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Derechos humanos y la democracia en Myanmar: tareas inacabadas y riesgos de reversión

 

Carlos Cerda Dueñas*

 

* Abogado por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Profesor visitante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es miembro de la Cátedra de Investigación sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.

 

Fecha de recepción: 11/04/2014.
Fecha de aceptación: 12/02/2015.

 

Resumen

Este artículo analiza importantes pendientes en materia de democracia y derechos humanos en Myanmar, país que ha experimentado una indudable y reciente transformación que le ha recolocado como un importante actor del sudeste asiático, lugar que obtiene a partir de su importancia geopolítica y geoestratégica, pero que había sido obviada debido al tiránico régimen militar que gobernó desde 1962 hasta 2011, anulando cualquier práctica democrática y violando sistemáticamente los derechos humanos. Son evidentes sus esfuerzos hacia la normalidad democrática y la reinserción en el escenario internacional, pero no suficientes; y no atenderles podría conducir a una nueva crisis en un país que algunos analistas señalan está llamado a ser un nuevo "tigre" de la región.

Palabras clave: Myanmar, democracia, derechos humanos, geopolítica.

 

Abstract

This article seeks to analyze, beyond the restrictions or institutional incentives, the conditions. This article analyses important pending issues regarding democracy and human rights in Myanmar. The country has recently and unquestionably experienced a transformation that has reinstated it as an important Southeast Asian actor. Its prominence arises from its geopolitical and geostrategic importance, however, Myanmar had been overlooked because of the military regime that tyrannically ruled from 1962 to 2011, voiding any democratic exercise and systematically violating human rights. Although efforts towards democratic normality and to reincorporate the country to international stage are evident, they are not sufficient and not addressing them could lead to a new crisis in a country that some analysts say is called to be the new "tiger" of the region.

Key words: Myanmar, democracy, human rights, geopolitics.

 

Introducción

El 27 de enero de 2011, se celebró en Ginebra la sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para desahogar el examen de la República de la Unión de Myanmar¹, cuya delegación era encabezada por el Fiscal General Adjunto, Tun Shin. En su intervención, dicho funcionario señaló que su país había llegado a las etapas finales de su transición a la democracia (Naciones Unidas, 2011, p. 4). Las palabras del funcionario birmano reflejan, de alguna manera, la convicción de su gobierno de que lo realizado hasta ahora, en comparación con el pasado reciente de este país del sudeste asiático, es suficiente y le otorga credenciales bastas para ser reincorporado a la regularidad de la escena internacional con la connivencia de la comunidad mundial, o al menos de un grupo de países "occidentales" que le otorgan el beneficio de la duda como parte de una política pragmática para devolver a Myanmar su papel geoestratégico y geopolítico, del cual, durante su aislamiento, solo un par de naciones se han beneficiado, particularmente, China.

En este sentido, este artículo analiza la reciente transición de Myanmar a la democracia y su evolución en la observancia de los derechos humanos, pero señalando los más importantes pendientes en la materia y la forma en que se ha conducido la comunidad internacional para la recepción de dichos cambios y la normalización de Myanmar en el escenario mundial.

 

Antecedentes

La República de la Unión de Myanmar fue, durante varias décadas, gobernada por militares emanados de golpes de Estado, cuyo hilo conductor fue el deterioro de la gobernanza, la ausencia de democracia y la constante violación de los derechos humanos, provocando que el país se aislara y fuera aislado por la comunidad internacional.

La situación comenzó a cambiar cuando la Junta Militar adoptó, en 2003, una hoja de ruta que llevó a la adopción de una nueva constitución en 2008 y la celebración de elecciones dos años después. Si bien el ganador de la contienda electoral, Thein Sein, es un militar retirado que fungió como Primer Ministro en los últimos años de la dictadura militar, ha establecido un gobierno que ha sido calificado de "híbrido" por la conjunción de funcionarios civiles y militares, pero que, independientemente de ello, ha recibido el asentimiento de la comunidad internacional, representada en este caso, por Naciones Unidas y las principales potencias occidentales.

Los británicos colonizaron Birmania hacia 1866. Dicho territorio fue anexado al Imperio Indio Británico del cual fue segregado en 1937 debido a que se comenzaron a suceder movimientos en pro de la emancipación. El principal de estos grupos se encontraba encabezado por Aung San, quien tras brindar apoyo a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, finalmente, se alió a los británicos quienes, una vez terminado el conflicto bélico, concedieron la independencia a Birmania.

El 4 de enero 1948, fecha pactada por cuestiones astrológicas, se concretó el traslado de la soberanía. U Nu, recibió el poder en su calidad de miembro del gobierno provisional, y fue considerado como sucesor de Aung San Aung, quien fue asesinado en el mes de julio anterior. Los primeros años de vida independiente fueron muy convulsos, sobre todo, debido a que las minorías étnicas aspiraban a obtener su propia independencia.

El Estado birmano aún no se consolidaba cuando, en 1962, un golpe de estado encabezado por Ne Win derrocó a Nu. Hasta 1988, Ne Win gobernó al país con su programa "Vía birmana al socialismo", una mezcla de principios marxistas y nacionalistas con influencia budista que, en la práctica, menoscabó el desarrollo humano del pueblo de Birmania y llevó al país al borde de la bancarrota. Esto generó significativas movilizaciones populares conocidas como el "Verano Democrático", que fueron fuertemente reprimidas, conllevando centenares de detenidos, a muchos de los cuales se les aplicó la pena de muerte. Con la llegada de los gobiernos de facto, se suprimió cualquier manifestación democrática y se produjo el deterioro constante de los derechos fundamentales de la población.

Los movimientos de protesta y la consecuente represión fueron condenados por la comunidad internacional. Finalmente, Win, fue destituido y los militares debieron prometer la celebración de elecciones democráticas para 1990. En esta época, regresa del extranjero a Birmania, Aung San Suu Kye, hija del líder independentista Aung San, que al anuncio de elecciones libres participó en la formación de la Liga Nacional para la Democracia (LND). Suu Kye fue detenida a mediados de 1989. Las elecciones se celebraron conforme a lo prometido, pero no fueron validadas por los militares que siguieron en el poder y desconocieron el triunfo de la LND². Ne Win continuó conservando amplia influencia en la toma de decisiones de los círculos gubernamentales hasta su muerte en 2002.

El desconocimiento de las elecciones intensificó la presión, tanto interna como externa, hacia la Junta Militar: países occidentales cortaron la ayuda y establecieron embargos; se estipularon sanciones a nivel internacional; se movilizaron exiliados y Organizaciones No Gubernamentales, con el fin común de lograr la democratización y el respeto a los derechos humanos. Un nuevo movimiento estudiantil de protesta se gestó hacia 1996 y nuevamente fue reprimido con fuerza. Como consecuencia, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, prohibió cualquier inversión norteamericana en Myanmar.

La noche del 30 de mayo de 2003, el convoy de la LND, encabezado por Aung San Suu Kyi fue atacado, dejando una gran cantidad de muertos y heridos. Una cantidad importante de militantes fueron detenidos o como coloquialmente señalaba el régimen "puestos en custodia". El ataque tuvo lugar cerca del poblado de Depayin, razón por la que se conoce como "Masacre de Depayin". San Suu Kyi había sido liberada en mayo de 2002 y emprendió un recorrido proselitista por el país, por lo que el ataque fue considerado una respuesta del régimen militar a su activismo en favor de la democracia. La Premio Nobel 1991 logró escapar de la emboscada. Sin embargo, se calcula que murieron 280 militantes y 250 fueron arrestados (AIPMC, 2005). La forma en que se tramó la represión, pues fueron desplazados por el gobierno aproximadamente cinco mil hombres, la violencia generada, los homicidios y la persecución a Suu Kyi, atrajeron la atención y condena mundial. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)³ rompió su tradicional silencio, admitiendo, incluso, que dicho evento tenía un impacto negativo en el organismo regional. El incidente propició un intenso y ríspido debate al interior de la ASEAN, destacando la postura del entonces Primer Ministro malasio, Mahatir Mohamed, quien propuso la expulsión de Myanmar.

La presión tuvo sus resultados, pues la Junta Militar se vio obligada a tomar acciones para atenuar la presión y condena pública interna e internacional. Fue así que anunció la llamada "Hoja de Ruta hacia una democracia disciplinada" (Australian Institute of International Affairs, 2010), misma que fue presentada el 30 de agosto de 2003 por el general Khin Nyut en su carácter de primer ministro. Dicho plan contenía siete puntos:

1. Volver a convocar la Convención Nacional⁴, que fue disuelta en 1996.

2. Implementación, paso a paso, del proceso necesario para hacer emerger un sistema democrático genuino y disciplinado.

3. Redactar una nueva constitución, de acuerdo con principios básicos y principios básicos detallados de la Convención Nacional.

4. Adopción de la constitución a través de un referéndum nacional⁵.

5. Convocatoria de elecciones libres y justas a los Pyithu Hluttaws (cuerpos legislativos), según la nueva constitución.

6. Convocatoria de los Hluttaws y de sus miembros según la nueva constitución.

7. Construcción de una nación moderna, desarrollada y democrática, por los líderes nacionales elegidos por la Hluttaw, y el gobierno y otros órganos centrales formados por la Hluttaw.

En agosto de 2007, un incremento en los combustibles incentivó masivas protestas que se conocieron con el nombre de la "Revolución de Azafrán", por el color de la indumentaria de los monjes budistas que iniciaron y participaron activamente en el movimiento. Estas protestas constituyeron el más grande desafío de la población al régimen militar que, desde luego, reaccionó reprimiendo, arrestando e, incluso, asesinando a algunos de los manifestantes. De igual modo, se emprendió una atroz persecución a los monjes y civiles sospechosos de haber apoyado, directa o indirectamente, las protestas.

La condena internacional fue inmediata, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en una intervención ante el Consejo de Seguridad señaló que estaba

profundamente consternado acerca de los eventos recientes en Myanmar y los reportes sobre continuas violaciones de derechos humanos. Debo reiterar que el uso de la fuerza sobre manifestantes pacíficos es aberrante e inaceptable... Ahora, más que nunca, el Gobierno de Myanmar debe tomar acciones drásticas encaminadas a la democratización y los derechos humanos (Centro de Noticias ONU, 2007).

El ciclón Nargis golpeó fuertemente a Myanmar en los primeros días de mayo de 2008. La junta militar informó que calculaba en más de 22 mil 500 los muertos y 40 mil los desaparecidos. Los daños del Nargis se concentraron especialmente en la zona arrocera del delta del Irrawaddy. Líderes de países occidentales tuvieron que hacer un llamamiento a la junta birmana para que aceptara la ayuda humanitaria que había sido bloqueada. Estos acontecimientos y otros inmediatos subsecuentes, propiciaron mayor presión internacional y un cambio de postura de los militares birmanos.

Según Bruce Matthews (2005), en alguna medida, Myanmar era un destacado ejemplo de lo que representa un Estado fallido: gobernado tiránicamente por una junta militar cuyos mediocres líderes son vistos con frecuencia en público, con una oprimida, empobrecida y desalentada ciudadanía, la mayoría de la cual lucha por sobrevivir –y en el mejor de los casos, por el más básico estándar de vida–. Excepto por la crecida jerarquía del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC)⁶, los altos elementos de las fuerzas armadas y los empresarios (incluyendo la creciente y evidente población residente de origen chino), el pueblo de Myanmar tenía muy pocas de las comodidades y avances del mundo moderno. De acuerdo con el ranking de Estados fallidos elaborado por la Revista , en 2005, cuando Matthews escribió su artículo, Myanmar estaba en el lugar 23. En 2013, se le ha asignado el lugar número 26.

 

La transición

Para un mejor entendimiento del proceso para la transición birmana, habría que señalar que, en septiembre de 2005, Václav Havel, ex presidente de la República Checa y Desmond Tutu, Arzobispo Emérito de Ciudad del Cabo y Premio Nobel de la Paz 1984, dieron a conocer un documento sobre Myanmar elaborado, a petición suya, por la firma de abogados DLA Piper Rudnick Gray Cary. El documento generado se tituló "Amenaza para la Paz: Un llamado al Consejo de Seguridad para que actúe en Birmania" y lo mandaron hacer debido a que consideraban que Myanmar se había convertido en un problema para la región y la comunidad internacional. La conclusión del reporte era que, efectivamente, Myanmar era una amenaza a la paz regional y mundial y que el Consejo de Seguridad debía actuar, toda vez que "la situación es particularmente peligrosa porque las acciones del gobierno no solo oprimen a su propio pueblo, sino que conllevan sustanciales efectos de desestabilización trasnacional que amenazan la paz y la seguridad en la región entera" (Vaclav y Tutu, 2005, p. 16). Según el reporte, la gravedad y alcance de seis factores distinguían a Birmania de cualquier otro país en el mundo. Estos factores incluyen: 1) destrucción de pueblos (asociada a los flujos de refugiados); 2) trabajos forzados; 3) violaciones sistemáticas; 4) Comercio de drogas ilegales; 5) falta de monitoreo del VIH/SIDA y; 6) Niños soldados (Vaclav y Tutu, 2005, p. 16).

El reporte concluía señalando que ya era tiempo de que el Consejo de Seguridad se involucrara en Myanmar (haciendo comparativos con Sierra Leona, Afganistán, Camboya, Yemen, Haití, Ruanda y Liberia). "El Consejo de Seguridad tiene la autoridad para actuar y debería ejercer esa autoridad en el caso de Birmania" (Vaclav y Tutu, 2005, p. 58). Entre las recomendaciones al Consejo de Seguridad, se señalaba que debería requerir al gobierno de Myanmar para que trabajara con el Secretario General en implementar un plan para la reconciliación nacional y la restauración de un gobierno democráticamente electo; permitir el ingreso sin obstáculos a todo el territorio a miembros de las Naciones Unidas y a organizaciones humanitarias a fin de que pudieran proporcionar asistencia humanitaria a los grupos más vulnerables de la población y la inmediata liberación de Aung San Suu Kyi y todos los prisioneros de conciencia de Birmania (Vaclav y Tutu, 2005, p. 59).

Como efecto de la revolución de Azafrán, en diciembre de 2007, se constituyó al interior de Naciones Unidas el denominado "Grupo de Amigos del Secretario General sobre Myanmar" (UN News Center, 2010), un conjunto de catorce naciones con el objetivo de asistirle en sus esfuerzos de fomentar cambios en dicho país. Fue constituido como un fórum para desarrollar enfoques comunes en apoyo del mandato de buenos oficios del Secretario General, su formato era meramente informal y se encontraba constituido por los cinco países con veto en el Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia), además de Australia, Noruega, Indonesia, Japón, Singapur, Vietnam, Tailandia, India y Portugal.

Las elecciones presidenciales, primeras en veinte años, se celebraron el 7 de noviembre de 2010. La Constitución reserva un veinticinco por ciento de los escaños para ser nombrados por los militares, por lo que en las elecciones solo había en juego el restante setenta y cinco por ciento. El Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, próximo al ejército, ganó el ochenta por ciento de los escaños restantes. De esta forma, para marzo de 2011, se disolvió la Junta Militar, se convocó a los respectivos parlamentos y se estableció un gobierno civil presidido por el antiguo primer ministro y general, Thein Sein. La LND decidió no participar en dichos comicios.

 

Las tareas pendientes

Al terminar, en febrero de 2014, su misión de seis años en Myanmar, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Myanmar del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Tomás Ojea Quintana, ofreció una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Yangón y ahí señaló que, a lo largo de su encargo, había visto importantes cambios en Myanmar que han traído mejoras en la situación de los derechos humanos, incluidos las liberación de prisioneros de conciencia, la apertura del espacio para la libertad de expresión, el desarrollo de libertades políticas y un importante progreso en asegurar el fin de las disputas étnicas en las áreas fronterizas (Ojea, 2014).

Es verdad, el progreso en cuestiones de derechos humanos, democracia y gobernanza, es evidente: por ejemplo, la Constitución de Myanmar garantiza la promoción y protección de los derechos humanos y todo el capítulo VIII trata de los derechos humanos y principios fundamentales.

Se debe considerar también que, el 5 de septiembre de 2011, se emitió el Decreto para crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Myanmar con miras, señala el documento, a promover y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos descritos en la Constitución. Quedó integrada por quince individuos pertenecientes al personal gubernamental encabezado por un Embajador de la Cancillería birmana. Entre su mandato se encuentra la de recibir comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos para recomendar medidas a los departamentos gubernamentales involucrados; estudiar los instrumentos internacionales de derechos de que Myanmar no sea parte para formular recomendaciones acerca de la suscripción de los mismos; mantener comunicación con organismos de Naciones Unidas y otros relativos a los derechos humanos; elaborar informes al Presidente sobre el estado que guarde la observancia de los derechos humanos (Republic of the Union of Myanmar, 2011). Quizá su más importante tarea sea la asignada para formular un procedimiento "fácil y expedito" a través del cual se puedan recibir las quejas por violaciones a los derechos fundamentales. El establecimiento de esta Comisión y su encomienda es un avance, pero dista mucho de cumplir con los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, en particular, sobre la composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, que debe ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil), interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

También se permitieron las visitas del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, el Asesor Especial del Secretario General sobre Myanmar y a varios funcionarios de la OIT. Comité de los Derechos del Niño, adopción del Plan de Acción para combatir la trata de seres humanos, establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos.

A pesar de lo anterior, quedan muchas y graves asignaturas pendientes: aunque la Delegación de Myanmar que asistió en Ginebra a la Sesión del Grupo de Trabajos sobre el Examen Periódico Universal de Myanmar (marzo de 2011) afirmó que no se había ejecutado ninguna pena de muerte desde 1988 (Naciones Unidas, 2011, p. 8), grupos activistas de derechos humanos acusan que, de facto, se sigue ejecutando.

Un punto muy débil en la consecución de una observancia plena de derechos humanos es la inestabilidad, sobre todo en los estados de Kachin y de Rajine. Myanmar debe abordar, también, la finalización de los conflictos étnicos en las regiones fronterizas para proporcionar la estabilidad necesaria para su desarrollo, y dichos conflictos mantienen a la comunidad internacional en alerta ante la continua violación de los derechos humanos

En cuanto a la gobernanza y la paz social, el gobierno había otorgado prioridad a la reconsolidación nacional mediante la celebración de negociaciones pacíficas y, finalmente, había firmado acuerdos de cese al fuego con 17 de los 18 principales grupos étnicos armados. En la actualidad, los insurgentes están confinados a algunas localidades situadas en las zonas fronterizas y las actividades de contrainsurgencia se realizaban solo contra esos insurgentes. (Naciones Unidas, 2011, pp. 12-13).

Kachin, el estado más al norte de Myanamr, fronterizo con China, se considera un territorio fuera del control del gobierno de Naypidaw. La región es reputada por producir uno de los jades de mayor calidad en el mundo, cuya producción le representa al gobierno un ingreso anual de varios millones de dólares. Sin embargo, recientemente ha sido el escenario de encuentros entre las fuerzas armadas gubernamentales y los rebeldes Kachin, que se oponen al actual proceso reformador del país y buscan, en cambio, una mayor autonomía, sobre todo que prevea un mayor manejo de los recursos naturales y se convoque a una conferencia nacional "para rediseñar la actual estructura política en favor de las minorías étnicas" (Win, 2012).

El estado se encuentra bajo la influencia de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), misma que se estableció en 1961 y en poco tiempo se convirtió en uno de los grupos armados de oposición al régimen con mayor número de seguidores y mejor organizados. Está conformada, en su gran mayoría, por miembros del grupo étnico Kachin que es cristiano. En 1994 se pactó un alto al fuego que se prolongó hasta 2011. La milicia birmana es todavía muy criticada por su excesivo uso de la fuerza, como en diciembre de 2012 que combatió ferozmente a los rebeldes en la región. A finales de enero de 2013, el ejército finalizó sus ofensivas en el estado de Kachin y el KIA (Kachin Independence Army, Ejército para la Independencia de Kachin, es decir, el brazo armado del KIO) declaró que también estaba dispuesto a dar ese paso. Se estableció una línea roja entre ambos bandos que resultó ser efectiva para evitar nuevos enfrentamientos. En 4 de febrero tuvo lugar una nueva ronda de negociaciones en la ciudad china de Ruili. Los kachin son vistos como partidarios de Occidente, en concreto de Estados Unidos, por lo que China se ha opuesto a la participación como observadores, tanto de Estados Unidos, como de Gran Bretaña en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno Central. China también se opuso a poner en las actas cualquier alusión a la asistencia humanitaria y al seguimiento del alto el fuego porque supondría la intervención internacional en el conflicto. China ha visto amenazados sus intereses: la extensión del conflicto en sus fronteras, el flujo masivo de refugiados y, lo que es más preocupante, la paralización de sus proyectos energéticos y mineros emprendidos en el país (Hidalgo, 2013, p. 77). La cancelación, en septiembre de 2011, del proyecto chino de construcción de la presa de Myitsone en el estado de Kachin, a la que se oponían tanto la KIO como los habitantes del estado, podría haber provocado un acercamiento del Gobierno Central al considerársele una señal de buena voluntad, pero no fue visto así por el grupo armado.

El Relator Especial de Derechos Humanos, Tomás Ojea, fue autorizado para visitar el estado de Kachin (zona prohibida a los extranjeros), lo cual calificó de un buen gesto para ayudar a construir la confianza del KIO. En su visita a Laiza, la capital estatal, se reunió con el líder del KIO, quien le expresó su voluntad para alcanzar un alto al fuego a condición de que se le otorgaran garantías de diálogo político. También le señaló que desearía que el acuerdo respectivo incluyera un Código de Conducta para las fuerzas armadas, incluido el retiro del ejército. En la visión del Relator, lo anterior tendría un inmediato impacto positivo en la situación de los derechos humanos. Finalmente, Ojea le expresó su preocupación por la violación de derechos humanos cometidos por el KIA, incluido el reclutamiento de niños soldado. El presidente Thein Sein y otros miembros de la cúpula del nuevo gobierno civil parecen estar dispuestos a pactar la paz con los rebeldes, pero, señalan que no al costo de apartarse de la Constitución de 2008, que no contempla disposiciones para cualquier forma de federalismo. Definitivamente, "el renovado conflicto en Kachin ha expuesto el punto débil del gobierno" (Win, 2012). Muchos residentes del Estado de Kachin apoyan a la insurgencia, aun cuando ellos quedan en medio del conflicto, lo cual ha generado entre ochenta y cien mil desplazados y refugiados. La resistencia local no solo amenaza los intereses económicos, sino también la imagen política del nuevo gobierno civil (Win, 2012). Teniendo en cuenta que los ataques se producían en sus fronteras y que la inestabilidad de la zona ponía en peligro sus intereses económicos, China se alzó con un papel protagonista en la nueva ronda de negociaciones con los rebeldes Kachin e instó al Gobierno a que acordara el alto al fuego.

Muy grave es también la situación que vive la minoría musulmana Rohingya⁷ en el estado de Rajine, sobre quienes señalan que, desde un punto de vista histórico y cultural, estas personas no constituyen una etnia nacional y son inmigrantes ilegales procedentes de Bangladés, que residían en las zonas fronterizas de ese estado (Naciones Unidas, 2011, p. 13). En la sesión de trabajo del Examen Periódico Universal, Myanmar no aceptó las recomendaciones para modificar la Ley de ciudadanía de 1982 y garantizar a todas las minorías la igualdad de derechos como ciudadanos, eliminando todas las restricciones impuestas a la minoría musulmana en el estado de Rajine. Se calcula que, durante 2012, 650 musulmanes de la etnia rohingya fueron asesinados durante los enfrentamientos en Rajine, mientras que otros 1,200 desaparecieron y más de 80 mil se vieron obligados a abandonar sus hogares. La violencia se recrudeció entre marzo y mayo de 2013 y, como consecuencia, las autoridades locales.

En este contexto, una nueva política de planificación familiar fue anunciada el 27 de mayo por el portavoz estatal Win Myaing, como parte de un paquete de medidas, supuestamente, para frenar los enfrentamientos entre musulmanes y budistas que se reavivaron el año pasado. En tal sentido, las parejas rohingya quedarían limitadas a tener un máximo de dos hijos. Si bien, en principio el gobierno de Naypidaw señaló que se trataba de una medida emanada del gobierno local de Rajine, el ministro de Inmigración, Khin Yi, expresó públicamente su apoyo a la decisión de las autoridades del estado de Rajine de limitar a dos el número de hijos que pueden tener las parejas musulmanas para compensar el lento crecimiento demográfico de los budistas. Desde luego que la medida fue duramente criticada por Naciones Unidas, los activistas de derechos humanos, la comunidad musulmana internacional y numerosos gobiernos como el de Estados Unidos que, a través de Patrick Ventrell, Vocero de la Secretaría de Estados señaló que su gobierno se "opone a limitaciones en las políticas de nacimientos y urge a Myanmar a eliminar dichas políticas sin dilación" ("U.S. Urges Myanmar", 2013).

En julio de 2013, al visitar Thein Sein al primer ministro británico, David Cameron, este le hizo énfasis en su particular preocupación por los musulmanes Rohingya. La líder Aung San Suu Kyi se pronunció sobre el tema y señaló que dicha disposición era una violación a los derechos humanos; sin embargo, es sabido que su partido, la Liga Nacional para la Democracia, también rechaza reconocer a los Rohingya como grupo étnico y como ciudadanos de Myanmar. La contención del conflicto ha significado un serio desafío para el presidente Thein Sein y su gobierno, pero también ha afectado la imagen de la líder opositora Aung San Suu Kyi, quien ha sido criticada por no pronunciarse con firmeza en defensa de la acosada comunidad musulmana del país. La medida ha tenido amplia repercusión en la comunidad musulmana y en los países con gobierno islámico, tal como lo muestra el artículo "Injustice in Myanmar" (2013): "La acción de Myanmar no tiene comparación porque ningún gobierno que represente a un pueblo civilizado recurriría a tal medida. Imponiendo una norma discriminatoria a una comunidad que, ya de por sí, es marginada y perseguida, el gobierno se ha colocado del lado de los perpetradores de la violencia".

En febrero de 2014, el gobierno de Myanmar suspendió las operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el oeste del país, por "falta de transparencia" y favoritismo hacia una minoría musulmana. El portavoz presidencial, Ye Htut, dijo que las autoridades ya habían comunicado a MSF que no extenderían el memorando con el que la organización operaba en el estado Rajine.

Otra cuestión, sin duda preocupante, es la libertad de prensa. Algunos periodistas aún alegan la prevalencia de un clima de incertidumbre y temor de arresto, sobre todo cuando se ocupan de temas relativos a los intereses militares, de otros grupos de poder o de las élites económicas y gobernantes.

A finales de junio de 2013, el gobierno de Myanmar prohibió la circulación de la revista Time (Reporters Without Borders, 2013), porque contenía un artículo de portada acerca de un monje budista acusado de incitar a la violencia en el país. La cadena estatal de televisión informó que la decisión se había tomado para prevenir la recurrencia de motines raciales y religiosos. En la edición prohibida de la revista, aparecía en la portada el monje budista Wiratu, con el titular de "La cara del terror budista". Dicho monje es líder del movimiento radical que acosa a la minoría musulmana, acusándola de amenazar la pureza racial y la seguridad nacional. Con frecuencia exhorta a boicotear negocios propiedad de musulmanes y se le atribuye una significativa influencia en la decisión de limitar a dos hijos a las parejas de profesión islámica que viven en Myanmar. El artículo en cuestión molestó a los budistas birmanos y provocó que la oficina del presidente Sein Thein saliera a declarar que la historia referida en la revista dañaba la imagen del budismo, no obstante que Myanmar no es un Estado confesional. Sin embargo, el artículo 361 de la Constitución de 2008 señala que "La Unión reconoce especial posición al Budismo como la fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión".

Desde mayo de 2011 a diciembre de 2013, se han liberado aproximadamente a 1,100 prisioneros de conciencia a través de 15 decretos de amnistía, con el impulso de un Comité Revisor de Prisioneros instaurado con tal fin. Durante la vista del presidente Sein Thein al Reino Unido, en julio de 2013, el primer ministro británico David Cameron le urgió a emprender "más acciones" para promover los derechos humanos, a lo que el presidente birmano señaló "estamos revisando todos los casos... Les garantizo que para fines de este año, no habrá más prisioneros de conciencia en Myanmar" (Government of the United Kingdom, 2013).

La democracia también acusa faltantes: respecto de los derechos políticos durante el Examen Periódico Universal, Brasil le recomendó revisar la legislación nacional que tipifica como delito la disidencia pacífica y revisar las órdenes de detención dictadas en virtud de esa legislación que le fue formulada por l (Naciones Unidas, 2011, p. 23). La delegación birmana rechazó la propuesta.

La Constitución de 2008 requiere ser reformada antes de las elecciones presidenciales de 2015; de lo contrario, provocará profundos vacíos de legitimación a las autoridades que resultaren electas. Actualmente, el texto constitucional establece que el "Pyithu Hluttaw", es decir, el órgano legislativo, se compone de 440 representantes, 75 % de los cuales (es decir, 330) se eligen de conformidad con la ley electoral sobre bases poblacionales, pero 110 son miembros del personal del servicio de Defensa nombrados directamente por el Comandante en Jefe del Ejército. Lo mismo sucede en la Cámara Alta que se denomina "Amoytha Hluttaw" y es la representación de las Regiones, Estados y Territorios que tiene en total 224 miembros, 168 de los cuales son representantes territoriales y 56 son miembros del Ejército, nombrados por el Comandante del Ejército. Adicionalmente (Artículo 16, inciso b), dispone que, en el Ejecutivo de la Unión, regiones, estados, territorios y áreas autoadministradas y distritos, personal del Servicio de Defensa, nombrados por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa tomarán las responsabilidades de defensa, seguridad y administración de fronteras.

Esto es grave para la gobernabilidad si, teóricamente, se tratare de un presidente electo ajeno a las fuerzas armadas; pero, más grave es una de las disposiciones sobre los requisitos para la elegibilidad del presidente: el inciso f) del artículo 59 señala que no deberá él mismo [el candidato], uno de sus padres, el cónyuge, uno de sus hijos legítimos o sus cónyuges, deber lealtad a una potencia extranjera, no ser nacional o ciudadano de un país extranjero. No deberán ser personas con derechos y privilegios de un gobierno extranjero o ciudadanos de un país extranjero. Lo anterior parece llevar destinatario expreso: Aun San Suu Kye, tiene un hijo y estuvo casada con un ciudadano británico⁸. El presidente birmano ha expresado "necesitamos convencer a las naciones con actitud negativa hacia nuestro proceso de democratización que Myanmar está comprometido a ver por los intereses de la nación y su pueblo para servir a esos intereses solo en el marco de la Constitución" (Euro-Burma Office, 2011).

 

Los derechos humanos y la democracia en las relaciones internacionales de Myanmar

Indubitablemente, las cuestiones relativas a la observancia de los derechos humanos, el ejercicio de la democracia y la consecución de una óptima gobernanza han tenido y tienen un alto impacto en la interacción de Myanmar con otros países y organismos.

La ausencia de estos llevó a un prolongado periodo de aislamiento del escenario internacional, así como a la imposición de sanciones por parte de la comunidad internacional, que en gran parte afectaron aún más a la lastimada población birmana.

China fue la excepción: en el periodo 2006-2007, proporcionó a Naypyidaw un importante respaldo diplomático, toda vez que Washington y Londres afirmaron que Myanmar planteaba una amenaza a la paz y estabilidad regional. Esto culminó con el doble veto chino-ruso en enero de 2007 del borrador de una resolución presentada por Washington y Londres ante el Consejo de Seguridad. Esta ha sido la única vez que China ha utilizado su derecho de veto fuera de un tema ajeno a Taiwán.

Se sabe que China ha estado involucrada con muchos gobiernos de dudosa reputación, incluido el militar de Myanmar y, aunque China es "flexible", cuando se trata de estándares de derechos humanos, hay un límite para este apoyo político (Tea, 2010, p. 8). Lo anterior explica que a veces China también haya sido crítica con la Junta, expresando, incluso, frustración y, a veces, tomando posición junto a Occidente contra la Junta, pero sin dejar de tomar en cuenta sus intereses e inversión económica en el país. La dependencia de China ha causado incomodidad entre sus líderes dada la complejidad de la relación entre los dos países. Pekín ha sido el apoyo del gobierno al tiempo que respalda a los rebeldes Kachin a lo largo de la frontera sino-birmana, señaló Hugo Williamson, Director del Grupo de Resolución de Riesgos, un grupo consultor británico (Han Shih, 2013).

El Consejero de Estado y ex ministro de relaciones exteriores chino Yang Jiechi, al visitar Naypyidaw, en junio de 2013, señaló que China apoya el proceso de reconciliación nacional y espera que, tanto el gobierno de Myanmar, como la parte Kachin, puedan mantener las negociaciones de paz y suscribir un acuerdo de cese al fuego lo más pronto posible que traiga consigo la estabilidad y la paz duradera en la parte norte del país a lo largo de la frontera con China. Pareciera ser que China está dispuesta a continuar jugando un papel destacado al respecto. Para Myanmar, una relación más estrecha entre el gobierno chino, que es también un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le ayudará a consolidar al nuevo régimen, promover su estatus internacional y obtener mayor ayuda al desarrollo (Li 2012, pp. 68-69).

En la relación con los Estados Unidos, Barack Obama, al tomar posesión de su primer periodo (2009), comenzó una revisión integral de la política norteamericana hacia Myanmar. En este sentido, el Embajador Dereck Mitchell fue nombrado, en 2011, representante especial y coordinador político para Birmania y, después, asumió el largamente vacante puesto de Embajador de los Estados Unidos en Birmania (en ambos cargos, la referencia era Birmania, no Myanmar). Algunos oficiales norteamericanos han discutido tanto con el gobierno como con los grupos étnicos el tema de la reconciliación nacional.

El día de hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre los Estados Unidos y Birmania. Desde que anuncié la nueva apertura de Estados Unidos a Birmania en noviembre, el presidente Thein Sein, Aung San Suu Kyi y el pueblo birmano han logrado un significativo progreso en su largo camino a la democracia. Los Estados Unidos se han comprometido a responder a los desarrollos positivos en Birmania y a demostrar de forma clara el compromiso de los Estados Unidos en el futuro de este extraordinario país, su valiente pueblo y los valores universales. Eso es lo que estamos haciendo.

Sin embargo, señaló que "por supuesto, esto está muy lejos de estar hecho. Los Estados Unidos permanecen preocupados por el cerrado sistema político birmano, su trato a las minorías y la detención de presos políticos, así como de sus relaciones con Corea del Norte". Continuaremos presionando porque aquellos que cometan violaciones serias de derechos humanos sean señalados como responsables (Obama, 2012).

En octubre de 2012, la administración norteamericana sostuvo su primera reunión bilateral con autoridades birmanas con el tema central de los derechos humanos. La delegación de los Estados Unidos estuvo encabezada por Michael Posner, Asistente de la Secretaría de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. El propósito del diálogo era abrir un nuevo canal entre los dos países para discutir a alto nivel "temas urgentes y delicados que hubiera sido impensable tratar hace un año" (Power, 2012). Al comparecer, en mayo de 2013, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, W. Patrick Murphy, Representante Especial y Coordinador de Política para Birmania en la Secretaría de Estado, expresó que el país ha encarado conflictos internos desde la Segunda Guerra Mundial, sufriendo cincuenta años de gobierno militar, y quedando muy lejos aún de sus más pobres vecinos. Además agregó que "Tenemos, sin embargo, una oportunidad histórica de ayudar a Birmania a solidificar su progreso y fortalecer a aquellos que procuran una reforma más profunda, del tal suerte que este proceso se vuelva irreversible" (Murphy, 2013).

En noviembre de 2012, Obama se convirtió en el primer presidente norteamericano en visitar Myanmar. A su vez, el 20 de mayo de 2013, el presidente Obama recibió en la Casa Blanca al presidente de Myanmar, en lo que constituía la primera visita de un Jefe de Estado de aquel país en cincuenta años. Obama señaló que había compartido con el presidente Sein su profunda preocupación acerca de la violencia comunal dirigida a las comunidades islámicas al interior de Myanmar: "El desplazamiento de gente y la violencia dirigida hacia ellos necesita detenerse, y estamos preparados para trabajar de toda las formas que podamos con el gobierno de Myanmar y la comunidad internacional para asegurar que el pueblo reciba la ayuda que necesita, pero, lo más importante, que sus derechos y su dignidad sean reconocidos". (Obama, 2013).

Militarmente, Myanmar recibió la invitación de parte de los Estados Unidos, para comparecer como observador en el "Cobra Dorada". Dicha operación es el más grande ejercicio militar de la región que cuenta con participación norteamericana. La vocera de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, Kristin Kneedler declaró que la participación de Birmania en los diez días que se prolongó el ejercicio fue limitada, pero que los Estados Unidos valoraban su compromiso, al que calificó de "significativo" (Schearf, 2013). También señaló que la participación de Myanmar en eventos como estos "contribuyen a que las fuerzas armadas institucionalicen el control civil, la transparencia y la protección de los derechos humanos".

En lo que respecta a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el ingreso de Myanmar en 1997 fue controversial y criticada por ciertos miembros de la comunidad internacional. El entonces primer ministro de Malasia, Mahatir Mohammed, declaró que "si Myanmar está fuera [de ASEAN] es libre de comportarse como Estado canalla o paria, pero mientras esté dentro, estaría sujeta a ciertas normas de conducta" (Vaclav y Tutu, 2005, p. 36). También consideraba que el régimen militar dañaba la imagen de la ASEAN en su conjunto. Hoy, la situación es radicalmente diferente y los países de ASEAN están entusiasmados de que Naypyidaw refuerce el regionalismo en el Sudeste Asiático, mientras que Myanmar considera que la ASEAN tiene una importante función política para sus fines (Haacke, 2012, p. 59).

En 1994, el Primer Ministro tailandés invitó al Ministro de Exteriores birmano a que asistiera como observador a la reunión de ASEAN en Bangkok. En dicha reunión, el gobierno de Australia presentó una lista de puntos que Myanmar debía conseguir para mejorar su estatus diplomático. Uno de los puntos era la inmediata liberación de Aung Sang Suu Kyi. Al año siguiente, Myanmar comenzó a dar señales de querer acceder a la ASEAN y una de ellas fue la puesta en libertad de la Premio Nobel. Durante la 5ta Reunión Cumbre de ASEAN en Bangkok se presentaron los potenciales países a conseguir la membresía: Myanmar, Camboya y Laos. En julio de 1996, Myanmar fue admitido como miembro del Foro Regional de ASEAN⁹ y como observador en la ASEAN. En 1997, se convirtió en miembro de pleno derecho.

La ASEAN también ha sido criticada porque sus países miembros han estado largamente comprometidos con el deseo de promover el crecimiento económico regional y la prosperidad, más que en compartir valores de gobernanza, democracia o los derechos humanos. Algunos países que no son miembros de la ASEAN critican su enfoque basado en el "compromiso constructivo" cuando analizan las prácticas en materia de derechos humanos de sus Estados miembros, enfoque al que califican de débil e ineficaz, particularmente en su posición respecto del régimen militar de Birmania (Staggs, 2009, pp. 2 y 3).

Muchas críticas provinieron de adentro. El Senador filipino y líder de la minoría, Aquilino Pimentel Jr., advirtió a la ASEAN que sería inútil involucrarse en el tema de los derechos humanos a menos que la organización se diera mayores y amplias facultades en descargo de tan importante tema y denunció que la misma Carta le restringiera para tomar decisiones enérgicas para prevenir la violación de derechos de la población, especialmente cuando se trataba de regímenes autoritarios y se centró en el caso de Myanmar, señalando que: "No respeta los derechos humanos; brutaliza a su pueblo, especialmente a las minorías étnicas. Aprisiona a ancianos inocentes sin juicio sin importar su salud y a jóvenes, con completa impunidad. Gobierna con las bayonetas de sus fuerzas armadas y no con los votos de su pueblo." (Senate of the Philippines, 2009).

La ASEAN estableció una Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos cuyo mandato se enfoca primordialmente en la promoción de los derechos humanos, con un papel limitado a ser un cuerpo asesor para el Secretariado de la ASEAN y sus Estados miembros, más que a ser una comisión independiente.

En lo que respecta a las relaciones con la Unión Europea, se ha señalado que la promoción de la democracia y los derechos humanos son esenciales para el mejoramiento de las relaciones con Myanmar (Frittin y O'Hara, 2011, p. 2). Las cuestiones de los derechos humanos en Myanmar continúan atrayendo la preocupación pública en toda la Unión Europea, especialmente cuando se encuentran involucrados recursos económicos, pero los desafíos de los derechos humanos también incluyen la protección de los derechos civiles y políticos, una moratoria formal de la pena de muerte (y eventualmente su legal abolición), así como el respeto a los derechos de las mujeres y los niños. El progreso en este campo es proporcional al mejoramiento de las relaciones bilaterales (Frittin y O'Hara 2011, p. 3). Myanmar, actualmente, no es beneficiaria del GSP (Sistema Generalizado de Preferencias) y su versión paralela especial para los Países Menos Desarrollados.

El 5 de marzo de 2013, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso y el presidente de Mynamar, acordaron que, a la luz de los "cambios históricos" en Myanmar, trabajarían en un asociación para hacer de Myanmar una democracia moderna; lograr una paz duradera; promover los derechos humanos y el Estado de Derecho. En abril de 2013, la Unión Europea levantó la mayoría de las sanciones a las importaciones de Myanmar, en reconocimiento a la política de liberalización emprendida por el país desde 2011.

Dentro del Sistema de las Naciones Unidas, en mayo de 2012, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció la normalización de sus trabajos en Myanmar. Ajay Chhibber, Asistente del Secretario General de Naciones Unidas y Director de la Oficina Regional para Asia Pacífico del PNUD, viajó al país para discutir con las autoridades el nuevo programa para el país. Asimismo, el PNUD propuso el incremento de la ayuda a Myanmar para apoyar la transición histórica del país, señalando que se requería mayor ayuda, así como una mejor coordinación en la alineación con las prioridades de desarrollo de Myanmar. Chhibber también viajó a Yangón para discutir con Aung San Suu Kyi el nuevo programa nacional del PNUD.

En Washington, en noviembre de 2012, el Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial aprobó una nueva estrategia provisional para Myanmar en la que se reafirma el apoyo para las reformas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población de ese país. Dicha estrategia orientará la labor que la institución realizaría en Myanmar en el futuro inmediato y en la que se haría hincapié en la aceleración del proceso de reducción de la pobreza a través del suministro de ayuda a las instituciones encargadas de la reforma. Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, señaló: "Me resultan alentadoras las reformas que se vienen llevando a cabo en Myanmar, e instó al Gobierno de ese país a proseguir sus esfuerzos" (The World Bank, 2012). En la parte económica, se puede señalar que Myanmar es uno de los 13 países menos desarrollados de la región Asia Pacífico. Asimismo, ocupa el lugar 149 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2013). Myanmar es uno de los países del mundo que recibe menos ayuda internacional en proporción a su población e ingreso (Stiglitz, 2012).

 

Conclusiones

En una parte inducida por los gobiernos militares y, en otra, promovida por las sanciones impuestas por los países occidentales, Myanmar se aisló de la comunidad internacional, por lo que, el regreso a la normalidad, pasaba necesariamente por lograr la reinserción total en el escenario mundial y conseguir el visto bueno y apoyo de los países que, de forma particular, pugnaron por la aplicación de sanciones y su consiguiente retiro de la arena internacional. Algunas de las personas mayores que han visto ir y venir tiempos de aparente relajamiento del Gobierno autoritario mantienen la cautela y, tal vez por ello, algunos miembros de la comunidad internacional también dudan a la hora de mitigar el aislamiento de Myanmar (Stiglitz, 2012).

Algunos de estos países supeditarían, en el discurso, la reinserción a una cabal observancia de los derechos humanos, incluidos los de carácter político que redundarían en una normalidad democrática, lo cual a su vez, atenuarían, en la práctica, con el fin de disminuir la presencia e influencia china (país con el cual Myanmar ha mantenido una casi cordial y estratégica relación, sobre todo, en los mencionados periodos de aislacionismo), por ejemplo, muchos de los actos de violencia y violación de derechos humanos acontecidos en Myanmar pueden configurar delitos de lesa humanidad, pero nunca se ha hablado de establecer un tribunal internacional o híbrido que juzgue a los presuntos responsables.

John Bercow, Presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, al visitar la Universidad de Yangón en agosto de 2013, señaló que:

Es absolutamente cierto que la comunidad internacional debe reconocer los cambios que han sido implementados, aplaudir las reformas, dar la bienvenida a los pasos positivos y alentar a todas las partes involucradas en el proceso de reforma a continuar más lejos en este camino. Cuando los dictadores aflojan sus puños, deben ser saludados con manos extendidas (Bercow, 2013).

A este sentir triunfalista que proviene tanto del gobierno birmano como de algunos países occidentales y organismos internacionales, debe sopesársele el hecho de que quedan aún muchos pendientes en la materia que, de no resolverse, pueden dar al traste con lo avanzado en el pasado reciente. Como bien lo reconoció un Oficial birmano de Naypidaw ante el Relator Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas: "la transición democrática aún es muy frágil" (Ojea, 2014).

Uno de los mayores desafíos que habrá de afrontar Myanmar son las elecciones de noviembre de 2015, al parecer no habrá desconocimiento o boicot para la Liga Nacional para la Democracia que muy probablemente postulará a su líder Aun San Suu Kyi, con toda su representatividad y todo el peso que implica imagen y su larga lucha social. Emergen las incógnitas de si se le reconocería un posible triunfo a la oposición y, de esto suceder, si se le daría la gobernabilidad necesaria para consolidar las reformas y la continuidad de la reinserción internacional y del desarrollo económico.

La presencia militar en el gobierno es evidente, no solo por los legisladores y funcionarios que le pertenecen por disposición constitucional, sino por la cantidad de cargos públicos que ostentan. El mismo presidente Thein Sein proviene de las filas castrenses. Su partido, que es el gobernante, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (en inglés Union Solidarity and Development Party-USDP) está relacionado con las fuerzas militares. En la elección ganó 259 de los 330 escaños en juego. La influencia militar también se manifiesta por el hecho de que las compañías mineras de Myanmar están relacionadas, directa o indirectamente, a poderosos generales del ejército, sus prestanombres o a empresarios chinos (Win, 2012). El ejército birmano es un ejército fuerte¹⁰.

Por ello, de cuando en cuando, se recuerda que la transición está inacabada: W. Patrick Murphy, Representante Especial y Coordinador de Política para Birmania en la Secretaría de Estado norteamericana, expresó que, a pesar de los avances registrados en Myanmar, "no estamos bajo la ilusión de que esta transición está completada. Birmania está al comienzo de un viaje arduo" (Murphy, 2013) o durante la visita del presidente Sein Thein al Reino Unido en julio de 2013, el primer ministro británico, David Cameron le urgió a emprender "más acciones" para promover los derechos humanos. El Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Myanmar del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Tomás Ojea Quintana (2014), cree que hay un espacio muy limitado para hacer reversibles las reformas. Su conclusión al terminar su misión y haber sido testigo de todo el proceso transformador de Myanmar es que todavía hay obstáculos que superar.

Probablemente, para el actual gobierno birmano y las cúpulas militares, las reformas emprendidas y los avances que se han hecho son suficientes o demasiados para una transición que se ha dado en tan poco tiempo y que intenta revertir la situación de una nación tan autoritaria, cerrada y pauperizada. Por ello lanza de forma retadora la afirmación y cuestionamiento de que "Myanmar ha alcanzado un nuevo hito. Ha abierto un nuevo capítulo y ha iniciado una nueva página con avances positivos. ¿No puede responder la comunidad internacional con aliento, apoyo y comprensión?" (Naciones Unidas, 2011, p. 14).

 

Referencias

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Notas

¹ En 1989, la Junta Militar que gobernaba el país desde 1962 le cambió el nombre a Birmania por Myanmar. La oposición política birmana, al no reconocer la legitimidad de la Junta, tampoco aceptó el cambio del nombre del país. Así lo hicieron, también, algunos gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido. Sin embargo, el cambio de nombre fue reconocido y aceptado por Naciones Unidas, China, Vietnam, Laos, Tailandia, Bangladesh, India y Rusia, entre otros, mientras que la Unión Europea utilizaba la salomónica forma de Birmania/Myanmar en sus documentos. El nombre de Myanmar se ha generalizado. En este artículo se utilizará indistintamente Birmania si son referencias a cuestiones anteriores a 1989 y Myanmar para lo posterior a esta fecha. Tratándose de gentilicios, en todos los casos, se empleará el término birmano.

² El Comité del Premio Nobel de la Paz le concedió la distinción a Suu Kyi en el año de 1991, pero por estar detenida no pudo acudir a recibirlo, haciéndolo en su nombre, su esposo e hijo. Simbólicamente, se celebró una ceremonia el 16 de junio de 2012 (21 años después) para entregárselo personalmente.

³ El acrónimo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáticos es ANSEA. No obstante, en este artículo se lo utilizará en la versión inglesa ASEAN.

⁴ La Convención Nacional se estableció entre 1993 y 1996, con el objetivo de diseñar los principios básicos sobre los que se debía redactar la futura constitución. Después de ocho años de inactividad, la Convención Nacional fue instalada de nuevo en mayo de 2004 para continuar la redacción de la constitución. A partir de sus trabajos, una comisión especial preparó un borrador definitivo. La Convención fue disuelta de forma definitiva en septiembre de 2007.

⁵ El referéndum para aprobar la constitución fue celebrado el 10 de mayo de 2008, tan solo ocho días después de que el ciclón Nargis devastara el sur de Birmania, pero los militares se negaron a posponerlo.

⁶ La denominación oficial del gobierno militar birmano fue Concilio del Estado para el Restablecimiento del Orden y la Ley" (SLORC, en inglés State Law and Order Restoration Council). En 1997, le cambiaron el nombre a Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), que subsistió hasta su desintegración en 2011.

⁷ La discriminación hacia la minoría musulmana Rohingya no es nueva. Han padecido una gran variedad de restricciones: requieren permiso especial para viajar dentro de Myanmar; las parejas requieren permiso gubernamental para contraer matrimonio y el control natal ya, en alguna ocasión, había sido impuesto. Con frecuencia se les niega el registro de los nacimientos de hijos y la inscripción a escuelas públicas.

⁸ En la elección extraordinaria de 2012, estuvieron en juego 45 lugares de la Cámara Baja. La Liga Nacional para la Democracia obtuvo 43, con aproximadamente el 85 % de los votos a su favor, un indicador muy palpable de la popularidad de Suu Kyi, quien, por cierto, ganó uno de los espacios en contienda.

⁹ El Foro fue creado en 1993 para "promover la paz y la seguridad a través del diálogo y la cooperación en Asia Pacífico". Actualmente lo integran Australia, Bangladés, Brunei Darussalam, Camboya, Canadá, China, Corea del Norte, la Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Corea del Sur, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Estados Unidos y Vietnam.

¹⁰ El Ejército de Myanmar tiene una cantidad que oscila entre 400 y 420 mil efectivos con una población aproximada de 52 millones de habitantes y 667 mil km². Para tener un margen de comparación, el Ejército mexicano (incluida Fuerza Aérea), en 2011, tenía 206 mil efectivos más aproximadamente unos 60 mil efectivos pertenecientes a la Marina, para un país de 118 millones de habitantes y 1 millón 972 mil 550 km².

 

Información sobre el autor

Carlos Cerda Dueñas. Es abogado por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Profesor visitante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es miembro de la Cátedra de Investigación sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.