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Introducción
En México, como en diversos países latinoamericanos, la violencia no es extraña a ninguna persona;1 es más bien cercana, sea por vivencia propia, historias de los vecinos, algo que se escucha de algún extraño en la calle o a través de los medios de comunicación2. Para algunos es más cercana que para otros, dependiendo, por ejemplo, del lugar donde se vive, de la clase social a la que se pertenece, del género, de la edad, del color de piel, entre otros.
Así, esta violencia tiene distintas expresiones y genera consecuencias diversas: desde algunos elementos simbólicos que afectan la subjetividad y las trayectorias de los actores, hasta otras que afectan físicamente, como las heridas de armas de fuego que marcan los cuerpos de las personas y que pueden llegar al punto más letal, la muerte.
Esto último, operacionalizado en las balas, está latente continuamente en contextos urbanos precarios, en donde las víctimas más probables son jóvenes varones que se encuentran inmersos en dinámicas de exclusión dadas las desigualdades que constantemente los empuja a las periferias, desterrándolos de los sistemas educativo y laboral formal. Esto deviene en una situación de indefensión y vulnerabilidad, en donde se ven obligados a construir “su lugar”, abriéndose paso entre la estigmación, para edificarse como actores con algún sentido de pertenencia, y finalmente, constituir su propia identidad en términos intersubjetivos (Zubillaga, et al., 2019; Bourgois, 2010).
En este sentido, estos jóvenes se convierten en víctimas no sólo de la violencia armada, sino de la propia ausencia de un Estado social, que de alguna u otra manera, los orilla hacia las armas y la violencia, y además, los criminaliza y convierte en “vidas desechables”3 (Butler, 2010; Mbembe, 2011). Así, la trayectoria de vida violenta (Zubillaga, 2008) se concreta entre grises, entre lo legal y lo ilegal (Kessler, 2013), pero con altísimas probabilidades de cárcel, muerte o lesiones.
En este artículo nos ocuparemos de analizar estas últimas: las lesiones que no matan a los heridos por balas, es decir, “los que quedan vivos”, marcados por la violencia en sus cuerpos, generando lo que se propone llamar el “juvenicidio encarnado”, como mutación del concepto inicial de juvenicidio propuesto por Valenzuela (2015, 2016), al englobar así todas las dinámicas estructurales de exclusión, necropolítica y biopolítica antes comentadas, además de trabajar la idea de la muerte social que se puede generar luego de la “marca” (objetiva y subjetiva) generada por la violencia. Así, se trabaja el juvenicidio encarnado en el presente texto como un intento de subrayar las dimensiones del fenómeno social que representa la violencia, su envergadura y la realidad social y personal de quienes habitan e interactúan con ella.
De esta manera, se inicia una caracterización del fenómeno y de las personas lesionadas por armas de fuego en México, de su situación y contexto, con el objetivo de dimensionar y comprender la importancia de esta problemática en el país. Esto se llevó a cabo codificando, procesando y analizando los datos sobre lesionados por balas publicados por la Secretaría de Salud, entre los años 2010 y 2020, estadísticos que serán presentados a continuación. Asimismo, se presentan fragmentos de una serie de entrevistas realizadas en la ciudad de Monterrey en el año 2018, enmarcadas en el trabajo de investigación doctoral de la autora; se entrevistaron a lesionados por balas en contextos vulnerables y precarizados de esa ciudad, siguiendo la metodología propuesta por Daniel Bertaux (2005), relatos de vida. De estos se seleccionaron cuatro que resultan relevantes para hacer visible, con evidencias basadas en elementos intersubjetivos de las trayectorias de los actores, la discusión teórica que aquí se presenta.
Posteriormente, se revisan las expresiones de la violencia y del propio concepto de juvenicidio propuesto por Valenzuela (2015, 2016) para luego pasar a discutir la idea de “juvenicidio encarnado” para dar cuenta de la dinámica detrás de las lesiones y las propias dimensiones subjetivas de este fenómeno, al presentar la propuesta teórica y señalar sus limitaciones con miras de hacer visible esta problemática tan frecuente e invisible en América Latina, esperando incentivar la discusión sobre ello.
“Los que quedan vivos” en México: caracterización de los jóvenes lesionados por armas de fuego y su situación
La violencia no es un tema extraño para México, de hecho, se ha intensificado en el tiempo, especialmente a partir del año 2006 cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”.
Como se observa en el Gráfico 1, la tasa de homicidios en México tuvo una tendencia al decrecimiento progresivo entre 1992 y 2007, con un promedio de 13.35 homicidios por cada 100,000 habitantes en ese período.
Fuente: frecuencia de homicidios: INEGI, 2021. Tasa de homicidios: Banco Mundial, 2021.
Gráfico 1 Homicidios en México, 1990-2019 (Frecuencia y tasa por cada 100 mil habitantes)
Sin embargo, en 2008 se inicia la tendencia al crecimiento de la tasa, con tres momentos que se diferencian claramente: 2008 a 2011, en donde aumenta y alcanza un punto cumbre con 23.5 en el último año; luego, se inicia un período de remisión entre 2012 y 2014, para luego volver al aumento, llegando a alcanzar la tasa más alta de los últimos 28 años con 29.1 por cada 100,000 habitantes, en 2018.
Estos homicidios son ocasionados en 55 % de los casos por armas de fuego (UNODC & Small Arms Survey citado por The Guardian, 2012), lo que posiciona a México como el segundo país con mayor número de muertes ocasionadas por armas de fuego de Latinoamérica. El estudio The Global Burden of Disease 2016 Injury (2018) “estimó que, en 2016, los cinco países con mayor cantidad de personas fallecidas a causa de disparos son: Brasil, México, Colombia, Venezuela y Guatemala, respectivamente” (The Global Burden Of Disease 2016 Injury, 2018 citado por Chacón, 2019).
De hecho, entre los jóvenes, quienes son los más afectados por esta dinámica violenta, 59 % de los homicidios fueron ocasionados por balas (Otamendi, 2019).
Por lo tanto, es importante focalizar la mirada en el arma de fuego, no sólo por el peso que tienen sus balas en las muertes de mexicanos, sino también porque, en este país está restringido el porte, tenencia y acceso a las armas y municiones de forma legal, aun cuando se calcula que, en México, se encuentran 13.5 armas en manos de civiles por cada 100 personas. Mientras que, para el caso de las armas en manos de fuerzas de seguridad del Estado, la cifra es de 1.06 (Karp, 2012).
En este contexto, vale preguntarnos por los que son heridos por esas balas pero no fallecen: los lesionados. Estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que “...por cada joven muerto a consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren tratamiento” (OMS, 2002), por lo que no debería ser insignificante el número de lesionados en el país, si sólo entre el año 2000 y el 2019 hubo 386,331 personas que murieron a causa de homicidios.
Claramente, las balas que hieren a las personas no responden a una dinámica única, ya que se pueden encontrar variedad de situaciones asociadas al hecho, al ir desde una bala pérdida, hasta enfrentamientos, robos, entre muchos otros. Lo que sí llama la atención es que, aunque las tendencias estadísticas siguen los mismos patrones de los homicidios asociados a dinámicas estructurales que vinculan tanto a víctimas y víctimarios en los mismos ejes de exclusión, vulnerabilidad y agencias alternativas, en el estudio cualitativo que ha llevado a cabo la autora, se ha logrado identificar situaciones específicas entre jóvenes varones en donde lo que se buscaba era lesionar, no matar; esto, con la idea de no sólo herir cuerpos, sino también fuerzas, masculinidades, agencias, entre otros.
Aunque no es usual en América Latina, en México se cuenta con algunos datos publicados por la Secretaría de Salud entre 2010 y 20204 sobre lesiones por balas que, aunque no corresponden con la estimación de la OMS, indican que en una década se registraron 52,284 personas lesionadas por armas de fuego.
Al observar el Gráfico 2, llama la atención que, desde 2013, el número de lesionados ha ido en aumento progresivo y continuo, aunque esta tendencia no se observa de igual forma al revisar los datos sobre homicidios (ver Gráfico 1).
Además, en el período analizado, el único año que muestra una disminución es el último, 2020, en donde la pandemia y medidas sanitarias tomadas en ocasión del COVID-19 claramente tuvieron influencia en la incidencia de lesiones.
De igual forma, cuando se calcula el porcentaje de lesionados por balas en relación con el total de lesionados por causas externas varias5 en cada año, el aumento es progresivo y continuo: entre 2010 y 2016 el porcentaje promedio de lesiones por balas es de 0.7 %, para 2017 ya alcanza 1 %, y en 2020, llega a posicionarse en 1.23 %.
Fuente: Secretaría de Salud de México.
Nota: De acuerdo a la página de la Secretaría de Salud los datos de 2020 son preliminares.
Gráfico 2 Número de lesionados por armas de fuego en México6, 2010 a 2020
¿Quiénes son los lesionados por armas de fuego?
En los años analizados, se encontró que, en promedio, 87 % de los casos de lesión por bala eran personas de sexo masculino; sólo en el año 2012, se observa un ligero aumento del porcentaje de mujeres lesionadas por balas, sin embargo, el promedio de los nueve años se mantiene en 13 %.
En cuanto a las edades de los lesionados, se tiene que la incidencia se concentra fundamentalmente en el rango entre 11 y 40 años, lo que representa 80 % de los casos, al ser los más jóvenes los más afectados (11 a 30 años), justamente las edades más productivas y formativas de las personas en el curso de su vida. Esta tendencia sigue la misma dinámica que puede observarse cuando se analizan las edades con mayor incidencia en los homicidios en el país.
De esta manera, la evidencia es clara al señalar que la principal víctima y el sujeto prevalente en el estudio de las lesiones ocasionadas por la violencia armada es el joven de sexo masculino, sin embargo, deben añadirse algunos elementos adicionales que nos indican el contexto precario, de indefensión y vulnerabilidad que gira alrededor de estas víctimas y las circunstancias en las que ocurre el evento de la lesión. Veamos a continuación.
En promedio, 34 % de los lesionados por balas tienen un nivel básico de instrucción (primaria) y 36 % alcanzaron a culminar la secundaria, es decir, 70 % de los lesionados tienen un nivel de secundaria o menos; esto sumado a que 10 % de las víctimas no tenían ningún nivel educativo. Sólo 3 % tuvo acceso a un nivel de educación superior.
Fuente: cálculos propios, basados en datos de la Secretaría de Salud.
Gráfico 3 Porcentaje de personas lesionadas por armas de fuego en México de acuerdo con el sexo, 2010 a 2019
Fuente: cálculos propios, basados en datos de la Secretaría de Salud.
Gráfico 4 Porcentaje promedio de personas lesionadas por armas de fuego en México de acuerdo con el grupo de edad, 2010 a 2019
¿Cuáles fueron las consecuencias de la herida?
De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Salud es posible conocer cuáles son las áreas del cuerpo con mayor frecuencia de afectación, y además las consecuencias que la herida dejó en los cuerpos de las personas.
En primer lugar, se tiene que en 21 % de los casos las heridas ocurren en las extremidades inferiores, seguidas del tórax (11 %), extremidades superiores (10 %), abdomen (9 %) y cabeza (9 %). Además, en 9 % de los casos se tienen múltiples áreas afectadas.
En segunda instancia, se puede saber que en 77 % de los casos la consecuencia de la herida es una luxación o esguince, seguido de amputación (6 %) y laceración o abrasión (3 %). A pesar de contar con esta información, no es posible conocer la cantidad de personas a las que se les generó algún tipo de discapacidad física o cognitiva a partir de la lesión.
¿En qué contexto ocurren estas lesiones por balas?
54 % de los eventos estaba relacionado a lo que fue categorizado por la Secretaría de Salud como “violencia no familiar” y 36 % como accidental, mientras que la familiar estaba asociada al 3 % de los casos, por lo que puede asumirse que estos tipos de eventos responden a elementos estructurales asociados a desigualdades, exclusiones, desinstitucionalización, impunidad, presencia de mercados ilegales, segregación urbana, construcción de masculinidades, que originan, fomentan y facilitan la violencia establecida en la sociedad mexicana (Briceño-León, 2007).
Fuente: cálculos propios, basados en datos de la Secretaría de Salud.
Gráfico 6 Porcentaje de personas lesionadas por armas de fuego en México según la calificación del tipo de violencia otorgada por la Secretaría de Salud, 2010 a 2019
Además, se tienen algunos datos adicionales que resultan interesantes: 44 % de los eventos ocurrieron en la vía pública, mientras que 18 % fueron en la vivienda. Esta tendencia también es usual para el caso de los homicidios.
Ahora, al saber que la mayoría de las lesiones ocurren en la vía pública, hay que sumarle el siguiente dato: 72 % de los lesionados no recibieron atención médica prehospitalaria. Este es un elemento interesante para tener en cuenta por dos razones fundamentalmente: la primera es que, en general, las ambulancias y servicios prehospitalarios tienen difícil acceso a las colonias o zonas marginadas y precarizadas, especialmente en las zonas urbanas, debido a temas topográficos y de infraestructura; por lo tanto, existe una especie de territorialización de la atención prehospitalaria y los perjudicados de esto son las personas que viven en estas comunidades que deben autogestionar y desarrollar estrategias privadas para la atención a las emergencias. Por otro lado, la ausencia de atención médica prehospitalaria, como es evidente, disminuye las posibilidades de sobrevivencia de la persona lesionada.
En cuanto a la ubicación geográfica en donde ocurren esas lesiones, se puede decir que los estados con mayor incidencia de lesiones son (promediando los porcentajes de los nueve años analizados): Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, y Michoacán.
Asimismo, llama la atención cómo en el Estado de México, Guerrero y Michoacán ha disminuido el porcentaje de lesionados en el tiempo, pero ocurre lo contrario en Guanajuato y la Ciudad de México.
Tabla 1 Porcentaje de personas lesionadas por armas de fuego en México según estado de ocurrencia, 2010 a 2019
| Estados | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanajuato | 7.5 | 6.9 | 10.9 | 11.3 | 16.3 | 16.1 | 18.1 | 18.9 | 20.3 | 23.2 | 14.95 |
| México | 14.9 | 13 | 13.5 | 16.4 | 11.9 | 8.3 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 10.60 |
| Ciudad de México | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 7.2 | 10 | 9.7 | 10.3 | 13.6 | 11.7 | 8.1 | 7.27 |
| Guerrero | 9.4 | 12.1 | 13 | 6.1 | 5.2 | 7.1 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 7.11 |
| Michoacán | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 7.11 |
| San Luis Potosí | 9.7 | 9.2 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 3.4 | 6.01 |
| Tabasco | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 5 | 5.8 | 5.15 |
| Sinaloa | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 7.6 | 5.9 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 2.1 | 5.01 |
| Sonora | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 5.3 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.81 |
| Veracruz | 1.7 | 13.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 3.96 |
| Puebla | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 4.5 | 8.2 | 13.1 | 3.88 |
| Oaxaca | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 3.04 |
| Jalisco | 3.2 | 4.4 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.73 |
| Hidalgo | 5.9 | 4 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.72 |
| Chihuahua | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 1.97 | |
| Baja California | 0.5 | 4 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.83 |
| Chiapas | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 2.4 | 1.49 |
| Durango | 4.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.46 |
| Tamaulipas | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.24 |
| Morelos | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.99 |
| Coahuila | 0.6 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
| Aguascalientes | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.72 |
| Querétaro | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.72 |
| Nayarit | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.72 |
| Baja California Sur | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.69 |
| Quintana Roo | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.65 |
| Campeche | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.63 |
| Zacatecas | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.56 |
| Tlaxcala | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.49 |
| Colima | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.26 |
| Nuevo León | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 |
| Yucatán | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| No especificado | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.43 |
| TOTAL | 100 | ||||||||||
Fuente: cálculos propios, basados en datos de la Secretaría de Salud.
De igual forma, se hizo el cálculo de la tasa de incidencia de lesionados por balas para el último año disponible, de manera que se pudiese eliminar la distorsión que puede crear el tamaño poblacional en los datos ya presentados. A continuación se presentan las tasas que hacen visible la situación de la ocurrencia en el país.
Tabla 2 Tasas por cada 100 mil habitantes de incidencia de lesionados por bala, 2020
| Estados | Tasa | Estados | Tasa | |
|---|---|---|---|---|
| Guanajuato | 26.0 | Zacatecas | 3.1 | |
| Tabasco | 16.7 | Chiapas | 3.0 | |
| Puebla | 13.7 | Tamaulipas | 2.8 | |
| Sonora | 11.0 | México | 2.8 | |
| San Luis Potosi | 8.4 | Baja California Sur | 2.6 | |
| Michoacán | 8.1 | Baja California | 2.6 | |
| Quintana Roo | 6.6 | Chihuahua | 2.5 | |
| Distrito Federal | 6.0 | Durango | 2.2 | |
| Guerrero | 5.6 | Oaxaca | 2.2 | |
| Morelos | 5.2 | Nayarit | 1.8 | |
| Colima | 5.2 | Jalisco | 1.5 | |
| Sinaloa | 4.9 | Querétaro | 1.4 | |
| Tlaxcala | 3.9 | Coahuila | 0.9 | |
| Campeche | 3.8 | Hidalgo | 0.6 | |
| Aguscalientes | 3.3 | Yucatán | 0.3 | |
| Veracruz | 3.2 | Nuevo León | 0.1 |
Fuente: cálculos propios, basados en datos de la Secretaría de Salud y proyección de población del INEGI (2020).
Así, se puede observar que al analizar las tasas de ocurrencia, Guanajuato se mantiene como el estado con mayor incidencia, seguido de Tabasco, Puebla, Sonora y San Luis Potosí.
¿Qué se puede saber sobre el agresor?
En general, en esta fuente de información, los datos sobre el agresor son escasos; en cada una de las variables asociadas a ello, en promedio, 50 % de los casos son declarados “sin información” o “no especificado”. La razón de ello es que la información que aquí ha sido analizada es sanitaria y no policial.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones, resulta interesante observar que, cuando se tuvo información, se identificó al agresor como de sexo masculino en 27 % de los casos y 1 % femenino. Además, en 41 % de los casos con información, el agresor fue definido como desconocido y 5 % fue identificado como un conocido sin parentesco.
Habiendo ubicado quiénes son las víctimas no mortales de la violencia armada y su contexto, las circunstancias asociadas a la herida, entre otros datos, ahora se delimita teóricamente esta dinámica y se hace la revisión del juvenicidio para proponer un concepto asociado para describir lo vinculado a los lesionados por armas de fuego.
Las expresiones de la violencia: la interacción entre lo estructural y la agencia
La violencia se ha ido transformando en el tiempo. En los últimos treinta años, se ha presenciado una mutación de la violencia (Butler, 2010; Calveiro, 2012; y Wieviorka, 2009) y los actores protagonistas de ella: se ha pasado de la violencia ideologizada asociada a Estados-naciones y a grandes bloques internacionales asociados a la presunción de identidades políticas, a la privatizada, presente en la cotidianidad, asociada a sujetos, agrupaciones y subjetividades, además de estar vinculada con elementos estructurales como la exclusión, la vulnerabilidad y la desigualdad, que finalmente, tienen influencia en las posibles trayectorias de vida que pueden tener las personas.
Como se señaló anteriormente, en América Latina, los principales afectados de esta dinámica son los jóvenes, especialmente los varones, que están obligados a vivir en contextos precarios y de marginación, empujados a conseguir alternativas y gestionar elementos de su propia agencia y construcción identitaria asociados a la violencia; algunos testimonios que ofrecen una imagen sobre esta situación son los ofrecidos por dos hombres entrevistados en Monterrey:7
...y pues ahí empezó esa parte de mi vida, desde los ocho años y me retiré (por la lesión) a los 31 años… (S, hombre de 49 años)
A los 11 años, yo caminaba descalzo en mi barrio, yo hacía mandados para comer, a la gente, neta, te lo juro, yo andaba con shorcillo de esos deportivos y una playerita recortada, y andaba en chinga haciendo mandados a todo el mundo, y fui conociendo gente, y te vas metiendo a las cosas que van dando, y cuando la gente ve que eres leal, te abren las puertas y te dan confianza y se va dando... (H, hombre de 31 años).
Así, a estos jóvenes, constantemente se los rechaza, vulnera y se los construye como “otros amenazantes” (Schütz, 1972); en términos de Judith Butler (2010), son posicionados en el imaginario como “vidas que no merecen ser lloradas”, y que además, deben ser combatidos a través de políticas dirigidas a la “neutralización” o eliminación de ese enemigo construido, lo que pretende legitimar a Estados que deciden generar políticas públicas militarizadas dirigidas a decidir quién debe morir y quién debe vivir (Mbembe, 2011)
¿Es la noción de biopoder suficiente para dar cuenta de las formas contemporáneas en las que la vida política, bajo el pretexto de la guerra, de resistencia, o de la lucha contra el terrorismo, hace que el asesinato de los enemigos sea su objetivo primordial y absoluto? La guerra, después de todo, es tanto medio para alcanzar la soberanía como una manera de ejercer el derecho de matar. Imaginar la política como una forma de guerra, debemos preguntarnos: ¿Qué lugar se le da a la vida, la muerte y el cuerpo humano (en particular a los heridos o los cuerpos muertos)? ¿cómo se inscribe en el orden del poder? (Mbembe, 2011, p. 20)
Estas formas de gestión del Estado, el monopolio de la violencia, las políticas sociales y de seguridad y las propias relaciones de dominación de las sociedades latinoamericanas, están encaminadas a marcar las diferencias entre aquellos que sí son valorados y los que se consideran y son etiquetados como descartables, en términos de relaciones de poder y de producción. Además, estas diferencias tienen implicaciones importantes a nivel de los actores, ya que son limitados a cierto tipo de trayectorias, lo que a su vez implica capacidades de agencia y la apertura de espacios para la construcción de identidades alternativas, vinculadas a elementos significantes como es la construcción de masculinidades asociada a dinámicas de honor y respeto (Zubillaga, 2007). Véase a continuación extractos de dos entrevistas realizadas en Monterrey que dan evidencia de esto:
...a veces te da tanto coraje por la injusticia y la desigualdad, en los países de uno sí hay riqueza pero todo está monopolizado por los gobiernos y sí hay de qué vivir, pero imagínate tú, ganas dos mil pesos a la semana, esos son los trabajos que uno consigue, qué haces con eso... es lo que pasa con la juventud, los chavillos por necesidad, por la crisis, no hay trabajo, nunca te llaman, no hay de qué vivir, la misma empresa es del rico pues, el rico siempre le interesa el más rico y el que menos le interesa es el pobre… tantas injusticias, que te cansas de lo mismo… en la vida te toca hacer de todo, y también no porque seas chingón, sino porque la necesidad te obliga. El hambre y la necesidad te hacen perder el miedo a todo…(H, hombre de 33 años).
...pos a todos los muchachitos de 16 y 17 años, éramos una sola camada de edad, verdad, y que pos desgraciadamente a todos los mataron, a la mayoría los mataron… (M, hombre de 35 años).
Al tener en cuenta la conjugación de estas dinámicas estructurales alrededor de las vidas de los jóvenes, Valenzuela (2016, 2015) propone el uso del concepto juvenicidio, para definir y caracterizar este contexto que arropa a la juventud latinoamericana y marca sus vidas:
El juvenicidio refiere al acto límite que arranca la vida de la persona, pero ese acto límite no surge del vacío, ni aparece de manera repentina como rayo sobre cielo sereno, sino que es producto y conclusión de diversas formas de precarización económica, social, cultural e identitaria de jóvenes que devienen prescindibles a partir de su situación social y sus repertorios de identidad.8 La precarización social y la desacreditación identitaria, coloca a las y los jóvenes en zonas precarias, zonas sociales prescindibles, zonas de exclusión, zonas de vulnerabilidad, zonas criminalizadas o zonas de desecho, zonas que, infortunadamente, proliferan en los escenarios latinoamericanos asociadas a las necropolíticas neoliberales (Valenzuela, 2016: 1).
De esta manera, el autor identifica este fenómeno como estructural y estructurante teniendo consecuencias, en principio, en elementos intersubjetivos que dan pie a la reproducción social de aquellos que son no-significativos y desechables y luego, en su expresión más extrema, “el exterminio o eliminación permanente y sistemática de jóvenes” (ibidem).
Lo interesante de la construcción conceptual de Valenzuela es la conjugación de distintos elementos, tanto teóricos como factuales que están detrás de la muerte de un joven excluido, en situación de vulnerabilidad y con capacidades de agencia alternativas; por un lado, se tiene el reconocimiento de la presencia de precariedades, desigualdades, carencias e indefensión en la cotidianidad de esta población. Por el otro, se encuentran construcciones teóricas fundamentales que prevalecen antes de la muerte y a la vez, la ocasionan: biopolítica, necropolítica, estigmatización, bioresistencia e identidades precarizadas.
Esta riqueza es lo que hace que el juvenicidio como concepto pueda ser pensado y transformado para la identificación y explicación de procesos como los que se producen en los lesionados por armas fuego.
El juvenicidio encarnado
Las trayectorias de vida previas a la lesión del joven se construyen fundamentalmente de la misma manera que podría entenderse la de aquél que muere; en la vida de ambos, el lesionado y el asesinado, los elementos estructurantes e intersubjetivos antes mencionados se conjugaron para constituir contextos, trayectorias, capacidades de agencia alternativas e identidades precarias; la diferencia deviene en lo que ocurre luego del disparo.
Como se pudo observar en los datos expuestos previamente, el joven que muere y el que es lesionado siguen, en términos estadísticos, las mismas tendencias demográficas, de vulnerabilidad y exclusión del sistema educativo y laboral. Sin embargo, el que queda vivo debe ahora lidiar y construirse en una capa adicional de vulnerabilidad generando una serie de dinámicas que devienen en una especie de “muerte social” (Patterson, 1982; Guenther, 2013; Chávez, 2021). Eso es lo que denomino juvenicidio encarnado.
Así, lo que propongo es que el juvenicidio, como concepto, no se limite exclusivamente a la muerte física focalizada de jóvenes en situación de precariedad y vulnerabilidad, sino que también pueda encontrarse encarnado, marcado en los cuerpos de las víctimas, que logran sobrevivir a heridas ocasionadas por balas de armas de fuego, y por ende, empiezan a vivir en un limbo entre la vida y la muerte, en donde la persona pierde “significado social” (Guenther, 2013; Chávez, 2021).
Esta “marca” se puede entender tanto objetiva como subjetivamente, ya que, por un lado, los cuerpos de los jóvenes son vulnerados y transformados, algunas veces con una simple cicatriz y otras con la generación de una discapacidad que trae consigo; no sólo reconstruir la idea del yo (Schütz, 1972), sino el manejo y entendimiento del propio cuerpo. De igual manera, las trayectorias de vida de los actores y la construcción de sus propias identidades son radicalmente transmutadas, a través de la intensificación del estigma, lo que deviene en situaciones que se pueden incluir en el espectro de lo que autores como Lisa Guenther denominan muerte social:
La muerte social es el efecto de una práctica (social) en la cual una persona o grupo de personas son excluidas, dominadas o humilladas al punto de morir para el resto de la sociedad. Aunque tales personas están físicamente vivas, sus vidas ya no tienen un significado social; ya no cuentan como vidas que importan (Traducción propia; Guenther, 2013).
Lo relevante a entender sobre la lesión por arma de fuego dentro del juvenicidio y calificarlo así, como encarnado (porque de ahora en adelante la lesión funciona como un estigma, una marca, un tatuaje, algo indeleble), es que nos permite observar cómo todos los elementos estructurales que tienen implicaciones e interactúan con las trayectorias, la construcción de identidades y las propias capacidades de agencia a nivel del actor, se intensifican la agresión. Es decir, la precarización económica, social, geográfica, identitaria, cultural y simbólica de la que son víctimas los jóvenes en condición de marginación y exclusión, se siguen viviendo y sufriendo posterior a la lesión, pero aumentada por el estigma de “ser baleado” y en muchos otros casos, por convertirse en persona con discapacidad, a lo que se le suman otros elementos de indefensión adicionales. En otras palabras, antes de la lesión el joven era calificado como desechable; posterior a la misma, muere socialmente, se vuelve invisible para el Estado y la sociedad en general. En este sentido, la muerte social de los lesionados por armas de fuego, y por ende, el juvenicidio encarnado, funciona con la misma dinámica de banalización, ante la ausencia de acciones del Estado, y cargando este tipo de responsabilidades a actores u organizaciones ajenas a él, como lo pueden ser organizaciones civiles, asociaciones o redes de personas vinculadas a los lesionados, entre otros, los cuales de alguna manera, institucionalizan la exclusión, reproduciendo así la precariedad.
Pasan de ser víctimas que no merecen ser lloradas, en términos de Butler, a víctimas que no son miradas, que son invisibles, ya que desaparecen del espacio público y la atención del Estado, invisibilizándolos como víctimas de la violencia y como posibles merecedores de la atención social que puede brindárseles a través de políticas públicas; además, se les excluye aún más de los sistemas laborales y educativos, adicionando así una serie de capas extra de vulnerabilidad al contexto precario que ya, de por sí, vivían y transitaban. Como fue mostrado en los datos estadísticos de los lesionados, 70 % de las víctimas no fatales tenían un nivel educativo equivalente o inferior a secundaria previo a la lesión, lo que también habla del tipo de trabajos u ocupaciones a los que podrían tener acceso, principalmente asociados al trabajo físico (obrero, mensajeros, repartidores, etc); al agregarse esta “marca” de la bala, las posibilidades de inclusión a cualquiera de estos dos sistemas disminuye mucho más.
De esta manera, así se pasa de la determinación sobre la vida y la muerte, quién vive y quién muere (Mbembe, 2011) a políticas estatales que, por acción u omisión, definen quién vive y de qué manera merece vivir.
El siguiente testimonio ejemplifica esta situación. Este es el relato de lo vivido por un joven herido por bala en la cabeza a los 17 años lo que le ocasionó una discapacidad cognitiva y física bastante pronunciada. Posterior a la lesión, el joven vive postrado a una cama en la casa de sus abuelos, sin ningún tipo de apoyo gubernamental; la pareja de más de 70 años, lo cuidan y atienden las 24 horas del día, 7 días de la semana, y además, trabajan para poder mantener el hogar, pagar las terapias físicas y comprar las medicinas e insumos necesarios para el joven. El entrevistado es un primo del joven9 y describe el momento en que una fundación de su comunidad deja de apoyar a la familia:
...Sí es difícil, y como te digo, se le quitó la ayuda... Me dijeron que ya hay que hacerse a un lado, yo me agüité, verdad... Yo quería también que se recibiera la ayuda, y se le cortó, eso pasó cuando tenía como unos seis meses después de que pasó lo que pasó… La última vez vino otra fundación, con ellos, con los muchachos y con el abuelo, construimos para que esté más arriba y no esté en un pozo abajo, porque antes vivía abajo, para salir rápido a la rampa, porque le hicimos una rampa para que saliera más rápido y no batallara para salir a las terapias. Lo de las terapias es otra, que al parecer no lo van a volver a llevar y no sabemos cuándo puede, y a veces no va a las terapias porque no tiene quién lo lleve, los abuelitos tienen que trabajar y nadie se hace cargo, ¿me entiendes?, haz de cuenta que ellos por más que quieran ayudarlo, es difícil, porque ellos tienen a cargo a él y tienen que trabajar para darle de comer, son pañales, son medicamentos, son vueltas para las terapias y pos sí, batallan bastante la verdad.
Para dibujar esta situación en otros ejemplos cotidianos, vale la pena delinear una imagen generalizada de lo que puede ocurrir con algunos jóvenes varones lesionados por balas que viven en zonas marginadas en muchas ciudades latinoamericanas: las escaleras y pasadizos o pasillos estrechos son comunes; un joven que ya, de por sí, tenía sobre sí el estigma de ser un “otro amenazante” por vivir en donde vive (Kessler y Dimarco, 2013), por su aspecto físico, entre otros elementos; que se encontraba excluido o con pocas oportunidades en el sistema educativo y laboral, viviendo en una situación de precariedad económica avasallante, y que por lo tanto, se encuentra con bastantes dilemas subjetivos para la construcción de la propia identidad, sobre todo en términos de lo que la masculinidad hegemónica impone (Zubillaga y Briceño-León, 2001). Ahora habría que sumar un cuerpo transformado a consecuencia de una herida por arma de fuego, quizá una discapacidad, en un espacio no apto para sillas de ruedas; imagine también ir a una entrevista de trabajo siendo una persona con discapacidad, estigmatizado por su aspecto físico y por el lugar en donde vive, pero, además, por haber sido baleado. A partir de esta simple imagen, se podrá observar que los niveles de vulnerabilidad, indefensión y exclusión se intensifican sobremanera.
Por esta razón, he centrado la mirada en esta población víctima de un sistema económico y social que, constantemente, los rechaza y precariza, cada vez más, sus trayectorias de vida; que intensifica el juvenicidio, lo convierte en encarnado y aumenta la victimización. Un sistema, a partir del cual, los actores deben desarrollar estrategias, significatividades y herramientas alternas para vivir y desarrollar sus propias identidades y trayectorias; un sistema que los orilla, en muchos casos, a vidas vinculadas con la violencia y la ilegalidad, en donde las probabilidades de la cárcel, la lesión o la muerte, aumentan (Zubillaga, et al., 2019).
En este contexto, podría darse la impresión de que los actores de esta dinámica, del juvenicidio, fuesen seres inertes que no tuviesen margen de acción, creación de subjetividades o significatividades; pero no es así, los actores “marcados” por el juvenicidio encarnado luchan constantemente, como lo hacían antes de la lesión, pero en otros términos: para abrirse espacios en lo público, en la propia constitución de comunidades de solidaridad y apoyo, en la construcción de identidades que convergen y van más allá de una herida de bala y un contexto violento. La agencia existe, se lucha y se construye cotidianamente generándose lo que Martuccelli (2019) denomina individualismo agéntico:
En el individualismo agéntico los actores no se forjan explícitamente por mandatos institucionales...sino que se conciben produciéndose a través de un conjunto de respuestas altamente individualizadas frente a las vicisitudes de la vida social. Los individuos no se producen por la incorporación y la adhesión a prescripciones institucionales en el marco de férreos dispositivos de disciplina y control, sino más bien como actores que deben enfrentar, de maneras múltiples y en medio de un sentimiento generalizado de desamparo institucional, un conjunto dispar de desafíos sociales… el individuo, en cuanto actor, tiene que hacerse cargo por sí mismo de un conjunto de desafíos que...tiende a ser gestionado por programas institucionales o amortiguado significativamente por ellos… son verdaderos hiperactores... (Martuccelli, 2019, pp. 26-28).
El Estado presente tanto por sus excesos, como por sus ausencias
Un elemento importante y que no debe dejarse de lado es que el Estado no sólo aparece como uno de los actores que, a través de los distintos mecanismos explicados anteriormente, invisibiliza a los jóvenes, sino que también podría identificarse como uno los operantes del juvenicidio encarnado.
Entendiendo al Estado en el sentido clásico weberiano, en donde el monopolio de la violencia legítima se constituye como la esencia fundamental de esta institución (Weber, 2002), pero también entremezclado con las ideas de Foucault (1985), en donde las relaciones de poder y dominación sobre la población están caracterizadas por la biopolítica y la gubernamentalidad, el juvenicidio se inscribe en ello como un fracaso para los Estados, principalmente los latinoamericanos, tanto por sus ausencias como por sus excesos. El Estado puede ser juez y parte en esta situación.
Por un lado, el Estado puede actuar en exceso a través de sus agentes encargados de la gestión de la seguridad pública, es decir, aquellos que operan y protegen el monopolio de la violencia de este ente, ya que estos pueden ser los que accionan las armas de fuego y ocasionen un sinnúmero de heridos y fallecidos por balas. En este sentido, se puede dimensionar este “exceso”: de acuerdo con el Monitor de Fuerza Letal (2019), para el año 2017, en México, el índice de letalidad10 de civiles en manos de las fuerzas de seguridad del Estado es de 4.6, es decir, por cada civil herido de bala por un agente de seguridad pública fallecieron cinco aproximadamente. Este es un indicador clave para entender el abuso en el uso de la fuerza letal de los agentes y oficiales representantes del Estado mexicano:
El índice de letalidad es uno de los más usados hasta ahora en la literatura sobre el uso de la fuerza letal por parte de las policías y los militares en función de seguridad pública. Diversos investigadores de varios países han llegado a registrar valores muy elevados en contextos donde acusaciones de ejecuciones sumarias son frecuentes… En suma, el índice de letalidad debería ser siempre inferior a 1. Cuando el valor supera este umbral, es decir, cuando registramos más muertos que heridos, estamos ante un escenario de uso excesivo de la fuerza, y posiblemente, en presencia de ejecuciones sumarias (Ibidem).
De esta manera, se puede decir que el Estado, por sus excesos en el propio monopolio de la violencia, ejerce el “hacer vivir, dejar morir” de Foucault (2001), pero con el juvenicidio encarnado agrega el dejar vivir en condiciones precarias; se pasa del castigo en la cárcel, haciendo uso del poder del panóptico, a condenar el cuerpo del herido a la silla de ruedas o a una trayectoria de vulnerabilidad constante.
Por otro lado, el Estado también puede estar presente por sus ausencias u omisiones: en México, como en diversos países de la región, el uso, tenencia, porte y comercialización de armas está limitado y restringido, y sólo debería permitirse a través de la autorización expresa del Estado. A pesar de esto, se calcula que, aproximadamente, 16,800,000 de armas pequeñas y ligeras se encuentran en manos de civiles (Karp, 2018), posicionándolo como uno de los países con mayor cantidad de armas en posesión de civiles de América Latina (Chacón, 2019).
Claramente, muchas de estas armas son las causantes de un número importante de los heridos por bala en el país, y no están siendo controladas por el Estado tal y como lo establece la ley mexicana.
De esta manera, en este contexto, el Estado no sólo se convierte en un ente que diferencia y determina el “…hacer morir, dejar vivir…” (Foucault, 2001), a través de políticas públicas de mano dura que constituyen a los jóvenes como enemigos, o con la ausencia de controles en el porte, tenencia y comercialización de las que armas que se accionan en contra de éstos, generando así, por exceso o ausencia, el juvenicio encarnado. Además, como ya fue mencionado, ese mismo Estado tiene implicaciones en la constitución de la invisibilidad de los lesionados como víctimas, y la ausencia de un Estado social que los proteja y apoye, en términos sociales y económicos, posterior a la lesión.
Al haber expuesto las bases del juvenicidio encarnado, es pertinente que se hagan algunas aclaraciones del concepto, con la idea de que se refuerce el basamento teórico-metodológico de la propuesta.
En este sentido, se tiene que, aunque previamente se ha comentado la riqueza teórica del concepto de juvenicidio para generar un panorama explicativo de la situación de los jóvenes en contextos de precariedad y vulnerabilidad de América Latina, este también presenta algunas limitaciones que pudiesen ser sugeridas a la propuesta de juvenicidio encarnado.
En este sentido, con la idea de que el conocimiento científico debe ser posicionado para su discusión y quizá, la generación de nuevos elementos teóricos, se propone exponer, entender y discutir algunas de sus limitaciones, con la idea de proponer elementos que construyan un basamento argumentativo para ubicar al juvenicidio encarnado.
En primer lugar, se tiene que el juvenicidio asume a la juventud con un período claramente establecido en el ciclo vital de las personas; sin embargo, esta categoría es bastante controvertida y porosa, ya que puede entenderse como una construcción social y teórica, una etiqueta, que se asigna a personas de ciertas edades, pero que no necesariamente comparten las mismas trayectorias y condiciones de vida (Bourdieu, 2002).
Así, no existe un consenso claro de las edades que comprende la juventud; si se hace una revisión sobre los rangos de edad que comprenden lo que podría denominarse “joven” en diversos organismos internacionales11, estos se solapan y se confunden con lo que se considera adolescentes y adultos jóvenes:
Tanto la OMS como la OPS advierten que estas son categorías construidas o divisiones arbitrarias; que no reconocen las diferencias psicológicas, biológicas, culturales, legales y de contexto pero que resultan útiles para efectos de comparabilidad y el trabajo con cada renglón de edad, ya que sus necesidades son diferentes (Zubillaga, et al., 2019).
En este sentido, aunque se defina algún grupo de edad para establecer lo que se denomina juventud, no es lo mismo ser joven en un sector de clase media o alta, que en un sector de clase baja; lo mismo ocurre si se compara lo que podría implicar ser joven en un sector urbano que en uno rural, ni siquiera tiene las mismas significaciones las vivencias y experiencias cuando se ve en términos de género. Por lo anterior que una categoría basada en lo cronológico no logra dar cuenta de las condiciones de vida y dinámicas sociales que determinan las trayectorias de todas las personas de algún grupo de edad de una sociedad determinada.
Por esta razón, autores como Pierre Bourdieu señalan que:
La juventud es sólo una palabra… en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de la división (en el sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por edad (y también por sexo, o claro, por clase…) vienen a ser siempre una forma de poner límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar… Lo que yo quiero señalar es que la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos (Bourdieu, 2002, p. 164).
De esta manera, aunque se entiende la razón por la cual Valenzuela hace la diferenciación, en términos de expresiones de la violencia (física y simbólica) que son mucho más intensas y letales entre ciertas edades, la idea de juventud puede hacer que se limite al alcance teórico del concepto, además de que reproduce relaciones de dominación, como las que Bourdieu señala.
A pesar de esto, el concepto de juvenicidio sigue siendo una herramienta poderosa para hacer visible la situación de vulnerabilidad e indefensión a la que están expuestas cotidianamente muchas personas; potenciado además, con la idea de la encarnación, que ofrece un panorama extendido de lo que puede vivir una persona lesionada por arma de fuego en nuestra región.
Asimismo, podría sumarse como valor al concepto que, como parte de la investigación llevada a cabo, en las entrevistas realizadas se le pidió a los entrevistados que pensaran en aquello que, en sus trayectorias de vida, hizo que dejaran de ser niños y en lo que los hizo ser adultos, más allá de las edades cronológicas. Lo interesante es que los momentos de ser niño, de ser “chavo” y de ser adulto, estaban delimitados por hitos de la violencia armada: se deja la niñez cuando se dispara o se mata por primera vez, o cuando se tiene la primera arma propia; se es joven o “chavo” cuando se vive el apogeo de la violencia en la propia trayectoria, y se es adulto, cuando llegan las lesiones.12
Por tal razón, aunque la idea de juventud sea un constructo social, se puede asumir esta categoría, en relación con las dinámicas de violencia armada, para hacer referencia al momento de las trayectorias de vida que transcurren entre la no-violencia (la niñez), el período de mayor intensidad y exposición a la violencia (juventud) y la caracterizada por la presencia de un cuerpo lesionado (la adultez).
Conclusiones
Como se ha demostrado en este artículo, a través de los datos estadísticos analizados y expuestos, las lesiones ocasionadas por balas y el propio juvenicidio encarnado no sólo están presentes en México sino que va en aumento año con año y, además, afectan a aquellos que tienen trayectorias de vida precarias y vulnerables. El Estado no sólo define quién merece vivir a través de sus (necro) políticas de seguridad (Mbembe, 2011), sino también cómo merece vivir.
Así, se propone la utilización de este concepto, a pesar de sus limitaciones, para poder identificar a esta población que es afectada, en principio, por la exclusión y la desigualdad, y luego por la violencia, tanto física como simbólica; convirtiéndose en lo que Mbembe identifica como una especie de “muertos vivientes” (Rodríguez, 2017) con capacidad de agencia limitada y elaborada más allá de las instituciones, a través de la muerte social.
En América Latina, se hace urgente no sólo la atención del Estado de los sectores más vulnerables y excluidos para evitar los futuros embates de la violencia en sus trayectorias, sino también la atención de aquellos a los que la violencia ya alcanzó y los marcó, tanto objetiva como subjetivamente, generando el juvenicidio encarnado; precisamente, “los que quedan vivos” en todo este contexto.
Asimismo, tanto México como en el resto de los países de la región, se hace vital la constitución de sistemas de registros de información de los lesionados por armas de fuego obligatorios, periódicos, confiables y transparentes, tal como puede ocurrir para el caso del registro de las muertes. En el país analizado en este artículo, aunque se cuenta con datos, se encontraron incongruencias entre lo publicado a través de bases de datos y los tabulados totales, aunque se supone que es información generada y publicada por una misma institución, la Secretaría de Salud.
