Introducción

¿Cómo se debe estudiar el fenómeno migratorio en el sistema mesonorteamericano?¹ (que incluye, en América del Norte, a Canadá, Estados Unidos y México; en América Central a Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, y en el Caribe Occidental a Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica fundamentalmente), para entender de manera integral todos sus componentes y, a la vez, sistematizar esta información para que sea útil en el análisis académico y la ejecución de mejores políticas públicas. Lo anterior no es tarea fácil, pero el presente artículo busca presentar un mapeo general y algunas claves o directrices sobre cómo es factible estudiar la migración en general, con particular énfasis en el sistema mesonorteamericano, para comprender más cabalmente este fenómeno, pero también para identificar posibles acciones de política pública y maximizar la posibilidad de alcanzar los tres principales objetivos planteados en el Pacto Mundial para la Migración (ONU, 2018): que ésta sea segura, ordenada y regular.

Este artículo, junto con los demás que integran el presente dossier, busca profundizar en el entendimiento de la migración en el sistema migratorio mesonorteamericano en aspectos particulares como la evolución y cambios en las políticas migratorias, la integración de un sistema migratorio, la emigración, la inmigración, la migración en tránsito y retorno, así como la integración de las personas migrantes en las comunidades de destino y retorno. Así, se busca, de manera conjunta, sentar las pautas para un entendimiento más cabal, integral y sistemático de la migración en Mesonorteamérica, analizando la evolución de sus componentes fundamentales durante la última década, para propiciar una discusión académica y que quienes toman las decisiones estén más informados, para que atiendan los retos que se derivan de este fenómeno.

Análisis integral de los componentes del fenómeno migratorio

Probablemente, la mejor estrategia para estudiar de manera integral el fenómeno migratorio a nivel regional y global es, en primer lugar, desagregar el análisis en sus cinco componentes internacionales fundamentales: 1) emigración (salida del país analizado como origen a otro país de destino); 2) inmigración (entradas al país estudiado como destino desde otro país de origen); 3) tránsito (flujo que entra al país de análisis desde otro país de origen, pero que sale a un tercer país de destino); 4) retorno (regreso de emigrantes a su país de origen); y 5) refugio/asilo (solicitud de protección internacional en el país de estudio como destino, desde otros países de origen). Cabe señalar que también existen dos componentes nacionales del fenómeno migratorio que pueden incidir posteriormente en la migración internacional: la migración interna y el desplazamiento forzado. En muchas ocasiones, la migración al interior de un país, sea voluntaria o forzada, es el primer paso para la migración internacional (^{Massey et al., 2002}).

En el estudio de los componentes del fenómeno migratorio, debe tomarse en cuenta que la emigración, inmigración y tránsito pueden darse de manera regular (es decir, respetando las políticas y reglas migratorias de los países de origen, tránsito y destino) o irregular (en incumplimiento de dichas políticas o normas). Por su parte, el retorno puede ser voluntario (porque así lo decide libremente la persona migrante) o forzado (como parte de un procedimiento de regreso no deseado o deportación). Una vez que ha sido desagregado el fenómeno migratorio en sus cinco componentes y se han tomado en cuenta las variaciones en cada uno de ellos, es posible indagar su efectos positivos o negativos sobre diferentes variables, como sus impactos políticos, económicos, sociales y culturales en los países de origen, tránsito, destino y retorno.

El análisis regional de sistemas migratorios

En segundo lugar, es fundamental analizar la migración regionalmente, como parte de un sistema migratorio (^{Durand et al., 2019}). Los sistemas migratorios, como todo sistema (^{RAE, 2021}), son un objeto de estudio complejo cuyas partes o componentes se relacionan entre sí con al menos alguno de sus demás componentes. Los sistemas migratorios internacionales están constituidos por un grupo central de países receptores relacionados con un conjunto de países emisores a través de considerables flujos y contraflujos de migrantes (^{Jennissen, 2007}) y se integran por la relación que se establece entre países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, los cuales, generalmente, están acompañados de flujos de mercancías, capitales e información (Massey et al., 1993). Siendo así, en estos sistemas migratorios “se instauran y dinamizan, por medio de la migración, un conjunto de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales” (^{Durand, 2016}). En el continente americano han existido, en el último medio siglo, dos sistemas migratorios bien consolidados: el mesonorteamericano y el sudamericano. El primero, como se adelantaba al inicio de este artículo, está compuesto por América del Norte, el norte de América Central y el Caribe Occidental, mientras que el segundo lo integran América del Sur, el sur de América Central (Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y el Caribe Oriental. La gran mayoría de los flujos migratorios entre los países que forman parte de estos sistemas han ocurrido al interior de cada uno de ellos históricamente, con muy poca relación entre ambos.

En el caso del mesonorteamericano, se trataba de un flujo prácticamente unidireccional del sur hacia el norte, particularmente a Estados Unidos y, en menor medida, hacia Canadá (^{Durand, 2017}). Sin embargo, ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense en las últimas dos décadas (^{Wong, 2017}), los flujos en tránsito de Centroamérica y el Caribe Occidental a través de México empiezan a asentarse en este último (^{Durand y Schiavon, 2021}). Además, se ha abierto un vaso comunicante entre ambos sistemas en la última década por la explosiva emigración venezolana y haitiana (y en menor medida, flujos extracontinentales provenientes de Asia y África), donde personas migrantes de estos países y regiones inician su proceso de emigración hacia América del Sur o la parte sur de América Central, para posteriormente continuar su trayecto hacia América del Norte, propiciando el inicio de la integración de estos dos sistemas migratorios paulatinamente en uno solo.

En particular, en el sistema migratorio mesonorteamericano, México y el norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se caracterizan por un saldo neto migratorio negativo, es decir, la emigración es superior a la inmigración (véase el Cuadro 1). La mayor parte de los migrantes se dirigen a Estados Unidos, ya sea por la búsqueda de un mejor nivel de vida, por reunificación familiar o como consecuencia de la inseguridad y violencia en sus países de origen.

Mientras que el flujo de personas es predominantemente de sur a norte, como se puede observar en el Cuadro 1, el flujo de recursos financieros resultado de las remesas sigue el sentido opuesto, y es particularmente importante para países como México (39 022 000 dólares) y los del norte de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras, con 10656000, 5 656 000 y 5 401 000 dólares, respectivamente). Estas remesas se han convertido en la principal fuente externa de divisas no relacionadas con el comercio internacional para estos países, pues representan recursos superiores a la inversión extranjera directa y a la cooperación internacional para el desarrollo. Así, no sólo el movimiento de personas, sino el flujo de capitales en forma de remesas, son fundamentales para la integración del sistema migratorio mesonorteamericano.

Al mismo tiempo, se trata de países de migración en tránsito; en especial México se ha convertido en territorio de paso de centroamericanos y otras nacionalidades que desean llegar a territorio estadounidense. De hecho, la migración en tránsito ha predominado frente a otros desplazamientos de los propios centroamericanos hacia México, como residentes permanentes, trabajadores temporales o refugiados. La mayor parte de estos migrantes en tránsito lo hacen de manera irregular, y es una práctica que data de hace cuando menos treinta años, aunque en fechas recientes se han hecho más visibles porque los movimientos son masivos. El auge de esta migración se dio a partir de las guerras civiles en la región durante las décadas de 1970 y 1980. El fenómeno persistió porque las economías centroamericanas quedaron devastadas, primero como consecuencia de los conflictos armados y, después, por las reformas económicas de tipo neoliberal basadas en el Consenso de Washington. Posteriormente, los desastres provocados por fenómenos naturales y la creciente inseguridad también obligaron a los centroamericanos a salir de sus países (^{Durand y Schiavon, 2010}). El movimiento de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hacia Estados Unidos, pasando por México, ha cobrado relevancia en el último lustro no sólo por la magnitud de los flujos, sino por los riesgos y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes durante su trayecto (^{Schiavon y Díaz, 2011}). Además, dichas violaciones se han visibilizado aún más en los últimos años por el incremento, en términos absolutos y relativos, de niños y adolescentes no acompañados dentro de este flujo migratorio.

Existen diversas estimaciones de este flujo. De acuerdo con ^{Rodríguez (2016)}, el flujo de migrantes sin documentos en tránsito por México hacia Estados Unidos aumentó desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, cuando alcanzó un volumen de entre trescientos noventa mil y cuatrocientos treinta mil personas migrantes por año. Entre 2006 y 2009 hubo una caída importante de estos flujos, de cerca del 70 por ciento, pues se redujo a aproximadamente ciento setenta mil personas. Para 2010 y 2011, el flujo se estabilizó en estos niveles, pero a partir de 2012 hubo un repunte como resultado de la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, y llegaron a más de cuatrocientos cincuenta mil personas para 2018. En 2019, este número sobrepasó las novecientas mil personas, el máximo registrado históricamente, ya que en 2020 se redujo este flujo por el COVID-19 y la política de control migratorio del gobierno mexicano. El comportamiento de este flujo de migrantes obedece a múltiples causas, entre ellas las políticas migratorias de los países de la región, especialmente de Estados Unidos y México, las condiciones económicas y de seguridad en los lugares de origen, el nivel de riesgo y costo del desplazamiento, así como la oferta laboral y la gran diferencia salarial en el lugar de destino.

Paralelamente, ha aumentado de forma sustantiva la detención en las fronteras y en el lugar de destino de migrantes en situación irregular, lo que ha incrementado a niveles no vistos desde la década de 1930 la deportación de las personas migrantes, la cual ha ido en aumento, sobre todo después de 2007. El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) distingue dos vías para la deportación: el retorno y la remoción. La primera vía se refiere a la salida de los inmigrantes sin una orden de deportación, sino que más bien se les ofrece la oportunidad de regresar a sus países de manera voluntaria. Por el contrario, la remoción es la salida de migrantes con una orden judicial, la cual tiene consecuencias administrativas y penales en caso de que la persona expulsada quiera regresar a territorio estadounidense.

De acuerdo con las cifras del ^{DHS (2019)}, en una década las remociones aumentaron más del 100 por ciento. En 2003 se registraron 211 098 deportados por dicha vía; para 2007 el número aumentó a 359 795, y para 2013 la cifra fue de 438 421 extranjeros removidos; este número se mantuvo relativamente constante hasta 2018, en aproximadamente medio millón de personas al año, y prácticamente se duplicó a casi un millón de personas en 2019 por la crisis económica y de seguridad en Centroamérica. Este número cayó en casi el 70 por ciento en 2020 por el COVID-19 y el aumento en el control migratorio por parte de autoridades mexicanas en el territorio nacional, pero se observa un incremento en los primeros meses de 2021 por la llegada de la administración del presidente Joseph Biden a Estados Unidos. Es importante mencionar que, del total de remociones, la mayoría ha sido de ciudadanos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador (véase el Cuadro 2).

Además, a partir de 2013, estos países se vieron sumergidos en una crisis humanitaria como resultado del aumento de la llegada de niños y adolescentes a territorio estadounidense provenientes de México y, sobre todo, de Centroamérica. De octubre 2013 a septiembre 2014, 68 541 menores no acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza estadounidense, en su mayoría provenientes de Centroamérica: 18 244 de Honduras, 17 057 de Guatemala, 16 404 de El Salvador y 15 634 de México. La respuesta del gobierno estadounidense ha sido la detención de estos niños y adolescentes y, en muchos de los casos, la repatriación de manera expedita a sus países de origen (^{CRS, 2021}).

Siguiendo el mismo patrón estadounidense, México también ha aumentado las restricciones en su política migratoria. Uno de los resultados ha sido el crecimiento en la detención de centroamericanos en territorio mexicano y la deportación a sus países de origen (véase el Cuadro 3). En territorio mexicano han incrementado el número de estaciones migratorias, quince estancias provisionales tipo A (para una estancia de máximo cuarenta y ocho horas) y doce estancias provisionales tipo B (cuando la estadía es de máximo siete días). Incluso se han habilitado otros lugares que funcionen como estancias provisionales para recibir a personas que, por alguna razón, no pueden ser trasladadas a una estación migratoria (^{Leutert, 2020}).

A partir de 2011 ha habido un aumento de los centroamericanos devueltos por la autoridad migratoria mexicana: de 59 386 eventos registrados en 2011 a 176 647 registrados en 2015. Para el año 2018, esta cifra alcanzó las 250 000 personas, mientras que para 2019 superó las 300 000. Como resultado del acuerdo con Estados Unidos para contener la migración centroamericana y evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, la administración de López Obrador ha aumentado los controles migratorios: ha desplegado más de 25 000 efectivos de la Guardia Nacional para este propósito, por lo que las detenciones y deportaciones incrementaron sustantivamente durante 2019. El número de detenciones se redujo en 2020 porque hubo menos flujos como resultado de la pandemia del COVID-19 a poco más de 130 000 (véase el Cuadro 3). Sin embargo, para 2021 se reporta un incremento importante en los flujos y detenciones como resultado de una política migratoria más humana con la administración de Biden. Del total de eventos de devoluciones registrados en este periodo, el 96 por ciento correspondieron a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, mientras que el 4 por ciento restante fue de eventos de migrantes del resto de los países que ingresan a territorio mexicano (^{UPMRIP, 2020}).

En suma, para entender la complejidad del fenómeno migratorio en la región de Mesonorteamérica, no sólo es necesario desagregarlo en sus cinco componentes internacionales, sino también insertarlo en un sistema migratorio donde las acciones e interacciones de cada uno de los países y actores relevantes afecta e impacta de manera directa o indirecta a los otros países y actores participantes en éste. Esta lógica sistémica de análisis es la única que permite analizar de manera integral el fenómeno migratorio en la región.

Análisis multicausal y sistemático

En tercer lugar, es fundamental analizar la migración como un fenómeno multicausal, es decir, generado o explicado por una multiplicidad de variables interrelacionadas entre sí. Para evitar confusiones, es recomendable ordenar o clasificar las variables explicativas de la migración de manera sistemática. De manera sintética, estas variables causales se pueden agrupar en dos categorías: 1) push (las que “empujan” a una persona a salir de su país de origen); y 2) pull (las que “jalan” a esa persona a migrar hacia un país de destino en particular). Una vez hecha esta gran división, cada una de estas categorías puede ser desagregada nuevamente en varios tipos de variables explicativas: políticas, económicas, de seguridad, medio ambiente, sociales (reunificación familiar y redes migratorias), entre otras, para explicar la migración en sí o su impacto sobre otras variables de carácter social, económico, político o cultural.

Por ejemplo, en el sistema mesonorteamericano, la principal migración históricamente hablando ha sido de México a Estados Unidos (^{Durand, 2017}). Sin embargo, la migración mexicana hacia este país, desde el año 2011, es negativa en términos netos (es decir, más mexicanos regresan -voluntaria o involuntariamente- a México, que los nuevos emigrantes que van hacia Estados Unidos). Esto se debe, fundamentalmente, a grandes cambios en los factores push y pull. En términos de factores pull que hacen menos atractivo emigrar a Estados Unidos destacan los siguientes, entre muchos otros: 1) el endurecimiento de la política migratoria de ese país desde 2005, donde el segundo intento de ingreso migratorio irregular es considerado un delito con posible pena de prisión de hasta un año (^{Wong, 2017}); 2) el aumento en los barreras físicas, tecnológicas y de personal de la Patrulla Fronteriza (aumento de personal y presupuesto de más del 500 por ciento en las dos últimas décadas) para controlar el flujo migratorio (^{Hein de Hass y Vezzoli, 2018}); 3) por las dos razones anteriores, el encarecimiento del cruce irregular (se ha incrementado de quinientos dólares en los años noventa hasta más de cinco mil dólares actualmente); 4) el incremento en las deportaciones, no sólo en la frontera, sino desde el interior de Estados Unidos (^{FitzGerald et al., 2019}); 5) el aumento en la mortalidad en el cruce irregular (más de diez veces en los últimos veinte años), al haberse movido los flujos migratorios de lugares de cruce más seguros (cerca de zonas urbanas, por ejemplo, de Tijuana a Mexicali) a espacios desérticos (como el desierto del Sásabe en la frontera Sonora-Arizona) donde hay menores controles; 6) el incremento de legislaciones antiinmigrantes a nivel estatal y local, especialmente en los estados del sur de Estados Unidos, lo cual dificulta el acceso a vivienda y servicios públicos a los inmigrantes irregulares (^{Serrano y Schiavon, 2021}); 7) el ascenso del racismo y xenofobia, particularmente a partir de la administración de Trump (^{Verea, 2018}); y, 8) el aumento en la expedición de visas H1A y H1B por parte del gobierno estadounidense para atraer trabajadores temporales, de manera regular, para los sectores agrícola y de servicios, donde históricamente se ha concentrado la migración irregular (^{Cárdenas, 2021}).

Con respecto a los factores push desde México, es importante destacar los siguientes: 1) una pronunciada caída en la tasa de natalidad en México (ha bajado de más de siete a menos de dos hijos en promedio entre 1970 y 2015), lo cual reduce sustantivamente el stock de posibles emigrantes; 2) como resultado de lo anterior, una más equitativa repartición de herencias y tierras, que antes se concentraban generalmente en el primogénito o primeros hijos, por lo que ha aumentado la propiedad, especialmente en el campo; 3) una mejora sustantiva en las condiciones de vida y oportunidades laborales en las regiones históricas de migración (Bajío, centro y occidente de México) (^{Durand y Schiavon, 2021}).

Por la suma de todos estos factores, se observan dos tendencias en la migración mexicana hacia Estados Unidos en la última década: reducción en los flujos y regularización de éstos, es decir, menos mexicanos emigran a Estados Unidos y, quienes lo hacen, tienen un estatus crecientemente regular, particularmente aprovechando visas de trabajo temporales (H1A y H1B).

Sin embargo, ninguna de estas condiciones push que aminoran la emigración todavía tiene lugar en Centroamérica, particularmente en los países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), donde la tasa de natalidad se encuentra todavía entre tres y cuatro hijos por mujer, como hacia 2010; las condiciones económicas se mantienen muy precarias y la crisis en el campo, sumada a los desastres naturales y plagas, han devastado la producción agrícola, lo que ha expulsado mucha población interna e internacionalmente. Además, estos países comparten con México una creciente situación de inseguridad: Honduras y El Salvador son los dos países en el mundo con mayores números de muertes violentas en lugares que no se encuentran en conflicto bélico. La suma de todos estos factores push hacen que haya (y seguirá habiendo previsiblemente por cuando menos una década más), migración desde el norte de Centroamérica a través de México hacia Estados Unidos, o se quedarán en México si no es posible su tránsito hasta aquel país (^{Torre Cantalapiedra y Schiavon, 2016}).

Análisis racional como fenómeno migratorio, no como problema

En cuarto lugar, es fundamental analizar el fenómeno migratorio desde una óptica racional, es decir, considerando que los migrantes son personas racionales que toman en cuenta todos los factores pull y push de los cuales tienen conocimiento para decidir si migran y hacia dónde emigran. Con el exponencial avance de la tecnología y las redes sociales, los migrantes tienen acceso a información nacional e internacional en tiempo real y prácticamente sin costo. Siendo así, analizando racionalmente² la situación en su lugar de origen, en los países de tránsito en caso de haberlos, así como en el país de destino, las personas toman la trascendente decisión sobre emigrar o no y, en caso de hacerlo, hacia dónde y cómo. Por ejemplo, no sorprende que los nacionales de Estados Unidos o Canadá rara vez decidan emigrar y, cuando lo hacen, sea a países de desarrollo económico y estabilidad política similar a los suyos, mientras que un número considerable de los mexicanos, centroamericanos y caribeños decidan dejar sus lugares de origen para embarcarse en un peligroso e incierto trayecto migratorio, yendo a países con mayores niveles de desarrollo y seguridad. Por ello, no vemos mexicanos migrando a Honduras, sino guatemaltecos, hondureños y salvadoreños buscando el sueño americano.

Siendo así, en el sistema mesonorteamericano los migrantes son personas racionales que toman en cuenta tantos factores pull y push como tengan disponibles para decidir si migran y hacia dónde emigran. Por ello, con datos antes de la crisis sanitaria del COVID-19, los flujos migratorios desde el norte de Centroamérica, dadas las terribles condiciones económicas y de inseguridad en estos países, aun ante el empeoramiento de los factores pull en Estados Unidos, se han incrementado consistentemente desde 2010: pasaron de 126 000 personas en 2011, a 392 000 en 2014 y a más de 600 000 en 2017 (^{Rodríguez, 2016}). Se calcula que, en 2018, el número de migrantes en tránsito aumentó a más de 750 000, y llegó a un máximo de 145 000 sólo en el mes de mayo de 2019. Esto fue el detonador de la amenaza de imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas de la administración de Trump en caso de que México no controlara estos flujos migratorios, lo cual llevó a la administración de López Obrador a usar más de 25 000 efectivos de la recién creada Guardia Nacional para hacer control fronterizo (en fronteras Sur y Norte) y migratorio a lo largo del territorio nacional. Como resultado de este control migratorio y el incremento de detenciones y deportaciones, el número de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera México-Estados Unidos se redujo en un 74.5 por ciento entre mayo de 2019 y enero de 2020 (^{CRS, 2021}). Este gran decremento se debe al aumento sustantivo en las detenciones y deportaciones de centroamericanos hechas por México y porque los flujos se han reducido un poco ante el endurecimiento de la política migratoria mexicana en beneficio de Estados Unidos.

Además, por presiones de este país, en 2019 México aceptó poner en marcha el programa “Quédate en México”, a través del cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos que hayan ingresado por su frontera sur deberán llevar sus procedimientos judiciales de solicitud esperando en territorio mexicano. Actualmente, hay aproximadamente noventa mil personas en esta situación, lo cual empieza a generar tensiones en las ciudades fronterizas mexicanas donde se asientan (^{Imumi, 2019}). Es previsible que este programa continúe durante toda la administración de López Obrador como parte de la estrategia de negociación con la administración de Biden, lo cual generará un incremento del número de personas parte de este programa. Con la elección del presidente Biden se han invertido recursos para agilizar los trámites de solicitud de asilo en Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento, el índice de éxito en la obtención de asilo es de menos del 2 por ciento.

Recordando que los migrantes son racionales al momento de tomar la decisión sobre emigrar, es de esperarse que, ante la crisis económica y consecuente incremento de la inseguridad que se cierne sobre México como resultado del COVID-19, aun ante el deterioro de los factores pull en Estados Unidos, los factores push en México serán suficientemente graves para generar incentivos que provoquen que los mexicanos vuelvan a migrar hacia el Norte, aunque dada la reducción del stock de personas, este flujo será sustantivamente menor al observado antes de 2005; en 2000, hubo más de 1 600 000 eventos de detención de mexicanos en la frontera México-Estados Unidos (^{CRS, 2021}). Es previsible que lo mismo ocurra con el flujo de centroamericanos en tránsito a través de México hacia Estados Unidos, el cual igualmente aumentará ante la todavía mayor crisis económica y de seguridad resultante del COVID-19 en la región. Para mantener a la baja la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera México-Estados Unidos, el gobierno mexicano está incrementando el control migratorio (usando a la Guardia Nacional y policías estatales y municipales) en la frontera sur y en el territorio nacional, aumentando las detenciones y deportaciones ante el incremento de los flujos, pero también las violaciones a los derechos humanos de estas personas. En vez de endurecer los controles migratorios para administrar mejor estos flujos, sería preferible desarrollar alternativas legales a la migración (como aumentar las opciones y visas para trabajadores temporales centroamericanos en Estados Unidos y México, ampliar los espacios laborales para trabajadores con tarjetas fronterizas más allá de los estados de la frontera sur mexicana a todo el territorio nacional, promover la integración productiva de los refugiados en todo el país, invertir en los países de origen para generar opciones de desarrollo local, entre muchas otras).

Por otra parte, en la lógica de la racionalidad, es esencial analizar la migración como un fenómeno y no como un problema (^{ONU, 2018}). Si la migración es vista como un problema, se esperaría que hubiera una solución al mismo. Sin embargo, si se le identifica como un fenómeno, entonces pueden proponerse opciones de política pública y acciones concretas para su mejor manejo, administración y conducción, buscando la consecución de un objetivo tripartito (que sea lo más ordenada, segura y regular posible) y que, a la vez, tenga lugar respetando los derechos humanos de las personas migrantes, la mejora de sus condiciones de vida y la reducción de sus vulnerabilidades. Así, el análisis de la migración como un fenómeno social complejo y no como un problema en Mesonorteamérica obliga a que su atención promueva una mejor, más profesional, legal y humana administración de éste, ya que seguirá ocurriendo en el tiempo, en vez de la búsqueda de soluciones definitivas para detenerlo o desaparecerlo, lo cual es irreal.

Cabe destacar que, en la administración de la migración, todos los países tienen el derecho soberano de ejecutar aquellas políticas migratorias que consideren las más apropiadas para su interés nacional, sin presiones ni intervenciones externas. Sin embargo, con base en sus compromisos internacionales, las políticas migratorias de todos los países deben ser públicas y claramente comunicadas. Asimismo, deben ser integrales, tomando en cuenta los cinco componentes internacionales del fenómeno migratorio y la realidad del sistema migratorio (mesonorteamericano en este caso) en el cual se encuentran inmersas. Idealmente, deben considerar e integrar los intereses, preferencias y prioridades de los principales actores públicos, privados, sociales, académicos e internacionales en el tema. Finalmente, las políticas migratorias de los Estados soberanos deben buscar la conjunción de dos objetivos fundamentales: que tiendan a generar mayor orden, seguridad y regularidad en los flujos, pero garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes.

“Cinco C” de las buenas políticas migratorias

Finalmente, en quinto lugar, para evaluar la definición y ejecución de las políticas nacionales y regionales en la materia, tanto a nivel global como en el sistema migratorio mesonorteamericano, es necesario analizar si siguen las “cinco C”³ de las buenas políticas migratorias. Idealmente, toda política migratoria debería contar con estas cinco características que se analizarán a continuación; entre más de ellas se observen y más consciente y profundamente se ejecuten, mayor será la probabilidad de que estas políticas propicien una migración ordenada, segura, regular y respetuosa de los derechos humanos; y viceversa, entre menos sean aplicadas, más la obstaculizarán.

La primera característica esencial de las buenas políticas migratorias es la coherencia. Esto significa que aquello que un Estado exige a los países de destino en términos de respeto a los derechos humanos, seguridad, estado de derecho y debido proceso en el trato y atención de sus comunidades de emigrantes también debe ser garantizado en los países de origen, tránsito y retorno para las personas migrantes en todos sus componentes: emigrantes, inmigrantes, en situación de retorno o tránsito, y en calidad de asilo o refugio.

La segunda característica que debe promoverse en las políticas migratorias es la consistencia. Esto significa que un Estado, en la aplicación soberana de sus leyes migratorias, al mismo tiempo, de manera obligatoria, debe respetar los derechos humanos y legales de las personas migrantes. En un estado de derecho, para que exista plena legalidad en el ejercicio y aplicación de la normatividad vigente, ésta debe ser aplicada de manera consistente, es decir, sin privilegiar unas leyes sobre otras. Así, dado que las normas que protegen los derechos humanos y legales de las personas migrantes son parte de sistema jurídico de todos los Estados, éstas deben ser estrictamente observadas en el momento de ejecutar la política migratoria. Una situación migratoria irregular no justifica la cancelación o restricción de los derechos humanos y legales de las personas migrantes, ya que estos derechos son intrínsecos a la condición humana y no dependen de la nacionalidad, raza, género, edad o demás características de los individuos, incluyendo su condición migratoria.

La coordinación es la tercera característica de una buena política migratoria. Para un ejercicio efectivo de esta política debe existir estrecha coordinación entre las diferentes instancias burocráticas y administrativas responsables de su ejecución. Siendo así, dada la complejidad del fenómeno migratorio y las múltiples aristas de éste, no sólo es necesario que se coordinen efectivamente las secretarías o ministerios directamente responsables de la aplicación de las leyes migratorias de los gobiernos federales o centrales en los países de Mesonorteamérica, como las secretarías de Relaciones Exteriores (para los temas de emigración, protección y asistencia consular, y el componente internacional del retorno) con las secretarías del Interior o institutos de Migración (para los temas de inmigración, tránsito, asilo y refugio, integración y el componente nacional del retorno), sino también con las secretarías encargadas de temas de salud, educación, trabajo y economía, entre otras, para atender las necesidades de todos los tipos de personas migrantes en estas áreas de política pública, al interior del país e internacionalmente.

Adicionalmente, es ampliamente recomendable que esta cooperación no sólo tenga lugar entre las instancias de los gobiernos federales o centrales, sino también con los gobiernos subnacionales, particularmente a nivel estatal y local. Dado que la migración ocurre en los territorios de los gobiernos subnacionales y que éstos están cada vez más interesados en el bienestar de sus emigrantes, así como en la mejor administración del fenómeno migratorio a nivel local, buscando maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, es fundamental que se fortalezca la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en los países de la región para tener una política migratoria más efectiva y eficaz.

La cuarta característica de las buenas políticas migratorias es que estén basadas en la corresponsabilidad. Dado que el fenómeno migratorio en un sistema como el mesonorteamericano atañe e impacta a todos los países y actores relevantes que lo integran, todos los países del sistema migratorio deberían apropiarse de su responsabilidad compartida como países de origen, tránsito, destino y retorno. Si la migración existe en el sistema, es por los factores pull y push que se dan en los países de la región, factores de los cuales cada componente de ésta es responsable. Así, asumiendo la corresponsabilidad en el fenómeno migratorio se reducen los espacios de conflicto entre países, facilitando y promoviendo la cooperación en la materia.

Justamente, la cooperación es la quinta y última característica de una buena política migratoria. Para atender y administrar de mejor manera este fenómeno, los Estados que integran el sistema mesonorteamericano deben promover la cooperación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, para propiciar una administración integral del fenómeno. Desde 1996, existe la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) para promover la cooperación y coordinación en política migratoria a nivel regional, donde participan casi todos los Estados del sistema mesonorteamericano (con las excepciones de Cuba, Haití y Jamaica, pero sumando a los países del sur de Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua y Panamá) . Sus objetivos son: “[c]rear un foro para la discusión abierta de temas migratorios regionales y el intercambio de información y experiencias para alcanzar mayor coordinación y cooperación en la región” y “[u]nirse para proteger los derechos humanos de los migrantes y crear una red de leyes migratorias coherentes y adecuadas, además de reforzar los vínculos entre migración y desarrollo” (^{CRM, 2022}). Aun cuando en el seno de la CRM se ha promovido la cooperación regional en temas migratorios a través de proyectos de cooperación y asistencia, talleres de capacitación, estudios comparados de las leyes migratorias existentes en la región, propuestas de lineamientos regionales para atender fenómenos como la niñez migrante y la migración extrarregional, entre muchos otros, no se ha logrado la homologación de las políticas migratorias en el sistema, ni la generación de normatividad regional para administrar de manera conjunta y cooperativa el fenómeno migratorio. Esto se explica, en gran medida, por las diferencias en los intereses nacionales de los países predominantemente de inmigración o destino (como Canadá y Estados Unidos y, en menor medida, Costa Rica y Panamá) y aquellos de emigración u origen (el resto, aunque México paulatinamente se está transformando en un país donde los cinco componentes del fenómeno migratorio son relevantes: emigración, inmigración, tránsito, retorno y refugio).

Consideraciones finales

En suma, para examinar el fenómeno migratorio en el sistema mesonorteamericano y entenderlo de manera integral, ordenando la información de tal manera que sea útil para el análisis académico y mejorar la ejecución de las políticas migratorias a nivel regional, es fundamental hacerlo sistemáticamente siguiendo cinco estrategias. Primero, desagregando el análisis en los cinco componentes internacionales que lo integran (emigración, inmigración, tránsito, retorno y refugio). Segundo, estudiándolo regionalmente como un sistema migratorio, donde todos sus componentes se encuentran íntimamente relacionados y se impactan unos a otros. Tercero, analizándolo como un fenómeno multicausal, que es generado o explicado por una multiplicidad de variables interrelacionadas entre sí, las cuales pueden ser organizadas de manera sistemática en dos categorías (push y pull) y, posteriormente, desagregando estas categorías en diversos tipos de variables causales (políticas, económicas, de seguridad, medio ambiente, sociales, etc.). Cuarto, estudiándolo racionalmente, considerando que los migrantes son personas que toman la decisión de migrar y hacia dónde hacerlo de forma racional. Además, es fundamental examinarlo como un fenómeno y no como un problema (el cual puede solucionarse), ante el cual pueden proponerse acciones para manejarlo, administrarlo y conducirlo de manera más ordenada, segura y regular, respetando además los derechos humanos de los migrantes en su ejecución. Finalmente, quinto, evaluando si las políticas migratorias siguen las “cinco C” de una buena política en la materia: coherencia, consistencia, corresponsabilidad, coordinación y cooperación.

En conclusión, la sistematicidad en el análisis de la migración es esencial para entenderla cabalmente. El conocer y aplicar los conceptos, metodologías y estrategias propuestas en este artículo en el estudio de la migración en Mesonorteamérica (y a nivel global) permite tener una mejor y más integral comprensión y entendimiento del fenómeno. Esto logra el avance de la investigación académica en la materia, a la vez que facilita que el conocimiento generado sea útil para mejorar las políticas migratorias en beneficio de las personas migrantes y los ciudadanos de todos los países de la región y a nivel mundial.