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Región y sociedad

versión impresa ISSN 1870-3925

Región y sociedad vol.19 spe. México ene. 2007

 

Artículos

 

Las elecciones locales en Sonora, 1997–2006. Los alcances de la competitividad electoral

 

Juan Poom Medina*

 

* Profesor–investigador del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública de El Colegio de Sonora.

 

Correspondencia:
Obregón 54, colonia Centro, C. P. 83000,
Hermosillo, Sonora, México.
Teléfono 01(662) 259–53–00.

Correo electrónico: jpoom@colson.edu.mx

 

Resumen

Los resultados electorales en Sonora en los últimos diez años contribuyen a sostener el argumento de que las elecciones locales son competitivas. Esto significa que el margen de victoria entre el partido ganador y su competidor más cercano es más cerrado, lo que sugiere la existencia de un panorama electoral distinto en comparación con periodos anteriores. Además, se propone considerar este escenario de elecciones reñidas como un factor que influye en la búsqueda de mejoras en la gestión pública local y en la construcción de instituciones políticas eficientes en la entidad.

Palabras clave: elecciones, competitividad electoral, margen de victoria, alternancia, gobiernos divididos, reformas electorales.

 

Abstract

Electoral results in Sonora over the last ten years help support the argument that local elections are competitive. This means that the margin of victory between the winning party and its closest competitor is narrower, suggesting the existence of a different electoral panorama compared to previous periods. Furthermore, this scenario of close elections could be considered a factor that influences the pursuit of improvements in local public management and the construction of efficient political institutions in the state.

Key words: elections, electoral competitiveness, margin of victory, alternance, divided government, electoral reforms.

 

Introducción

Las elecciones locales en Sonora celebradas entre 1997 y 2006 son diferentes a las de años anteriores en muchos aspectos. Además, en varios apartados de la agenda político–electoral hay modificaciones importantes. En los resultados electorales se observa con mayor certeza el cambio incremental de los comicios. Los resultados de las elecciones han cambiado en los últimos diez años, y hoy el margen de victoria es más cerrado o reñido entre el partido ganador con respecto a su competidor más cercano. Este fenómeno, que permite argumentar que las elecciones locales en Sonora han aumentado su competitividad electoral,1 ha sido poco estudiado. Por otra parte, en la literatura local nada se ha escrito respecto a la relación posible entre competitividad electoral y agenda de gobierno.

Como el tema electoral es amplio, es válido señalar que la importancia de los cambios en los resultados electorales es sólo una parte de muchos otros en el ámbito político en la entidad. Por ejemplo, los ocurridos en la trayectoria de la normatividad electoral debido a las reformas aprobadas, las modificaciones en la estructura interna de algunos partidos políticos que buscan modernizarse y la aparición de incentivos que han influido en una participación ciudadana más activa, que no sólo se refleja en tasas de participación electoral sino en otras formas de actividad política, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales u otros canales de expresión ciudadana.

Además, sigue vigente la alternancia que desde las elecciones de 1997 dibujó una geografía electoral nueva y ha sido cíclica. Antes, este fenómeno se concebía a partir de la derrota en las urnas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora se ve un proceso de recuperación de este partido en municipios que perdió durante las contiendas reñidas de la década de los noventa.

Asimismo, los diseños institucionales surgidos de la nueva conformación del Congreso local y de su papel en el proceso de transición de la entidad y en la aprobación de políticas públicas, también es un tema modificado en la agenda política. Tampoco se puede omitir la existencia de una relación intergubernamental nueva, surgida desde hace tiempo con los municipios yuxtapuestos, es decir, los regidos por partidos diferentes al del gobernador en turno (De Remes 1999), de los que en Sonora existen ejemplos numerosos.

En este artículo se mostrarán evidencias para fortalecer el argumento de que las otrora grandes diferencias de votos entre el partido ganador con respecto al resto en una contienda electoral son un fenómeno del pasado. Para ello existen datos que exponen los cambios en la competitividad electoral, buscando relacionarla con los alcances que ésta puede tener en la gestión pública local y el diseño de instituciones eficientes.

Con este propósito se analizan los resultados de las elecciones municipales celebradas en Sonora durante los últimos diez años: 1997, 2000, 2003 y 2006. Además, se utiliza información de la elección de gobernador de 2003, para señalar diferencias con respecto a las de 1991 y 1997. El respaldo teórico que apoya los argumentos se basa en la capacidad explicativa del nuevo institucionalismo en la ciencia política.

En la primera parte del artículo se presenta el marco teórico que respalda el argumento central, los datos para analizar el estado actual de la competitividad electoral en Sonora, y se menciona un estudio que expone los factores que presumiblemente influyen para que hoy haya elecciones competitivas. Finalmente, se presentan algunos temas que conforman la agenda pendiente, donde se propone el vínculo de la competitividad electoral con el tema de la gestión pública local y las instituciones políticas.

 

Un marco teórico breve.

El nuevo institucionalismo en la ciencia política

En la literatura sobre ciencia política, múltiples argumentos señalan que las instituciones políticas están constituidas por las reglas del juego (Rothstein 2001, 215). La definición más frecuente en los artículos de los especialistas, llamados institucionalistas, señala que las instituciones son "las reglas de juego de la sociedad, o más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana" (North 1990, 13). En términos de Shepsle (1986, 52) las instituciones políticas son "las estructuras de reglas, procedimientos y acuerdos"; para March y Olsen (1993) éstas definen el marco en el cual tiene lugar la política.

En los sistemas democráticos, sin duda, las reglas importan, pues son parte de la vida cotidiana. Especialmente durante los procesos electorales, moldean el tiempo de inicio y finalización de los comicios; sugieren las rutinas que deben seguir los actores políticos; estructuran la ley que rige las elecciones; ofrecen la posibilidad de lograr acuerdos dentro de las organizaciones políticas y fungen como guías en cada uno de los asuntos que competen a la buena organización electoral. Las reglas son viables porque surgen del consenso de los mismos actores políticos, y pueden ser formales e informales (North 1990, 55). Una de las aportaciones principales de las instituciones es que diseñan el camino que permite a los candidatos ganadores convertirse en representantes (March y Olsen 1997), y cada disciplina las revisa a partir de su perspectiva.

Los especialistas han discutido sobre los distintos enfoques institucionales, que son útiles en la búsqueda de respuestas y comprensión de los problemas sociales, económicos y políticos.2 En este conjunto de visiones, la perspectiva económica sostiene que las preferencias sólo pueden llevarse a cabo por los individuos y son exógenas a las instituciones. De acuerdo con este enfoque, el actor viene al juego institucionalizado con un conjunto fijo de preferencias orientadas racionalmente. En este caso, las instituciones determinan los intercambios que ocurren entre actores, pero no inciden en las preferencias (North 1990).

La visión más sociológica sostiene que las instituciones establecen una lógica de la adecuación, esto es, indican a los actores lo que deberían preferir en las situaciones en las que se encuentren. Se asume, retomando la clásica propuesta de Herbert Simon (1982), que los individuos no tienen la capacidad computacional o habilidad cognitiva para ser totalmente racionales en sus interacciones con otros agentes (Powell y Dimaggio 1999, 12).

Elinor Ostrom plantea una tercera postura respecto a los recursos colectivos a los cuales todo mundo tiene acceso. Si cada uno ve sólo su propio interés y explota los recursos al máximo éstos pronto se extinguirán, por lo tanto, debe aplicarse alguna regulación. Las dos soluciones clásicas a este dilema fueron propuestas por Garret Hardin en 1968, quien sostuvo que debe implementarse la privatización o el control estatal de los recursos, puesto que los colectivos no son sujetos sociales capaces de usar eficientemente los recursos comunes. Lo que Ostrom encontró en su estudio El gobierno de los bienes comunes (2000), es que la gente resuelve los problemas de manera diferente a la propuesta de Hardin. Señala que ni la centralización, ni la estrategia de mercados son la solución, la alternativa es la capacidad de las instituciones, que regulan el uso de los recursos, para llegar a los acuerdos adecuados con los participantes a favor de la explotación sustentable.

Por otra parte, después de muchos años ha vuelto a florecer el enfoque institucional en la disciplina de la ciencia política, y juega un papel medular en la explicación de problemas donde se reconoce la centralidad del proceso, mediante el cual se elige a los gobernantes, y toman decisiones a través de instituciones democráticas (reglas del juego); y este interés por ellas es la consecuencia acumulativa de la transformación moderna de las instituciones sociales y de los comentarios continuos de sus observadores (March y Olsen 1993, 2). En esta perspectiva, se reconoce el papel de los actores y de las instituciones democráticas. Así se define el trabajo de los institucionalistas de la ciencia política como "los analistas que emplean una teoría de las instituciones que sostiene que los actores toman decisiones en respuesta a incentivos institucionales, y hacen énfasis en el impacto causal de las instituciones" (Munck 2004, 316).

Este recurso teórico del nuevo institucionalismo en la ciencia política es útil para estudiar la situación de competitividad electoral sonorense. Tres razones justifican el uso de este enfoque en el presente artículo: la primera es la importancia de los procesos de reforma electoral realizados en Sonora. Pese a las críticas surgidas con la aprobación de las "nuevas reglas electorales", sus resultados han influido en la organización de los comicios y en la estabilidad política de la entidad, incluso cuando los resultados electorales, en algunos casos, han sido sumamente reñidos.

La segunda es el esfuerzo de órganos de representación, como el Congreso local, por institucionalizar algunos límites a las conductas ventajosas arraigadas en la "política práctica" sonorense. Por ejemplo, se han implementado mecanismos para investigar a ex funcionarios y servidores públicos activos sobre malos manejos administrativos, y se ha aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (Boletín Oficial 2005), a la que deben responder las organizaciones públicas y funcionarios. Estas reglas constituyen un beneficio, porque se han diseñado para controlar y reducir problemas centrales, como la corrupción y los manejos discrecionales en la administración pública. Es cierto, se trata de proyectos iniciales donde el tiempo permitirá consolidar la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, sin embargo, los mecanismos utilizados para ponerse en función son determinantes para entender el nuevo rumbo de la política local.

Por último, algunos trabajos han concluido que ciertos factores institucionales influyen positivamente en el incremento de la competitividad electoral. En Sonora, pese a los rasgos inequitativos que aún prevalecen en los procesos electorales, no se pueden ignorar los intentos de algunos actores estratégicos como el congreso y ciertos partidos políticos por dotar de mejores reglas del juego a la política local, especialmente, la electoral. No importa si el gradualismo político que enfrenta la equidad de las reglas electorales ha sido bueno o malo, lo que se observa es que en ese camino lento se han reformado y creado muchas instituciones en busca de atender los dilemas y problemas principales de la agenda política.

 

La competitividad electoral en Sonora

La competitividad electoral se estableció en los municipios mexicanos en la década de 1990 (Cleary 2003,201). Entonces, la mayoría de ellos pasó de un contexto electoral manipulado a otro en que la competencia real entre los partidos políticos se convirtió en la característica más relevante de los gobiernos subnacionales. En Sonora, el curso del camino para llegar a ese panorama electoral competitivo fue accidentado y complicado (Almada 1997; Almada 2000, 15). La entidad sufrió retardos en la aprobación de reglas, que permitieran avanzar de la cultura del fraude a la de la organización electoral con ciudadanos; incentivar la participación social; crear mecanismos para permitir que en los distritos y municipios, tradicionalmente ganados por el PRI, hubiera alternancia electoral, aunque hoy para ganar las elecciones pesan campañas electorales estratégicas basadas en la mercadotecnia política; reglas para transitar de un panorama en que la gestión pública, restringida a la administración de recursos, pasara a un escenario donde los partidos políticos pusieran a prueba su trabajo como un factor importante, para alcanzar un mejor desempeño electoral.

Ahora hay cambios en la realidad política de esos apartados; particularmente, los resultados electorales reñidos han sido un factor determinante en el rompimiento de la hegemonía del PRI, y el establecimiento de la pluralidad partidista en el Congreso y los ayuntamientos. El mejor ejemplo que muestra el arribo de la pluralidad política a Sonora son los diseños institucionales, surgidos con la conformación de los congresos divididos o sin mayoría, en los últimos diez años. Otros ejemplos para observar con claridad la consolidación de la competitividad electoral sonorense son la elección de gobernador de 2003 y los resultados de los procesos electorales municipales a partir de 1997.

Así, en la elección por la gubernatura del 6 de julio de 2003, el Partido Acción Nacional (PAN), de oposición, con 364 544 votos estuvo cerca de triunfar sobre el PRI, que alcanzó 372 467 votos, según el Consejo Electoral Estatal de Sonora (CEE 2003). Este dato es significativo porque en el estado por cinco décadas, excepto en 1949 y 1985, el PRI ganó las elecciones de gobernador con márgenes holgados, la diferencia menor a un punto porcentual entre los dos partidos punteros en 2003, se convirtió en una evidencia de que la competitividad se establecía en la entidad en este tipo de elecciones.

Comparativamente con los comicios de 1997 y 1991, los de 2003 para gobernador se distinguen por lo reñido de los resultados. En el cuadro 1 aparecen las diferencias porcentuales en los resultados de los cambios de los últimos tres procesos electorales.3 Por ejemplo, en los comicios de 1991 la victoria del candidato del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, podía concebirse en el contexto de hegemonía de partido. No hubo contendiente que pusiera en riesgo la elección para el PRI, además eran tiempos en que operaba eficientemente la "maquinaria electoral", como se denominaba al papel que jugaba el propio gobierno del estado y algunos actores políticos estratégicos como el presidente del PRI estatal.

En las elecciones de 1997, el triunfo de Armando López Nogales se dio en un contexto más competitivo pese a que el PAN definió a su candidato, Enrique Salgado, a través de un proceso caracterizado por problemas internos. En este caso, los datos muestran que el margen de victoria se redujo bastante, aunque sin poner en riesgo la victoria para el PRI.

La elección de 2003 estuvo caracterizada desde el principio por la forma complicada en que se definieron las candidaturas de los partidos políticos principales. Además, fue de las contiendas que se deciden el día de la jornada electoral. Los ingredientes principales fueron campañas tensas, inequidad en los gastos y cobertura de medios, poca definición de las agencias encuestadoras para acertar estadísticamente en el candidato vencedor y mucho interés nacional y local. Fue un proceso electoral diferente y el resultado fue inédito, por el escaso margen con que el PRI obtuvo la victoria. Por ello, se entiende que debido a lo reñido del resultado final se haya definido en la última instancia: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el momento que declaró ganador a Eduardo Bours Castelo, el 11 de septiembre de 2003 (Revista Así 2003, 8–9), por estrecha diferencia con Ramón Corral Ávila.

Otro escenario que muestra el avance de la competitividad electoral sonorense son las elecciones municipales de los últimos diez años. Los datos del anexo muestran el margen de victoria para cada municipio durante las elecciones de 1997, 2000, 2003 y 2006. Se pueden hacer varias lecturas sobre esta información; primero, los abultados porcentajes a favor del PRI, predominantes durante la etapa de hegemonía de partido, quedaron atrás, para dar paso a elecciones de mayor competitividad. Los resultados pueden leerse como ciclos donde algunos municipios tienden a ser muy competitivos conforme se van presentando los procesos electorales, y otros a perder competitividad, sin embargo, como se observa en el anexo, el conjunto es sugerente y útil para confirmar la tendencia de las elecciones municipales a ser reñidas.

Por otra parte, se observa que algunos municipios de la zona rural, donde tradicionalmente ganaba el PRI, hoy muestran mucha competitividad y se redujo la tendencia hegemónica prevaleciente. Además, en los municipios donde en los últimos diez años frecuentemente había ganado el PAN u otros como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) , muestran también márgenes de victoria muy reñidos. En ambos casos, el dato principal es que la probabilidad de alternancia entre los partidos es muy alta. Esto indica que hoy ninguno goza de la garantía de triunfo en las contiendas electorales, y en muchos casos la tendencia esperada por partidos y candidatos es de márgenes cerrados.

Por ejemplo, en Hermosillo, el PAN mantuvo hasta el trienio 2003–2006 el triunfo electoral logrado en 1997, año en que ganó el proceso en una competencia cerrada. Sin embargo, en 2006, en una contienda reñida, el PRI recuperó la alcaldía y rompió con nueve años de gobierno panista. Otros casos de municipios con margen de victoria estrecho son Granados, Altar, Mazatán, Quiriego, Santa Ana, Huatabampo, Huépac, sólo por citar algunos ejemplos, incluidos en el anexo.

Las elecciones para diputados locales son otro ejemplo que fortalece el argumento principal de este trabajo, pues en los 21 distritos locales se caracterizan por ser competitivas. En los comicios de 1997, por primera vez en la historia de la entidad, el Congreso local tuvo un "gobierno dividido", que repitió en 2000.4 En esas dos legislaturas, debido a la falta de mayoría del PRI, se argumentó que la relación Ejecutivo–Legislativo tendería a mostrar las dificultades señaladas por la teoría para este tipo de escenarios: que los gobiernos divididos distan de ser eficientes por la falta de consenso prevaleciente entre las fracciones partidistas integrantes de la Cámara (Jones 1995).

Sin embargo, los resultados fueron completamente diferentes a los argumentos teóricos. La parálisis gubernamental y legislativa sugerida por la literatura especializada cuando el Ejecutivo no alcanza mayoría en el Congreso (Shugar y Carey 1992), no significó un problema en el curso político de Sonora, como puede observarse en los datos del cuadro 2, sobre la productividad total de la LV Legislatura, complementada por un estudio sistematizado sobre sus tareas de 1997 a 2000, el cual concluyó que este periodo fue más productivo en comparación con legislaturas tradicionalmente unificadas, es decir, cuando el gobernador en turno mantiene mayoría en la Cámara (Zepeda 2001). Ante el hecho de que ningún partido ha alcanzado la mayoría constitucional en el Congreso local desde 1997, cabe preguntarse acerca de los cambios que traería una redistritación, debido a la sobrerrepresentación manifiesta a favor de un partido. Dicha situación no es determinante, ya que estos "sesgos implican que se obtengan más escaños con menos votos, pero ello puede ser para cualquier partido si las preferencias cambian [...]" (Reynoso 2004, 165).

La alternancia electoral observada en el ámbito municipal es quizá el resultado más significativo del efecto de la competitividad electoral. Como se muestra en el cuadro 3, la alternancia de partidos en la mayoría de los 72 municipios ha permitido construir un mapa multicolor, que refleja la pluralidad y dibuja las preferencias de un electorado que probablemente está más informado, vota de forma diferenciada, y con el sentido de su voto construye escenarios donde el municipio es gobernado por un partido político y el distrito electoral es representado por otro.

Estas observaciones son generales, pero sugieren la hipótesis de que los electores sonorenses no son cautivos de las grandes redes clientelares predominantes en décadas anteriores, para convertirse en actores estratégicos que determinan el rumbo de las elecciones. Otra hipótesis es que los votantes continúan perteneciendo a redes clientelares y aceptan las dádivas otorgadas por partidos y candidatos, pero su voto lo deciden según criterios individuales e informados, construyendo así escenarios de alternancia y competitividad.

Aun cuando para Sonora este argumento carece de evidencia empírica directa, la teoría señala que un electorado informado toma decisiones más estratégicas y contribuye a que el contexto político sea más competitivo. Lo que trae como consecuencia que, si los representantes pretenden ganar la siguiente elección o alcanzar un puesto más alto en el próximo periodo, deben poner la agenda de gobierno en beneficio de los ciudadanos, debido a que el elector está en condiciones de evaluar el desempeño del gobierno y tomar decisiones con base en lo que hacen los representantes (Ferejohn 1998, 142–143). Este ha sido el principio básico para sustentar que las elecciones ayudan a los votantes a controlar a los políticos, de modo que su actuación les favorezca (Key 1966; Fiorina 1981).

De esa manera, se puede afirmar que las victorias de los partidos políticos se han dado en un escenario de gran competitividad, y si las organizaciones políticas observan detenidamente este fenómeno, saben que el triunfo no está garantizado para ningún participante. El argumento de Victoria Rodríguez es útil para cerrar este apartado, porque afirma que las elecciones locales competitivas "ya han empezado a cumplir su promesa de tener un efecto más duradero, obligando a todos los partidos en el gobierno a tener un mejor desempeño si aspiran a ganar la siguiente elección" (Rodríguez 1998, 164). Aquí se ha señalado que la competitividad electoral es un fenómeno que permite entender una parte importante de lo que sucede en la entidad, pero cabe la pregunta: ¿cuál es su origen?

 

Causas de la competitividad

Para explicar la competitividad electoral en los municipios mexicanos, Irma Méndez de Hoyos5 (2003) demostró, con un diseño metodológico que utiliza modelos lineales, que las variables que presumiblemente influyen en los márgenes cerrados observados en las elecciones municipales en México son: leyes electorales más justas, el efecto acumulado de la competitividad pasada y los factores socioeconómicos asociados a la modernidad.

En el caso de Sonora, estos factores explicativos son congruentes con la dinámica política de la última década. En primer término, esto puede observarse a través de los cambios introducidos por las reformas electorales durante los años noventa, que han culminado hasta el momento con la reforma al Código Estatal Electoral del 21 de junio de 2005.6 En segundo lugar, los cambios logrados con las reformas han sido graduales, y a pesar de que no han resuelto todos los problemas surgidos antes, durante y después de la jornada electoral, según algunos se trata de una legislación con puntos "de vanguardia", que rebasan a las leyes electorales de otras entidades.

Por ejemplo, hasta ahora es la única legislación local en considerar las candidaturas independientes —otra cosa son los candados para su implementación—, mientras en otras entidades e incluso en el ámbito federal todavía es un tema de la agenda de discusión. Asimismo, las normas electorales locales se han readecuado en apartados como los tiempos de campaña, financiamiento, equidad y género, monitoreo de medios y conformación de los órganos electorales.

Sin embargo, al comparar las últimas cuatro reformas electorales locales se ve que no han alcanzado soluciones concretas a cuestiones importantes como la redistritación. Aun así, se observa una construcción paulatina y dosificada de reglas mejores, que permiten avances en la organización de los procesos electorales. Este proceso accidentado señala la creación de reglas del juego más eficientes, con un buen desempeño en el momento de su aplicación (Colomer 2001).

Otro de los resultados del ejercicio comparativo de las reformas electorales es la identificación de incentivos a la participación ciudadana, aunque acotados, como los foros de consulta antes de cada proceso de reforma.

Por otro lado, la variable competitividad electoral acumulada, que Méndez de Hoyos (2003) utiliza para explicar los resultados cerrados en las elecciones locales mexicanas, parece acorde a lo observado en Sonora. Los procesos en la entidad estuvieron determinados por un sistema de partido hegemónico, que gradualmente abrió paso a la liberalización política y, posteriormente, a la democratización. Todavía en los años ochenta, se vivieron escenarios de "carro completo", donde el PRI ganaba todos los puestos de elección y la competitividad era nula (Almada 2000, 73–75). En la década siguiente, los conflictos poselectorales estuvieron asociados a irregularidades en la organización, pero también al tipo de resultados presentados.

Las reglas electorales vigentes en esas décadas podían ser manipuladas desde la Secretaría de Gobierno o por los mismos órganos electorales (Zamarripa 1993; Reynoso 1992). Ahora el escenario de "carro completo" y la figura del fraude generalizado se han desvanecido, debido a reglas construidas poco a poco para garantizar una imparcialidad mínima, aunque todavía no son perfectas.

Hasta aquí se señala, con base en el estudio citado, que en Sonora las reformas electorales y la competitividad acumulada han contribuido a la competencia electoral actual. En el siguiente apartado, a manera de agenda, se presentan algunas sugerencias de cómo puede aprovecharse el escenario electoral, para impulsar mejoras en la gestión pública local y contar con instituciones políticas eficientes.

 

Agenda pendiente

Aunque la competitividad electoral no es la varita mágica capaz de transformar la ineficiencia del sector público, sí puede contribuir a reducirla. Al ignorar el escenario de elecciones reñidas, probablemente se cancela la oportunidad de buscar soluciones para algunos de los problemas principales de la entidad, causados por las decisiones poco eficientes de los representantes.

Se ha subrayado el círculo vicioso que generaban las elecciones "amañadas", concebidas como un trámite para la transferencia de poder, ahora es necesario observar el lado positivo de tener contiendas cerradas, porque con ellas el ciudadano tiene un instrumento de evaluación gracias a su voto.

Estos argumentos se apoyan en las teorías de la representación política, donde los ciudadanos comparan las plataformas de los candidatos y votan por el que presenta la de su preferencia. En este caso, las estrategias de éstos se identifican con sus promesas de desempeño futuro en el cargo (mandato), o por otra parte, los ciudadanos pueden hacer evaluaciones retrospectivas sobre el desempeño de sus acciones (rendición de cuentas) (Manin, Pzeworski y Stokes 2004, 15). Aquí, el mecanismo principal para hacer que se cumplan las promesas es a través del control electoral de los ciudadanos mediante su voto. Candidato que no cumple tiene grandes posibilidades de ser castigado cuando intente buscar otro cargo de elección popular. Este modelo, aunque presenta problemas en su aplicación, en el caso de los electores sonorenses representa una oportunidad para buscar algunas salidas a los asuntos públicos.

El problema principal observado con este modelo es que el ciudadano es un elector no racional y con poca capacidad para computar información. Esto significa que existen limitaciones institucionales (reglas), inherentes a sus decisiones. Sin embargo, pensemos en el electorado sonorense que ha sido capaz de crear gobiernos divididos, ha logrado elecciones más competitivas y la alternancia de los partidos políticos tanto en los municipios como en el Congreso, y ha generado "empates técnicos" provocando que los procesos se realicen nuevamente. Valdría preguntarse, si se le informara que existe un ambiente de alta competitividad electoral, ¿evaluarían mejor las propuestas de los candidatos? Una respuesta positiva es probable, aunque complicada.

Por ello, si se concibe como buen argumento que "las elecciones sirven para escoger buenas políticas o a políticos que traen buenas políticas" (Przeworski, Manin y Stokes 1999, 29), es plausible aplicar esta definición en el espacio local. Aunque en Sonora el tema no es sencillo. Durante las campañas, no se sabe con certeza si los candidatos proponen planes buenos o al momento de votar se escogen buenos políticos. Lo que existe a favor, a diferencia de otros años, es un horizonte de elecciones reñidas, que puede utilizarse para presionar a los candidatos si tienen que ganar en las urnas.

Aquí es donde pueden plantearse algunos problemas de la entidad, que requieren solución prioritaria, asumiendo que no todo se resuelve a través de las elecciones. En temas como la escasez de agua y la seguridad pública, por citar dos de los más agudos, deben conjugarse múltiples factores que incluyan la participación ciudadana y las decisiones correctas de los representantes. Es aquí también donde es fundamental un tema complejo como la profesionalización de la política, porque implica buscar formas de deliberación y consenso sobre los asuntos públicos. Profesionalizar la política significa que los representantes discutan con mayor seriedad los asuntos públicos, a través de propuestas concretas, sin rodeos y con dominio del tema. Así, las cuestiones centrales de la agenda de la entidad se debatirían a partir de propuestas mejores. La profesionalización de la política implica la elaboración de diagnósticos realistas sobre el estado actual de los municipios y la entidad, para detectar dónde están las fallas y proponer políticas públicas adecuadas.

En el otro extremo se encuentra la profesionalización de los políticos, que implica tener mayores responsabilidades frente a los ciudadanos; entender mejor el papel de la representación como mandato y como rendición de cuentas. En la primera, los políticos deben saber que los electores pueden utilizar el voto como mecanismo para forzarlos a cumplir (responsividad) con las propuestas de campaña. Aquí, el objetivo de los votantes es guiar la acción del gobierno, es decir, estar atentos a las políticas que se ponen en marcha.

Por otro lado, en la representación como rendición de cuentas el argumento central es inducir a los gobernantes a prever que darán explicaciones por sus acciones pasadas. En la rendición de cuentas se presentan los objetivos de los políticos, pero en particular lo que esperan los electores. Es posible que los políticos pretendan beneficiar a los ciudadanos con sus acciones de gobierno, pero también que éstas no convengan a los electores (como en algunos casos latinoamericanos), y utilicen los resultados para su carrera política progresiva.

En Sonora, se han trabajado poco los temas de la profesionalización de la política como de los políticos; los representantes olvidan estudiar alternativas para tener mayor comunicación con la ciudadanía. Frecuentemente se ha señalado la falta de información de los electores como asunto de cultura política. Más bien es un problema vinculado con la forma de trabajar de los representantes. Incluso, se observa que debe reforzarse su lazo comunicativo con los electores, para discutir conjuntamente los problemas públicos.

Por otra parte, algunos estudios sobre desempeño de gobierno han planteado que los procesos electorales se encuentran detrás de las acciones gubernamentales (Cleary 2003; Aziz 2000). Al considerar esos argumentos, aquí la sugerencia es que los ciudadanos deben atender el desempeño del gobierno, a través de evaluaciones objetivas respecto a la cobertura de los servicios públicos y, principalmente, percibir canales que permitan la participación ciudadana en los asuntos públicos. Las evidencias mostradas por la Encuesta nacional a presidentes municipales sobre el desarrollo social (SEDESOL, INEGI y CONAPO 2002), en el tema de la participación ciudadana en los municipios mexicanos, resalta su importancia en la construcción de la democracia. Esos datos son una buena sugerencia para buscar consensos sobre los mecanismos y procedimientos que permitan abrir aún más las instituciones a la participación ciudadana y comunitaria.

Así, la propuesta de solución a problemas centrales como los de Sonora requiere de una sociedad organizada y participativa, para apoyar el diseño de estrategias que influyan en las decisiones gubernamentales. Aquí es donde las evaluaciones ciudadanas sirven para diagnosticar las condiciones del municipio o entidad, pero se necesita una participación orientada e informada, que asegure que la palabra ciudadana cuenta.

Por otro lado, deben crearse reglas para hacer eficientes las relaciones intergubernamentales. Los problemas ciudadanos son asuntos que competen a los tres ámbitos de gobierno, pero por razones de cercanía con el ciudadano, el municipio es el primero en recibir y atender quejas. La idea central aquí es encontrar estrategias para mejorar la coordinación entre las tres esferas de gobierno en la promoción de políticas para la solución de los problemas ciudadanos, pese a que los partidos a cargo en cada una sean diferentes. Problemas como el agua por ejemplo, necesitan acuerdos del gobierno en conjunto para encontrar soluciones de fondo.

En resumen, la profesionalización de la política y los políticos, la participación ciudadana y la coordinación del gobierno conforman variables que contribuyen a la solución de los problemas principales de la entidad; para ello se requieren reglas que reorganicen la forma de practicarlas. Sólo así la gestión pública y las reglas del juego de la vida política y administrativa de Sonora lograrán ser más eficientes.

 

Comentarios finales

En primer lugar, Sonora vive un panorama político nuevo, que debe canalizarse hacia la solución de sus problemas públicos. Las evidencias mostradas sobre el estado actual de la competitividad electoral son indicadores, que permiten inferir las "capacidades" de los electores sonorenses para construir escenarios inéditos y de vanguardia en la democracia local. Es decir, desde 1997 la entidad tiene legislaturas sin mayoría, alternancia en los municipios y distritos, mayor participación ciudadana y la competitividad electoral aparentemente ha llegado para quedarse, porque el proceso de transición continúa su marcha.

Este horizonte sugiere que los actores y ciudadanos empiecen a ver la política de otra manera. Una es concebirla de forma más profesional, no sólo pragmática y al servicio del representante. Profesionalizar la política es dejar de darles vuelta a los asuntos que se deben resolver, y proponer estrategias informadas y eficientes. Para ello, es necesario que los representantes dejen la improvisación y se informen a fondo de los problemas que tienen en sus manos. La segunda opción es que los políticos tomen en cuenta el viejo, pero vigente argumento sobre representación de Hanna Pitkin (1967), "un gobierno es representativo cuando sus acciones satisfacen del mejor modo posible a los intereses ciudadanos".

En segundo lugar, se ha señalado que este panorama competitivo contribuye a la solución de problemas, porque incentiva la creación de reglas del juego eficientes que ayudan a dar orden a los acuerdos entre los actores políticos. En este caso, mejoraría mucho la gestión pública local si después de asimilar y aceptar que la entidad es electoralmente competitiva, también lo sea la agenda de gobierno. Por razones teóricas, lo primero causa lo segundo, y porque las evidencias de algunos municipios en México lo suscriben; por ejemplo, los de Aguascalientes, Torreón, Guanajuato, Ciudad Juárez y Hermosillo son electoralmente competitivos, y sus programas han sido replicados por otros gobiernos locales debido al desempeño positivo de su gestión, como se refleja en los resultados del Premio Gobierno y Gestión Local, que otorga el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

En tercer lugar, cabe señalar el carácter explorativo de este trabajo, que intenta abrir una agenda sobre las consecuencias de las elecciones en la gestión de los problemas públicos. Si se presta más atención a los comicios y se valoran sus resultados, se pueden diseñar mecanismos para atender con eficiencia problemas cuyo manejo no ha traído resultados. En este caso, el mecanismo del voto es útil para obligar a los candidatos o funcionarios a mejorar su trabajo.

 

Agradecimiento

Agradezco los comentarios de dos evaluadores anónimos a una versión anterior de este trabajo.

 

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Notas

1 La distinción conceptual que Sartori (1976, 218–219) hace de competencia y competitividad electoral es la más utilizada en la mayoría de los estudios sobre este tema; "competencia es una estructura, o una regla del juego". La competitividad es un "estado determinado del juego". En consecuencia, "competitividad es una de las características o atributos de la competencia". Indica además que los resultados de una elección muestran en qué medida un sistema es competitivo, y sugiere tres criterios generales para medirlo: a) cuando los partidos principales se aproximan a una distribución casi nivelada de fuerza electoral; b) cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan o pierden con escaso margen y c) por la frecuencia con la cual los partidos se alternan en el poder. Por otra parte, con los datos aquí presentados, se puede señalar, como una evidencia, que los resultados de las elecciones locales de Sonora, correspondientes a la última década, se ajustan al planteamiento de Sartori, principalmente, en lo concerniente a la victoria por escaso margen del partido ganador respecto al competidor más cercano.

2 Por ejemplo, Peters (2003) distingue siete tipos de institucionalismo: normativo, de la elección racional, histórico, empírico, sociológico, de representación de intereses e internacional. Robert Goodin (2003) los clasifica de acuerdo con las disciplinas de las ciencias sociales: historia, sociología, economía, ciencia política y teoría social. Peter A. Hall y Rosemary Taylor (1999) hablan de que en los últimos años han aparecido al menos tres enfoques analíticos diferentes, cada uno autodenominado como nuevo institucionalismo histórico, de la elección racional y sociológico.

3 Como se advierte en la definición de Sartori, la competitividad es un concepto complejo, por tanto, no hay una medida sencilla y directa para evaluarla. Diversos estudios al hacer el cálculo de la competitividad han utilizado otras formas para medirla: índice de fuerza de la oposición, número de partidos en la arena electoral, diferencia entre el número de victorias por partido (Méndez de Hoyos 2003, 144–148; Valdés 2005, 228). Sin embargo, el margen de victoria es un cálculo claro e intuitivo que permite aproximarse a qué tan disputada es una elección determinada.

4 En la literatura estadounidense, el concepto de gobiernos divididos tiene una definición más amplia. Para ellos es aquél en el que la mayoría de la Cámara pertenece a un partido y el presidente (o gobernador) a otro. En México, la definición que parece más completa es la de Alonso Lujambio (1996): "Aquél en el que, en el marco de un régimen de división de poderes, el partido que llevó al presidente (o gobernador) a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo no cuenta con el control mayoritario, esto es, con por lo menos 50% más 1 de los escaños en la Asamblea Legislativa (o en dos cámaras, si se trata de un sistema bicameral)".

5 El artículo es una síntesis de los resultados más importantes de su investigación para tesis de doctorado, Electoral Reforms and the Rise of Electoral Competitiveness in Mexico, 1977–1997, Universidad de Essex, Reino Unido, 2000. Otros estudios se han ocupado del mismo tema, sin embargo, en este artículo se utilizan los hallazgos del trabajo en cuestión, por la compatibilidad de los datos de Sonora con la generalización que hace la autora.

6 La ley actual número 60, del 21 de junio de 2005, tiene como antecedente la 112, publicada en el Boletín Oficial, el 24 de septiembre de 1987. A ésta se le hicieron reformas publicadas ahí el 3 de septiembre de 1990; el 15 de noviembre de 1993 y el 24 de junio de 1996.