Introducción

En uno de los análisis más relevantes sobre la tendencia de políticas migratorias a nivel internacional, durante más de tres décadas, ^{De Hass et al. (2018)} encuentran que la apertura y/o restricción de las políticas migratorias se han dado según el tipo de flujo migratorio que se pretenda regular. Por un lado, las políticas de control fronterizo, así como las regulaciones hacia la migración permanente por vía familiar y hacia la migración sin documentos se han vuelto más restrictivas. Por el contrario, las políticas hacia los trabajadores temporales calificados y no calificados han tendido más bien a la apertura. El patrón anterior se replica en las políticas migratorias del sistema norte y mesoamericano, en particular, el caso estadounidense. Durante el gobierno de Donald Trump (2017-2020), para algunos, la disrupción más significativa de la política migratoria se dio en el discurso público y las actitudes de la clase política hacia la migración (^{Armendares, 2018}); para otros, se trató de la edificación y puesta en marcha de una política migratoria extrema y restrictiva hacia todo tipo de inmigrantes (^{Cornelius, 2020}). En este artículo se argumenta que uno de los cambios más destacables del gobierno de Trump fue la mayor restricción del ingreso a Estados Unidos por vía familiar en todas las dimensiones de la política migratoria (permanente, temporal, sin documentos y humanitaria). Basada en el modelo de ^{FitzGerald y Cook-Martín (2014)}, la selección de la población migrante se llevó a cabo mediante la aplicación de diversas órdenes ejecutivas y cambios administrativos. Específicamente, se elevaron los costos (económicos y humanitarios) para los migrantes y sus familias con la finalidad de desincentivarlos a continuar con su proyecto migratorio: llegada, estadía y/o para la eventual reunificación de más familiares, según fuese el caso, en aras de cumplir uno de los idearios de dicha administración: detener el crecimiento de la población no blanca, en particular de hispanos, e impedir que -en un futuro- sobrepasara el porcentaje de población blanca en Estados Unidos.

La apertura o restricción relativa de la política migratoria estadounidense por vía familiar en sus diferentes dimensiones es, entre otras, una variable que impacta en los flujos de emigración, retorno e inmigración en México, no sólo porque el 95 por ciento de la emigración mexicana tiene como único destino el territorio estadounidense, sino por la posición geopolítica de México como el último país de tránsito antes de llegar al primer polo de atracción de inmigración a nivel mundial.

El artículo está dividido en seis secciones. En la primera se expone un perfil con las principales características de la población migrante y en particular de mexicanos en Estados Unidos; en la siguiente, se presentan las ideas centrales del discurso anti-inmigrante del gobierno de Trump, así como los objetivos centrales de su política migratoria; en la tercera sección se analiza la política migratoria de visas permanentes, seguida del análisis de la política migratoria hacia los trabajadores temporales; en la quinta parte se estudia la política de seguridad migratoria en la frontera, al interior del territorio, y finalmente se discuten algunos de los cambios en la política humanitaria y externalización de fronteras.

Estados Unidos, polo de atracción de migrantes en el sistema migratorio norteamericano

Estados Unidos es el principal polo receptor de migrantes no sólo en la región, sino a nivel mundial. Más de 44 900 000 inmigrantes viven en territorio estadounidense, los cuales representan el 13.7 por ciento de una población total de 323 100 000 millones de habitantes. La mayor parte de los inmigrantes provienen de América Latina. Los mexicanos, por arriba de los de otras nacionalidades, representan un 24 por ciento del total de toda la inmigración, cifra menor con respecto al año 2000, cuando eran el 30 por ciento. Si bien México ha estado a la cabeza de los países que más contribuyen a la inmigración a ese país, a partir del 2010 la mayor parte de los migrantes de recién arribo han sido de Asia, en particular de India y China, naciones que representan el 6 por ciento de la inmigración total (^{Batalova et al., 2021}).

La comunidad de mexicanos en Estados Unidos está comprendida por 11 500 000 migrantes de primera generación, de los cuales poco menos de la mitad son indocumentados, (5 600 000), cifra en declive desde el 2007 cuando eran 7 000 000 (^{Passel y Cohn, 2017}). Además, hay 13 800 000, más 13 500 000 de la segunda y tercera generaciones, respectivamente (^{BBVA y Conapo, 2021}). Un número importante de migrantes viven en familias con estatus migratorio mixto, en las cuales al menos uno de sus integrantes es indocumentado. Sin duda la comunidad de migrantes de origen mexicano es una pieza importante en el mosaico demográfico estadounidense -la población hispana es la minoría más numerosa y los mexicanos representan el 64 por ciento de la misma, y esta última ha contribuido al crecimiento de la población en Estados Unidos-. Del 2010 al 2019, la población hispana contribuyó con prácticamente la mitad (el 52 por ciento) del crecimiento de la población estadounidense (^{Bustamante et al., 2020}).

En comparación con los migrantes de otros países, los mexicanos, entre otras diferencias, son más jóvenes, tienen menor escolaridad y salarios más bajos (^{Zong y Batalova, 2018}).

El ingreso medio de sus hogares, en el 2014, fue de 37 390 dólares, por debajo de los 49 487 para el resto de las poblaciones migrantes y 54 565 para las personas nacidas en Estados Unidos. En el 2019, el 17.8 por ciento de la población migrante mexicana se encontraba debajo de la línea de pobreza (^{BBVA y Conapo, 2021}). La crisis por la pandemia de COVID-19 ha impactado en el mercado laboral de aquel país: la tasa de desempleo de la población migrante mexicana pasó del 6.6 por ciento en marzo al 17.1 por ciento en abril de 2020 (^{BBVA y Conapo, 2021}).

La apertura y/o restricción de una política migratoria puede analizarse en dos momentos: en su creación como leyes (reglamentos, programas) y en su aplicación. El enfoque en el cual se sustenta el artículo es un modelo analítico de tres dimensiones de ^{FitzGerald y Cook-Martín (2014)}. La primera de ellas es la temporal, en la cual las preferencias de los actores no están dadas, sino que son producto -en parte- de decisiones tomadas en el pasado. Al observar los procesos a largo plazo, se puede entender si la política migratoria en el presente es parte de una tendencia que se está reforzando, o bien, resulta un punto de inflexión cuya consecuencia deriva en un cambio de tendencia. La segunda dimensión es la vertical, que se refiere a quiénes son los encargados de hacer la política migratoria y los factores que determinan sus preferencias. Desde el institucionalismo, el quehacer de la política migratoria estadounidense ha partido de dos premisas: la primera de ellas es que mientras el Congreso responde más a los grupos de interés a nivel doméstico y a la opinión pública, el Ejecutivo se ha enfocado más en los intereses de política exterior. La segunda premisa es que los múltiples actores de veto dificultan el cambio del statu quo. Finalmente, la dimensión horizontal contempla los factores internacionales, que impactan en la dirección de las políticas migratorias; el caso extremo es la prohibición impuesta por un Estado a la entrada de ciudadanos en un país con el cual está en guerra. Otros ejemplos incluyen las restricciones y/ o vigilancia extrema al ingreso de personas de ciertos países de origen asociados a determinados riesgos a la seguridad (terrorismo, narcotráfico, salud pública).

Cabe mencionar que la apertura y/o restricción de la política migratoria puede ser ejercida en la práctica por parte de los Estados por medio de mandatos administrativos y/o burocráticos que no necesariamente operan en el sentido de lo dictado por las leyes. Algunos estudios de caso muestran cómo los gobiernos aplican diferentes medidas para aceptar y/o deportar a los migrantes haciendo distinciones y seleccionando de facto por origen nacional, raza, poder adquisitivo, aun cuando la legislación es más bien neutral (^{FitzGerald y Cook-Martín, 2014}; Golazh Boza, 2015).

Make America Great Again? O Make America White Again?

Una parte de la literatura incluye a la presidencia de Donald Trump (2017-2020) dentro de la oleada de líderes populistas en varias democracias occidentales (Dinamarca, Austria, Hungría, entre otros). Una característica distintiva de estos liderazgos es su postura en favor del nativismo, la xenofobia y el cierre de fronteras en detrimento del multiculturalismo, la libre circulación de capital y de personas. Un denominador común ha sido cuestionar los principios rectores de la atracción de la población migrante a sus países pues, de acuerdo con el estudio de ^{Papademetriou, Hooper y Benton (2018)}, los líderes populistas asocian a los migrantes con el hecho de que sean responsables de crímenes, actos terroristas, hasta de que son incompatibles con los valores culturales y religiosos del país de acogida.

El gobierno de Donald Trump estuvo caracterizado y se diferenció de las administraciones anteriores por poner en marcha una guerra constante contra los extranjeros (^{Cornelius, 2020}). Su lema “Make America Great Again” en buena medida quería decir “Make America White Again” (^{Alejo, 2018}) pues -desde su campaña y en los primeros meses en el poder- mantuvo una retórica racista y xenófoba, sobre todo hacia la población extranjera no blanca (^{Verea, 2018}). De la mano con varios medios de comunicación -quienes desde años atrás ya habían difundido ideas tales como que la inmigración era una suerte de invasión, impulsada por la descontrolada fertilidad de la población latina (^{FitzGerald et al., 2019})-, Trump difundió la idea de la migración como una amenaza a la seguridad y a la economía estadounidense. Ante ello se tenía que defender el territorio estadounidense, en particular, de personas de piel morena y los hispanohablantes (^{Verea, 2018}).

De manera general, destacó su hostilidad hacia migrantes mexicanos, centroamericanos y musulmanes. Trump calificó a los migrantes latinos de criminales y los responsabilizó de los altos índices de violencia en las ciudades estadounidenses. Específicamente, hacia los migrantes sin documentos promovió el discurso de detenerlos en la frontera y/o expulsar a quienes ya estuvieran dentro del territorio estadounidense bajo el argumento de que eran malos, “bad hombres”, llegando al extremo de no considerarlos humanos y llamarlos animales (^{Korte y Gomez, 2018}).

Los objetivos generales de su política migratoria fueron reforzar el sistema de seguridad en la frontera y al interior del territorio, la aceleración de las deportaciones expeditas y con cargos por delitos graves a los migrantes, disminuir el ingreso por la vía permanente, en particular de migrantes no blancos y desmantelar el sistema de asilo. La manera de hacerlo fue mediante cambios rápidos y contundentes (se contabilizaron cuatrocientos cambios) (^{Pierce y Bolter, 2020}) desde el Ejecutivo a través de la firma de diversas órdenes ejecutivas y por la vía administrativa con la aprobación de detalles técnicos, sin pasar por el Congreso. Incluso utilizó la estrategia del litigio, es decir, hacer cambios, aunque fueran ilegales, que duraran el mayor tiempo posible hasta ser invalidados por algún Tribunal o un fallo de la Suprema Corte (^{Cornelius, 2020}).

Cabe recordar que el Congreso, por un lado, estaba en una suerte de impasse legislativo con más de treinta años sin la aprobación de una reforma migratoria comprehensiva desde la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act, IRCA) o la Ley Simpson Rodino en 1986; por el otro, sistemáticamente promulgaba leyes restrictivas sobre todo en materia de seguridad en las fronteras y al interior del territorio (U.S. Patriot Act, 2001; Enhanced Border: Security and Visa Entry Reform Act -EBSVERA-, 2002; Homeland Security Act, 2002; Real ID Act, 2005; Secure Fence Act, 2006) (^{Cárdenas, 2021}).

Si bien el tema migratorio ha sido uno de los más controvertidos, pues ha provocado divisiones en el Legislativo estadounidense (^{Tichenor, 2002}; ^{Martin, 2008}), las reformas migratorias comprehensivas se aprobaban gracias a la formación de coaliciones, las cuales se componían por representantes demócratas y republicanos (^{Tichenor, 2002}; ^{Martin, 2008}).¹ Por el contrario, en el siglo XXI la creciente polarización entre republicanos y demócratas ha caracterizado los debates migratorios y, por ende, resulta más complicada la formación de dichas coaliciones. Lo anterior obedece a la alineación de los legisladores a sus respectivos partidos con base en la expectativa de lo que harán éstos en materia migratoria para ganar elecciones: mientras que de los republicanos se espera una mayor restricción, de los demócratas mayor apertura; cuando se vota por leyes proinmigrantes, los representantes demócratas son más proclives de votar a favor que los republicanos.² Por otra parte, la cambiante composición demográfica de los distritos influye en la manera en la cual votan los representantes: cuando la población migrante crece, se reduce la probabilidad de votar en contra de medidas restrictivas (^{Wong, 2017}). En cambio, las leyes en materia de seguridad en las fronteras y al interior del territorio han sido aprobadas y puestas en marcha porque hay mayor convergencia en la forma de votar entre republicanos y demócratas (^{Wong, 2017}), pues mientras aprobarlas conlleva ciertos beneficios electorales, resulta sumamente costoso votar en contra de las mismas (^{Rosenblum, 2011}).

Las acciones para detener la migración en cadena

Actualmente, los lazos familiares con los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes siguen constituyendo el pilar más importante de la inmigración en Estados Unidos. Lo anterior se estableció desde la Ley Hart Celler (Immigration Act o Hart-Celler Act) de 1965. Con esta ley y sus posteriores enmiendas, primero en 1976 y después en 1978, los parientes inmediatos de los ciudadanos estadounidenses (hijos, esposas y padres) no cuentan con un límite de visas para entrar; además, se otorgan doscientos noventa mil visas para todos los países y cada uno tenía un tope de veinte mil visas al año. Lo anterior contribuyó significativamente al aumento de la población de determinados orígenes, sobre todo de América Latina y Asia; en particular, la llegada de mexicanos a Estados Unidos y la adquisición de la residencia permanente cobró gran relevancia como nunca en la década de los años ochenta y, sobre todo, en los noventa del siglo XX. De 1981 a 1990, los 6 300 000 inmigrantes admitidos, los mexicanos representaron 1 009 586 admisiones. Una década más tarde, la tendencia continuó y, de hecho, el número de inmigrantes mexicanos creció; de los 9 700 000 residentes permanentes admitidos en territorio estadounidense, 2 757 418 eran mexicanos. Este crecimiento se dio sobre todo entre 1986 y 1992, periodo en el cual se aplicó la amnistía aprobada en la Ley IRCA de 1986 y trajo consigo la legalización de 3 000 000 de personas, de las cuales 2 300 000 eran mexicanos (^{Massey et al., 2002}). En los últimos diez años, México es el país que más visas permanentes recibe anualmente, un 15 por ciento del total, y en diez años recibió 1 500 000 visas de residentes permanentes (^{DHS, 2018}).

Uno de los objetivos de la política migratoria de Trump fue disminuir el ingreso por vía permanente, en particular de migrantes no blancos y por vía de reunificación familiar; en repetidas ocasiones llegó a referirse a “poner fin a la migración en cadena” (^{DHS, 2018}). El propio Trump abogó por la propuesta de ley RAISE (Reforming American Immigration for a Strong Economy Act), también conocida como la Cotton-Perdue Bill (^{Verea, 2018}); el objetivo de la iniciativa era reducir las visas permanentes de un millón al año a la mitad para el 2027, cambiar el sistema de selección de los migrantes por uno basado en puntos, méritos, conocimientos y experiencia en el mercado laboral, y eliminar diversas categorías para el ingreso por vía de la reunificación familiar, sobre todo para parientes no inmediatos.

Si bien esta iniciativa no se aprobó, ni el resto de las propuestas de reforma migratoria, las restricciones por la vía de la reunificación familiar se implementaron mediante medidas administrativas. Los escrutinios y los requisitos a los solicitantes de visas permanentes aumentaron, así como el tiempo para procesarlas (^{Pierce y Bolter, 2020}). El objetivo era sobre todo la reducción de la migración permanente, pero de migrantes no blancos con bajos recursos y de aquellos con familias en estatus mixto. Una primera medida imponía obstáculos de tipo económico, pues se pedía que el solicitante de la visa, junto con su patrocinador y su familia, debían tener un ingreso por arriba de los sesenta y cuatro mil dólares al año. Un antecedente de ello está en la ley IIRIRA de 1996, con la cual se aprobó como requisito un ingreso mínimo del 125 por ciento arriba de la línea de pobreza para aquellas personas que fungieran como patrocinadores (^{Cárdenas, 2021}).

Otro requisito antes de aprobar un visado era la adquisición de un seguro médico privado por parte de los solicitantes, antes de ingresar a Estados Unidos. Esto afectaba sobre todo a quienes buscaban ingresar por vía de la reunificación familiar, como lo es para la mayor parte de los mexicanos, ya que los inmigrantes que buscaban obtener una visa por la vía económica son patrocinados por empresas y su seguro es proporcionado por el propio empleador (^{Cornelius, 2020}).

La segunda medida consistió en obstaculizar la obtención de las green cards si el solicitante era considerado una carga pública, actual o potencial. Desde 1996, bajo la ley IIRIRA, se estableció que una visa podía ser denegada en caso de que el solicitante fuese considerado una carga pública; para ser considerado como tal, tenía que haber utilizado servicios como Medicaid o Supplemental Security Income (SSI), entre otros. En realidad, esta medida había sido más bien un principio, pues básicamente no se denegaron visas por no superar dicha regla; los usuarios de estos programas ya eran residentes permanentes o ciudadanos, no quienes apenas iban a solicitar la visa. Bajo una interpretación más dura de este antecedente, en 2019 el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) instruyó a los funcionarios de inmigración para que negaran las visas permanentes a aquellos solicitantes que considerasen como potenciales usuarios (cursivas propias) de algún beneficio público como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios a la vivienda. Lo anterior tuvo un impacto en infundir temor y desalentar sobre todo a aquellos padres de familias mixtas a inscribirse en dichos programas, los cuales beneficiarían a sus hijos estadounidenses (^{Cornelius, 2020}). De 2016 a 2019 el uso de Medicaid, los cupones de comida (supplemental nutrition assistance program, SNAP) y la ayuda temporal para familias necesitadas (temporary assistance for needy families, TANF) se redujeron tanto para los ciudadanos como para los no ciudadanos; en parte, lo anterior podía deberse a la mejoría de las condiciones en la economía estadounidense. Sin embargo, la caída en la solicitud de dichos apoyos fue sustantivamente mayor para los niños estadounidenses con familias mixtas, lo cual sugiere como posible causa el temor por parte de sus padres a usar esos programas por las posibles repercusiones que habría para obtener una green card. La caída en la participación de los niños estadounidenses miembros de familias mixtas fue de un 36 por ciento, mientras que para las familias cuyos integrantes son ciudadanos estadounidenses bajó en un 18 por ciento. La temporada en la cual el declive fue mayor es justo entre 2018 y 2019, años en los cuales Trump anunció la medida (^{Capps et al., 2020}).

Las green cards emitidas cayeron entre el 2016 y el 2019, de 1 200 000 a 1 000 000; sin embargo, 2016 fue un año excepcional en la década pues el promedio previo había sido de 1 000 000. En ese sentido, el número de visas emitidas en los tres primeros años de la administración de Trump fue similar a los años previos a 2016; más bien, el cambio estuvo en la caída de las solicitudes de visa, la cual fue un 17 por ciento después de 2016 a 2019, incluyendo las de mexicanos y de otros países. Lo anterior podría ser una consecuencia de las medidas -e incluso de la narrativa- impuestas por Trump para desincentivar a los migrantes para que no pudieran aspirar a ellas por no cumplir con el mayor número de requisitos (Chishti y Bolter, 2020). Después de esto, el factor que mayor impacto tuvo en las caídas de la solicitud y emisión de visas permanentes fue la pandemia de COVID-19 en 2020, con el cierre de oficinas consulares; en 2019, se otorgaron a los mexicanos 156 000, mientras que en 2020 se otorgaron 50 000 menos.

¿“Bienvenido/Welcome”? La acelerada apertura de las políticas para migrantes temporales no calificados, y cortar lazos familiares para los calificados

Los trabajadores migrantes temporales también fueron blanco de los ataques del gobierno de Trump, en particular los llamados calificados con la orden ejecutiva de 2017 “Buy American, Hire American”, con el afán de hacer un mayor escrutinio y restringir visas, en aras de contratar trabajadores estadounidenses, lo cual tuvo una repercusión directa en las llamadas visas H1B, destinadas a trabajadores calificados. La emisión acelerada de este visado creció desde la década de los años noventa, dadas las necesidades del mercado laboral estadounidense; incluso resultaban la vía idónea para la contratación de trabajadores ante la dificultad para realizar una reforma migratoria y los múltiples intentos fallidos de cambiar un sistema que prioriza la reunificación familiar por encima de la vía económica (^{Cárdenas, 2021}). Una particularidad de estas visas es que permiten al trabajador transitar de la vía temporal a la residencia permanente y, eventualmente, aspirar a la ciudadanía estadounidense; incluso, el cónyuge puede solicitar una visa de trabajo. Bajo la administración de Trump se redefinió la categoría de lo que debe ser un migrante calificado con visa H1B: además de pedirles grados universitarios superiores a la licenciatura se impusieron diversas medidas administrativas, sobre todo a las consultorías y a las compañías de outsourcing; por ejemplo, se impuso como obligación a los empleadores emitir contratos a los trabajadores por el mismo tiempo del visado, lo cual resultaba un obstáculo para empresas con ofertas laborales por proyecto. Como consecuencia, la tasa de rechazo de solicitudes de este tipo de visas pasó del 10 al 20 por ciento entre 2016 y 2019 (^{Pierce y Bolter, 2020}). Al mismo tiempo, como corolario de los cambios de la migración temporal calificada, estaba la eliminación de las visas H4, otorgadas a las esposas de los trabajadores H1B. La consecuencia inmediata de la aplicación de esta medida era la separación de familias; en el mediano plazo, ir a Estados Unidos se volvía menos atractivo para los migrantes calificados con familia, o para los migrantes jóvenes que deseaban formar una familia en suelo estadounidense (^{Tigau y Pande, 2020}). La mayor parte de las visas H1B han sido destinadas a India.

Por el contrario, las visas temporales para trabajo no calificado, como H2A en la agricultura, aumentaron de manera sustantiva. La mano de obra de trabajadores migrantes temporales en la agricultura estadounidense ha sido fundamental; de hecho, tres cuartas partes de los trabajadores en el campo son migrantes; la mitad de éstos ingresa con visa H2A, y aproximadamente la otra mitad no cuenta con documentos (^{Martin, 2017}). A diferencia de las visas para trabajo calificado H1B, los trabajadores agrícolas no pueden obtener estatus de residentes permanentes.

Durante la administración de Trump hubo un incremento de las visas H2A para los mexicanos, de 102 174 en 2015 a 197 908 en 2020; lo anterior se explica porque la migración sin documentos en ese sector disminuyó del 55 por ciento al 47 por ciento, como consecuencia de la intensificación de la vigilancia de la frontera y de las deportaciones. Para sustituir dicha mano de obra faltante, una de las medidas ha sido expedir un mayor número de visas H2A, es decir, otorgar la vía legal para quienes antes habían ingresado a trabajar de manera indocumentada (^{Martin, 2017}).

Otra vuelta de tuerca: la política de seguridad en las fronteras y al interior

El gobierno de Trump heredó de las dos administraciones anteriores, e incluso del gobierno de William Clinton (1993-2000), un andamiaje legal e institucional para que existiese una mayor seguridad y vigilancia, tanto en la frontera como al interior del territorio para -dentro de otros objetivos- la contención y control de la migración sin documentos; dicha política se restringió aún más bajo Trump, con mayores costos para los migrantes y sus familias. Lo anterior fue llevado a cabo mediante órdenes ejecutivas y medidas administrativas, algunas de ellas sin aprobación del Congreso, incluso violatorias a las normativas vigentes de ese momento, y acompañadas de un presupuesto creciente.

A los pocos días de subir al poder, Trump firmó la orden ejecutiva 13767 “Mejoras en la seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias”, mediante la cual ordena asegurar la frontera y deportar de manera rápida y consistente a los migrantes aprehendidos. Además, ordena al DHS que diseñe y comience la construcción de un muro en la frontera con México (^{Armendares, 2018}). Para esto último, la administración contó con un presupuesto de quince billones de dólares para el 2020, con los cuales se avanzó en 229 millas de una meta de 450. Del total del presupuesto, el Congreso aprobó y otorgó un 30 por ciento del total; el Ejecutivo obtuvo el resto de los recursos a través de otras vías, ante la negativa de los legisladores de otorgar más fondos para dicho propósito. Al declarar una “emergencia nacional”, el Ejecutivo obtuvo diez y medio billones más del Departamento de Defensa, desviando recursos inicialmente destinados a programas para la construcción militar y para el combate al tráfico de drogas (^{Isacson, 2020}; ^{Pierce y Bolter, 2020}).

El reforzamiento del muro fronterizo fue acompañado de un incremento del presupuesto de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP). El presupuesto de CBP de 2003 a 2021 casi se triplicó, pasó de 5.9 billones de dólares a 17.7 billones de dólares. Hubo un incremento con respecto a la administración de Obama de 13 billones de dólares a 17.4; específicamente, la Patrulla Fronteriza pasó de un presupuesto de 3 800 millones en 2017 a 4 858 millones para 2020 (^{AIC, 2021}).

El incremento presupuestal sirvió para acelerar el funcionamiento del engranaje de una variedad de acciones, desde las deportaciones expeditas, hasta la separación de familias y el uso del artículo 42 ante la pandemia provocada por el COVID-19. Una de las medidas más extremas e impopulares fue la política de “tolerancia cero” anunciada por Jeff Sessions, en ese entonces procurador general, en mayo de 2018, que consistió en procesar como ofensa criminal a las personas que ingresaban sin documentos a territorio estadounidense bajo el amparo de la sección 1325 de la Ley de Inmmigración. Más allá de la detención de los migrantes sin documentos a quienes se les aplicaba mayor penalización, la política tenía como fin último desincentivar a los migrantes a seguir intentando ingresar a Estados Unidos. En particular, John Kelly, secretario del DHS, comentó que se pensaba separar a los menores de sus padres que ingresaban de manera indocumentada, con el propósito de detener una mayor movilidad de personas (^{FitzGerald et al., 2019}). Cuando los inmigrantes y sus familias eran aprehendidos por la Patrulla Fronteriza, los mantenían unidos en centros especiales y al poco tiempo los liberaban, mientras se decidía si eran deportados o permanecían en territorio estadounidense, pero bajo la política trumpista los padres permanecían en centros de detención mientras se procesaba su caso y sus hijos eran trasladados a las oficinas de Refugee Resettlement (Reubicación de Refugiados). La ley no permitía que los niños estuviesen en centros de detención federales (^{FitzGerald et al., 2019}).

Si bien en 2017 el número de aprehensiones fue el más bajo en más de un lustro, ese mismo año empezaron a repuntar la cantidad de menores migrantes y las familias que llegaron a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, con el mayor pico en la administración de Trump en el 2019, en buena medida con el arribo de las caravanas migrantes. La separación de familias afectó sobre todo (numéricamente hablando) a la población centroamericana: desde 2014, tanto el número de familias como de menores no acompañados que llegaban a Estados Unidos eran en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2012, el 80 por ciento de las unidades familiares aprehendidas eran de México; para 2014, se invirtieron los porcentajes y las provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron superiores a las de mexicanos. La tendencia se mantuvo durante prácticamente toda la administración de Trump y para 2021 representaron el 58 por ciento de los 451 087 encuentros de unidades familiares, mientras que las familias de México sólo representaron el 4 por ciento (^{CRS, 2021}).

Se estima que entre tres mil novecientos y cuatro mil cien niños fueron separados de sus familias hacia junio de 2018 (^{Pierce y Bolter, 2020: 30}). En ese mes, alrededor de cien sedes albergaban a doce mil menores no acompañados, incluidos dos mil quinientos que fueron separados de sus padres. Se dieron varias denuncias sobre las deficientes condiciones de alimentación y salubridad en los albergues, o la medicación forzada proporcionada a los menores, entre otras (^{FitzGerald et al., 2019}). A fines de junio, mediante la demanda “Ms. L. vs. ICE” (Immigration and Customs Enforcement) se ordenó la reunificación de los menores con sus padres -salvo algunas excepciones-, pues la separación había violado el derecho a la integridad familiar, así como al interés de los padres en el cuidado, custodia y control de sus hijos (^{Fitz Gerald et al., 2019}).

A raíz de la pandemia, en marzo de 2020 el gobierno de Trump respondió haciendo un llamado a la CBP para aplicar el título 42 de la Ley de Salud Pública, con el cual los migrantes que llegan a la frontera debían ser expulsados de manera inmediata, bajo el argumento de que detenerlos y procesar sus solicitudes como antes podía representar un problema de salud y la propagación del COVID-19. La mayor parte de las detenciones en la frontera sur fue de mexicanos: el 53 por ciento de 1 063 285; mientras que de Guatemala, Honduras y El Salvador fue un 29 por ciento, y el resto de otros países. Un 89 por ciento de todos los encuentros en 2021 fueron expulsiones aplicando el título 42 (^{CRS, 2021}).

Dado que bajo el título 42 no existen cargos civiles y/o penales -sobre todo estos últimos, como sucedió con el incremento de la aplicación de la cláusula 1325-, se detona el incentivo de las personas por reingresar. En 2021, el 27 por ciento de los encuentros fueron de migrantes que habían sido expulsados bajo el título 42 más de una vez (^{CRS, 2021}).

Si bien el argumento de la aplicación del título 42 es la protección de la salud pública y prevenir la propagación del virus en las instalaciones del Departamento de Seguridad, para defensores de los derechos humanos de la población migrante, mantener dicha medida era con fines de reforzar la seguridad fronteriza. A su vez, limitaba el derecho a solicitar protección internacional humanitaria.

El aumento de restricciones y repercusiones contra los migrantes y sus familias no sólo se dio en la frontera, sino también al interior del territorio. La orden ejecutiva 13768 “Mejoramiento de la seguridad pública al interior de Estados Unidos” establece que muchos no ciudadanos residentes sin documentos representan un peligro para la seguridad nacional y para la seguridad pública. En ese sentido, por un lado, se ordena mantener en detención a los no ciudadanos aprehendidos, acusados de violar las leyes migratorias, hasta que concluya su proceso de remoción; por el otro, “emplear todos los medios legales contra todos los extranjeros removibles” (^{Armendares, 2018}).

Al igual que con la agencia CBP, hubo un aumento en el presupuesto para ICE. Desde su creación en 2003, los recursos destinados a esta agencia casi se han triplicado, de 3.3 billones de dólares a 8.3 billones de dólares para 2021. Bajo el gobierno de Trump, en 2020 el presupuesto fue de 8.4 billones, es decir, 2 billones adicionales con respecto al gobierno anterior (^{AIC, 2021: 3}).

Para llevar a cabo la política de deportación, Trump puso sobre la mesa un menú de diversas acciones, bajo el amparo leyes previas y/o apartados dentro de las mismas, como el 287g, así como la restauración de programas como Secure Communities. Implementó estas acciones de la manera más restrictiva posible, bajo la idea de que todos los migrantes sin documentos son deportables.

El programa Secure Communities fue creado con Bush en 2008, con la finalidad de identificar posibles migrantes deportables en las localidades. Cuando éstos eran detenidos se cotejaban sus datos con las bases del FBI (Federal Bureau of Investigation) y de ICE para verificar su historial delictivo y estatus migratorio; en caso de que la persona se encontrara de manera indocumentada ICE podía pedir a las autoridades locales la retención de la persona para ponerla bajo su custodia, después procesar el caso y eventualmente llevar a cabo la deportación. Si bien el gobierno de Obama terminó con el programa en 2014, por considerar que estaba siendo usado para deportar personas que habían cometido faltas menores -como por ejemplo, pasarse un alto-, bajo el gobierno de Trump se reinstauró. De 2017 a 2019, se llevaron a cabo ciento cincuenta mil deportaciones de migrantes indocumentados por algún tipo de ofensa criminal bajo el marco del programa (^{Pierce y Bolter, 2020}). Se identificó un sesgo hacia una mayor implementación en las comunidades con población latina, con consecuencias probablemente para los mexicanos. El 27 por ciento de los condados en los cuales se puso en funcionamiento el programa están situados a lo largo del suroeste en la frontera -mismos que sólo representan el 1 por ciento del total de los condados en el territorio estadounidense-, y en los cuales vive la mayor parte de la comunidad de mexicanos (^{FitzGerald et al., 2019}).

Otra acción temprana en el gobierno de Trump fue la intensificación de redadas y arrestos en las comunidades por parte de ICE. En los últimos dos años del gobierno de Obama los arrestos que realizó esta agencia se habían mantenido constantes (nueve mil anuales), de los cuales alrededor del 65 por ciento eran de mexicanos; durante la siguiente administración aumentaron de manera abrupta, un 47 por ciento (^{FitzGerald et al., 2019}). La primera consecuencia de dichos actos fue crear un clima de temor entre los migrantes y sus familias, pues muchas de estas acciones se llevaron a cabo afuera de las iglesias, escuelas y centros de trabajo. Incluso, diversos estudios identificaron una relación entre la reinstauración de Secure Communities y la baja del número de hogares latinos que solicitaron cupones de alimentos y se inscribieron a otros programas públicos alimenticios y de salud (^{Alsan y Yang, 2018}).

Sin duda, otra de las acciones que tuvo un particular impacto en la comunidad de mexicanos en Estados Unidos fue el incremento de las remociones de quienes no habían cometido falta criminal alguna. En los últimos dos años de Obama se creó el Priority Enforcement Program, bajo el cual las deportaciones debían estar enfocadas sobre quienes hubiesen cometido delitos, pertenecieran a grupos criminales o fueran terroristas. Bajo la administración de Trump se eliminó lo anterior y más bien se amplió la lista de posibles migrantes que fueran reubicables, entre los cuales destacó la remoción de migrantes que no tuvieran antecedentes penales y sin acusaciones de haber cometido delitos graves (Pierce et al., 2018). Con Obama, el total de mexicanos removidos (con y sin falta criminal) fue mayor que en el gobierno de Trump: 2 192 000 en el primer caso y 625 485 del 2017 al 2019. Sin embargo, con Obama, salvo en el 2009, los mexicanos removidos sin haber cometido una falta criminal y aquellos removidos por una falta criminal representaban prácticamente 50/50 del total de las remociones (BBVA/Conapo, 2019). Bajo la administración de Trump los mexicanos removidos sin falta criminal aumentaron con respecto a aquellos que tenían una ofensa criminal; en 2017, del total de mexicanos removidos, el 55.4 por ciento no tenía una falta criminal, en 2018 incrementaron al 58 por ciento del total de la remoción de mexicanos y en 2019 el porcentaje llegó al 61 por ciento, cifras muy parecidas a las del gobierno de Bush (^{DHS, 2020}).

La externalización de fronteras en la región y el impacto negativo en los solicitantes de refugio y sus familias

Durante el gobierno de Trump, la mayor seguridad y vigilancia en la frontera, entre otros objetivos, para un mayor control de los flujos migratorios y la eventual contención y deportación de aquellos sin documentos se llevó a cabo también a través de lo que se ha llamado “externalización de las fronteras”.

Mediante la presión y eventual cooperación con México, el gobierno de Trump buscó, por un lado, la contención de los flujos migratorios sin documentos de preferencia desde la frontera México-Guatemala y, por el otro, la retención en territorio mexicano de aquellos solicitantes de asilo a Estados Unidos. Con respecto a esto último, resulta un punto de quiebre en la política migratoria estadounidense, pues bajo Trump prácticamente se impuso a México diversos costos económicos y humanitarios del desmantelamiento del sistema de asilo.

Una de las primeras acciones en la administración trumpista fue la reducción de la expedición anual de visas por cuestiones humanitarias en más del 80 por ciento: en 2017 se expidieron cincuenta mil, cifra que se fue reduciendo para quedar en dieciocho mil en 2020. Junto con esta medida se instauraron los Protocolos de Protección Migrante (Migrant Protection Protocols, MPP), también conocidos como “Quédate en México” en diciembre de 2018 y se formalizaron en junio del 2019.

La idea es que las personas que se acercasen a un oficial estadounidense en un puerto de entrada solicitando asilo tengan que esperar en territorio mexicano la resolución de dicha solicitud, bajo el argumento de la larga lista de espera de solicitudes pendientes; además, la administración estadounidense argumentó que este tipo de políticas obedecía a tratar de depurar el sistema de asilo y eliminar todas aquellas solicitudes falsas. Sin embargo, en varias declaraciones dadas por el propio Trump se considera a los refugiados como una carga a la economía y al sistema de bienestar. En ese sentido, la intención más bien parece encaminada a desincentivar a los solicitantes y sus familias a continuar con el proceso desde México, dados los largos tiempos de espera, la poca o nula posibilidad de representación ante un juez y las condiciones de vulnerabilidad de sus derechos humanos. En palabras de Cornelius, la finalidad de “Quédate en México” es “que se rindan y regresen a sus países de origen” (^{Cornelius, 2020: 12}).

El programa empezó como un piloto en San Isidro y se ha extendido a otros seis puntos fronterizos. En mayo de 2021, había setenta y un mil personas provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Cuba, en listas de espera para una entrevista, o bien, a la expectativa de tener una fecha para juicio. Una parte de la población estaba conformada por familias con hijos; de hecho, un 30 por ciento del total de casos bajo el programa eran menores de dieciocho años (^{Human Rights Watch, 2021}). A pesar de que se excluye a menores no acompañados y a personas vulnerables que puedan sufrir persecución en México, el DHS ha hecho excepciones, sin aclarar los criterios para ello (^{Human Rights Watch, 2021}).

La estancia en México reduce significativamente las posibilidades de obtener el asilo y de acuerdo con algunos reportes, las condiciones de espera de los solicitantes que se han quedado en la zona fronteriza han sido más bien adversas y vulneran sus derechos humanos. El tiempo de espera puede ser de días, semanas o meses para ver a un juez; aunque como son varias audiencias y los solicitantes tienen que estar durante todo el proceso, la estancia en territorio mexicano en realidad es de seis meses a dos años (^{Imumi, 2019}). Antes de la instauración del programa, las familias solicitantes de asilo podían estar en territorio estadounidense, ejercer derechos de salud, vivienda, educación y solicitar una audiencia en cualquier parte del territorio estadounidense donde existiese una corte de inmigración; bajo el MPP, más de la tercera parte de los casos se han concentrado en la corte de El Paso, lo cual le ha provocado una saturación, hecho que conlleva una demora en la revisión de los casos (^{Human Rights Watch, 2021}).

Durante la espera en México, la posibilidad de obtener asesoría legal de un juez se ha reducido significativamente. Sólo el 1.3 por ciento de los solicitantes de asilo devueltos a México bajo el programa han tenido representación legal, la cual -según los antecedentes en este tipo de procesos- es determinante para obtener el asilo: el 90 por ciento de los solicitantes en Estados Unidos que han contado con ella lo obtienen (^{Cornelius, 2020}). De acuerdo con algunos estudios, las familias que han tenido oportunidad de estar en la corte sufren prácticas como las largas esperas en condiciones precarias y separación la familiar antes del regreso a territorio mexicano después de la audiencia, lo cual se puede interpretar como tácticas disuasorias para continuar con el proceso (^{Human Rights Watch, 2021}).

Como parte del acuerdo, México se comprometió al respeto de derechos y obligaciones otorgados por la Constitución a todos los solicitantes de asilo. Sin embargo, Estados Unidos puso en jaque a México pues, por un lado, cuando los flujos migratorios aumentan se lee desde el gobierno mexicano como una saturación y competencia por servicios en algunos municipios (^{Garduño, 2017}), además de que México no tiene una tradición como país receptor de inmigrantes y políticas para la recepción e integración de los mismos. Algunos reportes señalan que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha hecho poco para garantizar el acceso a la educación, atención médica, la expedición de CURPS (cédulas únicas de registro de población) temporales, las cuales muchas veces les permitirían obtener un permiso de trabajo (^{Leutert, 2020}; ^{Imumi, 2019}). Las ciudades de estados fronterizos, como Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, han desarrollado zonas de alto riesgo para quienes esperan en ellas la resolución de sus casos, dados los altos índices de violencia existentes, en las cuales la extorsión y el secuestro de personas en movilidad se han convertido en una fuente de ingresos para los cárteles de la droga. “Desde la implementación del MPP, la organización Human Rights First ha documentado más de mil incidentes de violencia contra solicitantes de asilo que regresaron a México, incluidas violaciones y torturas” (^{Leutert, 2020: 33}). Las autoridades mexicanas prácticamente no han investigado estos casos y, por el contrario, se ha reportado la colusión de las mismas con el crimen organizado para perpetrar dichos actos (^{Imumi, 2019}).

Conclusiones

A lo largo del artículo se analizó cómo el gobierno de Donald Trump es un caso en el cual la aplicación de la política migratoria buscó detener la migración de la población no blanca. La manera de hacerlo no fue por medio de cambios en las leyes, sino mediante órdenes ejecutivas y cambios administrativos, restringiendo la migración familiar en todas las dimensiones de la política migratoria (permanente, sin documentos, seguridad fronteriza, al interior del territorio y humanitaria), elevando los costos (económicos y humanitarios) para desincentivar a los migrantes permanentes y sus familias, a los migrantes sin documentos y a los solicitantes de asilo a permanecer y/o tratar de seguir llegando a territorio estadounidense. Lo anterior tuvo una repercusión importante para la comunidad de mexicanos que deseaban ingresar por la vía permanente, para quienes estaban sin documentos y para quienes buscaban asilo. En este último caso, con el programa “Quédate en México”, la mayor repercusión fue para los centroamericanos. En la dimensión temporal tuvo una mayor repercusión para la población asiática, en particular, para los procedentes de India.

Bajo el gobierno actual de Joe Biden, además del cambio de discurso, se han logrado desmantelar algunas de estas medidas administrativas y órdenes burocráticas, tales como la disminución en las detenciones por parte de ICE y el freno a las redadas en los lugares públicos; no obstante, no ha rescindido programas como el de Comunidades Seguras. Con respecto a la migración permanente no es claro si la tendencia de expedición de visas será la misma previa a la pandemia; por lo pronto, el gobierno de Biden instruyó a la administración eliminar los requisitos económicos y de carga pública impuestos por Trump. Finalmente, el gobierno de Biden no ha logrado terminar con el programa “Quédate en México”, lo cual tiene un impacto para el gobierno de México como país de inmigración y tránsito en el sistema migratorio mesonorteamericano.