INTRODUCCIÓN

Este capítulo revisa detalladamente la propuesta climática del presidente Biden que se plasma en dos documentos: el titulado The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice y The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice, así como en un discurso pronunciado durante la campaña, que se ubican en el seno de su estrategia general del rescate verde de la crisis económica y social en que se encuentra su país. A la propuesta que estos tres elementos contienen de manera conjunta la vamos a llamar en este artículo el Plan Biden (PB) (Biden y Harris, 2020a). Dadas las especificidades del momento, también hay que tener en cuenta que a raíz de la pandemia -puesto que el paso de los nuevos virus del mundo animal al humano tiene mucho que ver con los impactos del cambio climático-, la necesidad de tomar medidas para frenar el calentamiento global se ha vuelto aún más urgente. Este hecho, junto con lo que significa el manejo verde basado en la energía renovable, de la crisis económica y social en medio de la pandemia de Covid-19, implican que la importancia de combatir el cambio climático vaya en constante aumento.

Para analizar qué posibilidades existen y qué dificultades pueden surgir para lograr los objetivos del presidente Biden, el artículo se divide en tres partes principales. En la primera se hace una descripción de lo que la administración de Biden planea llevar a cabo respecto al cambio climático, con el fin de entender las conexiones de este asunto con otros pilares de su visión y enfoque general sobre el cambio que necesita Estados Unidos. En la segunda parte se revisan los apoyos que el presidente Biden obtuvo durante su campaña y el proceso electoral mismo por parte de sectores sociales, como el movimiento Sunrise y su relación con el plan Green New Deal (GND), así como la postura de los distintos sectores la industria. En ambos casos se analiza cuál es la demanda, exigencia o la eventual objeción de estos actores y cuáles de ellos pueden ser retomados y satisfechos bajo el gobierno de Biden.

En la tercera parte, se examina qué tan realistas son y de qué manera podría lograr la administración del presidente Biden sus objetivos y planes concretos respecto al cambio climático, así como cuáles son sus alcances, obstáculos y límites, en el marco de una administración demócrata en la cual, aparte del Ejecutivo, también se cuenta con la mayoría, aunque disminuida en el Congreso y con un muy estrecho margen en el Senado, y hay una tendencia conservadora en la Suprema Corte. Las preguntas que guían este análisis son qué posibilidades tendrá y de qué capacidades dispondrá Biden para lograr sus metas climáticas propuestas, y por qué vía -administrativa, legislativa o judicial- buscará conseguirlo, en aras de construir los consensos y obtener el apoyo necesario, sobre todo en el caso de algunos puntos sensibles, como son, por ejemplo, el precio de carbono y el retiro del apoyo a los combustibles fósiles.

PROPUESTA ELECTORAL DE BIDEN

Tanto los resultados de las elecciones como las prioridades manifestadas por los electores muestran que no hay duda acerca de que la administración de Biden tendrá un respaldo amplio y, por tanto, un mandato muy firme para actuar sobre la crisis climática como una prioridad urgente. Joe Biden no ha dejado dudas acerca de que el clima es uno de los principales problemas de Estados Unidos y ha afirmado incluso que “el cambio climático es el problema número uno que enfrenta la humanidad” (^{Stokes, 2020}). Para atender el cambio climático cuenta con suficientes antecedentes y ha acumulado amplia experiencia durante su larga carrera. En la década de 1980, como senador del estado de Delaware, presentó en el Senado el primer proyecto de ley sobre el clima y más adelante presidió la aplicación de la Ley de Recuperación de 2009 que invirtió noventa mil millones de dólares en energía limpia.

El discurso del todavía candidato Joe Biden sobre el cambio climático, pronunciado el 14 de septiembre de 2020, es un buen resumen de su visión y sus intenciones políticas al respecto (^{Bloomberg Quicktake, 2020}). Señaló las cuatro crisis que a su juicio enfrenta el país: la pandemia de coronavirus, la crisis económica, la justicia racial y social, y el cambio climático. El discurso, por un lado, subraya que la crisis climática no está aislada, sino que está vinculada con las demás crisis pues, en el marco de la pandemia, exacerba los riesgos para la salud; y por el otro, que los impactos del cambio climático son desproporcionados porque afectan en mayor medida a las comunidades de color, de menores ingresos, por lo que considera necesario introducir mejoras sustanciales en la aplicación correcta de la ley de justicia ambiental (^{Biden, 2020a}; ^{Bloomberg Quicktake, 2020}). Ante el negacionismo y falta de estrategia nacional del presidente Trump, Joe Biden apunta que el manejo del cambio climático requiere de una respuesta integral, estructurada, amplia y basada en la ciencia. Menciona que mientras para Trump la inmigración fue la principal amenaza para los estadounidenses, para él las verdaderas amenazas son los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes, y agrega que -desde una perspectiva de seguridad- el cambio climático también afectará las instalaciones militares. En este sentido, Biden juzga que Trump falló en su deber más elemental: proteger a la nación, en muchos sentidos, tanto de la pandemia y la crisis económica como de la injusticia racial y del cambio climático.

En su discurso, Biden promete que su administración tiene la capacidad para solucionar la crisis climática y hace énfasis en que ello implica a su vez generar empleos, promover el crecimiento económico, llevar el país hacia una mayor competitividad económica, y además agrega que lo anterior podría aminorar la brecha de desigual- dad que afecta a la población negra, morena e indígena. En ese sentido, enlista una serie de propuestas de acción climática, entre las que se encuentran:

La creación de este Cuerpo Civil del Clima tiene que ver con alcanzar el objetivo de “sanar nuestras tierras públicas y hacernos menos vulnerables a incendios e inundaciones”. Biden, en su plan climático, ahonda sobre estos cuerpos y señala que se conformarán por una nueva generación de estadounidenses “patriotas”, incluidas mujeres y personas de color que trabajen en la conservación de las tierras, el fortalecimiento de la resiliencia y el combate al cambio climático, y recibirán buenos salarios (^{Biden y Harris, 2020b}). Los Civilian Climate Corps llevarán a cabo actividades seguras y basadas en la ciencia, tales como el manejo forestal, la restauración de humedales, la reparación de sistemas de riego deteriorados, la plantación de árboles, la restauración y protección de ecosistemas costeros, el aumento en la captación de carbono, en la remoción de especies invasoras; la mejora de los corredores biológicos para la fauna silvestre, la construcción de espacios de recreación en áreas naturales tales como rutas de senderismo, así como la revitalización de los paisajes terrestres y marinos para impulsar las actividades económicas (^{Biden y Harris, 2020a}).

Como prueba de que su administración será capaz de alcanzar los objetivos propuestos, el discurso de Biden hace alusión a los logros de la administración Obama- Biden en la materia, e incluso se compromete a desempeñarse aún mejor, a través de la ejecución de políticas concretas y viables que pondrán el país en el camino de las cero emisiones netas para 2050. Cabe recordar que el compromiso de Obama era lograr sólo entre el 26 y el 28 por ciento de la reducción de gases de efecto invernadero.

Algunos analistas, como Marianne Lavelle, destacan que el discurso de Biden constituyó “la primera vez que él -o cualquier candidato presidencial- criticara a su oponente por sus fallas en la política climática basado en sucesos en tiempo real” (^{Lavelle, 2020a}). Para tranquilizar a quienes consideran que el país no puede costear la acción climática apunta que, por el contrario, es una inversión pues, como señala a lo largo de todo el discurso, combatir la crisis climática significa, a la vez, atender las crisis de carácter económico y social.

Bajo la administración de Biden serán tres los pilares que deben cimentar el nuevo enfoque del gobierno federal para la política climática: las normas, las inversiones y la justicia. El PB, expresado en los documentos ya citados, sigue esta fórmula, al establecer propuestas concretas para un sector de electricidad 100 por ciento libre de carbono para 2035, ofrecer dos billones de dólares en inversiones para acción climática en los próximos cuatro años, con la promesa de que el 40 por ciento de esa cantidad fluirá hacia las comunidades desfavorecidas, atendiendo de esta forma también el aspecto de la justicia climática (^{Stokes, 2020}). Desde luego, el cumplimiento de estas promesas dependerá de la decisión del Legislativo acerca de autorizar o no las gran- des cantidades de fondos que ello requiere.

EL SUNRISE MOVEMENT Y SU RELACIÓN CON JOE BIDEN

El análisis poselectoral reconoce “una participación récord de votantes jóvenes; un grupo desgarrado por la ansiedad ante la crisis climática ayudó a Biden a vencer a Trump en las elecciones del 3 de noviembre. El Sunrise Movement, el grupo climático progresista liderado por jóvenes, alcanzó a 3 500 000 votantes jóvenes en estados ‘columpio’ y ahora quiere ver el retorno de estos esfuerzos” (^{Milman, 2020}). Este Sunrise Movement se conformó de manera oficial en 2017, con ayuda de donativos de organizaciones como Sierra Club y otros trescientos cincuenta grupos más, bajo el liderazgo de jóvenes como Varshini Prakash, Dyanna Jaye y Evan Weber (^{Nilsen, 2019}). De acuerdo con su sitio web, es un “movimiento juvenil para detener el cambio climático y crear millones de buenos empleos en el proceso” (^{Sunrise Movement, 2020a}) que concibe al Green New Deal como la respuesta más adecuada a la crisis climática. Hay que aclarar que esta iniciativa legislativa ambiciosa y amplia presentada por la congresista demócrata de tendencia radical Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), del ala izquierda del partido en 2019, pretende cambiar radicalmente la economía estadounidense a la vez que luchar contra el cambio climático, combatir la desigualdad y crear muchos nuevos empleos. Una propuesta de tal envergadura generaría un costo de decenas de billones de dólares a lo largo de no más de diez años. Durante 2020 la principal finalidad del movimiento era posicionar el cambio climático como un tema significativo en las elecciones estadounidenses, a fin de que lleguen al poder políticos que apoyen e impulsen su agenda. Entre sus acciones se encuentra organizar diversos actos de desobediencia civil tales como marchas, huelgas y la ocupación de oficinas de políticos. Cabe mencionar que en el pasado el movimiento ganó mayor visibilidad cuando, en 2018, irrumpió en la oficina de Nancy Pelosi, congresista y lideresa de la mayoría demócrata, con el fin de demandar acción climática inmediata, y que fue precisamente cuando el Sunrise ganó el reconocimiento de Alexandria Ocasio-Cortez (^{Nilsen, 2021}).

Una de las actividades más emblemáticas del movimiento es el respaldo político (Sunrise political endorsements), que se concreta en forma de declaraciones públicas de aprobación a un candidato para un cargo de elección popular que, de ganar, impulsaría la agenda de Sunrise, ya sean legisladores, gobernadores u otros. Los candidatos que obtienen el respaldo son anunciados en las redes sociales y el sitio web del movimiento, e incluso pueden obtener de él recursos para su campaña, ya sean de tipo humano o financiero. Entre los políticos electos a los que han otorgado su respaldo se encuentran por ejemplo la misma Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Presley e Ilhan Omar, por mencionar sólo algunos (^{Sunrise Movement, 2020b}). El movimiento ya ha conseguido influir en elecciones locales y estatales y, en opinión de analistas, ya “han provocado un cambio profundo, obligando a que el cambio climático y el gnd se conviertieran en temas determinantes para las elecciones de 2020. Estos votantes potenciales jóvenes han presionado a los demócratas que se han postulado a la presidencia para que publiquen planes serios y detallados que redujeran drásticamente las emisiones de combustibles fósiles de Estados Unidos” (^{Nilsen, 2019}).

Así, en noviembre de 2019, el movimiento anunció que llevaría a cabo un proceso nacional para decidir si otorgaba el respaldo político a algún candidato o candidatos para las elecciones de 2020 a la presidencia (^{Weber, 2019}). Como resultado, el único candidato que logró el respaldo de Sunrise fue Bernie Sanders quien consiguió una aprobación del 76 por ciento, mientras que Joe Biden sólo consiguió un 0.36 por ciento de aprobación (^{Sunrise Movement, 2020c}). Sin embargo, más tarde cuando Sanders declinó su candidatura a la carrera presidencial otorgando su respaldo a Biden, se anunció la creación de las Biden-Sanders Unity Task Forces, de las cuales Varshini Prakash formó parte como encargado de la cuestión climática, y tuvo el objetivo de unificar y fortalecer al Partido Demócrata. De ahí emanaron una serie de recomendaciones, de manera que Biden se vio obligado a incrementar el grado de ambición de su plan climático, e incluyó la meta de generación de energía limpia para 2035, las cero emisiones netas para 2050 y la inversión de dos billones en energía limpia, entre otras cosas. Así fue como se gestó el proceso a través del cual -y a pesar de que el Sunrise Movement inicialmente no otorgaba el respaldo político a Biden- finalmente comenzó a brindarle su apoyo públicamente y a hacer campaña a su favor (^{Griggs, 2020}).

De acuerdo con su sitio web, el movimiento tuvo un impacto considerable en las elecciones primarias y generales, dado que logró contactar a millones de votantes jóvenes a través de mensajes de texto, llamadas y correos, y así persuadirlos sobre su voto. Particularmente, en distritos clave para las elecciones legislativas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, el movimiento se atribuye, además, el haber sido fundamental para la victoria de Biden en una serie de estados cruciales para la presidencia: Arizona, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y Georgia (^{Sunrise Movement, 2020d}).

Estudios independientes confirman también el impacto del Sunrise Movement en los votantes; de acuerdo con Cohen, Sunrise Movement, junto con otros como March for Our Lives y United We Dream, movilizaron a millones de jóvenes para votar por Biden y, así, jugaron un rol importante para su victoria. El Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE) de la Universidad de Tufts también confirmó que la participación de los jóvenes fue crucial para la victoria de Biden (^{Cohen, 2020}). Este estudio reveló que entre el 52 y el 55 por ciento de los jóvenes estadounidenses de entre dieciocho y veintinueve años con posibilidad de votar participaron en las elecciones. Esta cifra ha sido la más alta de la que se tenga registro; como referencia, en las elecciones de 2016 sólo votó entre el 42 y el 44 por ciento de los jóvenes. En los estados clave que definieron el resultado de la elección, a saber, Michigan Georgia, Arizona y Pensylvania, Biden obtuvo más votos de los jóvenes que Trump. Aunque, en general, el voto de los jóvenes fue crucial para la victoria de Biden, fueron especialmente importantes el apoyo de los jóvenes afroamericanos, latinos y asiáticos. El 87 por ciento de los jóvenes afroamericanos, el 83 por ciento de los asiáticos y el 73 por ciento de los latinos votaron por Biden; en contraste, fue sólo el 51 por ciento de los jóvenes blancos que dio su apoyo a Biden (^{CIRCLE, 2020}).

Varios expertos han considerado que las constantes declaraciones de Biden respecto del cambio climático fueron importantísimas para el aumento de su preferencia entre los jóvenes entre mayo y octubre del año electoral. Asimismo, se señala que su alusión a la justicia ambiental da cuenta del enorme apoyo recibido por parte de los jóvenes de color (^{Cohen, 2020}). En vista de los resultados, Nikayla Jefferson, integrante del Sunrise Movement, afirmó: “Ganamos esta elección para Joe Biden […] No vamos a dejar pasar eso. Definitivamente nos debe su administración” (^{Miao, 2020}). En consecuencia, una vez electo Biden, Sunrise no ha dejado de ejercer presión para que se atienda la crisis climática con la atención que merece; por ejemplo, ha recomendado la creación de una Office for Climate Mobilization para la coordinación de las diversas agencias federales, e incluso en su sitio web se puede encontrar una lista con los funcionarios que los miembros del movimiento consideran idóneos para conformar el gabinete. Señalan también que para recomendar funcionarios tomaron en cuenta criterios tales como no tener lazos con compañías de combustibles fósiles, la urgencia con la que atenderían la crisis, así como su etnicidad obedeciendo a cuestiones de representatividad (^{Sunrise Movement, 2020e}).

No obstante, tras los primeros anuncios y nombramientos, Prakash hizo saber que se sentía decepcionada por el nombramiento de Cedric Richmond como asesor principal, pues éste ha recibido fondos provenientes de compañías de combustibles fósiles. Prakash dijo también que Sunrise ya ha empezado a trabajar con miembros del gabinete de Biden, pero que además planea ejercer presión externa y que en caso de que Biden no cumpla con sus promesas climáticas, se organizarán bloqueos, se tomarán las calles y se apoyarán las campañas primarias de demócratas en su contra (^{Mosley y Hagan, 2020}). Los líderes del movimiento dijeron que si hace falta también van a presionar a Biden para que use sus poderes ejecutivos y empiece a movilizar la acción climática mediante órdenes ejecutivas (^{Brooks, 2020}).

Es interesante mencionar que Biden nombró a Deb Haaland como Secretaria del Interior, y es el primer miembro indígena del gabinete a cargo de esa secretaría. Ella era precisamente a quien Sunrise había señalado como el personaje idóneo para el cargo por su defensa de la causa indígena y el apoyo que ha dado a la creación de empleos en energías renovables y, en general, al GND (^{Sunrise Movement, 2020e}). En sus redes sociales, el movimiento celebró el nombramiento, además de que lo atribuyó a la presión que hizo sobre Biden.

DIFERENCIAS ENTRE EL GREEN NEW DEAL (GND) Y EL PLAN BIDEN (PB)

El plan climático de Biden refleja su intento para ganar la confianza de aquellos votantes de izquierda quienes exigen mayor acción climática, pero sin perder los votos de aquellos que son más moderados. En este sentido, vale la pena compararlo con el GND que fue uno de sus nutrientes. Indudablemente se pueden encontrar similitudes entre ambos, toda vez que el PB se mejoró con algunas de las recomendaciones hechas por la Biden - Sanders Unity Task Force que integraba, entre otras, a personajes como Alexandria Ocasio-Cortez y Varshini Prakash.

En el primer debate presidencial, Joe Biden señaló que no apoyaba el GND y, en cambio, apoyaba lo expuesto en su plan sobre infraestructura (Biden Planto Build a Modern, Sustainable Infrastructure and an Equitable Clean Energy Future) que, en opinión de Berardelli, es mucho más limitado y menos agresivo que el GND (^{Berardelli, 2020}). De hecho, en el sitio web de acción climática de campaña se señala: “Biden cree que el Green New Deal es una referencia crucial para abordar los desafíos climáticos que enfrentamos. Captura poderosamente dos verdades básicas que están en el centro de este plan [el PB]: 1) Estados Unidos necesita adoptar, de manera urgente, una mayor ambición en una escala épica para hacer frente al alcance de este desafío, y 2) nuestro medio ambiente y nuestra economía están completa y totalmente conectados” (Biden y Harris, 2020a). En otras palabras, Biden reconoce el GND, pero no lo adopta de todo en aras de retener la simpatía y el apoyo de los sectores menos radicales (^{Berardelli, 2020}; ^{Lavelle, 2020}a).

De manera resumida, Biden propone realizar una inversión de más de dos billones de dólares en cuatro años, lo cual abarcaría inversiones de largo alcance en los sectores de infraestructura, industria automotriz, transporte, sector energético, construcción, vivienda, innovación, agricultura, conservación y justicia ambiental; a la vez que aseguraría que estas inversiones crearan buenos empleos -incluidos para mujeres y personas de color- y que contribuyan a la expansión de la clase media del país (^{Biden y Harris, 2020a}).

El GND, por su parte, es más radical, lo que se puede apreciar desde sus cinco objetivos: 1) lograr las cero emisiones netas a través de una transición justa, 2) crear millones de buenos empleos y bien pagados para todas las personas, 3) invertir en infraestructura e industria de manera sustentable, 4) asegurar que las generaciones futuras gocen de agua y aire limpios, resiliencia, alimentación sana, acceso a la naturaleza y un ambiente sustentable, y 5) promover la justicia y la equidad, eliminando la opresión sobre las comunidades indígenas y de color, migrantes, pobres, jóvenes, mujeres, entre otros grupos desfavorecidos. Para el logro de estos objetivos, el GND fija un periodo específico de diez años, y propone de forma muy general proyectos en torno a construcción, energía, manufactura, agricultura, alimentación, resiliencia, transporte, ecosistemas, educación, investigación y desarrollo, salud, por mencionar algunos (^{U.S. Congress, 2019}).

Sin embargo, no es del todo posible comparar de manera objetiva el plan climático de Biden con el GND, ya que, mientras el segundo es una resolución, es decir, una propuesta legislativa amplia, el PB es un plan de acción específico. En ese sentido, aunque el GND menciona los objetivos a los que aspira, no especifica con detalle cómo se alcanzarán. Se puede observar una serie diferencias que pueden encontrarse entre ambos. En primer lugar y en cuanto al costo, se ha estimado que el GND generaría decenas de billones de dólares, erogados a lo largo tan sólo de diez años. En contraste, el PB tiene un costo de dos billones de dólares erogados en cuatro años, lo cual, aunque es significativo, es muy poco comparado con otras inversiones, como por ejemplo, las medidas de recuperación económica por el coronavirus. En segundo lugar, el PB se concentra esencialmente en el cambio climático, atendiendo asuntos relacionados como son los empleos, la vivienda y la justicia ambiental, mientras que el GND comprende reformas más amplias a lo largo y ancho de toda la economía estadounidense, incluyendo el sector salud (^{Berardelli, 2020}).

Por otra parte, en cuanto a la creación de empleos y el otorgamiento de vivienda, el PB se queda corto, pues sólo pretende crear millones de nuevos empleos y construir millón y medio de unidades de vivienda; el GND aspira a proveer de empleos con buenos salarios, así como de viviendas asequibles, seguras y adecuadas, a todos los estadounidenses (^{Berardelli, 2020}; ^{Lavelle, 2020}b). Finalmente, respecto a las emisiones, el GND es mucho más agresivo: mientras que el PB se propone lograr un sector energético libre de carbono para el 2035, el GND, en diez años. Asimismo, el fracking es una cuestión básica en la que ambos difieren, y aunque el GND no lo menciona explícitamente, lograr sus objetivos sin duda implicaría su prohibición. En contraste, Biden señaló durante su campaña que no pretende prohibir el fracking, teniendo en cuenta que constituye una fuente de empleos, especialmente en Pennsylvania, pero sí habló de no permitirlo más en territorio federal. En suma, el plan de Biden es más limitado, menos costoso y mucho más concreto (^{Berardelli, 2020}).

LA AGENDA CLIMÁTICA DE BIDEN Y LA INDUSTRIA

No cabe duda que la agenda climática de Biden y la forma en que ésta impactará a la industria son de vital importancia para las compañías de todo tipo; todos los sectores empresariales, ya sea directa o indirectamente, quedarán afectados. Así, se destaca que la industria de electrodomésticos tendrá que ajustarse a nuevas regulaciones de energía verde, principalmente, las de eficiencia energética. Por su parte, la industria de la construcción tendrá que incorporar los requisitos de las certificaciones leed (leadership in energy and environmental design) sobre edificaciones sustentables, pues probablemente éstos serán incorporados en las regulaciones federales, ya sea para la construcción federal o la privada (^{Gardella, 2020}).

En lo concerniente a la industria automotriz, se espera que se traerán de vuelta los estándares de emisiones que la administración de Obama introdujo en los Corporate Average Fuel Economy Standards e incluso, que éstos se vigorizarán. Se cree que Biden no encontrará mucha oposición por parte de la industria ya que cuando Trump eliminó dichos estándares, gran parte de las empresas se sujetaron de manera voluntaria a los estándares más estrictos, puesto que ya habían invertido en la tecnología y en los procesos industriales. Además, se supone que los incentivos que dará la administración de Biden las impulsará aún más a sujetarse a las nuevas reglas (^{Gardella, 2020}). En cuanto a la industria del petróleo y del gas, se espera que se impondrán límites a las emisiones de metano en la producción y que se incrementarán los impuestos que Trump había reducido, lo cual se cree que no será aceptado fácilmente por la industria y posiblemente se discuta en cortes estatales y federales (^{Gardella, 2020}). Ante los posibles cambios venideros, hasta ahora la reacción de la industria ha sido diversa. Una importante porción de la industria estadounidense firmó, a inicios del mes de diciembre de 2020, una declaración en la que instaron a Joe Biden a trabajar con el Congreso en la creación de una política climática “ambiciosa, duradera y bipartidista” (^{Sobczyk, 2020}). Dicha declaración fue firmada por cuarenta y dos compañías pertenecientes a diversos sectores de la economía estadounidense, a saber: energético, automotriz, tecnológico, financiero, manufacturero, químico, petróleo y gas, cemento, minero, de alimentos y de comercio minorista. Entre dichas compañías destacan los nombres de Amazon, Bank of America, BP, Walmart, Ford, General Motors, Shell, Google, Exelon, DuPont, Goldman Sachs, por mencionar sólo algunas (^{C2ES, 2020}).

En la declaración, las empresas se dijeron comprometidas en abordar el desafío que el cambio climático representa y mostraron su apoyo en la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, además de que reconocían los beneficios que la acción climática acarrearía, tales como la creación de empleos, el crecimiento y el fortalecimiento de la competitividad del país y, en general, su recuperación económica (^{C2ES, 2020}). Expresaban también que, si bien ya han empezado a emprender acciones al respecto, para dar la respuesta integral y pretenciosa que se requiere es necesario un liderazgo fuerte y sostenido por parte de Washington, señalando en ese sentido que “para lograr una economía cero neta, Estados Unidos debe establecer políticas nacionales duraderas que aprovechen las fuerzas de mercado, movilicen inversión e innovación, y provean la certeza necesaria para planear a largo plazo” (^{C2ES, 2020}).

Sobczyk señala que esta declaración se suma a una serie de acciones por parte de otras organizaciones empresariales en apoyo a la acción climática; tal es el caso del anuncio hecho en septiembre de 2020 por la Business Roundtable que ofreció respaldo a fijar precios al carbono para afrontar el cambio climático (^{Sobczyk, 2020}). Este anuncio ha sido de suma importancia porque implicó una ruptura con la postura del pasado de dicha organización, que se negaba a apoyar cualquier legislación que estableciera un sistema cap-and-trade (^{Volcovici, 2020}). Por su lado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, adversaria de la política climática en el Congreso durante mucho tiempo, recientemente ha circulado un cuestionario entre sus miembros para solicitar su opinión respecto a la fijación de precios al carbono, lo que podría ser reflejo de una mayor apertura a dichas acciones (^{Sobczyk, 2020}). Como señalan Storrow e Hijazi, el hecho de que numerosas compañías se han mostrado a favor de la acción climática, marcando así un importante cambio respecto al pasado, ofrece a Biden un impulso especialmente relevante a su agenda climática, dado el contexto político caracterizado por un Senado dividido y una Suprema Corte de tendencia conservadora. No obstante, también hay que recordar que la postura de las diversas compañías no es monolítica y aún dentro de los sectores hay opiniones divididas (^{Storrow y Hijazi, 2020}).

Así, hay que mencionar que algunas empresas del sector energético y automotriz, especialmente grupos comerciales y pequeños productores, a diferencia de las grandes compañías como General Motors -que, por cierto, aunque anteriormente había apoyado los estándares de Trump, recientemente mostró su respaldo a Biden-, no están a favor del establecimiento de nuevos estándares de emisión (^{Storrow y Hijazi, 2020}).

Del mismo modo, hay que señalar que dentro de la industria del petróleo también hay fracturas, especialmente entre las grandes compañías que producen, refinan y distribuyen crudo, y las compañías más pequeñas que sólo lo producen y que están representadas, en su mayoría, por la Independent Petroleum Association of America. La fractura deriva de que, a diferencia de las primeras, las últimas no han tenido la capacidad financiera para invertir en innovación y desarrollo de tecnologías que generen menos emisiones de metano, por lo que se oponen a nuevas regulaciones y estándares al respecto, bajo argumentos con base en la carga económica que esto les impondría (^{Storrow y Hijazi, 2020}).

En resumen, de este tema, los analistas creen que “resolver las disputas intramuros de la industria puede ser un factor importante en determinar si Biden puede implementar nuevas medidas regulatorias y construir apoyo para su agenda en el Congreso” (^{Storrow y Hijazi, 2020}.

ANÁLISIS DE LO QUE BIDEN HA LOGRADO Y LO QUE PUEDE LOGRAR

El asunto más icónico y ampliamente citado del cambio climático respecto a Estados Unidos es, sin duda, la participación en el Acuerdo de París (AP). El presidente Biden, inmediatamente de ser electo, anunció la inmediata reincorporación de su país a este acuerdo mundial. Hay que recordar que conseguir el apoyo de los líderes del mundo para el AP en su momento fue el mayor logro del presidente Obama en materia de cambio climático, después de un periodo de que Estados Unidos abandonó las negociaciones internacionales. A pesar de que el AP ha sido bastante criticado por los ambientalistas porque no contiene compromisos obligatorios y no es lo suficientemente estricto como para poder detener el calentamiento global, sin duda el hecho de crear un consenso entre prácticamente todos los países del mundo, incluida la activa cooperación de China, ha restablecido el prestigio climático de Estados Unidos. El presidente Trump abandonó el AP como parte de su compromiso electoral, acto que implicaba serias amenazas para el cumplimiento de la meta global de no sobrepasar para el año 2030 el aumento de temperatura entre 1.5 °C y 2 °C. Además, podría alentar a otros países para que también relajaran sus compromisos.

El presidente Biden, aparte de revertir la salida de Estados Unidos del AP -que considera como un poderoso símbolo de la cooperación internacional imprescindible en el mundo-, también ha prometido que seguirá su labor de nación líder climática global, convocando a “los dirigentes de las principales economías para una cumbre climática dentro de mis primeros cien días en el cargo” (^{Peters y Collins, 2021}). La gran importancia del asunto se refleja en el nombramiento de una figura tan prestigiada como John Kerry para ser el enviado presidencial especial para el cambio climático, un puesto nuevo dentro del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, con el objetivo de mejorar la imagen de Estados Unidos ante el mundo. En este orden de intenciones, el presidente Biden convocó el día de 22 de abril, el Día de la Tierra, a cuarenta líderes mundiales para discutir los compromisos y alentar a los países a fortalecer la lucha contra el cambio climático y también para confirmar la prioridad del tema para su gobierno, y así reconquistar la confianza del mundo hacia Estados Unidos (^{Ifran, 2021}).

La idea de Biden es de inmediato recuperar lo perdido en materia de reputación internacional y promoción de los mecanismos multilaterales en la solución de los problemas que aquejan al mundo. En lo que respeta al cambio climático, lo anterior implica asumir dos compromisos por parte de Estados Unidos: por un lado, cumplir su cuota prometida de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro, aportar recursos financieros y proyectos para ayudar a los países de menores recursos a cumplir sus compromisos. En cuanto a la reducción de emisiones, Estados Unidos fijaba la meta de entre el 26 y el 28 por ciento para el año 2025, y respecto a las aportaciones al Fondo Verde del Clima -un fondo creado para ayudar a los países menos desarrollados y los más vulnerables al cambio climático a reducir sus emisiones-, comprometió tres mil millones de dólares, cuyas primeras entregas de quinientos mil ya han sido pagadas durante el periodo de Obama. Lograr la meta de reducción de emisiones que Estados Unidos prometió, naturalmente depende de la efectividad de generar e implementar medidas internas y destinar los recursos necesarios dentro del país, esto es, de la cabalidad de la política federal y las estatales en materia de cambio climático que el presidente Biden sea capaz de implementar y promover.

La nueva meta fijada por Biden es alcanzar entre el 50 y el 52 por ciento de la reducción de emisiones para el año 2030, tomando en cuenta como base el año 2005. A pesar de que este compromiso es mucho mayor que el de Obama, los grupos ambientalistas radicales lo consideran insuficiente, porque reivindican la responsabilidad histórica de Estados Unidos en materia de generar y acumular la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el mundo.

Aparte del nombramiento de John Kerry, hay otros muy significativos para el avance contra el cambio climático: Gina McCarthy a cargo de coordinar los asuntos internos como Asesora Nacional del Clima de la Casa Blanca, así como los destacados expertos en clima en puestos clave del gabinete: la ya mencionada Deb Haaland, en calidad de la primera indígena estadounidense para dirigir el Departamento del Interior; Michael Regan como jefe de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y Jennifer Granholm, como Secretaria de Energía.

Las numerosas leyes ambientales que el presidente Trump ignoró o revirtió pueden ser reestablecidas por medio de la acción administrativa bajo el liderazgo de Biden. La Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) puede ser aprovechada para establecer están- dares contra la contaminación por parte de las centrales eléctricas, tal como fue durante la presidencia de Obama, que posteriormente fue revertida por Trump. Medidas tales como fijar estándares para automóviles, de metano y estándares para electrodomésticos también podrían reducir las emisiones en toda la economía (^{Stokes, 2020}).

El Congreso también podría establecer estándares para que el sector eléctrico esté totalmente libre de carbono para 2035, así como fijar plazos que permitan planificar y comenzar la transición del sector. Se calcula que, si se limpia el sistema eléctrico y se usa para alimentar energía baja en carbono en todo el país, se podría lograr el 70 por ciento del camino hacia el ordenamiento del desorden climático creado durante el periodo de Trump. En ello ayudará, sin duda, que la mayoría de los estados ya han aprobado normas de energía limpia, de manera que uno de cada tres estadounidenses ya vive en un lugar que apunta hacia un 100 por ciento de energía limpia (^{Stokes, 2020}). En materia de generación de electricidad limpia, sería necesario establecer requisitos federales, para lo que conseguir apoyo de los republicanos no será una tarea menor, aun cuando es cierto que algunos conservadores y líderes empresariales han comenzado a mostrarse preocupados por la cuestión climática, entre otras razones, por su temor a perder competitividad (^{Tollefson, 2020}).

Haber logrado la mayoría en el Senado en las elecciones de 2020, después de que los republicanos lo hayan controlado desde 2014, dará a los demócratas un control unificado de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque con mayorías muy leves. De todas formas, como se sabe, la composición de 50 y 50 del Senado no podría garantizar una serie de cambios legislativos, tales como leyes y presupuestos que sin duda serían necesarios para el éxito de la estrategia climática de Biden. El periodo del presidente Obama ya ha demostrado qué tan difícil será cambiar la política climática con el tradicional obstruccionismo del Senado (^{Zhgou, 2020}).

A pesar de alcanzar con los dos lugares de Georgia los cincuenta en el Senado, los demócratas de todas formas tendrán que lidiar con los republicanos, sobre todo con el muy experimentado líder de la mayoría, Mitch McConnell, puesto que muchos de los proyectos de ley, para ser aprobados, necesitan sesenta votos en el Senado que, en la situación actual, implicaría conseguir todavía alrededor de diez votos republicanos. En un Senado dividido en 50/50, aprobar proyectos de una ley demócrata, así como proyectos de una ley bipartidista, no parece ser tarea fácil, y en algunos casos podría ser extremadamente difícil (^{Nilsen, 2021}). Entre las medidas más difíciles de lograr están las relativas al aumento del precio de carbono. Los demócratas, durante la administración de Obama, aprendieron que el uso del enfoque de mercado para la reducción de emisiones, es decir, elevar el costo de las emisiones a través de impuestos o bien de sistemas cap-and-trade, no cuenta con la simpatía de los republicanos, por lo que no parece ser probable que se aprobara un proyecto de ley de este tipo. Sin el apoyo bipartidista sería difícil completar el plan de Biden, porque poner precio al carbono es un asunto muy sensible políticamente, dado que los opositores pueden etiquetarlo como un incremento de impuestos que recae en las familias trabajadoras (^{Leonhardt, 2020}).

En aras de lograr los objetivos de reducción de emisiones, Joe Biden, durante el primer año de su administración -además de firmar una serie de órdenes ejecutivas- exigirá al Congreso que apruebe una legislación que: 1) establezca un mecanismo de implementación que fije objetivos, a más tardar para 2025; 2) realice una inversión histórica en innovación y desarrollo en energía limpia y clima, y 3) incentive el despliegue rápido de innovaciones en energía limpia en toda la economía, especialmente en las comunidades más afectadas por el cambio climático (^{Biden, 2020b}). La principal prioridad inmediata de Biden, sin duda alguna, será frenar la pandemia y revitalizar la economía estancada, y ello podría lograrse justamente por medio de un paquete de infraestructura verde cuya aprobación requiere del Congreso.

Con el apoyo del Senado, incluso sería posible llevar a cabo el plan de inversión masiva de más de dos billones que prometió Biden para mitigar el cambio climático y crear empleos. Analistas estiman que probablemente la mejor manera de aprobar la legislación climática bajo una administración demócrata sería la reconciliación pre- supuestaria. A través de este mecanismo es probable que no se logre del todo el requisito vinculante de energía limpia al 100 por ciento para 2050, pues es más un asunto de regulación que de fiscalidad, pero otros compromisos de Biden, como por ejemplo, la aprobación del gasto climático, sí pueden lograrse a través de la reconciliación. “De esos dos billones de dólares, cuatrocientos mil millones de dólares se destinarán a compras federales de tecnología de energía limpia, como baterías y vehículos eléctricos para ayudar a impulsar esas industrias. Otros componentes incluyen proyectos de infraestructura, como la mejora de la red eléctrica y la banda ancha universal, la ampliación del transporte público y el incremento significativo del gasto en investigación y desarrollo en energía limpia y eliminación de carbono” (^{Matthews, 2020}).

Las dos principales herramientas con las que un gobierno cuenta para atender el cambio climático son, por un lado, los subsidios a la energía limpia, y por el otro, imponer estándares que exijan procesos menos contaminantes. En Estados Unidos, esto último se puede alcanzar en virtud de que la Suprema Corte, ya en 2007, determinó que la Clean Air Act también aplica a las emisiones de carbono, por lo que la EPA tiene facultades para restringirlas. Una legislación integral sobre el cambio climático requería de la aprobación de gran parte del gasto en energía limpia que Biden propone, lo cual incluye un incremento significativo del gasto en investigación y desarrollo, así como la aplicación de manera inmediata de amplios incentivos a los consumidores y a las empresas (^{Leonhardt, 2020}).

Las primeras acciones de Biden sobre el clima han sido revocar un buen número de las cerca de cien órdenes ejecutivas de Trump, entre las que destacan el reingreso al Acuerdo de París, las regulaciones del metano, de la eficiencia energética de los electrodomésticos, los nuevos estándares para automóviles, así como el bloqueo de la construcción del oleoducto Keystone XL, o la prohibición de perforar en el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico; de la misma manera, se ordenó que las agencias federales compren sólo electricidad libre de contaminación y vehículos de cero emisiones, y se frenó el arrendamiento de tierras públicas para explotación de gas y petróleo en alta mar (^{The White House, 2021}).

Algunas de estas medidas han sido incluso contoversiales, como es el caso de revocar el permiso de construcción del polémico oleoducto Keystone XL, que al concluirse llevará petróleo desde Canadá a la costa del Golfo, proyecto que el presidente Obama ya había bloqueado por los reclamos contra daños ambientales y de derechos por la tierra, pero el presidente Trump le dio luz verde (^{Peters y Collins, 2021}). Tanto el gobierno de Canadá como los sindicatos en general apoyan a los demócratas y al gobierno de Biden, pero difieren en este punto por razones como el temor a perder empleos relacionados con la industria petrolera.

Las medidas para proteger el 30 por ciento de la tierra y las aguas del país antes de 2030, el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de la extracción de petróleo, para establecer estándares y restricciones a las emisiones de metano en pozos de petróleo y gas, para establecer estándares de eficiencia de combustible y de eficiencia energética en edificios gubernamentales, así como en electrodomésticos, también han sido de gran prioridad para el gobierno (^{Newburger, 2020}).

La nueva política climática tendrá que provenir no sólo de las agencias federales que tradicionalmente han estado a cargo de establecer normas en materia climática (como la EPA y el Departamento de Energía), sino que habrá necesidad de adoptar un enfoque de gobierno en conjunto (all-of-government approach) para llevar la regulación a un nivel mucho mayor. Con el fin de conseguir más apoyo, Biden podría apostar también por una alianza con activistas climáticos, defensores laborales y de la justicia racial organizados, que le podría ayudar a ejercer mayor presión sobre los legisladores (^{Worland, 2020}).

Se cree que conseguir el apoyo suficiente para llevar adelante el nuevo plan en cambio climático, la experiencia y conocimiento adquirido por el ahora presidente Biden durante sus treinta y seis largos años de negociaciones legislativas, así como su relación personal con personajes clave, tales como Chris Coons, Joe Manchin, Lisa Murkowski, James Clyburn, Nancy Pelosi y Mitch McConnell, podrían constituir una garantía suficiente para poder impulsar su agenda legislativa (^{Warren y Raju, 2020}).

CONCLUSIONES

En la administración de Biden y Harris todo indica que van a cohabitar dos tendencias que actúan en sentido contrario: por un lado, la presión de las fuerzas del ala izquierda del Partido Demócrata hacia radicalizar las medidas ambientales y grupos ambientalistas ambiciosos, y por el otro, la necesidad de buscar la unidad y con ello el bipartidismo que implicará moderación en las demandas relativas al cambio climático. La búsqueda de la ecuación de las relaciones de fuerzas entre ambas tendencias definirá las posibilidades del éxito del nuevo gobierno, para el cual la economía y el medio ambiente están completamente conectados. La visión del presidente Biden sobre el cambio climático es muy integral, amplia y profunda, y se caracteriza por no considerarlo como un asunto asilado, sino como una parte integral de un esquema alternativo general basado en la creación de empleos, el aumento de salarios y generación de infraestructura basada en la energía renovable para el manejo de la compleja crisis económica, social y de justicia que enfrenta Estados Unidos. El cambio climático se presenta como una oportunidad cuya solución, a su vez, ofrece valiosos recursos para ayudar a resolver asuntos como la competitividad económica, el desempleo, la desigualdad y la justicia social. Este enfoque abarcador y transversal, sin duda, ayudará a Biden a conseguir los apoyos necesarios para llevar adelante su proyecto climático, aun cuando la situación actual del país no es nada fácil, puesto que se encuentra en medio de una grave crisis de la salud, y es de esperar que los recursos se dirijan en primer lugar a controlar la pandemia y los graves problemas económicos que ésta ha traído consigo.

Joe Biden es un político que ha sido considerado durante varias décadas como de tendencia centrista, por lo que es de preguntarse si en una situación de extrema división y polarización política y social como la actual, es posible e incluso conveniente que gobierne a partir del centro, o bien, tendrá necesidad de radicalizarse, igual que sus oponentes. Para poder ganar las elecciones, Biden ha necesitado el apoyo del ala izquierda del Partido Demócrata, como lo ilustra su acercamiento al Sunrise Movement y a los partidarios del NGD, y esto implica que tendrá la presión constante de tomar medidas más radicales respecto al cambio climático. Para responder la preguntar de qué tan lejos puede llegar la administración de Biden en este camino, es aún demasiado pronto. Dada la posición todavía negacionista sobre la gravedad del cambio climático de una buena parte de los republicanos -sobre todo los vinculados con los productores y consumidores de energía fósil-, el presidente Biden necesitará aplicar toda su sabiduría y experiencia acumulada en la creación de consensos bipartidistas para lograr los equilibrios deseados.

Durante los próximos años, se sabrá si los cuatro del presidente Trump representaron sólo un episodio relativamente corto de retroceso en materia ambiental, o se trata de una tendencia que permanece. Se puede decir que los actores principales en el asunto del cambio climático, tales como un creciente número de empresas, estados y ciudades, así como la misma opinión pública, han ido cambiando a favor de una acción climática firme. Todo indica que lo más difícil no será tanto promover las medidas y actividades verdes basadas en energía renovable, sino limitar cada vez más y gradualmente retirar los apoyos a la energía fósil, e intentar desmantelar el complejo sistema de subsidios directos e indirectos que canalizan desde hace mucho tiempo abundantes recursos a los sectores de carbón, petróleo y gas que aún representan un enorme peso en la matriz energética, el empleo y los negocios en Estados Unidos.