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Región y sociedad

versión impresa ISSN 1870-3925

Región y sociedad v.19 n.39 México may./ago. 2007

 

Reseñas

 

Rosalind P. Petchesky y Karen Judd, compiladoras (2006), Cómo negocian las mujeres sus derechos en el mundo

 

México, El Colegio de México, 560 pp.

 

Ma. del Carmen Castro Vásquez* y Lucero Aída Juárez Herrera y Cairo**

 

* Profesora–investigadora del Programa Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora. Hermosillo, Sonora, México. Correo electrónico: ccastro@colson.edu.mx

** Alumna de la generación 2005–2007, de la maestría en Ciencias Sociales, Especialidad en Salud de El Colegio de Sonora. Hermosillo, Sonora, México. Correo electrónico: ljuarez@posgrado.colson. edu.mx

 

Esta obra es tan ambiciosa y compleja como la realidad misma de los derechos humanos, sociales y económicos de las mujeres en el mundo. El libro es resultado de un proyecto internacional realizado en Brasil, Egipto, Malasia, México,1 Nigeria, Filipinas y Estados Unidos, impulsado por el Grupo Internacional de Investigación y Acción sobre Derechos Reproductivos (IRRAG, por sus siglas en inglés), fundado en 1992; la obra se publicó en inglés en 1998 y se tradujo al español en 2006. Por ello, el prefacio para esta versión actualiza de manera sucinta los cambios en el contexto sociopolítico de cada uno de los países en los últimos años.

El libro es indispensable para comprender los avances, limitaciones y retrocesos en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en los diferentes países, sin separarlos de otros de mayor alcance y de las condicionantes macro y microsociales, que intervienen en la cotidianidad de las mujeres. Pero sobre todo, la valía de la obra es la recuperación de las vivencias, percepciones y experiencias de las participantes en la conformación de su sentido de apropiación de derechos, ubicados en un contexto, y el esfuerzo de las investigadoras en la construcción conceptual del planteamiento de los derechos en general y de los sexuales y reproductivos en particular.

El texto ofrece tres tipos de aportaciones: teóricas, metodológicas y de acción política; esta última proporciona información de primera mano sobre el funcionamiento de las condicionantes sociopolíticas de distintos grupos y movimientos por la salud de las mujeres, aunque se incluyen más detalles del proceso de investigación y menos de las acciones realizadas desde el activismo de las estudiosas en su conjunto. El proyecto se planteó con un abordaje de investigación–acción, cuya intensidad mayor se produjo en un contexto dinámico e histórico, propiciado por la repercusión de las conferencias internacionales de población y desarrollo en El Cairo y Beijing, donde más de ciento cincuenta países signaron acuerdos para el respeto y avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La investigación trata, desde un abordaje interdisciplinario y transcultural, cómo las mujeres en distintos contextos dan sentido a la apropiación de sus derechos (sentir que tienen derecho a...), en dos dimensiones fundamentales: procreación y sexualidad. El planteamiento de la apropiación de derechos es el concepto central de la obra, herramienta conceptual que fue construida y reconstruida a la luz de cada experiencia nacional, sin perder sus raíces teóricas y filosóficas en la ética feminista, en cuanto a la integridad corporal y la noción de persona. Con base en esto, se plantearon cuatro matrices conceptuales: a) el "derecho a"; b) la toma de decisiones reproductivas; c) la resistencia y la adaptación y d) las condiciones económicas, legales, políticas y sociales.

Según este techo conceptual, dos preguntas dirigieron la investigación: ¿cómo llegan las mujeres en diferentes países, culturas y generaciones a negociar su sentido de apropiación de derechos, en relación con su salud sexual y reproductiva? y ¿en qué circunstancias de vida y valiéndose de qué términos, códigos y estrategias comienzan a tomar responsabilidad sobre sus cuerpos sexual y reproductivamente hablando? Para tratar de responderlas, se tomaron en cuenta dos aspectos de la realidad social: las percepciones (cómo se articulan los derechos y las aspiraciones), y las relaciones de poder y las condiciones propicias (cómo negocian sus derechos con sus esposos, padres y parejas sexuales, personal médico, autoridades religiosas y públicas). También se analizaron conceptos como reproducción, derechos, apropiación subjetiva del derecho, cuerpo e individualidad y adaptación y resistencia; y categorías como toma de decisiones, espacios público y privado, relaciones de poder, dinámicas familiares y sexuales, apropiación negociada o situada y ser y cuerpo.

La metodología cualitativa fue el enfoque en todos los casos, aunque entre los equipos se reconocen énfasis y técnicas distintas. Esto puede ser una ventaja y desventaja a la vez, pues al tratarse de una investigación transcultural e interdisciplinaria, los puntos comunes resultan claves para lograr la comparación y obtener conclusiones más generales, que rebasen un análisis microsocial, cultural y ubicado localmente.

Sin embargo, hay que reconocer que la coordinación del proyecto tuvo el tino de dar flexibilidad suficiente a los equipos nacionales para el diseño de sus proyectos, sin perder de vista el objetivo común y el planteamiento general de abocarse a las mujeres pobres y de preferencia integrantes de alguna organización social, lo cual al final representó una ventaja, pues recupera la diversidad cultural y política de los distintos países participantes. En la dimensión metodológica, algunos equipos describen con detenimiento sus decisiones, a diferencia de otros que las presentan apenas en términos generales. A continuación se abordarán las investigaciones de cada país, las metodologías aplicadas, sus ejes de análisis principales, los resultados más significativos y un apartado final sobre conclusiones generales de la obra.

 

Cómo negocian las mujeres sus derechos

El grupo de investigación de Brasil incluyó tres grupos poblacionales: trabajadoras rurales y domésticas y amas de casa, todas ubicadas en los estratos socioeconómicos de menores ingresos. Además de la pobreza, la mayoría de las entrevistadas se encontraba bajo esquemas de subordinación de género, clase y raza, lo cual reflejó cómo las condiciones adversas en que viven las mujeres de los estratos más desprotegidos de la sociedad se constituyen en limitantes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto de una ciudadanía plena.

Los instrumentos metodológicos utilizados fueron un cuestionario sociodemográfico, grupos focales o entrevistas de grupo y a profundidad. Se incluyeron mujeres con y sin activismo dentro de diversos organismos relacionados con movimientos sociales, así como entrevistas a hombres.

Brasil, como otros países de esta región del mundo, enfrenta serios problemas de desigualdad social y salud —incrementados a partir de los programas de ajuste estructural (PAE)—, que han repercutido en el acceso a los servicios de salud o la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por parte de las instituciones oficiales o de empleadores. En este estudio se hace visible que ellas no son pasivas ante su situación, sino que están inmersas en procesos de negociación de sus derechos, sean activistas o no de grupos sociales, aunque son las primeras las que expresan más claramente procesos de apropiación de derechos, pues dichos espacios fomentan su autoestima y conciencia social y política.

En sus respuestas, pareciera que a pesar del peso importante de los prejuicios culturales en cuestiones como los estereotipos de género, la disponibilidad del cuerpo, la toma de decisiones para casarse, la violencia de género o la práctica ilegal e insegura del aborto, se evidencia que la reproducción social se constituye en el espacio donde transcurren negociaciones múltiples de sus derechos en la esfera pública, donde las mujeres son actoras activas en la negociación de ellos. A través de diversos mecanismos de adaptación y resistencia, ellas buscan espacios, oponiendo resistencia, ocultando o intentando concertar sus decisiones reproductivas en oposición a sus parejas, los preceptos religiosos o el discurso médico.

La investigación en Egipto implicó un proceso difícil, ya que partió de la confrontación con prácticas que consideraban dañinas para las mujeres, pero que paradójicamente podían representar un estatus para ellas y la obtención de beneficios en sus relaciones personales y comunitarias. La investigación exploró los significados y experiencias del cuerpo femenino, y se realizaron entrevistas grupales, así como a profundidad a mujeres y hombres. Debido a que en esa región del mundo la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos no tiene las implicaciones que en Occidente, se decidió no circunscribirlos al cuerpo y las decisiones sobre él, sino ampliarlos hacia cuestiones sociales, históricas, políticas y económicas, pues cuando se trata de derechos hay que pensar también en poder y recursos.

En Egipto, la repercusión de los pae en la población ha sido negativa, en especial en las mujeres, quienes se han visto perjudicadas tanto en su educación y salud como en la posibilidad de emplearse. Además, han tenido que enfrentar políticas adversas al trabajo femenino, que van de la mano de tradiciones y posiciones conservadoras en su sociedad, imbuidas de preceptos religiosos fundamentalistas, tanto islámicos como católicos, cuyas influencias se reflejan en la promulgación de leyes que anulan el ejercicio de algunos derechos sexuales y reproductivos. A lo anterior se suma la falta de educación sexual, que no se incluye en el sistema educativo.

Por supuesto existen espacios de lucha política, sin embargo, las tradiciones patriarcales centradas en la subordinación de las mujeres, parecen constituirse en las normas sociales principales. Aspectos como la virginidad y el honor tienen un valor muy alto, lo que parece justificar prácticas como la mutilación de genitales femeninos (MGF) , y las pruebas para demostrar que la mujer es virgen al casarse (baladi doklha), ya que esto confiere aceptación social y posibilidades de negociación. Aunque el trabajo y la educación son las condiciones principales, que parecen reforzar la toma de decisiones, particularmente en cuestiones de control de su fertilidad.

En Malasia, la investigación incluyó los tres grupos étnicos principales: malayos, chinos e hindúes (urbanos y rurales). Se utilizaron historias de vida para contextualizar cómo se llevan a cabo los procesos de apropiación de los derechos sexuales y reproductivos en un país con una gran diversidad étnica, y que además, si bien está inmerso en un proceso de desarrollo y modernización económica, también enfrenta un fundamentalismo religioso —en este caso el islamismo como religión de Estado— que incide sobre cuestiones de género, sexualidad, reproducción y movilidad de las mujeres, y fomenta la familia patriarcal y la perpetuación de las relaciones de poder–subordinación entre hombres y mujeres. Esta situación hace que las políticas laborales sean contradictorias, y así se favorece a la industria, pues requiere el uso instrumental de mano de obra femenina barata, pero sin buscar la resolución de las inequidades de género.

Culturalmente, las mujeres tratan de compensar estas discriminaciones encabezando movimientos diversos contra esas políticas, para evidenciar la violencia en su contra, y exigir la garantía del derecho a ejercer su sexualidad y fertilidad. Otros grupos de ellas se manifiestan contra el consumismo occidental, o buscan que el Corán sea interpretado desde su perspectiva; las más tradicionalistas exigen al Estado derechos que reconocen propios, como puede ser la manutención, en una búsqueda de espacios de negociación. A pesar de que existe una política gubernamental pronatalista, la tasa de fecundidad ha disminuido, tal vez esto pudiera interpretarse como una manifestación de que las mujeres, principalmente las que tienen acceso a educación y trabajo, son capaces de tomar decisiones respecto a su fertilidad (anticoncepción, esterilización o aborto ilegal), por encima de las políticas públicas, los ordenamientos religiosos, las normas tradicionales y sus propias parejas.

Otro sitio de investigación del irrag fue México, donde se proyectó trabajar en tres espacios: la capital del país, Oaxaca y Sonora. Se buscó incluir los principales ámbitos en los que las entrevistadas percibían el desarrollo del sentido de apropiación de sus derechos: familiar, comunitario y de la política estatal, y conocer cómo las mujeres de sectores populares deciden asuntos en su vida sexual y reproductiva y uso de anticonceptivos, así como el trabajo de crianza, en un contexto de promoción del cambio social. Se utilizó un enfoque orientado a la acción, con entrevistas individuales, grupales y a profundidad, como herramientas metodológicas.

Con éstas fue posible reconocer que tanto la función biológica como la social recaen sobre todo en las mujeres, debido al alto valor que en el país se otorga a la maternidad y al cuidado de los otros, junto a factores económicos que juegan un papel decisivo para que ellas se constituyan en mano de obra de costo bajo o nulo. La población enfrenta serios problemas de desigualdad social y salud, agravados por los pae, con reducciones importantes del gasto social y un deterioro severo de los servicios de salud.

Estos problemas sociales han llevado a una feminización de la pobreza, a la emigración y efectos en la salud poblacional sobre todo de las mujeres pobres, quienes continúan falleciendo por causas relacionadas con la reproducción. Respecto a esto último, debe destacarse la feminización del sida, fenómeno que puede ser un reflejo de las pocas posibilidades de negociación de muchas mujeres con sus parejas, al ser su sexualidad un tema tabú en la sociedad, como también lo son el placer sexual y el aborto, impregnados de dogmas religiosos, desde el fundamentalismo católico.

También se evidenció que el desarrollo del sentido de apropiación de los derechos sexuales y reproductivos se da en términos de ganancia o concesión, aunque el conocimiento e incluso su apropiación no garantiza el logro de una ciudadanía plena, al no existir las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales requeridas para su ejercicio. La marginalidad y restricciones sociales marcan la prioridad —la subsistencia— y esto no impidió que las entrevistadas fueran activas al participar en grupos o movimientos, que buscan reivindicar sus derechos, concepto por el cual en México existen significados nuevos, incluso los relacionados con la reproducción, que están enmarcados en los ejercicios incipientes de democracia y apertura, en confrontación con el autoritarismo y conservadurismo.

Otro país considerado fue Nigeria, cuya población vivía bajo un régimen militar autoritario. En esta región prevalece la religión musulmana, que refuerza la normativa patriarcal tradicional. La economía es precaria (62 por ciento de las familias vive en la pobreza), y son las mujeres las que sostienen principalmente la producción agrícola. Los subsidios a la educación, la salud y bienestar social se redujeron drásticamente con la aplicación de los pae, y la defensa de las mujeres fue asumida por grupos civiles, críticos del gobierno militar, en el contexto de lo que se llamó "pseudofeminismo patrocinado por el Estado".

Las investigadoras trabajaron con grupos étnicos minoritarios, trataron de conocer "la manera en que las mujeres se perciben a sí mismas y actúan en sus opciones sexuales y reproductivas, a menudo sin la cooperación o el consentimiento de los varones de su comunidad" (p. 317), utilizaron grupos focales, entrevistas personales guiadas y estudios de caso. Los ejes de análisis fueron la socialización de género, la educación y el trabajo, pues existe una gran discriminación hacia las mujeres, e intentaron conocer cómo se vive y se percibe la sexualidad a lo largo del ciclo de vida, en una sociedad donde resalta una fuerte cultura del silencio sobre temas relacionados con la sexualidad y reproducción.

Se evidenciaron las contradicciones por la edad, ya que las mujeres mayores poseen cierto poder sobre las jóvenes, al contar con más información sobre estos temas. Respecto al matrimonio y la monogamia, las entrevistadas consideraban que ese era su destino natural, y que la esposa debía servir al esposo. También se esperaba que la maternidad fuese a edad temprana, aunque en las generaciones nuevas se incrementaba ligeramente la edad del primer embarazo. Otros problemas eran la baja cobertura de atención prenatal, y la necesidad de permiso del esposo para acudir al hospital. En relación con el aborto, que es un problema grave, se registró un avance fuera de toda división étnica y religiosa por parte de las jóvenes urbanas, quienes están rechazando abiertamente los modelos culturales dominantes en contra del mismo.

De acuerdo con las narrativas de las entrevistadas, el sentido del derecho a tomar decisiones reproductivas y sexuales disminuye durante los primeros años de matrimonio y maternidad, pero se identificaron casos de subversión, es decir, decisiones tomadas en contra de sus mandatos culturales, en cuanto a anticonceptivos y aborto, mediante el acomodo estratégico y secreto, en lugar de una resistencia abierta.

En Filipinas, el equipo planteó ir más allá de la orientación legalista y bio–médica, altamente individualista en el discurso tradicional de los derechos reproductivos, y ocuparse de las formas en que las mujeres comunes participan en el juego de las estrategias, e interpretan las nociones de "reproducción" y "derechos". Eligieron catorce pares de madres e hijas en tres aldeas pobres; hicieron entrevistas, una encuesta de seguimiento y discusiones de grupo. Las investigadoras encontraron que las filipinas se refieren a un sentido de "tener derecho a [...]" con el término sana (desearía que...), que antecede al de dapat, que es "deber" o "tener que", y se identificó una constante de "derechos negociados", especialmente en el ámbito familiar, pero en un contexto donde influyen las políticas nacionales sobre salud, educación y la Iglesia católica (83 por ciento de la población es practicante) en temas como la regulación de la fecundidad, las relaciones entre los esposos y el divorcio.

En este país, 2 por ciento del producto nacional bruto (PNB) , se destina a educación y 1 a salud, por lo que la atención en los servicios públicos de salud es realmente deficiente. Otras conclusiones señalan la brecha entre el sentido de apropiación de las mujeres y su comportamiento real, además de que ésta es diferente según el sana del que se trate. Por ejemplo, se acercan más al dapat en demandas relativas al trabajo, la maternidad y la violencia doméstica, pero mucho menos en lo que concierne al placer sexual y control de la fecundidad. Se encontró que la conducta de muchas mujeres es de sumisión ante las relaciones de poder, pero en ciertas prácticas éstas son una forma de resistencia. La conclusión general señala que las mujeres comunes negocian sus derechos en tres aspectos de la vida familiar relacionados entre sí, y donde la adaptación y la resistencia operan de manera distinta: la división sexual del trabajo, las relaciones sexuales y el control de la fertilidad y el derecho a divorciarse.

Estados Unidos, con su mosaico cultural, fue otro país que conformó el proyecto. Para esta investigación, el equipo trabajó con grupos de mujeres de color (afroamericanas y latinas), en tres zonas que llamaron "el sur dentro del norte": afroamericanas (grupos de la iglesia); dominicanas (dos grupos) y sindicalizadas; todas las comunidades eran producto de la inmigración. Se realizaron tanto entrevistas a profundidad como abiertas, grupos focales e historias de vida. Las mujeres criticaron el enfoque de algunos programas de asistencia social, que consideran a las personas pobres culpables de su situación en lo individual, y no como resultado de una condición social; fue excepcional que alguna de ellas informara si recibía ayuda de la asistencia social.

Fue evidente que las sindicalizadas expresaron claramente sus derechos y en términos más amplios, ya que su relación sindical les da un sentido de seguridad en el trabajo y construye su identidad de ciudadanas. En todas ellas se constató la percepción de que la fecundidad no sólo es cuestión de control de la natalidad, sino la presencia o ausencia de otras condicionantes sociales y relaciones de poder, y que entre ellas hay una serie de estrategias que las hace activas en la conformación de sus propias formas de poder. Todas consideraron que el derecho al aborto no puede garantizarse sin las condiciones sociales que hacen posible la elección, y refieren un sentido de apropiación de derechos específicos. Las mujeres creen que en la comunidad hay diferentes oportunidades disponibles para tomar decisiones reproductivas y sexuales, y que depende de su capacidad para hacerlo; también expresan su derecho a definirse a sí mismas como adultas.

Todas señalaron que la maternidad es una fuente de afirmación y realización. Esto resulta relevante porque la mayoría de las participantes en el estudio vivían solas.También se evidenciaron contradicciones: la oportunidad de recibir asistencia social, que al mismo tiempo representa un estigma social, su libertad en el control de la natalidad y el arrepentimiento sobre su decisión de métodos definitivos. El sentido del derecho de las mujeres refleja sus habilidades diferenciales para organizarse y tener seguridad económica y personal. La naturaleza de las políticas públicas obliga a las mujeres de las comunidades pobres y las inmigrantes a negociar con las autoridades estatales y médicas a diario, modificando los límites de los dominios público y privado y transformando las decisiones personales en asuntos de justicia económica y social.

 

Conclusiones

Es importante destacar algunos puntos centrales compartidos por los y las investigadores (as) que trabajaron en estos siete países, sin olvidar que en todos los casos se intentó dar voz a las mujeres en contextos diversos, lo que si bien enriqueció enormemente el proyecto, también dificultó encontrar similitudes y delinear diferencias que permitan rebasar el análisis microsocial.

Entre las similitudes se encontraron las siguientes: a) los programas de ajuste estructural diseñados por organismos centrales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y sus efectos negativos sobre las poblaciones de estudio; b) el fundamentalismo religioso y sus injerencias en el género, sexualidad y reproducción, que tienden a controlar y limitar la capacidad de las mujeres para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; c) las leyes sobre el aborto, con sus prohibiciones y diferencias, que llevan a considerarlo como un delito, y a que se practique en condiciones inseguras e insalubres, que ponen en riesgo la vida de las mujeres; d) los estereotipos de género, con la perpetuación de las relaciones de poder–subordinación entre hombres y mujeres, en mayor o menor grado, según el contexto y e) la pobreza, que limita seriamente el proceso mismo de apropiación de derechos, y las posibilidades de exigencia o ejercicio de ellos.

Otras similitudes se relacionan con los procesos de negociación de las mujeres, sus deseos de soledad, libertad y autodeterminación o de tener control sobre sus cuerpos y experiencias sexuales y reproductivas, que llegaron a constituirse en conexiones trasversales a pesar de las diferencias contextuales. En los siete países, las mujeres manifestaron su deseo de controlar su propia fecundidad, aun en contra de sus parejas o de las normas prevalecientes, todas hablaron de la violencia doméstica e institucional y la persecución e ilegalidad del aborto en sus procesos de resistencia o adaptación. Y si bien la maternidad per se les da valor social, ésta es vivida y asumida de diferentes maneras de acuerdo con cada contexto e historia de vida.

Por otro lado, el reconocimiento de su sexualidad o del placer sexual y sus derechos sobre la reproducción varían de acuerdo con el contexto y la generación de pertenencia, lo que también tamiza sus creencias religiosas, en las que se aprecian procesos de adaptación de los preceptos a las condiciones adversas de sus vidas, imaginándose un dios que es ante todo compasivo y entenderá incluso la decisión de abortar. También fue evidente que la educación, la independencia económica y la pertenencia a grupos que abogan por derechos son elementos que favorecen su apropiación, aun cuando éstos se relacionen más con la esfera pública, como lo son los sociales o económicos, y sea más difícil articularlos con el plano personal de los sexuales y reproductivos. No obstante, en los casos donde empieza la apropiación de derechos, si todavía existen condicionantes que los limiten, excluyan o restrinjan, la ciudadanía será sólo parcial, y esto tiene que ver con cuestiones impostergables de justicia social, democracia y ciudadanía.

 

Nota

1 La investigación en México se publicó en: Ortiz Ortega, Adriana (compiladora). 2000. Derechos reproductivos de las mujeres. Un debate sobre justicia social en México. México: Edamex–Universidad Autónoma Metropolitana– Xochimilco.