Actividad de ciencia y tecnología en Hungría en el marco de la Unión Europea

En su momento, y de manera general, se esperaba que Hungría, a partir de 1989 y como consecuencia del cambio del sistema -del centralismo del socialismo real al sistema económico de mercado- llegara a insertarse exitosamente en la economía global y, con ello, lograra mejorar sustancialmente la productividad y la competitividad de su economía. Más de un cuarto de siglo después, ya se sabe que esto no ha sucedido por una serie de razones que aún están siendo discutidas entre los expertos (pero no se van a detallar aquí; ^{Jakab y Urbán, 2017}).

Para los fines de este artículo, es suficiente mencionar dos argumentos frecuentemente citados que tienen que ver con nuestros objetivos, esto es, con la ciencia y la tecnología. El primero es relativo a la capacidad de generar tecnología ya que, sin duda, las actividades de high tech podrían asegurar la inserción de un país al mercado mundial; sin embargo, Hungría carecía de dos de las condiciones necesarias para ello: tanto de las bases tecnológicas como de la mano de obra altamente calificada. Al mismo tiempo, respecto al segundo punto, vinculado a la transferencia de tecnología, tampoco se producía un fenómeno masivo de spillover de las tecnologías que usaban las empresas transnacionales instaladas en el país.

Al menos en teoría, se supone que en torno a las empresas transnacionales se podría crear una red de suministro de insumos significativa que diera lugar a una transferencia tecnológica. De esta situación desfavorable para Hungría, los economistas responsabilizan a la política económica inadecuada y errónea que prevalecía en el país, pues sostienen que, en definitiva, es imposible recibir prestada la competitividad, puesto que no es la inversión foránea sino la habilidad de las medidas de la política económica de un país receptor lo que realmente ayuda a aprovechar las condiciones externas (^{Mellar, 2017: 252}). Una economía que pretende ser innovadora y competente, como mínimo, debe cumplir dos condiciones vitales para su desarrollo: una es contar con un análisis real de la situación económica y social del país y del entorno, y la otra es diseñar una política económica muy activa que oriente e influya en el ambiente, con el fin de facilitar la innovación y la mejora de la competitividad.

En cuanto a la primera condición, Hungría en el seno de la Unión Europea se encuentra en lo relativo al PIB per cápita por debajo del promedio, apenas alcanza el 68 por ciento. Esta dinámica, después del cambio del sistema, todavía se ha ido deteriorando más, a la vez que, como lo apunta Mellár, la economía húngara muestra las carac­terísticas principales de cualquier país en desarrollo: estructura económica dual, predominio de monopolios estatales y privados, existencia de amplios sectores informales y de corrupción extendida, instituciones democráticas débiles, clase media es­trecha y débil (el 40 por ciento) y una gran parte de la población vive por debajo del mínimo de la existencia (^{Mellár, 2017: 258}).

En cuanto a la segunda condición, hasta la fecha no se ha logrado consensar una política económica capaz de fortalecer las instituciones democráticas y el mercado liberal. Ante este panorama, los analistas coinciden en proponer algunas ideas comunes, entre las que destacan la reforma urgente del sistema educativo y de salud, su impostergable modernización y completa reorientación, así como su fuerte capitalización (^{Lantos, 2017}; ^{Polonyi, 2017}). Estos dos sectores, considerados absolutamente vitales para cualquier mejora de la formación del capital humano en Hungría -educación y salud- hoy se encuentran gravemente subfinanciados en relación con el promedio de la Unión Europea. A esto se debe agregar también como prioridad el aumento sustancial del gasto en I + D, que en Hungría apenas llega al 1.38 por ciento del PIB, y del cual la mitad se va al sector privado (véase el Cuadro 1).

El uso e impacto real de los recursos de la Unión Europea en Hungría

La Unión Europea, desde un principio, ha tenido una fuerte influencia en la política de desarrollo territorial de los países miembros. Su sistema de apoyos cuenta con los fondos de cohesión de estructura desde los años setenta. Hungría ha tenido mucha esperanza en poder aprovechar efectivamente los fondos estructurales y, con el fin de poder recibir y operar estos fondos, ha tenido que modificar su sistema institucional. Desde el ingreso de Hungría a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, los recursos financieros se han vuelto accesibles para el desarrollo local y nacional. En los países de la Unión Europea, los recursos destinados al desarrollo territorial no provienen de la renta nacional sino de los fondos de la Unión, de manera que Hungría cuenta con un cuantioso apoyo del fondo estructural, una cantidad correspondiente al 2.5-5 por ciento de su PIB (^{Illés, 2009: 196}).

Hungría es uno de los miembros de la Unión Europea que ha sido capaz de utilizar cabalmente los recursos disponibles para el desarrollo. No existe duda alguna de que, sin estos voluminosos recursos -sólo en el periodo 2007-2013 representaron catorce mil billones de florines-, en Hungría no habría habido crecimiento y la deuda habría aumentado notablemente. Entre los países del grupo de Visegrad 4, Hungría ha utilizado la mayor cantidad de recursos de fondos de cohesión de la Unión Europea, lo que equivale al 0.4 por ciento del PIB o cuatrocientos treinta y siete euros per cápita. Sin embargo, llama la atención que en el mismo periodo el nivel de competitividad en Hungría se ha deteriorado, y en un nivel comparativo el país ha quedado atrás del promedio de la región europea. En un periodo de diez años Hungría, según la lista de World Economic Forum, ha caído atrás veintiocho posiciones, de manera que terminaba en el lugar sesenta y nueve entre ciento treinta y ocho. Además, se estima que con toda esta ayuda Hungría ha logrado un mayor impacto, pero sólo a mediano plazo en lugar del más deseable largo plazo (véase el Cuadro 6).

El hecho de que Hungría, a pesar de gastar tantos recursos, no haya logrado mejorar la competitividad causa una gran preocupación, y ha provocado una serie reflexiones sobre el aprovechamiento y el impacto real que la ayuda de la Unión Europea pueda ejercer para la economía de los países miembros. Como punto de partida de esta reflexión conviene aclarar que los recursos recibidos por Hungría de la Unión Europea rebasan por mucho los pagos que el país tiene que erogar como obligación de los miembros, y que se observa una dependencia demasiado insana entre la cantidad de ayuda europea y el crecimiento del PIB. El asunto todavía se torna más preocupante si se toma en cuenta que se espera que el acceso a los recursos con los que cuentan los fondos de cohesión, así como los provenientes de la actual política agraria, disminuyan radicalmente en un futuro cercano.

La primordial razón de otorgar los recursos de cohesión es justamente porque se espera que éstos generen impactos positivos en la competitividad a largo plazo, en especial mediante una mejora del capital humano, la infraestructura y las actividades de I + D. Se supone que una buena estrategia de desarrollo se centra en los factores capaces de influir y, a la larga, modificar las características principales de la estructura económica, entre los que destacan la capacidad de la innovación, el nivel de la formación del capital humano o bien, la productividad.

Un análisis (^{KPMG, 2017: 4}) sobre la efectividad de la utilización de los recursos de la Unión Europea en Hungría afirma que, a pesar de haber tenido la oportunidad de acceder a una gran cantidad de recursos, los principales factores que explican el fracaso en términos de la competitividad son básicamente dos: por un lado, la naturaleza fragmentada de las inversiones en función de los objetivos del desarrollo y, por el otro, la ausencia de la concentración de los recursos en áreas tan importantes como la educación y la salud.

En el caso de Hungría, la mayor parte de los recursos han sido canalizados hacia el sector agrícola e infraestructura física, pero de forma dispersa y fragmentada entre trece áreas de inversión, trescientas instituciones y más de mil cien entidades, sin tener una concepción del desarrollo previamente establecida. Se cree que para generar un impacto duradero habría sido más favorable invertir en los sectores de I + D y en la infraestructura social. Sin embargo, en el caso húngaro, el gasto de la ayuda recibida en sectores tan sensibles para el avance en C + T como son la educación e investigación, la salud y los servicios sociales electrónicos, han sido mínimos (^{KPMG, 2017: 12}).

Otra de las razones que se mencionan para explicar el deterioro de la compe­ti­ti­vidad es que los recursos casi siempre han sido utilizados de manera directa y distributiva entre los solicitantes, lo que fomenta básicamente sólo el consumo y no la producción y la creatividad. También existe consenso en que el detrimento en la com­petitividad, no obstante, la gran cantidad de recursos recibidos, en parte obedece a que se ha invertido demasiado en el sector privado y no en el público, y muy poco en I + D y en C + T.

En cuanto a los apoyos de la Unión Europea a las actividades de I + D, tienen el objetivo principal de estimular la innovación, crear la infraestructura, ampliar la capacidad y fomentar la cooperación entre empresas y centros de investigación. En con­secuencia, se han apoyado tres ámbitos: la cooperación entre empresas y centros de investigación, las empresas y las universidades, más o menos en la misma proporción. En promedio, en todos estos casos el 54 por ciento de la financiación era de la Unión Europea, el 38 por ciento propio de la unidad y sólo el 8 por ciento del gobierno húngaro (^{KPMG, 2017: 116}).

Otro fenómeno que apareció en este periodo es la salida masiva del país de mano de obra joven y altamente calificada, lo que también tiene mucho que ver con el deterioro de la competitividad. Se calcula que hasta la fecha entre quinientos mil y ochocientos mil jóvenes con estudios universitarios han salido del país, lo que probablemente también explica parte de la falta del impacto de los recursos de la Unión Europea. En consecuencia, en determinadas profesiones (notablemente médicos, especialistas del sector salud, ingenieros y especialistas en informática) existe una grave escasez de mano de obra en el país que pone límites muy serios no sólo a la competitividad sino incluso al crecimiento.

La migración en el sector salud no es un fenómeno nuevo en Hungría, como lo señala un estudio reciente (^{Györffy y Szél, 2018}); comenzó en 2004 con el ingreso a la Unión Europea, cuando se introdujo la aceptación automática de títulos profesionales húngaros en los países de la región. A partir del 2010 comenzó otra ola migratoria, cuando Alemania y Austria quitaron la prohibición de permisos de trabajo para los países de Europa del Este. La mayor diferencia entre las dos olas radica en la edad de los migrantes: mientras que en la primera eran los médicos entre los treinta y treinta y nueve años, después de 2010 los más jóvenes, los recién egresados, los residentes e incluso los aún no titulados entre los veinticinco y veintinueve años son los que abandonan el país. Esta diferencia se considera un dato importante, dada la eventual posibilidad de regreso de los médicos. La situación de la salud en Hungría hoy por hoy es alarmante; una encuesta reciente revela que el 40 por ciento de los estudiantes planea salir del país para ejercer su profesión. Entre las causas de esta migración se encuentra, evidentemente, la diferencia salarial pero también existen otros factores, como el desarrollo profesional y nivel de vida, etc. (^{Benke, 2018}). Igual que en el caso de México, el hecho de que los salarios de un profesional pueden ser entre cinco veces mayores en los países desarrollados de la Unión Europea que en Hungría sigue siendo un imán para los migrantes, y sólo se resolvería si los sueldos húngaros aumentaran notablemente.

Desempeño de la ciencia y la tecnología en México en el contexto del TLCAN

En América del Norte el esquema, la lógica, así como la motivación misma de la integración y la cooperación son muy distintos a los de la Unión Europea. La cooperación formal es muy limitada y la actividad se basa en la difusión de la tecnología a través de los mecanismos de mercado y de la necesidad de la competencia económica. El TLCAN, en particular, no ha creado fondos e instituciones exprofeso a la cooperación en C + T. Es cierto que en 1993 se integró un grupo de trabajo sobre C + T que constituía el foro de más alto nivel cuya función sería coordinar las políticas generales, establecer las prioridades, las estrategias y los mecanismos de cooperación a seguir. Sin embargo, como lo señala un estudio que hemos llevado a cabo sobre el tema, no se ha podido encontrar seguimiento sobre el trabajo de este grupo ni identificar resultado alguno (^{Antal y Aroche, 2011: 22}).

El mismo estudio ha encontrado cuatro formas de cooperación distintas que existen en América del Norte: los acuerdos formales entre los gobiernos; los mecanismos creados por el TLCAN; los de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y las fundaciones. El primero es una forma muy anticuada y poco eficiente de la cooperación, que a menudo queda en letra muerta; el segundo anuncia grandes propósitos, pero realiza poco y no contempla en la práctica transferencia tecnológica directa. Los productos de esta cooperación suelen ser regulaciones, normas, estándares y diseños de instituciones, y rara vez conducen a transferencia de tecnología o de conocimiento. Los mecanismos de la aspan representan aspiraciones de grupos de interés específicos, no necesariamente el bien común, mediante la creación de asociaciones público-privadas. Finalmente, el cuarto, fundaciones como la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) podrían, aunque a pequeña escala, representar los mecanismos más eficientes para transferir tecnología y conocimiento a través de la creación de alianzas estratégicas entre gobierno, empresa y universidad y de redes de innovación (^{Antal y Aroche, 2011: 72-73}).

En cuanto al financiamiento de la cooperación en C + T, se puede decir que pocos programas contienen transferencia de recursos directos, por ejemplo, USaid y Canadian International Development Agency (CIDA Inc.), que básicamente otorgan fondos al sector educativo, y la FUMEC, que destina fondos a la difusión tecnológica. El problema no es solamente la escasa cantidad de los recursos destinados para la cooperación, sino también su dispersión entre una gama muy variada de asuntos y temáticas de investigación específicas.

Nuestro trabajo concluye que las prácticas de la cooperación que se observan entre México, Estados Unidos y Canadá -a pesar de algunos avances relacionados con algunas empresas en particular- no han conducido a México a dar un paso decisivo adelante en materia de C + T a tal grado que éste se refleje en la estructura de su comercio (^{Antal y Aroche, 2011: 74}).

La apertura económica llevada a cabo por México a partir de la década de los ochenta -que se vio reflejada en su ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) y en la firma del TLCAN- tuvo un impacto también en la ciencia. Por ejemplo, en 1991, el Banco Mundial concedió a México el primer préstamo para C + T, que se destinó a la creación del Programa de Apoyo a la Ciencia México (PACIME). Gracias al mismo se impulsaron varias iniciativas, tales como programas de investigación, así como equipo, infraestructura, cátedras, retención de científicos, otorgamiento de becas para estudios de posgrado a gran escala, etc. (^{Gonzalez-Brambila et al., 2007}). A raíz de esto, el gasto federal en C + T como proporción del PIB se incrementó, a la vez que el sistema de C + T mexicano se fortaleció, y la calidad de la investigación científica mexicana aumentó. Sin embargo, aún existían algunos vacíos, por lo que se puso en marcha el Programa Especial en Ciencia y Tecnología 2001-2006, y como parte de ello el programa Avance. No obstante, a pesar de numerosas iniciativas de este tipo, no se generaron los resultados esperados, debido principalmente a que el gobierno no dotó de los recursos y las acciones necesarias, es decir, por falta de voluntad política (^{Gonzalez-Brambila et al., 2007}).

Existen numerosos estudios sobre el impacto del TLCAN en C + T en México y las conclusiones son mixtas. Se esperaba que, con la inclusión de México en el TCLAN, el país podría acceder a tecnologías modernas y que esto ayudaría cerrar la brecha tecnológica existente entre México y Canadá y Estados Unidos. Se suponía que la liberalización comercial y la inversión extranjera directa (IED) serían dos herramientas suficientes para lograr dicho objetivo. Sin embargo, la práctica ha demostrado que las empresas mexicanas aún deben desarrollar mucha mayor capacidad para absorber tecnología y que la brecha tecnológica no se ha cerrado (^{Armas y Rodríguez, 2017: 37-38}).

Se sabe que la generación y la intensidad de los spillovers tecnológicos dependerán de la capacidad de absorción de las empresas, así como del nivel de desarrollo económico del país anfitrión que permitiría absorber, adaptarse y mejorar las tecnologías del exterior. Como consecuencia del TCLAN, durante las dos últimas décadas los flujos de IED hacia México han aumentado, provenientes principalmente de Estados Unidos, y se han concentrado en gran parte en el sector automotriz, los servicios financieros y en la explotación de los recursos naturales. El aumento de la IED en la economía mexicana debería suponer una mayor transferencia tecnológica; sin embargo, el hecho de que la IED, en su mayoría, no se invierta primordialmente en sectores manufactureros de alta tecnología ha limitado el potencial de transferencia tecnológica (^{Armas y Rodríguez, 2017: 37}).

Por su parte, Alfredo Hualde sostiene que la industria maquiladora en la zona de la frontera norte de México no ha experimentado transformaciones que permitan caracterizarla como una industria intensiva en conocimiento, aunque existen procesos de aprendizaje evidentes. El nivel educativo de la mano de obra, por ejemplo, ha aumentado en Tijuana ligeramente, y en un 40 por ciento de las maquiladoras el número de ingenieros se ha incrementado (^{Hualde, 2002}). En cuanto a la vinculación con el sector educativo, el citado trabajo concluye que las empresas normalmente no buscan formas de cooperación con las instituciones educativas, sino que son los centros educativos locales los que acercan algunas empresas. Una excepción la constituye el corporativo Philips que, para resolver su problema de escasez de mano de obra preparada, buscaba a las instituciones educativas locales en Ciudad Juárez, por ejemplo, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Centro de Capacitación para Trabajo Industrial.

En opinión de Óscar Contreras, el tlcan ha permitido la transferencia de tecnología a México a través de las pequeñas y medianas empresas (PyMES). Dado que las empresas multinacionales requieren de proveedores especializados con bajos costos de producción y respuestas flexibles a sus necesidades, se ven obligadas a transferir conocimiento a proveedores locales. De esta forma, cuando las empresas locales cuentan con capacidad de absorción pueden convertirse en las denominadas pymes tecnológicas. Estas empresas locales han surgido, principalmente, en aquellos sectores que reciben mayor IED, como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y la de dispositivos médicos (^{Contreras, 2018}).

Al mismo tiempo que en algunos sectores se puede documentar un impacto tecnológico positivo del TCLAN en México, hay estudios que sostienen lo contrario, como por ejemplo el de ^{Sergio Cabrera (2015}), quien ve repercusiones negativas del TCLAN en todos los niveles, incluido el tecnológico. ^{Julio Castellanos (2016)} también señala que la transferencia tecnológica derivada de la instalación en el país de las tres grandes empresas norteamericanas del sector automotriz (General Motors, Ford y Chrysler) no ha resultado significativa para México.

En opinión de ^{Alaín Rouquié (2015)}, el TCLAN ha ratificado la división regional del trabajo y ha servido para mejorar la competitividad de Estados Unidos en detrimento de México. La deslocalización industrial de aquel país ha tenido como consecuencia la llamada -maquiladorización- de México, por lo que es cierto que a partir de la puesta en marcha del tratado la cifra de las exportaciones de México se ha incrementado; éstas se componen en su mayoría de productos manufacturados que no tienen un gran contenido tecnológico y alto valor agregado. El mismo autor agrega que, visto desde otro frente, México se puede beneficiar tecnológicamente de las industrias de manufactura de ensamblaje con el surgimiento de plantas con gran complejidad técnica, concentradas en los llamados polos de competitividad e innovación tales como los es­pecializados en aeronáutica en Querétaro, informática en Jalisco y biotecnología.

Sobre la vinculación entre academia y sector productivo las opiniones se dividen. Por un lado, se señala que en México no existen políticas destinadas a la vinculación de las instituciones de educación superior (IES) con el sector productivo y, en consecuencia, tampoco la transferencia de conocimiento científico, tecnológico e innovación entre ambos (^{Bautista, 2014}). Por el otro, es cierto también que ya desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se fija la meta de -fortalecer la articulación entre niveles educativos y su vinculación con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo- (^{Gobierno de la República, 2013}). Si embargo, más adelante el gobierno mismo ha reconocido la desvinculación de los actores relacionados con el desarrollo de C + T del sector empresarial, y la necesidad de alinear las visiones de todos los actores para que las empresas puedan aprovechar las capacidades de las IES y los centros públicos de investigación (CPI) (^{Gobierno de la República, 2013}).

En esta misma línea, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 (Peciti) establece como uno de sus objetivos vincular las IES con las empresas y, para ello, crea tres estrategias: diseñar mecanismos que faciliten la vinculación de las IES y los CPI con las empresas; promover la creación y fortalecimiento de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento (UVTC) y promover incentivos para la creación de empresas de base tecnológica (^{Gobierno de la República, 2014}); otro obje­tivo del mismo Peciti era descentralizar la actividad científica y tecnológica en el país (^{Gobierno de la República, 2001}). Las evaluaciones de este programa revelan que los resultados eran desiguales, por lo que más tarde se han implementado otros programas, como por ejemplo la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los Fondos Mixtos (Fomix) para avanzar en la descentralización. En la actualidad, el porcentaje de miembros del Sistema Nacional de Investigadores ha ascendido notablemente y existen treinta y dos organismos estatales de ciencia y tecnología que se agrupan en la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt); asimismo, existen veintiséis centros públicos de investigación distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional (^{Gobierno de la República, 2014b}).

La evaluación oficial de los avances del Peciti, elaborada en 2017, es positiva y afirma que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), ha logrado fomentar la vinculación entre universidades y CPI con las empresas. Se señala que, en total, se llevaron a cabo 374 proyectos en los que se invirtieron 1626 000 000 de pesos, y que durante el 2017 el 8.4 por ciento de las empresas participaron en proyectos en algún tipo de colaboración con IES y CPI (^{Gobierno de la República, 2017}).

La IED contribuyó a desarrollar capacidades tecnológicas sólo en aquellos sectores en los que se establecen empresas multinacionales -tales como industrias basadas en el conocimiento y altamente especializadas-, y no en los que predominan las empresas nacionales, como el sector manufacturero. En este sentido, como lo concluyen ^{Enrique Armas y José Carlos Rodríguez (2017)}, el TCLAN no sólo no cumplió el objetivo esperado de cerrar la brecha, sino que incluso la profundizó. De esta forma, en México la IED en general no viene acompañada de innovación, emprendimiento y desarrollo del conocimiento.

Son dos los sectores -el automotriz y el aeroespacial- que merecen mención especial. En el 2015, con el apoyo del CONACYT fue establecida la ^{Red de Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana} (ITIAM) con el objetivo general de -constituir un espacio articulado de reflexión interinstitucional que sustente un programa de investigación nacional sobre la industria automotriz en México y sus conexiones internacionales, que permita generar estrategias catalizadoras sobre sus oportunidades de innovación, especialización regional y mejoramiento de la calidad de trabajo y de vida de sus empleados-. Esta red se integra por numerosos miembros adscritos a CPI e IES internacionales y nacionales, tales como El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre muchas otras (^{Red ITIAM, 2015}). La red contempla entre sus objetivos específicos llevar a cabo una labor sistemática de establecer vinculación con instituciones públicas y empresariales, centros de C + T y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como contribuir a la movilidad estudiantil y a la formación de recursos humanos de alto nivel para la industria automotriz. Entre sus logros destaca el establecimiento de vinculación con los cuatro clústers automotrices del sector en el país: Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Puebla (^{Red ITIAM, 2015}).

En el sector aeroespacial, la Agencia Espacial Mexicana, en unión con el CONACYT, estableció un Fondo Sectorial de Investigación en Actividades Espaciales (FIDAE) que busca promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En ello pueden participar IES tanto públicas como privadas, centros de investigación, laboratorios, empresas y personas dedicadas la investigación científica e innovación (^{Gobierno de México, 2014}).

También se creó en 2015 la Red Temática Nacional de Aeronáutica, que busca pro­mover la investigación, desarrollo e innovación en el sector aeronáutico con la finalidad de crear proyectos y atender las necesidades del sector aeronáutico en el país, y entre sus objetivos destaca la promoción de la vinculación entre la academia, la indus­tria y el gobierno (^{Red Temática Nacional de Aeronáutica, 2017}). Esta red mantiene estrecha vinculación con el Aeroclúster de Querétaro, y a través del anteriormente mencionado PEI ha buscado promover la vinculación entre instituciones públicas de educación superior y de investigación y las empresas de la industria aeronáutica (^{Red Temática Nacional de Aeronáutica, 2017}).

Por su parte, otro autor, ^{Walter G. Park (2011)}, opina que el TCLAN estableció disposiciones en materia de propiedad intelectual cuyo objetivo era impulsar el fortalecimiento de los regímenes de propiedad intelectual de los tres países miembros. Se pensaba que estas disposiciones iban a generan incentivos para innovar, transferir tecnología y tener un impacto importante en la difusión de ésta, así como en el comercio tecnológico al interior del área. No obstante, diversos estudios muestran que las disposiciones de propiedad intelectual del TCLAN no han estimulado la innovación (específicamente en México), y que el TCLAN, en su calidad de ser básicamente un acuerdo comercial, por sí mismo no es suficiente para lograr tal objetivo. La razón de ello se debe buscar en las políticas de los gobiernos mexicanos, así como en la falta de coordinación entre las universidades, el sector privado y las agencias gubernamentales, y los insuficientes esfuerzos para crear redes que pudieran servir para estimular spillovers de conocimiento (^{Park, 2011: 3-6}). Otros autores, como por ejemplo Kenneth Shadlen, sostienen que el régimen de propiedad intelectual promovido en México a raíz del TCLAN no ha sido lo ideal para un país en desarrollo porque se ha inspirado extrañamente en condiciones propias de los países que generan y venden conocimiento en el exterior (^{Shadlen, 2012: 291-323}). Incluso en áreas de la investigación científica en las que México tuvo notables avances antes de la firma del TCLAN, en años posteriores no se ha continuado la investigación, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas variantes de semillas, pues aún existen prohibiciones relativas a la modificación genética y sesgos en las patentes. México, a todas luces, requiere de una modificación y serio ajuste de su régimen de propiedad intelectual, con el objetivo explícito de facilitar la transferencia de la tecnología (^{Park, 2011: 7}).

En México también existe colaboración internacional por parte de los gobiernos locales; las regiones con mayor dinamismo en la cooperación internacional son el centro, el norte y la península de Yucatán (^{Amexid, 2017}.) Los sectores a los que se dirigen los proyectos son diversos; destacan el medio ambiente; ciencia, tecnología e innovación, y educación (^{Amexid, 2017}.) Sin embargo, proyectos de cooperación tecnológica se registran únicamente en Jalisco y Nuevo León, mientras que los de cooperación científica se registran sólo en Yucatán, Sonora y Puebla. Algunos de este tipo de proyectos son: en cuanto a la cooperación para fomentar la innovación y el emprendedurismo, el Fondo Alberta-Jalisco y el Programa Apoyo al Emprendimiento a través de la Innovación Abierta en Nuevo León; y en cuanto a la cooperación tecnológica y científica, el Acercamiento Científico entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de Investigaciones Espaciales (CINESPA) para impulsar el Desarrollo Científico Bilateral (Puebla), el Consorcio Global de Instituciones de Educación Superior (Sonora) y el Acuerdo para la Implementación de Estrategias de Control del Mosco Aedes aegypti, Transmisor de Enfermedades como el Dengue, Chikunguya y Sika (Yucatán).