Artículos

 

El relato canónico de las desapariciones en Argentina: El informe "Nunca Más"

 

The canonical narrative about the disappearances in Argentina: The report "Never Again"

 

Emilio Crenzel* 

 

** Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. ecrenzel@mail.retina.ar

 

Fecha de recepción: 22/07/2008
Fecha de aceptación: 03/10/2008

 

Resumen

Este trabajo analiza el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); ésta es una organización creada en Argentina por el Presidente Alfonsín, en 1983, para investigar el destino de los desaparecidos a causa de la represión estatal. Examina la estrategia de este informe para exponer tanto el sistema de desaparición instaurado por la dictadura militar como la lectura que ofrece de la violencia política. El escrito concluye que Nunca Más articuló las premisas de la democracia restaurada para pensar el pasado de violencia con la narrativa gestada por los desaparecidos para denunciar este crimen. Estas claves no historizaron el pasado, ni suponían la condición universal —en cuanto sujetos de derecho— de los afectados por la violencia estatal.

Palabras Clave: Argentina, desaparición forzada, Nunca Más, narración, pasado.

 

Abstract

This paper analyzes the content of the report Nunca Más (Never Again) elaborated by the "National Commission on the Disappearance of Persons" (CONADEP) created in Argentina in 1983 by the President Raúl Alfonsín to investigate the destiny of the thousands of missing persons caused by the state repression. It examines its strategy to expose the system of disappearance and its reading of the political violence. The paper conclude that Never Again articulated the premises of the restored democracy to think the political violence on the basis of the constructed narrative done to denounce these crimes by the affected of the disappearances. These elements did not illustrate the past in historical terms and they did not even assume the citizenship universal condition of people affected by the state violence.

Keywords: Argentina, forced disapeareance, Never Again, narration, past.

 

Este trabajo tiene por objeto analizar el contenido del informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); ésta es una organización creada en Argentina por el Presidente Raúl Alfonsín, en 1983, para investigar el destino de los miles de desaparecidos a causa de la represión estatal durante la última dictadura militar (1976-1983).

El informe Nunca Más expuso las características y dimensiones del sistema de desaparición y la responsabilidad estatal en su ejercicio. De inmediato, se convirtió en un éxito editorial sin precedentes en este tema; fue traducido al alemán, hebreo, inglés, italiano y portugués; fue publicado en el exterior y alcanzó 503 830 ejemplares vendidos hasta septiembre del 2008¹.

La importancia pública del Nunca Más se potenció cuando la investigación –de la cual fue resultado- y su estilo narrativo y expositivo vertebraron la estrategia de la acusación de la fiscalía en el juicio a las Juntas militares; cuando el tribunal legitimó su condición de verdad, aceptando su calidad probatoria, y cuando fue adoptado, como modelo, por las diversas "comisiones de la verdad" constituidas en América Latina para exponer los procesos de guerra civil y terrorismo de Estado, que atravesaron los países de la región entre las décadas del setenta y noventa del siglo pasado (Acuña, González Bombal, Jelin, Landi, Quevedo, Smulovitz y Vacchieri, 1995 y Sikkink y Booth Walling, 2006).

En Argentina, desde mediados de los años noventa, el Nunca Más fue postulado para transmitir a las nuevas generaciones un sentido de este pasado: fue incorporado a la currícula educativa y su título fue postulado como nombre para diversos "museos de la memoria" proyectados para preservar y transmitir el pasado reciente. A través de estos diversos procesos políticos y culturales, el informe Nunca Más se convirtió en Argentina en el relato canónico sobre las desapariciones ocurridas en el país (Crenzel, 2008a).

El Nunca Más ha sido tomado como objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Un primer grupo de trabajos estudiaron su impacto en la arena de la justicia transicional (Funes, 2001; Grandin, 2005: 46-67; Hayner, 1994, 2001; Marchesi, 2001). Un segundo, se abocó a entender las continuidades y cambios que presentó en los casos sobre las violaciones a los derechos humanos (Basile, 1989; Corralini, Di Iorio, Lobo y Pigliapochi, 2003; González Bombal, 1995; Vezzetti, 2002).

Pese a estos antecedentes de investigación, y al acuerdo existente en Argentina sobre su carácter canónico, hasta aquí, no se había abordado el análisis integral de este informe como objeto específico de investigación. Sin embargo, en la bibliografía del campo de estudios, se postula al Nunca Más como un artefacto político que, exento de tensiones, expuso la perspectiva oficial del gobierno de Alfonsín sobre la violencia política y las desapariciones.

En este artículo, se postula, en cambio, una interpretación más compleja. Se procurará demostrar que este informe articuló las premisas, que —en el contexto fundacional de la democracia restaurada— propuso el gobierno de Alfonsín para pensar la violencia política, con la narrativa que, sobre este crimen, adoptaron para denunciarlo, durante la propia dictadura, los familiares de desaparecidos, los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes de las desapariciones. A partir de estas conclusiones, el artículo propone que este informe emblemático condensó no sólo la perspectiva oficial respecto del pasado de violencia política en Argentina, sino una serie de premisas compartidas por diferentes actores acerca de esos procesos. Debido a ello y al carácter canónico que reviste el Nunca Más, en la esfera pública de Argentina —respecto del pasado de violencia que atravesó el país— es posible pensar que su estilo narrativo y su interpretación se ofrezca como una expresión significativa para analizar los alcances y límites de esta sociedad; para pensar y evocar su pasado más trágico.

En función de estas premisas, el artículo examina la estrategia que desenvuelve el Nunca Más para exponer el sistema de desaparición, su lectura de la violencia política, su determinación de las responsabilidades jurídicas en las desapariciones y la presentación que realiza de los afectados por las violencias de Estado.

En primer lugar, explica cómo las desapariciones forzadas de personas, y perpetradas desde el Estado, implicaron una serie de innovaciones cualitativas en la intensa historia de violencia política que atravesó Argentina durante el siglo XX. Seguidamente, se analiza la nueva perspectiva que, sobre la violencia política, presenta el Nunca Más, en concordancia con los postulados del Poder Ejecutivo para pensar estos hechos. Luego, analiza cómo el Nunca Más reconstruye el sistema de desaparición forzada a partir de las claves de la denuncia de la cultura de los derechos humanos y, por último, describe las tensiones que recorren sus páginas —al exponer las responsabilidades penales de los perpetradores de las desapariciones— y que se dan entre la voluntad de que la justicia condenara a todos los responsables, como proponían los organismos de derechos humanos, y la propuesta de que se limitara a juzgar y a condenar a las cúpulas militares, como pretendía el gobierno del presidente Alfonsín.

 

I. DESAPARICIONES Y VIOLENCIA POLÍTICA

La práctica sistemática de las desapariciones, desde el golpe de Estado de marzo de 1976, supuso dos cambios respecto a la intensa historia de violencia política que atravesó Argentina en el siglo XX. Por un lado, objetivaron una decisión estatal de exterminio. Por otro, implicaron el ejercicio clandestino de la muerte política. Esas particularidades, además, distinguieron a la dictadura local del resto de las que, en los años setenta, se establecieron en el Cono Sur (Arquidiócesis de San Pablo, 1985; Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991; Servicio, Paz y Justifica de Argentina [SERPAJ], 1989).²

Si bien, previamente, se habían registrado casos aislados, las desapariciones se tornaron frecuentes desde 1975, cuando el gobierno constitucional de Isabel Perón, mediante el decreto 265, autorizó a las Fuerzas Armadas a "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos" en la provincia de Tucumán. Esta tendencia se reforzó, en octubre de ese año, cuando, por decreto 2.772, Italo Luder, presidente provisional, extendió esa facultad a todo el país. Convertidas en el eje medular de la lucha antisubversiva tras el golpe, la dictadura negó siempre toda responsabilidad en la práctica de las desapariciones, relativizó la existencia de desaparecidos o las justificó como consecuencias de la "guerra antisubversiva". También, presentó a los desaparecidos como guerrilleros fugados o muertos en combate y a las desapariciones como prácticas de la propia "subversión" o como hechos aislados, meros "excesos" de la represión.

El reclamo de los familiares de los desaparecidos recibió la atención internacional. En 1976, Amnistía Internacional y, en 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitaron el país tras recibir miles de denuncias. El informe de la comisión de la OEA fue el primero en reclamar el cese de las desapariciones y el juicio de sus responsables. La dictadura neutralizó con éxito la difusión de estos informes y de otras denuncias similares y estigmatizó a los denunciantes (Amnistía Internacional, 1977; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1980: 17-18, 148-152 y 289-291 y Jelin, 1995: 119). En paralelo, se configuró un estilo homogéneo de reclamo. La clave revolucionaria, para denunciar la represión política dominante hasta el golpe, fue desplazada por una narrativa humanitaria que convocaba, desde un imperativo moral, a la empatía con aquellos que sufrieron la violencia de Estado sin historizar el crimen; privilegiaba la descripción fáctica y en detalle de las violaciones perpetradas, de los lugares de cautiverio y la precisión de los nombres de las víctimas y de los perpetradores. Los afectados por la represión ya no eran presentados como militantes, sino, a partir de sus datos identitarios básicos —como sus edades y sexos— mediante categorías sociodemográficas y socioeconómicas, como sus ocupaciones y profesiones, las cuales procuraban resaltar el carácter indiscriminado de la violencia estatal y la inocencia de sus víctimas por su ajenidad a la política y la militancia guerrillera (Franco, 2008 y Markarian, 2006).

El 10 de diciembre de 1983, al asumir el poder, como presidente electo, el radical Raúl Alfonsín, ordenó enjuiciar a los jefes de la guerrilla y a las Juntas militares de la dictadura. Esta disposición fue llamada "la teoría de los dos demonios", pues limitaba a dos cúpulas la responsabilidad de la violencia política y proponía la violencia de Estado como respuesta a la guerrillera. También, estableció que serían juzgados los que emitieron las órdenes ilegales de represión estatal y quienes se excedieron en su cumplimiento, mientras que los que se limitaron a cumplirlas serían eximidos, presuponiéndose que no podían desobedecerlas, dada la estructura jerárquica castrense, o distinguir la naturaleza de las órdenes debido al contexto ideológico imperante (Decreto del Poder Ejecutivo 157 y 158, 1983, 13 de diciembre).

Esta proposición entró pronto en colisión con la voluntad de los organismos de derechos humanos que, desde octubre de 1982, reclamaban el castigo generalizado a todos los perpetradores de los crímenes dictatoriales bajo la consigna de "juicio y castigo a todos los culpables" (Jelin, 1995: 119-120).

Por último, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) —integrada por reconocidas personalidades de la sociedad civil, algunas de las cuales eran miembros de los organismos de derechos humanos, y presidida por el escritor Ernesto Sábato— para recibir las denuncias por desaparición; remitirlas a la justicia; averiguar el destino de los desaparecidos y emitir un informe final (Decreto del Poder Ejecutivo 187, 1983, 15 de diciembre).

Esta Comisión fue rechazada inicialmente por los organismos de derechos humanos que reclamaban una comisión investigadora parlamentaria. Sin embargo, luego de que la Comisión mostró su voluntad de investigación, la mayoría de estas entidades le brindaron su apoyo: sus miembros se integraron a la conducción nacional a las delegaciones provinciales de la Comisión; cedieron sus acervos de denuncia, sus sedes para que la CONADEP funcionase en el interior del país; recolectaron nuevos testimonios y participaron activamente en la redacción del informe Nunca Más, aportando la experiencia que habían acumulado con base en los informes que, sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, habían realizado, durante la dictadura, la CIDH de la OEA, u organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (Crenzel, 2008a).

La CONADEP concentró y centralizó las denuncias por desaparición, presentadas en el país y en el exterior, en el periodo de la dictadura; recibió miles de denuncias nuevas de familiares de desaparecidos, de sobrevivientes, de perpetradores de las desapariciones y de testigos de las mismas; inspeccionó los "Centros Clandestinos de Detención", donde estuvieron presos, en secreto, los desaparecidos, pero también morgues y cementerios en busca de datos para determinar su destino. Su informe público se tituló Nunca Más e inauguró una nueva lectura de la violencia política que atravesó el país; propuso un relato inteligible de las desapariciones, un conocimiento novedoso sobre su magnitud, y estableció la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en su ejercicio.

 

II. EL NUNCA MÁS: UNA NUEVA LECTURA DE LA VIOLECIA POLÍTICA

Desde su tapa, el informe transmite el sentido de su relato. De color borravino, ilustra la sangre que bañó al país. A modo de graffiti callejero, sobre el rojo, una frase, escrita en blanco, sintetiza una sentencia a futuro y rechaza el pasado: Nunca Más. En el comienzo, el libro evoca un tiempo primero, dominado por la violencia política, producto de los extremos ideológicos. Esta violencia no es historizada, ni explicados los motivos que la originaron y, lejos de encontrar sus raíces en la historia nacional, es presentada como un fenómeno que trascendió las fronteras locales.

El informe repudia la violencia previa al golpe, pero enfatiza el cariz que asumió "la respuesta" del Estado desde 1976. Así, presenta una secuencia de la violencia, inversa a la del imaginario revolucionario que justificaba la "violencia popular" como respuesta a la "violencia del sistema", y valida la interpretación castrense que proponía que la acción del Estado tuvo por objeto enfrentar a la guerrilla. Sin embargo, crea a la vez, una confrontación con esta perspectiva al establecer una diferencia cualitativa entre la violencia insurgente y las desapariciones y, en ese mismo acto, delimita la responsabilidad dictatorial en estas últimas (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación [CONADEP], 1984: 7). En igual sentido, define el estatus específico de las desapariciones como crimen, pero valida el saber constituido por el régimen militar sobre el "terrorismo" al afirmar, respondiendo a quienes acusaban a la CONADEP de omitir o exaltar la violencia guerrillera, que:

Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno u otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás, el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos de diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo (CONADEP, 1984: 10-11).³

De este modo, el Nunca Más reproduce la perspectiva de los decretos de juzgamiento a las cúpulas guerrilleras y militares, la cual limitaba a esos actores —la guerrilla y las Fuerzas Armadas— la responsabilidad por el ejercicio de la violencia política (CONADEP, 1984: 10-11). En paralelo, al delimitar la responsabilidad dictatorial en las desapariciones, el informe recorta el pasado y delimita su objeto: lo actuado por las Fuerzas Armadas tras el golpe de Estado de 1976. Pese a que luego, en su corpus, menciona la existencia de desaparecidos en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón; esos hechos son relegados del prólogo. Así, propone una periodización institucional de la violencia, basada en la dicotomía entre democracia y dictadura la cual silencia las responsabilidades políticas y morales del gobierno peronista, las Fuerzas Armadas, la sociedad política y civil en las desapariciones previas al golpe.

En cambio, las desapariciones son presentadas como producto de un "estado del Estado", el dictatorial, que en forma reticular y capilar violenta la vida con impunidad, mientras que la sociedad es retratada como un conjunto dominado por los efectos del terror que asume una posición dual, pero siempre inocente: es la víctima posible de la "caza de brujas", desatada por la represión, o una observadora ajena que, si justifica el horror, es debido a la amplitud e imprevisibilidad de la represión. En palabras de la CONADEP:

En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiera caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: «Por algo será», se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido (CONADEP, 1984: 9).

El prólogo del Nunca Más propone, así, un "nosotros" externo al ejercicio de la violencia y al terror de Estado, una comunidad política integrada por ciudadanos ajenos a los enfrentamientos que signaron a la sociedad argentina. Incluso, al postular de manera genérica que hubo sectores que apoyaron "consciente o inconscientemente" la represión, la Comisión explica esa actitud sólo como un efecto del terror y no como el resultado de la defensa de intereses materiales o de convicciones ideológicas que movilizaran el apoyo a la lucha "antisubversiva". De este modo, la CONADEP proyecta esa imagen de la sociedad hacia el pasado en los términos descriptos, pero también hacia el presente y el futuro al establecer la ley como la regla de oro de la lucha política.

Pese a estas proposiciones del prólogo, en su corpus, el Nunca Más esboza una responsabilidad compartida entre los perpetradores de las desapariciones y otros grupos sociales. En especial, enfatiza la complicidad del poder judicial, pero también la de autoridades educativas, jefes y gerentes de fábricas y hasta de empresas con las Fuerzas Armadas. Con excepción del poder judicial, la responsabilidad de otros actores es presentada siempre en términos particulares, nunca institucionales. Así, al describirse la actuación de la Iglesia Católica, se resalta la actitud institucional del Episcopado argentino que "condenó reiteradamente la modalidad represiva", y que "calificó como pecado" los métodos empleados, mientras que se lamenta "la participación de algunos miembros del clero que consintieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias estos mismos hechos" (CONADEP, 1984: 259, 379 y 397). Finalmente, el informe no menciona las responsabilidades de las grandes corporaciones económicas o la dirigencia política y sindical.

Cabe recordar que la dirigencia empresaria había apoyado el golpe de Estado de 1976 y la lucha "antisubversiva" y, junto con los principales dirigentes políticos y sindicales, había impugnado, en 1979, la llegada al país de la Comisión de derechos humanos de la OEA —Comisión que procuraba investigar las denuncias por violaciones a los derechos humanos—, calificándola de injerencia extranjera en los asuntos del país. De hecho, el informe de la Comisión de la OEA, —que presentó las características del sistema de desaparición forzada de personas, y responsabilizó y condenó por él al gobierno argentino— no alcanzó estado público, a pesar de que Emilio Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), distribuyó quinientos ejemplares entre periodistas, jueces, abogados, políticos, dirigentes gremiales, empresarios y obispos (Mignone, 1991: 56, 57 y 111).

Tampoco estos actores habían reclamado por los crímenes cuando la dictadura convocó, en 1980, a un "diálogo político" y, aunque no asumieron ningún compromiso de no revisar las prácticas que comportó esa lucha, acompañaron la voluntad de olvido del régimen o, a lo sumo, le solicitaron sincerar lo sucedido publicando las listas de desaparecidos. Los partidos políticos mantuvieron esta tesitura —pese a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), en 1980— y tras agruparse, en julio de 1981, en la "Multipartidaria". La Iglesia, por su parte, se mantuvo públicamente en silencio ante los crímenes y recién, en 1981, condenó los métodos ilegales empleados en la lucha antisubversiva (González Bombal, 1991: 31-33, 41-42 y 61-62).⁴

Posiblemente, debido al perfil que asume el "nosotros", en el Nunca Más, no emerge la pregunta sobre cómo fue posible el horror; el uso de la interrogación se limita a cuestionar al poder judicial dada su inoperancia ante la violación de la ley. En cambio, el informe propone como pregunta medular una interrogación prospectiva: ¿cómo evitar que pueda repetirse lo sucedido? La ausencia de la pregunta sobre los factores que hicieron posible el horror se complementa con la inexistencia de referencias a algún "tipo de continuidad con prácticas desarrolladas por sucesivos gobiernos dictatoriales y actores políticos durante la segunda mitad del siglo XX" (Cavarozzi, 1988: 37-78; CONADEP, 1984: 9 y 15). Está también la falta de menciones a los valores culturales, previamente existentes, en los cuales se pueda asentar la expectativa de que no se repita. Es en el orden democrático restaurado, donde el informe fundamenta esta esperanza.

El Nunca Más propone una imagen de vastedad e imprevisibilidad en torno a quienes podían desaparecer, dada la consideración de sus victimarios. Señala que, dentro de su "delirio semántico", "todo era posible". Esta proposición, por un lado, tiende a escindir el ejercicio del horror frente a toda racionalidad. Por el otro, presenta a los desaparecidos con un perfil heterogéneo e inclusivo, pero con fronteras. Según la CONADEP las víctimas fueron:

...desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores (CONADEP, 1984: 9-10).

Es decir, los perseguidos fueron quienes enfrentaron injusticias, participaron en luchas reivindicativas, se opusieron a la dictadura o intentaron cambiar el orden social. Pero, también "los amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura" (CONADEP, 1984: 9-10).

Pese a esa amplitud, un atributo restrictivo los amalgama: su ajenidad con la guerrilla. Este límite se reconfigura en el corpus del libro al extenderse a los militantes políticos. En la mayoría de los fragmentos testimoniales (64%), el informe se limita a incluir sus nombres; en un 16%, los describe como "personas o seres humanos"; en otro 16%, los presenta como los "secuestrados, detenidos, desaparecidos, presos o prisioneros" y sólo el 3% menciona sus militancias (Corralini et al., 2003). Dentro de este pequeño conjunto, se retratan sus compromisos sectoriales y, sólo en una ínfima proporción, su participación política, siempre ajena a la insurgencia.

El informe, en cambio, restituye los datos personales básicos de los desaparecidos incluyendo, en la mayoría de los testimonios, sus nombres y apellidos y, en pocos casos, sólo sus iniciales. Estos casos revelan un perfil específico de género y de vejación, ya que se corresponden con las cautivas que sufrieron violencias sexuales (CONADEP, 1984: 49-52, 67, 155, 191, 211 y 317).

Por otro lado, el informe clasifica a los desaparecidos según sus edades y sexos, revelando su predominante perfil masculino y juvenil. Casi el 82% tenía entre 16 y 35 años y el 70% eran hombres. Presenta, además, su distribución por profesión u ocupación. "Obreros" (30.2%), "estudiantes" (21%), "empleados" (17.9%), "profesionales" (10.7%), "docentes" (5.7%), "autónomos y varios" (5%), "amas de casa" (3.8%), "conscriptos y personal subalterno de las fuerzas de seguridad" (2.5%), "periodistas" (1.6%), "actividades artísticas" (1.3%) y "religiosos" (0.3%), destacando el peso de las desapariciones entre los obreros y los estudiantes. Sólo de tres ocupaciones ofrece una lista: los periodistas, los religiosos y los abogados, resaltando, así, la vulneración de la ley, la posibilidad de defensa, de expresar las ideas y los principios violentados por el orden que mancilló sus vidas (CONADEP, 1984: 294, 296 y 375).

La amplitud con que retrata a los desaparecidos y las restricciones que establece de sus compromisos se reflejan también en su segundo capítulo, "Víctimas". Sus apartados, combinan las diferentes variables demográficas y socioocupacionales mencionadas e incluyen secciones específicas sobre periodistas, religiosos, conscriptos y gremialistas. Sus otros subtítulos, "Niños desaparecidos y mujeres embarazadas", "Adolescentes", "La familia como víctima", "La represión no respetó inválidos ni lisiados", refuerzan la imagen de vastedad que alcanzaron las desapariciones y la indefensión e "inocencia" de quienes las sufrieron (CONADEP, 1984: 345-346).

A partir de estos atributos, el informe, retomando la narrativa forjada por los organismos de derechos humanos, postula la condición de víctimas inocentes de los desaparecidos, por su ajenidad con la guerrilla y la política. Así, su denuncia se asienta en la condición moral de los desaparecidos, por sobre el carácter universal de estos derechos. (Novaro y Palermo, 2002: 489).

El Nunca Más, de este modo, restituye la humanidad de los desaparecidos, presentando sus nombres, edades, sexo, actividades laborales o profesionales. Esta restitución asume la forma de una humanización abstracta, que presenta sus vidas genéricas, eclipsando su condición de seres históricos concretos, sus vidas políticas, atributos que, precisamente, recuerdan los enfrentamientos que dividieron a la sociedad argentina.

Así, el informe repolitiza la identidad de los desaparecidos —con respecto a la perspectiva dictatorial que los identificaba como guerrilleros— al restituir sus humanidades y su condición de sujetos de derecho y, simultáneamente, la despolitiza al proponerlos como víctimas inocentes excluyendo sus compromisos políticos y sus militancias. Por otra parte, la identidad de los perpetradores queda registrada en la mención, en los testimonios de más de cuatrocientos nombres. En seis de cada diez casos, es explícita su condición de miembros de las Fuerzas Armadas o policiales del Estado (Corallini, Di Iorio, Lobo y Pigliapochi, 2003). En cuanto a sus valores, el informe ilustra la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur y expone sobre el final, y, en pocas páginas, la doctrina que la guió. Debido a esta estrategia expositiva, las razones políticas se subordinan a la descripción, en estado puro, de las violaciones, emergiendo como su corolario, no como su precondición.

Pese a ello, el informe define el alcance y gravedad del crimen, calificándolo como "crimen de lesa humanidad" o "genocidio". El uso de las metáforas infernales para describir la experiencia de la desaparición complementa esas sentencias. Mediante estas aseveraciones, el informe destaca la vulneración de los principios religiosos y políticos de Occidente y la propia humanidad del hombre. Esta inscripción de las violaciones rebate al discurso dictatorial, que justificaba sus actos en la defensa de los valores de la civilización "Occidental y cristiana", en su propio terreno (CONADEP, 1984: 7, 8, 9, 11, 15, 247, 265-276). Esta estrategia se reproduce en otro pasaje del Nunca Más, que confronta la proclamada fe cristiana de los jefes militares con el "anticristianismo" de la represión (CONADEP, 1984: 347-349).

En síntesis, el Nunca Más, por un lado, oficializó —al responsabilizar a la dictadura por las desapariciones— las denuncias realizadas durante el régimen militar por los familiares de desaparecidos, los organismos de derechos humanos, las comisiones internacionales que visitaron el país y los exiliados políticos. El carácter de pronunciamiento estatal, que revistió este informe, estableció una verdad pública de una legitimidad diferente a la de los reclamos precedentes, demostrando, como señala Bourdieu, que: "el poder de las palabras no deviene de las palabras mismas sino de las instituciones que las legitiman" (Bourdieu, 2001).

Por otro lado, el Nunca Más enmarcó esta verdad en una nueva lectura del pasado, de escasa profundidad analítica e histórica que dejaba de lado razones, motivos e intereses para explicar la violencia, reducía al actor militar la responsabilidad en las desapariciones y proponía la inocencia, por su ajenidad con las prácticas subversivas y con la política misma, de las víctimas y de la propia sociedad, sin distingos, con el desarrollo de la violencia. Esta lectura se correspondía con la interpretación de la conducción del Estado acerca del período de violencia y de las premisas que ideó para pensarlo y juzgarlo y con los postulados generales del nuevo orden político.

En este sentido, como una memoria e interpretación estatal del pasado, el Nunca Más estableció nuevas fronteras simbólicas y de pertenencia a la comunidad política (Jelin, 2002: 40) en un momento fundacional en el plano institucional, el de la democracia recuperada. En ese proceso, incorporó las memorias hasta entonces "subterráneas" (Pollak, 1990) de quienes habían encabezado el movimiento de denuncia para exponer públicamente la materialidad y la veracidad de un crimen negado una y otra vez por sus autores.

 

III. LA RESTITUCIÓN DE LA MATERIALIDAD DE LAS DESAPARICIONES

Para restituir la propia materialidad del crimen de la desaparición, el Nunca Más basa su estrategia expositiva en la combinación entre la exhibición de las desapariciones como sistema, las prácticas que comportaban y su inscripción en un marco de sentido que permita su inteligibilidad. En ese proceso, alumbra un conocimiento nuevo sobre la magnitud y la dimensión que alcanzaron en el país. Para ello, el relato recorre la propia lógica de la secuencia de la desaparición: el secuestro, la tortura, el cautiverio secreto y el exterminio de los desaparecidos. Así, los momentos públicos y clandestinos del crimen se articulan en una narración única. La veracidad de su relato se sostiene en una descripción realista y minuciosa del sistema de desaparición y sus fases con base en testimonios y fuentes primarias producidas por diversos actores. Esta estrategia, entonces, combina la reconstrucción objetiva y subjetiva de los hechos desde diferentes puntos de vista.

Sobre estas premisas, el informe propone la confrontación permanente con las explicaciones castrenses sobre las desapariciones. El texto describe y localiza espacial y temporalmente los operativos de secuestros y detalla las violencias ejercidas contra personas y cosas. Establece la composición militar y policial de los "grupos de tareas" que los perpetraban y exhibe la materialidad de los Centros Clandestinos de Detención, precisando sus ubicaciones y características. Mediante estas operaciones, restituye las coordenadas espaciales y temporales de los hechos, socializa la topografía del horror, rompe el secreto que la rodeaba y su correlato: su normalización social.

El Nunca Más, describe el carácter sistemático y las múltiples formas que asumió la tortura de los secuestrados y comprueba la existencia de niños o bebés desaparecidos junto con sus padres o nacidos en cautiverio, el falseamiento de sus identidades y su apropiación por familias de militares, policías o sus allegados. Asimismo, establece la mayoritaria eliminación física de los desaparecidos, presentando las modalidades de su exterminio. Los asesinatos, puntualiza desmintiendo la voz castrense, fueron muchas veces disimulados como resultado de "enfrentamientos o intentos de fuga inexistentes"; los cuerpos de los desaparecidos "en muchos casos fueron destruidos para evitar su posterior identificación" mediante el lanzamiento de los cautivos, aún vivos, desde aviones militares al mar; fueron incinerados o enterrados en fosas anónimas o particulares bajo el rótulo N.N., la abreviatura en latín de "nomen nescio", "sin nombre", utilizada para sepulturas de identidad desconocida.

Por otra parte, el Nunca Más alumbra una dimensión cuantitativa, ignorada en 1984, sobre las desapariciones ocurridas en el país al precisar su número en 8 961. Esta última cifra se presenta en tanto registro provisorio, ya que sus autores advierten que "muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer las víctimas de familiares, por preferir éstos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos" (CONADEP, 1984: 63, 137, 224-226, 234-246, 293, 303, 479-480). El informe, en cambio, no incluye entre los desaparecidos a aquellas personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados, ni a quienes sobrevivieron al cautiverio clandestino (Hayner, 2001: 302).

También, establece la cantidad de Centros Clandestinos de Detención detectados: alrededor de 340, cifra igualmente desconocida hasta ese momento, incluso por las organizaciones humanitarias. Este dato, junto a su lista, localización y distribución reconstruye la magnitud y dimensión nacional del sistema clandestino. Su mayoritaria ubicación en unidades militares y policiales socava la negación castrense de toda responsabilidad en las desapariciones.

Al presentar las grandes fases que comportaban las desapariciones; al describirlas con minuciosidad, y develar el carácter sistemático de su ejercicio y al responsabilizar a las Fuerzas Armadas, el Nunca Más presenta un relato integrado que derrumba el monopolio de la interpretación ejercida, hasta allí, por los perpetradores de las desapariciones. Como se dijo, la dictadura había negado la existencia de las desapariciones y, luego, las había explicado como meros "errores" o "excesos" cometidos en toda guerra. El Nunca Más, en cambio, sostiene la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en ellas, desmiente su carácter excepcional, presentándolas como resultado de un sistema planificado por las Juntas militares (CONADEP, 1984: 16 y 17).

El informe expone la verdad sobre las desapariciones a partir de la inclusión de una multiplicidad de voces testimoniales y documentales que cobran, en su entrelazamiento, una nueva dimensión. El carácter fragmentado de los momentos públicos y clandestinos del crimen, la división de tareas entre sus perpetradores, el ocultamiento de sus identidades tras los "nombres de guerra", la destrucción deliberada de archivos y edificios suponían un desafío inédito para reconstruirlas. Como señala Steiner (1982), las experiencias concentracionarias parecen, por su carácter límite, situarse por fuera de los marcos del propio lenguaje.

Por ello, sólo una narrativa que combinara el testimonio y el documento, que fuera colectiva y desde el interior, podía recomponer la escena y sus protagonistas con suficiente fuerza emotiva y argumental. Su relato se construye, de manera privilegiada, con base en las denuncias de los sobrevivientes y de los familiares de desaparecidos. De los aproximadamente trescientos setenta y nueve testimonios que incluye, el 60% corresponden a sobrevivientes; el 15%, a familiares de desaparecidos; y el 5%, a otras relaciones sociales de los desaparecidos (Elaboración propia sobre la base de Corralini et al., 2003).

La CONADEP opera descomponiendo el testimonio particular en fragmentos testimoniales y, del total de los testimonios transcriptos, sólo uno se reproduce por entero. Así, el relato establece una equivalencia general que incorpora cada caso puntual, pero en tanto semejante a otro. Pese a este uso instrumental, y a la desestructuración de los testimonios como unidades narrativas, estas voces logran transmitir un dramatismo desgarrador, que no es subsumido en un enfoque enciclopedista del exterminio.

Los familiares comienzan la progresión del relato con los secuestros, revelan su impacto en sus cuerpos y hogares y narran sus infructuosas búsquedas y reclamos ante las autoridades. La clave familiar, doméstica e íntima, es dominante en sus voces al igual que lo fuera durante el ejercicio de sus denuncias durante la dictadura (Filc, 1998; Jelin, 1995).

Los sobrevivientes reconstruyen, en muchos casos, su experiencia desde la memoria corporal. A partir de la evocación de ruidos, olores, miradas o impresiones táctiles, describen sus secuestros, las torturas padecidas, los lugares de cautiverio, los nombres de los perpetradores y de otros desaparecidos (CONADEP, 1984: 60-61). Sus voces, al igual que en el caso de otras experiencias concentracionarias (Levi, 1995: 174-120) dan cuenta de la emergencia de una memoria corporal, de los sentidos, agudizada por las condiciones de privación sensorio-motriz a las que estaban sometidos los cautivos tras el secuestro; el engrillamiento y la capucha, que fijaban al desaparecido al territorio de cautiverio y, a la vez, lo aislaba del mundo exterior. Los sobrevivientes son, también, los testigos de la violencia y la tortura infligida sobre otros, son los que saben de muchos muertos (Canetti, 1994: 240). Son quienes nombran a esos otros que sin su voz quedarían en el silencio, en la muerte anónima (Feldman, 1990).

Su papel en esta reconstrucción se revela, además, con la inclusión de planos y fotos que retratan los centros clandestinos reconocidos por ellos junto a la CONADEP, constituidos, en ese acto, en evidencias visuales que avalan sus declaraciones y al propio informe. (CONADEP, 1984: 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 138, 141, 144, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174 y 177).⁵

Cabe destacar que la asociación entre imagen, prueba jurídica y legitimación de la palabra escrita, reproduce la tradición jurídica, filosófica y epistemológica del mundo occidental, en la cual la visión directa funda y define formalmente el testimonio y el "testimonio ocular" constituye la prueba más decisiva para la justicia (Feldman, 1990: 58). Esta convergencia puede rastrearse, también, en las raíces etimológicas del propio término "idea" que proviene del griego y es la base de la palabra latina "video" (Ong, 1997: 83).

En los testimonios, además, son reiteradas las menciones y referencias a lugares, fechas, circunstancias y nombres, marcos centrales para la evocación (Halbwachs, 2004). Estos marcos y referencias restituyen la realidad y veracidad de lo sucedido, recompone la espacialidad y temporalidad de estos acontecimientos y la identidad de los afectados y, de este modo, operan como herramientas para la reconstrucción de sentido sobre el pasado al ordenar la rememoración por medio de una realidad no-discursiva, que facilita en gran medida su simbolización (Halbwachs, 1971: 128).

Pero, además, en su testimonio, los sobrevivientes hacen manifiesta la complejidad de su propia condición y su particularidad respecto de sus pares de otras experiencias concentracionarias (Sarlo, 2002: 151). Los sobrevivientes de las desapariciones, en su inmensa mayoría, fueron liberados por sus propios captores y enfrentaron, por ello, no sólo sus sentimientos de culpa por haber sobrevivido, sino también las huellas del horror en sus cuerpos y conciencias, la estigmatización del régimen, o el rechazo de una sociedad que no podía o no quería escucharlos. Fueron objeto, además, de la sospecha y del anatema de parte de otros denunciantes del crimen. Sin embargo, en ningún momento el Nunca Más presenta los dilemas éticos de los sobrevivientes, ni se pronuncia sobre sus actitudes en tiempos de cautiverio.

Los fragmentos testimoniales, mediados por la CONADEP, se inscriben en un relato colectivo e intersubjetivo de alta densidad emotiva y de una gran complejidad narrativa. Expresan la objetivación de una realidad límite, corporizan las violencias padecidas, reiterando, en un tono cuasi monofónico, una misma narrativa. El efecto de reiteración, conmueve el carácter individual del testimonio. En ese instante, estos testimonios se extrañan y libran de su carácter particular para formar parte de una memoria pública. Sus voces ya no sólo expresan a quienes fueron objeto de las desapariciones o formaron parte de las relaciones sociales de los desaparecidos. Ahora son, además, las voces de los testigos (Wieviorka, 1999).

Las voces de familiares y sobrevivientes ocupan una posición fundada en una alteridad comprometida cognitiva y emotivamente, de ningún modo neutral o carente de valores. Pese a ello, a diferencia del tono de la denuncia antes del golpe, no traslucen deseos de venganza, ni reivindican compromisos políticos particulares. Incluso, la palabra "compañero", habitual en Argentina para referir a una militancia común, sólo es mencionada por los sobrevivientes para aludir a quienes compartían con ellos su trabajo, el estudio o el cautiverio y, en pocos casos, la militancia gremial. El lenguaje dominante en sus testimonios, en cambio, es referencial y parco en digresiones. Se integran en el espacio público evocando las afrentas sufridas, sin expresar odio, ni un tono épico, atributos, todos, propios de las denuncias anteriores al golpe (Basile, 1989: 48). Tanto su relato factual de los hechos, de tono realista y aseverativo (Todorov, 1993: 145), como las referencias en clave familiar, le otorgan a estos testimonios la posibilidad de establecer un vínculo, una empatía entre el lector y la voz que narra su historia (Humphrey, 2000: 10).

Los testimonios de los afectados directos por las desapariciones, al tornarse piezas centrales del relato, introducen la narrativa de denuncia dominante entre los afectados por las desapariciones, la cual adquiere, así, un valor de verdad en un texto elaborado por una comisión del Estado. Estas cualidades constituyen no sólo una marcada originalidad con relación al espacio cultural que ocupaba históricamente el género testimonial en la narrativa argentina —como expresión de las miradas alternativas, marginales o contraculturales—, sino con respecto al tratamiento específico de estas voces por parte de la dictadura militar que las descalificaba de plano (Nofal, 2000). En paralelo, la CONADEP se asume como portavoz de un testimonio basado en "lo que hemos oído, leído y registrado en el transcurso de la investigación", proponiéndose, así, como metatestigos de los testimonios, con la autoridad que le confiere su condición oficial (CONADEP, 1984: 7, 160-161).

Sin embargo, el Nunca Más no se limita a incorporar esas voces. Incluye, además, los testimonios de los perpetradores, los cuales, por primera vez, no emergen en el espacio público a partir de las denuncias de los afectados, ni construyen un relato con autonomía argumental, sino que se integran en condición de igualdad con otras voces, en tanto partes de un relato único. Si bien componen apenas el 2% de los fragmentos testimoniales, su palabra confirma la veracidad de los testimonios de familiares y sobrevivientes (Corralini et al., 2003). Para estos testimonios, CONADEP, 1984: 132, 164-166, 175, 197-199, 202, 203, 214, 216-217, 228, 238 y 253-259).

Asimismo, el informe incluye testimonios de "testigos involuntarios" de alguna de las fases de la desaparición: vecinos que presenciaron secuestros, la incautación de los bienes de los desaparecidos; que vivían próximos a los centros clandestinos y escuchaban disparos, gritos desgarradores, y veían salir de allí féretros y restos mutilados en bolsas; o civiles que colaboraron en materializar las desapariciones, como un grupo de morgueros que recibió cadáveres con evidentes signos de tortura y que participó de su entierro clandestino en la ciudad de Córdoba (CONADEP, 1984: 167, 225, 244, 245 y 316).

A partir de estos testimonios, la CONADEP no intentó establecer las relaciones que estos actores establecieron con el terror de Estado, sino certificar la materialidad de las prácticas que comportaron las desapariciones y la responsabilidad de quienes las planificaron. El caso citado de los morgueros es elocuente al respecto, ya que esos trabajadores entregaron a la Comisión la carta que le enviaron, en 1980, al general Videla, entonces presidente de facto, reclamando una mejor paga por sus tareas, la cual incluía, para justificar su reclamo, el relato de cómo recibieron decenas de cadáveres de "elementos subversivos" con signos evidentes de violencia y su participación en su entierro clandestino. Según Sábato, esta fue "una de las pruebas más estremecedoras" logradas por la CONADEP, ya que confirmaba que Videla conocía esas prácticas. Sin embargo, la CONADEP, al transcribirla en el Nunca Más, omite que su fin era solicitarle a Videla el aumento salarial. De este modo, la búsqueda exclusiva de una verdad jurídica desplaza en el informe el foco de la verdad histórica y eclipsa, en este caso, la normalización y el uso instrumental del horror por parte de estos trabajadores (Crenzel, 2005).

Más allá de ello, la variedad de declaraciones van componiendo en el texto un producto nuevo, un coro de testimonios que trasciende la parcialidad de la experiencia individual y, a la vez, confirma su veracidad mediante las voces de otros. Este coro presenta una serie de imágenes, cuyo entramado sería ininteligible sin sus partes, pero cuya potencia trasciende su suma, logrando proponer una "representación unitaria" de las desapariciones (Basile, 1989: 50). Este juego coral devela el carácter sistemático de las desapariciones y su carácter de proceso colectivo de alcance nacional. Este entramado intersubjetivo va construyendo la noción de que lo sucedido no obedeció a las razones esgrimidas por la explicación castrense, ni a hechos puntuales o azarosos, sino que formó parte de una "normalidad" atroz, regular y ocultada. De este modo, el recuerdo de los afectados directos por el crimen, destinado, como señala Benjamín, a morir con los testigos, se transforma en memoria posible de ser apropiada de modo permanente por la conciencia social (Traverso, 2001: 193).

Pero el informe hace presente, además, otras formas de validación de los hechos que confirman y complementan los testimonios. Por un lado, incorpora el conocimiento científico que posee un aura de neutralidad, en el sentido común, que lo sitúa al margen de toda duda, cuya validación y legitimidad social es previa e independiente de su utilización en la investigación llevada a cabo por la CONADEP. Este tipo de racionalidad y sus operaciones controlables, verificables y renovables garantizan la veracidad de las experiencias directas, al documentar el relato, y lo alejan, mediante estas restricciones, de la narración literaria.

Este saber se expone en las menciones a los arquitectos que inspeccionaron, junto con los sobrevivientes, los centros clandestinos y que dibujaron sus planos; a los fotógrafos que documentaban esas inspecciones; a los abogados que ordenaron las pruebas recabadas, y, de manera indirecta, mediante la inclusión de gráficos de diverso tipo, "tortas" y "barras", de uso habitual en la investigación científica. Se exhibe, además, en la manipulación de saberes para entonces de vanguardia en el país: el uso de un sistema de computación para registrar a los desaparecidos y detectar los cambios en la fisonomía de los niños apropiados; los análisis genéticos para determinar su filiación o las técnicas de la antropología forense para identificar los cadáveres hallados. La mención de las instituciones científicas internacionales que validaron su uso potencia su legitimación (CONADEP, 1984: 25, 29, 184, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300 y 322).

Por otra parte, la verdad se establece a partir de la inclusión de datos de las propias fuentes militares. Estos documentos, como los libros de altas y bajas o de entradas y salidas del servicio militar, rebaten los argumentos castrenses sobre la fuga o deserción de los conscriptos denunciados como desaparecidos. Otros revelan las directivas de la dictadura para enfrentar la protesta obrera, censurar a la prensa o, directamente, ordenar los secuestros. Como complemento, el informe incluye declaraciones de los jefes militares justificando lo actuado, o negando la existencia de desaparecidos, para mostrar su falacia al contrastarlas con las pruebas reunidas (CONADEP, 1984: 55, 56, 275-279, 322, 361, 365, 367 y 375, 402, 474 y 475).

Por último, la propia CONADEP interviene en la construcción del sentido de verdad del relato. Por un lado, su voz asume un tono descriptivo y didáctico. Opera como preámbulo de los testimonios y los mediatiza sin utilizar artificios. En general, al describir, asevera, pero incluye el indicio o la conjetura si la embarga la incertidumbre ante ciertos desenlaces. La aseveración conclusiva y la interrogación retórica proponen un pacto de lectura al lector: no se afirmará nada que no sea probado y se considerarán sus dudas frente a lo sucedido.⁶ También, propone la validación de su relato presentando minuciosamente su labor, el material documental revisado, las entrevistas realizadas, sus visitas a centros clandestinos, cementerios, morgues y hospitales; sus viajes para tomar denuncias, y las causas que elevó a la justicia. Este vínculo entre la construcción de la verdad y la prueba jurídica se reproduce en todo el texto al presentarse los testimonios y los documentos junto a un número de legajo (CONADEP, 1984: 447-450 y 451-459).

Al igual que el tono que asumen los testimonios, la voz de la Comisión también revela el cambio en la regulación de las emociones con respecto al pasado. Los autores del Nunca Más no se proponen como meta realizar un ajuste de cuentas de los vencedores para con el régimen anterior, ni en su relato muestran sus pasiones políticas o sus compromisos personales. Por el contrario, procuran construir una verdad que contribuya a la materialización de la justicia y a la vez aleje la posibilidad de que el odio y el rencor constituyan la memoria, impidiendo la primacía de la política (Loraux, 1989). Para ello, anteponen la verdad y la justicia a la posibilidad de que se concrete la "reconciliación". Éste es el territorio político en el que sitúa su respuesta hacia las Fuerzas Armadas y sus aliados para quienes la sola revisión del pasado y de sus actos constituía la prolongación política de una guerra librada y ganada.

 

IV. LAS RESPONSABILIDADES JURÍDICAS

El relato del Nunca Más presenta una serie de tensiones en sus aseveraciones respecto de los alcances de la acción de la justicia. Las mismas fueron fruto de las pujas mantenidas al interior de la CONADEP entre los comisionados, provenientes de los organismos de derechos humanos y los del gobierno, sobre cómo el informe debería presentar a los responsables materiales de las desapariciones. Mientras los primeros pretendían incluir un anexo con todos los nombres de perpetradores mencionados en los testimonios y que el informe postulara la necesidad de juzgar y castigar a "todos los culpables", los comisionados afines al oficialismo pretendían que el Nunca Más no incluyera menciones concretas a los presuntos responsables, y ratificara la tesis del Poder Ejecutivo que proponía que los oficiales, y suboficiales y miembros de los grupos de tareas que ejecutaron la represión habían actuado obedeciendo órdenes sin capacidad decisoria sobre sus actos y, por ello, no debían ser juzgados.

De hecho, según las propias actas internas de la CONADEP y las entrevistas realizadas a sus miembros, las divergencias entre los comisionados provenientes de los organismos y del Ejecutivo se centraron exclusivamente en estos puntos, cuestión que pone de relieve la concordancia de ambos actores respecto del resto del relato y la interpretación que presenta el Nunca Más (Crenzel, 2008a y 2008b).

Específicamente, con relación a las responsabilidades penales, los autores del Nunca Más aclaran que no tenían por misión establecerlas pero, sobre ese tópico, el informe propone dos lecturas distintas. Por un lado, establece la responsabilidad de las Juntas militares en la planificación del crimen. Por otro, presenta a los centros clandestinos, según las fuerzas, bajo su control; distribuye a los desaparecidos según comandos militares, sugiriendo la responsabilidad de sus jefes y remarca que "todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de seguridad con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas fue sancionado de modo brutal (...), cualquier intento de escapar a la estructura represiva, a lo que sus miembros llamaban el "pacto de sangre" podía implicar su persecución y aún su eliminación" (CONADEP, 1984: 8, 253-259 y 300).

Estas consideraciones podrían suponer que su mirada reproduce la distinción de los niveles de responsabilidad vertebrada por Alfonsín. Esta estrategia había sido gravemente afectada al ser debatida en el Senado, en febrero de 1984, al excluirse el alegato de obediencia para los autores de "hechos atroces y aberrantes" (Véase Reforma legal que impone el fuero militar y excluye a los Jueces naturales). Sin embargo, el Nunca Más confronta con la distinción oficial que proponía limitar la acción penal a quienes cometieron excesos al advertir que:

los casos transcriptos no son aquellos que constituyen excesos, ya que tales excesos no existieron si se entiende por ello la Comisión de actos aislados, particularmente aberrantes (...) lo aberrante fue práctica común y extendida. Los actos "especialmente atroces se cuentan por millares. Son los "normales" (CONADEP, 1984: 15 y 16).

En ese acto, a la vez, el informe niega el sentido de la enmienda senatorial. Esta perspectiva se redobla al postular "indispensable la investigación judicial de la integración de los grupos de tareas en la estructura represiva", extendiendo, así, la acción judicial sobre los cuadros medios e inferiores de las Fuerzas Armadas, a los cuales el gobierno pretendía excluir de la indagación de la justicia (CONADEP, 1984: 15, 16, 223, 256 y 481).⁷

De este modo, también con relación a este tópico, el informe hace presente las voces y el punto de vista de los familiares y organismos de derechos humanos que reclamaban un castigo extendido a los responsables materiales de las desapariciones. Este carácter expansivo, que propone el Nunca Más, sobre la acción de la justicia se verá luego reproducido en la sentencia del juicio a las Juntas Militares en 1985. Específicamente, el punto 30 de este fallo extendió la acción penal contra los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zonas y subzonas y contra quienes tuvieron responsabilidad operativa en las acciones y cometieron hechos aberrantes. Así, este punto de la sentencia reprodujo la intención de los organismos de derechos humanos inscripta en el llamamiento del Nunca Más, relativa a ampliar la investigación judicial más allá de las Juntas militares.

 

V. CONCLUSIONES

Este trabajo demostró cómo el Nunca Más propuso una nueva lectura sobre el pasado de violencia política en Argentina, distante de la narrativa revolucionaria previa al golpe y de la justificación o negación dictatorial del crimen. Esta lectura conjugó las premisas del gobierno de Alfonsín para juzgar la práctica de la violencia política con la narrativa humanitaria forjada durante la dictadura para denunciar las violaciones a los derechos humanos.

El informe postuló las desapariciones como una violación a los principios religiosos y políticos de Occidente; presentó a los desaparecidos como sujetos de derecho; condenó la violencia como modo de resolver los conflictos políticos; imaginó la democracia como garantía de que el horror no se repita e interpeló, en sus recomendaciones, al Estado y a sus poderes como sujeto excluyente, proponiendo reparar a los afectados, derogar las leyes represivas, materializar la justicia, inscribir a las desapariciones como crimen y asegurar la transmisión de los derechos humanos (CONADEP, 1984: 477 y 478). Así, inscribió el pasado dentro de los principios generales del orden político restaurado en el país en 1983.

En consonancia con los decretos presidenciales de juzgamiento a las cúpulas guerrilleras y a las Juntas militares, el Nunca Más estableció una periodización institucional de la violencia política postulando a la violencia insurgente como antecedente de la violencia de Estado y a las desapariciones como responsabilidad exclusiva de la dictadura, proponiendo la ajenidad de la sociedad civil y política con respecto a ambas.

Por último, incorporó en su relato, en un lugar privilegiado, los testimonios de los familiares y sobrevivientes para reconstruir en detalle y, de manera realista, la materialidad de las desapariciones e integrar sus fases públicas y ocultas. Estas declaraciones propusieron la ajenidad de los desaparecidos para con la política y la insurgencia, derivando de ello su inocencia. Así, el Nunca Más consagró oficialmente la narrativa humanitaria forjada por los denunciantes durante la dictadura, inscribiéndola en los marcos de una nueva lectura del pasado.

Mediante la articulación de los postulados del Ejecutivo y la narrativa humanitaria, adoptada durante la dictadura, el Nunca Más propuso en la escena pública una nueva orientación de sentido sobre el pasado de violencia política, que comportaba una interpretación de las desapariciones y la violencia estatal y que integraba, a la vez, las memorias personales y las experiencias concretas de quienes la padecieron.

La potencia de la constelación de sentido, que conjugó el informe, se revelaría en tres dimensiones claves. En primer lugar, antes del Nunca Más, la perspectiva dictatorial no había sido desmentida por un relato integrado, con una fuerza emotiva, argumentativa y simbólica, sostenida por el peso de los testimonios y la palabra oficial. El informe instauró una nueva verdad pública sobre las desapariciones, confrontando con la negación, justificación y relativización castrense del crimen.

En segundo lugar, el Nunca Más cobraría rápidamente la calidad de instrumento de justicia al transformarse en el corpus probatorio central en el juicio a las Juntas militares, y al verse reproducida su voluntad de que la justicia actúe de manera amplia y no limitada en el fallo de este tribunal. En tercer lugar, el informe se conformaría en un éxito editorial sin precedentes sobre este tema y en su canon explicativo.

Por último, adquiriría una importancia saliente en las políticas de justicia transicional al ser imaginado, en el contexto del proceso de democratización de la región, por gobiernos y organismos humanitarios como vehículo para tramitar los pasados de violencia política que estas sociedades atravesaron en los años setenta y ochenta.

Sin embargo, este relato fundacional de la democracia restituida presentaba una serie de límites respecto de la defensa universal de los derechos civiles y políticos. Como se señaló, excluía de su relato las adscripciones políticas de quienes padecieron las violaciones como modo de legitimar la condena moral de esas prácticas. A la vez, no historizaba la violencia y omitía las responsabilidades de la sociedad política y civil en su práctica. Estos atributos develan las dificultades de la sociedad argentina de entonces, las cuales no pueden pensarse exclusivamente como límites impuestos desde el poder del Estado y que, por cierto, aún persisten, para pensar en términos complejos el pasado de violencia que la desgarró.

 

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Notas

* Este trabajo deriva de mi tesis de doctorado "Génesis, usos y resignificaciones del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en Argentina", dirigida por el Dr. José Nun y defendida en mayo de 2006 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco a los dos réferis anónimos de la revista Confines por sus comentarios, críticas y sugerencias a este artículo.

1 Elaboración propia con base en datos de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), responsable de su publicación.

2 La CONADEP registró, en 1984, 8 961 desaparecidos. Por su parte, los organismos de derechos humanos postulan la existencia de 30 mil desaparecidos. Pese a que todas las dictaduras del Cono Sur adoptaron la Doctrina de Seguridad Nacional, de origen norteamericano, que considera que el enemigo se halla en todo ámbito social y que todo conflicto afecta la seguridad y es parte de la estrategia subversiva y de que actuaron coordinadamente a través del "Plan Cóndor", las modalidades dominantes que asumió el terrorismo de Estado en estos países fueron diversas. En Uruguay, predominó la prisión prolongada y la mayoría de los cien casos de desaparición sucedió en territorio argentino; en Chile, dos tercios de las víctimas fatales de la dictadura fueron asesinados de forma pública mientras los desaparecidos representan el 33% restante; en Brasil y Bolivia, se registraron menos de un centenar de desapariciones.

3 Frente a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la dictadura desenvolvió una persistente campaña, mostrándose protectora de esos derechos y adjudicando su violación a la guerrilla. A modo de ejemplos, difundió intensamente el slogan "Los argentinos somos derechos y humanos" y editó, en oportunidad de la visita al país de la CIDH de la OEA, el libro "El terrorismo en Argentina" con una crónica de la violencia guerrillera, desde la década de los sesenta; presentan a la violencia guerrillera como extraña al territorio y a la idiosincrasia nacional y como parte de un fenómeno internacional ajeno a los conflictos del país (Poder Ejecutivo Nacional, 1980).

4 La "Multipartidaria" agrupaba al Radicalismo, al Peronismo, al Partido Intransigente, a la Democracia Cristiana y al Movimiento de Integración y Desarrollo. El agrupamiento comenzó a demandar al régimen militar la convocatoria a elecciones. A fines de 1981, su documento "Antes que sea demasiado tarde" sólo pidió al gobierno militar una explicación sobre los desaparecidos sin reclamar justicia; repudió "la subversión" y resaltó el apoyo del pueblo a la lucha de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo (Verbitsky, 2003: 22).

5 Según Enrique Shore, fotógrafo de la CONADEP, la mayoría de las fotos fueron hechas con objetivos "gran angular" (sobre todo, porque en muchos casos los lugares eran muy pequeños), siempre intentando mostrar los detalles que afirmaban los testimonios de los sobrevivientes, poniéndolos en contexto con el resto del lugar. Comunicación electrónica con Enrique Shore, 16 de junio de 2007.

6 De hecho, la CONADEP excluyó del informe ciertos testimonios que juzgó podrían suscitar la incredulidad pública como aquellos que referían al despellejamiento de cautivos vivos y la violación, por decenas de soldados, de una detenida, ultrajada, también, tras su asesinato. Entrevistas a Raúl Aragón, secretario de procedimientos de la CONADEP, Buenos Aires, 3 de diciembre de 2003 y a Alberto Mansur, secretario de Asuntos Legales, San Martín, provincia de Buenos Aires, 1 de septiembre de 2004.

7 Sobre las tensiones al interior de la CONADEP, sobre cómo presentar a los perpetradores, de mis entrevistas a Eduardo Rabossi, Buenos Aires, 19 de agosto de 2004, y a Graciela Fernández Meijide, Buenos Aires, 20 de octubre de 2004, comisionado y secretaria de denuncias de la CONADEP, respectivamente.