Artículos

 

Discursos, actores y estrategias en la disputa por el significado de la vida y los derechos reproductivos

 

Elizabeth Maier*

 

^* Profesora–investigadora titular del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Autora de cuatro libros sobre mujeres en México y América Latina, coeditora de De lo privado a lo público: 30 años de lucha por la ciudadanía de las mujeres en América Latina (2006) y de múltiples artículos publicados en revistas y capítulos en libros. Correo electrónico: emaier@colef.mx

 

Recibido en septiembre de 2009
Revisado en marzo de 2010

 

Resumen:

Este artículo sitúa algunos ejemplos locales de Baja California en la disputa contemporánea por los significados culturales que posicionan el cuerpo de la mujer, la sexualidad, la reproducción y la(s) familia(s) en el centro de contención. A través del caso histórico Paulina y el proceso reciente de aprobación de la reforma constitucional, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción, el texto identifica las tendencias discursivas en tensión, los contextos productores de dichos discursos, los procesos de constitución y consolidación de los actores en contención y la evolución de sus estrategias en momentos precisos. Y pretende ofrecer elementos locales que ayuden a comprender la dinámica de una disputa discursiva, que cada vez más define una de las franjas de la contienda ideológica del nuevo siglo.

Palabras clave: disputa discursiva, derechos de mujeres, derechos de la vida–en–potencia.

 

Abstract:

This article examines local examples from Baja California within the framework of the contemporary dispute for cultural significance that positions women's bodies, sexuality, reproduction and family at the core of contention. Focusing on the historical case of Paulina and the recent process of constitutional reform that legalized the right to life from the moment of conception, the article identifies the contents of competing discourses, reviews the contexts in which they were produced, examines the process of consolidation of rival social actors, and looks at their respective strategies at certain points in time. By analyzing local issues, this text hopes to broaden our understating of the dynamics of a discursive dispute that is becoming one of the major ideological conflicts of the 21^st century.

Key words: discursive dispute, women's rights, rights of potential life.

 

Introducción

Aquí se examina la disputa contemporánea por los significados culturales que contrasta dos discursos en torno a la conceptualización de la vida, la existencia de la persona humana, la función social de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo.¹ Con el caso local de Baja California se ejemplifica cómo dichos discursos visibilizan la tensión entre los derechos reproductivos de las mujeres y los del nonato desde la concepción, considerando la despenalización del aborto durante los primeros tres meses del embarazo, promulgada en el Distrito Federal en 2007, y las reformas constitucionales reactivas en 18 estados de la república (2009–2010) a favor del derecho a la vida desde la concepción. El objetivo principal de este ensayo es iniciar una reflexión sobre los componentes y factores del contexto global, nacional y local que inciden en la constitución de los discursos, la emergencia de actores y la puesta en marcha de sus estrategias y acciones. Para ejemplificar la historia reciente de dicha contienda sirve la experiencia de Baja California, por ser la primera entidad donde se produjo la alternancia electoral conservadora al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace más de veinte años, a la vez que cuenta con una presencia feminista minoritaria, pero influyente.

El artículo descansa en varias tesis afirmadas a lo largo del texto, todas sustentadas en la teoría del análisis de discurso que vincula la constitución de los significados con el lenguaje como el medio idóneo para su creación, circulación y su entrada en tensión por la representación del mundo social (Gutiérrez 2005, 24). A su vez, el concepto de discurso evoca el carácter social del lenguaje, y señala la naturaleza activa de su uso. En este sentido, "el discurso es un mensaje situado [...] respecto a la posición que ocupan los sujetos del acto comunicativo en la estructura social y la coyuntura histórica dentro de la que se inscribe" (Ibid., 25), encerrando en sí las relaciones sociales de dominación y su contexto histórico. Por esto,

todo discurso se inscribe dentro de un proceso social de producción discursiva y asume una posición determinada al interior de este mismo. De allí que deba de ser analizado, no como una entidad autónoma, sino por referencia a la circulación social de discursos dentro de la cual se autodefine, asumiendo ciertas posiciones en una determinada coyuntura o situación histórica (Ibid., 27).

Se puede entender el discurso como un vehículo político que cuenta una historia de las relaciones de poder y las situaciones de su producción. Las tesis subyacentes a este esfuerzo por ubicar las tendencias y componentes de la elaboración de discursos en disputa son las siguientes: a) las condiciones de desarrollo industrial generaron discursos, actores y estrategias que reconfiguraron representaciones y relaciones de género; b) la época de modernidad tardía es el contexto de una tensión creciente entre dos discursos significantes centrados en el cuerpo de la mujer, la sexualidad, la reproducción y la familia, que a la vez interrogan el inicio de la persona humana, la fuente de legitimidad de los derechos humanos y el carácter del Estado; c) la circulación de estos discursos y su confrontación se realiza en múltiples campos institucionales, constituyendo a actores sociales que se vinculan a estrategias, acciones y redes locales, nacionales e internacionales y d) la comprensión de sus contenidos discursivos y mecánica operativa, en cualquiera de estas escalas, aporta un mayor entendimiento de la extensión y complejidad de la disputa contemporánea por la significación cultural.²

 

Antecedentes

Cuando hace una década el director del Hospital General de Mexicali, Baja California, decidió, por razones ideológicas, negar el derecho al aborto legal a una niña indígena ultrajada y violada por un drogadicto, se configuró su pequeño cuerpo de 13 años en el campo local de contención de la disputa moderna por la hegemonía de la interpretación político–cultural. Dicha contienda contrapone dos discursos societales profundamente distintos, emanados de las tensiones del proceso industrial de desarrollo, enraizados en la conflictividad histórica de la Edad Moderna y anclados a perspectivas que significan y reglamentan, de forma desemejante, a hechos, instituciones y bienes simbólicos idénticos.³

La disputa por cómo comprender la reproducción biológica, la sexualidad y la familia —y cómo valorar las relaciones sociales que las pueblan— se expresa en el discurso local, pero las tecnologías comunicativas nuevas y flujos conectivos de la era global los transforman en discursos trasnacionalizados, con sus respectivas redes expansivas de adscripción, divulgación, elaboración estratégica y acción.⁴ Dichos discursos compiten en los ámbitos local y mundial por el imperio de los saberes y las verdades, en escalas múltiples de la geografía institucional posindustrial de finales del siglo xx y principios del XXI.⁵ Lecturas heterogéneas y tensionadas en torno a cuándo se inicia la vida, la función de la pareja, la naturaleza de la familia, los modelos aceptables por la sociedad sobre la sexualidad y el amor, la identidad de los sujetos a derechos y la relación entre el Estado, la religión y la sociedad política fundamentan visiones societales profundamente diferenciadas y encontradas.

Si bien es cierto, como señaló Foucault (1976, 33–34), que cada práctica discursiva se asocia a redes de producción de saberes y verdades sustentadas por tácticas y estrategias de poder, no es menos cierto que la coherencia entre el contexto sociohistórico específico, la constitución de los actores colectivos, la formulación de sus estrategias y la implementación de su acción contribuye dialécticamente a la configuración —o reconfiguración— discursiva. En este sentido, el surgimiento de las mujeres como sujetos colectivos en defensa del derecho a la equidad de género y la ciudadanía femenina plena en los países con tecnologías avanzadas, a partir de la década de 1970, constata transformaciones previas de la sociedad industrial que según Beck emanaron de la propia dinámica de desarrollo. Las modificaciones del modelo de vida que definieron a la sociedad industrial y moldearon los roles de género, la unidad familiar y las clases sociales se tradujeron en la reconfiguración de dichas relaciones en las últimas décadas del siglo XX (2000, 14). La tecnificación creciente del proceso de trabajo, la movilidad social, la progresiva entrada femenina a las filas de la población económicamente activa (PEA), mayores niveles de educación y profesionalización de ellas, la medicalización de la reproducción y del control natal, más autonomía económica y la reorganización gradual del núcleo familiar sellan el corpus sociocultural con la evolución de la era industrial.

Con lo anterior se consolidó un discurso genérico renovado que informó verdades nuevas de ser mujer y hombre, y a su vez produjo otros saberes identitarios reorganizadores de la familia. La categoría de proveedor dejó de evocar en exclusiva al varón y la atención a los hijos tampoco quedó sólo a cargo de las mujeres. Hubo un reacomodo de la geografía tradicional genérica de lo público y lo privado, y se reposicionó la relación social entre hombres y mujeres de manera más horizontal. Giddens (2003, 51) considera que una de las características emblemáticas de esta época es la revolución de cómo se concibe al individuo, lo que reformula la relación con uno mismo, con la pareja, la familia, la comunidad y el medio ambiente (Maier 2008, 11).

La emergencia de la segunda ola feminista correspondió a las condiciones propias de la maduración de la modernización industrial,⁶ la expansión rápida del movimiento corrió paralela a la consolidación hegemónica progresiva del discurso de derechos nuevos, democratización social pública y privada y ciudadanía extendida, con base en los conceptos de libertad, equidad y autonomía, que acompañaron el tránsito cultural a la era informática, y pavimentaron el camino para hacer del valor de la pluralidad la premisa societal rectora de la era contemporánea (Mouffé 1999, 16). La globalización de dicho discurso patrocinó muchos feminismos en distintas partes del mundo, y constató cómo la diversidad entre mujeres forja necesidades distintas e intereses que modelen el discurso a su manera. Empero el control del propio cuerpo —a través del respeto de los derechos reproductivos y sexuales y el rechazo de la violencia de género— se constituyó en el eje del discurso compartido por las expresiones feministas, por considerar el cuerpo como centro de operaciones de los múltiples dispositivos de la subordinación. Por esto, el derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo, y a tener una vida libre de violencia fueron condiciones indispensables para realizar la equidad social, económica, política y cultural.

En contraposición al conservadurismo patriarcal tradicional de la modernidad simple,⁷ la creciente incorporación del discurso feminista a los circuitos internacionales y nacionales, a mediados de los años setenta, activó la voz de alarma de los sectores conservadores impulsando la formulación progresiva de estrategias de resistencia y reversión. Desde los inicios del movimiento feminista moderno, los actores del campo religioso⁸ se opusieron a sus propuestas, pues consideraron que el nuevo orden genérico advertía la reconfiguración del modelo industrial de la familia nuclear–patriarcal, y que incidiría de forma negativa en las instituciones tutoras de este modelo, e incluso en las religiosas. La defensa del orden genérico tradicional fusiona, en una propuesta totalizadora, una interpretación fundamentalista⁹ de la legitimidad exclusiva de la heterosexualidad, su misión reproductora esencial y la circunscripción estricta de la sexualidad al matrimonio, lo que coloca al cuerpo de la mujer, la sexualidad y la familia en el corazón de la contienda. En muchos países, el enlace abierto o sigiloso entre los campos religioso y político consolidó un discurso conservador con resonancia internacional, que vuelve borrosas las fronteras seculares entre la misión del Estado moderno y las orientaciones de la fe, fungiendo a su vez como un dispositivo reparador de las incertidumbres intensas y riesgos de la era posindustrial.

Sin duda, la despenalización del aborto en Estados Unidos en 1973 fue un aviso de los profundos cambios implícitos en el nuevo orden genérico. De manera paulatina se movilizó la resistencia de los actores conservadores en distintos países.¹⁰ En México, desde el último lustro de la década de 1970, la influencia de la Iglesia católica ha orientado el polo conservador de la contienda impulsando la formación de organizaciones civiles como Pro–Vida, que aspiran a fungir como mecanismos de contención contra el avance del discurso de los derechos reproductivos y sexuales.¹¹ Son varias las tendencias que confluyeron en la constitución de una estrategia política nacional, orientada a detener y revertir la incorporación de los derechos reproductivos y sexuales a las políticas públicas, por ejemplo la alternancia política ocurrida en el año 2000 con la victoria del Partido Acción Nacional (PAN),¹² el tinte conservador de las políticas reproductivas internacionales de la Administración de George W. Bush,¹³ la pluralización de la oferta religiosa en México durante las últimas décadas, con ritmos significativos de crecimiento de agrupaciones evangélicas y pentecostales aliadas a la Iglesia católica en dicha disputa¹⁴ y la consolidación de redes nacionales e internacionales de discursos y actores político–religiosos afines.¹⁵ Sin embargo, lo que promovió una verdadera cruzada conservadora nacional para prevenir la aprobación de disposiciones semejantes en otras partes de la república fue la legalización del aborto durante las primeras 12 semanas en el Distrito Federal, durante 2007.

Para la estrategia conservadora, los compromisos internacionales adquiridos por México resultan en particular problemáticos, al haberse firmado y ratificado múltiples convenios y convenciones que garantizan los derechos reproductivos de las mujeres, y obligan al Estado y gobierno mexicanos a avanzar en su aplicación.¹⁶ Condicionan el acceso a fuentes internacionales de financiamiento, a logros concretos en torno a grados mayores de equidad de género en el país.¹⁷ Las precisiones del Plan de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer en Beijing, de 1995 (Organización de las Naciones Unidas, ONU 2001) en cuanto a la infusión de la perspectiva de género al conjunto institucional del aparato estatal y la edificación de instancias gubernamentales dedicadas a este fin,¹⁸ el empleo de la metodología de transversalidad,¹⁹ el reconocimiento de los derechos de las mujeres como constituyentes indivisibles de los derechos humanos y la obligatoriedad del Protocolo de la CEDAW conforman un marco internacional complejo dentro del cual los actores nacionales y locales tienen que navegar.

Con frecuencia existe tensión entre los compromisos internacionales firmados por México y la postura de funcionarios de los gobiernos conservadores estatales y municipales en torno a la reproducción y sexualidad. A la vez, las instituciones dedicadas a las mujeres registran grados de mayor o menor dependencia política al ejecutivo de los estados, lo que incide en el margen de su autonomía, la perspectiva adoptada y los resultados logrados (Tarrés 2006, 95). Esto se traduce en la circulación de discursos con significados diferenciales en cuanto al armazón de categorías y teorías de la problemática de género. De tal manera, la institucionalización nacional, estatal y municipal creciente en México de una burocracia de mujeres²⁰ se erige en otro campo disputado, donde discursos y actores que privilegian la mirada ideológica del partido político hegemónico imprimen su sello en la misión, el enfoque y los programas de dichas instancias, y constituye piezas importantes de la disputa por los sentidos culturales.

A dos décadas de la histórica elección en Baja California del primer gobernador panista de la república, sigue presente el PAN en cuatro de los cinco municipios, mientras que hay una alianza entre el pan estatal y el Partido Encuentro Social (PES),²¹ uno de los primeros enlazados al campo evangélico en el país. Por esto, aquí se sostiene la hipótesis de que Baja California debería considerarse un laboratorio de ensayos conservadores de legislación y políticas públicas en torno a la reproducción, la sexualidad y la familia. Empero, las propias condiciones de vida cotidiana de muchos sectores de la población bajacaliforniana, el marco internacional de promoción institucional de los derechos de las mujeres y la equidad de género adscrito y operado nacionalmente por México y la masa crítica²² feminista de la entidad han hecho la aplicación de dicha estrategia un proceso poblado por discursos disputados, actores enfrentados y redes activadas en plena contención.

 

Primer escenario

El caso de Paulina

La violación de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, de 13 años, inmigrante reciente a Baja California, atacada la noche del 31 de julio de 1999 en la misma cama donde el asaltante–violador amarró a su hermana mayor y sus dos hijos, remite a la intensa vulnerabilidad que produce la intersección de dimensiones múltiples de segregación social. En Paulina se fusionaron género, clase, etnicidad, edad y desplazamiento en la construcción de una identidad social de fragilidad extrema, que aun cuando se hace y se rehace en una serie de comienzos nuevos impuestos por la modernidad líquida (Bauman 2005, 11), gozaba del amparo tácito del Estado para la defensa de sus derechos humanos.²³ Su embarazo le otorgó el derecho a un aborto legal, ya que en Baja California, como en las otras 32 entidades federativas de la república, la concepción debido a la violación fue causal jurídica para autorizar la interrupción del embarazo.²⁴ En un sentido, el nacimiento de su hijo, en abril de 2000, encerró una violación doble —la sexual y la de sus derechos reproductivos—, a la vez que visibilizó la tensión entre el derecho a la objeción de conciencia por parte de funcionarios y empleados gubernamentales y la obligación del Estado de proporcionar los servicios marcados por la ley. En una especie de "mundo al revés", médicos de orientación conservadora evocaron la premisa de la libre conciencia y la libre voluntad —asociada históricamente al liberalismo— para evitar el cumplimiento de la ley, influyendo negativamente en el desenlace final de la petición de Paulina y su madre de acceder a un aborto causal (Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE 2000, 9–12).

Las primeras semanas del embarazo de Paulina corrieron paralelas a un proceso de resistencia conservadora progresiva a practicarle el aborto; al principio expresado de manera individual por altos funcionarios de Baja California, como el procurador general y el secretario de Salud, pero se constituyeron con rapidez en una estrategia concertada entre diversos actores que articularon una red de complicidades para evitar el cumplimiento de la ley.²⁵ Se utilizó la interpretación del cristianismo social de los derechos humanos, con el fin de alargar el procedimiento para sobrepasar el periodo legal asignado para el aborto por violación, y al mismo tiempo convencer a Paulina y a su madre de lo inmoral y peligroso de la intervención, para que ellas desistieran de su petición. Dicha interpretación privilegia el derecho a la vida sobre los demás, con base en la premisa de la primacía divina del orden natural. Entonces, ésta precede y otorga los derechos a los humanos, representa a la vida la posibilidad humana y el símbolo divino a la vez. Por lo mismo, en la encíclica Centesimus Annus de 1991, el Papa Juan Pablo II señala que las faltas al principio de la vida, como considera a los genocidios, el aborto, la eutanasia o el suicidio; a la integridad de la persona, como son las torturas corporales y mentales y a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, las deportaciones, esclavitud, prostitución y trata de blancas y jóvenes "son totalmente contrarios al honor debido al Creador" (De la Torre 2005, 244–245). Desde esta mirada, el origen divino de la vida es lo que la valoriza durante toda su trayectoria vital desde la concepción hasta la muerte natural, y le otorga el derecho a tener derechos. Para dicho enfoque, lo sagrado es lo que empodera y ciudadaniza lo humano, y no su esencia social y el cúmulo colectivo de capital social.

Tal interpretación de la vida sustentó la postura del secretario de Salud, el director del Hospital General de Mexicali y los médicos adscritos al nosocomio de salud pública a negarse, por razones de conciencia, durante casi dos meses a practicarle un aborto a Paulina. La defensa de conciencia no excusó al director del hospital de incurrir en una falta legal, al incumplir la indicación de interrumpir el embarazo de la joven, emitida por la agente del Ministerio Público unos días después de la violación. La funcionaria consideró que —como representante de una institución pública y laica— el director del hospital faltó a su obligación de cumplir la ley, al no garantizarle a Paulina los servicios de un médico sin objeciones al procedimiento. Después de varias amonestaciones verbales, le dictó un arresto de 36 horas y una multa de 50 días de salario mínimo por desacato.²⁶

El castigo formal o real no mermó la resistencia del funcionario, sino que se acentuó con el apoyo progresivo de los demás actores conservadores, quienes hacían marchas y misas "a favor de la vida"²⁷ y hostigaron a Paulina y a su madre para renunciar a su intención de abortar. Las autoridades del hospital permitieron a personas desconocidas entrar al cuarto de Paulina —sin la presencia de su madre—, para mostrarle el tormentoso video El grito silencioso de Pro–Vida, que exhibe un feto formado en proceso de ser despedazado en el vientre, mediante un procedimiento de aborto. "Tú, como tienes tres meses, si abortas, mira cómo va a quedar el bebe" (Poniatowska 2000), le advirtió una de estas mujeres que se había identificado con engaños como empleada del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En otro momento del proceso, el procurador del estado llevó a Paulina y a su madre con un sacerdote para que les explicara que el aborto es un pecado y una razón de excomunión (Lamas 2009, 18). Días después, a punto de proceder por fin a la interrupción del embarazo, el director del hospital enfatizó a la madre de Paulina que ella sería la responsable si la niña muriera, si quedara estéril, si tuviera síndrome de Asherman o si el útero se perforara debido a la intervención; la manipuló emocionalmente con la dramatización de los riesgos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH 2007) y la insinuación de una posible criminalización de sus acciones. "Ante esta información sesgada e inexacta" (Ibid.), la madre de Paulina se retractó de su solicitud de realizar el aborto.

 

Agencia feminista y el tema del aborto de nuevo

En contraposición con la agencia conservadora, se articuló una red a favor de los derechos de Paulina, integrada por organizaciones feministas, de derechos humanos y otros actores identificados con los valores de diversidad, autonomía y equidad.²⁸ Más que un movimiento de masas, la red de apoyo a Paulina remite a la redefinición que Álvarez (Vargas 2002, 201) propone del concepto de movimiento social, como un ámbito discursivo heterogéneo y expansivo, generador de campos de acción que resignifican y disputan los significados culturales hegemónicos.²⁹ La consolidación previa de un poder discursivo simbólico del feminismo contemporáneo, basado en la premisa de libertad y la sujetivización propia de la modernidad, que corresponden al saberse merecedor del "derecho a tener derechos" (Arent en Jelin 1997), afianzó el apoyo a Paulina al discurso expansivo del derecho a la libre voluntad y determinación sobre el cuerpo y la propia vida. A su vez, la defensa de los derechos de Paulina fue entonces el sostén de la legalidad.

La coincidencia de las organizaciones de mujeres bajacalifornianas en la causa de Paulina remite asimismo a la confluencia histórica de distintos discursos, que han constituido dichos actores colectivos femeninos. En particular, el de justicia social de la izquierda, el laicismo del liberalismo y la equidad de género del feminismo informaron la mirada de los grupos de mujeres de Baja California, y los colocaron en franca oposición al discurso tradicionalista del bloque conservador. Muchas integrantes de esta corriente ya tenían experiencia en los grupos feministas de los años setenta o habían militado en los partidos de izquierda o en el movimiento urbano popular de los años ochenta, sin embargo las mujeres de Baja California no se conformaron como tal sino hasta el inicio de la década de 1990.³⁰ Su constitución corresponde al cúmulo de experiencia adquirida y la especialización y profesionalización crecientes del trabajo con mujeres, exigidas por la institucionalización gradual de los derechos femeninos, plasmados en los convenios internacionales suscritos por México. Asimismo, la estrategia de participación ciudadana de las ONG fue estimulada por las premisas subyacentes al proceso de globalización que, a la par del libre mercado, apadrinó la democracia formal. Esto resultó en la promoción, organización y especialización de organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio ciudadano activo, para el fortalecimiento institucional de la democracia legislativa. Se logró gracias al mayor financiamiento internacional para apoyar iniciativas relacionadas con estos fines.

Como proyecto compartido, las ONG bajacalifornianas enfatizaron el fomento de la conciencia de género, y cada una se especializó en facetas distintas de los derechos de las mujeres, como los laborales, sexuales, la violencia de género, la salud psicológica, la asesoría jurídica y en un caso estimularon la organización de las trabajadoras sexuales a favor de su salud y protección (Ibid., 212–213). La Red de Mujeres de Baja California, conformada en 1994, aglutinó a ONG de Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, con la pretensión de potencializar la conscientización de mujeres a su condición de género, defender sus derechos e impulsar la capacitación en sus campos de especialización (Ibid., 215). La red fungió como un dispositivo de presión política estatal y municipal en torno a sus temas de interés y el avance de su agenda. Las organizaciones integrantes pertenecieron asimismo a otras redes regionales e internacionales, lo que expandió su órbita de influencia y su posibilidad de ejercer presión política, mediante el establecimiento de lazos de solidaridad entre actores transnacionales, que compartieron una identidad social subalterna y promovieron valores de transformación no aceptados del todo en el ámbito local (Álvarez 2000, 3). A pesar de que la red concentró a pocas activistas, se configuró una masa crítica con poder simbólico que contribuyó a circular las premisas de equidad de género y empoderamiento femenino en el estado.³¹

Cuando el caso Paulina irrumpió en el escenario jurídico–sanitario de Baja California, los grupos individuales, la red y sus fliales nacionales y regionales se movilizaron frente a los derechos y necesidades de la joven y su familia, le proveyeron acompañamiento personal a ella, apoyo material a su familia y asesoría jurídica. Ejercieron presión política mediante la publicación de desplegados, e impulsaron una cascada de cartas de protesta a las autoridades estatales de individuos e instituciones. Promovieron la divulgación del caso en artículos periodísticos, programas de radio y televisión y la presentación de obras de teatro, y volvieron a poner en el centro de la discusión nacional el tema del aborto y su despenalización (Lamas 2009, 18), después de casi una década de haberse diluido entre los prejuicios, prioridades y concertaciones con otros sectores constituyentes del movimiento de mujeres en México. Como último recurso, el Grupo de Mujeres "Alaide Foppa" de Mexicali recurrió a la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, para iniciar una estrategia de escrutinio y dictamen internacional en torno al caso. Después de agotar los pasos internos señalados en los convenios internacionales registró, en colaboración con el Centro de Derechos Reproductivos, la denuncia de los Estados Unidos Mexicanos por violación a los derechos humanos de las mujeres ante la CIDH, el 8 de marzo de 2002 (CIDH 2007).

El 9 de marzo de 2007, la CIDH emitió su decreto de solución amistosa, donde precisó una serie de compensaciones económicas, materiales, psicológicas, de salud y educativas que el Estado mexicano acordó proporcionar a Paulina y su hijo hasta su mayoría de edad o el término de su educación superior. Asimismo, enfatizó acuerdos en cuanto a la reformulación de la ley y la capacitación de servidores públicos en materia de los derechos reproductivos de las mujeres y los de una vida libre de violencia. El estado de Baja California asumió "expedir una reforma al artículo 79 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para cuando las mujeres sean víctimas del delito de violación, reciban información sobre la interrupción legal del embarazo, con el objetivo de brindarle a quien así lo solicite los mecanismo que le permitan decidir libremente y de manera informada sobre la posibilidad de la práctica de dicho procedimiento, a través de mecanismos que les faciliten el libre acceso a las instituciones del sector salud en el menor tiempo posible," y reconoce que la falta de "un marco normativo adecuado a la circunstancia que se presentó [...] impidió (a Paulina) ejercer el derecho que reclamaba." Por último, con dicho pronunciamiento se busca además, "prevenir la recurrencia de este tipo de situaciones, y es una muestra de la profunda convicción del Gobierno de Baja California de respetar las garantías individuales y sociales consagradas en el texto constitucional, así como los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país [...]" (CIDH 2007).

 

Segundo escenario

El derecho a la vida desde la concepción: la reforma 175

Antes de cumplirse una década de la violación de Paulina y con impugnación expresa a la solución amistosa facilitada por la CIDH, el 4 de diciembre de 2008 el Congreso del Estado de Baja California aprobó la reforma 175 del artículo 7 de su Constitución; reconoce la personalidad jurídica del no–nacido, con el otorgamiento del derecho a la vida desde la concepción.³² De tal manera, la entidad se anotó el segundo lugar³³ en el cumplimiento de una estrategia conservadora nacional de resistencia a la despenalización del aborto,³⁴ que mediante la revisión de las constituciones estatales pretendía reconocer al no–nacido —es decir, al embrión— como una nueva figura jurídica con derechos plenos. Para infortunio de las bajacalifornianas, en especial las de menores ingresos, la reforma 175 atenta contra las leyes anteriores de interrupción del embarazo: violación sexual, la amenaza a la vida de la madre y la malformación del producto, anotado de manera explícita en el apartado de artículos transitorios: "Se derogan todas las disposiciones que contravengan a esta reforma".³⁵

Tres antecedentes ayudan a comprender la promoción de la reforma 175, todos vinculados en última instancia a la transnacionalización de los discursos y las acciones: a) las lecciones derivadas de la conversión del movimiento cristiano fundamentalista de Estados Unidos en un dispositivo político para la causa conservadora, desde finales de la década de 1970 y su reconfiguración en un campo de significados culturales exportables y crecientemente globalizados;³⁶ b) la articulación de alianzas interreligiosas e internacionales basadas en significados culturales compartidos y la consiguiente constitución de expansivas redes conservadoras transnacionales,³⁷ cuyos encuentros anuales fungen como espacios de diseño estratégico³⁸ y c) la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo por el Congreso del Distrito Federal en 2007 y su reconocimiento como un problema de salud pública.

La distinción histórica de Baja California como el primer gobierno de alternancia panista, con dos décadas de circulación del discurso conservador; su afianzamiento en el imaginario cultural colectivo y su posicionamiento destacado en el mapa nacional de la diversidad religiosa, con un crecimiento dinámico de evangélicos de distintos estirpes³⁹ son elementos de peso que han facilitado la receptividad de los valores conservadores en la entidad. Sin embargo, la forma furtiva en que se impulsó y legisló la reforma 175 en el Congreso, sin una mesa de discusión previa, que de manera seria y detenida presentara la diversidad de opiniones sobre el tema por parte de especialistas, académicos(as) y organizaciones de la sociedad civil, y examinara el efecto de la reforma constitucional en las mujeres, cuestionó su legitimidad con ciertos sectores, en especial las feministas, los(as) académicos(as), los(as) estudiantes y otras(os) defensoras(es) de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. La forma sigilosa de presentar y votar la ley sembró el sentido de urgencia entre sus opositoras(es), crispando el ambiente político y tensando aún más la contienda entre ambas posturas. Existen posiciones encontradas en torno al significado de la vida humana, el momento y características de su inicio, también en cuanto a la relación entre vida y la calidad de ella, la preeminencia jurídica de la vida existente o en potencia y la posibilidad de armonizar las necesidades de ambas; el significado de la capacidad de procrear, para la realización de los derechos de la mujer y las implicaciones éticas de ser obligada a hacerlo. A raíz de la reforma, aún existen opiniones contrarias frente a la validez de las causas de excepción para la interrupción legal del embarazo en Baja California.

 

La constitución de la actora feminista en Baja California: su historia, acciones y estrategias

Como en otras partes de América Latina, la circulación del discurso feminista en Baja California registra etapas distintas,⁴⁰ incluso la articulación de los grupos de conciencia de los años setenta al movimiento popular en los ochenta y su "organización" en los noventa (Álvarez 1998), su consiguiente profesionalización y especialización temática y por último la incorporación paulatina de la perspectiva de género al aparato estatal y la elaboración de políticas públicas en los últimos lustros. Mientras que los veinte años transcurridos entre la 1ª Conferencia de la Mujer (Distrito Federal 1975) y la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing 2001) gestaron el acervo de derechos que conforman el marco referencial de acciones de las ONG feministas y de salud en el estado; en Tijuana la reforma municipal de 1999 introdujo formas nuevas de participación ciudadana en la política municipal. Los Comités de Planificación para el Desarrollo Municipal fungieron como espacios de encuentro entre funcionarios políticos y ciudadanos, que proporcionaron a las ONG de mujeres un dispositivo importante para el ejercicio de su agenda en el ámbito de las políticas públicas (López 2006, 174).⁴¹

Al principio, el esquema oficial de los comités no fue considerado, pero en 1998 se constituyó el subcomité de los Asuntos de la Mujer, en respuesta a la demanda de mujeres de varias representaciones sociales, sensibilizadas por la necesidad de contar con un espacio de este tipo, a raíz de las conferencias internacionales de la ONU. Las reuniones mensuales del subcomité se volvieron ámbitos dinámicos que aglutinaron a funcionarias, políticas, activistas feministas e integrantes de organizaciones religiosas y conservadoras. El objetivo fue analizar las políticas públicas dirigidas a las mujeres, y proponer líneas y programas que las beneficiarían. López (2006, 173) llama a este tipo de participación ciudadana "intermedia", al referirse a un ejercicio participativo situado en el intersticio entre la formal y la informal, con poder de cabildeo mas no de decisión. La perspectiva de género orientaba la mirada de muchas de las participantes y nutría las propuestas que defendían, pero no estaba explícita como enfoque obligado en los documentos constituyentes del subcomité, dividido en las comisiones de violencia doméstica, salud reproductiva y temas jurídicos, y fue instrumental en promover, diseñar y cabildear el Instituto de Mujeres de Baja California, cuya creación oficial después de dos años de cuidadosa agencia, se consideró por las integrantes como uno de sus mayores logros (Ibid., 173–174).

 

La disputa por la burocracia de las mujeres

La creación del Instituto Estatal de las Mujeres de Baja California se afianzó al proceso de institucionalización nacional de las políticas de género acordadas por México, al firmar el Plan de Acción en la 4ª Conferencia de la Mujeres (Naciones Unidas 2001); adquirió carácter obligatorio —junto a los demás convenios relacionados con los derechos de las mujeres signados por México— debido a la adhesión del Estado mexicano al Protocolo de la CEDAW, en 1999, y su ratificación en 2003. El instituto fue impulsado por el subcomité con la intención de facilitar un proceso progresivo de promoción de equidad de género en la entidad, mediante la inserción trasversal de la perspectiva de género al quehacer institucional, la promoción activa de los derechos y la ciudadanía femenina plena (Ibid. 2001). Después, los municipios de Tijuana (2002), Ensenada (2007) y Tecate (2007)⁴² fundaron institutos de la mujer, y constituyeron sus comisiones de equidad de género en el Congreso estatal y en los plenos de regidores(as) municipales. Empero, sin una noción clara de la función de dichas comisiones,⁴³ ni la comprensión de la perspectiva de género como herramienta metodológica para la planificación del desarrollo, el interés del gobierno del estado en dichas figuras institucionales parece fincarse más en el acceso a fondos federales asociados a ellas, y en su aplicación a proyectos afines a los objetivos de desarrollo y gobernación del ejecutivo de cada entidad, y no a dirigir dichos proyectos a la deconstrucción de la condición de subordinación social del género femenino.⁴⁴

El programa Mujer Informada, Hogar Seguro del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES–Tijuana, es un ejemplo de este tipo de proyecto enfocado a la mujer sólo en su papel de madre de familia, y se basa en las prioridades del presidente municipal por reducir la inseguridad pública de una ciudad permeada por el narcotráfico, el desempleo creciente y la pobreza, sin considerar, aparentemente, las necesidades e intereses de las propias jefas de familia en su diseño y aplicación. La hipótesis subyacente al programa afirma que si ellas tuvieran una información adecuada sobre la drogadicción, las pandillas y la delincuencia podrían informar y controlar a sus hijos mejor y contribuir así a reducir la inseguridad pública.

Las feministas expresaron su objeción sobre el enfoque de este programa, por considerar que desde INMUJERES, institución a cargo de defender los derechos de las mujeres, se trasmite un mensaje subliminal de culpabilidad a las jefas de familia por no asumir su responsabilidad en la generación de la inseguridad endémica de Tijuana, y les impone asimismo una demanda mayor de tiempo y energía además de las jornadas dobles y triples que cumplen a diario en su papel de encargadas del hogar. En su lugar, propusieron analizar la problemática de éstas desde la perspectiva de género, y ofrecerles planes de apoyo que les permitirían pasar más tiempo con sus hijos. A la vez, apuntan a la necesidad paralela de contar con proyectos dirigidos a promover la responsabilidad paterna.

Otro ejemplo es la campaña "Por la paz y la unidad del hogar", del Instituto de la Mujer de Baja California, centrada en "la plaga de la desintegración familiar". Debido a que en la entidad se registra la cifra más alta de divorcios del país, con 29.9 por ciento con respecto a los matrimonios (INEGI 2000), la campaña pretende revertir esta tendencia al valor de la "institución del matrimonio" como "un patrimonio que debemos cuidar", "preparando a las familias, esposos y novios" (sic) en la educación psicológica antes y durante el matrimonio, como método de prevención del divorcio y la desintegración familiar. Con la premisa de que "el Estado debe buscar cómo implementar políticas que apoyen a la familia a cumplir su cometido [...]" porque "la restauración del matrimonio es el sistema de costo más efectivo para reducir la carga impositiva de programas sociales y de mejorar el bienestar de niños y pobres",⁴⁵ se podría afirmar que dicha campaña pertenece más al DIF, la institución federal, estatal y municipal dedicada a la familia que al Instituto de la Mujer. A su vez, las feministas entrevistadas consideraron que dicho programa descansa en los discursos, valores y metodologías de los institutos religiosos en torno a la familia, y carece de un análisis sociológico sobre los cambios en la estructura familiar contemporánea y el efecto del contexto fronterizo en ella.

La identificación de la maquinaria institucional de mujeres como un territorio de disputa ideológica, por ser uno de los centros de mando en la producción de significados simbólicos organizadores de la sexualidad, la pareja, la familia y de la división sexual del trabajo (Maier 2009), hace que en un gobierno conservador —como el de Baja California— los institutos y las comisiones de equidad de género puedan fungir como dispositivos reproductores de los valores y relaciones tradicionales, que con frecuencia se reflejan en sus programas y las políticas públicas promovidas por la posición del sector más conservador del campo religioso. Este es el caso de la reforma 175 —impulsada por la responsable de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado—, que defiende los derechos de la vida–en–potencia por encima de los de la persona femenina. En este sentido, la tensión discursiva entre distintas burocracias de mujeres interroga la precisión de su intención original en el Plan de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer en Beijing, en 1995, y formula interrogantes en torno a la posibilidad de homogenizar ciertos principios básicos en la interpretación de la problemática de género.

 

La contienda por la ley: la disputa de la reforma 175

En mayo de 2008 empezaron a circular los primeros correos electrónicos que advertían la intención de los dos diputados patrocinadores de presentar una reforma constitucional, que garantizara el derecho a la vida desde la concepción.⁴⁶ Hubo personas que se unieron para moldear una estrategia que frenara la aprobación de dicha propuesta, entre ellas las afiliadas a las pocas ONG feministas, responsables de fundaciones promotoras de la salud reproductiva, integrantes de organismos de derechos humanos, académicas y ciudadanas(os) con interés en defender los derechos reproductivos, la equidad de género, la libertad de conciencia y el estado laico. La gran comunicación multidireccional confirmó al espacio cibernético como un campo de conectividad fluida, por un lado integró a un núcleo reducido de personas con gran experiencia profesional y política, especializadas en materia de los derechos de las mujeres y de salud, derechos humanos y agencia política y, por otro lado, un segundo anillo cibernético de contactos receptivos al discurso, dispuestos a multiplicar su circulación. Las redes de la red matriz expandieron el núcleo al tener como interlocutores a otras(os) profesionistas, periodistas y estudiantes universitarias, y formaron así una masa crítica de peso cultural desproporcionada, si se piensa en su número reducido, por el capital social del posicionamiento profesional de sus integrantes y el discurso transnacional de la equidad de género hegemónico a escala internacional.⁴⁷

Sin darse cuenta todavía que se trataba de una estrategia nacional, puesta en juego como si fuera una fila de fichas de dominó, las integrantes del primer anillo de la masa crítica feminista de Baja California se abocaron a detener la aprobación de la reforma en el ámbito estatal. Convocaron a reuniones de planificación, hicieron cabildeo con las y los diputados, organizaron conferencias de prensa y se presentaron en todas las sesiones del Congreso, se fueron desplazando por los municipios, lo que significó el empleo de tiempo y recursos extra. Planearon su agenda de manera reactiva, frente a las pautas de la del bloque conservador. Al enfatizar la defensa de los derechos de las mujeres, se acentuó la problemática de la salud pública implícita en la eliminación de las excepciones del aborto legal, y señalaron la necesidad de no proceder con la votación hasta considerar las opiniones de expertos(as) en la materia. Argumentaron la importancia ética, psicológica y social de no obligar a las mujeres a procrear. Señalaron el sesgo de clase para acceder a un aborto ilegal seguro o tener la posibilidad de cruzar la frontera para practicarse uno legal, destacando la desventaja de las mujeres de menores ingresos. Asimismo, pusieron énfasis en la violación implícita de los convenios internacionales y de la solución amistosa del caso Paulina, y reclamaron la protección del Estado laico —rasgo emblemático del Estado democrático moderno— para que no transforme expresiones de la moral privada en ética pública (Cruzalta 2009).

La votación de la reforma 175 en la sesión legislativa del 4 de diciembre de 2008 —sin anuncio previo— y su aprobación casi unánime por las y los legisladores bajacalifornianos elevó a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción, reconociendo la personalidad jurídica del no–nacido por considerarle "como nacido para todos los efectos legales", y garantizando su derecho "a la protección de la ley" por encima de los derechos mínimos de las mujeres a interrumpir su embarazo por causa de violación, amenaza a su vida o incesto.⁴⁸ Frente a este panorama, el 16 de enero de 2009 el procurador de los derechos humanos de Baja California promovió la demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se convirtió en el único responsable estatal con dicho cargo, de los 11 estados que aprobaron reformas similares, en objetar las implicaciones negativas para las mujeres y sus derechos reproductivos.⁴⁹ Vale recordar que Baja California es el único estado que no incluye en la reforma el reconocimiento a las acepciones antes previstas en la legislación penal, para acceder a un aborto legal. Al contrario, en ésta se anota en específico la derogación de todas las disposiciones anteriores que la contravenga, y así se ignora la decisión de la Suprema Corte de Justicia (2008) en contra de la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

Las opiniones de los ocho magistrados que forjaron precedencia jurídica con su decisión en este caso, consideran la necesidad de lograr una armonización entre los derechos de las mujeres a la autonomía y la libertad sobre su cuerpo y los de la vida en gestación, al señalar que la protección incondicional del concebido y no nacido pueden vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres, entre los cuales se incluyen

el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la protección de la salud, la libertad de la mujer sobre su cuerpo, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la no discriminación, la libertad reproductiva, la libertad sexual, el derecho a la libre maternidad, el derecho a la intimidad o privacidad sexual, la libertad de religión y de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación en materia de salud sexual y reproductiva, el derecho a la autodeterminación, el derecho al libre desarrollo personal y el derecho a la dignidad (Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, PDHBC 2008).

Al respecto, en sus deliberaciones en torno a la inconstitucionalidad de la reforma sanitaria, que despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas en el Distrito Federal, en sesión pública ordinaria del 26 de agosto de 2008, el ministro Miguel Góngora Pimentel opinó:

En el momento en que el Estado mexicano impone por la vía penal la culminación de un embarazo, restringe una serie de derechos fundamentales de las mujeres, debido a que las coloca en considerable desventaja al no permitirles ejercer su autonomía y ciudadanía plenamente [...]. La penalización de la interrupción voluntaria de un embarazo menor de doce semanas discrimina a razón de género, porque a partir de la figura de la maternidad y los hijos, se justifica que es su deber y obligación culminar un embarazo en cualquiera circunstancia bajo amenaza de una pena criminal, generando la posibilidad de que si toma la decisión de no ser madre se le atribuye la categoría de delincuente [...]. Se discrimina en razón de condición social [...]. Se discrimina por motivos de religión, opinión o preferencia, porque no existen criterios objetivos consensuales y razonables, que justifiquen que se debe valorar al embrión como persona: y por tanto, si el Estado establece una valoración impuesta por el derecho penal, ello restringe una serie de derechos y libertades [...]. Se atenta contra la dignidad de las mujeres y se menoscaban sus derechos y libertades, porque en el momento en que el Estado impone la continuación del embarazo por la vía penal, restringe una serie de derechos y libertades que la colocan en una marcada situación de desigualdad social que trasciende a su dignidad de persona humana [...].

La demanda de inconstitucionalidad de la reforma bajacaliforniana está en proceso de estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han recibido las cartas amicus de instituciones e individuos especialistas que suscriben dicha acción. Sin duda, hay tres incisos interrelacionados que sustentarán los argumentos a favor: Estado laico,⁵⁰ la libertad de conciencia y los derechos de las mujeres. El Estado laico deberá garantizar el reconocimiento y preservación de la libertad de conciencia —y su ejercicio individual y colectivo—, como principio activo imprescindible para la realización de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres (Mejía 2008, 135).

 

Reflexiones finales

La disputa por cómo interpretar y reglamentar la reproducción, la sexualidad y la familia, enraizada en las transformaciones estructurales y tecnológicas de la era posindustrial, en medio del riesgo intensificado, la desintitucionalización y la incertidumbre de la modernidad líquida, toma un lugar central en la contienda ideológica del siglo XXI, por la hegemonía de los significados culturales. Dos discursos cuestionan el sentido de temas filosóficos tan importantes como qué es la vida, cuándo se forma la persona humana, en qué momento se vuelve sujeto a derechos, qué autoridad sustenta a los derechos humanos y cuáles son las características del Estado.

El discurso feminista emerge de las propias tensiones del desarrollo industrial, pero se vuelve emblemático de la era posindustrial. Descansa en las premisas de la diversidad, la inclusividad y la autonomía; impulsa la sujetivización y ciudadanización crecientes del género femenino; enfatiza el vínculo entre la libertad de la decisión reproductiva y la sujetivización y ciudadanización de las mujeres; sitúa la interrupción del embarazo en el campo de la salud pública; reconoce la diversidad sexual y familiar; aboga por una reorganización equitativa de la división sexual del trabajo y fomenta la profundización de la democracia social y política.

Por su parte, el discurso neoconservador se construye de manera reactiva respecto a las propuestas feministas, también se consolida en las condiciones riesgosas e inciertas de la era posindustrial. Descansa en premisas tradicionalistas vinculadas a creencias y mitologías religiosas; añora la estabilidad de la modernidad simple; promueve el modelo familiar heterosexual–nuclear; sostiene valores patriarcales reajustados a los cambios estructurales de la fase posindustrial, en que se desmoronó el salario familiar y las mujeres entraron a la manutención económica de la familia; sitúa la interrupción del embarazo en el campo de la moral religiosa, enlazando la posibilidad de la vida a la supremacía de la intención divina; defiende la coherencia natural entre religión y Estado y el beneficio de orientar al funcionamiento y las labores de éste a partir de las creencias y premisas religiosas.

Dicha disputa tiene muchas caras, se perfila según el contexto en que se desenvuelve, tildando la balanza cultural según el rasgo tradicional o cosmopolita de cada sitio. En lugares como Baja California, donde el discurso conservador ha sido hegemónico durante lustros, las representantes y autoridades encargadas de la burocracia de mujeres —tanto las comisiones de equidad de género como los institutos de la mujer— tranversalizan en las políticas públicas y la legislación a su cargo el discurso de la familia tradicional en sustitución de la perspectiva de género. De esta manera se resignifican los contenidos originales de los convenios internacionales firmados por México, desvirtuando sus objetivos igualitarios mediante programas que renaturalizan la identidad tradicional de la mujer como madre y ama de casa. La "re–esencialización" de la mujer se ejemplifica sobre todo en el campo de la reproducción. Así lo demuestra la reforma 175 constitucional, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción; negando el de interrumpir el embarazo por razones de violación, incesto y amenaza de muerte materna, y obliga a las mujeres a gestar en contra de su voluntad y bienestar. De tal forma, se violan sus derechos humanos, y se retrocede severamente en materia de los reproductivos, que son imprescindibles para la ciudadanización plena de las mujeres y la realización de la equidad de género.

Sin duda, la repuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al recurso de inconstitucionalidad impuesto contra la reforma 175 incidirá a escala nacional y local en la próxima fase de la disputa por los sentidos culturales. También lo hará el rechazo ciudadano creciente a los retrocesos en materia de derechos de las mujeres y a la cada vez más frecuente trasgresión al Estado laico; discurso que empieza a constituir un nuevo actor colectivo entre intelectuales, especialistas y personalidades de los medios de comunicación, adscritas(os) a redes sociales de comunicación y organizaciones emergentes del neofeminismo en todos los estados del país. Frente a la embestida del conservadurismo religioso, se perfila una nueva ola feminista que pretende sensibilizar a la población sobre los derechos de las mujeres, del alcance de su violación y del significado integral de la equidad de género, en asociación a la defensa de los derechos humanos y el Estado laico. Se germina un discurso renovado que articula los derechos de las mujeres –y muy en especial los reproductivos y sexuales– a los grandes temas de interés: el bienestar económico, la salud integral, la seguridad ciudadana, la representatividad real y funcionalidad del orden político y el medio ambiente. Uno que proponga impregnar a los mayores temas sociales con los derechos de mujeres y hombres a la equidad, mientras exija su sitio en la mesa de negociaciones para superar la crisis civilizatoria emblemática de la presente era.

 

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Notas

¹ El análisis actual se limita a la contención discursiva en torno al aborto y sus ramificaciones temáticas, a pesar de que existen otros nudos de contención en la disputa de estos dos discursos en la hegemonía cultural.

² La intención es presentar la génesis de ambos discursos, para comprender mejor sus posturas actuales, sin embargo, aquí se trasparenta una mirada políticamente posicionada a favor de la perspectiva de género y la equidad, como lo sugiere Geertz (2000), a manera de advertir el sentir subyacente a la interpretación analítica.

³ Arendt (1998, 18) distingue entre la Edad Moderna y el mundo moderno, señala que la primera comenzó en el siglo XVII, con la edificación del paradigma científico, el pensamiento racional y la mitificación de la conquista humana sobre la naturaleza, mientras que en el campo político el segundo emergió de las primeras explosiones atómicas. No obstante, vale recordar que lo políticamente emblemático de la Edad Moderna entreteje la noción del individuo y sus derechos inalienables con el modo productivo de trabajadores libres, en una sociedad cada vez más secular y una conciencia más ciudadanizada.

⁴ En alusión a la conectividad internacional del discurso feminista, Álvarez (2000, 33) emplea el concepto de "transnacionalización del discurso feminista local" para referirse "al uso de marcos discursivos y prácticas organizacionales y políticas que son inspiradas y reafirmadas —aunque no necesariamente causadas— por la interrelación con actores sociales más allá de las fronteras nacionales, a través de un amplio rango de contactos, discusiones, transacciones y redes, tanto virtuales como materiales" (traducción propia). El concepto discursos trasnacionalizados evoca esta definición.

⁵ Aquí se usa el término posindustrial como lo hace Touraine (1969) como referencia a la etapa actual de la modernidad, donde se registra un cambio significativo del orden estructural, con la expansión rápida del sector de servicios en contraste con el industrial, pero asimismo donde lo estático de las instituciones entra en contradicción con lo fragmentado y líquido de la vida cotidiana contemporánea. En este sentido, Bauman señala que "las condiciones de actuación de sus miembros (de la sociedad) cambian antes de que las formas de actuar se consolidan en hábitos y en una rutina determinada" (2005, 09). Dichas condiciones producen lo que Beck llama la "individualización de las instituciones", correspondiente a la fase de "modernización reflexiva", en que éstas se reconfiguran mediante la negociación de los intereses individuales de sus miembros, y dejan de existir por encima de ellos, como se caracterizaron en la etapa de la modernización industrial o "modernización simple", como la llama este autor (2006, 16).

⁶ A diferencia del sufragismo de la primera ola, en las décadas iniciales del siglo XX, la segunda ola floreció a finales de los años setenta, y descansó en la interrelación entre la organización de mujeres, la conscientización de su posicionamiento social subordinado, la teorización consiguiente, la institucionalización de políticas públicas para la eliminación de la asimetría genérica y la construcción de sociedades basadas en el principio de la equidad entre hombres y mujeres.

⁷ Por ser altamente relacional, contextual y coyuntural, el conservadurismo evoca una diversidad de remitentes según la época histórica y el ámbito cultural concreto. No existe una teoría general sobre él, pero se vincula con lo efervescente del liberalismo, y a lo largo de la historia ambas posturas se puntualizan frente al proceso de laicización del pensamiento político moderno (Bobbio et al. 1981, 318–319). El conservadurismo afora como un movimiento reactivo frente a la Edad Moderna, disputando con vigor el surgimiento de la figura del individuo, la noción de la conciencia individual y el derecho a la libertad de conciencia, que constituye el sujeto moderno (Blancarte 2005, 198). Como construcción histórica que se transforma con el tiempo, "construye según la época lo que se debe conservar" (Alonso 2005, 368), y descansa en la idea de un orden natural jerárquico que precede y organiza lo social, asentándose en el discurso de las virtudes de la tradición y guiándose por las premisas religiosas. Una mitología de la pureza originaria articula el imaginario colectivo conservador informando a un orden sentimental nostálgico, que enaltece la mirada cultural retrovisora de las tradiciones, lo estático y lo establecido.

⁸ Con el concepto de campo religioso, Bourdieu se refiere al espacio social de competencia entre las ofertas religiosas, organizado por la relación de dominación simbólica entre especialistas que detentan el capital simbólico del manejo de los bienes de salvación y los laicos que negocian su relación con dicho capital. El campo de acción de esas relaciones ostenta una autonomía relativa, construida a lo largo de la historia por procesos de diferenciación social frente a los campos económico y político (Odgers 2006, 115; De La Torre 2002, 49).

⁹ El fundamentalismo religioso remite una estrategia de defensa identitaria frente a la vorágine de la modernidad, que exalta los fundamentos doctrinarios de los textos sagrados y su interpretación literal como pautas para valorar y administrar la acción humana contemporánea.

¹⁰ Mediante una decisión favorable en el caso de Roe contra Wade, la Corte Suprema de Estados Unidos despenalizó el aborto en 1973 en todo el territorio nacional, a favor del derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y el curso de su vida. Esta decisión histórica surcó las fronteras de contención de uno de los temas más conflictivos de la era contemporánea.

¹¹ El Comité Nacional Provida se conformó en México en 1978, a raíz de la propuesta de ley de la coalición feminista para despenalizar el aborto. Provida se define como asociación civil laica, pero muestra vínculos estrechos con la jerarquía de la Iglesia católica y se ha categorizado como un grupo ultraconservador (Lerner y Guillaume 2006, 5).

¹² Después de más de setenta años de régimen priista, de partido único en el poder, en el año 2000 en México se inició una etapa de alternancia política con la elección presidencial de Vicente Fox (2000–2006) y el triunfo del conservador PAN.

¹³ Patrocinaron la "política de la Ciudad de México" o la "ley de mordaza global", que eliminó el uso de fondos federales estadounidenses para financiar la labor de instituciones internacionales de planificación familiar, que ofrecen abortos o proveen información o asesoría sobre el aborto. Dicha medida restringió el acceso a recursos de organizaciones promotoras de los derechos reproductivos y sexuales, como Planned Parenthood y la Fundación Mexicana para la Planificación, Familiar, A. C., (Mexfam), entre otras, reduciendo su capacidad de brindar información y servicios de planificación familiar.

¹⁴ Según especialistas, la fuerte competencia entablada entre las sociedades religiosas evangélicas y la Iglesia católica resultó en un incremento significativo de las tendencias evangélicas, que crecieron a escala nacional desde 2 600 000 personas en 1980 a 5 800 000 en el año 2000 (Hernández 2002, 13). A la vez, se considera que la población católica disminuyó en 8.18 por ciento entre 1970 y 2000, mientras que la no católica creció en el mismo porcentaje (Odgers 2006, 112).

¹⁵ Entre otras, la Red Familia (www.redfamilia.net) ha sido un dispositivo efectivo para vincular y consolidar a grupos conservadores y ultraconservadores nacionales e internacionales, por medio de encuentros anuales dedicados a la formulación de estrategias regionales de promoción de la perspectiva y los valores del modelo de la familia natural.

¹⁶ Entre otros, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés (1979); el Plan de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo, en Cairo (1994); la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena (1993); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en Lima (1994); el Plan de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer, en Beijing (1995) y el Protocolo de la CEDAW (1998).

¹⁷ El Banco Mundial se adhiere a la CEDAW y las indicaciones del Plan de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer, y condiciona el financiamiento de los Estados al progreso logrado en materia de equidad de género.

¹⁸ La perspectiva de género es la mirada conceptual–metodológica que permite analizar los mecanismos sociales (institucionales) y culturales (simbólicos), que producen y reproducen la desigualdad entre los sexos.

¹⁹ La transversalidad de la perspectiva de género es uno de los mandatos metodológicos estratégicos del Plan de Acción de la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing 1995), que se refiere a la incorporación plena de dicha perspectiva en la amplia red del sistema circulatorio —por decirlo así— de las políticas públicas nacionales, estatales y locales.

²⁰ En la literatura feminista en torno al periodo de institucionalización de la perspectiva de género, también se ha llamado "maquinaria de mujeres" a las instancias oficiales dedicadas a promover sus derechos.

²¹ El PES recibió su registro en Baja California el 30 de octubre de 2006, como partido estatal; su misión expresa es transformar la cultura política y refundar el país a partir de valores tradicionales centrados en la familia. El PES es la maduración de un grupo político de laicos evangélicos llamado Agrupación Política Nacional Encuentro Social, constituido en 2001, cuya estrategia es fomentar al PES en toda la república. A pesar de contar con el símbolo del pez cristiano como logo, el PES–BC asegura que no es evangélico, afirma que defiende la educación y el Estado laicos y que sus miembros son "cristianos y católicos", "gente justa y honesta" (www.jornada.unam.mx/2009/04/09), "congruentes con la fe que profesan" (www.jornada.unam.mx/2006/08/28). Ha participado en coaliciones electorales con el Partido Nacional Convergencia y el PAN, caso contrario al Partido Socialdemócrata, cuyas metas de legalizar el aborto, las sociedades de convivencia y la mariguana resultan frontalmente encontradas (http://semanal.milenio.com/node/335/p.2). En Baja California, el pes participó en el proceso electoral de 2007 en coalición con el PAN y el Partido Nueva Alianza en la denominada "Alianza por Baja California". Su misión se enfoca en "impulsar una reforma que posibilite la transformación de las instituciones sociales, económicas y políticas que organizan la vida de nuestro estado". La prioridad del PES es generar políticas públicas que logren la cohesión social, a través de la unidad familiar.

²² Concepto que se refiere a una cantidad suficiente de individuos para que un fenómeno adquiera una dinámica propia, que permita el fortalecimiento y avance en la realización de sus objetivos.

²³ Según Emile Poulat (en De La Torre 2005, 242–243), a partir del siglo XIX tres corrientes históricas de pensamiento disputan los significados de la realidad social y el rumbo de la sociedad. Y aunque admiten la universalidad de los derechos humanos, a la vez han pugnado –desde posiciones antagónicas– por el privilegio de la interpretación hegemónica. El liberalismo, el socialismo y el cristianismo social construyen lecturas particulares de los derechos fundamentales de acuerdo a sus antecedentes históricos, las premisas diferenciales articuladoras de su discurso y el perfil particular de agentes contrastados que promueven objetivos encontrados.

²⁴ La estrategia actual del conservadurismo político–religioso, de lograr el reconocimiento jurídico del derecho a la vida desde la concepción en todos los estados de la república, ha interrogado en entidades como Baja California la primacía de los derechos reproductivos de las mujeres que se reconocieron antes de la reforma, como es el de interrumpir el embarazo en caso de la violación. Existen interpretaciones encontradas por parte de una y otra posición en torno a la validez de dichos derechos reproductivos después de la entrada en vigor del Decreto 175. El polo conservador insiste en que la reforma 175 al artículo 7º de la Constitución estatal no los perjudica, mientras que feministas y defensores de los derechos humanos consideran que el tercer transitorio que deroga "todas las disposiciones que contravengan a esta reforma", en efecto revoca la supremacía de leyes anteriores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta disputa dictaminando la demanda de inconstitucionalidad de la reforma presentada por el procurador de derechos humanos de Baja California, en enero de 2009.

²⁵ Además de los funcionarios mencionados, dicha red fue integrada por los directores y médicos del Hospital General de Mexicali, del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD) de Mexicali, la Iglesia católica, la organización Pro–Vida, escuelas religiosas privadas y el periódico La Cruz de California, entre otros.

²⁶ No queda claro si dicha admonición fue ejecutada o ignorada con la anuencia del procurador, como aseguran las integrantes del bloque defensor de Paulina.

²⁷ La premisa eclesial del origen divino de la vida sustenta el uso discursivo monopólico de la "defensa a la vida" como sinónimo al rechazo de la interrupción del embarazo y tilda de "cultura de la muerte" a su despenalización y a sus defensores. Frente al engrosamiento creciente del campo religioso alentado por la época actual de gran incertidumbre y riesgo, una estrategia feminista de reapropiación simbólica de la defensa de la vida —a partir de la noción de la calidad de vida, entre otros conceptos del paradigma de desarrollo humano— mediará la oposición entre vida y muerte, y permitirá insertar el tema en una discusión más amplia sobre las condiciones de vida de las mujeres y hombres de diversos sectores sociales. Asimismo, parece importante divulgar en amplios sectores sociales un discurso que atienda las implicaciones de las distintas lecturas de los derechos humanos, y situar la mirada humanista y laica dentro del contexto histórico mexicano de los grandes momentos definitorios del rumbo nacional.

²⁸ El Grupo de Mujeres "Alaide Foppa" de Mexicali fue central en promover la defensa de los derechos reproductivos de Paulina, y asimismo en articular a la red de apoyo. Coincidieron en este esfuerzo la Red de Mujeres de la Península de Baja California, organizaciones feministas nacionales como Milenio Feminista y GIRE —en un papel destacado de asesoría jurídica—, redes regionales de mujeres, artistas, editorialistas y periodistas de La Voz de la Frontera y de diarios nacionales como La Jornada, abogadas(os) y académicas(os) de la región y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, que comenzó de manera preponderante en dar causa a la demanda original de violación de derechos humanos iniciada por el Grupo de Mujeres "Alaide Foppa". Asimismo, en colaboración con dicha organización no gubernamental (ONG), el copatrocinio del recurso entregado a la CIDH de parte del Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York —reconocida consultora con estatus de especialista en temas reproductivos en las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA)— posibilitó la fase internacional de dicha demanda.

²⁹ A diferencia de la definición clásica del concepto de movimiento social de Touraine (1989, 249), propuesto como un terreno de conflictividad social compuesto por tres elementos constituyentes, un actor colectivo, su adversario y el contexto del conflicto, que evoca expresiones y grados distintos de manifestaciones masivas públicas, la definición de Álvarez permite comprender lo extendido y hondo de la repercusión de muchos movimientos contemporáneos, cuya influencia se despliega por los flujos tecnológicos de la ciberglobalización y se permea al cuerpo sutil —consciente e inconsciente— del imaginario colectivo y la fibra social.

³⁰ Para un análisis más detenido sobre la historia del movimiento de mujeres en Baja California, véase López Estrada (2002).

³¹ En 1997, la red decidió ampliar su membresía de cuatro a cinco ONG, e integró a otra de Baja California Sur, se extendió así por toda la península y cambió su nombre a Red de Mujeres de la Península de Baja California (López Estrada 2002, 215).

³² De las seis diputadas y los 19 diputados de los seis partidos, representados en el Congreso de Baja California, sólo Ana María Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votó en contra de dicha reforma constitucional.

³³ Sonora, estado norteño de larga hegemonía priista, fue el primero en aprobar el reconocimiento de esta nueva figura jurídica —el no–nacido—, en octubre de 2008. Tal hecho devela las reconfiguraciones ideológicas pragmáticas de los partidos políticos mexicanos en la era de la modernidad líquida, con el laicismo populista histórico del PRI cuestionado en medio del debilitamiento de sus bases sectoriales y la necesidad de resarcir el pacto social con el campo religioso, en especial con la Iglesia católica.

³⁴ A finales de 2007, después de un periodo intenso de discusión y deliberación ciudadana, el Congreso del Distrito Federal aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas. Empujado por el temor de ver multiplicarse políticas públicas similares en otras entidades de la república, el bloque conservador elaboró un plan de resistencia activa basado en el blindaje jurídico de los estados a partir del reconocimiento de la figura del no–nacido y la tipificación de sus derechos. Desde octubre de 2008 hasta mediados de marzo de 2010, 18 estados (de 32) habían aprobado dicha propuesta jurídica, que institucionaliza el discurso conservador en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Veracruz así como la propuesta de ley presentada en el Congreso de la Nación.

³⁵ En este clima adverso para los derechos reproductivos de las mujeres, el 25 de mayo de 2009 se publicó una nota en el periódico Frontera que advertía de una joven bajacaliforniana de 22 años arrestada en fecha reciente por haber abortado en 2007. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a pesar de indicar en aquel momento que su aborto fue resultado de un esfuerzo físico, los médicos que la atendieron entonces encontraron pastillas en el "cuello vaginal", por lo que registraron el hecho como un aborto provocado. A unos meses después de la aprobación de la reforma 175, la joven fue arrestada con base en el artículo 133 del Código Penal del Estado, que indica la pena de uno a cinco años por haberse provocado el aborto. Dicho arresto por autoprovocación constituye un precedente preocupante para la autonomía femenina, el derecho a la libre determinación sobre cuándo y cuántos hijos tener y la equidad de género. A la vez, replica el mismo tipo de cacería de mujeres que se está dando en distintos estados del país por la misma causa, en especial en Guanajuato y Jalisco, obviamente formando parte medular de la estrategia conservadora por disciplinar a las mujeres a aceptar la moral privada de los mandatos religiosos en torno a la reproducción.

³⁶ Hadden (1989) divide el fundamentalismo cristiano en cuatro campos relacionados a lo largo de la historia: el teológico; el político, que vierte las premisas del fundamentalismo religioso en la orientación de la filosofía política y la elaboración de las políticas públicas; el cultural, que fusiona los dos anteriores en una macropropuesta de significados culturales y el global, que articula la vertiente cristiana a otras tradiciones religiosas (Maier 2008, 21).

³⁷ En México, la Red de Familia es una alianza estratégica de identidades conservadoras diversas del campo religioso nacional, articulada a múltiples redes internacionales de la misma cepa, productoras y reproductoras del discurso conservador transnacionalizado. En su página electrónica se presenta como "una coalición mexicana de más de 400 organizaciones y grupos de la sociedad civil que benefician a ocho millones de personas" (www.redfamilia.net). Impulsa los derechos de la familia mexicana frente a los medios de comunicación y las acciones del gobierno, que con frecuencia —según su opinión— violentan la integridad física, social y moral de dicha unidad (Ibid., 25).

³⁸ En este sentido, fue significativo el tercer Congreso Mundial de Familias (CMF), en la Ciudad de México en marzo de 2004, que exhibió una colaboración estrecha entre gobiernos oficialmente laicos —en particular, el estadounidense de George W. Bush y el mexicano de Vicente Fox— representantes de organizaciones civiles religiosas de Estados Unidos y México dedicadas a promover en el mundo una agenda política neoconservadora. Fue patrocinado por la Red Familia y el DIF e inaugurado por Ana Teresa Aranda, presidenta del DIF, Carlos Abascal, secretario de Gobernación, Marta Sahagún de Fox, la esposa del presidente y Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Desarrollo Social, y después de Educación. Fundado en 1997 por el ministro y doctor cristiano estadounidense Allan Carlson, con el objetivo de "profundizar y promover la perspectiva de la familia en las políticas públicas nacionales e internacionales" (htpp://www.congresomundialfamilias.tk/). Entre las conclusiones estratégicas del tercer congreso se anotaron: a) designar el primer domingo de marzo como el Día de la Familia, para edificar los valores de la familia tradicional (a sólo unos días del internacionalmente reconocido Día de la Mujer, el 8 de marzo); b) promover un código de familia orientador de la educación de las/los jóvenes y c) incidir en las políticas públicas desde la perspectiva de la familia (Ibid., 24–25). Por otro lado, en enero de 2009, el Distrito Federal también fue la sede del Encuentro Mundial de la Familia, evento de origen católico, organizado por el Pontificio Consejo para la Familia y la Diócesis sede de turno (http://www.emf2009.com/esp/nota01001.htm). En esta ocasión, el objetivo fue "difundir una nueva cultura de la vida", parece haber apresurado las furtivas aprobaciones de las reformas constitucionales en los 11 estados donde ahora se reconoce a la figura del no–nacido y su derecho a la vida desde la concepción.

³⁹ Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI (2000) cerca de 15 por ciento de la población total del estado es evangélico.

⁴⁰ Corresponden a la interrelación del cúmulo de experiencias de los grupos de mujeres, la complejidad de los discursos que circulan en el mundo y la oferta local, nacional e internacional de oportunidades para la organización de ellas y su inserción económica, social y política creciente.

⁴¹ Es curioso que el final del primer subcomité de los Asuntos de la Mujer marcara la conclusión de la etapa de efervescencia ongista en el municipio y el estado. La fragmentación y descentramiento de los movimientos sociales, a causa del desvanecimiento del mundo bipolar y la reorganización estructural de la globalización, coincidió para las ONGfeministas con una intensa competencia por el reducido financiamiento mundial, lo que provocó escasez de fondos, limitaciones en el radio de influencia y de eficacia, en ciertos casos una gran disputa interna por la visión, objetivos y forma de organización del grupo.

⁴² A finales de 2008, el presidente de Rosarito afirmó en entrevista que 2009 sería el año en que las mujeres contarían con un instituto propio, lo que dejaría a Mexicali como el único municipio del estado sin la maquinaria institucional para atender la problemática de ellas.

⁴³ El copatrocinio de la presidenta de la Comisión Estatal de Equidad de Género de la reforma constitucional, que tipifica el derecho a la vida desde la concepción, ejemplifica la reorientación radical de contendidos y metas de una instancia concebida en un principio como dispositivo de defensa de los derechos de las mujeres. En este sentido, se tendría que entender a las comisiones de equidad de género en Baja California como espacios político–discursivos en disputa por la hegemonía de la interpretación.

⁴⁴ Dicha conclusión emana de la información recolectada en la investigación Conocimientos, actitudes y estrategias de género de funcionarias y funcionarios de primer nivel en Baja California, para el Fondo de Transversalidad e INMUJERES–BC. En ella, además de los programas de trabajo, se analizaron las entrevistas aplicadas a la mayoría de las funcionarias encargadas de la dirección de las comisiones e institutos en el estado (Maier 2008).

⁴⁵ Revista Nshaak (mujer kumiai), Instituto de la Mujer de Baja California, julio–diciembre de 2008.

⁴⁶ El hecho de que el único diputado del PES con antecedentes evangélicos, —esposo de la directora de INMUJERES de Baja California y también miembro de él— fuera el autor de dicha propuesta de ley, copatrocinada por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, devela una estrategia interpartidista de resignificar los espacios institucionales de las mujeres con valores conservadores.

⁴⁷ Es importante señalar que los espacios intergubernamentales, como la ONU, también son territorios en disputa, si se recuerda la intensidad de la objeción del Vaticano a la inclusión de la perspectiva de género en el documento final de la 4ª Conferencia de las Mujeres, con el argumento de que dicha mirada no representa a la mayoría de las mujeres y hombres del mundo en vías de desarrollo.

⁴⁸ En Baja California se podría decir que "la octava es la vencida", en referencia a los siete intentos anteriores que los grupos llamados "pro–vida" y representantes legislativos panistas han abanderado en el Congreso desde hace 23 años.

⁴⁹ La demanda de inconstitucionalidad descansa en tres argumentos básicos: a) la violación de los derechos de las mujeres; b) la violación de los compromisos internacionales de México, en relación con los derechos de las mujeres —entendidos como derechos humanos indivisibles— y de los sexuales y reproductivos; c) la jerarquización de los valores y el orden jurídico nacional, y el significado consiguiente para la legislación de Baja California de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno a la demanda de inconstitucionalidad de la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas en el Distrito Federal.

⁵⁰ El Estado laico, en su función de mediador y defensor de la diversidad de creencias, valores y opiniones constituyentes de las sociedades modernas y democráticas, está obligado a proveer un marco ético de acuerdos mínimos para garantizar la libertad y pluralidad de convicciones y costumbres, sin imponer a los demás la moral privada sólo de algunos.