió en dos visitas a cada ciudad mexicana y estadounidense. En México, se entrevistó al personal de Sistemas Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Acuña (SIMAS) y al de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), de los municipios de Nuevo Laredo y Reynosa, y se visitaron sus plantas potabilizadoras (PP). Además, se consultó al Consejo Nacional de Población (CONAPO); Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); Secretaría de Salud y Asistencia (SSA); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), a fin de complementar la información. En Estados Unidos, se consultó a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) y a la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA). Así como al Departamento de Servicios Públicos (Public Works) y se visitaron las PP San Felipe Spring, en Del Rio, la no. 1 en McAllen y en Laredo la Jefferson y Colombia. La información obtenida y visitas a las plantas permitieron evaluar cualitativa y cuantitativamente la infraestructura y condiciones de trabajo, así como la capacitación del personal y el cumplimiento de la normatividad en materia de parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua potable tratada en cada ciudad.

• Análisis de los datos, comprendió la sistematización de la información e identificación de las buenas prácticas, las exitosas, definidas como los proyectos y actividades del sector público que sobresalen por su calidad o innovación, que puede ser la entrega de un servicio (Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, CIDE 2008,3; Cabrero 2003, 39).Aquí se abordaron las prácticas realizadas por los organismos operadores del agua (OOA) en sus PP, así como el examen de la información de parámetros de agua potable facilitados por los OOA, tanto mexicanos como estadounidenses, de 2002 a 2007.Además,se revisó la normatividad aplicada al uso y consumo de agua en cada país.

En el apartado sobre gobierno y gestión del agua se revisaron los documentos legales jurídicos que sustentan la dotación del servicio; se entrevistó a funcionarios locales, tanto a miembros del Cabildo como a los de consejos de administración en el caso mexicano. En el estadounidense, se entrevistó a integrantes del Consejo de la Ciudad y a ciudadanos de las comisiones de agua, además se examinó la información disponible en internet y en los folletos que se distribuyen a la población.

 

Área de estudio

Ciudad Acuña, Nuevo Laredo y Reynosa se ubican al noreste de México, en los estados de Coahuila y Tamaulipas, mientras que Del Rio, Laredo y McAllen, al sureste de Estados Unidos, en Texas.

Los principales embalses tributarios del río Bravo/río Grande son Elephant Butte, Nuevo México, y las presas La Amistad y la Internacional Falcón, localizadas entre Coahuila y Tamaulipas (CILA 1994) (véase figura 1).

En aspectos demográficos, a las seis ciudades estudiadas se les denominan twin cities (ciudades gemelas), porque geográficamente se encuentran muy cerca y constituyen una sola unidad urbana, donde hay un flujo económico y poblacional dinámico, aunque desigual en pobladores e infraestructura. Dichas ciudades tienen entre 500 mil y un millón de habitantes y, de acuerdo con su aumento poblacional, las de mayor crecimiento son Reynosa-McAllen, después Nuevo Laredo-Laredo y por último Ciudad Acuña-Del Rio. Tal crecimiento ha sido acelerado, y acorde a la tendencia reportada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2008); los municipios mexicanos que más crecerán serán Nuevo Laredo y Reynosa, y Laredo en EE UU (véase figura 2). Esta situación implicará la prestación de servicios públicos, como el agua potable, a más población, por lo que los gobiernos estatales y municipales deberán estar preparados tanto en lo económico, como en capacitación, infraestructura y contar con recursos hídricos suficientes que deben compartir y gestionar.

 

Administración del agua

México

En México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) recientemente trasfirió a los municipios la obligación de brindar los servicios de agua potable y solventar los gastos de los OOA, aunque en la mayoría de los casos éstos no cuentan con recursos económicos suficientes para construir PP nuevas, pagar a empleados y mucho menos mantener y renovar la infraestructura existente. Tal como lo indica Barkin (2006), la mayoría de los OOA operan en números rojos y con baja eficiencia en productividad (Aguilar y Saphores 2010; Aguilar 2008; Cazares 2007), así como en calidad del agua debido a la centralización (Galindo y Palerm 2007, 4; Sánchez 2007, 52; Domínguez 2008, 453) del servicio de agua por parte de la CONAGUA, encargada de la planificación, explotación y supervisión del sistema hídrico nacional, además de la gestión en la modernización, aunque el manejo del servicio se deja en manos de los estados y municipios. Así, este control férreo de la CONAGUA sobre la toma de decisiones en el tratamiento y cobro del agua ha limitado que los gobiernos y municipios cuenten con la inversión del sector privado en dichos rubros, cobro y servicio, que, aunado a la cultura del no pago por el servicio, los ha llevado a la incapacidad de manejar al OOA y su PP de manera adecuada, lo cual se ha reforzado con la falta de participación ciudadana.

Estados Unidos

En Estados Unidos, la administración del agua es compartida y por el tipo de ésta (superficial o subterránea), y con apego a lo establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la TCEQ, donde los ciudadanos tienen un peso significativo en la toma de decisiones, tales como el establecimiento de cuotas, multas, el corte del suministro por falta de pago e incluso para elegir a la compañía más adecuada para potabilizar el agua que se suministrará a la comunidad (TCEQ 2009).

Un ejemplo de lo anterior es Del Rio, donde la Water Company fue la primera empresa encargada del manejo del agua, en 1983. Después, el Consejo Ciudadano optó por un OOA gubernamental, el Departamento de Agua y Drenaje de la Ciudad (Public Works) que, por medio del Water Treatment Plant, actualmente brinda el servicio a la comunidad (City Del Rio 2008). Dicha ciudad cuenta con la PP San Felipe Spring, cuya capacidad de producción es de 68 894 m3 por día.

Por su parte, el OOA de Laredo es Water Utilities Department (Departamento de Servicios Públicos de Laredo), aunque de 2002 a 2005 fue una empresa privada y también una gubernamental las encargadas de potabilizar el agua. Los malos resultados de la compañía privada United Water llevaron a cambiar por la Utilities Department (Servicio de Agua de Laredo), que cuenta con un registro de 51 043 usuarios, de los cuales 46 217 son domésticos y 4 826 comerciales. Esta ciudad cuenta con las PP Jefferson y Colombia, que en conjunto tienen una capacidad de 249 836 m3 (City Laredo 2008).

En McAllen, el servicio de agua y drenaje lo presta Public Utilities Department (Departamento de Servicios Públicos) que tiene a su cargo tres PP: la no. 1, construida en 1918, sin embargo el acelerado crecimiento poblacional ha llevado a construir dos más, la Sur (Southwest Water Treatment Plant), cuya capacidad es de 134 911 m3 y la Noreste (Northwest Water Treatment Plant), de 31 229 m3, todo para cubrir las necesidades de la población que para 2007 fue de 29 337 000 m3 de agua.

En la figura 3 se resumen las instituciones que regulan la calidad del agua potable, tanto del lado mexicano como estadounidense, y aunque tienen una equivalencia institucional, son diferentes en funciones y capacidades. En México, aun cuando el servicio de agua se considera un sistema descentralizado de la CONAGUA, en la práctica y legalmente no lo es, tal como se ha citado y menciona Domínguez (2008) "la CONAGUA es el principal y alrededor del cual gira el derecho de aguas del país";3 y también lo hace Fraga (1986). En cuanto a la sanidad del agua, la CONAGUA está apoyada por la SSA, pese a que la SEMARNAT antecede en el rango jerárquico administrativo en materia de agua.

Por otra parte, Amaya (2007, 21) indica que con la trasferencia de este sector a los gobiernos locales se pretendía involucrarlos más en las decisiones fundamentales del manejo del recurso. Sin embargo, el diseño institucional es una atribución que se sigue manteniendo bajo la jurisdicción del gobierno federal. Los consejos de cuenca, las comisiones estatales de agua y los organismos operadores municipales se basaban en un diseño similar, que integraba a un representante de los usuarios de la cuenca por cada tipo de uso que se hiciera del recurso, en la misma proporción en que estaban representadas las autoridades oficiales en cada consejo.

En tanto que en Estados Unidos, aun cuando todos los estados deben cumplir lo establecido por la EPA, en Texas se cuenta con la TCEQ, además que intervienen otras agencias encargadas de recursos naturales como el agua subterránea, y donde la participación ciudadana es un elemento importante en la toma de decisiones.

 

Leyes y regulaciones en Estados Unidos y México en materia de agua

México

El uso y manejo del agua en México está regido por el artículo 27 de la Constitución, que en el párrafo quinto incluye el concepto de aguas nacionales (mares territoriales, lagunas, lagos, ríos y sus afluentes, etcétera), es decir, las comprendidas dentro de los límites del territorio nacional (Ley de Aguas Nacionales 2008), y en el capítulo iii se definen las competencias de la CONAGUA. El artículo 9 indica que la CONAGUA es la encargada de la gestión integrada de los recursos hídricos, que incluye la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. Además de fungir como la autoridad en materia de cantidad y calidad de las aguas, así como de la gestión en el territorio nacional. También de fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y el reuso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará con los gobiernos estatales y éstos, a su vez, con los municipales (Ibid.). Así mismo, la CONAGUA tiene la competencia de establecer las normas oficiales mexicanas, NOM-CNA, que se refirieren a los aspectos técnicos e infraestructura, así como su conservación en el ambiente (véase figura 4).

Otras regulaciones aplicables al agua potable, además de las establecidas por CONAGUA, son las de los gobiernos estatales y municipales y las de la SSA, que hacen referencia sobre todo al abastecimiento, consumo y calidad de agua que se brinda a la población.

Estados Unidos

La EPA es la principal agencia federal en Estados Unidos responsable de la protección del medio ambiente, y regula la contaminación y el tratamiento del agua por medio de la Clean Water Act, CWA (Ley de Agua Limpia), y en el caso del agua potable se rige por la Safe Drinking Water Act, SDWA (Ley de Agua Potable Segura) (Soberanes y Treviño 1977).

Así, la EPA establece los estándares de calidad de agua, y tiene el poder de delegar autoridad a los estados sobre la regulación de descargas contaminantes. En Texas, la TCEQ es la responsable –según la ley de Texas–, de otorgar permisos de descargas y licencias a los OOA que suministran los servicios de agua potable y de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (TCEQ 2009). Además, tiene la capacidad de regular, monitorear y evaluar la calidad del agua potable superficial y subterránea (agua tratada) (véase figura 5).

 

Gobierno y gestión local Caso mexicano

México es una república democrática, representativa y federal dividida para su administración y gobierno en tres niveles: federal, estatal y municipal. Es este último en el que los ciudadanos tienen un contacto más directo con la autoridad. Esta figura posee una doble función: política y administrativa, la primera la forma el ayuntamiento integrado por el presidente municipal, los síndicos y regidores electos en planilla por votación popular, libre y directa cada tres años. La segunda está constituida por los funcionarios encargados de las diferentes áreas de la administración municipal, en México no existe la figura del "administrador de la ciudad", ya que es el presidente municipal quien cumple con las tareas políticas y administrativas, entre ellas la provisión de servicios públicos es una de las más importantes.

La legislación en torno al agua es muy compleja, pues implica los tres niveles de gobierno, que cumplen con funciones particulares, entre las principales disposiciones están la Ley de Aguas Nacionales, las leyes estatales sobre esta misma materia y los reglamentos municipales de agua potable, que cada gobierno local (municipio) puede formular.

En los casos estudiados, las entidades de agua tienen la figura de organismos descentralizados de la administración pública municipal con autonomía y patrimonio propio, la máxima autoridad de estos organismos de agua es el Consejo de Administración, encabezado por el presidente municipal y algunos funcionarios estatales y municipales, también hay representación ciudadana. El hecho que sea el alcalde al mismo tiempo la autoridad política y administrativa y a la vez la voz de este consejo, sin duda resta autonomía en la toma de decisiones, ya que aquí se discuten temas delicados como el cobro de las tarifas. La figura 6 representa gráficamente el funcionamiento de los organismos de agua en México.

Aunque en México los organismos encargados del agua sean diferentes entre sí, la Encuesta nacional de gobierno, seguridad pública y justicia municipal (INEGI 2009) realizada en un gran número de municipios del país hizo algunos hallazgos: en las zonas urbanas de mayor tamaño con muchas necesidades, llegan a ser estructuras bastante grandes, con gastos de operación e inversión muy elevados; en cambio, en municipios rurales pueden ser organismos pequeños e incluso existir uno para varias localidades o repartirse la responsabilidad. Los organismos operadores –principalmente los de mayor tamaño– se agrupan en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, que ejerce funciones de interlocución, representación de los intereses y preocupaciones, asesoría y capacitación (García del Castillo y Gómez 2011, 195, tomado de Villarreal 2002).

De acuerdo con dicha encuesta, 95.56 por ciento de los municipios cuentan con algún organismo que se encarga del servicio en su territorio, de los cuales 193 tienen más de un prestador de éste. Sin embargo, sólo 40.35 por ciento tiene recursos propios para sus actividades. En 43.36 por ciento de los municipios las tarifas son aprobadas por el Cabildo, en 25.04 por otras instancias, en 12.46 por el Congreso del Estado, en 8.35 por el organismo operador y en 4.8 por la Comisión Estatal de Agua (Ibid.).

Estos datos establecen la necesidad de investigaciones que den cuenta del funcionamiento de esta clase de organismos, por lo que en el presente caso se trata de aparatos administrativos en ciudades de dimensiones similares con una forma organizativa parecida, que pueden ser representativos de ciudades fronterizas.

 

Ciudades texanas

El gobierno local en las ciudades de Texas se define como un consejo administrador (Council/Manager of Goverment). El "Consejo de la Ciudad" electo ejerce los poderes, y sus funciones son: establecer políticas, aprobar el presupuesto anual, determinar las tasas de impuestos, comprar y vender propiedades, establecer los departamentos administrativos de la ciudad, tener reuniones públicas, adoptar las ordenanzas de la ciudad y proveer los servicios urbanos.

La autoridad la ejerce el Consejo en conjunto con el alcalde (Mayor), electo por los votantes por cuatro años, con un límite de dos mandatos. En las ciudades estadounidenses, las atribuciones del alcalde son: a) presidir las reuniones del Consejo; b) fungir como el jefe del gobierno en su calidad de funcionario representante de la ciudad, pero sin ejercer funciones administrativas; c) votar en caso de empate en la elección de los miembros del Consejo y d) gozar del derecho de veto, que puede ser anulado por el Consejo.

El Consejo nombra a los siguientes funcionarios: City Manager (administrador de la ciudad), City Attorney (abogado de la ciudad), City Secretary (secretario de la ciudad), Municipal Court Judge (juez de la corte municipal), Fire Chief (jefe de bomberos), Police Chief (jefe de policía), Citizen Boards (grupos ciudadanos y comisiones). Entre las áreas administrativas se encuentra el Departamento de Servicios Públicos, que incluye una sección destinada a la administración del agua. Como se observa, el Consejo nombra a los funcionarios con mayor facultad de decisión en el gobierno local, esto constituye una diferencia radical con el caso mexicano.

En Estados Unidos, las principales disposiciones en materia de agua son reguladas a escala federal por la Constitución y por la EPA, mientras que en Texas, por ejemplo, por las siguientes leyes y comisiones: State Texas Government, Texas Constitution, Texas Water Code, Texas Administrative Code. Texas Commission of Environmental Quality y TWDB. Así como de una serie de disposiciones y regulaciones como los códigos de ordenanzas de cada ciudad estudiada.

Una de las diferencias fundamentales en la gestión de las ciudades estadounidenses y las mexicanas es la facultad que tienen las primeras de emitir bonos, esto sin duda les otorga mayor autonomía financiera para realizar las tareas asignadas, mientras que en las segundas, la fuente primordial de recursos son las participaciones federales, así como la recaudación de cuotas que no siempre es eficiente. Con esta opción, la ciudad tiene la posibilidad de pedir dinero prestado para la emisión de bonos para la adquisición de bienes públicos, para su conservación, mejoramiento o cualquier otro propósito. La figura 7 ilustra la organización del gobierno local en Estados Unidos.

 

Comparación de los casos de estudio e indicadores sociales

Profesionalización

En México, la experiencia de profesionalización en el ámbito local es una tarea que apenas se empieza a discutir. En algunas entidades se han promulgado leyes para establecer servicios civiles de carrera y la obligación se ha extendido a sus municipios (Merino 2006, 38). Aun así, es un hecho que los cuerpos administrativos todavía siguen la lógica política. Es difícil establecer el perfil profesional de los funcionarios encargados de la dirección de los OOA, no obstante que en la mayoría de las leyes estatales se establece un mínimo de experiencia para este cargo. Los resultados en los municipios fronterizos han sido variables, pero es indudable que destaca el perfil político, más que la experiencia o formación académica. La dirección de un OOA es un puesto clave para acceder a otros de mayor jerarquía (incluso el de alcalde) (Conexión total, 2011; El Norte 2011, Contexto 2011; Expresión Guaymas 2007; Flores 2008, 62), se conocen varios casos en que ha sucedido así,4 y esto refleja la importancia política del cargo.

Cuando un nuevo alcalde llega al gobierno, su primera tarea es formar un equipo de trabajo en el cual depositar su confianza. Entre los cargos más importantes está el de director de un OOA; los tres organismos mexicanos estudiados son complejos por el número de personal y sus tareas delicadas. Este nuevo director, en la mayoría de los casos, cambia en su totalidad al personal o al menos a los directores de área, lo que significa un nuevo aprendizaje para los empleados. Sin embargo, permanecen los de base, que casi siempre son los menos calificados. Los nuevos directores también deben tratar con los sindicatos, que dentro del sistema político mexicano representan un gran poder. Con estos elementos en contra deben trabajar los OOA. Si bien en México se han hecho propuestas incontables sobre la necesidad de periodos más largos de gobierno y profesionalizar al cuerpo de funcionarios, aún no se han realizado grandes acciones al respecto.

En las tres ciudades estadounidenses, la primera diferencia es que el alcalde tiene el papel político, pero hay un administrador de la ciudad, quien tiene a su cargo a los diversos departamentos administrativos, incluso a los servicios de la ciudad como el agua potable o la recolección de basura. Él se coordina con los principales directores y con el Consejo Ciudadano para tomar las decisiones sobre los servicios públicos que presta la ciudad, se trata de un empleo que requiere experiencia y conocimiento en materia administrativa. Al menos en las ciudades estudiadas, el Consejo ratificaba a este administrador o podía solicitar su separación del cargo si su actuación no le convencía, debido a esta lógica, los administradores permanecen varios años. En cuanto al resto de los funcionarios, la forma de ingreso y promoción como empleados de la ciudad es por convocatorias y concursos, y una vez aceptados están sujetos a cursos y evaluaciones para determinar su permanencia y ascenso, también ellos pueden ejercer durante muchos años el puesto sin estar sujetos a los cambios de gobierno. Cuando llega otro alcalde, sólo hay cambios en los puestos más altos de la administración, los demás se consideran empleados de la ciudad (véase figura 8).

 

Trasparencia en la información

Hasta hace poco obtener información de las instituciones públicas era una tarea difícil, en una cultura poco acostumbrada a la rendición de cuentas. Pero en México, en 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyos objetivos principales son: proveer lo necesario para que toda persona tenga acceso a la información mediante procedimientos sencillos, trasparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, así como contribuir a la democratización de la sociedad mexicana. Con base en esta ley se generó, en 2003, el reglamento respectivo, y las entidades del país también crearon sus leyes en la materia. Asimismo, como parte de estas acciones, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de información tienen las dependencias públicas federales, al mismo tiempo, los estados han avanzado en la implementación de la trasparencia con la creación de instancias semejantes al IFAI. Pero los municipios han caminado lentamente en esta tarea, son pocas las evaluaciones que se realizan para observar el grado de cumplimiento de los gobiernos locales en trasparencia y acceso a la información, menos aún para medir la trasparencia de los OOA.5

Así, por disposición oficial, los OOA deben permitir el acceso a la información básica que se genera, esto a través de varias vías: papel, reuniones públicas o por medios electrónicos, esta última es la opción más utilizada. No obstante, al revisar las páginas de los tres organismos estudiados, esta información aparece dispersa, es de difícil acceso y con datos incompletos, por ejemplo, ninguna menciona a los integrantes del Consejo de Administración (autoridad máxima), y sólo una incluye las leyes y reglamentos que sustentan este servicio. La otra forma de proporcionar información son los programas de cultura del agua, cuya dinámica es diferente en cada ciudad estudiada, pero en las tres cumplen con funciones muy diversas y están a cargo de distintas áreas de la administración, al no existir una normatividad clara sobre su forma de actuación.

En el caso de las ciudades estadounidenses, se comunican por correo o vía electrónica, por disposición legal deben publicar periódicamente información técnica sobre la composición del agua, se trata de informes con alto contenido técnico y científico poco entendibles para el ciudadano común. También utilizan internet, de tal manera que por este medio se pueden localizar datos financieros, jurídicos y técnicos. Es posible saber las fechas de reuniones de los consejos de la ciudad y de los consejos del agua y, en el primer caso, ver la sesión vía internet o consultar las actas de acuerdos que se ponen en la página respectiva. Por este medio se puede obtener prácticamente toda la información sobre este servicio, en su contra se comenta que por la cantidad de datos es difícil verlos, se trata de ligas muy complejas, poco accesibles para el usuario común. Si bien aparecen aspectos relacionados con cultura del agua, el sentido es diferente en ambos casos, sin embargo este tema merece mayor análisis (véase figura 9).

 

Participación ciudadana

El tema de la participación ciudadana se ha vuelto central en las políticas públicas municipales. Actualmente existe una serie de pro-gramas que funcionan con base en la opinión de los beneficiarios, a través de mecanismos de consulta y de la utilización de diversas herramientas. La pregunta que surge es ¿qué se va a entender por esta participación ciudadana, a la que se hace referencia desde di-versos instrumentos legales? En los organismos operadores de agua de ambas zonas de la frontera existen, por ley, consejos de administración o formas representativas que van a expresar la opinión de los habitantes en torno a las decisiones de política pública. En México, los consejos de administración serían los encargados del diseño de políticas públicas, que se definen como instrumentos de participación ciudadana para el diseño o legitimación de políticas públicas, que constituyen los consejos en función de una representación de ciudadanos u organizaciones de base territorial, sectorial, social o de expertos. También se pueden incorporar a este grupo los instrumentos de metodología de la planeación urbana participativa, aplicada en pocos municipios del país (Pineda 2002, 48). Con estas reflexiones como fondo, la primera parte del ensayo observa las tres variables elegidas en las seis ciudades de estudio.

Las diferencias de participación ciudadana entre ambos países fueron significativas. En México, por ley, el órgano más alto de decisión en los OOA es el Consejo de Administración, las leyes estatales y reglamentos municipales establecen quiénes conformarán estos consejos; todos son encabezados por el presidente municipal, también se incorporan funcionarios estatales y municipales, los ordenamientos señalan la presencia de ciudadanos, aunque en ningún caso se indica cómo ocurre la incorporación de éstos. Reviste importancia la actuación de los miembros de los consejos de administración, porque ellos son los que toman las decisiones con respecto a la forma de operación de los organismos, desde el cobro de tarifas hasta asuntos particulares, como las campañas de ahorro de agua. Al no haber mecanismos establecidos para el ingreso de representantes ciudadanos a los procesos, el método utilizado es la invitación, así, el alcalde de CIDE cuáles son los organismos y ciudadanos que pueden participar, es usual que sean colegios de profesionistas: ingenieros, arquitectos y representantes de las cámaras de comercio o construcción de las ciudades. No obstante, hay una carencia total en la información sobre las actividades de estos organismos, incluso, en ocasiones no se llegan a constituir a pesar de que la ley lo indica. De los consejos investigados, no se conoce el tipo de acuerdos a los que se ha llegado, ni los procedimientos seguidos, por lo que es necesaria una indagación más amplia sobre sus funciones.

La representación ciudadana en los organismos de las ciudades estadounidenses es a través de comisiones particulares para estos asuntos, en dos de los tres casos estudiados los integrantes del Consejo de la Ciudad formaron a su vez comisiones para determinados temas, como el caso del agua, de tal forma que se conforman con políticos electos y representantes ciudadanos.

Como en México este grupo funge como asesor en la toma de decisiones para asuntos importantes en la materia, la diferencia fundamental es la forma de integración, ya que en el lado estadounidense se trata de líderes sociales y personas con algún cargo en el que tienen contacto con los vecinos o los maestros, por ejemplo. Cuando se trata de una ciudad, estas comisiones sesionan por lo regular una vez a la semana en reuniones abiertas, y las actas y acuerdos se pueden consultar vía electrónica. Puesto que es decisión del Consejo de la Ciudad constituir las comisiones, en un caso de los tres estudiados ésta no se formó, con este arreglo los ciudadanos quedaron fuera de la toma de acuerdos. De los tres aspectos observados, la participación ciudadana (véase figura 10) es la más difícil, ya que se trata de un tema de reciente incorporación en México y de más larga tradición en Estados Unidos, pero en ambos las fórmulas aún no son la solución para la representación ciudadana, y la mayoría de los usuarios quedan fuera de la toma de decisiones en un evento que les atañe directamente, como es el servicio público del agua.

 

Indicadores medioambientales

Algunos de los problemas medulares a los que se enfrentan los OOA mexicanos en la potabilización del agua, tal como lo mencionan Barkin (2006), Ibáñez (2009), Contreras (2008) y Rodríguez (2007), es que cuentan con administraciones improvisadas, personal con poca experiencia técnica y capacitación deficiente para ocupar el puesto, aunado a que éste es transitorio. Así mismo, existe poca voluntad por parte del gobierno local y estatal para establecer políticas de agua a largo plazo. Todo esto se agudiza con la falta de cultura de pago por parte de los usuarios, y una serie de problemas más de índole político, que técnico (Barkin 2006).

En OOA estadounidenses la situación es diferente, el problema principal son los altos volúmenes de consumo de agua, y son esporádicas las violaciones de la normativa en calidad de agua potable; aun cuando Estados Unidos es considerado el país con los mejores estándares de calidad de agua en el mundo. Al respecto The New York Times (2009) reportó que existe variabilidad de esta calidad sobre todo en ciudades pequeñas. Un aspecto positivo de los OOA y gobiernos es la política pública a largo plazo, un esquema de la inversión privada, privada-pública y pública basado en una legislación en materia de agua, y donde se incluyen temas como la profesionalización del personal de OOA. Además de que existe la participación tripartita, es decir, donde intervienen el gobierno, representado por el alcalde; el sector privado, que son los empresarios, y la ciudadanía, mediante el "Consejo de la Ciudad o Consejo Ciudadano" (CC).

En conjunto, los tres participantes del CC gestionan las políticas para establecer un presupuesto anual sostenible, tasas de impuestos, compra y venta de propiedades, así como la asignación de competencias administrativas a fin de adoptar las ordenanzas de la ciudad, que se proveen al Departamento de Servicios Públicos y donde se encuentra la Water Utility, encargada directa de brindar el agua potable a la ciudadanía y hacer que se cumpla lo estipulado por el CC (Flynn y Boudouris 2002).

 

Infraestructura

La evaluación de las condiciones de infraestructura en ciudades mexicanas (véase figura 11) indica que Ciudad Acuña presentó las mejores en infraestructura y prestación de servicio, lo cual se debe entre otras cosas a que la PP era una obra de reciente construcción, se había invertido en mantenimiento y remozamiento, y a la buena calidad fisicoquímica de la fuente de abastecimiento (presa de La Amistad). Por lo que un tratamiento simple de cloración ha permitido brindar agua de buena calidad, y junto con un servicio adecuado y cobros relativamente eficientes indican que se está tratando de realizar una gestión adecuada en el tema del agua.

En tanto que en Nuevo Laredo y Reynosa, las condiciones de infraestructura fueron deficientes, la PP-Reynosa constituyó el extremo, porque ahí la inversión en mantenimiento y modernización ha sido poca o casi nula, como lo denotaban los edificios abandonados y equipo obsoleto. Aunado a ello están los problemas de contaminación de la fuente de abastecimiento (río Bravo/río Grande) por partículas suspendidas y sólidas, así como un flujo variable del agua (Linares 2004).

En EE UU, las mejores condiciones de las PP las presentó Del Rio, donde a partir de una inversión de 44 663 000 dólares en un sistema de ultrafiltración para una PP se mejoró la calidad del agua. Para tal fin, la ciudadanía solicitó un préstamo, mediante la combinación de certificados de ingresos e impuestos, al TWDB. La instalación de dicho sistema implicó el pago de la deuda económica por el CC y la capacitación del personal por dos años, para atender problemas que pudieran presentarse, desde reparaciones básicas hasta empaquetamiento de filtros (TWDB 2000).

En McAllen, la inversión en mantenimiento y renovación en su PP ha sido continua, como se refleja en las buenas condiciones de los edificios y equipo, que lleva a eficiencia en el funcionamiento de una PP de casi treinta años. Mientras que la otra planta se encuentra en condiciones inmejorables, al ser una obra nueva que sigue los estándares del TCEQ y EPA.

En tanto que en las PP de Laredo, la infraestructura está llegando al límite de su vida útil, por lo cual había deterioro en las condiciones de edificios y equipo, aun con ello se trabajaba de manera eficiente; mientras que la nueva PP estaba en fase de diseño.6

 

Calidad del agua en las ciudades fronterizas en estudio

En Ciudad Acuña el OOA es el SIMAS, que brinda los servicios de agua y drenaje a 37 529 usuarios, de los cuales 35 963 eran domésticos, 1 491 comerciales y 75 industriales (SIMAS 2008). La ciudad cuenta con dos plantas potabilizadoras, que en 2007 produjeron 11 616 747 m3 de agua potable.

En tanto que en Nuevo Laredo, el OOA es la empresa descentralizada Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que para 2007 daba servicio a 107 609 usuarios que en su mayoría eran domésticos, es decir, 95 565. Nuevo Laredo, al igual que Ciudad Acuña, cuenta con dos PP: la Planta Centro y la Planta Sur Oriente (COMAPA-Nuevo Laredo 2008).

En Reynosa, el OOA encargado de ofrecer los servicios de agua y drenaje es COMAPA-Reynosa, que tiene una red de distribución de 950 010 m, que cubre 90 por ciento de la mancha urbana. En función de la población, se estima que 92.24 por ciento recibe el suministro de agua potable y el restante se abastece a través de hidrantes y carros cisterna; para 2008, la COMAPA-Reynosa contaba con unos 14 mil usuarios, 8 por ciento del total.

El proceso de potabilización en Ciudad Acuña, Nuevo Laredo y Reynosa se realiza por clarificación convencional o clarificación completa, es decir, la remoción de contaminantes específicos, tales como hierro, manganeso y arsénico, entre otros, para lo cual se induce a las partículas a sedimentarse o flocular mediante la aplicación de productos químicos o procesos físicos, facilitando así la eliminación de las partículas y microorganismos patógenos (véase figura 12) (COMAPA y SIMAS 2008).

La calidad del agua potable se evaluó a partir del promedio de los datos fisicoquímicos facilitados por los OOA de cada país, para el periodo de 2002 a 2007. En cuanto a la PP-Reynosa (Loma Linda) y la PP-Nuevo Laredo (Centro), ambas cumplen con los límites NOM-127-SSA 1 en cuanto a ph, turbiedad, cloruro (Cl3), calcio (Ca), magnesio (Mg) y cloro residual (Cl). En tanto que la PP-Acuña cumple de forma adecuada con la normatividad en cuanto a parámetros como pH, total de sólidos disueltos, turbiedad y dureza total. Sin embargo, la disparidad en el número de datos y parámetros obtenidos de cada OOA no permitió hacer una comparación más específica y detallada, para identificar el cumplimiento de la legislación en materia de agua potable.

Los OOA y las PP de Texas deben apegarse a lo establecido por el TCEQ, porque de lo contrario deberán pagar una multa acorde con la falta. Desafortunadamente la información facilitada fue muy poca y dispar en su presentación, ya que dan por hecho que se cumple con la regulaciones establecidas por la TCEQ, lo que evitó que se pudieran representar estos parámetros para su comparación, por lo cual se complementó esta información con los reportes de calidad de agua y multas aplicadas por la autoridad responsable, de donde se obtuvo que el OOA-McAllen ha recibido dos multas y Laredo una, del año 2000 a 2002, y el OOA-Del Rio ninguna, y de acuerdo con el tipo de tratamiento (ultrafiltración) cumplen con los estándares para agua potable (City Del Rio 2008).

Es importante mencionar que existen muchas similitudes entre los parámetros fisicoquímicos y biológicos que se miden en ambos países; sin embargo, en Estados Unidos el número es muy superior a los medidos en México, en donde sólo se evalúan los necesarios para cumplir con la normas de salud y técnicas de CONAGUA, porque la mayor parte de OOA mexicanos no cuentan con recursos económicos para realizar estos análisis.

 

Capacitación técnica7

Un factor importante en la potabilización de agua de las ciudades fronterizas aquí estudiadas es, sin duda, la capacitación y funciones del personal, lo cual facilita el trabajo dentro del OOA y las PP. En el caso mexicano se cumple lo establecido en el reglamento interno, donde se indica que el gerente general debe contar con una carrera relacionada con la ingeniería. En tanto que para el resto del personal no se especifica el nivel educativo que debe tener para ejercer algún cargo o actividad, sólo se consideran los años de experiencia laboral y en el mejor de los casos algún tipo de capacitación teórica o empírica, esto aunado a los despidos o rotación de puesto por los cambios gubernamentales cada tres o seis años. Todo esto ha propiciado que el sector encargado de la potabilización de agua tenga serias deficiencias en capacitación y profesionalización de su personal, y que las autoridades sean improvisadas y desconozcan el sector.

Un caso que sobresalió entre los OOA mexicanos fue el del SIMAS-Acuña, donde el gerente contaba con una ingeniería en sistemas computacionales, y supo aprovechar su formación y experiencia en el sector privado para implantar y desarrollar un software, que le permitió automatizar y visualizar los procesos de potabilización. A la vez optimizó los recursos humanos existentes, al capacitar y adiestrar al personal en otras actividades, que iban desde el uso del programa de cómputo, hasta la atención de fugas a fin de incrementar y mejorar el servicio de agua. Los gerentes de la COMAPA de Reynosa y Nuevo Laredo tenían estudios de ingeniería, aunque ahí los puestos y tareas se asignan según la antigüedad del trabajador o por designación del gobierno o gerente en turno, sin criterio alguno para hacerlo (véase figura 13).

En los OOA estadounidenses, el nivel educativo y de capacitación para ocupar un puesto quedan establecidos y regulados por la TCEQ, en el Subcapítulo K (apartados 30.381, 30.387, 30.390, 30.392, 30.396, 30.398, 30.400 y 30.402), donde se indica el tipo de categoría, escolaridad o experiencia necesaria que debe cubrir un trabajador del Sistema Público de Agua (véase figura 14).

Por lo anterior, resulta importante que en el caso mexicano se establezcan especificaciones de profesionalización del personal de OOA y sus PP, a fin de incrementar la eficiencia en el manejo y potabilización del agua. Así mismo, se debe reglamentar la capacitación del personal para que cuente con una certificación o licencia, donde el trabajador certificado pueda laborar en cualquier lugar del país, y renueve cada año su licencia mediante exámenes de conocimientos. Todo esto favorecería la eficiencia dentro de los OOA y PP; al tiempo que los empleados podrían incrementar su salario.

 

Conclusiones

En este artículo se mostraron algunas de las carencias de la gestión del agua en el sistema mexicano, el hecho de hacer una comparación en dos realidades distintas hizo más palpables las carencias de sus municipios, no obstante se deben entender antes las diferencias sustanciales entre las ciudades mexicanas y estadounidenses en varios sentidos: el nivel de desarrollo, presupuesto, atribuciones legales y cultura política, entre otras. Sin duda, el signo distintivo de la gestión de los organismos de agua en México es su carácter político, lo cual no sucede en EE UU, a partir de ahí se pueden entender muchas de las carencias. Poco ayuda, en este sentido, el diseño del gobierno local con cambios cada tres años, que hacen perder continuidad en todas las acciones, pero que en este caso, por el tipo de bien, la repercusión es más profunda. Pensar en un servicio profesional de carrera en estas instancias atravesaría por una serie de redes y acuerdos establecidos a lo largo del tiempo, y que sería difícil romper. La experiencia de profesionalización del caso estadounidense demuestra que los sujetos se identifican como empleados no de un órgano o gobierno en particular, sino de la ciudad.

Por otra parte, el marco legal otorga funciones diferentes a los tres niveles de gobierno en torno al servicio de agua, pero no siempre los presupuestos y la capacitación van acordes a estas obligaciones, por lo que en la práctica se da un intercambio constante sobre todo en los ámbitos estatal-municipal, y esto muchas veces está sujeto a los signos políticos de cada gobierno. Con este marco de fondo, no es extraño que los organismos de agua en los municipios mexicanos se conviertan en un trofeo político y el servicio en un bien que se puede otorgar dependiendo del periodo electoral. El caso estadounidense es mucho más claro en cuanto a la clase de atribuciones, el diseño institucional del gobierno local deja fuera la variable política y el agua es vista como un servicio, al igual que otros que presta la ciudad. Ambos países fallan en lo concerniente a la participación ciudadana, en el documento se expuso cómo se entiende ésta, pero no hay evidencias claras de que haga funcionar mejor al organismo, además, la mayoría de los usuarios no son considerados en la toma de decisiones. Este tema merece un análisis más minucioso, que queda pendiente.

Hay que decir que en México los organismos trabajan y en algunos se conocen experiencias exitosas como en Tijuana y Monterrey, que no han influido en las prácticas de otros. En los casos estudiados se pueden rescatar procedimientos que podrían ser implementados en otras ciudades, resalta, por ejemplo, la automatización del manejo de las plantas en Ciudad Acuña, la creación de un órgano intermedio entre gerencia y vecinos en Reynosa o la experiencia del programa de cultura del agua en Nuevo Laredo, no obstante, se trata de esfuerzos aislados, sujetos a la variable política, que no han podido incidir aún en otros organismos similares en México.

 

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NOTAS

1 Las autoras agradecen el valioso apoyo de Rosalía Chávez e Isabel Ortega, técnicas académicas del COLEF, en el procesamiento de la información.

2 Este método consiste en el examen de dos o más fenómenos que acontecen en un ámbito o tiempo diferente. Entre sus características destacan que a) se basa en la lógica y no en las estadísticas, puesto que atiende a las similitudes y diferencias entre los casos estudiados; b) utiliza la lógica inductiva, lo que le permite emplear las diversas metodologías y técnicas de investigación social disponibles en las ciencias sociales y c) es un recurso para descubrir relaciones empíricas entre variables, no para medirlas. Su núcleo básico consiste en utilizar la comparación para conocer las circunstancias en que varía un fenómeno concreto, de tal manera que puedan eliminarse o controlarse variables y con ello estimar lo que es constante o conocer las causas de la variación. Las estrategias básicas son: los estudios de caso y los de variable (Giner 1998, 484).

3 Definido en la propia Ley de Aguas como: "Órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con funciones del Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objetivo, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponden tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma refiere," (apartado XII del artículo 3).

4 En las ciudades mexicanas, al menos en dos de las tres analizadas, los directores de los organismos fungieron en algún tiempo como alcaldes interinos, o contendieron para la candidatura a la alcaldía.

5 Destacan las de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados y el Centro Nacional de Desarrollo Municipal.

6 Información proporcionada por el ingeniero Tony Moreno.

7 En esta parte se hace referencia a la capacitación del personal empleado en plantas, en un apartado anterior se mencionó al personal de los organismos operadores.

^rND^sAguilar^nB. I.^rND^nJ. D.^sSaphores^rND^sAmaya Ventura^nMaría de Lourdes^rND^sCabrero^nEnrique^rND^sContreras^nH.^rND^sDomínguez Alonso^nAlma Patricia^rND^sGalindo^nE. E.^rND^nJ.^sPalerm^rND^sGarcía del Castillo^nRodolfo^rND^sGarcía del Castillo^nRodolfo^rND^sGarcía del Castillo^nRodolfo^rND^nPavel^sGómez Granados^rND^sGaytán^nA. M.^rND^sLinares^nM.^rND^sMerino^nMauricio^rND^sPineda Pablos^nNicolás^rND^sPineda Pablos^nNicolás^rND^sSánchez G.^nJ. J.^rND^sSánchez G.^nJ. J.^rND^sZiccardi^nAlicia^rND^1A01^nJesús Armando^sHaro^rND^1A02^nGerardina^sNubes^rND^1A03^nJ. Rubén^sCalderón Ortiz^rND^1A01^nJesús Armando^sHaro^rND^1A02^nGerardina^sNubes^rND^1A03^nJ. Rubén^sCalderón Ortiz^rND^1A01^nJesús Armando^sHaro^rND^1A02^nGerardina^sNubes^rND^1A03^nJ. Rubén^sCalderón Ortiz

Artículos

 

Riesgos sanitarios en calidad bacteriológica del agua. Una evaluación en diez estados de la república mexicana

 

Jesús Armando Haro*, Gerardina Nubes** y J. Rubén Calderón Ortiz***

 

* Profesor-investigador del Centro de Estudios en Salud y Sociedad (CESS), de El Colegio de Sonora. Director de la evaluación COFEPRIS 2008. Correos electrónicos: aharo@colson.edu.mx/jesusarmandoharo@kabueruma.com

** Profesora-investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Sonora; coordinadora temática en agua de calidad bacteriológica en la evaluación COFEPRIS 2008. Correo electrónico: dinan@correom.uson.mx

*** Médico familiar con experiencia en salud pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social; subdirector de la evaluación COFEPRIS 2008. Correo electrónico: jrubencalderon@hotmail.com

 

Resumen1

En el presente artículo se presentan hallazgos derivados de la evaluación realizada por El Colegio de Sonora a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 2008-2009, la cual indagó acerca de la protección contra riesgos sanitarios que realiza esta instancia respecto a la calidad bacteriológica del agua para consumo humano; se llevó a cabo en Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y Chiapas. En el tema de la calidad bacteriológica del agua, incluyó la valoración del desempeño de varias instancias relacionadas con la calidad del agua entubada, para lo cual se efectuaron actividades de investigación en plantas potabilizadoras, jurisdicciones sanitarias, organismos municipales operadores de agua, áreas de regulación sanitaria y también se entrevistó a informantes clave en la misma Comisión. Los resultados muestran que en México es precaria la protección contra riesgos derivados de este rubro, también señalan la necesidad de revisar la normatividad existente y reorientar el proyecto para mejorar el monitoreo de la cloración del agua, y habilitar la detección de factores de riesgo y lograr el diseño de una mejor vigilancia epidemiológica.

Palabras clave: calidad bacteriológica del agua, regulación sanitaria, riesgos sanitarios hídricos, COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

 

Abstract

This article presents findings from an external evaluation of the Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [Federal Commission for Protection against Health Risks], carried out by El Colegio de Sonora in 2008-2009. Research was done on the agency's efforts to maintain the bacteriological quality of water for human consumption. The evaluation was conducted in ten states: Sonora, Nuevo Leon, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosi, Nayarit, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca and Chiapas, and included the performance assessment of several agencies which evaluate the quality of piped water.Various research activities were conducted in water treatment plants, health jurisdictions, health regulation agencies, and municipal water management agencies, and key informant interviews were done within the Commission itself. Results show that Mexico still has little protection against this type of health risk and highlight the need to review existing regulations, as well as reorient the project towards improved monitoring of water chlorination and detection of risk factors in order to design a better surveillance system.

Key words: bacteriological water quality, health regulations, water quality health risks, COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

 

Agua, calidad y riesgos sanitarios: el contexto internacional y nacional

El agua limpia y el saneamiento se encuentran entre los factores más importantes para el bienestar, la salud y el desarrollo humano mundial (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, 2003;Whiteford y Whiteford 2005); sin embargo, debido quizá a los problemas derivados de la escasez del recurso, la atención y los esfuerzos suelen dirigirse primordialmente al abasto hídrico, con menor atención a los aspectos sanitarios asociados al consumo humano del agua entubada.2 En México, a pesar de que la cobertura de los servicios de agua y drenaje se ha ampliado en forma importante en las últimas dos décadas, aún persisten enormes contrastes al comparar su acceso entre las entidades federativas, como también en localidades rurales, medias y urbanas de cada estado.3 En cuanto a la calidad del agua para consumo humano, si bien se cuenta con algunos estudios que señalan riesgos debidos a la calidad fisicoquímica del recurso hídrico en distintas regiones, son escasas las investigaciones que dan cuenta sistemáticamente de la calidad del líquido, a pesar de que existen distintos sistemas de monitoreo. En ello influyen sin duda los referentes sociales, económicos y políticos asociados al consumo de agua y su regulación sanitaria.4 Entre ellos, vale considerar que desde 2002 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el derecho humano al agua como fundamental, lo cual implica acceder a "agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos (ONU 2002).5

De acuerdo con Jiménez (2008), el concepto de calidad del agua es un término abstracto que sólo adquiere un sentido práctico susceptible de ser medido cuando el agua se asocia a un uso determinado (agrícola, doméstico, industrial); y se establecen parámetros y valores para su cumplimiento. El agua de tubería para consumo humano remite a evaluar al menos las fuentes de abastecimiento y el agua potable que se suministra, tanto en términos de su calidad bacteriológica como también fisicoquímica y radioactiva.6 Sin embargo, en la práctica suele medirse el contenido de cloro residual y, en ocasiones, mucho menos frecuentes, la densidad de coliformes fecales. Paradójicamente, la cloración presenta a su vez riesgos para la salud, debido al deterioro creciente de las fuentes de suministro, lo cual ocasiona que se generen subproductos de desinfección (compuestos organoclorados y trihalometanos) que pueden ocasionar cáncer (Dummick y Melnick 1993; Cantor et al. 1998; Villanueva et al. 2001a, 2001b; Núñez et al. 2005; Navarro et al. 2007).

Según lo reconocen fuentes oficiales en México, los problemas de calidad de agua son severos y tienen un fuerte rezago en su atención, comparados con los relativos a la cantidad y a la provisión de servicios a la población, por ello, el monitoreo de la calidad del agua es un proceso que debe ser eficaz, regulado y actualizado (Carabias 2005). En este sentido, interesa destacar la importancia de los acuíferos (aguas profundas), pues en México aportan cerca de 70 por ciento de agua que se destina para consumo de la población (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA 2009). Su potabilidad se establece legalmente cuando un acuífero cumple con los 41 parámetros estipulados en la norma NOM-127-SSA1-1994.A pesar de esto, aún son escasos los estudios sobre su calidad, al igual que los programas de protección (Santos Burgoa et al. 2002), en especial en lo que se refiere a su calidad fisicoquímica, de la cual sólo se da seguimiento adecuado a ciertos factores contaminantes, como la salinidad y otros indicadores (demanda química y bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos). Se considera que el problema de la contaminación de acuíferos es preocupante en el país, con estimaciones superiores a 90 por ciento y más de los cuerpos de agua (López y Lechuga 2001; Jiménez 2008; Aboites et al. 2008; Lima y Mazari 2005). Además, la calidad del agua subterránea se deteriora por sobreexplotación, y en las últimas décadas el número de acuíferos sobreexplotados se triplicó; de 32, en 1975, a 104, en 2006 (Aboites et al. 2008). En cuanto a su calidad bacteriológica, aunque han aumentado considerablemente las localidades que efectúan desinfección del agua por cloración y el número de plantas potabilizadoras en el país (631 para 2009, según INEGI 2011b), persisten diferencias notables entre la eficiencia de cloración y su monitoreo cuando se compara su desempeño entre entidades federativas, y cuando se indagan los contrastes entre las localidades de los estados.7

Una manera indirecta de estimar el daño a la salud de la calidad bacteriológica del agua lo constituyen ciertos indicadores de morbilidad, como la tasa de enfermedades diarreicas agudas, cuya etiología con frecuencia es infecciosa, aunque no siempre bacteriana.8 Su incidencia suele ser mayor en menores de cinco años y sus consecuencias son más severas en menores de uno, quienes son más susceptibles de morir por esta causa. Al respecto, se ha demostrado que existe una relación entre el incremento en la cobertura de agua potable y la disminución de la tasa de mortalidad en menores de cinco años. Así, en México entre 1990 y 2006 el porcentaje de cobertura de agua potable aumentó de 77 a 89, y la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años descendió de 122 a 14 por cada 100 mil habitantes, como puede apreciarse en la figura 1. Asimismo, se documentan diferencias significativas en la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en el país, las cuales, según algunos estudios, guardan una relación considerable con la desinfección del agua (Isaac et al. 1994; Gutiérrez et al. 1989; Castillo et al. 2000; Félix et al. 2007), aun cuando otros no han encontrado una asociación significativa entre las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y la calidad bacteriológica del agua, pero sí con respecto a parasitosis intestinales (Sánchez et al. 2000). Si bien la tasa ha tendido a la baja, como se ve en la figura 2, las diferencias en incidencia entre entidades federativas son considerables.9 Aunque la proporción entre la mala calidad del servicio de agua en relación con la presencia de diarreas varía de manera importante, debido a que el origen de éstas es multifactorial (calidad de la fuente, saneamiento, condiciones de la infraestructura y hábitos de higiene), algunos estudios internacionales han establecido una relación proporcional entre estas variables (calidad de agua y EDA).10

 

Normatividad y programas gubernamentales

La normatividad sobre la entrega de los servicios de abastecimiento de agua establece que son los municipios los responsables de prestarlos. Sin embargo, en la práctica la situación es muy heterogénea en el conjunto del país, pues en algunos estados son empresas estatales o regionales las encargadas de este servicio, también existen algunas experiencias de privatización, mientras que en áreas rurales las juntas de agua están a cargo del abastecimiento. Todas deben ajustarse a la normatividad en la materia, y ello implica advertir que son varias las instancias que vigilan su cumplimiento. El marco legal federal en materia de agua está integrado por los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Ley Federal de Derechos, la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas (NOM) (Santos Guzmán et al. 2009).

La CONAGUA, dependencia autónoma de la SEMARNAT, establece las políticas nacionales en agua y saneamiento, como la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, cuyos objetivos son evaluar las tendencias de la calidad del agua, fortalecer el cumplimiento de la regulación sobre la contaminación de los cuerpos de agua e identificar problemas asociados con ciertos contaminantes (arsénico y metales). A la vez, se encarga de monitorear y reportar la desinfección del agua entregada en bloque. La CONAGUA conduce el Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua, y coadyuva en el mejoramiento de infraestructura de agua potable, mediante una serie de programas.11 No obstante, como señalan algunos especialistas, la actuación de la CONAGUA en materia de abasto y calidad del líquido deja mucho qué desear, y la información sobre dichos rubros en el país es contradictoria, adolece de actualización, es poco accesible, poco usada y susceptible de manejos políticos (Aboites et al. 2008).

La Ley General de Salud de 1984, en el título sobre promoción de la salud, otorga a la Secretaría de Salud (SSA) la responsabilidad de determinar los valores de la concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente. También de emitir las normas técnicas a que deberá sujetarse el tratamiento de agua para uso y consumo humano, y establecer los criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, además incluye las sanciones a quien contamine cualquier cuerpo de agua, con el fin de evitar riesgos y daños a la salud pública. Y establece que la SSA es la responsable de fijar los requisitos sanitarios para el con-sumo humano; para ello cuenta con las NOM, en las que se definen los parámetros, que incluyen características físicas (profundidad, temperatura), biológicas (bacterias y parásitos) y químicas; de tipo orgánico, inorgánico (sales, metales, plaguicidas) y en trihalometanos (compuestos que se forman de la reacción de la materia orgánica con derivados halogenados).12

La SSA delega sus competencias regulatorias en la materia en una instancia desconcentrada desde 2001, la COFEPRIS, "[...] que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables" (SSA 2004). Las atribuciones de COFEPRIS relacionadas con la calidad bacteriológica del agua comprenden el establecimiento del sistema de vigilancia de la calidad del agua, que es el principal, lo cual incluye el desarrollo de criterios sanitarios para la certificación del agua para consumo humano, también de lineamientos para la clasificación sanitaria de cuerpos de agua en el país.

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal ejercen una serie de competencias, variadas e inespecíficas, en sus consejos o comisiones estatales de agua. Asimismo, en los estados y en el Distrito Federal, COFEPRIS ha establecido acuerdos de coordinación con las áreas de regulación sanitaria (ARS),13 responsables de la regulación sanitaria. Las ARS se encargan de la certificación y revalidación de la calidad del líquido para uso y consumo humano en los sistemas formales de abastecimiento público o privado, que incluyen los pozos naturales. También es de su competencia realizar visitas de verificación y ordenamientos a los OO que no cumplan con los niveles de cloración, y vigilar la inocuidad del agua para consumo humano (física, química, microbiológica y radioactiva). En el caso del agua de calidad bacteriológica (ACB), se reduce a monitorear los niveles de cloro residual y realizar muestreos bacteriológicos en forma periódica, verificar los sistemas de distribución del agua y aplicar sanciones en caso de incumplimiento normativo. También se encargan del ACB, de COFEPRIS, en municipios y jurisdicciones (donde cada semana recopilan los datos que se envían mensualmente a COFEPRIS).

Por su parte, los OO son responsables de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización de aguas y lodos residuales en los municipios; de ordenar los muestreos periódicos del agua (cloro y bacteriológicos) e informar a las autoridades competentes sobre resultados de análisis. Les corresponde llevar a cabo la cloración adecuada del agua en los depósitos, y suministrar los equipos e implementos requeridos para la calidad. Los laboratorios e instituciones responsables de contribuir con el cuidado del medio ambiente y de verificar la calidad de los recursos naturales a los que está expuesta la población deben de contar con una infraestructura de calidad, con equipo y recursos humanos, materiales y financieros que les permita laborar y proporcionar resultados confiables y reproducibles sobre la calidad de los recursos que se le suministran a la población. La Dirección General de Normas y la Entidad Mexicana de Acreditación son las entidades federales a cargo de proporcionar los lineamientos de acreditación y certificación nacionales a que se deben sujetar, según la norma ISO/IEC17025:2005. La acreditación consiste en reconocer la competencia técnica (personal idóneo) y la confiabilidad de los laboratorios de ensayo, mediante su capacidad de medida (equipos e instalaciones) y trazabilidad (medidas referidas al sistema internacional).

Mazari et al. (2005) sostienen que la normatividad es relativamente completa en ciertos rubros, como el referente a la calidad bacteriológica y fisicoquímica en cuanto a compuestos inorgánicos (arsénico, flúor, plomo, etcétera), pero incipiente en relación con compuestos orgánicos procedentes de contaminación (percloroetileno, tricloroetileno, tetracloruro de carbono, cloroformo y benceno, entre otros). Ello se debe a que la determinación de parámetros orgánicos es, en general, más costosa que la de los inorgánicos, por ser más reciente. Además, no se cuenta con el equipo, la infraestructura necesaria, ni el personal técnico entrenado para llevar a cabo este tipo de análisis. Por esta razón, las decisiones relacionadas con la calidad del agua se basan en parámetros de tipo inorgánico, lo que en la actualidad resulta obsoleto, en vista de la contaminación del agua por residuos peligrosos procedentes de actividades industriales y agrícolas, las cuales dañan incluso a los acuíferos subterráneos (Bueno et al. 1996; Mazari 1995). A pesar de estas limitaciones, en la práctica la normatividad existente no se cumple cabalmente respecto a la calidad microbiológica, pues se concentra en el monitoreo de la cloración.

En México existen 2 439 municipios, pero sólo en la mitad de ellos (1 200) hay OO que brindan los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, a pesar de que tienen la responsabilidad de hacerlo, desde 1981, y también del tratamiento y disposición de aguas residuales, desde 1989. Si bien pudiera considerarse que esta medida debería desembocar en mayor eficiencia y calidad del servicio, en la práctica la calidad se ve obstaculizada por el vínculo directo entre los organismos operadores y los gobiernos municipales, lo cual dificulta su manejo autónomo, profesional y con trabajadores de carrera, desligado de criterios político-electorales. Un ejemplo es la alta rotación de personal directivo de estos organismos, que labora en promedio 2.6 años (Pineda 2006).

La desconfianza de la población en la calidad del agua de la llave ha propiciado, junto con otros factores, el incremento del consumo de agua embotellada. Según la ONU, en 2004 México ocupó el segundo lugar mundial en consumo per cápita, con 1690 litros/ persona/año. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada (ANPDAPAC) (Marañón 2008), existen 6 500 productoras de agua en México, de las cuales 84 por ciento son catalogadas como microempresas. El mayor volumen de ventas se realiza en la presentación de garrafones (83 por ciento) y el resto en envases personales y familiares. Del total de empresas purificadoras, se estima que 2 500 (38.5 por ciento) son "informales", es decir, que llevan a cabo sus operaciones por fuera de la norma. Este segmento denominado "llenadores" (porque toman agua de la llave para llenar garrafones sin tratamiento previo) controla cerca de la mitad del mercado nacional de presentaciones de 19 litros. Además, 85 por ciento de los negocios que producen agua embotellada no cuentan con infraestructura y controles sanitarios adecuados, y se calcula que puede haber de 5 a 8 mil establecimientos clandestinos (Ibid).14

 

Protección contra riesgos y agua de calidad bacteriológica

La COFEPRIS es la responsable de la protección contra riesgos sanitarios derivados del consumo de agua entubada, y diseñó el proyecto "Agua de calidad bacteriológica", cuyo objetivo primordial es contribuir a la protección de la salud de la población contra riesgos de origen bacteriano en el agua para uso y consumo humano, mediante la vigilancia de la desinfección del agua que se distribuye en los sistemas formales de abastecimiento. Para ello, conduce un sistema de información nacional que consta de cuatro indicadores porcentuales: a) eficiencia de cloración, b) cobertura de vigilancia sanitaria, c) población que cuenta con red formal de abastecimiento y d) población sin riesgo por consumo de agua; comprende la construcción permanente de una base de datos que es alimentada con el reporte mensual de cobertura en monitoreo de la vigilancia y los índices de cloro residual. Estos datos son compilados por diversos tipos de personas en la mayoría de localidades del país, que cuentan con sistemas formales de abastecimiento de agua. Después, las ARS de cada entidad federativa (que forman parte del Sistema Federal Sanitario, organizado por COFEPRIS) se encargan de recopilar esta información, sistematizarla y enviarla a la Comisión para su integración. Otras actividades del proyecto ACB son promover ante las autoridades sanitarias estatales la optimización de la vigilancia de la cloración del agua estandarizar la metodología entre todos los involucrados, fomentar ante los OO de los sistemas de abastecimiento de agua la cloración adecuada, y apoyar la creación de programas que difundan el fomento sanitario en localidades que no cuentan con red formal de abastecimiento de agua.

El monitoreo de la calidad del agua es de observancia obligatoria en el territorio nacional, y se aplica a todos los OO de los sistemas de abastecimiento público. Corresponde su vigilancia a la SSA, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, Gobierno del Distrito Federal, comisiones estatales de agua y saneamiento y la CONAGUA, en sus respectivos ámbitos de competencia. El propósito de desinfectar con cloro el agua, que se distribuye mediante los sistemas de abastecimiento, es prevenir enfermedades para asegurar la protección de la población contra riesgos derivados de la presencia de contaminantes bacteriológicos. La normatividad sanitaria establece que el agua para la población debe contener entre 0.2 y 1.5 µg/L de cloro residual libre. La efectividad del procedimiento de desinfección se puede evaluar mediante un análisis bacteriológico, en busca de microorganismos patógenos. Sin embargo, por razones económicas, no es posible hacerlo. En la práctica se realiza un método sencillo y de menor costo: el monitoreo de cloro residual libre, indicador fundamental cuya presencia señala que no se ha introducido materia orgánica, y quizá tampoco microorganismos en tuberías. Para un sistema de monitoreo eficiente, es imprescindible realizar un muestreo microbiológico combinado con la determinación de cloro residual libre, puesto que la presencia de este último no implica necesariamente la ausencia de organismos patógenos en el agua, ya que depende mucho de la cantidad de materia orgánica presente y la dosificación de cloro aplicada, así como también el lugar y tiempo en que se realicen ambos análisis.

Según los acuerdos de coordinación con las entidades federativas, una de las atribuciones de COFEPRIS es entrenar al personal en las ARS de los estados, para administrar y operar el sistema de información y proporcionar los insumos necesarios. También le corresponde acordar con las ARS el contenido de los formatos para la recopilación de información, y suministrar los equipos e insumos necesarios para implantar el sistema de información en materia de riesgos sanitarios. Ello puede abarcar al equipo de monitoreo del cloro residual y a los implementos para el análisis de muestras bacteriológicas. También ejercer la supervisión y vigilancia técnica de la ejecución y desarrollo del proyecto ACB, e informar periódicamente a las ARS sobre las acciones que deriven del control y regulación sanitarios. No obstante, todo está sujeto a la disponibilidad presupuestal, pues son atribuciones que se ejercen en forma coordinada entre las ARS y los sistemas estatales de salud (SESA), instancias hoy descentralizadas de la Secretaría de Salud nacional.15

 

Metodología de la evaluación

La evaluación realizada sobre el agua se restringió al proyecto ACB de COFEPRIS, tanto en la valoración de su desempeño, como en la gestión de las actividades que conducen las ARS en las entidades federativas.16 Se partió del análisis documental, se hizo una revisión bibliográfica sobre el estado del arte de investigaciones e informes acerca del tema de la calidad del agua para consumo humano, lo cual incluyó insumos hemerográficos a escala nacional y en los estados seleccionados. Asimismo, se entrevistó a personal de COFEPRIS (3 casos) y de las ARS (18), en 31 localidades de diez estados. Además de observaciones etnográficas en los sitios visitados, se aplicaron dos instrumentos que dieron origen a bases de datos: una encuesta a usuarios de los sistemas de distribución de agua para consumo humano (223 casos) y otra a organismos operadores de agua/plantas potabilizadoras (11). Se efectuó también un análisis de datos sobre incidencia de enfermedades diarreicas en municipios y localidades estudiadas, con datos recopilados por las jurisdicciones sanitarias respectivas o con base en la Encuesta nacional de salud 2005-2006.17

En cada sitio seleccionado se obtuvo información en potabilizadoras y OO, para apreciar en qué medida se están previniendo los riesgos sanitarios de origen bacteriológico en agua sujeta a cloración. Esto se realizó mediante entrevistas a diversos actores (organismos operadores y plantas potabilizadoras) y con la aplicación de guías de cotejo y verificación (checklist), cuyo registro atendió tanto lo recopilado verbalmente como la observación directa. La evaluación incluyó, en cada dependencia, la estimación de los insumos humanos y materiales, en términos de personal asignado y autorizado para estas funciones. Para la vigilancia de las medidas sanitarias se revisaron los manuales de muestreo y las metodologías utilizadas para la desinfección y el cumplimiento de lineamientos según la normatividad correspondiente (NOM-127-SSA1-1994, NOM179-SSA1-1998 y NOM-230-SSA1-2002). En cada valoración se hicieron análisis de tipo cualitativo y cuantitativo.18

Con el fin de evaluar el desempeño de las funciones atribuibles a las ARS en relación con el proyecto "Calidad de agua bacteriológica", se determinó un indicador de desempeño (ID) considerando las actividades de dos instancias con injerencia en la calidad del agua: ARS y OO, además de incluir el concurso de la opinión pública resultante de la encuesta a los usuarios. Para determinar el ID se diseñó una base de datos con cada una de las variables consideradas para cada localidad visitada: la población con acceso al sistema formal de abastecimiento, la cobertura de vigilancia basada en el monitoreo de cloración, el perfil de los responsables, el personal implicado en cada una de estas actividades y el apego a la normatividad para el cumplimiento de sus funciones. Para obtener el desempeño del OO y ARS se tomaron en cuenta los recursos, insumos, infraestructura y eficiencia de cloración en cumplimiento de norma.19

 

La protección contra riesgos en agua para consumo humano

No cabe duda de que la creación de COFEPRIS en relación con el tema del agua de calidad bacteriológica significa un gran avance para el país, en materia de protección contra riesgos sanitarios derivados del consumo de agua en las redes formales de distribución. Esto aplica en especial a la actuación de esta instancia en la emisión de la normatividad relacionada. No obstante, en el plano práctico, la protección contra riesgos sanitarios enfatiza el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994, descuidando los riesgos a la salud implicados en el incumplimiento de las NOM-179-SSA1-1998 y NOM-230SSA1-2002. La inobservancia de la NOM-179-SSA-1998 deriva en la carencia de un programa de trabajo que manifieste las condiciones de eficiencia en que se desarrollan las actividades, favorece la falta de verificación sanitaria de las instalaciones hidráulicas y la ausencia de confirmación de la confiabilidad de los resultados de cloración y de calidad bacteriológica a que se deben de someter las aguas para su distribución.Asimismo,permite modificar el número de muestreos, y considerar menos puntos de vigilancia en la red de abastecimiento. El incumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 conduce a tener una infraestructura deficiente y carente de mantenimiento, mane-jar materiales de calidad inadecuada, mantener las instalaciones en deterioro y no contar con las herramientas necesarias para otorgar un mantenimiento adecuado y a tiempo. Además, permite la ineficiencia en el manejo de los procedimientos sanitarios de muestreo y recolecta de muestras de agua.

Un logro de COFEPRIS es el establecimiento de los sistemas de vigilancia de la cloración, el de procedimientos para la certificación de OO y plantas potabilizadoras y el de información nacional, donde se incluyen los resultados tanto del programa de monitoreo como de certificación. Este sistema se encuentra en proceso de georreferenciación para la elaboración de un atlas nacional de riesgos, con la participación del Instituto Nacional de Salud Pública y otras instancias de la SSA. Morelos es un estado piloto en georreferenciación del sistema de vigilancia. No obstante, aún queda mucho por hacer para proteger –incluso desde un limitado punto de vista bacteriológico– a la población mexicana de riesgos en el proyecto ACB; primero, sólo contempla a las cabeceras municipales del país, y está dejando sin vigilancia –e incluso de cloración– a numerosas localidades ubicadas fuera de la sede municipal, pese a que tienen sistemas formales de red de abastecimiento de agua.20 En segundo término, porque no se incluye el análisis y la protección del riesgo de la población mexicana que no se abastece mediante agua entubada, que en la actualidad representa 11 por ciento, según datos de COFEPRIS, de julio de 2008.

Otro aspecto fundamental es que no se ha logrado la meta establecida originalmente en el Programa Nacional de Salud 2007– 2012, de incrementar a 95 el porcentaje de muestras de agua que tengan contenido de cloro que garanticen agua de calidad bacteriológica. En eficiencia de cloración, la meta de 92.5 por ciento, fijada por COFEPRIS para 2008, no se ha alcanzado. Las cifras hasta el mes de julio indican un porcentaje promedio nacional de 88.9. La meta se alcanzó o superó en 18 de las entidades y 14 estuvieron abajo del promedio nacional.21 Lo mismo sucede en el indicador de cobertura de vigilancia, que fue superado a escala nacional con 83 por ciento, frente a la meta de 79.5. Sin embargo, en los asentamientos visitados la vigilancia promedio fue de 86.96 por ciento, lo cual es bajo si se considera que todas fueron localidades accesibles, incluso las capitales de los diez estados de la muestra (COFEPRIS s/f).

El proyecto ACB requiere de una investigación más detallada para constatar la protección efectiva contra los riesgos sanitarios por consumo de agua. Por una parte, las evidencias etnográficas sobre la forma en que en ciertos lugares se está llevando a cabo el programa de vigilancia y de cloración nos hacen dudar de la efectividad del mismo sistema de monitoreo y también de desinfección.22 En la vigilancia de la optimización de la cloración del agua para uso humano influyen los factores siguientes, en orden de importancia: falta y disponibilidad de recursos financieros, capacitación y escolaridad insuficiente (nivel promedio de educación media básica) e insumos escasos (humanos y materiales), con que trabaja el personal responsable de verificar en las ARS.A ellos se agregan la negligencia, falta de interés y programas deficientes, lo cual genera grandes contrastes en la protección contra riesgos derivados, sobre todo al comparar ciudades capitales con las medianas y poblados pequeños.23

La falta de confianza en la protección del riesgo sanitario se manifiesta en una situación paradójica: 75 por ciento de la población encuestada no ingiere agua entubada por considerarla no apta para consumo. Hay desconfianza sobre la eficiencia del sistema de potabilización del organismo operador. El hábito de la ingesta de agua entubada ha cambiado al consumo de la envasada, de la cual hay también evidencias –en otras investigaciones-sobre la mala calidad en buena parte de las marcas comerciales. El costo económico también ha sido estimado en otros estudios, y es considerable. Lo paradójico estriba en que muchos de los OO manifestaron problemas para ofrecer agua de calidad, debido a que una parte importante de los usuarios no paga sus cuotas (véase figura 3).

El proyecto ACB de COFEPRIS tiene logros notables, pero también aspectos mejorables, pues su desempeño es insuficiente e inconstante. Ha impulsado la protección de riesgos, a través del programa de monitoreo de la cloración, la dotación de insumos (comparadores colorimétricos, vehículos y equipo de cómputo) y capacitación al personal de las ARS. También ha realizado gestiones ante la CONAGUA para dotar de insumos a municipios cuya eficiencia de cloración se encuentra por debajo de 85 por ciento, como sucedió en 2005. En materia de fomento, se elaboró el Manual de muestreo y determinación de cloro residual libre y el folleto Lineamientos para el monitoreo de cloro residual libre en sistemas formales de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. No obstante, el personal de las ARS entrevistado denotó desconocimiento de la existencia de estos materiales, y también señaló deficiencias en capacitación. Las ARS han sido poco visitadas por COFEPRIS en relación con el proyecto ACB, que tiene limitantes: no contempla como indicador los resultados de muestras bacteriológicas, las cuales son tomadas –con criterios muy heterogéneos-tanto por personal de las ARS como por los mismos OO, aunado a que no se cotejan sus resultados ni los relacionados al cloro residual. Tampoco se cumplen los criterios normativos de conservar los registros de los monitoreos en forma cabal.24

Otra limitación del proyecto es que estima su impacto sólo a través de la incidencia de enfermedades intestinales mal definidas y enfermedades diarreicas agudas, cuando debería de consignar otras patologías derivadas del consumo de agua de mala calidad bacteriológica (hepatitis A, shigellosis, salmonelosis, etcétera).Tampoco se utilizan los brotes de estas enfermedades como medidas de impacto. Estos aspectos deberían de ser considerados en la actual elaboración del atlas de riesgos. Por otra parte, no existe un manejo trasparente de los riesgos sanitarios a la población, por ejemplo informar sobre la incidencia de enfermedades diarreicas (y las demás hídricas), tanto a los usuarios de los sistemas de agua como a los OO y las ARS.

La articulación prácticamente nula entre las ARS y los OO constituye una seria limitante para la realización adecuada del proyecto ACB en el ámbito local. De acuerdo con las entrevistas y las visitas de campo, se constató que no se trabaja de manera conjunta, se duplican actividades, la información relevante sobre cloración se maneja en forma independiente y no se cotejan resultados. Esto trae como consecuencia una interpretación incorrecta de las concentraciones reales de cloro residual libre en los sitios de muestreo. Por lo tanto, existen diferencias entre los porcentajes de eficiencia y vigilancia de la cloración reportados por ambas instituciones; por ello, el impacto del proyecto ACB en las entidades se ve afectado: faltan manuales apropiados para el personal, el cual tiene –en lo general– baja escolaridad. Cada localidad se maneja con criterios propios y con las recomendaciones propuestas por los proveedores químicos sobre dosificación de cloro.

Otro aspecto apenas considerado por el proyecto ACB es la incorporación de los resultados de las certificaciones de calidad sanitaria a los OO y las plantas potabilizadoras; de las diez visitadas, 4 están en excelentes condiciones, dos en buen estado, dos en estado regular, una en malas condiciones y una más en estado pésimo. Estos resultados cuestionan la actividad de certificación y revalidación que deben llevar a cabo las ARS, y que deberían formar parte de los indicadores considerados por el proyecto ACB. La acción de las ARS adolece también de coordinación con el OO para establecer los programas anuales de trabajo, lo que repercute en las acciones de desinfección del agua, porque descuida la vigilancia y verificación de su cloración. En vez de gestionar se sanciona, y no se sanciona de forma eficaz para la protección del riesgo; se suele sancionar sólo la nula cloración, pero no la insuficiente ni la excesiva, y las sanciones producen mayor desfinanciamiento del OO, con lo cual la situación tiende a empeorar. También existen criterios políticos locales que impiden que se ejerza la función rectora.

En los tres niveles de gobierno, un elemento común es la falta de recursos financieros para desempeñar sus funciones. Ello genera problemas como: incumplimiento de metas, falta de verificación, no reconocimiento sanitario de las instalaciones hidráulicas, monitoreos insuficientes, deficiente infraestructura y capacitación de personal, desconfianza de la población sobre la calidad del agua suministrada e, incluso, renuencia en algunas localidades de los estados de Chiapas, Oaxaca y Chihuahua a la aplicación de cloro, por usos y costumbres.

 

Conclusiones

La COFEPRIS ejerce de manera parcial y deficiente sus atribuciones en materia de control y fomento sanitario en el rubro de agua de calidad bacteriológica. Lo que debería ser una estrategia integral de gestión, coordinación, vigilancia epidemiológica, uso del enfoque de riesgo para la toma de decisiones, capacitación y rectoría se reduce en la práctica a la conducción del sistema de información basado en el monitoreo del cloro. Por ello, debe reestructurarse el proyecto ACB más allá de los aspectos normativos, e incluir actividades y articulaciones de carácter integral y eficacia preventiva; sin demérito de que el apego a la vigilancia de ACB debe sujetarse a lo estipulado en la Ley General de Salud, artículo 17bis, con énfasis en la observancia de las fracciones VI, X, XI, relativas al control y vigilancia sanitaria de establecimientos destinados al proceso de saneamiento básico, al cumplimiento de aplicación de sanciones y medidas de seguridad en el ámbito de su competencia y al ejercicio de atribuciones en materia de efectos del medio ambiente en la salud, especialmente en residuos peligrosos.

De forma más específica, parece insuficiente evaluar la protección a la salud de la población con base en el incremento en la eficiencia de la desinfección del agua para uso y consumo humano, que se distribuye en los sistemas formales de abastecimiento. Enfocarse sólo en este aspecto hace que se descuiden las bases del procedimiento sanitario para la obtención de agua de calidad y otras variables, que son asimismo relevantes para asegurar la protección contra riesgos sanitarios por recursos hídricos. Entonces, se requiere reestructurar el sistema de información, y elaborar un nuevo formato no sólo de certificación y de vigilancia sanitaria periódica, que contemple todo lo estipulado en las NOM-127-SSA1-1994, NOM-179-SSA1-1998 y NOM-230-SSA1-2002. Que el incumplimiento de la norma rebase los límites permisibles (1.5 ppm Cl), debe reconocerse como riesgo para la salud, por los efectos negativos que puede generar la formación de compuestos tóxicos.

Además, es preciso fomentar la prevención de riesgos a la salud, mediante la capacitación a personal de las ARS y OO sobre el conocimiento de las repercusiones de exceder los límites permisibles de las sustancias químicas utilizadas en la desinfección. De igual manera, debe resolverse la falta de utilización cabal de los sistemas de vigilancia epidemiológica, para una toma de decisiones racional basada en el enfoque de riesgo. Es insuficiente, además, limitar el indicador de daño en la incidencia de eda. COFEPRIS debe considerar otras patologías asociadas al consumo humano de agua como factores de riesgo. Y establecer una mayor coordinación con actores relevantes para utilizar en forma cruzada estos y otros resultados factibles (muestreos bacteriológicos, estudios de brotes, resultados de verificaciones, etcétera), que lleven a su utilización inteligente y oportuna para apoyar la coordinación intersectorial entre niveles de gobierno y la sociedad civil. En síntesis: ejercer la función de rectoría.

Los recursos financieros con que cuentan las ARS en cada localidad son, por lo general, escasos e influyen en la vigilancia y eficiencia de cloración. En los estados visitados, COFEPRIS es sólo un órgano receptor de información, y no cumple con sus atribuciones y funciones. Las ARS deben elaborar un diagnóstico situacional de cada localidad, con la finalidad de asignar de manera eficiente los recursos financieros que requiere la problemática específica de cada una. La falta de integración entre todos los involucrados para mane-jar metodologías estandarizadas constituye una limitante seria para la vigilancia adecuada de la calidad del agua. Para ello, se deben homologar los lineamientos del desempeño en la vigilancia, mediante la elaboración de manuales didácticos de muestreo, cuyo objetivo sea la simplificación de metodologías de análisis y la optimización de los métodos de monitoreo, así como su consulta ágil y sencilla en las localidades.

No existen criterios claros en las metas anuales asignadas al programa de verificación de la cloración del agua, que suelen ser modificadas mediante oficios que COFEPRIS envía a las ARS, donde se les notifica a las entidades que pueden reducirlas por motivos de eficiencia presupuestal. Ello provoca que las ARS reduzcan arbitrariamente sus puntos de muestreo sin seguir criterios técnicos. Al respecto, se debe evitar la reducción de metas, en la medida de lo posible. O, en todo caso, construir criterios técnicos claros y razonables. La falta de personal calificado, aunado a las deficiencias en recursos y capacitación, debilita la optimización de recursos disponibles en cada localidad y el óptimo funcionamiento de la infraestructura con que se cuenta. Se requiere establecer convenios con instituciones académicas para el desarrollo de procesos de análisis y certificación, proyectos de investigación, programas docentes y formación de técnicos especializados en materia de vigilancia y eficiencia de cloración del agua.

 

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NOTAS

1 Agradecemos la valiosa colaboración de José Luis Moreno y Juan Enrique Ramos, por la asesoría técnica y estadística, y a los investigadores de campo Flor Meraz, Daniela Moreno, David Córdova y Diego Robles en la recopilación y análisis de datos. Este trabajo fue parte de la evaluación COFEPRIS 2008 (Haro et al. 2009), ejercicio que estuvo a cargo del CESS de El Colegio de Sonora y cuyo principal objetivo fue evaluar las tareas de la COFEPRIS. El financiamiento provino de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, de la Secretaría de Salud.

2 Al respecto, vale recordar que en la actualidad más de mil millones de habitantes de países en desarrollo no disponen de acceso a la cantidad mínima de agua limpia, además de que 2 600 millones carecen de saneamiento básico (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2006). Debido a los servicios deficientes en suministro de agua existe mayor riesgo de contraer alguna de las llamadas enfermedades de origen hídrico, que incluyen las trasmitidas por agua contaminada (waterborne); las basadas en el agua (water based), como los parásitos; las infecciones dispersadas por agua, como la legionella o ciertos tipos de meningitis y otras (por higiene deficiente o privación hídrica y su exceso). Entre las enfermedades trasmitidas por agua contaminada destacan las diarreicas, pero también numerosos tipos de parasitosis intestinales, esquistosomiasis, dracunculiasis, tracoma, dengue, paludismo, tripanosomiasis y oncocercosis, entre otras. Algunos autores incluyen dentro del concepto a los contaminantes químicos (Mazari et al. 2005;Yassi et al. 2001). La diarrea provoca millones de muertes cada año en el mundo, además afecta el desarrollo nutricional y psicomotor, en especial en menores de cinco años. Cabe señalar que 88 por ciento de las enfermedades diarreicas se atribuye a carencias en abastecimiento, calidad de agua y obras de saneamiento (World Water Council, WWC 2006). Por tales razones, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir a la mitad el número de personas sin acceso sustentable al agua potable y al saneamiento en el año 2015 (UNESCO 2006).

3 Según los resultados del censo de 2010, 91.5 por ciento de las viviendas particulares habitadas tienen disponibilidad de agua entubada, mientras que 90.3 dispone de drenaje. Sin embargo, las diferencias regionales son significativas; en poblaciones con menos de 2 500 habitantes, la disponibilidad de agua es de 76.2 por ciento, y 68.6 de drenaje; en las de más de 2 500 habitantes las cifras respectivas son de 95.8 y 96.4 por ciento. Asimismo, las diferencias son marcadas entre entidades federativas, que a pesar de contar con abundantes recursos hídricos mantienen índices de cobertura menores al promedio nacional, como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 2011a).

4 Como ocurre en otras partes del mundo, la mala calidad del agua afecta en mayor medida a las clases sociales bajas. Según el World Resources Institute, WRI (2005), los riesgos a la salud entre quienes tienen ingresos inferiores a un dólar estadounidense al día son nueve veces mayores que para el resto de la población. La mala calidad de las fuentes de agua y, por consecuencia, la del agua potable se origina en la falta de control de las fuentes de contaminación.

5 Existen pocos estudios internacionales que comparen la calidad del agua entre países, pero interesa mencionar que en uno realizado por la UNESCO (2003), México se ubicó en el lugar 106 de 122, por debajo de países con un producto interno bruto menor, como Jamaica, Perú, Bolivia, Nicaragua y Haití.

6 Cabe mencionar que entre los contaminantes químicos en agua más comunes en México están los nitratos y nitritos procedentes del uso de plaguicidas, así como elementos naturales nocivos como flúor, arsénico, plomo, cromo, manganeso, cloruros y sulfatos (Santos Burgoa et al.2002). A pesar de que se cuenta con normas y existen estudios específicos en numerosos acuíferos del país (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA 1999; Vega Gleason 2001; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT 2006), en general su evaluación aún no se ha incorporado sistemáticamente a la protección contra riesgos derivados del consumo de agua.

7 El método de desinfección más utilizado es la cloración, que consiste en adicionar hipoclorito de sodio al agua en algún punto de la red de distribución. La eficiencia de cloración se relaciona con la eliminación efectiva de organismos patógenos del agua, que fue sujeta al proceso de desinfección en las fuentes de abastecimiento (Flores Luna 2002). Los parámetros bacteriológicos de calidad del agua deben cumplir con la NOM-127-SSAI-1994. Según COFEPRIS, el volumen de agua desinfectada se ha incrementado en forma gradual, de 84.5, en 1991 a 97.1 por ciento, en 2009. El promedio nacional conocido como eficiencia de cloración es de 86 por ciento. En Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima y Tabasco la cobertura de desinfección llegó a 100 por ciento (Ibid).

8 Los agentes infecciosos que causan diarrea por lo general se trasmiten por vía fecal-oral, por consumo de agua o alimentos contaminados. Pueden ser virus, bacterias y parásitos y, en el caso del agua contaminada, su importancia no reside sólo en los episodios agudos de enfermedad sino también en el efecto de estas infecciones en el estado nutricional e inmunitario, sobre todo en menores de edad.

9 La Dirección General de Epidemiología (DGEPI), de la Secretaría de Salud, reportó que entre 2007 y 2008 la tasa de enfermedades diarreicas infecciosas intestinales en el país disminuyó en 2.91 por ciento. Al comparar los estados incluidos en esta evaluación, se observan contrastes notables entre lo reportado por Nayarit, con la mayor tasa de enfermedades infecciosas intestinales, con 8692.90 por 100 mil habitantes, seguido de Aguascalientes, Oaxaca y San Luis Potosí, con 7728, 6552.94 y 6330.21 respectivamente. Los que registraron la menor tasa fueron Nuevo León, con 5209.08; Distrito Federal, con 4584.77 y Chiapas, con 4547.86 (véase figura 2).

10 Así, COFEPRIS propone que la fracción atribuible diarrea/agua puede estimarse en 50 por ciento, pero la Organización Mundial de la Salud calcula que en los países en desarrollo debe encontrarse entre 85 y 90 por ciento (Marañón 2008). La proporción va en aumento a medida que la sanidad del agua es más deficiente.

11 Programa de Devolución de Derechos, para municipios, mediante la asignación de recursos a los organismos operadores (OO); Programa Modernización de Organismos Operadores de Agua, en localidades mayores a 50 mil habitantes; Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, para las de más de 2 500; Programa Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales y Programa Agua Limpia, de dotación de cloro a los OO para la desinfección del agua.

12 La norma que hace referencia a este punto es la NOM-127-SSAI-1994 (límites permisibles de calidad y tratamientos para potabilización hídrica), que tuvo una modificación en el año 2000, es la vigente a escala federal y de ella depende la calidad del agua que se consume como potable en la república mexicana. Hay otras dos, como la NOM-179-SSAI-1998 (calidad del agua para consumo humano en sistemas de abastecimiento público), para la vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida mediante sistemas de abastecimiento público; y la NOM-230-SSAI-2002 (requisitos sanitarios de los sistemas de abastecimiento y procedimientos sanitarios para el muestreo químico, físico y microbiológico e incluso radioactivo), que contiene los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua, así como los procedimientos sanitarios para el muestreo de sitios donde se monitorea la cloración.

13 Aquí se utiliza el término genérico áreas de regulación sanitaria para hacer referencia a las instancias equivalentes a COFEPRIS en los estados de la república mexicana, las cuales tienen nombres diferentes en cada uno.

14 En septiembre de 2005 se firmó un convenio entre COFEPRIS y la ANPDAPAC, para la aplicación de esquemas de autoverificación, pero sólo nueve de 6 500 establecimientos se habían acogido al acuerdo hasta agosto de 2006. A esa fecha, 12 empresas habían obtenido la calificación de empresas de calidad sanitaria. Todas son regionales y no están presentes los mayores consorcios que controlan el mercado. Respecto a las ventas no hay cifras precisas. Datos de la Encuesta nacional de ingresos de gastos de los hogares, levantada por el INEGI, en 2004, señalan que en ese año el gasto total fue de 8 mil millones de pesos, 30 por ciento del total de hogares mexicanos compró agua embotellada y el gasto promedio anual por hogar fue de 1 208 pesos (100 pesos mensuales). Sin embargo, la ANPDAPAC sostiene que las ventas en ese mismo año fueron de 29 mil millones de pesos, y 80 por ciento de la población mexicana consume agua embotellada (Marañón 2008).

15 Los acuerdos de coordinación establecen atribuciones o compromisos compartidos, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, entre COFEPRIS y los gobiernos de los estados. Entre ellos, la promoción de estudios de evaluación y análisis de riesgos a la salud, la modernización, simplificación y mejora regulatoria, la optimización de recursos, la estandarización y simplificación de procesos, la coordinación eficaz de sus atribuciones, además de la profesionalización y especialización de su personal. En cuanto al ACB, se relaciona de forma muy estrecha con el equipamiento de los laboratorios estatales de salud pública y también con la adquisición o suministro de los equipos de monitoreo del cloro residual y los muestreos bacteriológicos, cuyo análisis está asignado a las ARS.

16 El concepto "gestión del desempeño" se relaciona con el concepto de "función rectora" y, en este caso, alude a la capacidad de una instancia central como lo es COFEPRIS para hacer que se cumpla la normatividad sanitaria en territorio nacional, mediante la vigilancia y el fomento de las tareas necesarias en las entidades federativas (Organización Panamericana de la Salud, OPS 2007).

17 Uno de los procedimientos más relevantes de COFEPRIS, para evidenciar la eficiencia de cloración y el cumplimiento de norma, es el uso de las EDA; para determinar su comportamiento, se utilizó el total de población por entidades en 2005-2008, de acuerdo con las proyecciones de la población por el Consejo Nacional de Población 2005-2050, tomando en cuenta los casos de enfermedades infecciosas intestinales de la DGEPI. Esta información se obtuvo hasta la semana 52 del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 2005-2008. Con estos datos se determinó la tasa de EDA por cada 100 mil habitantes para cada estado y por cada año. El valor resultante a tomar en cuenta es el comportamiento de las EDA de 2008, con respecto a 2005.

18 En cada sitio seleccionado se investigó la dependencia, institución, personal asignado y autorizado para el desempeño de estas tareas, así como las funciones; de cada responsable (actividades por categorías); su capacitación (conocimientos y cursos adquiridos, necesidades) la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las funciones; fuentes de abastecimiento de agua para la localidad en estudio, los sistemas de distribución del vital líquido, así como de desinfección (potabilización, por sustancias químicas, filtración, carbón activado); la eficiencia en el sistema de desinfección del agua (potabilización, cloración, yodación), así como su vigilancia, estado de las instalaciones de desinfección, procedimiento y calendarización del monitoreo de la calidad del agua; porcentaje de población con sistema de distribución de agua potable u otro; valoración del muestreo y análisis bacteriológico en los sistemas de distribución detectados y antigüedad y vida útil de la red de distribución del agua potable.

19 El valor asignado a cada variable se ponderó cualitativamente: 0 a 3, donde 0 significa no existe, 1 se refiere a que el recurso existe pero es insuficiente, 2 el recurso es ineficaz y 3 el recurso existe, es eficaz y suficiente. El valor resultante se deriva de la suma de los valores asignados por cada localidad y en cada rubro, dividido entre el máximo valor posible de eficiencia por estado.

20 Y también a numerosas cabeceras que aún no han sido incluidas en el monitoreo: de los 2 434 municipios del país, 1 718 cuentan con vigilancia de la calidad del agua, a través de la determinación de cloro residual libre en la red de distribución del sistema de abastecimiento formal. Los vacíos más importantes se concentran en Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Guerrero y Chiapas.

21 En Chiapas, Durango, Michoacán, Sonora, Guerrero y Veracruz la eficiencia fue menos de 80 por ciento. En lo que se refiere al porcentaje de población sin riesgo por agua, los resultados del proyecto ACB son heterogéneos, pues si bien se superó con 77 por ciento la meta nacional, de 75 por ciento, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán hay porcentajes de entre 40 y 60 de población sin riesgo por agua.

22 En algunos casos se obtuvo información de que las cifras de monitoreo y eficiencia de cloración no son resultados reales, sino datos sin sustento enviados a la ARS para cumplir con el requisito. Ello obedece a la heterogeneidad de actores que efectúan los monitoreos de cloro, lo cual incluye personal propio de las ARS, pero también médicos y enfermeras de centros de salud y otras personas de las localidades.

23 Destaca que de las 31 localidades visitadas en diez estados, sólo las capitales guardan un apego cabal a la normativa. El promedio de cumplimiento respecto a las tres NOM fue de 65 por ciento y desigual; Chihuahua, Monterrey y San Luis Potosí sobresalen en conservación y mantenimiento de su infraestructura (resultados de campo nuestros).

24 En la mayoría de las localidades visitadas, las capitales son las únicas que cuentan con archivos disponibles por lo menos de un año, pero sólo en lo referente a vigilancia de cloración, se desconoció la existencia de las bitácoras de mantenimiento y programas de actividades. La NOM-179-SSA1-1998 especifica que las bitácoras de cloración deben archivarse y estar disponibles para las autoridades competentes durante tres años como mínimo, y por cinco en lo que respecta a los programas de actividades, la cual debe estar avalada por las visitas de verificación de las ARS.

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Presentación

 

Blanca E. Lara Enríquez*

 

* Directora y profesora-investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: blara@colson.edu.mx

 

En ocho artículos que integran este número especial 3 de región y sociedad, los lectores encontrarán resultados de investigación sobre las dimensiones y actores que participan en la disputa actual por el agua. Se abordan temáticas relacionadas con el poder, los actores, la sobreexplotación de acuíferos, los organismos operadores y los riesgos sanitarios provocados por la calidad del agua.

En primer lugar, Jeffrey Bannister analiza la reconfiguración del territorio a partir del proyecto de modernización y la política hidráulica del presidente Porfirio Díaz, en vísperas de la Revolución Mexicana (1880-1910), y las luchas de poder por el agua en lo que hoy se conoce como el distrito de riego 038 o valle del Mayo. El autor dice que "el valle del Mayo es un punto de singular importancia para rastrear las raíces del ejercicio contemporáneo del poder sobre el agua."

Después, Diana Luque, Angelina Martínez Yrízar, Alberto Búrquez, Eduwiges Gómez, Alejandro Nava y Moisés Rivera se cuestionan si el agua ¿es de todos?, a partir de ello reflexionan sobre el acceso al territorio, al gua y a la biodiversidad de los siete pueblos originarios de Sonora: cucapá, seri, yaqui, mayo, pápago, pima y guarijío.

Esther Padilla Estudia la relación entre agua, escasez de agua en el ámbito local. A partir de la diferenciación entre "sequía" y "escasez", donde la primera se relaciona con eventos naturales y la segunda con la distribución inequitativa del recurso, analiza la construcción de la escasez de agua en el ejido San Miguel de Horcasitas, Sonora.

El cuarto artículo se enfoca en lo actores, Mario Velázquez analiza la protesta y movilización social originada en Ciudad Obregón, en 2010-2011, contra la construcción del acueducto Independiente. Parte del concepto espacios libres para entender los mecanismos de un grupo de actores para discutir, manifestar sus críticas y relacionarse con otros grupos. Para el autor, las protestas contra la construcción de dicho acueducto demuestran la carencia de espacios libres en el funcionamiento del Gobierno de Sonora. La existencia de estos espacios puede ser un instrumento que les brinde apoyo a las decisiones de política. Así, los espacios libres son canales de negociación indispensables dentro de una democracia que, si bien pueden aumentar el tiempo para tomar decisiones, reducen la incertidumbre de los posibles efectos del movimiento social, y aumenta la legitimidad que tendrá un plan de gobierno que surja de ellos.

Alejandro Salazar, José Luis Moreno y América Lutz advierten que el acuífero de la Costa de Hermosillo es uno de los más sobreexplotados del país, además de contaminado con agua salina, pero que se sigue utilizando para la producción de cultivos de bajo valor y alto consumo de agua. Este acuífero dio lugar a la creación del distrito de riego 051-Costa De Hermosillo, en la década de 1950. Los autores proponen una asignación óptima de cultivos, utilización de técnicas de riego más eficientes, mejoramiento de los procesos de toma de decisiones y la administración general del acuífero.

Nicolás Pineda y Hugo Briseño comparan el desempeño de los principales organismos operadores de agua para uso urbano en Sonora y Baja California y explican sus diferencias, pues a pesar de que ambas entidades enfrentan problemas y limitaciones similares, sus organismos tienen resultados de gestión muy diferentes, en Sonora se les califica con 6.7 y en Baja California con 8.3. Ubican las causas en los arreglos institucionales de la gestión urbana del agua en los dos estados.

María Eugenia González y Socorro Arzaluz también analizan los organismos operadores de agua, pero en tres ciudades fronterizas del norte (Ciudad Acuña, Nuevo Laredo y McAllen). Con un enfoque comparativo, estudian la forma en que los gobiernos municipales de México cumplen con la atribución constitucional de brindar servicios a la población.

Los aspectos sanitarios asociados al consumo humano del agua entubada han sido poco atendidos e investigados, los esfuerzos se han dirigido sobre todo el abasto hídrico, en parte, debido a la escasez del recurso. El trabajo de Armando Haro, Gerardina Nubes y Rubén Calderón cubre parte de este vació, ellos evalúan la protección contra Riesgos Sanitarios respecto a la calidad bacteriológica del agua para consumo humano. El estudio se efectúo en Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y Chiapas, durante 2008 y 2009. Encuentra todavía precaria la protección contra riesgos derivados de este rubro, también advierten la necesidad de revisar la normatividad y mejorar el monitoreo de la cloración del agua, habilitar la detección de factores de riego y diseñar una mejor vigilancia epidemiológica.

A la nota crítica, Angelina Martínez Yrízar, Alberto Búrquez y Thierry Calmus se centran en el componente ecológico de la provisión de agua dulce, y lo relevante que es considerar las capas básales relacionadas con el uso de recursos, en este caso las repercusiones ecológicas derivadas de la construcción de presas como herramienta de control y manejo del agua.

Los libros reseñados hacen un recorrido, que empieza con el de Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico, sigue con Regadíos ancestrales en Iberoamérica, pasa por las Aventuras con el agua y concluye con La decadencia del agua de la nación.

Estamos seguros de que este número reúne resultados y reflexiones que ayudarán a comprender, discutir y encontrar soluciones a la problemática actual sobre el agua, incluye acercamientos teóricos y sociales, enfoques históricos, conflictos actuales entre actores, sobreexplotación de acuíferos y desempeño de instituciones públicas, lo que permitirá hacer lecturas diversas y encontrar recomendaciones útiles y vigentes.

Agradecemos la participación y confianza de los autores y dictaminadores para exponer sus ideas, la calidad de los procesos académicos y técnicos que hemos desarrollado en región y sociedad no sería posible sin su npble colaboración.

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Nota crítica

 

Disyuntivas: impactos ambientales asociados a la construcción de presas

 

Angelina Martínez Yrízar*, Alberto Búrquez* y Thierry Calmus**

 

 * Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correos electrónicos: angelina@unam.mx / montijo@unam.mx

** Instituto de Geología (UNAM). Blvd. Colosio y Sahuaripa s/n, Hermosillo, C. P. 83250, Sonora, México. Correo electrónico: tcalmus@unam.mx

 

Los aspectos ecológicos de la provisión de agua dulce son la base fundamental para abordar de manera integral la problemática social del agua, que ha sido ampliamente analizada desde la perspectiva histórica, política, de gobernanza y de gestión de los recursos hídricos, ya que su disponibilidad es el principal motor del desarrollo económico y social (Wittfogel 1957; Aboites Aguilar 2009). Esta nota crítica se centra en el componente ecológico de la provisión de agua dulce, un recurso esencial para la vida. Más allá de las repercusiones sociales y económicas, es relevante considerar las capas basales relacionadas con el uso de recursos, que en este caso son los efectos ecológicos derivados de la construcción de presas, como herramienta de control y manejo del agua.

Sólo 2.5 por ciento del agua total disponible en laTierra es dulce y apropiada para satisfacer las necesidades humanas. De esta fracción, dos terceras partes se encuentran en forma sólida en los glaciares y casquetes polares y del tercio restante la mayor parte está a gran profundidad, por lo tanto de acceso difícil. En términos reales, 0.02 por ciento del agua dulce total del planeta se encuentra en los lagos, ríos, acuíferos someros, humedales, plantas, el suelo y en la atmósfera (Postel y Carpenter 1997, 195). De especial importancia es el componente aéreo del ciclo hidrológico, ya que constituye el medio de renovación del agua dulce.

Hoy en día, las demandas de la sociedad, que incluyen el uso de agua para consumo humano, crecimiento urbano e industrial, el riego agrícola, para desarrollos pecuarios, acuícolas y turísticos ejercen una fuerte presión sobre la disponibilidad de agua dulce. "La solución a estas demandas que se vuelven generalmente conflictivas es compleja y depende no sólo de información y datos confiables, sino también de disposición entre los distintos actores para conciliar intereses, lo que constituye un gran reto para la sociedad y la toma de decisiones" (Mark y Dickinson 2008, 25).

La disponibilidad de agua para el bienestar social depende de la integridad ecológica de los ecosistemas dulceacuícolas.1 No obstante, por resultar un bien esencial para la vida y el desarrollo social, éstos han sido los principales ecosistemas perjudicados por las actividades humanas. La alteración de la dinámica hidrológica, la contaminación y la invasión de especies exóticas a los cuerpos de agua constituyen las mayores amenazas para la conservación de los ecosistemas dulceacuícolas en el mundo (Johnson et al. 2008, 357; Alcocer y Bernal-Brooks 2010, 56). Una de las causas más importantes de dichas alteraciones fue la construcción acelerada de presas en la segunda mitad del siglo XX, con la instalación de más de 45 mil presas grandes en todo el mundo.2 Esta red, que cubre un área aproximada de 337 mil km2, cambió de forma dramática la distribución global de agua dulce (Downing et al. 2006, 2396), y alteró severamente los patrones naturales de variación hidrológica y de transporte de sedimentos de los ríos. México no es la excepción (Alcocer y Bernal-Brooks 2010, 30), en el país existen 840 reservorios artificiales clasificados oficialmente como grandes presas, con una capacidad conjunta de almacenamiento de 150 km3 (Aguilar 2003, 4). De ellas, una estimación muy conservadora muestra que 611 presentan un volumen superior a 0.5 millones de m3. Desde la perspectiva ambiental y sin consideración a su tamaño y modos de operación, todas las presas modifican los procesos biofísicos y regímenes naturales de los ríos, en detrimento directo o indirecto de los ecosistemas colindantes y de sus pobladores.

Las presas son consideradas la principal herramienta usada en el control y manejo de recursos hídricos limitantes, por lo tanto, no sorprende su ubicación en zonas con escasez de agua. Sin embargo, y a pesar de la existencia de cientos de miles de presas en todo el mundo, la extensión y severidad de la falta de agua para consumo humano es creciente, y se espera que se intensifique en las próximas décadas. Por ello, en la literatura científica y en los debates internacionales se cuestiona de manera constante esta contradicción de qué tan efectivas han sido las presas en el manejo sostenible del agua, y qué tan pertinente es la construcción de nuevos proyectos de infraestructura hidráulica (Stanley y Doyle 2003, 15). Aunque se reconoce que las presas han contribuido al desarrollo humano y que son considerables3 los beneficios derivados de ellas, también ha sido evidente que su construcción, operación y mantenimiento van acompañados de un complejo arreglo de costos ambientales, económicos y sociales inaceptablemente altos, derivados de internalizar los costos externos de carácter ambiental, económico y social (Aguilar 2003, 4; Stanley y Doyle 2003, 15).

El agua almacenada en las presas y otros reservorios representa una forma de apropiación del recurso hídrico, para proporcionar bienes extractivos a la sociedad a expensas de los servicios que proveen de manera gratuita los ecosistemas,4 en los que la sociedad misma está inmersa. Se han visto como una solución inmediata para cubrir las demandas de agua dulce para uso doméstico, industrial y agrícola, como una alternativa para la generación de energía eléctrica y como una avenida para satisfacer los requerimientos de empleo, en una economía en recesión cíclica. Esta forma de desarrollo parte de la premisa de que el agua dulce es un bien imperecedero que puede ser controlado, usado y manejado ilimitadamente (Ga-rrido-Pérez et al. 2010, 26).

A pesar de su papel como un símbolo de avance social y proeza tecnológica, el conocimiento actual indica que los daños causados por las presas en los procesos ecológicos de los ríos y lagos son profundos, complejos, múltiples y por lo general negativos; pueden inducir sismos, debido al cambio del campo de esfuerzos local debajo de ellas y a sus alrededores.5 Dicho cambio está asociado a las fuerzas adicionales provocadas por la presión ejercida por la masa de agua superficial y por la infiltración del agua en el subsuelo, incluyendo los cimientos de la presa. En una zona tectónicamente activa, la infiltración puede provocar la lubricación de una falla y disminuir la magnitud de los esfuerzos necesarios para iniciar una ruptura. Estudios previos, en particular en Canadá, muestran que la geología es un factor más importante que la masa de agua o la profundidad de la presa. Aun si los sismos asociados a la puesta en agua de presas tienen comúnmente magnitudes inferiores a 5 o 6 grados. Está todavía presente la discusión sobre la posible relación, mas no comprobada, entre el terremoto del 12 de mayo de 2008 de magnitud 7.9 en la provincia de Sichuan, y la presencia de la presa Zipingpu cerca de un sistema de fallas activas.6

La construcción de una presa y su operación implican la conversión de un sistema en movimiento continuo (lótico), estocástico, de flujo libre y de descargas con volúmenes de agua muy variables, a uno de agua almacenada (léntico) en un reservorio artificial y de flujo controlado, con la consecuente alteración de un amplio rango de características ambientales más allá del entorno local (Magilligan y Nislow 2005, 70; Gordon y Meentemeyer 2006, 427). En términos ecológicos, ocurre un cambio drástico de uso de suelo, con la pérdida neta de una extensión considerable de la cubierta vegetal y de los ecosistemas ribereños alterados por el área de inundación del embalse, en perjuicio, río abajo, de los procesos de construcción del delta y la dinámica de las comunidades costeras. Un costo inicial considerable de grandes presas (como la Tucurui, en el Amazonas) es la desaparición de millones de metros cúbicos de madera, que quedan sumergidos en el cuerpo de agua. La pérdida de la cubierta vegetal no sólo implica la de recursos forestales, sino también el acervo de usos potenciales y el valor de la biodiversidad, independiente de cálculos utilitarios (Fearnside 2001, 381).

Aunque los efectos de las alteraciones hacia arriba de una presa son difíciles de predecir en términos espaciales exactos, se sabe que los de río abajo son geográficamente de mayor alcance, al interrumpir o modificar los procesos de erosión y deposición de sedimentos, así como los naturales de inundación de las planicies y la recarga de agua del subsuelo. Cualquier modificación en el balance de sedimentos (tamaño y tipo de partículas) influye en la distribución de la vegetación a lo largo del río. La estabilidad del corredor de vegetación ribereña es una condición esencial que protege al canal de la erosión durante eventos de avenidas extraordinarias (Gordon y Meentemeyer 2006, 427). Más allá de la regulación del flujo, las presas fragmentan los hábitats acuáticos impidiendo el movimiento de las especies y el aporte de nutrientes río abajo.

En los sitios donde el agua tiene un tiempo de residencia prolongado, como las presas, además de las pérdidas de agua por evaporación, la carga o flujo de solutos tiene un alto potencial de sedimentación dentro del embalse, porque el movimiento del agua en su interior es limitado; el agua no se mezcla, y se establece una estratificación vertical de la temperatura y de la concentración de oxígeno disuelto en ella (Graf 2005, 16). Durante el desfogue se descarga agua con una temperatura y características fisicoquímicas muy diferentes a las que fluían por el río, con la consecuente afectación de las interacciones bióticas río abajo (Wu et al. 2010, 123). A estas alteraciones se suma que los embalses, anunciados como fuentes de energía "limpia" sin una huella significativa de carbono, generan cantidades considerables de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero, como el metano (CH4). Estas emisiones en conjunto son similares, y en algunos casos hasta 3.6 veces mayores que las producidas por una central eléctrica de combustible fósil equivalente, durante toda su vida útil (Fearnside 2001, 687; Roland et al. 2011, 287); una externalidad que por lo general no se incluye en los protocolos de diseño de presas.

El impacto ecológico preciso de una sola presa es único y depende no sólo de su estructura y operación, sino también de la hidrología local, de las restricciones geomorfológicas, del clima y de los atributos clave de la biota local (flora y fauna). Si una presa causa impactos severos río abajo, la construcción de una segunda representa la destrucción de la mayoría de los procesos vitales del río, como consecuencia de la fragmentación y pérdida de conectividad del sistema (Garrido-Pérez et al. 2010, 28). Río arriba, la acumulación de sedimentos finos en su parte distal producirá polvos finos, que alterarán la dinámica atmosférica local. Río abajo, el control o la reducción del caudal anual y el aporte de sedimentos dañará, en forma dramática, la productividad natural de las planicies y deltas (Petts y Gurnell 2005, 37). Estas alteraciones se acentúan por el control en la operación de la presa, que varía según las necesidades estacionales de irrigación y de generación de energía.

Además de los impactos ambientales,7 otros costos derivados de la construcción de presas incluyen externalidades económicas y sociales (Bergkamp et al. 2000, 52). Estos costos se manifiestan en la pérdida de bienestar social en sectores ajenos a las entidades que construyeron y operan la presa, por ejemplo el acceso a los recursos naturales debido a la inundación para crear el embalse, la degradación de tierras agrícolas y de pastoreo de las áreas inundadas, de hábitats ribereños que dependen de un flujo muy particular del agua, del potencial pesquero en los estuarios, por ausencia de aporte de agua dulce al mar y del capital cultural, por el desplazamiento forzado de un gran número de personas, etnias o grupos sociales minoritarios.

En los debates pasados sobre las repercusiones socioeconómicas de la construcción de presas se reconocía que la inundación de centros de población y la relocalización es uno de los aspectos más devastadores (Gleik 2009, 145). Esta preocupación es generalizada, debido a que las personas desplazadas enfrentan riesgos de largo plazo de aumento en las condiciones de pobreza, amenaza ante la falta de tierras, mayor inseguridad alimentaria, carencia de empleos y marginalización social (Ibid., 146). En fecha reciente, el Gobierno de Pekín reconoció por primera vez, que aunque la presa Las Tres Gargantas (Three Gorges) provee grandes beneficios sociales, existen problemas urgentes que deben resolverse con una alta prioridad, como asegurar una mejora en el bienestar de los residentes desplazados (cerca de 1.5 millones de personas), implementar medidas de protección ecológica y eventual prevención de un desastre geológico grave (United Press Internacional, UPI 2011). Las grandes inundaciones han puesto en evidencia la limitada capacidad de la infraestructura para controlar el caudal del río, desde el peligro de desbordamiento en el control de avenidas extraordinarias, hasta la escasez de agua durante periodos relativamente cortos de sequía.

La decisión de construir una presa, del diseño y manejo de su operación, se debe basar en un análisis riguroso de costos y beneficios. Si estos costos quedan ocultos en la evaluación de factibilidad, los impactos ambientales, que crean una situación de inequidad intra e intergeneracional, no podrán ser cubiertos en las mayoría de los casos.

Las directrices del enfoque ecosistémico para el manejo integrado del agua fueron promovidas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE, por sus siglas en inglés), en 1993. Este marco de referencia se basa en la idea de que los recursos hídricos no deben ser administrados en forma aislada de otros componentes del ecosistema (suelo, aire, recursos bióticos) y de las economías y las sociedades humanas (UNECE 1993).

Este enfoque reconoce y opera sobre la base de la interrelación entre la ecología, economía y sociedad, y que es posible garantizar un suministro adecuado de agua de buena calidad a toda la población, sin comprometer las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas. Al considerar la cuenca como un ecosistema, la protección, el uso sostenible y la restauración de sus componentes son esenciales para la gestión y manejo sostenible de los recursos hídricos. La conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas naturales es un elemento central del concepto de manejo integrado de cuencas. De acuerdo con Maass (2004, 5758), "es sumamente relevante identificar qué procesos ecológicos y qué componentes del ecosistema son los más importantes en el control o mantenimiento de la integridad estructural y funcional del mismo y que por lo tanto deben de incorporarse a los esquemas de manejo". Esto implica asignar los recursos de la cuenca de forma óptima entre los usuarios; desde los elementos determinantes en la generación de los servicios ambientales, hasta los usuarios directos de estos servicios ecosistémicos. Se advierte que para implementar un adecuado manejo integrado de cuencas se requiere de voluntad política, información precisa y conocimientos sobre la cuenca, tecnología sostenible, gestión y acuerdos institucionales y legales apropiados, participación de todos los actores involucrados y viabilidad económica.

En la práctica, estas condiciones no se reflejan en la mayoría de los proyectos de factibilidad asociados con la construcción de presas. Estas deficiencias de información han llevado a que instancias gubernamentales nacionales e internacionales revisen los principales conceptos, metodologías y lecciones aprendidas que ayuden a su ejecución exitosa en cualquier situación (Cotler y Caire 2009, 22). Un avance importante ha sido el reconocimiento generalizado de considerar a la cuenca como territorio o unidad de análisis y de gestión. Delimitada de forma natural por un borde y con un punto común de drenaje, los elementos de una cuenca representan una manifestación espacial de la relación entre las sociedades rurales y urbanas con su ambiente. En este contexto, el manejo integrado de cuencas puede entenderse como un proceso de planeación, implementación y evaluación de acciones en la cuenca entera, dirigidas al control de las externalidades negativas, mediante la participación organizada e informada de la población (Ibid., 16-17). Es un proceso continuo, con un enfoque de manejo adaptativo, a través del cual se toman y se van ajustando las decisiones para el uso sostenible, el desarrollo, la restauración y la protección de las características de los ecosistemas, las funciones y sus vínculos.

Un plan de manejo integrado de cuencas incluye una variedad de subprogramas diseñados para reducir la erosión, a través del establecimiento o expansión de áreas protegidas, de identificar y remediar las fuentes de contaminación puntual y difusas, llevar a cabo acciones de restauración o reforestación, diseñar la introducción de tecnologías agrícolas mejoradas o tipos de producción alternativos e instituir programas de educación ambiental y participación social, entre otros. La implementación de estas acciones debe ser clara y dar pautas sobre su prioridad temporal, identificar las zonas de intervención y los actores relevantes involucrados (Ibid., 235).

En la situación actual existe gran preocupación por el ambiente, y puesto que los recursos financieros son limitados, se ha propuesto el pago por servicios ambientales8 (PSA) como un instrumento prometedor y alternativa a los procedimientos de mando-control para la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el manejo de cuencas hidrográficas.9 Este instrumento ha probado ser un mecanismo eficaz para resolver conflictos facilitando la interacción entre los usuarios río arriba y abajo de la cuenca (Kosoy et al. 2005, 2-3). Experiencias probadas en América Latina demuestran que es rentable el mantenimiento de servicios hidrológicos de los ecosistemas. Ejemplos de estos esquemas de PSA incluyen la adopción de mejores prácticas de manejo al interior de la cuenca, como la prevención y control de fuegos, reforestación en años sucesivos y garantizar la no extracción de recursos forestales y la caza ilegal. La adopción de estas y otras acciones depende de la legislación, del nivel socioeconómico, los costos de oportunidad para la conservación de los bosques y las percepciones de las partes interesadas sobre las condiciones de los recursos hídricos de cada región.

Por el contrario, abundan los ejemplos en que la construcción de presas y diques e instalaciones de purificación de agua han sido mucho más costosas que la protección o restauración de los ecosistemas, que pueden ofrecer los mismos servicios.10 Una muestra simple de la importancia de la aplicación de un esquema de PSA es la necesidad de mantener las partes altas de las cuencas en condiciones óptimas, para la captura y conducción natural del agua. El pago por este servicio, desde luego debe de ser costeado por los usuarios río abajo. En muchos casos, el costo del agua no refleja su valor real ni ofrece compensación alguna a los usuarios en la parte alta de la cuenca, para su conservación. Al tener el agua un costo bajo y no existir una responsabilidad social por parte de los usuarios río abajo, desaparecen los incentivos para promover la cosecha de agua y disminuir la carga de sedimentos en las partes altas de las cuencas, y para hacer más eficiente el uso del agua destinada al ámbito agrícola o urbano.

En síntesis, las presas son el elemento que ha permitido el desarrollo social. Sin embargo, aún se necesitan ejercicios de evaluación económica de los servicios ecosistémicos perdidos debido a su construcción; como los costos tanto por la pérdida del potencial pesquero, de los recursos maderables y no maderables en los deltas, como de la fertilidad y aporte de sedimentos y la recarga de los acuíferos, entre otros (Búrquez y Martínez 2000). La cuantificación de los servicios ambientales que prestan los ríos y los ecosistemas de agua dulce, para situarlos en su justo valor, permitiría apoyar la toma de decisiones y de gestión hacia un uso eficiente del agua entre necesidades que compiten (tanto de los ecosistemas como de la sociedad), o para actuar según el principio precautorio. Con este enfoque de valoración, la meta es alcanzar un balance entre la disponibilidad de agua y las demandas y protección de la integridad funcional de los ecosistemas acuáticos, para asegurar la provisión de agua dulce en el largo plazo.

En el caso de las presas del estado de Sonora, la mayoría se construyeron a mediados del siglo XX, con el propósito de almacenar agua para riego.11 Tres de ellas, El Mocúzari, El Oviachic y El Novillo con una cortina de 88.5 m, 90 m, y 133.8 m, respectivamente, operan como plantas hidroeléctricas.12 Como en otras regiones de México (Cotler y Gutiérrez 2005, 9), el uso principal de la mayoría de las presas en Sonora es proveer agua para la agricultura de riego,13 y en menor cantidad para uso público urbano e industrial. Algunas de estas presas también fueron construidas con el beneficio anticipado de controlar los escurrimientos superficiales, y reducir el riesgo potencial de inundaciones. Sin embargo, este beneficio, planeado en el largo plazo, ha sido contrarrestado por las inundaciones periódicas que afectan núcleos poblacionales poniendo en evidencia la incapacidad de regulación de flujos extraordinarios del caudal en estas grandes cuencas. Esta incapacidad de regulación deriva de las contradicciones entre la deforestación, lograr el máximo almacenamiento para fines agrícolas y energéticos y la protección civil; un caso cada vez más patente en las inundaciones periódicas en el sureste de México (PérezVega y Ortiz Pérez 2002;Perevochtchikova y Lezama de la Torre 2010).

La generación de energía en las tres presas más grandes de Sonora es relativamente pequeña, y no contribuyen de forma importante a resolver las demandas energéticas regionales. La capacidad instalada, como plantas hidroeléctricas, permite que juntas generen 164 Mw por año (10, 19 y 135 Mw El Mocúzari, El Oviachic y El Novillo, respectivamente; datos de la Comisión Nacional del Agua). En contraste con las grandes presas hidroeléctricas del sur de México,14 la producción eléctrica en las sonorenses es inapreciable. En comparación con centrales termoeléctricas promedio,15 El Novillo apenas produce entre 10 y 25 por ciento de la electricidad, mientras que El Mocúzari y El Oviachic en conjunto representan menos de 5 por ciento de una planta convencional promedio.16

En cuanto a la propuesta del nuevo proyecto hidráulico en una región de alta evaporación, como es el caso de Los Pilares del plan Sonora Sí, en la cuenca media del río Mayo, a pesar de los beneficios esperados17 es preocupante el interés en construir una presa que en términos netos quizá decrezca el volumen disponible de agua en el valle del Mayo (excepto cuando se presenten fuertes avenidas en años de lluvias extraordinarias). En un sistema ribereño con una presa que habitualmente está por debajo de su capacidad operativa óptima, cualquier uso del agua río arriba representa una disminución en la disponibilidad para los usuarios río abajo, incluso del distrito de riego. La partición de los embalses en dos superficies de evaporación (alrededor de 2 m anuales) e infiltración al subsuelo hará que las pérdidas de agua sean sustanciales. En este proyecto sobre el río Mayo, se plantea que se moverá agua de un lugar donde es abundante a uno donde es escasa y más necesaria. Esta última es supuestamente la función de los ríos, y sin duda lo hacen tan bien como cualquier canal u obra de infraestructura hidráulica. Las derivaciones hídricas para proyectos locales, sumadas a la elevada evaporación anual en la región, representan una situación en la que los usuarios actuales tendrán pérdidas hídricas desde pequeñas hasta graves, suponiendo que en muy buenos años se logre acumular agua en ambas presas y que al menos parte de ella permanezca entre años.

A la problemática potencial anterior, de este nuevo proyecto Los Pilares, se suman otras características socioambientales que ponen en duda su justificación, ya que se trata de una zona con una alta diversidad de ambientes, una gran riqueza de recursos naturales y la presencia de comunidades indígenas únicas, con profundas raíces regionales (Haro et al. 1996, 74). En términos ecológicos también se trata de una localidad única, que representa el límite norte de la distribución geográfica de la selva baja caducifolia en el neotrópico; un tipo de vegetación rica en especies endémicas (40 por ciento de la flora) y con un alto valor por sus recursos genéticos y su función en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos (Maass et al. 2005, 11). Además de ser reconocida por su riqueza biológica, la selva baja caducifolia está muy amenazada por actividades humanas, y enfrenta graves problemas de conservación; razones por las que las selvas bajas caducifolias de México han recibido especial atención de protección, sobre todo los ambientes de vegetación ribereña (Bezaury-Creel et al. 2010, 27). En esta región de la sierra sonorense también hay comunidades de bosque tropical secundario, que se desarrollan en sitios de selva baja caducifolia, que una vez fueron desmontados y convertidos a pastizales de zacate buffel (Pennisetum ciliare L.), y debido al sobrepastoreo y manejo incorrecto del pastizal se degradaron y fueron abandonados (Búrquez y Martínez Yrízar2007,544). Aunque los bosques secundarios son comunidades indicadoras de disturbio, también lo son de un proceso de regeneración natural,18 ecológicamente importante, y de recuperación de servicios ecosistémicos. La selva baja caducifolia es además el hábitat y refugio de gran cantidad de vertebrados, entre los que destacan especies migratorias y endémicas, además de numerosas de artrópodos, muchos de ellos necesarios en la polinización de plantas silvestres y cultivadas y en la degradación de materia orgánica, entre otras funciones ecosistémicas (Ceballos et al. 2010, 371; Hutto 2010, 217; Zaragoza et al. 2010, 197).

Tal como se propone, el proyecto Los Pilares plantea modificar el discurso a "beneficiarios indirectos", y buscar una inclusión directa, efectiva y concreta de los pobladores afectados. El análisis de fortalezas y debilidades detecta amenazas reales, como que las personas tengan que someterse a un desplazamiento interno forzado y abandono de sus viviendas, pérdida de sus tierras agrícolas, tradiciones y costumbres y, por lo tanto, de su estructura social, agravando sus condiciones de extrema pobreza y marginación social. No hay certidumbre de que se les otorguen mejores condiciones de vida por la reubicación, ni de que serán considerados en la toma de decisiones.

En este caso particular, ¿existen soluciones viables a la problemática del manejo del agua? Sí las hay. Lo relevante es pasar de las decisiones desarrollistas de la gran hidráulica, donde la "esperanza" ha sido siempre esgrimida como argumento para la apropiación del agua, a un entendimiento de la interrelación entre disponibilidad de agua, uso de recursos y sostenibilidad, sin incurrir en los esquemas históricos documentados por Wittfogel (1957), que sin duda tienen un ejemplo casi perfecto en el México del siglo XX, pero no caben más en el XXI.

 

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