Desafío ante el aumento de las aprehensiones

En 2019, las aprehensiones en la frontera entre México y Estados Unidos aumentaron sustantivamente con respecto a los años inmediatamente anteriores, en que fueron cerca de 859 501 aprehensiones. Durante la pandemia de covid-19, se redujeron significativamente a 405 036 en 2020 (^{CBP, 2020}; ²⁰²¹). Desde el comienzo de la administración de Biden, la cantidad de migrantes que viajan solos o con sus familias hacia la frontera aumentó significativamente. Si observamos el cuadro 1, vemos cómo en el año fiscal 2021 se aprehendió a 1 660 000 migrantes intentando cruzar la frontera, muchos de ellos en varias ocasiones; es decir, representaron casi el doble que en 2019 y se triplicaron con respecto al 2020. De ahí la alarma de los republicanos y de la opinión pública en general, lo que ha representado un gran reto para Biden.

Biden ha mantenido temporalmente intacta la política de la administración de Trump en la frontera, la cual permite la detención y expulsión de casi todos los que la cruzan. A pesar de que los nuevos lineamientos del Immigration and Customs Enforcement (ICE) establecen que la detención de inmigrantes en el interior no es una prioridad (^{Chishti y Bolter, 2021}), se ha registrado un aumento notable de detenciones de adultos solteros y familias enteras, quienes son expulsados rápidamente bajo una orden del Título 42. Este mecanismo es una orden de emergencia de salud pública establecida por Trump, invocada durante la pandemia, que implica no recibir solicitudes de asilo en la frontera, dado que son expulsados antes de hacerlo. Esta situación ha dado munición a los republicanos restriccionistas para exagerar y sobredimensionar el número de aprehensiones.

Los factores de atracción o pull factors que han influido en el aumento significativo de los flujos y, por lo tanto, en las detenciones en la frontera en los últimos tiempos se pueden atribuir a la migración estacional, a la sensación de que hay una reducción del riesgo de la pandemia y a una interpretación de las promesas de Biden en cuanto a una política migratoria más humana, factores publicitados ampliamente que alentaron los incentivos para emigrar. Los factores de presión o push factors que han influido para emigrar, sobre todo para los migrantes centroamericanos por el infernal cruce por el territorio mexicano -donde se exponen a violencia, robos, violaciones, mal trato, etc.-, con el único propósito de cruzar a Estados Unidos, son: gobiernos inestables y corruptos; economías frágiles con crecimiento cero; pobreza; violencia excesiva de bandas criminales; desastres naturales como sequías y huracanes que han devastado sus países. Asimismo, han influido las redes sociales de migrantes y los polleros oportunistas que los animan a migrar.

Por su parte, los factores de empuje que explican el importante incremento de los flujos mexicanos durante los últimos años son: las consecuencias de una pandemia gravísima, muy mal gestionada por el gobierno de AMLO desde el inicio de marzo de 2019; la inédita caída del 8.5 por ciento en la economía mexicana en 2020, sumada al no crecimiento (el 0 por ciento) durante 2019 -el primer año de la gestión de AMLO-. Es importante destacar que desde el inicio de su presidencia, López tomó algunas decisiones que impactaron negativamente en el clima de la inversión privada, lo cual generó desconfianza que causó una importante caída de las inversiones, provocando la pérdida de miles de empleos y el importante incremento de la pobreza, entre otras consecuencias. Las remesas de 40 600 000 dólares en 2020 y el récord establecido de 50 484 000 dólares en 2021, según datos del Banco de México,² han ayudado a mitigar el golpe a la economía mexicana. Sin embargo, ello es cuestionable, ya que analistas especializados en el tema consideran que durante este último año pudo haber influido el lavado de dinero proveniente de los narcos, así como el otorgamiento de millones de dólares por parte del gobierno estadounidense a ciudadanos y residentes de origen mexicano para apoyar a quienes sufrían el desempleo causado por la pandemia. El resultado ha sido que muchas familias se han visto favorecidas, especialmente de Jalisco y Michoacán, estados que tradicionalmente han sido exportadores de migrantes.

Hoy, México es un país de emigración, tránsito y cada vez mayor destino de migrantes,³ cuya diáspora tiene como destino principal Estados Unidos: según datos de la Oficina del Censo de ese país, en 2019 había 37 200 000 residentes estadounidenses que nacieron en México o son de origen mexicano, es decir, representaron el 61.5 por ciento de la población hispana de 60 400 000 personas (^{Lopez et al., 2021}; ^{Krogstadt et al., 2021}). En 2019, había alrededor de once millones de personas nacidas en México viviendo en Estados Unidos, el 51 por ciento migrantes no autorizados -cantidad que se redujo un 7 por ciento durante la última década-, debido principalmente a la crisis, a la política de refronterización⁴ y al aumento sustantivo de las deportaciones durante las gestiones de Bush y Obama (^{Israel y Batalova, 2020}).

Es importante destacar que los resultados del último censo han alarmado a la población blanca que desea conservarse como mayoría, pues señalaron que las personas que se identifican como blancos no hispanos han disminuido en años recientes: su cantidad descendió del 64 por ciento en 2010 al 58 por ciento en 2020 (^{Krogstadt et al., 2021}).

La construcción del muro

Con el fin de mejorar la seguridad fronteriza, la construcción de una extensión del muro constituyó un ícono de la retórica antiinmigrante trumpista. Fue apoyada por sus bases, incluidos los nacionalistas y supremacistas blancos que no lo abandonaron. Trump constantemente acosó y amenazó al gobierno mexicano para que solventara su construcción a través de diferentes mecanismos.

En 2019, el presidente Trump declaró una emergencia nacional para permitir que los fondos de la defensa nacional en el Pentágono se desviaran a la construcción del muro fronterizo para reemplazar o mejorar algunos de los segmentos del muro ya existente. Aunque no contó con la aprobación del Congreso, ordenó transferir 2 500 000 dólares del presupuesto del Pentágono para su construcción (^{Kannno-Youngs, 2020}). A pesar de las impugnaciones judiciales, Trump continuó su construcción, con el fin de dirigir la atención política a su campaña de reelección en 2020. Supuestamente reconstruyó ciertas barreras en una extensión de trescientos cincuenta millas, y en realidad construyó quince millas de barreras.

Biden, desde el inicio de su gobierno, se ha opuesto a la construcción del muro. Ha expresado públicamente un apoyo comprometido a un "muro virtual" y "fronteras inteligentes", desplegando tecnologías sofisticadas de vigilancia, quizás más ocultas en términos de los abusos que perpetran (^{Miller y Buxton, 2021}). El Ejecutivo suspendió la construcción en enero de 2021 y ello ha detonado muchas tensiones debido a las múltiples críticas por parte de republicanos principalmente, quienes exigen derribar partes del muro y piden que lo continúe y lo termine, debido a que ha habido un aumento significativo en flujos y aprehensiones de migrantes en la frontera desde principios de 2021 (^{Romero y Zolan-Kanno, 2021}). En respuesta a estas críticas, Biden ha propuesto, por ejemplo, que 1 400 000 dólares gastados en el presupuesto de la administración de Trump se inviertan para contrarrestar el daño ambiental causado por las obras realizadas. Y, Biden, además, eliminó 1 500 000 dólares para financiar el muro en su propuesta de presupuesto, afirmando: "No agregaré un pie más al proyecto insignia de Trump" (^{Miroff y Sacchetti, 2021a}).

Reunificación familiar vs. política de tolerancia cero

En respuesta a la llegada de varios miles de migrantes en "caravanas" provenientes de Centroamérica, una nueva forma de organización colectiva, compuestas por 107 200 unidades familiares y 50 000 niños no acompañados aprehendidos en 2018, se intensificó la ira de Trump (^{Batalova et al., 2021}). Para enfrentar esta situación, Trump estableció la política de tolerancia cero, a través de la cual comenzó a separar a los padres de sus hijos cuando intentaron cruzar la frontera "ilegalmente" hacia Estados Unidos. El Grupo de Trabajo de Reunificación de Familias determinó que 5 636 niños fueron separados de sus padres entre julio de 2017 y enero de 2021 (^{Monyak, 2021}). Los menores fueron puestos bajo la custodia del Department of Homeland Security (DHS) mientras sus padres eran procesados, una decisión eminentemente inhumana e inmoral, debido a que a las familias se les debe permitir permanecer juntas mientras se decide su caso.

Afortunadamente, en medio de una protesta nacional e internacional, Trump se vio obligado a firmar una orden ejecutiva que revirtió esta política tan controvertida en junio de 2018 (^{Shear y Kanno-Youngs, 2021}). Hasta junio de 2021, todavía había 1 723 niños cuyas separaciones seguían bajo revisión (^{Morin, 2021}). Las cifras son muy diferentes de una fuente a otra, pues hay algunas que señalan que todavía hay alrededor de 400 menores no acompañados separados de sus padres. Debido a que parte de la razón de esta situación se debe principalmente a que uno de los progenitores fue deportado, el grupo de trabajo se ha estado involucrando con asociaciones que están en contacto con las familias y planificando cuidadosamente su regreso, teniendo en cuenta el trauma por el que han pasado.

Biden prometió otorgar una compensación económica a los familiares de los niños, así como un tipo de residencia provisional legal. Después de haber conformado un grupo de trabajo para investigar a los afectados, el presidente Biden se retiró de las negociaciones para apoyar económicamente a las familias de los afectados en diciembre 2021.⁵ Las duras críticas provenientes de los republicanos en el sentido de compensar a "migrantes ilegales" causaron que la administración de Biden ponderara los costos políticos de continuar con las negociaciones, y tuvo como resultado una promesa más, incumplida.

La decisión de Biden de eximir a los MnoA de ser deportados, que ha sido una política positiva y humana, ha sido altamente reconocida por diferentes asociaciones civiles. Sin embargo, este flujo está creciendo impulsado por la pobreza, la violencia, la inestabilidad y los desastres naturales ya mencionados, al sur de nuestra frontera; y también, por los contradictorios mensajes que ha dado Biden y que han sido mal interpretados (^{The Washington Post Editorial Board, 2022}).

Es importante destacar que la administración de Biden ha estado ampliando las áreas de detención de la Customs and Border Protection (CBP) para otorgar un mejor trato a los MnoA, ya que dichas áreas se encuentran completamente saturadas. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) -que generalmente atiende problemas de inundaciones, tormentas y grandes desastres-ahora está apoyando con albergues y transporte a estos menores. Desde octubre de 2020, aproximadamente setenta y dos mil MnoA -el 20 por ciento, mexicanos- han llegado a Estados Unidos para procesar sus casos, hasta julio de 2021. El 80 por ciento de los MnoA está tratando de reunirse con miembros de su familia (^{USCRI, 2021}).

Intentar poner fin a los Migration Protection Protocols (MPP)

En respuesta a la "caravana" de Centroamérica, Trump formuló el programa MPP, conocido como "Remain in Mexico" en 2019. Este programa tiene como objetivo enviar a los solicitantes de asilo no mexicanos a ciudades fronterizas mexicanas no necesariamente seguras.

Acuerdos Trump-López Obrador

En mayo 2019, Trump amenazó a AMLO con cerrar la frontera compartida por no cooperar para detener los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y, poco después, con la amenaza de aplicar un arancel incremental del 5 por ciento sobre el comercio. Esto ocasionó que el presidente López cambiara su estrategia humanitaria; un reverso a su política de "puertas abiertas", lo cual causó un incentivo para migrar.

Mediante un acuerdo bilateral firmado en junio de 2019, López aceptó que los solicitantes de asilo fueran expulsados sin una audiencia ni/o acceso a un abogado de inmigración. Consintió el despliegue de veinticinco mil guardias nacionales con el fin de combatir la migración irregular en nuestras fronteras sur y norte y en el interior, y operaron como patrullas fronterizas sin experiencia, y dejaron a los estados y municipios con menos vigilancia, indispensable para hacer cumplir la seguridad en México (^{Verea, 2020}). Este acuerdo proporcionó a Trump refugios para los migrantes en varias ciudades fronterizas mexicanas -su "patio trasero"- para aproximadamente setenta mil solicitantes de asilo a Estados Unidos (^{CMS, 2021}). Desde entonces, ellos se encuentran en condiciones deplorables; son migrantes que pueden esperar meses o incluso años a nuestro costo político, económico y social. Cínicamente, Trump twitteó: "Estoy usando a México para proteger nuestra frontera [...] quiero agradecer a México [...] por los veintisiete mil soldados [...] usamos a México porque los demócratas no han arreglado nuestro sistema de inmigración roto" (^{Ramos, 2019}). Human Rights Watch entrevistó a muchas personas durante su estadía en las pésimas instalaciones de México, y testificaron que sufrieron violaciones, abusos sexuales, robos y otros actos de violencia (^{Krauze, 2021}). Trump movió estratégicamente la frontera con el fin de desmantelar el sistema de asilo.

Debido a la pandemia de covid-19, Trump anunció en julio de 2020 una propuesta que permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar a los solicitantes de asilo de países con cualquier brote de enfermedad activo, incluso no necesariamente coronavirus, ya que representaban una amenaza para la seguridad pública. Asimismo, propuso la ampliación de la autoridad del fiscal general para intervenir en los casos de los tribunales de inmigración, politizando potencialmente los procedimientos y acelerando el proceso en los tribunales de inmigración, lo cual podría haber tenido como resultado la privación del trato justo a los solicitantes de asilo en los tribunales (^{Narea, 2020}). Es importante destacar que Trump reformó los tribunales de inmigración, rama del Departamento de Justicia, cuando expulsó a los jueces de larga antigüedad y, en su lugar, nombró a personas de línea dura, antiinmigrantes, para una poderosa junta de apelaciones.

Acuerdos Biden-López Obrador

Biden inicio su administración con una orden ejecutiva que daba por terminado el programa MPP, una medida eminentemente humana y decente. Si bien esto se puso en marcha gradualmente, poco después fue obstaculizado: el 13 de agosto de 2021, el juez Matthew Kacsmaryk, de la Corte del Distrito Norte de Texas, ordenó la terminación del MPP; sin embargo, Samuel Alito, juez de la Suprema Corte, suspendió la decisión del tribunal local debido a que no se proporcionó una razón adecuada para cancelar el programa. La administración de Biden señaló que acataría la decisión, y mientras tanto continuaría "enérgicamente" con las apelaciones en los tribunales con el fin de poner fin al programa. Todo ello ha sido un intento de empujar su frontera simbólica prácticamente más al sur, lo cual les ha dado resultados entre la opinión pública y en su sistema tan atrasado.

Mientras tanto, Biden ha prometido ampliar su capacidad para albergar más de tres mil setecientas camas y facilitar la liberación de padres con hijos en setenta y dos horas (^{Miroff y Sacchetti, 2021b}). También ha prometido que acortará el proceso de revisión de la documentación para los solicitantes de asilo (que actualmente puede llevar años) para llegar a una decisión final. En términos generales, Biden está tratando de restaurar los compromisos en pro de los derechos humanos haciendo hincapié en éstos, y exhortando a quienes tengan motivos razonables para solicitar asilo para que puedan tener una audiencia justa, pero no necesariamente obtendrán un estatus permanente. Ha advertido que el sistema no se transformará drásticamente (^{Sargent, 2021}).

A nivel bilateral, Biden y López Obrador llegaron a un acuerdo en marzo de 2021 para frenar los flujos de migrantes centroamericanos. Este acuerdo que, si bien no fue de carácter quid pro quo, tuvo como resultado un intercambio: el suministro de un préstamo de 2 700 000 vacunas AstraZeneca; el cierre de nuestra frontera sur para viajes no esenciales; el envío de cerca de 10 000 guardias nacionales -además de los ya enviados-, para que sirvan como patrullas fronterizas sin experiencia.

A nivel regional, con un enfoque de contención trumpista, Biden ya ha llegado a acuerdos similares con los países centroamericanos para establecer una mayor vigilancia en sus respectivas fronteras. En un esfuerzo por hacer frente a la situación, Biden puso a la vicepresidenta Kamala Harris a cargo de los temas fronterizos con el fin de llegar a un acuerdo regional, una visión que contrasta con la de Trump, quien cortó drásticamente el apoyo anual para Centroamérica. Sin embargo, en su visita a la región en 2021, afirmó continuamente "no vengan".

Eliminación de la prohibición a la entrada de inmigrantes y no inmigrantes

Trump redujo el número de admisiones a inmigrantes y trabajadores extranjeros sin la intervención y aprobación del Congreso. Dañó gravemente la maquinaria gubernamental necesaria para examinar y admitir a los inmigrantes, la cual Biden está tratando de enmendar o "destrumpizar". Una solicitud de ciudadanía, por ejemplo, hoy toma el doble de tiempo (diez meses) para procesarla, que en años anteriores. Los cambios arbitrarios en la política y la retórica de odio han alejado el talento global y han creado incertidumbre entre los inmigrantes y aquellos que contemplan emigrar en un futuro cercano.

Específicamente, Trump redujo la emisión de tarjetas verdes hasta finales de 2020, en razón de proteger el mercado laboral devastado. Pasó de 1 033 000 admisiones en 2019 -155 000 procedentes de México, tendencia desde 2004- a aproximadamente 707 000 admisiones -100 325 procedentes de México- debido al coronavirus, un 31 por ciento de disminución (^{DHS, 2022a}). La reducción de alrededor de 120 000 visas de preferencia familiar afectó principalmente a los mexicanos. Es incierto si Biden va a poder retomar el ritmo de admisiones que se llevaban a cabo en 2019.

Por su parte, la administración de Biden alienta a los residentes de mucho tiempo a solicitar la ciudadanía estadounidense, pues ha lanzado una campaña para llegar a unos nueve millones de personas elegibles para convertirse en estadounidenses. Había 942 700 casos de naturalización pendientes al final del 2020, un aumento de los 647 600 que hubo en 2019. De los 628 254 inmigrantes que se naturalizaron en 2020, 84 081 -el 13 por ciento- eran de origen mexicano (^{DHS, 2022b}). Es importante destacar que desde 2017, el periodo medio entre el momento en que el solicitante obtuvo una tarjeta verde a cuando se naturalizó fue de ocho años, uno más que durante el periodo 2012-2016, lo que refleja los retrasos en el procesamiento desde 2016.

Con el fin de facilitar el proceso migratorio y los mecanismos de integración, Biden ha conformado un grupo de trabajo. Han propuesto reinstalar el examen de conocimientos cívicos del 2008, en lugar del impuesto por Trump; y reducir las tarifas para solicitar la ciudadanía -de mil cien dólares recaudados por Trump a seiscientos cuarenta- (^{Boundless, 2021}). Sin embargo, la regla ha sido impugnada desde entonces por ciertos tribunales. Buenos deseos obstruidos por jueces conservadores.

Es un hecho que, desde el inicio de la pandemia, muchos consulados se mantuvieron cerrados para la emisión de visas. A pesar de que iniciaron operaciones, permanecen muy limitados y con impresionantes retrasos.⁹ El mismo caso aplica para las naturalizaciones, que para fines de 2021 aproximadamente cien mil solicitantes se encontraban en el limbo.¹⁰

Basado en la seguridad por la pandemia del coronavirus y la preservación de empleos para los estadounidenses, a medida que aumentaba el desempleo, Trump también bloqueó la entrada de trabajadores altamente calificados y temporales poco calificados, con la excepción de los trabajadores agrícolas. Los alarmantes rechazos a la admisión de nuevos trabajadores temporales se cuadriplicaron durante la pandemia en 2020, y las tasas de rechazo de extensiones de visas para trabajadores calificados se triplicaron, lo cual ha sido parte de su agenda xenófoba.

En el caso de los trabajadores mexicanos temporales admitidos en Estados Unidos, en el cuadro 2 podemos observar cómo ha venido aumentando significativamente la emisión de visas a mexicanos, con excepción del periodo de la pandemia. La emisión de visas disminuyó un 11 por ciento del año fiscal 2019 al 2020: para los trabajadores no agrícolas disminuyó de 72 339 en 2019 a 46 201 visas en 2020; la contratación de trabajadores altamente calificados (de 2 754 a 1 552 visas); empleados intraempresariales (de 5 082 a 2 417 visas); y visas comerciales TLCAN (TN) (de 21 122 a 13 735 visas). El único incremento fue para los trabajadores agrícolas con una visa H2-A, de 188 758 a 197 908. El total de visas recibidas por trabajadores temporales mexicanos en estas categorías en 2019 fue de 297 778, y en 2020 fueron 265 333; una caída del 11 por ciento. De manera comparativa, los centroamericanos procedentes del Triángulo Norte obtuvieron un total de 5 811 visas temporales, una cantidad insignificante si la comparamos con los mexicanos, quienes recibieron un total de 265 333 visas temporales en 2020 (^{USDOS, 2021}). Es importante destacar que Biden ha propuesto 22 000 visas adicionales H2-B no agrícolas, además del límite anual de 66 000, de las cuales 6 000 serían centroamericanos, lo cual es una buena noticia.

En el caso de los estudiantes, la administración de Trump sólo emitió visas a nuevos estudiantes si sus cursos eran presenciales durante la pandemia, por lo que disminuyeron drásticamente, dado que la mayoría tomaba cursos a distancia. De esta manera, hubo una disminución del 72 por ciento en la inscripción de nuevos estudiantes internacionales en 2020, en comparación con 2019 (^{ICE, 2021}). Otra medida al final de la era de Trump fue la limitación en la duración de la visa para estudiantes a cuatro años, en lugar de la duración del programa de estudios, por ejemplo, para un doctorado que generalmente toma cinco años.

Hay que reconocer que ha habido pasos importantes que ha dado Biden, ya que revocó la prohibición de ingreso de muchos inmigrantes -Proclamación 10 014, establecida por Trump en abril de 2020-, así como en de trabajadores temporales, pues afirmó que perjudica enormemente los intereses de su país.

Eliminación de Travel Ban y aumento a la admisión de refugiados

Trump estableció la prohibición del ingreso de viajeros (Travel Ban) impuesta a varios ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes al inicio de su administración, lo cual tuvo consecuencias muy negativas. A más de cuarenta mil personas se les negó el visado a causa de esta prohibición, aunque es difícil saber cuántas personas se desalentaron viajar a Estados Unidos.

Con respecto a los refugiados, Trump limitó sus admisiones totales a 50 000 personas al año al comienzo de su administración, lo que contrasta enormemente con el límite de 110 000 establecido por la administración de Obama en 2017. Las admisiones cayeron al 16 por ciento en 2018, y tan sólo 22 491 refugiados fueron reasentados en el año fiscal 2018, la cifra más baja desde que se creó el programa de reasentamiento con la aprobación de la Ley de Refugiados en 1980. El descenso más pronunciado se registró para los musulmanes, que han resultado enormemente dañados. Según los datos del Departamento de Estado, durante 2016 en la era de Obama, 38 900 refugiados musulmanes fueron admitidos en Estados Unidos, número que descendió a sólo 3 495 en 2018 y 2020 cerró con alrededor de 11 800 refugiados, cantidad seis veces menos que durante los años anteriores a Trump.

Preocupado por esta situación, Biden puso en marcha una acción de emergencia para cuadriplicar la admisión de refugiados en 2021 a 62 500, por encima del nivel récord de Donald Trump, de 15 000. Sin embargo, tan sólo 11 411 refugiados fueron admitidos en 2021, por motivos burocráticos rezagados. Biden también ha prometido eliminar los criterios de elegibilidad discriminatorios, que excluían a la mayoría de los refugiados provenientes de países musulmanes y africanos, y elevar el límite de admisión a 125 000 en 2022 (^{Rampell, 2021}). Asimismo, anunció el reinicio de un programa que permite a ciertos niños centroamericanos cuyos padres viven legalmente en Estados Unidos solicitar un reasentamiento de refugiados desde sus países de origen (^{Hesson y Rosenberg, 2021}). Mientras tanto, Biden está buscando la manera de cuidar temporalmente a los niños que llegan a la frontera sin un tutor legal, lo que incluye agrandar y reformar las instalaciones en donde los niños solicitantes de asilo permanecen en custodia durante setenta y dos horas, mientras se les encuentran un pariente o tutor que se encargue de ellos (^{Shear y Kanno-Youngs, 2021}). A raíz de lretiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, setenta mil afganos se admitieron con una "libertad condicional" mediante la "Operation Allies Welcome", estatus que les brinda protección contra la deportación y elegibilidad para que se les autorice trabajar.

Apoyo de Biden a las iniciativas del Congreso sobre inmigración

Durante 2021, la inmigración estuvo en el centro del debate sobre cómo frenar los flujos no autorizados y, al mismo tiempo, cómo permitir la entrada de más inmigrantes permanentes o temporales necesarios para la economía del país. Los demócratas han estado presionando por una reforma migratoria -no se ha aprobado una importante desde 1996-, debido a que existe una necesidad inminente de reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos, principalmente por medio de un proceso de legalización.

Con los demócratas como mayoría en la Cámara de Representantes (House of Representatives, HR), apoyados por Biden han presentado el proyecto de ley U.S. Citizenship Act,¹¹ HR1177, del senador B. Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) y la hija de migrantes mexicanos, representante L. Sánchez (demócrata por California), el 18 de febrero de 2021 (^{White House, 2021}). Creíamos que después de muchos años existía la posibilidad de llevar a cabo una reforma migratoria, una reforma con la que los mexicanos de aquí y allá han estado soñando. Sin embargo, la realidad es que en virtud de las múltiples presiones que tiene Biden por el aumento de los flujos migratorios en sus fronteras, el proyecto de ley, que requiere ser aprobado por ambas cámaras, hoy se percibe como una iniciativa muerta. Su aprobación requeriría tres quintas partes de los miembros del Senado, en donde sólo la mitad son demócratas y los republicanos están unidos para rechazarla. Quizás podría lograrse con pasos paulatinos para determinar los requisitos de elegibilidad, como un periodo de residencia, el historial laboral, los impuestos pagados y los antecedentes penales (Chisti et al., 2021). Los defensores proinmigrantes están decepcionados dado que estiman la necesidad urgente de establecer una reforma al sistema migratorio. Los senadores demócratas han pretendido introducir elementos de la reforma migratoria en el proyecto de ley del gasto anual; sin embargo, el Senado los ha rechazado debido a que las medidas de inmigración no pertenecen a estos proyectos de ley que la Cámara puede aprobar por mayoría simple. Éste es el caso del proyecto de ley Build Back Better Act (BBB) que podría aprobarse como "ley de reconciliación" que permitiría solicitar un ajuste de estatus para la obtención de una tarjeta verde sin los límites que actualmente se requieren (^{Barros, 2021}). Se ha rechazado en varias ocasiones.

Otros proyectos de ley que se han discutido en el Congreso son la Farm Workforce Modernization Act, que otorgaría residencia permanente a aproximadamente 1 100 000 trabajadores agrícolas indocumentados, la mayoría de origen mexicano, si pueden demostrar que han trabajado cuatrocientos días hábiles en la agricultura durante los últimos cinco años;¹² la American Dream and Promise Act, presentada por los senadores Richard J. Durbin (demócrata por Illinois) y Lindsey O. Graham (republicana por Carolina del Sur), aprobada por la Cámara de Representantes pero no por el Senado, que permitiría a los DREAMers y los titulares de TPS y sus familias un camino directo a la residencia legal permanente (sólo para recordar: en 2001, el Congreso introdujo el proyecto de ley DREAM Act para enfrentar el problema de aproximadamente 2 100 000 jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos como menores de edad -por lo que se les denomina DREAMers-, que incluía un camino a la ciudadanía, proyecto que no se aprobó; en junio de 2012 el presidente Obama creó el programa DACA como respuesta al rechazo de la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, a aprobar una reforma migratoria integral).

Según datos del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), un total de 590 000 extranjeros tenían el estatus para DACA en junio de 2021, la mayoría provenientes de México (^{Prchal y Truo, 2021}). Se plantea que 1 850 000 personas podrían obtener tarjetas verdes (1 652 000 para DREAMers o titulares de TPS, y alrededor de 204 000 para sus cónyuges o hijos menores).¹³

Es importante contextualizar el estado de los DREAMers. La Suprema Corte rechazó la iniciativa de Trump de terminar con el DACA y dictaminó que el programa debía continuar. Sin embargo, en 2020 Trump emitió un memorando que ordenaba al Departamento que no procesara nuevas solicitudes para DACA. Posteriormente, en julio de 2021, el juez Andrew Hanen dictaminó que el DHS violó la ley de procedimiento administrativo cuando se creó el DACA (^{Castronuovo, 2021}). Los demócratas no han querido utilizar su mayoría en el Congreso, quizás debido a que no estiman prioritario gastar su capital político para dar un alivio a los 825 000 DREAMers que hoy se encuentran en el limbo (^{Chavez, 2022}).

Trump también decidió abruptamente terminar con el programa TPS, que apoyaba principalmente a extranjeros procedentes de Centroamérica y el Caribe, aunque posteriormente, por múltiples presiones, decidió extender los plazos de su estancia. El programa ofrece un alivio contra la deportación para aquellos que huyeron de sus países por cuestiones climáticas, guerras civiles y otras condiciones extraordinarias que podrían hacer que sea peligroso para ellos vivir allí. Las autoridades pueden otorgar un estatus temporal por dieciocho meses y extender su elegilibilidad si persisten condiciones adversas (^{Cohn, 2021}). La administración de Biden y los demócratas del Congreso han propuesto que a los inmigrantes que tienen un permiso por tiempo limitado para vivir y trabajar en Estados Unidos bajo un programa TPS, se les podría otorgar un camino hacia la ciudadanía -después de tres años de residencia, y de haber cumplido con los requerimientos que se aplican a todos los que la solicitan-. Biden autorizó otorgar un TPS a personas procedentes de Haití, Somalia, Siria, Yemen y Venezuela, y ya suman cuatrocientos veintisiete mil -había trescientos diecinueve mil al final de la administración de Trump- (^{Chishti y Bolter, 2022}).

Por otro lado, el Caucus Hispano del Congreso propuso el proyecto de ley bicameral Citizenship for Essential Workers Act, presentado por el senador A. Padilla y el representante J. Castro, con el fin de crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que fueron esenciales durante la pandemia.

Quizás es oportuno que sea considerada entre los congresistas la posibilidad de delegar la autoridad migratoria a los estados, como ha sido el caso de los proyectos de ley que buscan la autoridad para emitir visas de trabajo que se han presentado en once legislaturas estatales desde 2008, y tres de ellos han sido votados como ley. El gobierno federal los ha ignorado. Como ejemplo, en 2019, el representante John Curtis, republicano por Utah, propuso la State Sponsored Visa Pilot Program Act, que permitiría autorizar a los estados patrocinar que determinadas personas obtuvieran visas de trabajo renovables cada tres años (^{Rauch, 2021}).

Políticamente, es difícil encontrar el momento perfecto para aprobar una reforma migratoria, porque no existe una solución rápida y fácil. El gran desafío de Biden será generar un consenso bipartidista sobre su plan de reforma migratoria en partes o en su totalidad. Lo cierto es que las políticas de inmigración actuales no coinciden con las fuerzas del mercado y las realidades demográficas. Estos desajustes han llevado a serias disfunciones en el sistema de inmigración, como demuestran los once millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en Estados Unidos, el tremendo atraso en el sistema de tribunales de inmigración o los albergues saturados, entre otros problemas graves.