Artículos

 

Los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la producción de frijol de Zacatecas

 

Elivier Reyes Rivas*, Rodolfo García Zamora**, Óscar Pérez Veyna** y Guillermo Foladori**

 

* Estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.

** Docentes–investigadores del doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.

 

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Recibido en mayo de 2006
Revisado en noviembre de 2006

 

Resumen

La apertura comercial total, prevista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para 2008, puede afectar la agricultura y el empleo rural de Zacatecas, particularmente la producción de frijol, donde la entidad ocupa el primer lugar como productor nacional. Dicha leguminosa ocupa 57 por ciento del área sembrada en el estado y emplea a cerca de 70 mil personas. Al revisar los términos comerciales pactados, datos estadísticos y fuentes primarias, se concluye que la competitividad que genere la apertura comercial puede precipitar el abandono de los cultivos y el deterioro de las condiciones de vida de miles de agricultores. El gobierno mexicano debería reevaluar los términos del tratado para impulsar la producción agrícola y establecer políticas públicas nuevas generadoras de empleo.

Palabras clave: Zacatecas, producción de frijol, empleo agrícola, apertura comercial, TLCAN, migración internacional.

 

Abstract

Total commercial aperture, foreseen in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) for 2008, may have some impact on agriculture and rural employment in Zacatecas, particularly in bean production, since the state is the main national producer. Bean production occupies 57 per cent of the state yield area, and employs near 70 thousand workers. Considering the agreement trade terms, the statistical data available and primary sources, this article concludes that the competitiveness that commercial aperture will generate may precipitate the abandonment of bean production, and the deterioration of living conditions for thousands of producers. The Mexican government should reconsider the terms of the NAFTA, so as to improve agricultural production and implement new policies to generate employment.

Key words: Zacatecas, bean production, agricultural employment, commercial aperture, NAFTA, international migration.

 

Introducción

En enero de 2008 se cumple el plazo para que Canadá, Estados Unidos y México liberen totalmente sus economías, como partícipes del TLCAN: "Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, cada una de las partes eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios, en concordancia con las listas de desgravación incluidas en el anexo 302.2", (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI 1994, 18). Y "[...] Salvo que se disponga otra cosa en la lista de desgravación arancelaria de cada una de las partes [...] los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de desgravación [..] se eliminarán en 15 etapas anuales a partir del 1º de enero de 1994, y dichos bienes quedarán libres de arancel a partir de enero de 2008" (SECOFI 1994, 44–45).

Este plazo o las cláusulas del tratado pueden modificarse, pero de no haber cambios ocurrirán una serie de efectos en los más variados sectores de la economía mexicana. El presente artículo reflexiona acerca de la repercusión previsible de la apertura comercial total sobre la producción y los agricultores que siembran frijol temporalero en el estado de Zacatecas, México.

En la primera parte se describen los términos principales del acuerdo en materia de agricultura; en la segunda se indican los compromisos arancelarios específicos para el caso del frijol; en la tercera se revisa la situación actual de su producción en México; en la cuarta se especifican las características de esta leguminosa en Zacatecas y finalmente, se muestra la incertidumbre que implicaría el ingreso libre de frijol a México, y la necesidad urgente de aprovechar las disposiciones del tratado, que permiten apoyar la producción interna y la generación de empleos. Asimismo, se menciona la necesidad de diseñar políticas públicas nuevas comprometidas con los trabajadores y la producción en general.

 

Los preceptos generales del TLCAN

La liberalización del mercado mundial modulada por instrumentos y organismos, como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés),¹ la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el TLCAN han generado las condiciones propicias para que los productores agropecuarios de Estados Unidos compitan sin restricción alguna con los de otros países, principalmente con los de los menos desarrollados (Rubio 2004, 23).

El TLCAN, firmado el 17 de diciembre de 1992² y puesto en vigor el 1 de enero de 1994, establece compromisos bilaterales entre México y Canadá; México y Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos. Su objetivo es eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para el comercio, facilitar la inversión transfronteriza y propiciar la cooperación en otras áreas, como el medio ambiente y la protección laboral (SECOFI 1994). Sin embargo, no contempla constituirse en una coalición aduanera, mercado común o unión económica (Fritscher 2001a, 4); y tampoco dispone la creación de instituciones supranacionales tendientes a armonizar las cuestiones jurídicas, políticas y sociales, ni la dotación de apoyos compensatorios³ a las regiones menos desarrolladas como México, a pesar de sus asimetrías en la competitividad. En definitiva, sugiere una zona de libre cambio que incorpora únicamente el libre intercambio de mercancías, servicios y capitales, pero elude "[...] las nociones de poder y de conflicto fundamentales para la comprensión de las relaciones económicas internacionales" (Ornelas 2003a, 28).

 

El sector agropecuario en el TLCAN

El acuerdo firmado en Marrakech, Marruecos, en abril de 1994, orientado a redimir la controversia comercial multilateral entre los países signatarios del GATT, estableció la eliminación gradual de los obstáculos que distorsionan el comercio mundial. A cambio se mejorarían las condiciones de las medidas tomadas para el comercio y fomento a la producción (Rello y Trápaga 2001, 2). Este acuerdo constituyó el preámbulo para que la agricultura se incluyera en los acuerdos de intercambio mundial, pues este sector se había mantenido en condiciones excepcionales, por lo menos hasta principios de la década de 1990 (Fritscher 2004a, 4). Para algunos analistas resultaba ilógico que México incluyera a la agricultura sin restricción alguna en el TLCAN, debido a las condiciones de desigualdad que presentaba (Tarrío 1999, 25–30; Carton de Grammont 2001, 86; Fritscher 2001a, 12). Otros países, como Brasil, a pesar de incluir la agricultura en su modelo de liberalización, mantiene aranceles que promueven un sector competitivo en los mercados internacionales (Espinal y Samacá 2004, 16).

Desde 1985, México implementaba un programa de liberalización de la economía en vísperas de su adhesión al GATT, el año siguiente. Muestra de ello es que, con excepción del azúcar, las tasas arancelarias aplicadas por México se redujeron hasta 20 por ciento, más de lo exigido en sus compromisos internacionales (Rello y Trápaga 2001, 36–3 7). Los aranceles acordados en el TLCAN, menores que los del GATT, serían descontados de manera paulatina en 0, 5, 10 y 15 años, en correspondencia a un proceso de desgravación diferenciado y a las salvaguardas que cada país propusiera a productos sensibles a la competencia.

El primer apartado del capítulo agropecuario trata de las prácticas y normas relacionadas con las obligaciones entre las partes, el acceso al mercado y los subsidios según: a) los grados de distorsión de los apoyos al mercado o la producción sean mínimos o inexistentes y b) el compromiso de reducir los apoyos con base en la normatividad del GATT. Asimismo, establece la conformación de comités trilaterales, cuya función sería asesorar en controversias comerciales relacionadas con productos de este sector.

En este primer apartado se hace referencia a los subsidios, aunque sólo se mencionan recomendaciones para evitar la aplicación de mecanismos que distorsionen el mercado y no estipula ninguna supresión, pues delega su normatividad a las instancias multilaterales (SECOFI 1994, 231). Esto sugiere que los apoyos a los productores seguirán siendo utilizados según la estrategia económica y política de cada país.

Asimismo, se estipula que los subsidios a la exportación serán utilizados sólo si: "a) las partes importadora y exportadora acuerdan un subsidio a la exportación de un producto agropecuario a territorio de la parte importadora y b) cada una de las partes se reserva el derecho a aplicar cuotas compensatorias a las importaciones subsidiadas de productos agropecuarios provenientes del territorio de cualquier país, sea o no parte" (SECOFI 1994, 233).

En el segundo apartado se detallan las reglas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se especifican las disposiciones trilaterales cuyo fin sea la protección de la vida humana, animal o vegetal. El artículo 703 se refiere al acceso al mercado y se definen los plazos y condiciones de liberalización y salvaguarda especiales, con el propósito de proteger productos que cada país considerara sensibles a las importaciones. En este punto, México negoció con Estados Unidos y Canadá la aplicación de aranceles cuota para el maíz y frijol, entre otros. Estableció un régimen de importación libre de arancel hasta cubrir una cuota; para el maíz de Estados Unidos fue de 2.5 millones de toneladas, y de mil al proveniente de Canadá. En el caso del frijol fue de 50 mil toneladas para el estadounidense y de 1 500 para el canadiense. En caso de ser rebasada, se cobrarían tasas arancelarias altas, las cuales se desgravarían en un plazo máximo de 15 años, hasta llegar a la eliminación definitiva. Para el caso del maíz, México pactó un arancel cuota base de 215 por ciento y para el frijol de 139; en 2005, el del maíz cayó a 54.5 por ciento y el del frijol a 35.2.

 

Las asimetrías productivas en el TLCAN

El TLCAN establece diferentes criterios para los tres países, en lo que respecta al sector agropecuario. En el caso de México y Estados Unidos, se acordó una apertura completa en un plazo máximo de 15 años (escalonado en 5, 10 y 15). Canadá por su parte mantuvo una actitud protectora, sobre todo en los productos que no presentaban potencialidades competitivas, como los lácteos y avícolas (Mella y Mercado 2006,182).

México, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, es un país con amplias asimetrías en términos de competitividad y potencialidad agrícola. Mientras que los otros socios cuentan con grandes extensiones de tierra y mejores condiciones de humedad para la producción a gran escala, con el apoyo de labores mecanizadas⁴ e inversión de capital, en México las desventajas naturales,⁵ organizativas, tecnológicas y financieras son determinantes (Fritscher 2001a, 6).

Asimismo, en Estados Unidos 380 millones de hectáreas se distribuyen en dos millones de propiedades (178 hectáreas por predio), en Canadá 67 se reparten entre 273 mil propiedades (247 por predio), mientras que en México 91 se distribuyen en casi cuatro millones de productores (24 por predio) (véase cuadro 1). Algo similar sucede con respecto al área cosechada, mientras que en México se alcanzan los 19 millones de hectáreas, en Estados Unidos sobrepasan los 122 y los 36 en Canadá. Con una superficie sembrada de frijol cerca de 70 por ciento menor que la de México, Estados Unidos obtiene un volumen semejante de producto, lo que sugiere más productividad. De otra forma, los trabajadores agrícolas de Estados Unidos explotan proporcionalmente veinte veces más superficie que los mexicanos, y casi cuarenta veces más los canadienses (Flores 2003, 109).

Otra diferencia significativa son los subsidios. De 1998 a 2000, cada productor estadounidense recibió en promedio 20 800 dólares por ese concepto;⁶ en México, fue de sólo 720 dólares (OECD 2001, 18). En 1999, por ejemplo, los apoyos ascendieron a 21 mil dólares para productores estadounidenses; 9 mil para canadienses y sólo mil para mexicanos (Fristcher 2001b, 7). Con la promulgación de la nueva ley agrícola estadounidense, el 13 de mayo de 2002 (Farm Security and Rural Investment Act of 2002, también conocida como Farm Bill), dichos apoyos superarían los 180 mil millones de dólares⁷ (Nadal 2002). El cuadro 2 muestra las diferencias en los subsidios otorgados por los tres países.

Asimismo, evidencia las grandes desventajas a que se verán sometidos los productores mexicanos en los próximos años, frente a sus competidores comerciales; lo que se agravará cuando se levanten las restricciones en 2008. Además, debe considerarse el peso político que Estados Unidos adjudica a la agricultura, como se desprende de las declaraciones del presidente George W Bush cuando se promulgó la nueva Farm Bill: "La agricultura es la primera industria de nuestro país. El éxito de los agricultores estadounidenses y ganaderos es esencial para el éxito de la economía [...]. Esta ley está basada en las realidades del mercado y no en las directrices del gobierno." (La Jornada, 14 de mayo, 2002).

En esta ley se mantienen medidas de apoyo como préstamos, que los productores dejarán de pagar en caso de que los precios del mercado no retribuyan ingresos superiores al préstamo al momento de la venta; seguros, establecidos en prevención de pérdidas derivadas de factores climáticos o descensos en el precio o rendimiento y apoyos a la exportación, que se otorgan con base en dos programas: a) el de Garantía de los Créditos a la Exportación (GSM–102), que consiste en el otorgamiento de créditos de 90 días a tres años y b) el Intermedio de Garantía de los Créditos de la Exportación (GSM–103), que garantiza créditos de tres y diez años (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP 2005, 14–16). Mecanismos que bien podrían considerarse distorsionantes del mercado a que hace referencia el TLCAN, aunque no se cuestiona su utilización.

 

Los términos pactados para la desgravación arancelaria del TLCAN y su aplicación en la producción de frijol

Cuando se firmó el TLCAN, en 1993, se acordó que México importaría hasta 50 mil toneladas de frijol de Estados Unidos y 1 500 de Canadá, las cuales se incrementarían en 3 por ciento en un periodo de 15 años, a partir de 1994; así, para 2007 alcanzarían las 73 426.69 toneladas de Estados Unidos y las 2 202.8 de Canadá (CEFP 2005, 7–24). Sin embargo, también se acordó que, en caso de que dichas importaciones rebasaran las cuotas fijadas para cada año, México aplicaría un arancel cuota de 139 por ciento ad valorem, que iría disminuyendo en un lapso de 15 años. Mientras en 1994 era de 133.4 por ciento, para 2007 llegaría a 11.8 y en 2008 desaparecería. Esto significa que en 1994 por cada kilogramo que sobrepasara la cuota acordada de importación, México cobraría 0.46 dólares estadounidenses, para 2005 se reduciría a 0.121, para el 1 de enero de 2007 sólo se tendría el derecho a cobrar 0.040 y al comienzo de 2008 quedarían libres de arancel todas las importaciones de la leguminosa provenientes de los países socios.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de la lix Legislatura, los términos no se cumplieron pues además de importarse más de lo pactado,⁸ México ha dejado de recibir ingresos superiores a 248 millones de dólares (véase cuadro 3). Esta situación resulta de la ambigüedad de los términos en que fue suscrito el acuerdo (Fristcher 2001b, 3), pues las cuotas de libre importación para México son mínimas, por tanto permiten ingresar mucho más del volumen pactado, mientras que para Estados Unidos los cupos son máximos y no incluyen ninguna reducción, hasta cumplir el plazo acordado; lo que demuestra circunstancias aún más desventajosas. Para 2004, el volumen importado había superado en 7.53 por ciento lo que debió importarse durante las quince etapas acordadas, esto sin tomar en cuenta los compromisos con Canadá.

 

El frijol en México

En México, el frijol ha sido considerado un producto tradicional y estratégico para el desarrollo rural del país (Serrano 2004, 3; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2003, 3; SAGARPA 2005, 9). El frijol y el maíz, además de ser una fuente alimenticia importante para la sociedad mexicana, formaba parte de los medios de control gubernamental antiinflacionarios, cuando se empleaban precios de garantía para dichos productos (Romero 1993, 59), y así se amortiguaba la reducción del valor de los salarios industriales.

De los 20.8 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en México, en 10.5 por ciento se cultiva frijol y ocupa a cerca de 650 mil productores,⁹ es decir, 11.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA) agropecuaria. ¹⁰ La producción de la leguminosa tiene también gran repercusión en la economía rural, pues se estima que ocupa más de 78 millones de jornales al año, con un promedio de 35 por hectárea (Serrano 2004, 3).

El frijol se siembra prácticamente en todos los estados de México, desde el nivel del mar hasta altitudes de más de 2 500 metros, y en todo tipo de suelo y clima. Después del maíz, el frijol representa el segundo cultivo más importante a escala nacional, tanto por la superficie que se le destina, como por el número de agricultores que se dedican al cultivo (SAGARPA 2003, 3; Ortiz 1998, 30). Según el volumen de producción, se distinguen dos regiones principales; la primera se localiza en la parte semiárida del centro–norte y comprende Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Chihuahua, cuya producción tiende a concentrarse en el ciclo primavera–verano¹¹ (véase cuadro 4). Y la segunda se ubica en la región noroeste del territorio mexicano, e incluye a Sinaloa y Nayarit, que junto con Veracruz, destacan como principales productores del ciclo otoño–invierno (Rincón et al. 2004, 118; Galindo y Zandate 2004, 13). A la región centro–norte, se le considera la franja frijolera más importante de México, cuya producción representa cerca de 47 por ciento del total nacional. Es por ello que Ledesma y Ramírez (1994, 50) la señalan como un área compacta de gran importancia, inclusive en el mundo.

Del total nacional (1.1 millones de toneladas en promedio), sólo una tercera parte, es decir, 3 1 por ciento de la producción se obtiene en la modalidad de riego y 69 es de temporal. Entre estos indicadores, Zacatecas predomina con más de 244 mil toneladas anuales de temporal en el ciclo primavera–verano, y Sinaloa en la siembra de riego, con más de 120 mil en el ciclo otoño–invierno. Entre 1980 y 2004 Zacatecas sumó, entre riego y temporal, 319 mil toneladas como promedio anual, lo que equivale a 28.5 por ciento de la producción nacional. Sin embargo, Zacatecas tiene la desventaja de levantar la mayor parte de su cosecha entre septiembre y enero, periodo que coincide con la importación de Estados Unidos (SAGARPA 2005, 20). Esto no afecta a Sinaloa, pues el mayor porcentaje del grano se envía al mercado entre enero y junio, con más posibilidades de obtener mejores precios.

 

El cultivo del frijol en Zacatecas

De los 4 042 059 de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria en el estado, 33.4 por ciento se destina a la agricultura, 64.8 está clasificada como agostadero, 1.5 es bosque y 0.3 es superficie sin vegetación (INEGI 1999). Del área agrícola, entre 1980 y 2004, 55.3 por ciento se cultivó con frijol (riego y temporal), casi el doble de lo que se siembra con maíz grano, que es el segundo cultivo con mayor superficie (SAGARPA 2005). En cuanto al valor de la producción generado, la misma fuente registra para el mismo periodo una contribución de 31.9 por ciento del total¹² (7 429 millones de pesos) por el sector agrícola en el estado (véase gráfica 1). Asimismo, según datos del VII Censo Agrícola–Ganadero (INEGI 1997, 22),de las 118 917 unidades de producción rural de Zacatecas, 65 por ciento (78 133) cultiva frijol. De éstas últimas, 73.6 por ciento corresponde a unidades de propiedad social (ejido), 21.2 a propiedad privada y 5.2 son de tenencia mixta.

Entre 1960 y 1973 se cosechaban en Zacatecas 204.5 mil hectáreas de frijol en promedio (INEGI 1984, 208). A siembras de temporal correspondió 99.5 por ciento y sólo 0.5 a riego. La misma fuente registra, tres años después (1976), 409 mil hectáreas de temporal y 24.5 mil de riego; y para 1981, 466.2 mil y 36.4 mil para temporal y riego respectivamente. En términos relativos del área cosechada con respecto a la nacional,¹³ representaba 32.9 por ciento en 1976 y 25.2 en 1981.

De 2.2 millones de hectáreas destinadas al cultivo del frijol en México, entre 1980 y 2004, esto es, más de 681 mil (31.2 por ciento) correspondieron a Zacatecas, situación que lo ubica como principal estado productor del país. Sin embargo, 93.8 por ciento de esa superficie se cultivó en el ciclo primavera–verano y sólo 6.2 se sembró en la modalidad de riego (véase cuadro 5). Son poco más de 244 mil toneladas anuales de temporal, con un rendimiento promedio de 447 kilos por hectárea, que resulta 9.7 por ciento menor al promedio nacional y 24 al mundial (SAGARPA 2004a; Base de Datos Estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAOSTAT 2004). Puede afirmarse que la importancia de Zacatecas en la producción nacional de la leguminosa proviene de las grandes extensiones que se cultivan en la modalidad de temporal y no por el rendimiento, que resulta comparativamente bajo. El carácter temporalero explica, en parte, el estancamiento de la superficie cultivada, ya que las tasas de crecimiento media anual se ubican en 0.4 por ciento para riego y 0.9 para temporal.

La importancia del frijol para Zacatecas también es evidente, cuando se compara la superficie sembrada y el valor generado en el contexto agrícola del estado. Entre 1980 y 2004, la siembra de frijol representó 55.3 por ciento del total de la superficie sembrada, y 31.9 del total del valor generado por la agricultura¹⁴ (véase cuadro 6). Puede destacarse, por tanto, la controvertida situación del frijol en Zacatecas. Por un lado, genera más de 30 por ciento del valor de la producción agrícola, con poco más de 50 por ciento del área total. Por otro, muestra un estancamiento virtual en la superficie sembrada en los últimos 25 años, y un rendimiento por hectárea inferior al promedio nacional. Entre otros factores, esto se deriva del atraso en las condiciones de trabajo, del sistema tradicional con que se realizan las actividades técnico–productivas, la eventualidad climática y la baja rentabilidad. Elementos que también explican algunas de las causas del fenómeno migratorio, y la vulnerabilidad de los agricultores de temporal como oferente principal del grano en el país.

 

Regiones productoras de frijol en Zacatecas¹⁵

Con base en la potencialidad productiva del estado, se distinguen tres regiones principales en el cultivo de frijol (véase mapa 1). La primera se ubica al noroeste de la entidad y comprende ocho municipios.¹⁶ En dicha región se sembró 45.6 por ciento entre 1987 y 2004, de la superficie de temporal.¹⁷ Por sus características agroecológicas, es considerada la zona con mayor potencial para el cultivo de frijol (Medina et al. 2003, 100–105; Luna y Ortiz 1998, 56). Esta zona cuenta con 19 696 agricultores inscritos en el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)¹⁸ (SAGARPA 2002). Predomina la producción de frijol de temporal, aunque se distingue por el mayor uso de maquinaria e insumos agrícolas del estado, debido a sus mejores condiciones naturales y socioeconómicas (Ramírez 1993, 35–36). La segunda región de potencial mediano comprende municipios del centro,¹⁹ donde se cultiva poco más de 34.8 por ciento de la superficie estatal e involucra a 21 531 productores, quienes combinan las modalidades de riego y temporal en sus cultivos. La de riego se caracteriza por la utilización generalizada de trabajo mecanizado y agroquímicos, algo que no sucede en las zonas de temporal, debido a las limitaciones climáticas. La tercera región, de bajo potencial, se ubica en el sureste del estado,²⁰ representa 16.1 por ciento del área total de frijol y es cultivada por 14 110 agricultores. A ésta Ramírez (1993, 38–39) la identifica con mayores restricciones climáticas y uso de poca tecnología, cuyo rasgo distintivo es la producción de temporal: a) parcialmente mecanizado²¹ y uso medio de insumos, b) con tracción mixta²² y uso marginal de los insumos y c) asociaciones maíz–frijol con tracción animal.

El resto de la producción en el estado se distribuye entre los demás municipios que, comparativamente con las regiones señaladas, resultan menos relevantes. De los 58 municipios que conforman Zacatecas, Sombrerete²³ es el principal productor de frijol. De 1987 a 2004 se cultivaron allí más de 105 mil hectáreas,²⁴ con un rendimiento de más de 67 mil toneladas, es decir, un promedio de 649 kilos por hectárea, 22.7 por ciento superior al estatal, no obstante que 95.5 por ciento de la superficie sembrada es de temporal (SAGARPA–Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) 2004). En Sombrerete se involucran 5 245 productores, 8.5 por ciento de los del estado inscritos en PROCAMPO. Asimismo, de todas las comunidades que conforman este municipio, la colonia González Ortega es la que cultiva mayor superficie, alcanza 10.6 por ciento del total (SAGARPA 2002).

Los siguientes aspectos consolidan las características principales de la producción de frijol en Zacatecas, y muestran el grado de vulnerabilidad que enfrentarán los agricultores una vez liberada la importación proveniente de Estados Unidos y Canadá:

• Las condiciones ecológicas constituyen una barrera natural para una modernización fácil del sector. De la superficie de Zacatecas, 75 por ciento se considera árida, con variantes de clima templado a semicálido. Treinta por ciento del territorio se ubica en áreas con menos de 300 milímetros de precipitación media anual; 46 por ciento del territorio recibe entre 300 y 500;20 tiene entre 500 y 700 y sólo en 4 de la superficie llueve más de 700 mm anuales (Rincón et al. 2004,1). ²⁵ A ello se agregaría la concentración pluvial en julio, agosto y septiembre (Medina y Ruiz 2004, 52). Al considerar lo anterior, se descarta un aumento significativo de las áreas de riego, que sustituya la siembra de frijol de temporal.

• Los agricultores consideran al frijol como mercancía de intercambio fácil, incluso en el medio rural. Por lo tanto, aunque se ha intentado motivarlos para que siembren otros cultivos,²⁶ sólo se ha tenido éxito en pocos casos. Asimismo, no existen otras alternativas en curso, para sustituir rápidamente las extensiones que aún se destinan al frijol, y que permitan encarar la problemática de manera integral, y esto a pesar de los señalamientos persistentes sobre la incosteabilidad del cultivo (Romo 1994, 732; Ledesma y Ramírez 1994, 54–55; Gobierno del Estado de Zacatecas 1993, 102; Morales 2000, 2).

• La disminución de aranceles, que evalúan estudios como el de De Gorter, Ingco y Short (2004, 151–158), cuyos efectos posibles sobre los ingresos de productores agropecuarios mexicanos, indican que con una reducción de 50 por ciento los precios de productos básicos que se pagan al agricultor, bajarían 14 por ciento; y la producción se reduciría en 13. El efecto sería aún mayor con una liberalización total (sin arancel). En este último caso, los precios caerían en 27 por ciento y la producción en 25. Como las exportaciones de frijol mexicano son irrelevantes, escenarios como los señalados aumentarían claramente las exportaciones de Canadá y Estados Unidos y las importaciones mexicanas.

• La situación de los costos de la producción de frijol de Zacatecas,²⁷ así como de sus rendimientos relativamente inferiores al resto de los estados mexicanos (véase cuadro 4). Si se estima una reducción del precio del frijol en 27 por ciento, es de suponer que los ingresos para la zona más productiva del estado se reducirían en 61.9, para quienes posean maquinaria y reciban apoyo para diesel; 69.8 por ciento para quienes tienen maquinaria, pero sin subsidio para diesel y el efecto sería enorme para quienes contratan o rentan maquinaria, en cuyo caso los ingresos disminuirían en 82.4 por ciento.²⁸

• El perjuicio previsible para cerca de 46 mil productores dedicados al cultivo de la leguminosa en condiciones de temporal —con 12.7 hectáreas en promedio, lo que constituye cerca de 41 por ciento²⁹ del total del estado beneficiados con PROCAMPO—, y aumenta el éxodo rural hacia fuentes alternativas de sostenimiento.

• La emigración internacional, en el pasado reciente y como resultado de la crisis del campo mexicano, actuó como una válvula de seguridad, pues ofrecía opciones laborales a la población expulsada del agro. A finales de 2005, la PEA rural era de 6.4 millones de personas, cuando en 2000 sumaba 7 millones 269 mil habitantes. En cinco años se redujo en 10 por ciento, como consecuencia de la emigración. A la inversa, mientras en el campo disminuía la población en edad para incorporarse a las actividades productivas, el monto de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos desde el exterior mantenían una tendencia creciente; entre 2001 y 2005 aumentaron 125 por ciento. El Banco de México informa que durante el gobierno del presidente Vicente Fox las remesas recibidas ascendieron a 68 mil 753 millones de dólares, cantidad equivalente a 57.6 por ciento de los pagos realizados en el exterior por la compra de todo tipo de consumo inmediato. En 2001, las remesas representaban 45 por ciento de los bienes de consumo, en 2005 esa proporción se elevó a 64 (Zúñiga y Cardoso 2006, 2).

• Los acuerdos parciales de la reforma migratoria en Estados Unidos, que hasta mayo de 2006 prefiguran la posibilidad de una legalización cercana a los 7 millones de inmigrantes indocumentados (de los cuales por lo menos 50 por ciento son mexicanos), la posibilidad de deportación de cerca de dos millones de indocumentados y la militarización y disminución de la emigración internacional. La posibilidad de una deportación masiva y el achicamiento al libre tránsito por la frontera norte a nuevos contingentes de inmigrantes obliga a revalorar el espacio rural y las actividades agropecuarias como alternativas de generación de empleo permanente y arraigo social, mediante políticas públicas nuevas de apoyo y fortalecimiento a ese sector.

• La posible liberalización de aranceles, con el argumento a favor de que atraería mayores inversiones extranjeras, lo que a la larga compensaría, al menos en términos de valor generado, las pérdidas originales. Oportunidad que bien podría orientarse a convenir programas de reconversión productiva en zonas factibles para ello. Sin embargo, estudios como el de Mella y Mercado (2006) concluyen que las inversiones extranjeras fueron menores en el periodo del TLCAN (1994 a 2001) que en los años anteriores (1990 a 1993), de manera que tampoco debiera apostarse a esta posibilidad.

 

Conclusiones

Se espera que la apertura total de las fronteras al comercio de productos agrícolas entre los países socios del TLCAN ocurra el 1 de enero de 2008. Ésta que es vista con optimismo por algunos, como indicador de abaratamiento de mercancías para los consumidores, y presión para la mejora técnica y la competitividad para los productores, puede ser contraproducente para miles de campesinos y trabajadores rurales mexicanos, que se verán expuestos a una competencia desfavorable.

Zacatecas es un estado paradigmático para analizar los efectos de la apertura comercial en la agricultura, y en particular en la producción de frijol. Tanto porque responde por una importantísima fracción de la cosecha nacional, porque sus condiciones agroecológicas y el carácter temporalero de sus cultivos lo colocan en situación de gran vulnerabilidad. Aunque desde un punto de vista técnico y económico, las posibilidades de realizar una reconversión productiva o bien de mejorar sustancialmente la rentabilidad del frijol no son simples, es menester considerar los dos aspectos que son razones suficientes para elaborar un plan de defensa de la producción de frijol y de sus trabajadores: la importancia de la autosuficiencia alimenticia como política de Estado, algo que todos los países desarrollados reconocen y subsidian; y la situación social de miles de trabajadores que pueden, en pocos años, pauperizarse aún más.

Los datos correspondientes al frijol en Zacatecas muestran, durante las últimas décadas, un estancamiento virtual tanto en la superficie cultivada como en rendimientos obtenidos. En estas condiciones, cualquier movimiento desfavorable para estos productores en los precios o en la demanda puede orillarlos a la quiebra. Debido a lo atrasado de las condiciones y al sistema tradicional utilizado en las actividades técnico–productivas por los agricultores pequeños, así como a la falta de una política pública sostenida, es difícil pensar que la mayoría de los productores de temporal se reconviertan cuando se considera estar a las puertas de la apertura. En el contexto de gran emigración internacional de Zacatecas, es de esperar que el sector más joven de los productores emigre a Estados Unidos, mientras que los más viejos o con menores lazos de apoyo familiar se paupericen.

La situación anterior sugiere la necesidad de mantener y mejorar los apoyos directos otorgados al agricultor, que en mayor o menor medida tienden a incrementar sus ingresos, pero también a implantar programas de difusión y extensión tecnológica, créditos accesibles y diseño de esquemas de comercialización encaminados a elevar el precio de las mercancías, problemas entre los más señalados por los productores. En particular, la agenda presenta puntos álgidos en virtud de las fechas propuestas en el TLCAN; uno de ellos, que se observa imperativo, es el de la reglamentación de apoyos directos, pues del análisis realizado se observa que los subsidios son un componente fundamental para la sustentabilidad de los sistemas de producción.

Ante la inminente legalización masiva de inmigrantes zacatecanos, la militarización de la frontera norte y las dificultades futuras para que 20 mil habitantes de la entidad sigan emigrando por año, como en la última década, Zacatecas puede enfrentarse a la tragedia de que se produzca un despoblamiento casi total, que ahora llega a 72 por ciento de los municipios (García 2006) o enfrentarse al regreso masivo de deportados, que la economía estatal no está en condiciones de integrar productivamente. Ante esta posibilidad, y los problemas para el libre flujo de generaciones nuevas de emigrantes en los años próximos, el nuevo gobierno mexicano debe considerar la importancia del sector agropecuario por su capacidad de generar empleos, retener a la población y promover el arraigo social. Ante las barreras puestas a la migración internacional por una etapa nueva de regulación gubernamental y militar, por cuestiones de seguridad nacional y gobernabi–lidad del país, el modelo económico debe reorientarse al mercado interno y las políticas públicas deben privilegiar el fortalecimiento de las regiones y sectores productivos, ubicando la generación del empleo como prioridad nacional.

Según esta perspectiva, se requiere ponderar las posibilidades contenidas en el mismo TLCAN, de apoyo a la producción agrícola nacional para el mercado interno, que en rigor no está prohibida. Incluso valorar objetivamente si México tiene capacidad de promover su renegociación, con las cartas de fortalecimiento de la economía interna como única alternativa para la gobernabilidad, la reducción de las tensiones políticas en la frontera norte y la posibilidad de disminuir los flujos migratorios a mediano plazo.

 

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Notas

¹ El GATT surgió en 1947, con el objetivo de reducir las barreras al comercio y fomentar el desarrollo económico. Pero fue hasta 1986 cuando se inició la discusión sobre el comercio agropecuario y sus barreras protectoras, y ocho años después se firmó el Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay (AARU) (Rello y Trápaga 2001, 11).

² El tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores el 22 de noviembre de 1993, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre del mismo año.

³ En la Unión Europea "se formaron organismos especializados y fondos comunitarios [...] para compensar los costos sociales de la integración y reducir las desigualdades regionales [..] en los niveles de ingreso y bienestar" (Calva 2005, 2). Según Calva, en 1989, el producto interno bruto (PIB) per cápita de Grecia y Portugal representaba 52.5 y 56.3 por ciento respectivamente del PIB promedio de la Comunidad Económica Europea, y el PIB de Alemania alcanzaba 114.2. En 2002, el PIB per cápita tanto de Grecia como de Portugal había ascendido a 70.8 y 70.9 por ciento respectivamente, mientras que el de Alemania había descendido a 99.6 del promedio total. Estos resultados muestran que las políticas compensatorias pueden llevar a disminuir la desigualdad de los países miembros de mercados comunes.

⁴ Estados Unidos dispone de 1.6 tractores por cada trabajador agrícola, Canadá de 1.9, mientras que México de 0.04 (Calva 2006, 1).

⁵ Según Magda Fritscher (2001b, 2), debido a la condición árida y montañosa de México, la productividad de un trabajador mexicano en comparación con el canadiense representa sólo 5 por ciento, y 3 con respecto al estadounidense.

⁶ La misma fuente indica que en la Unión Europea los apoyos a productores fueron, en el mismo año, de 16 mil dólares en promedio.

⁷ Un incremento de 44 por ciento con respecto a los autorizados en la Ley Federal de 1996 de Reformas y Mejoras a la Agricultura. Dichos subsidios se distribuirán en pagos directos a productores de granos básicos y precios de garantía para todos los productos, así como apoyos compensatorios por tierras no cultivadas y recuperación de suelos (Ornelas 2003b, 36). Los apoyos por producto (aproximadamente 50 mil millones de dólares) incluyen al algodón, trigo, maíz, sorgo, arroz, cebada, avena y soya, todos exportables a México.

⁸ Según Carton de Grammont (2001, 86), algo similar ha ocurrido con las importaciones de maíz realizadas en el marco del TLCAN, que no se ajustan a las reglas. El autor señala que a partir de 1996 se han importado entre 5 y 6 millones de toneladas extra, equivalente a más del doble de lo pactado.

⁹ El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (LIX Legislatura) registra 570 mil en todo el país (CEFP 2004, 12).

¹⁰ El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el censo de población y vivienda de 2000 contabilizó 97 millones de habitantes en México, de los cuales 5.8 (16.4 por ciento) constituía la PEA. Sin embargo, puesto que este organismo emplea metodologías y definiciones distintas para el Sistema de Cuentas Nacionales, la PEA agrícola en 1998 se ubicó en los 7.8 millones de habitantes, lo que representaría 20.4 por ciento del total.

¹¹ La SAGARPA considera el ciclo primavera–verano de abril a septiembre y de octubre a marzo el de otoño–invierno.

¹² A pesos constantes de diciembre de 2004.

¹³ INEGI (1999, 405–406) registra, entre 1960 y 1973, 1 815 707 hectáreas cosechadas como promedio anual y a escala nacional; 1 315 819 en 1976, y 1 991 000 hectáreas en 1981.

¹⁴ SAGARPA ha registrado en promedio 17 cultivos cíclicos y 23 perennes, tanto en primavera–verano como en otoño–invierno.

¹⁵ Una zona que por sus características productivas mantiene similitudes espaciales con la "franja agrícola zacatecana", determinada por Ramírez (1993, 23–45).

¹⁶ Sombrerete, Río Grande, Miguel Auza, Saín Alto, Juan Francisco R. Murguía, Chalchihuites, Juan Aldama y Jiménez del Teúl.

¹⁷ Los datos se refieren al último periodo del que se cuenta con información municipal.

¹⁸ PROCAMPO es un programa que surge por iniciativa presidencial a partir del ciclo otoño–invierno 1993–1994; consiste en la asignación de un pago directo al productor por hectárea cultivada. Para 2005 este apoyo ascendió a 963 pesos por hectárea y a 1160 para aquellos productores con menos de 8 hectáreas que hubieran tramitado el pago anticipado (hasta por cuatro años, a partir de 2006 este pago será sólo por tres). Para los agricultores que rebasan ese rango se aplica la tarifa normal (963 pesos). Para las normas de asignación del pago se considera como superficie elegible a la sembrada o cultivada con maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, cártamo, algodón y cebada. A partir de 2001, las reglas de operación se refieren a predios en explotación independientemente del régimen hídrico, y no se hace referencia al tipo de cultivo elegible (SAGARPA 1995–2006).

¹⁹ Fresnillo, Calera, Guadalupe, Morelos, Pánuco, Zacatecas y Villa de Cos, entre otros.

²⁰ Ojo Caliente, Villa García, Noria de Ángeles, Luis Moya, Loreto y Pinos, entre otros.

²¹ Los tractores por lo general son colectivos o rentados.

²² El tractor se utiliza fundamentalmente para la preparación del suelo, en virtud de la poca disponibilidad de recursos económicos.

²³ Según INEGI (2002), este municipio representa 4.9 por ciento (3 627.05 km ) del área territorial del estado.

²⁴ Esta cantidad equivale a 16.2 por ciento de la superficie cultivada con frijol en todo el estado, incluso superior a Fresnillo, otro de los municipios que destinan mayor extensión al cultivo de temporal, y el principal en la modalidad de riego.

²⁵ Entre 1961 y 2003, la estación climatológica ubicada en la colonia González Ortega de Sombrerete registró una precipitación media anual de 472.4 milímetros (Medina y Ruiz 2004, 220).

²⁶ En el Diario Oficial del 2 de julio de 2004 se publicaron los lineamientos específicos del Subprograma de Apoyos Directos para la Conversión del Cultivo de Frijol por Granos Forrajeros y Pastos para Zacatecas, Durango y San Luis Potosí para el ciclo agrícola primavera–verano 2004. Se plantea la necesidad de sembrar, en Zacatecas, 123 300 hectáreas de frijol con otros cultivos; 90 mil con avena forrajera, 28 300 con maíz forrajero y 5 mil con pastos, cuyos apoyos ascenderían a 650, 400 y 1 200 pesos respectivamente.

²⁷ El Distrito de Desarrollo Rural de Río Grande (DDRRG) de la SAGARPA en Zacatecas estimó en 2005 los costos de producción para el frijol de temporal. Para los agricultores con maquinaria y subsidios para diesel, la estimación fue de 2 868 pesos; para los que contaban con maquinaria, pero sin apoyo para el combustible, de 3033 pesos y para los que maquilan, de 3233 pesos.

²⁸ Los cálculos se realizaron en función de los ingresos netos (rendimiento promedio de 675 kilos por hectárea y el precio medio rural de 5 pesos, menos los costos para cada tipo de productor) y los valores relativos proporcionados por De Gorter et al. (2004).

²⁹ Es posible que este porcentaje sea mayor, si se toma en cuenta que en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 2001 se publicó la Ley de Capitalización de PROCAMPO, cuyo objetivo era entregar por anticipado dichos apoyos, mediante proyectos viables, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2008.