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Propensión coalicional en Chile: un análisis de los casos del Frente Popular, la Unidad Popular y la Concertación de partidos por la democracia^*

 

Marcelo Mella Polanco**

 

** Profesor Asociado, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Estudios Americanos, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile; Magíster en Ciencia Política, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile; Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Email: marcelo.mella@usach.cl

 

Fecha de recepción: 20/01/2014
Fecha de aceptación: 19/10/2014

 

Resumen

Este artículo busca analizar, más allá de las restricciones o incentivos institucionales, las condiciones "genéticas" de la propensión coalicional en Chile durante el siglo veinte y la capacidad de mantenimiento de los gobiernos de coalición en este país. Por este motivo, analizaremos comparativamente los casos del Frente Popular (1936-1941), la Unidad Popular (1969-1973) y la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2010), cada una de las cuales constituye una experiencia con características diversas, situadas en coyunturas particulares, pero que, sin embargo, se enlazan entre sí por constituir coaliciones de partidos de izquierda que han evolucionado desde una alianza electoral a una coalición de gobierno. Las dimensiones clave que se abordarán en el análisis se refieren a factores internos o contextuales que explican las relaciones entre oportunidades y procesos coalicionales, así como también, develan los mecanismos que hacen posible el mantenimiento y la capacidad de penetración de las coaliciones en la estructura social.

Palabras clave: Sistema político chileno, procesos coalicionales, desarrollo político, sistema presidencial.

 

Abstract

This article seeks to analyze, beyond the restrictions or institutional incentives, the conditions coalitional "genetic" propensity in Chile during the twentieth century and for their sustainance as coalition governments. For this purpose, we analyze comparatively the cases of the Frente Popular (1936-1941), the Unidad Popular (1969-1973) and the Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2010), each of which constitutes a political experience with different characteristics situated in particular historical contexts, which, yet, can be grouped together as coalitions born out of leftist parties that evolved from an electoral alliance into coalition governments. The key dimensions to be explored in the comparative analysis refer to internal and contextual factors that may both explain the relationship between opportunities and coalitional processes and unveil the mechanisms enabling the birth, maintenance and pervasiveness of coalitions in the socio-political structure.

Key words: Chilean political system, coalitional processes, political development, presidential system.

 

Introducción

El objetivo general de este artículo consiste en analizar las condiciones genéticas de la propensión coalicional en Chile durante el siglo veinte y la contribución de las coaliciones políticas al proceso de democratización del país. Se indagará en la relación entre procesos coalicionales y coyunturas críticas que, usualmente, están asociadas a presidentes con dificultades para configurar un contingente legislativo mínimo y con condiciones de alta conflictividad, manifestadas en aumento de la fragmentación partidaria y surgimiento de actores sociales con capacidad de veto.

Para perseguir este propósito, nos centraremos en tres casos de coaliciones gubernamentales relevantes para el desarrollo político chileno posterior, como son; el Frente Popular (1936-1941), la Unidad Popular (1969-1973) y la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2010). Entre las características comunes más notables de estos casos se cuentan, por una parte, que todos ellos corresponden a alianzas de izquierda o centro izquierda y, desde otra perspectiva, determinan el desarrollo posterior del sistema político, ya sea desde un punto de vista institucional o de políticas públicas. (Boeninger, 1997).

Más específicamente y atendiendo las características de dichas experiencias, nos interesa indagar en las condiciones que favorecen la disposición cooperativa de los partidos, facilitan el paso de una coalición electoral a una coalición de gobierno propiamente tal y hacen posible (o no) la estabilidad o viabilidad de una coalición gubernamental. En este sentido preguntaremos: ¿Qué factores inciden en la formación de estructuras coalicionales en el sistema político chileno durante el período señalado? ¿Qué factores condicionan el paso de una coalición electoral a una coalición gubernamental? y ¿Qué mecanismos favorecen el mantenimiento o declinación de las estructuras coalicionales?

En relación a estas preguntas, se desarrolla un análisis (no exhaustivo) descriptivo e interpretativo, en perspectiva histórica, de los factores institucionales y contextuales que inciden sobre el fenómeno coalicional en Chile; con el propósito de examinar, en su especificidad, el proceso chileno a partir de cada uno de los tres casos seleccionados. Puntualmente, el estudio de las diversas manifestaciones coalicionales se abordará valorando la dimensión institucional como una expresión relevante para el funcionamiento del sistema político y, más en general, del régimen presidencial (Valenzuela, 2003). Además de analizar los incentive packages originados por las reglas del juego institucionales y los modos derivados de interacción de los partidos políticos, la investigación analizará factores "contextuales" que influyen en la racionalidad de los actores, condicionando el anclaje o la articulación de la estructura coalicional con actores sociales.

El artículo analizará dos dimensiones referidas a los efectos a nivel de partidos del diseño institucional y dos dimensiones referidas a la magnitud y carácter del anclaje o articulación de las coaliciones con los actores sociales. Las primeras corresponden al tamaño del contingente parlamentario y la fuerza del partido pivote o conector. Las segundas, por su parte, corresponden a los niveles de movilización electoral o movilización de organizaciones sociales. Se busca, en base a esta perspectiva, superar el sesgo "optimista" o "pesimista" de los abundantes estudios sobre el comportamiento de actores políticos y sociales, en el marco de instituciones presidenciales. (Power, 2010)

 

Enfoques parsimoniosos y perspectivas situadas

Convencionalmente, el estudio de las coaliciones políticas se caracteriza por abordar las oportunidades o limitaciones generadas por el marco institucional, vale decir, las condiciones institucionales que definen la propensión coalicional. En general, la mayor profusión de estos trabajos analiza el funcionamiento de coaliciones en contextos parlamentarios y se concentran en la identificación de incentivos institucionales que favorecen la propensión coalicional, además de evaluar las condiciones de estabilidad o duración de las mismas en base a características organizativas y de sus arquitecturas específicas (Riker, 1962; Axelrod, 1970; Lijhpart, 2000; Strom, 1984; Strom y Nyblade, 2007; Crombez, 1996; Dodd, 1976).

Para el caso de los trabajos que se enfocan en el estudio de las coaliciones en sistemas presidenciales (Amorim Neto, 2002; Pereira, Power y Raile, 2011), autores como Scott Mainwaring (1995 y 1996) y Daniel Chasquetti (2008) analizan la propensión coalicional y la duración de estas estructuras a partir del horizonte de "la difícil combinación" entre presidencialismo y multipartidismo. En la base de estas perspectivas, se encuentra la creencia de que la fragmentación política, medida por el número efectivo de partidos (NEP), la disciplina parlamentaria y restricciones institucionales del tipo: sistema electoral o mecanismos de nombramiento del presidente, definen las posibilidades de formación, mantenimiento y transformación de coaliciones electorales en coaliciones de gobierno. Persiste, en consecuencia, la tendencia a observar los procesos a partir de las condiciones institucionales conforme a las premisas "macro" o "micro" de la agenda Duvergeriana sobre sistema electoral y comportamiento de actores en el sistema de partidos. Además, persiste la creencia, manifestada en el estudio de procesos coalicionales, que sostiene que los sistemas electorales constituyen una especie de Rosetta Stone para el desarrollo disciplinar de la Ciencia Política. (Taagepera, 2007).

Sin embargo, una creciente cantidad de autores han planteado dudas respecto de la determinación en los comportamientos de los actores por el efecto del diseño institucional. Por ejemplo, en un plano general Dieter Nohlen señala: "los efectos de los sistemas electorales no solo dependen en gran medida del contexto, lo que demuestran los numerosos casos de efectos distintos, incluso contrarios, que el mismo tipo de sistema electoral produce en países diferentes, sino que el análisis de la relación entre sistemas electorales y sistema de partidos políticos debe incluir también los factores contextuales". (Nohlen, pp. 119 -120).

Comentando características del sistema electoral chileno, Peter Siavelis (2005) ha sostenido que, si bien durante cierta cantidad de tiempo (desde 1990 en adelante) el sistema mayoritario binominal generó un margen relativamente alto de predictibilidad en el juego político, resulta esperable que al mutar ciertas condiciones históricas y políticas, el comportamiento de los actores escape al patrón de dependencia surgido a partir del modelo instalado por el Régimen Autoritario del General Pinochet (en adelante, R.B.A.).

Rein Taagepera (2007) ha esquematizado los factores que inciden sobre el comportamiento de actores en un sistema electoral, identificando dos tipos extremos, a saber: reglas electorales y tendencias políticas, cultura e historia. Las reglas electorales generarían "efectos mecánicos" sobre la distribución de escaños, pero solo "efectos psicológicos" sobre la distribución de los votos (Ver Cuadro 1). No obstante, parece ser que este modelo debe ser contrastado empíricamente al menos en tres aspectos: i) si acaso los efectos de reglas electorales (y tendencias políticas, etc.) son necesariamente "mecánicos", ii) si acaso la coyuntura histórica incide sobre el "peso" de cada uno de los cuatro factores, y iii) si acaso existe "retroalimentación" entre los cuadros ubicados en los extremos.

Reconociendo los trabajos de Siavelis (2004 y 2005), en cierto sentido pioneros para el caso chileno, en cuanto a apreciar posibles "desarrollos desviados" frente a las restricciones institucionales existentes, otros tantos autores han mostrado perspectivas alternativas a los enfoques "parsimoniosos" propios del institucionalismo y sus derivados. Por ejemplo, Marcelo Mella (2008 y 2011b) y Edgardo Boeninger (1997) han analizado en el contexto de la transición desde el autoritarismo en Chile, la relevancia de las capacidades adaptativas de la Concertación evidenciando el primero la dimensión programático-estratégica y el segundo, el aspecto estratégico-organizativo.

Para el proceso uruguayo, Daniel Buquet (2007) ha desarrollado una interesante exploración sobre las coaliciones ascendentes y declinantes, enfocándose en su capacidad para generar reformas al marco institucional y las reglas del juego electoral. Probablemente, la perspectiva de Buquet se aplica con mejores resultados en el caso de Uruguay y en menor medida en sistemas como el chileno, en el cual, las negociaciones entre actores de la élite política deben ser acompañadas por mecanismos efectivos de anclaje social producto de la tradición de "movilización obrera" (Roberts, 2002). Esta es una de las condiciones que distinguen estos dos casos, ocasionando una mayor proclividad de las élites políticas a las reformas, en el caso de Uruguay, y a la contención o status quo, en el caso de Chile. Estas tendencias contrapuestas se expresan a través del valor diferencial que las élites dan a la estabilidad constitucional y de las reglas del juego en ambos sistemas.

Centrada principalmente en la experiencia argentina, pero con propósito comparativo, María Matilde Ollier (2001) destaca la influencia de los liderazgos en sus diversas variantes en las características organizativas originarias de las coaliciones y en sus desarrollos posteriores. Ollier estudia en particular la relación entre los liderazgos delegativos presidenciales y los problemas de estabilidad en contextos de sistemas con baja institucionalización constatando una paradoja esencial. Si bien es cierto que, en este tipo de sistemas, la estabilidad política depende de los recursos que posea el liderazgo presidencial y del uso que haga de estos en coyunturas críticas, el buen desempeño de un liderazgo delegativo fuerte es factor de un nivel de institucionalización menor, exponiendo al sistema político en su conjunto a un nivel de vulnerabilidad mayor. Esta paradoja explicaría en buena medida, según la autora, la inestabilidad política en Argentina durante parte del siglo veinte, su bajo nivel de institucionalización y su escaza propensión coalicional.

Las últimas posiciones comentadas (Buquet y Ollier) entregan con distinta intensidad argumentos en favor de las "perspectivas situadas" o "contextuales" que aparecen como esfuerzos por incorporar mayor complejidad en el estudio de los procesos coalicionales.

Como resultado de estas aproximaciones amplias, se busca incorporar —sin obliterar los incentivos y restricciones provenientes de los marcos institucionales—, las particularidades históricas, las coyunturas críticas y los procesos en los que se inscriben dichos conglomerados como resultado y factor, su función política (movilizadora/desmovilizadora), así como sus arquitecturas o configuraciones organizacionales originarias (liderazgos, recursos, tamaños, actores conectores y grados de cohesión). Asimismo, se busca revelar las relaciones verticales con actores sociales organizados y politizados (linkage o anclaje), sus mecanismos de inclusión o exclusión, todas dimensiones que permiten comprender mejor aquellos factores que intervienen, más allá de lo estrictamente institucional, posibilitando el mantenimiento de la coalición.

En las antípodas de las visiones centradas en las instituciones y apoyados en la noción de cleavages de Lispet y Rokkan (1967), J. Samuel Valenzuela (1995) ha sostenido que el desarrollo y la evolución del sistema de partidos en Chile responden al efecto de fracturas o polaridades culturales con expresión política. Puntualmente, la propensión coalicional ha dependido históricamente de la fuerza de dichas polaridades, tales como: conflicto clerical/anticlerical, conflicto derecha/izquierda; y, posteriormente, conflicto pinochetismo/antipinochetismo. Además, Valenzuela reafirma la importancia de ciertos liderazgos presidenciales fuertes como gatilladores de fenómenos coalicionales reactivos (p. ej. Carlos Ibáñez).

 

Procesos coalicionales

Frente Popular (1936-1941)

El Frente Popular fue una coalición electoral y de gobierno que existió en Chile desde mayo de 1936 hasta febrero de 1941, replicando la experiencia de la estrategia frentista en Europa que llevó al poder a alianzas amplias de centroizquierda, como fueron los casos de Francia, en el año 1935, y España, en el año 1936. Esta coalición estuvo integrada por los partidos Radical, Radical Socialista, Comunista, Socialista y Democrático, además de otras organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) y el Frente Único Araucano (Urzúa-Valenzuela, 1984, pp. 76 y 77).

Precisamente, el repertorio de integrantes del Frente Popular descubre un rasgo fundamental de su arquitectura orgánica, como es la combinación compleja de mecanismos de integración horizontal (articulación entre partidos) y de integración vertical (articulación entre organizaciones sociales y partidos). Este rasgo quedó reflejado en el acuerdo de fecha 21 de febrero de 1936, mediante el cual la Asamblea Radical de Santiago convoca al Partido Radical, partidos de izquierda y otras organizaciones sociales a crear el Frente Popular de carácter "anti-imperialista" y "anti-reaccionaro" (Milos, 2008, pp. 71 y 72). De este modo, la mencionada Asamblea Radical de Santiago solicitaba:

…que la Junta Central del Partido tome sin pérdida de tiempo la iniciativa de la creación del Frente Popular, invitando a los partidos del Block de Izquierda, al Partido Comunista, a las organizaciones de obreros, empleados, campesinos, artesanos, estudiantes, profesionales, intelectuales, a las asociaciones culturales y deportivas y a todos los hombres y mujeres honestos y leales al país, sin distinción de ideologías ni creencias religiosas, como un vasto movimiento de todo el pueblo en su irrevocable decisión de luchar por la liberación nacional, por las libertades democráticas y por el mejoramiento y dignificación de las masas trabajadoras. (La Opinión, 22 de febrero de 1936, citado en Milos, 2008, p. 71).

Por su parte, la construcción del liderazgo de Pedro Aguirre Cerda, que lo llevará a convertirse en el candidato único del Frente estuvo apoyada en un procedimiento de Convención Presidencial, en abril de 1938, donde los partidos de la coalición llevaban sus candidatos propios. Las cuotas establecidas para cada actor concurrente en la Convención fueron: 400 votos para el Partido Radical (respalda a candidato Pedro Aguirre Cerda), 330 votos para el Partido Socialista (respalda a candidato Marmaduque Grove), 120 votos para el Partido Comunista (respalda a candidato Elías Lafferte), 120 votos para la Democracia Unificada (respalda a candidato Juan Pradenas) y 60 votos para la Central de Trabajadores de Chile (CTCH). Después de la séptima ronda de votaciones, el día 17 de abril de 1938, y quedando en competencia solo los candidatos de los Partido Radical y Socialista, Grove (candidato de este último partido) declinó su postulación, permitiendo el triunfo y la nominación de Pedro Aguirre Cerda como candidato presidencial único del Frente Popular (Milos, 2008, pp. 267-268).

Desde un punto de vista programático, el Frente Popular impulsó una plataforma, orientada a transformaciones profundas, pero al mismo tiempo fue definido como "moderado" por los observadores contemporáneos. En mayo de 1938, la Revista Hoy calificaba el programa de esta coalición como:

…extremadamente moderado y que podría ser contrarrestado por cualquier candidato conservador inteligente Tory. El primer tablón del Programa del Frente Popular es una exigencia en pro de la restitución de los derechos cívicos, amnistía para los prisioneros políticos y la disolución de ejércitos privados. Estas exigencias distan mucho de ser revolucionarias. (Milos, 2008. p. 267).

Concretamente, los tres ejes que ordenaban las prioridades del programa del Frente, eran los siguientes:

• Orden Político: en este punto destacaban la defensa del régimen democrático, respeto al pluralismo y la libertad de expresión y supresión de leyes represivas.

• Orden Económico: en este punto destacaban el impulso a la planificación económica nacional como instrumento para estimular la producción industrial, maximización de la capacidad regulatoria del Estado frente a empresas extranjeras, supresión de monopolios y revisión de estructura tributaria.

• Orden Educacional: en este punto destacaban la reforma educacional en sintonía con la estrategia de desarrollo del país, gratuidad de la enseñanza en todos sus grados, protección del Estado y Municipalidades a escolares indigentes, evitar la persecución de profesores por razones políticas. (Revista Hoy, 5 de mayo, 1938).

Sin duda uno de los mayores logros de esta coalición de gobierno es haber conseguido crear, en 1939, después del terremoto de la ciudad de Chillán, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), institución encargada de impulsar la estrategia de desarrollo industrial de los gobiernos radicales. Cabe mencionar que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda consiguió crear la CORFO con un Congreso en el que no dispuso de mayoría durante sus primeros años, producto de elecciones presidenciales y parlamentarias no simultáneas, tal como se verá más adelante (Gráfico 1).

La declinación del Frente Popular acaeció como resultado de la muerte inesperada del Presidente Aguirre Cerda en 1941, pero también de un conjunto de factores sistémicos: la alta heterogeneidad de la coalición, la tensión y desgaste producida por el conflicto entre Aguirre Cerda y el Partido Radical, por el distanciamiento del Partido Socialista y por la pugna de este Partido con el Partido Comunista por el control del movimiento obrero. Sin embargo, aunque el Frente Popular desapareció en 1941, la propensión coalicional de los partidos de centro y del Partido Radical se mantendrá y proyectará durante gran parte de la década de 1940 (Por ejemplo, en la Alianza Democrática, coalición de gobierno sucesora del Frente Popular que tuvo vigencia desde 1942 a 1946, durante la administración de Juan Antonio Ríos). Al mismo tiempo, las políticas de Industrialización Sustitutiva de Importaciones y el Estado de Compromiso transcenderán y se profundizarán como componentes programáticos basales de los acuerdos entre partidos de izquierda y centro.

 

Unidad Popular (1969-1973)

La Unidad Popular fue una coalición electoral y de gobierno, formada en octubre de 1969 mediante la convocatoria del Partido Socialista y del Partido Comunista a diversos actores políticos y sociales para constituir una alianza política de izquierda destinada a generar condiciones políticas para la construcción del socialismo por vía democrática. En el mes de diciembre del mismo año, y con ocasión de las elecciones presidenciales de 1970, se formalizó esta coalición político-electoral, reemplazando al Frente de Acción Popular (FRAP), coalición de partidos de izquierda que existió en Chile durante el período 1956 a 1969.

Los integrantes de la Unidad Popular desde diciembre de 1969 fueron, además del Partido Socialista y del Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), Acción Popular Independiente (API), el Partido Socialdemócrata y, desde 1971, el Partido Izquierda Radical y la Izquierda Cristiana. Todos estos actores se cohesionaban a partir de una profunda crítica al gobierno Demócrata Cristiano de Eduardo Frei Montalva y en un plano más general, por un cuestionamiento severo a las estrategias desarrollista y de industrialización sustitutiva de importaciones aplicadas por gobiernos anteriores, desde finales de los años 30.

Por esta misma razón, los integrantes de la Unidad Popular entendían que un futuro gobierno de la coalición izquierdista debía significar una clara ruptura con el proceso político precedente, incluidos los gobiernos radicales y del propio Frente Popular. Concretamente, los cambios en el sistema internacional, que incluían nuevas experiencias revolucionarias, como el proceso cubano; las transformaciones en el sistema de partidos chileno —con el reemplazo de un partido de centro articulador y cooperativo (PR), por uno excluyente, no cooperativo y fuertemente ideologizado (PDC)—; y la configuración ideológica de la Unidad Popular que demandaba, no obstante cierta ambivalencia (el dilema del "voto o el fusil"), la superación de la "democracia burguesa", fueron todas características que derivaron en cierta dialéctica entre la experiencia de 1938 y la de 1969.

En relación a este último punto, Joan Garcés citaba a Allende para reafirmar la distancia programática y estratégica que separaba la experiencia del Frente Popular de la Unidad Popular: "Nosotros (decía Allende) no queremos una repetición del Frente Popular. Este buscó mejorar el régimen y mantener el sistema. Nosotros (la UP) queremos cambiar el régimen y el sistema, para constituir una nueva sociedad sobre bases sociales y económicas totalmente distintas" (Urzúa-Valenzuela, 1992, p. 644).

Buena parte de esta radicalización y polarización ideológica de la izquierda se desarrolló durante la década de 1960, en paralelo a la retracción de la propensión coalicional en este sector. La influencia de la revolución cubana y la interpretación de la experiencia de colaboración con el centro político en décadas pasadas, resignificada como fracasos en democratización, modernización y construcción del socialismo, explican en buena medida la tendencia a la "leninización" de la izquierda y a la configuración de un proyecto "exclusivo" (Moulian, 2009, pp. 54-56).

Rolando Álvarez sostiene que esta aspiración fundacional y de ruptura a nivel de régimen político, se combinaba con definiciones de cierta ambigüedad estratégica, como ocurrió en el caso de los Comités de la Unidad Popular (CUP). Estos espacios constituyeron, por una parte, el instrumento territorial de movilización electoral para la campaña de 1970, y en otro sentido, constituían aparatos "rupturistas" y "revolucionarios" orientados a la construcción de "poder popular" (Álvarez, 2010, pp. 222 a 230). Esta ambigüedad no resuelta en la coalición electoral se tradujo, finalmente, en una estrategia disfuncional aplicada al modus operandi de la coalición de gobierno.

El candidato de la coalición, Salvador Allende Gossens (inicialmente patrocinado por el Partido Socialista), poseía, a la sazón, tres derrotas en elecciones presidenciales anteriores, en los años 1952, 1958 y 1964, frente a Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Frei, respectivamente. Para las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, Salvador Allende obtuvo 36.5% de los votos, siendo el cuarto presidente elegido por el Congreso Pleno, contemplando el mecanismo establecido por la Constitución de 1925 para aquellos casos en los que el apoyo electoral del candidato que obtenía la primera mayoría resultaba inferior a la mayoría absoluta.

Desde el punto de vista de las definiciones programáticas, la plataforma de la UP, a diferencia del programa del Frente Popular, estableció un cuestionamiento profundo a los fundamentos de la institucionalidad política y económica desarrollada durante el siglo veinte. Por una parte, el programa de la coalición de izquierda buscaba el diseño e implementación de una nueva constitución política cuyo fundamento principal fuera la restitución de la soberanía popular para los trabajadores y sectores medios progresistas. Por otra parte, el gobierno de la UP debería buscar la socialización de las bases del poder económico de la clase dominante (Urzúa-Valenzuela, 1992, pp. 644-645).

Estas dos dimensiones antes comentadas, respaldo electoral del gobierno (presidente con apoyo electoral minoritario) y definiciones programáticas (rupturistas frente al régimen político pre-existente), determinaron buena parte de los obstáculos de la UP como coalición electoral para transformarse en una coalición de gobierno viable. Más allá del apoyo electoral, el presidente Allende dispuso de un contingente parlamentario precario que no hacía posible garantizar las reformas comprometidas en el programa por vía parlamentaria (contingente parlamentario de Allende no supera en ningún momento el 42 %), situación que profundizaba la ambigüedad de la coalición entre la estrategia electoral y la estrategia de movilización social popular.

El conflicto estratégico interno de la UP entre partidarios de la "vía institucional" y partidarios de la "vía insurreccional" contribuyó a rigidizar las posiciones dentro de la Coalición: la posición oficial representada por Allende y el Partido Comunista y la posición disidente del MIR, el MAPU y, desde 1972, del PS. Durante todo el período en el que la UP fue gobierno es posible sostener que la "vía institucional" no fue dominante, lo que aumentó las dificultades para el funcionamiento de la Coalición y limitó la efectividad del liderazgo presidencial. Por otra parte, la persistencia de la estrategia insurreccional, sumada a la constelación de factores descritos, contribuyó a multiplicar los actores con capacidad de veto frente al gobierno de la UP. En este plano se puede citar: i) vetos institucionales representados por la "politización de la legalidad" y los enfrentamientos simultáneos con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República; ii) vetos políticos representados por la ruptura de vínculos efectivos con la DC y el centro político; iii) vetos sociales representados por el aumento de la movilización social de sectores opositores a la UP y la dificultad del gobierno para mantener el orden social y el respeto a las reglas del juego.

 

Concertación de Partidos por la Democracia (1989-2010)

La Concertación es una coalición de gobierno que mantuvo el poder en Chile, a través de cuatro gobiernos consecutivos, entre 1990 a 2010. Sus orígenes se conectan con las transformaciones orgánicas de la oposición reformista al Régimen Autoritario del general Pinochet durante la década de 1980. La división estratégica genérica entre una oposición revolucionaria (representada por el Movimiento Democrático Popular, MDP), promotora de una salida política viabilizada mediante insurgencia y otra oposición de tipo reformista (representada por la Alianza Democrática, AD y luego por la Concertación), que impulsa la superación del autoritarismo mediante negociaciones y transacciones, define en cierto modo, el modelo originario de la Concertación como coalición inclinada a generar procesos adaptativos (Mella, 2008).

Esta coalición política se desarrolló en dos momentos, a saber: la etapa de la coalición electoral y la fase de coalición de gobierno. El primer momento se inició con la alianza creada en enero de 1988 para enfrentar el plebiscito nacional organizado para decidir si Pinochet continuaba en el poder hasta 1997 o se convocaba a elecciones democráticas el año siguiente. Dicha alianza recibió el nombre de Concertación de Partidos por el NO y reunía a un amplio abanico de diecisiete partidos de centro izquierda y organizaciones sociales opositoras a Pinochet. Luego del triunfo del NO en el Plebiscito del día 5 de octubre por un 54.71 %, dicha coalición, desde ese momento llamada Concertación de Partidos por la Democracia, se transformó en una alianza electoral de partidos destinada a ganar las elecciones de diciembre de 1989 con un candidato único. La segunda etapa de la Concertación, corresponde al período marzo de 1990 a marzo de 2010, fase en la que este conglomerado constituyó, consecutivamente, cuatro gobiernos de coalición bajo los liderazgos de los presidentes Patricio Aylwin (1990-1993), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1999), Ricardo Lagos (2000-2005) y Michelle Bachelet (2006-2010).

A pesar de que en este último caso se trata de analizar una experiencia bastante inédita en la historia política chilena, en términos del mantenimiento y duración de la alianza (20 años y cuatro gobiernos), existen algunos caracteres que permiten la comparación con conglomerados precedentes. Entre estos rasgos destacan: a) La condición de insider o de "reproductor endogámico" de los liderazgos presidenciales, b) la mezcla de continuidad programática y ruptura estratégica, y c) la inclinación al inmovilismo institucional y la desmovilización social.

En relación al carácter de los cuatro liderazgos presidenciales concertacionistas se observa que, no obstante haber organizado primarias convencionales para todas las elecciones presidenciales posteriores al gobierno de Aylwin, la coalición posicionó como sus candidatos únicos a sujetos con trayectorias fuertemente identificadas con las subculturas de la coalición y sus partidos. Probablemente, la excepción relativa la constituyó Michelle Bachelet, liderazgo apoyado por su imagen mediática y potencia simbólica. Por otra parte se puede sostener, con fuerte evidencia empírica, que, más allá de la dimensión discursiva de cada liderazgo presidencial que demuestra giros o matices evidentes, los cuatro gobiernos operan como factor de continuidad en la configuración de la élite política y reproductor endogámico de la coalición.

Respecto a su funcionamiento programático estratégico, se constata que, en su calidad de coalición gubernamental, reprodujo en el tiempo el modelo originario establecido por la coalición electoral en la coyuntura fundacional de 1988-1989. Este modelo originario se caracterizó por el abandono de los proyectos históricos de los partidos de centro izquierda que integraron el conglomerado, el predominio del posibilismo y la racionalidad adaptativa. Desde una perspectiva estratégica, sin embargo, existió desde el momento fundacional, una ruptura profunda en el modus operandi de los partidos que han integrado la Concertación, notoria en su disposición cooperativa y propensión coalicional que rompe con las estrategias exclusivistas y de camino propio, propias del período anterior a 1973 (Mella, 2011b).

Finalmente, en materia de movilización social, el país que recibe la Concertación en el año de 1990 refleja los efectos de las prácticas de represión y persecución del autoritarismo de los años 70 y 80 en Chile, a saber: una sociedad con alto grado de desarticulación de las organizaciones políticas y de clase. Aunque recientemente Manuel Antonio Garretón (2012) ha reivindicado la idea de que los gobiernos de la Concertación no correspondieron a un período de inmovilismo institucional y de mantenimiento del status quo en políticas, sino más bien una fase de "neoliberalismo corregido", los hechos muestran un progresivo dogmatismo en la forma de entender la democratización y el modelo de desarrollo. Más en concreto todavía, estudios de producción legislativa en Chile para el período 1990 a 2010, indican niveles relativamente bajos de aprobación de reformas sectoriales o modificaciones constitucionales sustantivas. Lo más grave, sin embargo, es que si se pone frente a frente los niveles de apoyo electoral de la Concertación con su capacidad para generar reformas en sus veinte años de gobierno, aparece la imagen de una coalición declinante sin capacidad para promover reformas estructurales, vale decir, sin capacidad de reacción para detener su propio proceso de caída.

 

Factores de propensión y mantenimiento

Búsqueda de la mayoría y articulación horizontal

El análisis de los casos seleccionados muestra que existen tres presidentes con apoyo electoral mayoritario (Pedro Aguirre, 50.1 % en 1938; Patricio Aylwin, 55.2 % en 1989; y Eduardo Frei Ruiz Tagle, 57.9 % en 1993), por tanto, provistos, en el origen del mandato, de mayor legitimidad procedimiental, y tres presidentes con respaldo electoral minoritario (Salvador Allende, 36.5 % en 1970; Ricardo Lagos, 47.9 % en 1999; y Michelle Bachelet, 45.9 % en 2005), lo que incluyó una elección a través del mecanismo supletorio dispuesto por la Constitución para construir respaldo de mayoría. En el caso de Allende, se trató de la elección por el Congreso Pleno entre las dos candidaturas con mayor votación, en concordancia con lo prescrito por la Constitución de 1925, y en el caso de Lagos y Bachelet, el mecanismo supletorio consistió en segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas con mayor votación, en concordancia con la Constitución de 1980. Un aspecto importante en este plano es que, para el caso de la elección de 1970, el apoyo de la Democracia Cristiana (DC) al candidato de la Unidad Popular (UP), se formalizó por un "Estatuto de Garantías" que establecían resguardos y protecciones para la continuidad del régimen político y no mediante la incorporación del partido socialcristiano a la coalición de gobierno. Esto significó que la obtención del apoyo de la DC para respetar la prelación establecida por voluntad popular no significó ni ampliar el tamaño de la coalición de gobierno, ni tampoco modificar su contingente parlamentario. (Cuadro 2)

Una mirada longitudinal a la votación obtenida por los presidentes electos y la votación a nivel de diputados en el período 1938 a 2005, descubre ciertos patrones que permiten analizar las tres experiencias coalicionales en estudio. Se observa en el Gráfico 1 que, para el caso del Frente Popular, el presidente Aguirre Cerda inició su período con un contingente parlamentario de minoría, situación recurrente antes de 1973 por la desincronía entre las elecciones parlamentarias y presidenciales. Aunque el contingente para el gobierno de Aguirre Cerda aumentó desde 39 % en 1938, a un 47.6 % en la siguiente parlamentaria (1941), solo bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos (cuando el Frente Popular había dejado de existir), el apoyo parlamentario llegó a superar el 50 %.

Para el caso de la Unidad Popular, se observa un apoyo electoral minoritario para el presidente Allende (36.5 %) y también un contingente parlamentario inicial de tipo minoritario (40 %), situación extremadamente compleja en términos de gobernabilidad, reconociendo la profundidad de las reformas planteadas en el programa de la UP. Estas condiciones electorales en las que se sustentaba la coalición de gobierno de Allende, permiten entender, por una parte, la ambigüedad de las definiciones estratégicas de la UP ya comentadas anteriormente, el intenso conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y la capacidad de veto de la oposición político-social al gobierno.

Durante los cuatro gobiernos de la Concertación, se aprecian dos momentos diferentes en relación a apoyos electorales. En el primero de estos, correspondiente al período 1990 a 1999, los presidentes fueron elegidos con respaldo electoral mayoritario (Aylwin 55.2 % y Frei 57.9 %) y con contingente parlamentario mayoritario (57.5 % y 58.3 %, respectivamente). Durante el segundo momento, correspondiente al período 2000 a 2010, los presidentes contaron con respaldo electoral minoritario (Lagos 47.9 % y Bachelet 45.9 %) y contingente parlamentario mayoritario (51.7 % y 54.2 %, respectivamente). Estas diferencias ilustran algunos de los factores que inciden en el mantenimiento de la Concertación y al mismo tiempo, la creciente dificultad después de la coyuntura 1997-2001 para generar una reorientación programática o procesos de reforma estructural al régimen político y modelo de desarrollo.

En un plano más general, si se aprecia la totalidad del período 1938 a 2005, es posible estimar que, con cierta autonomía del nivel de respaldo electoral inicial de un presidente, la existencia de una coalición de gobierno se traduce en mayor estabilidad en el contingente electoral, considerando dos o más elecciones. Por el contrario, en aquellos momentos donde la coalición electoral que acompaña a un presidente electo, no logró proyectarse en coalición de gobierno con cierto grado de continuidad, la oscilación fue mucho mayor en el contingente parlamentario. Esto es lo que ocurrió en Chile durante el período 1952 a 1969 (Ver Cuadro 3).

Con todo, observando las tres experiencias coalicionales en estudio, se puede argumentar que los niveles iniciales de respaldo electoral y parlamentario del presidente, inciden en las posibilidades de mantenimiento de la coalición de gobierno. En una escala decreciente, identificamos cuatro escenarios que influyen sobre el mantenimiento, a saber: i) mayoría en apoyo al presidente (MaP) y mayoría en apoyo diputados (MaD); ii) minoría en apoyo al presidente (MiP) y mayoría en apoyo diputados (MaD); iii) mayoría en apoyo al presidente (MaP) y minoría en apoyo diputados (MiD); iv) minoría en apoyo al presidente (MiP) y minoría en apoyo diputados (MiD). Ordenando estos cuatro escenarios desde aquellos que tienden a facilitar el mantenimiento de la coalición a aquellos que tienden a precipitar su declinación o caída, resulta la siguiente secuencia: MaP-MaD> MiP-MaD> MaP-MiD> MiP-MiD.

Si se observa el número de partidos (NEP)¹ en perspectiva histórica, esto es, el NEP por votos (NEPv) o por escaños (NEPs), se aprecia que este indicador permanece relativamente bajo y estable, aproximadamente 5 o 6.9 partidos, durante los períodos del FP, la UP (Umbral de multipartidismo moderado-multipartidismo extremo) y 6.5 a 7.8 partidos durante los veinte años en que la Concertación fue gobierno (multipartidismo extremo en todo el período).

Asimismo, los datos muestran que las tres coaliciones se constituyen posteriores a coyunturas de crisis política y debilitamiento del sistema de partidos. El Frente Popular se constituye luego de una etapa de alta inestabilidad política posterior a la aprobación de la Constitución de 1925, fase caracterizada por la irrupción de liderazgos personalistas y populistas que fragmentan el sistema de partidos, elevando a 9.31 el NEPv en 1932. En cuanto a la Unidad Popular, esta se organizó posterior a una fase de máxima fragmentación en el sistema de partidos en el año 1953, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo con un NEPv de 11.89. Desde ese momento, el grado de fragmentación del sistema desciende, influido por la recuperación de la propensión coalicional luego de la fundación del FRAP, en 1956 (bloque antecesor de la UP, que no llegó a convertirse en coalición gubernamental en las elecciones de 1958 y 1964). Por su parte, la formación de la Concertación ocurre posterior a los diecisiete años del Régimen Autoritario de Pinochet (R.B.A) y de la supresión de los partidos políticos durante ese lapso. (Gráfico 2)

Vale decir, examinando las transformaciones en la fragmentación del sistema de partidos, que la propensión coalicional en Chile durante el período de tiempo estudiado es una manifestación reactiva de los partidos y la clase política frente a coyunturas de crisis graves. Estas crisis pueden consistir en debilitamiento y fragmentación del sistema de partidos, interrupción o regresión de los procesos de institucionalización o episodios de alta personalización de la política (que incluye casos de autoritarismo e interrupción en el funcionamiento del sistema democrático). Con todo, los períodos de alta personalización correspondientes a Frei Montalva (1964-1969) y el Régimen Autoritario de Pinochet (1973-1989) no aparecen reflejados apropiadamente en el índice de fragmentación utilizado, sino que requiere una interpretación complementaria a partir de coyunturas políticas concretas y, en especial, a partir de las relaciones Ejecutivo/Legislativo.

El Índice de Necesidad Coalicional (INC) elaborado por Paul Chaisty, Nic Cheeseman y Timothy Power (2012) permite calcular la exigencia o demanda de formación de coalición parlamentaria para el poder ejecutivo en un momento determinado, observando el porcentaje de apoyo del partido del presidente y el NEPs. Este índice se obtiene multiplicando el NEPs por el inverso del porcentaje de escaños ocupados por el partido del presidente y, posteriormente, el resultado se divide por 10 (Chaisty, et. al. 2012, p. 7).

Se desprende del conjunto de observaciones contenidas en el Gráfico 3, que existe una correlación negativa entre porcentaje de apoyo del partido del presidente y los valores del INC. Como se podrá ver, existen cuatro momentos en la evolución del INC examinando las coaliciones en estudio, de menor a mayor necesidad de coalición: primera fase de la Concertación 35.86 (1989 a 1997); Unidad Popular 36.6 (1969 a 1973); Frente Popular 45.05 (1937 a 1941); y segunda fase de la Concertación 48.26 (2001 a 2009). En paralelo, se observa que el porcentaje de escaños controlado por el partido del presidente manifiesta la siguiente evolución, de mayor a menor porcentaje de escaños: primera fase de la Concertación 31.4 % (1989 a 1997); Frente Popular 20.25 % (1937 a 1941), segunda fase de la Concertación 15.66 (2001 a 2009); y Unidad Popular 14 (1969 a 1973). El INC se comporta como una variable reactiva (al alza o a la baja) frente a los fenómenos de personalización, como se observa para el segundo gobierno de Ibáñez (alza) y para la administración de Frei Montalva (baja), siendo el factor diferenciador entre ambos el porcentaje de escaños controlado por el partido del presidente (en el caso de Ibáñez 17.7 % y en el caso de Frei Montalva 55.8 %). La alta votación obtenida por Frei Montalva en 1964, hace posible para la DC constituir gobierno monocolor y sostener la tesis del "camino propio" (Fleet, 1985), bajando a niveles históricos la dependencia de una estructura de respaldo suprapartidaria. Sin embargo, este índice no busca determinar el éxito o fracaso de un gobierno en contexto multipartidista, sino más bien, las condiciones y obstáculos para la gestión política de un gobierno, así como la importancia del partido del presidente como partido pivote o conector de la coalición.

 

Articulaciones verticales

Por otra parte, entendemos que la trayectoria de un proceso coalicional se encuentra encadenada con las dinámicas de integración vertical del conglomerado. En este punto, resultan igualmente relevantes la disciplina de una coalición gubernamental, su coherencia y cohesión programática, sus apoyos en el Poder Legislativo, como también sus articulaciones (linkages) con la sociedad civil y sus organizaciones. Herbert Kitschelt (2007), por ejemplo, sostiene que los modos generales de articulación política en democracia son dos: racional (deliberado y de cálculo) y no racional (de adhesión psicológica). En el primer caso, se trata de mecanismos de intercambio instrumental entre principales y agentes; mientras que en el segundo, se trata de vínculos afectivos de los principales hacia los agentes. (Kitschelt, 2007, p. 529). Tal como se podrá ver en el cuadro siguiente, el modo racional da lugar a la articulación clientelar y a la articulación programática. Por su parte, el modo no racional da lugar a la identificación partidaria, la identificación de rasgos (por ejemplo, representación descriptiva, entendida como semejanza en el origen social, véase H. F. Pitkin, 1985), y liderazgo carismático.

Para entender mejor estos mecanismos, se describirán algunas tendencias de largo plazo en materia de participación electoral y articulación entre coaliciones, partidos y organizaciones sociales de trabajadores.

La información disponible demuestra que, en cuanto a participación electoral, existen dos etapas en el período analizado (1924-2009): el primero, abarcador del FP y la UP, en el que tendencialmente la participación aumenta; y, el segundo, correspondiente a la Concertación, donde la participación electoral aparece estancada o en remisión (dependiendo del indicador escogido). Si se considera, por ejemplo, la población en edad de votar que efectivamente vota (VAP, Voting Age Population), el año 1989 constituye un peak histórico de participación para luego descender sistemáticamente hasta el 2010, con el agravante de que uno de los factores principales de esta caída es la no participación de los jóvenes. Atendiendo estas tendencias, se puede conjeturar, sin desconocer el peso de los factores y tendencias internacionales, sobre el carácter movilizador o desmovilizador de cada una de las coaliciones y en especial de la Concertación desde 1989. (Gráfico 4)

Al incorporar una línea de tendencia potencial para este período, se observan cuatro situaciones vinculadas a participación electoral: i) bajo la tendencia, en aumento (FP, 1937 a 1941); ii) sobre la tendencia, en aumento (UP, 1969 a 1973); iii) sobre la tendencia, en descenso (Concertación, 1989 a 2005); iv) bajo la tendencia, en descenso (Concertación, 2005 a 2009). Por cierto, el nivel de participación en cada período (y la variación inter-período) no descansa totalmente en la capacidad movilizadora de las coaliciones ganadoras que alcanzan el gobierno. En este sentido, se puede sostener que los niveles iniciales de participación en cada fase coalicional no responden tan solo a la gestión de los actores, sino también, a la potencia del cleavage ideológico y la polarización de la contienda electoral. Se puede entender, en consecuencia, que el peak histórico de 1989 responde a la fuerza ideológica y movilizadora del cleavage autoritarismo/anti-autoritarismo.

Otra manera de presentar la cuestión de las vinculaciones o anclajes de los actores políticos en la sociedad civil corresponde a las articulaciones (verticales) entre partidos y organizaciones sociales. Autores como Alan Angell (1974) destacan la importancia de estas relaciones entre actores situados en distintos niveles, para comprender la actividad del sistema político chileno en clave histórica. Este autor sostiene que, aunque uno de los rasgos fundamentales del sistema chileno consiste en la relativa dependencia y alta fragmentación del movimiento social, la expansión intersectorial de la acción colectiva ha contribuido a redefinir el sistema político. Si bien es cierto que los marcos jurídicos para la organización de los trabajadores en 1924, 1967 y 1979 resultan decisivos para entender la evolución histórica del movimiento sindical chileno, ha existido desde comienzos de siglo XX una cultura sindical persistente que puede ser analizada como variable independiente (Angell, 1974; Álvarez, 2010).

Del mismo modo, Kenneth Roberts (2002) ha analizado profusamente la articulación Estado y Sociedad a nivel latinoamericano, destacando el conjunto de restricciones y oportunidades para los procesos de continuidad y cambio institucional, derivadas de las características matriciales del sistema de partidos. Dentro de la distinción tipológica más general utilizada por el autor —sistemas de partido elitista y sistemas de partido de movilización obrera—, el caso de Chile en el siglo veinte corresponde claramente al segundo conjunto. Según Roberts:

En sistemas de base clasista como Chile (…), la movilización de los trabajadores fue guiada por los partidos marxistas o movimientos revolucionarios que eclipsaron a los partidos tradicionales de la oligarquía, polarizando severamente el espectro político a lo largo de líneas de clase. En estos sistemas, los partidos políticos desarrollaron posiciones ideológicas y programáticas distintivas y enfocaron su prédica en forma predominante —aunque no exclusiva— a estratos sociales o de clase específicos. Por ende, la competencia electoral fue en su naturaleza estratificada; en Chile, la clase trabajadora tendió a votar por los socialistas o comunistas, la clase media se inclinó más hacia los partidos de centro y los sectores de la élite (y, con anterioridad a los años 60, los pobres rurales) optaron marcadamente por los partidos conservadores pro-financieros. (Roberts, 2002, p. 62).

El esfuerzo de periodización de Ian Roxborough (1997), al identificar cinco fases en la evolución del movimiento sindical latinoamericano, reconoce ciertos patrones generales que también enmarcan el proceso chileno. Las etapas señaladas por Roxborough son: i) de agitación y movilización en el contexto de la crisis de 1930, ii) de "frentepopulismo" desde finales de la década de 1930 a mediados de la década de 1940, iii) de posguerra, de victoria conservadora y ataque a la izquierda, iv) la emergencia de un "nuevo sindicalismo" con aumento de conflictividad social y laboral, y v) la expansión neoliberal, crisis de la deuda, descenso del sector formal y crecientes niveles de conflicto laboral. Cada uno de estos momentos modificó los patrones organizativos del movimiento sindical y sus modos de vinculación con el Estado y partidos políticos.

Desde un punto de vista organizativo, las principales multisindicales ligadas a los tres procesos coalicionales en estudio han sido: la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) para el FP, la Central Única de Trabajadores (CUT1) para la UP y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT2) para la Concertación. La CTCH fue formada en diciembre de 1936 y disuelta en enero de 1946, producto de las divisiones internas, principalmente entre sectores socialistas y comunistas (Garcés, 1988). En general, durante esta fase, la CTCH apoyó de manera orgánica al FP y su opción presidencial con Aguirre Cerda, participando de su elección como candidato de la coalición; resultado de lo cual formó parte del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y asumió una función clave de intermediación en los conflictos laborales, tarea que terminó siendo disfuncional para la cohesión interna de la multisindical.

La CUT1 fue creada en 1953 por Clotario Blest y bajo influencia comunista y socialista se desarrolla en un contexto de expansión del "nuevo sindicalismo latinoamericano", con el desbordamiento de acción colectiva movimentista del período (Álvarez, 2010) y con una creciente participación de la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica en las organizaciones de trabajadores. Gran parte del período en que existió la CUT1, se caracterizó por su existencia extralegal, apreciando que su reconocimiento institucional ocurrió solo el 4 de enero de 1972 (Ley Nº. 17 594), momento en el que se autorizó formalmente su personalidad jurídica y mecanismos de financiamiento (Garcés, 1988). Durante el gobierno de la UP, la CUT1 participó de funciones relevantes en el Ejecutivo con los nombramientos de Luis Figueroa (Militante PC y Presidente de la CUT1) como Ministro del Trabajo y Rolando Calderón (Militante PS y Secretario General de la CUT1), como Ministro de Agricultura (Walker, 1989, p. 157). Luego del Golpe de Estado y la caída de la UP, su disolución ocurrió el 24 de septiembre de 1974 (Decreto de Ley Nº. 12) a pocos días de instalado el Régimen Autoritario de Pinochet.

A partir de 1988 y hasta el presente, la CUT2 ha sido la principal multisindical chilena, continuadora de su homónima creada en 1953. Participó en la movilización social y política para el plebiscito de 1988 y la campaña presidencial de 1989, apoyando al candidato de la Concertación. Sin embargo, su desenvolvimiento se ha visto marcado por macrotendencias internacionales y regionales como: la expansión neoliberal, transformaciones del mercado del trabajo, debilitamiento de la función reguladora del Estado y declive del sector formal (Roxborough, 1997). En Chile, la represión autoritaria desde 1973, la privatización y promulgación del Plan Laboral en 1979, sentaron las bases del declive de la sindicalización y desestructuraron el patrón de dependencia de las organizaciones chilenas de trabajadores durante el siglo XX. (Gráfico 5)

En este contexto, se observa que la evolución de las tasas de sindicalización muestra una tendencia al crecimiento para el período 1932 a 1973, con una caída entre los últimos años de la década de 1950 y los primeros años de la década siguiente (Gobierno de Jorge Alessandri). Desagregando las tasas de sindicalización anuales por sindicalización industrial, sindicalización profesional y sindicalización rural, se puede trazar los diferentes impulsos de articulación, movilización y anclaje de cada una de las coaliciones. Para el período 1932 a 1966, los datos muestran una ventaja en el número de sindicalizados industriales frente a la sindicalización profesional, consistente con el impulso movilizador de los gobiernos del FP y Radicales. La sindicalización profesional supera a la sindicalización obrera solo a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, fenómeno congruente con el propósito de movilización de sectores de la clase media impulsado por el gobierno DC. También durante el gobierno DC se constata un aumento significativo de la sindicalización rural como resultado de una de las políticas claves para la administración de Frei como fue la sindicalización campesina impulsada por la Ley 16 625 de 1967. De tal suerte, si los gobiernos del FP y Radicales contaron con un movimiento sindical compuesto preferentemente por trabajadores industriales, la UP tuvo que apoyarse en una estructura sindical más compleja, donde existían niveles de competencia (y presión) mayor por el control partidario sobre las organizaciones de trabajadores. Esto ocurría notoriamente en aquellos sectores del movimiento sindical donde en los años 60 la Derecha y la DC habían demostrado capacidad de penetración.

El Gráfico 6 presenta las tendencias generales en la evolución de la sindicalización para el período 1932-2006, permitiendo comparar tendencias pre y post Pinochet. En esta perspectiva, el rasgo más destacado ha sido el descenso de la sindicalización después de 1990, situación que se puede entender por el impacto de la represión durante el período autoritario, los cambios en la estructura del mercado laboral, transformaciones relevantes en la cultura política y cambios en los marcos legales que regulan la actividad sindical. Por tanto, a partir de estas tendencias, queda de manifiesto el propósito movilizador para las coaliciones gubernamentales del FP (FP-CTCH: énfasis en articulación programática y partidaria) y la UP (UP-CUT1: énfasis en articulación partidaria, programática), lo que implicaba una arquitectura que integraba vertical y horizontalmente a actores políticos y sociales (principalmente para el FP que daba participación efectiva en la coalición a la CTCH con implicancia en definiciones de políticas) y capacidad orgánica para agregar demandas y ejercer veto por parte de los actores sociales que formaban parte del conglomerado. En cambio, para la Concertación (C-CUT2: énfasis en articulación partidaria, clientelar), la caída drástica de la sindicalización entre 1990 y 2006 (Gráfico 6), no solo retrajo los niveles de participación de los trabajadores a tasas cercanas a la década de 1930, sino que volatilizó el anclaje social de esta coalición gubernamental. En tal sentido, resultan nuevamente (como en relación a la participación electoral) sugestivas las hipótesis alternativas sobre el carácter desmovilizador o la erosión del anclaje social de la Concertación.

 

Conclusión

Este artículo busca analizar, más allá de las restricciones o incentivos institucionales, las condiciones genéticas de la propensión coalicional en Chile durante el siglo veinte y la contribución de las coaliciones políticas al proceso de democratización del país. Por este motivo, analizamos comparativamente aspectos relevantes de las experiencias coalicionales del FP, la UP y la Concertación que resultan, a nuestro entender, factores principales para el entendimiento de la estructura de oportunidades en cada coyuntura, inclinación de los partidos a desarrollar propensión coalicional, sus mecanismos de mantenimiento y la capacidad de penetración de las Coaliciones en la estructura social.

De acuerdo a la evidencia disponible, se puede reafirmar la creencia inicial en lo relativo a que los incentivos institucionales no constituyen una explicación suficiente para los procesos de coaliciones en regímenes presidenciales. Para el estudio de lo que diversos autores han llamado la difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo y sus efectos sobre la formación y mantenimiento de coaliciones de gobierno, parece ser adecuado no perder de vista aspectos vinculados a las coyunturas específicas y los contextos políticos.

En este camino, hemos constatado que un factor relevante para la evolución de la estructura coalicional es el desempeño de los partidos pivotes o partidos conectores (partidos que lideran y ejercen funciones de intermediación en la estructura coalicional). En aquellos procesos (FP y Concertación) en los que el partido conector posee una elevada capacidad de movilización electoral, se orienta hacia el centro político y desiste de un posicionamiento exclusivista (camino propio), el desempeño de la coalición tiende a ser más eficiente y se generan mejores condiciones para su mantenimiento. Por el contrario, la experiencia de la UP muestra que la ausencia de un partido dominante en la coalición que se encuentre alineado con el gobierno y logre articular o dar coherencia al conglomerado pudiera resultar decisivo en términos de la (in) gobernabilidad.

Respecto de los apoyos electorales y el contingente legislativo presidencial, se ha mostrado que en los tres casos analizados, se configuran cuatro escenarios, cada uno de los cuales condiciona una trayectoria y desenlace diferente. En este sentido, el caso de la Concertación entre 1990 y 1999 reúne las dos condiciones más favorables para el mantenimiento de la alianza de gobierno (MaP-MaD) y, en el caso de la UP, se identifican simultáneamente las dos condiciones que más favorecen la caída del conglomerado de gobierno (MiP-MiD). La secuencia completa, en orden decreciente, de factores que favorecen el mantenimiento de las coaliciones de gobierno en el período analizado es la siguiente: MaP-MaD> MiP-MaD> MaP-MiD> MiP-MiD.

Del mismo modo, tras el análisis de la evolución histórica de la fragmentación partidaria, se puede concluir que, independiente de las plataformas programáticas o de las narrativas de los partidos integrantes, la propensión coalicional posee un importante componente reactivo frente a coyunturas críticas, que debilitan a los partidos, erosionan los procesos de institucionalización y potencian el surgimiento de liderazgos personalistas de corte autocrático. Para este estudio, las coyunturas críticas que figuran como antecedentes de las etapas con mayor propensión coalicional son: la década de 1930 con los episodios de inestabilidad institucional y la irrupción del liderazgo de Carlos Ibáñez; la década de 1950, con la extrema fragmentación del sistema de partidos y la segunda presidencia de Ibáñez y los diecisiete años de autoritarismo con el gobierno del general Pinochet (1973 a 1989).

Finalmente, respecto al problema del anclaje social de las coaliciones, se ha revisado todavía de manera muy general y provisoria, las tendencias históricas de movilización electoral y de organizaciones sociales. Para reconstruir la primera tendencia nos hemos centrado en el porcentaje de ciudadanos en edad de votar que efectivamente votan (VAP) y, para la segunda tendencia, nos hemos apoyado en la evolución de las tasas de sindicalización. En ambos planos aparecen tendencias opuestas entre el período anterior y posterior al Régimen Autoritario de Pinochet. Ya sea en participación electoral, como en porcentajes de sindicalización por fuerza total de trabajo, durante el período previo a 1973 existe una tendencia que denota aumento en la movilización social. Para el período posterior a 1989, la situación es un poco más compleja porque, aunque las tendencias predominantes indican una caída en la movilización electoral y de organizaciones de trabajadores, existen dos situaciones que obligan a un análisis más detallado. Por una parte, en lo relativo a participación electoral, si bien la caída ha sido constante desde la vuelta a la democracia, la coyuntura 1989 a 1997, representa un punto máximo de participación electoral a lo largo de toda la historia republicana. En otro plano, el aumento en la movilización social en Chile desde el año 2006, fortalece nuestra creencia sobre el creciente debilitamiento de los anclajes sociales de esta estructura coalicional, la precariedad de sus mecanismos de penetración social y su fragilidad (dependencia) frente a los vaivenes electorales que podría incidir en su (in) capacidad para impulsar reformas profundas al régimen político.

 

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Notas

^* Ponencia presentada al XI Congreso Nacional SAAP, Ciudad de Paraná, Argentina. Este artículo ha sido elaborado en el marco de los proyectos "Coaliciones gubernamentales en regímenes presidenciales: análisis de los mecanismos de formación, mantenimiento y disolución en los casos de Uruguay, Argentina y Chile (1983 a 2010)", financiado por DICYT, Universidad de Santiago de Chile, código 031152MP y "Contexto histórico y dinámicas políticas de la insurgencia armada en Chile (1978-1994)" financiado por FONDECYT Regular, código 1130323.

¹ Para el cálculo del NEP se ha utilizado la fórmula clásica de Markku Laakso y Rein Taagepera (1979) NEP=1/∑pi2, donde pi es la proporción de votos (o escaños) obtenidos por el partido.

 

Información sobre el autor

Marcelo Mella Polanco. Profesor Asociado, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Estudios Americanos, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile; Magíster en Ciencia Política, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile; Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.