PUNTOS DE PARTIDA

El estudio que sigue se basa en la aplicación de una versión de la teoría del realineamiento político. Autores como ^{V. O. Key (1955}; ¹⁹⁵⁹⁾, ^{Walter Dean Burnham (1970)}, ^{James Sundquist (1983)} o ^{Arthur Schlesinger (1990)}, señalaron que los realineamientos generan cambios en la correlación de fuerzas entre las formaciones fundamentales dentro del sistema bipartidista estadunidense, incluyendo variaciones en el control de las oficinas electivas y en la distribución territorial y sectorial de las bases electorales respectivas. En particular, Burnham y Schlesinger proponen ciclos regulares de cerca de treinta años, mientras que Sundquist, siguiendo uno de los trabajos de ^{Key (1959)}, se refiere a periodos críticos que abarcan varias elecciones.

Un tema a considerar aquí es la temporalidad de las transformaciones en distintos niveles de organización política. Si atendemos a Charles Mack, parte del proceso de realineamiento en Estados Unidos incluye la consolidación (entrenchment) del orde­namiento emergente en los niveles subnacionales (^{Mack, 2010: 5}). De la lectura de este texto, se extrae de inmediato que las formas federales del realineamiento no son necesariamente sincrónicas con sus manifestaciones locales y estaduales, y que entre ellas pueden existir diferencias en aspectos específicos.

El concepto de ciclo utilizado en la mayoría de esos textos resulta controvertido, y el carácter y extensión del proceso de ajuste amerita una discusión más amplia. En todo caso, los trabajos de esos autores presentan datos empíricos cuya sistematización resulta útil. Discusiones de variantes, enfoques y aplicaciones de esta teoría se han propuesto en otros trabajos (^{Shafer, 1991}; ^{Rosenof, 2003}; ^{Domínguez López, 2017}).

En este texto, se entiende el realineamiento político como un proceso de ajuste de las estructuras políticas de una sociedad como parte de una transición entre coyun­turas históricas. La transición implica cambios cualitativos en las distintas estructuras en las que se organiza el complexus cultural, lo cual incluye cambios en los modelos teóricos dominantes, los consensos políticos, los modelos de desarrollo, las dinámicas sociodemográficas, entre otros aspectos (^{Domínguez López, 2017: 95-96}). Los ajustes se producen también a nivel de los sujetos de la federación, por lo que los cambios de comportamiento deben ser expresiones de modificaciones significativas y medibles de esas estructuras en sus formas locales.

¿Pueden ser identificados síntomas de realineamiento en el Estados Unidos de la segunda década del siglo XXI? Mi respuesta es sí.¹ Si esta perspectiva es válida, debe ser posible identificar cambios de gran alcance en una diversidad de ámbitos. Aquí sólo sintetizaré algunos de los puntos más relevantes, un desarrollo completo requiere un trabajo específico, mucho más extenso.

Un primer aspecto es la ocurrencia en 2007-2009 de una recesión económica de gran profundidad, la más fuerte desde la Gran Depresión de los años treinta, seguida por una recuperación que ha sido descrita como el periodo de crecimiento más largo en la historia de Estados Unidos, pero que en realidad ha sido inestable, con algunos momentos de contracción, cuando se observa el producto interno bruto real, es decir, controlado por el valor del dólar (^{U. S. Bureau of Economic Analysis, 2017a}). La recuperación del empleo en el periodo siguiente a la recesión fue mucho más lenta (^{U. S. Bureau of Labor Statistics, 2016}) con decrecimiento sostenido del índice de participación de la fuerza de trabajo² (^{Economic Policy Institute, 2018}) y una disminución sostenida de la calidad y seguridad del empleo (^{Desmond, 2018}).

Estos procesos hicieron visibles profundos cambios estructurales que podemos sintetizar en tres ideas clave. Primeramente, la economía estadunidense ha pasado de ser industrial a depender fundamentalmente de servicios de nuevo tipo y de sus mercados financieros (^{U. S. Bureau of Economic Analysis, 2017b}). Segundo, se ha producido un crecimiento rápido y sostenido de la desigualdad social con la acumulación de riqueza e ingresos en los escalones superiores de la jerarquía social, fundamentalmente fracciones del 1 por ciento superior y la decadencia de la clase media propietaria desarrollada durante la postguerra, lo cual socava los pilares del modelo social y político dominante durante décadas (^{Piketty, 2014: 235-467}; ^{Kuttner, 2018}). Tercero, se está desarrollando una transformación del modelo corporativo tradicional sustituido por formas modernas de contratación y asociación, y crecimiento del papel del outsourcing (^{Davis, 2016}). Desde luego, estos procesos son parte de la evo­lución de las redes y cadenas globales de valor y la reorganización de la economía política global.

Los principales correlatos políticos de esas transformaciones los encontramos en dos ámbitos. Primeramente, el incremento continuado de la polarización en todos los niveles, el cual ha generado altos niveles de conflictividad y ha dificultado los procesos de toma de decisiones en instancias gubernamentales (^{Pew Research Center, 2014}; ^{Domínguez López, 2019}). Segundo, el ascenso a la presidencia de Estados Unidos y la emergencia de otras figuras consideras outsider respecto a los círculos políticos tradicionales. El caso más publicitado ha sido el de Donald Trump, pero en esa posición de externos al establishment propiamente dicho se encontraban también Bernie Sanders e incluso Barack Obama en el momento de su elección.

Este cuadro se completa con la vasta y aparentemente incontenible transformación demográfica. En primer lugar, el crecimiento continuado de las llamadas minorías étnicas, que apuntan a convertir a Estados Unidos en un país sin una mayoría absoluta para ningún grupo étnico (^{U. S. Census Bureau, 2017a}), fenómeno fuertemente impulsado por la inmigración compuesta mayormente por asiáticos y latinoamericanos ^{(Office of Immigration Statistics, 2016: 12}). En este trabajo prestaré particular atención a este aspecto en su expresión concreta en Florida.

La selección de este tema en particular se debe a que la oferta de políticas públicas producida por los partidos, candidatos y políticos en activo debe considerar las demandas de esa población. Y la variación de la composición de una población es una de las claves en la modificación de las propuestas políticas y los comportamientos electorales, tanto orientados a satisfacer las demandas de los grupos emergentes como para oponerse a ellas con el apoyo de sectores que los ven como amenazas. Para el caso en el que se centra este trabajo, la cuestión demográfica del estado de Florida es fundamental.

El segundo punto básico para este artículo es la existencia de los colegios electorales que median entre el voto popular y la determinación del ocupante de la Casa Blanca. Discutir esa estructura, sus orígenes y particularidades amerita un estudio particular, lo cual desborda los objetivos de este trabajo. No obstante, resulta imprescindible una breve introducción.

Según establece la constitución estadunidense en su artículo primero, sección primera, ligeramente reformada por la enmienda número XII, aprobada el 25 de septiembre de 1804, el presidente y el vicepresidente son elegidos por los votos electorales emitidos por los miembros de los colegios, cuyo número se establece de acuerdo al total de congresistas federales que representan a cada territorio, y se eligen de acuerdo a legislación específica de cada estado.

Este sistema implica una distorsión del voto popular que permite resultados finales que no necesariamente corresponden con el deseo expreso de la mayoría de los electores que acuden a las urnas. Un método viable de ponderar los efectos del carácter indirecto de la elección es observar el comportamiento de lo que propongo definir como índice de distorsión. Este índice (D) equivale a la razón entre el porcentaje de los votos electorales (E) y el porcentaje de los votos populares (P) obtenidos por el ganador final de la elección, es decir:

En el caso ideal de una coincidencia perfecta entre ambos, el valor de D sería 1. Un resultado mayor significa que el colegio fue un factor favorable al ganador; en caso de ser menor, lo habría perjudicado. Los tres tipos de valores son teóricamente posibles, si bien D=1 es evidentemente improbable. En la investigación utilicé la información recogida en la base de datos The American Presidency Project, de la Universidad de California en Santa Bárbara, para todos los datos referidos en los análisis de las elecciones presidenciales.

En la Gráfica 1 se pueden observar varios aspectos interesantes. Por ejemplo, en los 46 ejercicios incluidos, el índice de distorsión fue mayor que uno, oscilando entre un mínimo de 1.05, en 2000 y 2004, y un máximo de 1.96, en 1912. La gran mayoría de los casos (37, un 80.4 por ciento) se encuentran en una franja entre 1.10 y 1.60. En cuatro ejercicios del ganador del voto compromisario, perdió el voto popular: Rutherford B. Hays (1876), Benjamin Harrison (1888), George W. Bush (2000) y Donald Trump (2016); curiosamente, todos ellos representaban al Partido Republicano. Los índices más bajos que generaron la diferencia en los colegios fue de un entero. En esos casos, esa distorsión relativamente pequeña fue de mayor importancia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ^{The American Presidency Project (2018)}, “Presidential Election Data”

Gráfica 1 ÍNDICE DE DISTORSIÓN DEL VOTO, 1836-2016 

De aquí sigue de inmediato que la distorsión es real, y debe ser considerada en cualquier estudio sobre los procesos electorales estadunidenses. Este comportamiento también indica que las estrategias de campaña tienen que centrarse en conquistar los colegios, no el voto popular. Es por ello que la elección se fragmenta en cincuenta y un comicios particulares: cada uno de los cincuenta estados más el Distrito Federal de Columbia.

En este punto entra en la discusión otro tema clave: las diferencias de los electorados en los distintos sujetos de la federación. Como norma, en la mayoría de ellos, desde etapas tempranas del proceso se conoce por qué candidato se inclinarán los votantes. Estos son los estados sólidos, y son relativamente escasos los recursos y esfuerzos que les dedican los competidores.

Existe un número mucho más reducido de estados en los que ninguno de los contendientes tiene una clara ventaja en la intención de voto de los electores registrados que se pueda considerar decisiva, y, por tanto, están abiertos para cualquiera de los contendientes principales. Estos son los que deciden y los que centran el grueso de la acción.

Los estados abiertos reciben varios nombres, como battleground states (estados campos de batalla, una denominación muy representativa, pues es donde se desarrolla la lucha en toda su magnitud); purple states (estados púrpuras) o swing states (estados pendulares). Combinando esta clasificación con las dimensiones de los colegios electorales, se obtiene una escala de prioridades para la inversión de recursos materiales y humanos, de los que los estados pendulares con mayor cantidad de votos compromisarios absorben un volumen desproporcionadamente mayor.

La definición de los estados pendulares, sin embargo, no es tan clara como puede pensarse. Una posible variante es que se trata de estados que pueden ser ganados por cualquiera de los principales candidatos, lo cual resulta de la relativa paridad en las preferencias de los votantes probables a participar, y que como norma se traduce en estrechos márgenes entre ganador y perdedor en los sufragios efectivos. De aquí deriva la pregunta de cuándo se considera estrecha una diferencia. Otro problema es que esa paridad no implica necesariamente el cambio del voto de un proceso a otro o fluctuaciones continuas a lo largo del tiempo.

En este artículo, los estados pendulares se definen a partir del cumplimiento de tres criterios: primero, los márgenes que separan a ganadores de perdedores deben ser inferiores a 10 puntos porcentuales; segundo, este tipo de comportamiento debe aparecer recurrentemente a lo largo de varias elecciones; tercero, ese comportamiento debe expresarse también en fuertes variaciones en la intención del voto en los sondeos preelectorales.

El estudio de datos duros de los resultados electorales combinado con los datos blandos provenientes de los sondeos preelectorales permite verificar con relativa sencillez el cumplimiento de estos criterios. La determinación de este punto nos permitirá una periodización más adecuada de la historia política de Florida y, por tanto, un marco de referencia más preciso para su estudio.

EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

El estatus de estado pendular de Florida en este momento es comúnmente aceptado; de hecho, se le considera uno de los dos battlegrounds más importantes del país, en conjunto con Ohio (^{The New York Times, 2012}). Durante las campañas presidenciales desarrolladas entre los años noventa y 2016, Florida se encontró entre los escenarios centrales. La cúspide de su fama como teatro de lucha se alcanzó en el año 2000, cuando resultó decisivo en la victoria de George W. Bush sobre Al Gore.

Recordemos que los veinticinco electores de su colegio -en ese momento- correspondieron al candidato republicano tras obtener una ventaja inédita (por estrecha) de quinientos treinta y siete votos, en medio de un verdadero espectáculo que incluyó demandas de los perdedores por supuestos conteos incorrectos y manejos indebidos en el proceso, recuentos manuales ordenados por las instancias judiciales y una controvertida decisión de la Corte Suprema federal que ordenó detener el recuento y declarar vencedor a Bush, amparada en que sería imposible completarlo dentro del plazo establecido para la conformación oficial del colegio electoral y la emisión del voto de los compromisarios (^{Supreme Court of the United States, 2000}).

Esto último significó que la Corte Suprema decidió la elección presidencial asumiendo abiertamente una función política que no debería poseer, de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución. Una de las consecuencias de esos acontecimientos fue la confirmación de la condición de estado pendular para Florida a los ojos de expertos, periodistas y ciudadanos comunes. ¿Se trata de una realidad medible o de una percepción errónea de los estrategas políticos y los medios?

En la Gráfica 2, se puede observar claramente que de 1948 a 1988, salvo en tres ocasiones, se registraron ventajas notables en el entorno o por encima de 10 puntos, y en algunos casos éstas fueron muy amplias, con un máximo de 44.1 puntos en 1972. O sea, las preferencias del electorado que concurrieron las urnas fueron muy explícitas en la mayoría de los casos. Los tres valores más bajos de esos márgenes se produjeron en 1960, 1964 y 1976, justamente contextos marcados por la presencia de una serie de factores específicos, como el efecto de la candidatura de John F. Kennedy, la lucha por los derechos civiles y la crisis estructural de los años setenta. Esta última incluyó la crisis política asociada con el escándalo Watergate, la dimisión de Nixon y el consecuente resquebrajamiento de la confianza en las instituciones federales, en particular la presidencia (^{Domínguez López, 2016}).

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de ^{The American Presidency Project (2018)}, “Presidential Election Data”

Gráfica 2 DIFERENCIA ENTRE LOS DOS PRINCIPALES CANDIDATOS (PUNTOS PORCENTUALES) 

Esto cambió a partir de 1992, cuando las cifras se redujeron drásticamente para situarse consistentemente en cotas en torno o inferiores a 5 puntos, y se vio reflejado en el caso extremo del mencionado año 2000, en el que se alcanzó un mínimo histórico a nivel nacional: 0.01 puntos. Por tanto, el primero de los criterios se cumple de manera estable desde los años noventa del siglo pasado.

Veamos entonces si se cumple el segundo criterio. Entre 1880 y 1924, las elecciones en el estado fueron ganadas por los candidatos demócratas de manera ininterrumpida. Tras favorecer al republicano Herbert Hoover en 1928, entre 1932 y 1948 triunfaron Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman en otras cinco ocasiones (^{The American Presidency Project, 2018}). Por tanto, entre el fin de la reconstrucción y la posguerra temprana, Florida fue mayormente dominado por el Partido Demócrata.

A partir del fin de la segunda guerra mundial, aparecieron notables diferencias en este comportamiento, pues el control de su colegio ha oscilado entre demócratas y republicanos, aunque con doce victorias del llamado Great Old Party (GOP), por seis de los primeros. Además, en dieciséis de las dieciocho convocatorias seleccionaron a quien terminaría imponiéndose a nivel nacional; en las dos ocasiones en que esto no ocurrió, el estado fue ganado por los candidatos republicanos, pero los demócratas John F. Kennedy y William Clinton fueron quienes accedieron a la Casa Blanca, ambos sustituyendo a presidentes republicanos. Luego, aunque con fluctuaciones considerables, Florida se inclinó preferentemente por los candidatos republicanos. Desagregar estos datos nos da otra perspectiva.

La elección de 1948 puede ser desechada en esta parte del análisis, ya que corres­ponde más bien con las condiciones precedentes y con la continuidad del legado Roosevelt. La elección de 1964 estuvo marcada por el fenómeno Kennedy, tanto en la dimensión política concreta como en la emocional, tras su asesinato en 1963; además, su sucesor y candidato ganador en ese año, Lyndon Baines Johnson, era un sureño, texano de una pequeña localidad, y como tal beneficiario de efectos no fácilmente mensurables asociados a las históricas “identidades seccionales”, a las cuales la historiografía estadunidense confiere un valor significativo en el conflicto Norte-Sur (^{Fox-Genovese y Genovese, 2005}; ^{Foner, 2011}; ^{Perman, 1991}).

Esas lealtades seccionales tienen una larga historia y una permanente influencia sobre los procesos políticos en ese país. Según John Aldrich, en los estados sureños (como norma) no hay verdadera competencia entre partidos (^{Aldrich, 2011: 13}). El cambio de lealtades del Partido Demócrata al Republicano fue resultado, en lo fundamental, del cambio de enfoques e ideologías dominantes en esas fuerzas políticas, con la asimilación de los núcleos fundamentales del conservadurismo sureño visible en las plataformas, candidatos y activistas del GOP (^{Clark y Prysby, 2004}).

La elección de 1976 estuvo condicionada por el escándalo Watergate y, por tanto, por la profunda crisis de liderazgo, y más ampliamente la crisis política generada por el proceso que derivó en la dimisión de Nixon, único caso en la historia de Estados Unidos que la presidencia por sustitución de Gerald Ford no ayudó realmente a superar. Y nuevamente el candidato electo, James Earl “Jimmy” Carter, fue un sureño proveniente de Georgia, otro selfmade man. Luego, las votaciones de 1964 y 1976 pueden ser entendidas como fluctuaciones condicionadas por factores puntuales; entre 1952 y 1988, el electorado floridano fue controlado por los republicanos en los comicios presidenciales.

Cuando centramos la atención en el periodo 1992-2016, emerge un cuadro diferente. En esa etapa encontramos las victorias de los demócratas William Clinton en 1996 y Barack Obama en 2008 y 2012, alternadas con los éxitos republicanos de George Herbert Walker Bush en 1992, su hijo George Walker Bush en 2000 y 2004, y Donald J. Trump en 2016 (^{The American Presidency Project, 2018}). Por tanto, los procesos identificados como los de márgenes consistentemente estrechos en la votación corresponden con la alternancia entre los dos partidos principales. El primer y el segundo criterio se cumplen de manera fuerte a partir de los años noventa del siglo XX.

Para comprobar el cumplimiento del tercer criterio, la información proviene fundamentalmente de los sondeos realizados por universidades, medios de prensa y agencias demoscópicas. El sitio web Real Clear Politics resulta de gran utilidad en este sentido, pues recoge todas las encuestas realizadas a lo largo de las campañas a nivel nacional y en los estados.

En 2012, el intenso seguimiento de la prensa y los analistas fue muestra de la reconocida importancia del estado y de la incertidumbre respecto al resultado de la vo­tación. Sólo hasta comienzos de septiembre aparecían publicados cincuenta sondeos de intención de voto realizados por once organizaciones a partir de diciembre de 2011. La mayor diferencia entre los dos candidatos en ese periodo fue de 8 puntos, reportada en dos ocasiones por distintas fuentes, una a favor de cada uno de los principales contendientes. De ese total, veinticuatro de los resultados eran favorables a Mitt Romney, veintitrés a Barack Obama y tres fueron empates, todos ellos intercalados (^{Real Clear Politics, 2012}).

El proceso electoral de 2016 siguió patrones algo diferentes, aunque dentro de una tendencia similar. La lucha por Florida fue además reforzada por el carácter que asumió la campaña, en gran medida generado por la imagen y el estilo de comunicación impuesto por la candidatura de Donald Trump. Entre el 7 de agosto de 2015 y el 12 de octubre de 2016, hasta veinte organizaciones condujeron cuarenta y seis sondeos de intención de voto en el estado. En veintinueve de ellos la ventaja fue para Hilary Clinton, en quince para Trump y dos empates. Con la excepción de un margen de 13 puntos reportado en abril de 2016 y otro de 9 en agosto de ese mismo año, los resultados de las encuestas señalaban diferencias de 8 puntos o menos, con la gran mayoría por debajo de 5. Esto es espacialmente cierto para los meses septiembre y octubre de 2016 (^{Real Clear Politics, 2016}). Recordemos que finalmente el ganador fue Donald Trump.

En este punto sólo presento los datos referidos a 2012 y 2016, debido a que no fue posible acceder a recursos similares respecto a comicios anteriores. No obstante, la información obtenida es lo bastante consistente para considerar que sustenta el criterio correspondiente a este punto: la división de las preferencias del electorado es evidente como mínimo durante las campañas electorales de 2012 y 2016. No existen razo­nes para suponer que el comportamiento haya sido diferente en 1992-2008. Por tanto, es posible concluir -basados en la evidencia- que Florida se convirtió en estado pendular a comienzos de la década de los noventa, considerando las preferencias expresas del electorado, los márgenes registrados en las votaciones y las fluctuaciones en los resultados finales.

La ocurrencia de estos fenómenos deviene foco de atención en la medida en que tienen importancia en la definición del resultado final del proceso electoral general. Florida ha adquirido una especial relevancia entre los estados pendulares debido a las dimensiones de su colegio electoral. Esto es resultado de un proceso de crecimien­to sostenido. La proporción de votantes floridanos respecto al total a nivel nacional ha experimentado un vertiginoso crecimiento desde 1948 en adelante, al pasar apenas del 1.2 por ciento (577 643 votantes) en ese año, hasta el 6.9 por ciento (9 420 039) de 2016. Este dato no se refiere a electores registrados, sino a los que efectivamente participaron en la votación. Un sencillo cálculo muestra que, mientras a nivel nacional la cifra de concurrentes efectivos a los centros de votaciones se incrementó en ese lapso en un 180 por ciento, en el estado que nos ocupa aumentó un 1530 por ciento, o sea, se hizo dieciséis veces mayor en sesenta y ocho años (^{The American Presidency Project, 2018}).

Este incremento es resultado de un crecimiento poblacional más rápido que el registrado en el conjunto del país. Semejante correlación entre el crecimiento nacional y el estadual tiene implicaciones muy claras: la redistribución de escaños en la Cámara de Representantes federal ha favorecido a Florida de manera sostenida y, por tanto, el colegio electoral estadual se ha ampliado continuamente durante décadas. Su total de miembros pasó de ocho en el decenio 1941-1950, hasta los veintinueve asigna­dos para el periodo 2011-2020. Como resultado de todos los censos decenales efectuados en el periodo tratado, el aumento reportado en el número de distritos con­gresionales -y por consiguiente de electores en el colegio- nunca fue inferior a dos en cada década. La consecuencia inmediata es que los compromisarios de Florida representan una parte cada vez mayor del total nacional. El incremento de esta cifra en el periodo fue de 3 375 veces, la mayor registrada en el país (^{U. S. Census Bureau, 2011b}).

Por tanto, es posible colegir de inmediato que la importancia del proceso electoral presidencial en el sunshine state ha manifestado una tendencia sostenida al incremento a partir de la combinación de dos factores: su condición de estado pendular y el crecimiento continuo de su colegio electoral.

Estos datos tienen implicaciones aún mayores, cuando los ubicamos dentro del cuadro del subconjunto conformado por los estados pendulares. En la distribución vigente hasta 2020, el sunshine state sólo era superado por California (cincuenta y cinco votos electorales) y Texas (treinta y ocho) e igualado con Nueva York (^{U. S. Census Bureau, 2011a}), todos ellos considerados estados sólidos en el momento de redactar este trabajo: California y Nueva York para los demócratas, Texas para los republicanos. Por tanto, Florida se ha convertido en el más grande de los swing states activos.

El listado de los estados abiertos varía de un ejercicio a otro agrupado en torno a un núcleo formado por aquellos que mantienen una tendencia consistente a cumplir con los criterios presentados hasta aquí, es decir, los estados pendulares propiamente dichos. Por ejemplo, en 2008, el total de estados decididos por menos de 10 puntos fue de quince, equivalente a ciento cincuenta y nueve votos electorales. Los veintisiete miembros del colegio de Florida representaron el 17 por ciento de ese subconjunto. La docena de estados en los cuales se centró la lucha durante la campaña de 2012 sumaban 156 compromisarios, de los cuales el sunshine state aportó el 19 por ciento. Finalmente, en 2016, en esta franja se ubicaron diecisiete estados con 230 votos electorales, de los cuales Florida aportó el 12.6 por ciento (^{The American Presidency Project, 2018}). Las cifras del último ejercicio se diferencian notablemente de los otros dos momentos mostrados aquí, impulsadas en primer lugar por la incorporación de Texas, el mayor bastión republicano por treinta años. Esta puede ser una fluctuación puntual o un síntoma de un cambio estructural, pero éste es un tema hipótesis que deberá estudiarse en el futuro. En cualquier caso, cuando observamos la franja de votos electorales realmente en disputa -definida como los votos que corresponden a los colegios de los territorios con menos de 10 puntos de diferencia final-, el peso específico de Florida es mucho mayor duplicando como mínimo y en ocasiones casi triplicando su importancia relativa respecto al total de los estados. Por tanto, se hace evidente que el sunshine state se convirtió en uno de los premios mayores, tal vez el mayor de todos, en los comicios presidenciales.

Todo lo anterior indica que, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, este estado experimentó un cambio de comportamiento significativo en materia política, que puede ser interpretado como parte de un ajuste del sistema político en el país, tal cual se expresa en los sujetos federados. Es decir, en el estado se expresó una transición que ocasionó su transformación en swing state. En tal caso, la estabilización de Florida como estado pendular es la resultante del conjunto de ajustes asociados con el polémico realineamiento relacionado con las crisis de los años seten­ta y comienzos de los ochenta, que es mejor conocido a nivel federal por las victorias electorales de Ronald Reagan en los años ochenta y el predominio de los grupos neoconservadores (^{Domínguez López, 2016}).

DEMOGRAFIA ELECTORAL: EL FACTOR LATINO

En este acápite, la atención se centra en la dimensión demográfica de la transición. La importancia de Florida, en términos de votos electorales, está relacionada directamente con el comportamiento de sus principales indicadores demográficos, en relación con lo registrado en otros estados. En primer lugar, es relevante el continuado crecimiento de su población, en términos absolutos y en la proporción que representa del total del país. Si en 1950 vivían unos tres millones y medio de personas, en 1970 ese número ascendía a casi 6 800 000 habitantes, y el censo de 2010 arrojó 18 801 310, cuarto detrás de California, Texas y Nueva York. El último censo decenal registró un aumento del 17.6 por ciento, muy por encima de la media nacional del 9.7 por ciento (^{U. S. Census Bureau, 2010a}). Estimados de 2018 situaron la población del estado en 21 299 325, es decir, un crecimiento de 13.3 por ciento en ocho años, más del doble del crecimiento estimado para todo el país (el 6.0 por ciento) (^{U. S. Census Bureau, 2018a}; ^2010a). El crecimiento por encima del promedio nacional es, por tanto, un fenómeno sostenido que probablemente continúe en el futuro previsible.

Los efectos de este dinamismo sobre la distribución territorial de las cuotas de importancia electoral de los estados son muy claras cuando recordamos el crecimiento del colegio floridano mencionado anteriormente, y, por tanto, el aumento de su gravitación sobre los resultados de los comicios presidenciales y sobre la composición del Congreso federal. Uno de los aspectos significativos en este punto es que ese crecimiento se produce a costa de la reducción relativa de la participación de otros estados, fundamentalmente del noreste y el medio oeste (^{U. S. Census Bureau, 2011a}). Más ampliamente, es parte de un desplazamiento del centro de gravedad demográfico hacia el Sur y el Oeste, con el cambio consecuente en el balance neto en la distribución de los puestos electivos en el gobierno y en el papel de los respectivos colegios electorales (^{U. S. Census Bureau, 2010a}). Más interesante resulta la composición de esa población. El crecimiento demográfico es resultado de la combinación de dos procesos fundamentales: el crecimiento natural o vegetativo de la población residente y la inmigración. Ésta última se puede dividir en dos: inmigración internacional e inmigración nacional. Para el tema que nos ocupa, la inmigración es particularmente importante. Examinemos por tanto sus dos formas principales.

Un dato relevante para la política floridana es que una gran parte de los habitantes del sunshine state proviene de otras partes del país. Según el censo de 2010, la proporción de inmigrantes nacionales se situaba en el 42.3 por ciento de la población. Si bien en este aspecto ocupaba el decimosegundo puesto entre todos los estados (decimotercero si incluimos al Distrito de Columbia), todos los que le antecedían tenían una población mucho menor (el más cercano, Arizona, tenía 6 392 017 habitantes en 2010), de tal manera que el volumen bruto de inmigrantes nacionales en Florida (7 970 727) era el mayor del país (^{U. S. Census Bureau, 2011b}). Se trata de una tendencia sostenida: en 2017, se registró el traslado al estado meridional de 566 476 personas provenientes de otros territorios de la Unión, superior a los 217 781 provenientes del extranjero y los 28 538 llegados desde Puerto Rico (^{U. S. Census Bureau, 2018b}).

Una parte de ese flujo está conformado por jubilados provenientes del norte que buscan un clima más benigno. Esta no es una situación totalmente nueva, pues desde mediados del siglo XX, distintas localidades, en particular de la parte meridional del estado, se desarrollaron a partir del arribo de personas provenientes de otras regiones. Probablemente el ejemplo mejor conocido es la presencia judía en Miami Beach, a partir del traslado a esa zona de un número considerable de personas pertenecientes a ese grupo étnico-religioso provenientes de Nueva York. (^{Colburn, 2013: 21-28}) Pero el volumen total del último decenio medido es el más alto de la historia.³ En 2017, Nueva York volvió a ser el mayor contribuyente, con 63 722 personas, con cifras en torno a 30 000 procedentes de Pensilvania, California e Illinois, por ejemplo. De los estados sureños, el único en ese rango fue Georgia, que aportó 38 800 (^{U. S. Census Bureau, 2018b}).

Esto significa el traslado a Florida de personas provenientes de entornos políticos muy distintos a los típicos en el sur profundo. El asentamiento de esos migrantes nacionales se realiza, preferentemente, en el centro y sur de Florida. Como consecuencia, el territorio estadual se divide en tres zonas (norte, centro y sur), con preferencias y características diferentes, tanto en lo referido a las costumbres como a la política; el norte, en particular el llamado panhandle, es la región más cercana, cultural y políticamente, al sur tradicional, mientras que el extremo meridional, sede del Gran Miami, se acerca más a visiones algo más liberales (según las definiciones estadunidenses) y a algunas características comúnmente asociadas con zonas nororientales del país (^{Colburn, 2013: 13-42}).

Es crucial, empero, no establecer signos de igualdad absolutos e invariables entre la región de origen, la filiación política y las preferencias ideológicas de esos migrantes nacionales, fenómeno de mucha mayor complejidad. Por una parte, un número tan grande de personas permite la presencia de una amplia gama de posicionamientos en el espectro político, con espacio para prácticamente todas las tendencias. Por otra, la elevada proporción de personas de edad avanzada hace de las diferencias generacionales un factor de peso, con tendencia a favorecer inclinaciones más conservadoras entre los llamados baby boomers, por ejemplo. Además, estos son estimados, con márgenes de error declarados del 3-4 por ciento, por lo que hay espacio para diferencias con el número real que pueden ser importantes en un contexto político como el floridano. Por último, provenir de otro estado se refiere al de residencia en el año anterior, no al de nacimiento o de más larga residencia.

No obstante, el registro histórico muestra que ese flujo sostenido de inmigrantes nacionales hacia el sur de la península contribuye a una mayor presencia liberal, que corresponde además con el gran núcleo urbano que es el Gran Miami. Esto último es una muestra de la diferencia, con carácter incluso de contradicción, más estable dentro del panorama político estadunidense: la que existe entre la ciudad y las zonas rurales y suburbana (^{Davidson, 2017}; ^{Schnurer, 2017}; ^{The Washington Post, 2017}).

El segundo flujo migratorio, el internacional, es la causa fundamental de que Florida tenga una de las mayores presencias latinas de Estados Unidos. En 2010, ésta representaba el 22.5 por ciento de la población total estadual, y era a su vez el 8.4 por ciento de los hispanos registrados en el país, con un crecimiento del 57.4 por ciento respecto al censo de 2000, cuando era el 16.8 por ciento de los habitantes del estado (^{U. S. Census Bureau, 2010d}). Estudios posteriores muestran la continuidad de esas tendencias. En 2015, el Pew Research Center estimó que los hispanos representaban el 24.5 por ciento de la población total del estado, es decir, dos puntos porcentuales más que lo reportado por el censo de 2010. Esto representa el tercer mayor total de latinos entre todos los estados, sólo superado por California y Texas, y el sexto mayor porcentaje, por detrás de Nuevo México, California, Texas, Arizona y Nevada, y por encima del estimado para todo el país (el 17.6 por ciento) (^{Pew Research Center, 2015}).

Lo más llamativo de estas cifras es que, en un estado de rápido crecimiento poblacional, la población latina crece aún más rápido, lo que la convierte en el principal contribuyente a la expansión demográfica que experimenta el sunshine state. Por tanto, dentro del dinámico más visible entre los que dan forma al contexto político estadual, el incremento de las comunidades hispanas ocupa un puesto de gran relevancia.

Cuando agregamos los datos de 2017, observamos que todas las formas de migración hacia el estado agregaron 812 795 personas ese año, es decir, un 3.91 por ciento del total de residentes. Los provenientes del exterior específicamente equivalían al 1.05 por ciento de esa población. Y si agregamos a estos últimos los provenientes de Puerto Rico, esta proporción se eleva al 1.19 por ciento. Sumar a este último grupo es factible porque, aunque ese territorio se encuentra bajo control estadunidense desde 1898 y sus habitantes son ciudadanos de Estados Unidos, sus características étnicas, sociales, culturales y políticas difieren de las de los estados de la Unión. Estos porcentajes parecen pequeños, pero si consideramos que corresponden con un lapso de sólo doce meses, se aprecia claramente su relevancia.

Una de las peculiaridades de esa población, con importantes repercusiones en el ambiente político, es la presencia de una numerosa comunidad cubanoamericana, cuyo comportamiento en los distintos procesos electorales difiere notablemente de los de otros grupos latinos. La serie de oleadas migratorias desde Cuba a partir de 1959 fue el factor clave en su conformación. La revolución cubana y la compleja relación entre la isla y Estados Unidos crearon un peculiar sistema de circunstancias, entre ellas una serie de oleadas migratorias. Esto dotó a la comunidad asentada en ese territorio de una estructura y características sociales y políticas diferentes a sus homólogas de otras nacionalidades.

En total, entre 1960 y 2015 se registraron 1 256 088 nuevos residentes legales permanentes de origen cubano (^{Office of Immigration Statistics, 2016}). La mayoría de estos flujos se dirigieron al sur de Florida, particularmente al área metropolitana de Miami, en el condado de Miami-Dade. Esto ha causado que, desde hace años, los cubanos constituyan la mayor de las comunidades latinas en ese estado. Según el censo de 2010, el total de personas auto identificadas como cubanos en Estados Unidos era de 1 785 547; de ésos, 1 213 438 residían en Florida (^{U. S. Census Bureau, 2010d}), fuertemente concentrados en su porción meridional. La actualización parcial de los datos del censo mostraba 2 212 566 personas de origen cubano residiendo en Estados Unidos (el 65 por ciento concentrados en Florida); de ellos, 1 270 169 eran inmigrantes. De estos últimos, 735 215 eran ciudadanos estadunidenses, un 57.9 por ciento de naturalización (^{U. S. Census Bureau, 2016a}).

La información disponible indica un pico en el volumen anual de ese flujo en 2015 y 2016 (^{Krogstad, 2017}), a raíz del proceso de negociaciones entre los dos países. La eliminación en enero de 2017 de la llamada política de “pies secos-pies mojados”, que permitía que los inmigrantes cubanos llegados por cualquier vía a Estados Unidos fueran aceptados como refugiados políticos, probablemente introducirá variaciones significativas en este comportamiento, pero es todavía demasiado reciente para que sus consecuencias se hagan sentir con plena intensidad.

La combinación de una serie de factores creó las bases para la articulación de una relación cercana entre el Partido Republicano y las elites cubanoamericanas a partir de los años sesenta. Entre ellos, el gran número de migrantes cubanos asentados en Florida a partir de 1959, la politización de los primeros núcleos de emigrados como consecuencia de la revolución cubana, la composición de las primeras oleadas generadas por el profundo cambio político en Cuba (1959-1962 y 1965-1973) que llevaron a suelo estadunidense al núcleo de las elites y las clases medias cubanas, la decepción con la acción de las administraciones demócratas -en particular la negativa del presidente Kennedy a una intervención directa en 1961 y 1962- entre los sectores más radicales de esa población y la incorporación del tema Cuba en la agenda política republicana. Este elemento se encontró en condiciones de influir de manera creciente sobre las dinámicas políticas locales y sus repercusiones en la política nacional (^{Colburn, 2013: 113-127}).

La comparación con los datos que manejábamos en los epígrafes anteriores muestra, sin embargo, que existe un visible desfasaje entre el flujo migratorio y el comportamiento electoral de Florida, particularmente en los comicios presidenciales. Una parte importante de ese diacronismo puede ser explicada por la autopercepción de los primeros inmigrantes cubanos como una migración temporal de corta duración. La aceptación de que la estancia en Estados Unidos sería de larga duración llevó a los cubanos a interesarse por los procesos políticos locales y federales, para lo cual necesitaban naturalizarse en ese país y crear mecanismos políticos propios. La Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, facilitó considerablemente ese proceso. Su inserción como factor de importancia en la política interna estadunidense se inició con la participación en la política local de Florida meridional, lo cual se tradujo en influencia a nivel estadual, y finalmente un significativo impacto a nivel federal, con mayor fuerza a partir de la década de los ochenta tras la creación de la Fundación Nacional Cubano Americana y la elección de sus primeros congresistas.

Procesos más recientes han introducido cambios en la composición nacional de la población latina en Florida. Una de las tendencias más importantes es que, en los últimos veinte años como mínimo, el crecimiento de los grupos hispanos en la Florida depende en lo fundamental de la dinámica de comunidades no cubanas. Por ejemplo, el censo de 2010 determinó que la segunda mayor comunidad es la puertorriqueña, con 847 550 (^{U. S. Census Bureau, 2010d}). Los estimados posteriores sobre el crecimiento poblacional de los condados respecto a los datos del censo de 2010, muestran que entre los mayores (más de un millón de habitantes) hacia 2018, el mayor dinamismo lo tenían Orange (el 17.7 por ciento), Hillsborough (el 14.6 por ciento) y Palm Beach (el 11.4 por ciento), los cuales ocupaban respectivamente los puestos quinto, cuarto y tercero entre los condados más populosos del estado. En los dos primeros, los hispanos representaban el 25 por ciento o más de la población, y los puertorriqueños eran ampliamente el grupo más numeroso, mientras el tercero se situaban en el 19 por ciento; mexicanos, cubanos y puertorriqueños, en ese orden, eran las comunidades más grandes, aunque con niveles muy similares. Las mayores concentraciones de cubanos se han encontrado históricamente en los territorios más meridionales: Miami-Dade, Broward y Monroe. Los dos primero son los dos más poblados en general, pero con tasas de incremento inferiores a las señaladas, respectivamente el 10.2 y el 10.7 por ciento, mientras que el tercero se situaba en el lugar treinta y nueve, con un crecimiento de apenas el 5.4 por ciento. Los crecimientos más acelerados se registraron en condados de menor población, también fuera del área de asentamiento fundamental de los cubanos (^{U. S. Census Bureau, 2017b}).

Otros grupos tienen una presencia significativa, como los dominicanos, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños o nicaragüenses. En conjunto, los grupos hispanos y latinos no cubanos sumaban 3 010 368 personas, del total de 4 223 806 (^{U. S. Census Bureau, 2010d}). Los estimados de 2015 situaban la población latina total en 4 961 905 (^{Pew Research Center, 2015}), un 14.9 por ciento de superior a los datos del censo. No cuento con datos por comunidades de origen de ninguna de las dos fuentes principales utilizados hasta aquí, y su combinación induciría al error por referirse a los datos intermedios respecto a los cubanos al año 2016 y los del Pew Research Center sobre el conjunto de los latinos a 2015. Estos datos reafirman, no obstante, el considerable dinamismo de esas comunidades. En particular, los puertorriqueños tienen, además, la característica de que se les reconoce automáticamente como ciudadanos de Estados Unidos, es decir, todos los mayores de 18 años son potenciales votantes, a diferencia del resto de las comu­nidades, donde los inmigrantes tienen que pasar por el proceso de naturalización, en muchos casos muy difícil o totalmente imposible.

Se trata, evidentemente, de un factor de peso en las campañas y los procesos electorales, si tenemos en cuenta que en estas comunidades existe una tendencia marcada a favorecer a los demócratas en las elecciones presidenciales. Según el Pew Hispanic Center, entre 1980 y 2012, la proporción de apoyo a los candidatos demócratas entre los hispanos osciló entre el 56 por ciento y el 72 por ciento. En 2012, se reportó un 71 por ciento y en Florida un 60 por ciento (^{Pew Hispanic Center, 2012}). En 2016, el voto latino en todo el país favoreció a Hilary Clinton en un 66 por ciento, mientras que el 28 por ciento fue para Trump (^{Krogstad y Lopez, 2016}); en Florida se mantuvo el voto demócrata, y el voto latino por el candidato republicano superó la media nacional con el 35 por ciento, pero descendió respecto al 39 por ciento que apoyó a Mitt Romney en 2012 (^{Krogstad y Flores, 2016}).

Estas cifras, provenientes de sondeos a boca de urna, pueden diferir de las reales en alguna medida, pero la tendencia es lo suficientemente clara. Según la misma institución, los hispanos representaron entre el 14 y el 17 por ciento de los votantes efectivos en Florida entre 2004-2012 (^{Pew Hispanic Center, 2012}), cifra que en 2016 ascendió al 18 por ciento. En 2012, los cubanos fueron el 34 por ciento de ese total, y en 2016 descendieron al 31 por ciento. Por el contrario, el voto puertorriqueño alcanzó el 28 por ciento con tendencia al crecimiento (^{Krogstad y Flores, 2016}). El voto cubanoamericano es, por tanto, el más numeroso, pero no representa la mayoría del voto latino, y su importancia relativa debe tender a disminuir en la media en que otros grupos nacionales se aproximen a ellos.

En el momento en el que se escriben estas líneas, se habían producido dos picos migratorios importantes que pueden introducir variaciones en el cuadro descrito hasta aquí. Una de ellas dada por el ya mencionado incremento del flujo de inmigrantes cubanos en 2015-2016. La otra, por un aumento de la llegada de puertorriqueños provenientes de la isla desde 2015 (^{Krogstad, 2015}), proceso catalizado además por los efectos del paso del huracán María en 2017.

Las consecuencias de estos flujos en términos políticos son difíciles de percibir en el momento, como señalaba antes por lo reciente, pero existe una probabilidad significativa de que los tiempos de los impactos respectivos sean muy diferentes, si consideramos la condición de los puertorriqueños de ciudadanos estadunidenses. Es decir, son susceptibles a ser movilizados por candidatos y propuestas políticas. El comportamiento electoral típico de los puertorriqueños corresponde con el de la población latina en general, a diferencia del de los cubanos, por lo que representan un potencial para la modificación de la correlación de fuerzas dentro del electorado general. En este punto, es necesario incluir otra tendencia: la misma comunidad cubana ha comenzado a variar en términos de sus inclinaciones políticas. Ya en 2008 se comenzaba a hablar de un posible desplazamiento del voto cubanoamericano hacia los demócratas (^{Rieff, 2008}). Esto estaba dado por dos factores: la llegada a la edad de votar de los más jóvenes nacidos en Estados Unidos y el peso creciente de los inmigrados de las últimas dos décadas, los cuales ya en 2009 representaban más del 50 por ciento del total de los residentes legales permanentes registrados (^{U. S. Census Bureau, 2009}), cuyos intereses y posiciones difieren marcadamente del llamado “exilio histórico”. No hay que despreciar tampoco el impacto que tuvo sobre estos sectores emergentes la figura de Barack Obama en 2008 y 2012. El resultado es que, según el mismo estudio del Pew Hispanic Center, el voto cubano ha tendido a desplazarse hacia los demócratas para colocarse por encima del 40 por ciento, incluyendo el 41 por ciento reportado para Hilary Clinton en 2016 (^{Krogstad y Flores, 2016}).

Observaciones sobre el terreno permitieron comprobar que la emigración cubana más reciente es mayormente partidaria de posiciones más moderadas respecto a Cuba, identificadas con los demócratas, que les permita mantener vínculos con sus familias, mientras que entre los más antiguos predominan los criterios más hostiles y la filiación republicana.

Durante la investigación entrevisté a cincuenta y un personas nacidas en Cuba residentes en Miami de distintos grupos etarios y cohortes migratorias, incluyendo pensionados, propietarios de negocios, trabajadores asalariados en empresas locales, trabajadores del sector público, empleados de grandes corporaciones y trabajadores informales. Las entrevistas fueron realizadas en cuatro etapas: en otoño de 2012 y 2014 y la primavera y el otoño de 2016. Se trató de años electorales en los tres casos, con la particularidad de que la primera y la última de esas etapas coincidieron con el entorno temporal de las elecciones presidenciales. A los informantes se les preguntó cuál era su preferencia entre demócratas y republicanos, particularizado en los candidatos presidenciales en 2012 y 2016, así como las razones para ello. Por su composición y dimensiones, la muestra no es representativa, y se conformó de manera aleatoria a partir de la disposición de los informantes para responder. Del total, once eran inmigrantes llegados en la década del sesenta, cuatro pertenecían a la oleada de 1980 y los treinta y siete arribaron a partir de 1994. En dieciséis casos fue posible repetir la entrevista al menos una vez en una etapa posterior, y las respuestas fueron consistentes con las iniciales en todos ellos.

Las respuestas mostraron una notable ruptura tanto entre los inmigrantes de los años sesenta y setenta como en los llegados después de 1994. Los informantes pertenecientes a las oleadas más antiguas, como norma, sostenían preferencias pro republicanas fuertemente consolidadas, derivadas de su percepción de una posición consis­tentemente contraria al gobierno cubano por parte del GOP, frente una percepción de debilidad de los demócratas en el tema.

Los llegados en las décadas más recientes, en su mayoría, expresaron como prioridad mantener contacto con su familia y brindarle ayuda económica. La crítica al gobierno cubano estaba en un segundo plano, y en muchos casos no se incluyó en la respuesta. Por citar un ejemplo, un cubano llegado en 2001, ciudadano de Estados Unidos y elector registrado, dijo en 2014 preferir a los republicanos “por el dinero”, pero que votaba “por el negrito” porque lo dejaba ir a Cuba y le permitía mandar dinero a su familia.

Se encontraron también otros casos, como jóvenes inmigrantes llegados a partir de 2008 que planeaban ayudar a sus familiares en Cuba a invertir en la creación de nuevos negocios. Esto último es un factor de peso en la construcción de nuevas rela­cio­nes, intereses y posiciones políticas: la apertura de espacios para iniciativas privadas en una economía profundamente estatalizada a partir de 1960. Una parte importante de esos nuevos negocios financian su creación; además, operan con inversiones llegadas desde la diáspora (incluyendo los cubanoamericanos) y con una base de consumidores que incluye un número importante de receptores de remesas.

Esta comunicación transfronteriza se ha integrado con emergencia de un sector de negocios dentro de la comunidad cubana de Miami. Además de operaciones de este tipo que eventualmente implican, en algunos casos, un flujo inverso de dinero en forma de ganancias generadas por las inversiones en Cuba, es visible la existencia de un número creciente de negocios orientados y dependientes de la relación con Cuba. De estos, los primeros fueron las agencias de viajes que explotaban ese mercado, con antecedentes desde finales de los años setenta, pero incrementadas a partir de los noventa y especialmente después del año 2000; sus anuncios publicitarios se encuen­tran a todo lo largo de la céntrica y emblemática Calle 8. Junto con ellas se han expandido compañías especializadas en envíos de paquetes, documentos y dinero a Cuba, tiendas que venden piezas para autos de fabricación soviética y de Europa oriental que ruedan por miles en las calles cubanas, venta de teléfonos celulares desbloqueados para poder ser utilizados en Cuba, negocios dedicados al alquiler de joyas y prendas con las que un número de inmigrantes presume de su éxito cuando visita a sus familiares. En fin, todo un creciente segmento del mercado minorista de bienes y servicios articulado en torno a la creciente circulación de personas y al flujo de paquetería y remesas entre los dos países (^{Domínguez López et al., 2016}).

Este desarrollo contribuye a crear una base creciente para intereses políticos diferentes de los asociados con la vieja inmigración cubana, y separa a los nuevos inmigrantes de los patrones de votación tradicionalmente pro republicanos de los primeros. Habría que sumar aquí que los intereses asociados con problemáticas locales adquieren mayor peso en la medida en que aparecen nuevas generaciones dentro de esa población.

Los sondeos conducidos por el Instituto de Estudios Cubanos de la Florida International University en 2014 y 2016 confirmaron estas observaciones. Conducido entre cubanos residentes en el condado de Miami-Dade, sede del principal asentamiento cubano en ese país, se hicieron preguntas sobre las preferencias en temas como la continuidad del embargo (en la terminología estadunidense), las restricciones de viajes, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países o la voluntad de votar por un candidato que promoviera un cambio en la relación bilateral. Los resultados fueron consistentes con las tendencias observadas sobre el terreno. (^{Cuban Research Institute, 2014}; ²⁰¹⁶).

El 6 de noviembre de 2018, como resultado de un referendo incluido en las largas boletas de las elecciones de medio término, se agregó un nuevo factor al complejo panorama electoral floridano: el restablecimiento de los derechos políticos a los ex convictos residentes en el estado.⁴ Es difícil precisar el número total de personas que serán beneficiadas por esa decisión, con estimados que oscilan entre 1.1 y 1.5 millones que calificarían de inmediato (^{Lopez, 2018}; ^{Malter, 2018}; ^{Fleishman, 2018}). Más difícil aún es predecir el impacto que esto tendrá sobre los procesos electorales, tomando en cuenta que esas personas deben ser efectivamente autorizadas y luego registrarse y votar. Considerando la composición de la población de exconvictos y los patrones de comportamiento registrados para grupos homólogos, existen estimados de hasta ciento cincuenta mil votos netos de ganancia para los demócratas (^{Stein, 2018}). Esta cifra se aproxima a las diferencias en votaciones estaduales y federales, y supera muchas de las registradas en Florida desde 1992.

CONCLUSIONES

La condición de estado pendular de Florida queda demostrada por el cumplimiento de los criterios propuestos, relacionados con la diferencia entre el ganador y el segundo en las elecciones presidenciales, la alternancia de la filiación de los ganadores y la evidencia de fuertes oscilaciones en la intención del voto a lo largo de las campañas electorales. Esto es válido a partir de los años noventa del siglo pasado, y de conjunto con el crecimiento del colegio electoral; además, explica el interés expresado por la decisión de los estrategas políticos de concentrar recursos en ese estado, así como su continuada presencia mediática.

La transformación de Florida en estado pendular puede ser interpretada como la expresión a nivel local del realineamiento político generado dentro de los marcos de la transición de la década de los ochenta. A nivel nacional, se expresó a través de la consolidación de los efectos de la llamada Revolución Conservadora; a nivel estadual, por el establecimiento de un delicado equilibrio de fuerzas en torno a los procesos electorales federales como parte del entrenchment propuesto por Mack como complemento del realineamiento a nivel federal.

Los resultados de la investigación indican que el cambio demográfico en Florida dentro de los marcos de la configuración política y la coyuntura histórica formada a partir de los años ochenta fue factor clave en la formación de un equilibrio de preferencias entre los votantes en ese estado, alimentado continuamente por los flujos externos y las dinámicas propias, con una clara paridad entre las bases electorales partidistas y la fluctuación de los votantes independientes y pendulares. Por su propia naturaleza, este es un equilibrio inestable que sólo puede ser temporal. Por tanto, nuevas variaciones llevarían al estado por un camino diferente.

Las tendencias identificadas en el trabajo apuntan a que ese equilibrio tenderá a desplazarse de acuerdo con los cambios en la configuración sociodemográfica de la población floridana, impulsados por los procesos migratorios descritos en primer lugar. Dentro de los marcos de un nuevo periodo transicional, cuyos síntomas generales presentaba anteriormente, esa dinámica poblacional probablemente conduzca a una variación significativa del balance de demandas y preferencias de la población, con cambios en los patrones electorales dominantes del estado. La habilidad de los partidos, plataformas políticas y candidatos para presentar propuestas que dialoguen con esas demandas, para manejar las percepciones y para coordinar los intereses dentro de las formaciones políticas, determinará quién capitalizará esa transformación (si alguien lo hace) o el tipo de equilibrio que se establecerá después.

Si nos atenemos a los valores actuales de esas variables, Florida tiende a favorecer el mediano plazo al partido demócrata, si atendemos a los patrones de votación de la población durante las últimas décadas y si observamos las tendencias predominantes a escala nacional dentro de esa formación. Esto se debe en lo fundamental a dos factores: primero, la reducción del peso relativo de la población de origen cubano debido al crecimiento relativo de otros grupos; segundo, a cambios significativos al interior de esa comunidad cubanoamericana. La incorporación de exconvictos a la población electoral puede añadir algunos efectos inmediatos. La gradualidad de ese proceso indica que probablemente Florida mantenga su condición de estado pendular durante los próximos ejercicios en cualquier circunstancia. El ajuste del sistema puede cambiar esas tendencias y generar un escenario diferente, como el restablecimiento del predominio republicano o un nuevo equilibrio dentro de la definición de swing state. En el punto en el que nos encontramos, es imposible determinar con certeza cuál de los escenarios posibles se concretará. Este resultado, todavía parcial, debe ser complementado con estudios sobre las dinámicas locales, tanto para las elec­ciones congresionales como para los comicios locales, los tipos de campaña y la dinámica de las organizaciones políticas. Esto permitirá determinar las peculiaridades del realineamiento a escala estadual y local, el posicionamiento de los distintos actores políticos y los comportamientos de los ciudadanos en ese contexto.

Podemos sintetizar estas conclusiones en lo siguiente: la transformación de Florida en un estado pendular fue el resultado del entrenchment del realineamiento de político desarrollado en los años setenta-ochenta del siglo XX, con el establecimiento de un equilibrio inestable entre sectores sociales, comunidades étnicas y formaciones políticas. Los procesos nacionales y globales, sumado a los cambios demográficos observados en ese territorio, indican que estamos observando una nueva transición, que incluye un proceso (todavía en curso) de realineamiento político, de acuerdo con la definición operativa utilizada aquí. Qué tipo de ordenamiento emergerá es todavía indeterminado, por lo que la estructura política del estado se encuentra todavía en un punto de bifurcación. Las comunidades latinas resultantes, que en el caso de florida incluyen un elevado porcentaje de inmigrantes y una composición nacional peculiar con respecto al resto del país, desempeñarán un lugar central en ese proceso, lo cual ha sido una de las características esenciales del panorama político floridano durante las últimas décadas. El balance entre ellas será un factor clave para el ajuste en curso y la configuración que emergerá de él.